Ése era el acertado título de un célebre y en su momento subversivo libro que publicó el muy competente periodista Jesús Cacho, donde se ponía de manifiesto la corrupción como modus operandi generalizado en nuestro inefable sistema político.
Lo he elegido porque viene como anillo al dedo para describir el sangrante caso de Gustavo de Arístegui, al que todos recordamos cuando en 2003 se convirtió en el vocero más entusiasta del único grupo parlamentario que, frente a toda la oposición y movilización ciudadana, defendiera aquí la participación de España en la guerra de Irak sin cargo de conciencia alguno, argumentando para ello las mismas burdas patrañas inventadas por los promotores y a la postre principales beneficiarios de la misma.
Las desastrosas y fatales consecuencias de aquel criminal despropósito cuyo principal objetivo no fue en absoluto llevar ninguna democracia allí sino crear un espacio de caos primero y de rapiña después en el Golfo a mayor gloria de las trasnacionales aún llegan hasta nuestros días, pero eso no impidió que este sujeto de aspecto relamido y aire de monaguillo panocho/pajillero apareciera siempre en todas las quinielas de “ministrables” dentro del gobierno de Rajoy.
En pago por los servicios prestados y seguramente para que diera rienda suelta a sus ínfulas de diplomático british, se le acabó concediendo la apetecible embajada de la India, desde donde hemos sabido estuvo (presuntamente) cobrando comisiones millonarias (al igual que presuntamente hizo también su “honorable” correligionario y hoy cuasi tránsfuga Gómez de la Serna) por lograr lucrativos contratos a empresas españolas, utilizando para ello con total desvergüenza y de forma continuada su “patriótica” posición de privilegio como funcionario de carrera en el sector público y engordar así sus negocios privados a base de traficar con influencias.
La dimisión fue justificada entonces por el susodicho con el objetivo de “no perjudicar al PP” (sic). En ese sentido, puedes estar tranquilo Gustavo, a tenor de lo visto durante todo este tiempo no has perjudicado al PP en absoluto: solo has sido un “caso aislado” más de corrupción (como los otros cientos o ya miles de “casos aislados” cuantificados) en tu inefable partido que – a tenor de las recientes encuestas cara a las elecciones generales de junio – a sus siempre acérrimos votantes les importa un comino.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid cree que ha llegado el momento de devolver a los funcionarios los derechos recortados durante la crisis. Por ello, Ahora Madrid y PSOE han dado luz verde a la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos: de las 37,5 horas a la semana actuales a las 35 horas de las que gozaban antes de la reforma laboral.
“Para las empleadas y empleados públicos ha supuesto un enorme esfuerzo, pues esta medida ha deteriorado sus condiciones de trabajo y afectado notablemente la posibilidad de compatibilizar su trabajo con la vida familiar y personal”, reza la propuesta presentada por el PSOE, recogida por Efe.
Así, la Junta de Gobierno adoptará “las medidas necesarias” para poder aplicar esta reducción de jornada a funcionarios, servicios y organismos vinculados al Consistorio. Una medida que ha sido tachada de “electoralista” por el PP y que, según Ciudadanos, es una «mera declaración de intenciones», ya que aseguran que no es competencia del Ayuntamiento modificar la jornada de sus empleados públicos.
Por su parte, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre ha asegurado que se cumple así con un “derecho laboral que los trabajadores y los sindicatos llevan muchos años pidiendo”. Y ha señalado que espera que tras las nuevas elecciones generales haya un gobierno que “vele por los derechos de los funcionarios” en todo el país.
Un auto de la Audiencia Nacional pide que los constructores José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra sean juzgados por el pago de presuntas comisiones ilegales en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Otro leonés, el abogado Ramón Blanco Balín, también imputado en este caso
El juez procesa a los empresarios leoneses José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra por el caso ‘Gürtel’
ileon.com | 25/05/2016 – 17:53h.
El nuevo de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones(I), acompañado por el alcalde Antonio Silván (C) y el propietario del diario, José Luis Ulibarri (D). / Ical
Un auto conocido este miércoles marca el inicio del juicio por la pieza separada del caso’ Gürtel’ que afecta a la actividad desarrollada por la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte entre los años 2001 y 2009.El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acusa a 27 personas, 11 sociedades mercantiles y al Partido Popular (como partícipe a título lucrativo) de formar parte de un entramado «dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad». Este auto es de paso a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento como paso previo a la apertura de juicio oral.
Además de los ‘cargos’ más conocidos de la trama Gürtel como José Luis Correa, Pablo Crespo o el exalcade de Boadilla, Arturo González ‘El Albondiguilla’, sobresalen entre los procesados tres leoneses: José Luis Ulibarri Comerzana, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín. Ulibarri y Martínez Parra lo hacen en su consideración de empresarios constructores que presuntamente habrían pagado comisiones a la trama Gürtel por adjudicaciones de solares en la localidad.En el caso de Blanco Balín es por haber contribuído al blanqueo de esas presuntas comisiones. Cabe recordar que hace escasos días otro auto también pidió que sean juzgados por el caso de las comisione por la visita del Papa a Valencia a Martínez Parra y a Blanco Balín,que usaron la constructora de origen leonés Teconsapara llevarse un megacontrato por el que luego habrían pagado comisiones a la rama valenciana de Gürtel según el juez.
Se da la circunstancia que Ulibarri y Martínez Parra,hijo del fallecido José Luis Martínez Núñez, serán juzgados en el mismo caso cuando históricamente sus empresas Grupo Begar (Ulibarri) y Grupo Martínez Núñez han sido rivales encarnizados en los negocios de construcción y comunicación, especialmente en la provincia de León.
Adjudicaciones irregulares de parcelas a cambio de comisiones
Según el juez en el caso de José Luis Ulibarri una de sus sociedades, UFC, SA, habría pagado una comisión de 580.000 euros (IVA incluído) por la adjudicación de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld «ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, SL». El juez cree que la adjudicación de la parcela a UFC provocó un quebranto de 4 millones de euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que la comisión pactada fue de 1 millón de euros. A Ulibarri se le imputan presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad de documento mercantil, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.
En el caso de José Luis Martínez Parra su empresa Teconsa se habría adjudicado a cambio de comisiones «los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria 18 Uds., gimnasio y colegio de educación infantil 9 Uds. y comedor de los sectores 3 y 4, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local». El juez apunta a un pago de comisiones millonarias por llevarse estas obras entre los años 2001 y 2007, favoreciendo las adjudicaciones los cargos políticos a cambio de reparto del coste de las obras. A Martínez Parra le imputa presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y falsedad de documento mercantil.
El considerado ‘cerebro financiero’ de la trama Gürtel, el abogado bembibrense José Ramón Blanco Balín, se le acusa de contribuir a blanquear fondos de comisiones ilegales relacionados con operaciones en Boadilla del Monte y de beneficiarse de adjudicaciones en el Ayuntamiento. Se le imputan los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
El PP, beneficiario
El juez De la Mata apunta además al Partido Popular como beneficiario de los presuntos chanchullos ocurridos en la localidad madrileña. Por ello pide que comparezca en las actuaciones en calidad de «partícipes a título lucrativo», designando abogado «por el beneficio que pudieren haber obtenido de los efectos derivados de la actuación atribuida, respectivamente, a las personas imputadas».
Las partes afectadas tienen un plazo de diez días para manifestar su conformidad o disconformidad del auto, paso previo al juicio oral.
El juez imputa a tres leoneses en la pieza del caso Gürtel en Boadilla
Tribunales AMPLIACIÓN: José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín, entre las 27 personas que se juzgarán por varios delitos
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 27 personas por la actividad de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Tres leoneses, José Luis Ulibarri Comerzana, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín, figuran en la relación de imputados por varios delitos.
En el caso de José Luis Ulibarri la causa por la que está acusado es por la adjudicación a su empresa, UFC SA, de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones SL. El auto indica que en el año 2005 el grupo de Boadilla del Monte dirigido por Correa Sánchez habría beneficiado desde el Ayuntamiento a la empresa gestionada por José Luis Ulibarri en un procedimiento abierto con el sistema de adjudicación de un concurso, siendo el precio de licitación 33.360.000 €. Según el juez «en ejecución de lo convenido con el grupo, Ulibarri Comerzana presentó por UFC SA una oferta con un precio de 35.028.000€ y un plazo de ejecución de imposible cumplimiento conociendo que iba a resultar adjudicatario y que ese escaso tiempo fue clave al superar a la otra oferta que era superior en 4.072.000 euros.
De la Mata indica en el auto que la comisión pactada entre Ulibarri y Correa ascendió a 1.000.000 €. La comisión pactada se habría encubierto de común acuerdo como pagos de servicios supuestamente prestados por la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI) reflejados en dos facturas por importe cada una de 500.000 € (580.000 € IVA incluido) abonadas el 9 y el 10 de enero de 2006. Luego ese dinero se distribuyó entre varios implicados de la trama.Estas facturas fueron contabilizadas en UFC SA y se incorporaron a la declaración de IVA correspondiente al ejercicio 2006 de modo que se habría incrementado la cuota a devolver por ese tributo en 160.000 € obteniendo así indebidamente una devolución por ese importe. Para el juez estos hechos están acreditados por distintas declaraciones de testigos e imputados, la abundante documentación intervenida en los registros practicados en el seno de este y otros procedimientos, remitida por registros públicos, bancos, sociedades, etc.- y los informes periciales emitidos por las unidades de auxilio judicial. Así le imputa al empresario leonés los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias y delito contra la hacienda Pública.
En el caso de José Luis Martínez Parra la contratación incluida en la causa es la adjudicación a Teconsa de los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local pese a no presentar la mejor oferta pero sí la de menor plazo, que no se cumplió. La comisión comprometida y abonada por Martínez Parra, con el grupo, para su reparto entre sus miembros y el PP, ascendió a 1.800.000 €. Así los delitos que le imputan son los de prevaricación, fraude, cohecho y falsedad.
Por su parte José Ramón Blanco Balín figura en el entramado como uno de los asesores de la organización de Correa Sánchez y figuraba como administrador de muchas de las sociedades creadas con el fin de enmascarar los pagos a cargos públicos y lograr la desviación de fondos públicos para su enriquecimiento personal.
Por este motivo los cargos imputados a Blanco Balín son los de prevaricación, fraude, cohecho y en este caso se incluye el de blanqueo de capitales.
Imputado el PP por haberse lucrado de 204.198 euros
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata también ha procesado al PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red. En el auto de paso a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento, paso previo a la apertura de juicio oral), el juez señala que, con las maniobras de los imputados, consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.
El juez explica que la causa gira en torno a las adjudicaciones supuestamente irregulares que consiguió el cabecilla de la trama, Francisco Correa, para sus empresas con la ayuda los otros acusados, entre ellos el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, el exconcejal José Galeote y el exdiputado del PP Alfonso Bosch. Lo hicieron a través de un entramado societario «de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de las contrataciones.
El juez procesa a los empresarios José Luis Ulibarri y Martínez Parra por pagos a la Gürtel
José Luis Ulibarri.
Ambos están acusados de prevaricación, fraude, cohecho y falsedad
De la Mata propone juzgar al PP por lucrarse con esta trama en Boadilla
MELCHOR SÁINZ-PARDO
26 mayo 201618:34
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto pieza separada dentro del caso Gürtel sobre las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte (Madrid) alrededor del grupo de Francisco Correa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo.
El resto de acusados en esta pieza son Isabel Jordan; Cesar Tomás Martín Morales; Rafael Naranjo y su hermano Gonzalo; Alfonso García Pozuelo; José Luis Ulibarri; José Luis Martínez Parra; Juan Carlos Rey; Jacobo Gordon; Rafael Martínez Molinero; Antonio de Miguel Reyes; José Ramón Blanco Balín; Carlos Jorge Martínez Massa, Rodolfo Benigno Ruiz; Javier Nombela; Juan Jesús Siguero; María Carmen García; José Francisco Pastor; Javier del Valle; Luis de Miguel Pérez y Alicia Vallejo. El magistrado decreta el sobreseimiento provisional de la causa para siete personas.
En el caso de los dos empresarios leoneses, José Luis Ulibarriy Martínez Parra, el juez les acusa del pago de comisiones.
Según el auto el juez vincula a Ulibarri al pago de una comisión de un millón de euros a la trama.Por ello le acusa de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad de documento mercantil, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.
Por su parte Martínez Parra habría pagado 1,8 millones de euros. En esta ocasión está acusado de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y falsedad de documento mercantil.
En dos autos, el juez explica que la presente causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, «de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular».
Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.
«El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)», sostiene De la Mata.
Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte «dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad»
«Esta actividad comprende tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio», continúa.
Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, «que en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV».
Dichas actividades, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín Morales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros.
El grupo, señala el auto, favoreció, «siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos a distintas personas y sociedades» como SUFI SA, Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios, a UFC SA, A Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras.
Además, Correa efectuó distintos reglaos en efectivo y en especie a algunos miembros del grupo en consideración a su integración en el mismo y al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel. Añade que González Panero, como otros, «implementó igualmente una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos».
El convenio pudiera ser ilegal porque SOMACYL no es medio propio del Ayuntamiento,.pues no ejerce sobre esta empresa publica un «control análogo» al que puede ejercer sobre sus propios entes instrumentales.
José Antonio Diez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, destaca que la propia Intervención Municipal ha descartado la legalidad del convenio que el Equipo de Gobierno del PP pretendía firmar con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, SOMACYL, para la sustitución del alumbrado público. Tal y como ya advirtió el PSOE,esta adjudicación como encomienda de gestión no tiene encaje legal en la actual normativa ya que vulneraría la ley de contratos y la libre concurrencia que debe primar en las adjudicaciones de las administraciones públicas.
Diez explicó que “el informe técnico elaborado por el interventor municipal a petición del PSOE, confirma que la encomienda de gestión que el alcalde pretendía es, cuanto menos, irregular y que, tal y como siempre apostó el PSOE, es necesario sacar el contrato a adjudicación pública, lo que permitirá no solo el control municipal de la gestión sino también un mayor ahorro”.
El informe de Intervención solicitado por el Grupo Socialista –emitido el pasado día 16 de mayo- aconseja la petición de un dictamen del Consejo Consultivo sobre la legalidad de adjudicación tal y como la planteó el alcalde Antonio Silván, pero desvela muchas de las denuncias que el pasado 3 de mayo ya realizó el portavoz socialista José Antonio Diez. “El Somacyl no puede entenderse como un medio propio del Ayuntamiento, es solo un mediador que, como tal, viene a llevarse un porcentaje del coste de la obra de sustitución de luminarias y del ahorro del recibo del alumbrado.Ese es el problema que siempre hemos visto y del que ya alertamos hace semanas”, precisa Diez.
El portavoz socialista recalca que existen dictámenes que alertan de esta función de intermediación de las sociedades participadas y, en concreto, una resolución del Tribunal de Cuentas que advierte del uso de estos instrumentos como cajas B de las administraciones y que alerta que la figura de la encomienda de gestión encarece más los proyectos que la gestión directa, la teoría que siempre ha mantenido el PSOE. “Cualquier ahorro que se produzca en esta gestión debe ser en beneficio de los leoneses, cualquier coste debe estar justificado. En el caso de esta encomienda, es obvio que tal y como la pretende hacer el Partido Popular los beneficios se van a la Junta y los costes, por supuesto, a todos los leoneses”, subraya el responsable socialista.
El Grupo Socialista ha demandado también un informe de la Secretaría General sobre la viabilidad e idoneidad de esta encomienda de gestión para la sustitución del sistema de alumbradoy sigue apostando por un concurso público que permita la libre concurrencia y, por ende, el ahorro máximo para los leoneses.
Expectación ante la adjudicación del contrato para modernizar el alumbrado público de León
Diario digital de León, 17 septiembre 2015
No obstante, los instaladores eléctricos, opinan que les beneficiaría más que la adjudicación del contrato salga desde el propio Ayuntamiento, en vez de adjudicarse desde SOMACYL. La ciudad de León se convertirá, después de Santander, en la segunda capital española en contar con un sistema led en la red de alumbrado público. Para llevar a cabo esta iniciativa se sacará a licitación el proyecto que cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros, esto significa actuar sobre los 20.000 puntos de luz con los que cuenta en la actualidad León y conseguir una eficiencia energética que significará la reducción en 5.200 toneladas en emisión de CO2 además de un ahorro de un 25% en el importe de la factura de consumo. Este medio de comunicación se ha puesto en contacto con diferentes empresas y, ante este hecho, los empresarios leoneses del sector de la instalación eléctrica se encuentran a la expectativa y con un sentimiento de hastío ante la adjudicación de este contrato, que muy posiblemente se lleve a cabo a través de SOMACYL. Al conversar con ellos, transmiten su sensación de que “caerá en manos de los de siempre”; y además, la mayor parte del empresariado no ve razones para que esta gestión se haga desde Valladolid, ya que “el Ayuntamiento cuenta con técnicos que perfectamente pueden llevar la adjudicación del contrato”. No obstante, varios empresarios no descartan presentar oferta si las condiciones de los pliegos resultan estar al alcance de sus posibilidades. Del mismo modo, los empresarios del sector están deseosos de saber cómo saldrá el concurso público para poder decidir si presentan oferta o no. “No sé exactamente cómo se llevará a cabo la adjudicación del contrato, por lo que no sé cómo me afectará. Estamos a la espera, a la expectativa a ver que sale. A partir de ahí, pensaremos si hacemos oferta para participar del proceso o no”. Es más, algunos empresarios confían en las palabras del alcalde de León, Antonio Silván, que durante la campaña electoral y cuando sale a colación el tema del empleo, pone de manifiesto que trabajará para impulsar el empleo en León y su apuesta por el empleo local para que la ciudad siga creciendo. “Sería ideal que se pudiera repartir por barrios o zonas entre varias empresas y de ese modo sí se podría presentar oferta”. Y algo fundamental, se resolverían los problemas de las empresas durante al menos 2 años”. Cuando salga el pliego de condiciones, podrán ver si hay clausulas en las que se dé prioridad a los empresarios de la zona o no y si al final se adjudica desde Valladolid o desde el propio Ayuntamiento de León, algo que a priori el empresariado piensa que le beneficiaría más. La mayoría de los empresarios prefieren esperar y confiar en las palabras que el alcalde ha repetido hasta la saciedad durante la campaña electoral en cada una las reuniones que ha mantenido con los diferentes colectivos “vengo a trabajar por León, a crear empleo en León y dar prioridad a las empresas de León”. Lo dicho, hay expectación…
El Ayuntamiento pide al Somacyl que paralice la instalación del alumbrado
28/05/2016
dl | león
La alcaldesa solicita a la sociedad pública dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la paralización de la instalación «hasta buscar una solución correcta que permita un alumbrado de calidad satisfactorio para los vecinos y para los usuarios de las instalaciones», según añade en el documento.
La regidora aseguró ayer que un técnico del Somacyl ya ha hecho acto de presencia en el municipio y se ha comprometido a buscar una solución a las quejas de los vecinos.
Red de Calor de la Universidad de Valladolid o la corrupción “al sol que más calienta”
Inauguración de la red de calor
de la UVA // Fuente: RETEMA
PARA LLEVÁRSELO CALENTITO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansamos de denunciar que la Administración paralela es un vivero de corrupción y que es imprescindible acabar con laAdministración B. Desde esta Plataforma hemos denunciado las adjudicaciones poco higiénicas de la empresa públicaSOMACYL al conglomerado societario del hermano de un alto cargo de la Junta de Castilla y León, Rafael Gómez Arenas. Adjudicaciones que han resultado un quebranto para las arcas de nuestra Región. Por ejemplo, en la ejecución y reparación de los daños causados por el derrumbe de la pasarela de Benaventese han gastado más de 3 millones de euros de dinero público. Pasarela, cuyo Proyecto y Obra fue adjudicada por la empresa pública SOMACYL a la empresa del hermano del Sr. Gómez Arenas (AMATEX). También se ha denunciado desde PLADEPU, que los técnicos de la empresa pública SOMACYL no exigieron que el Proyecto de la Pasarela, redactado por AMATEX, incluyese el estudio geotécnico del emplazamiento donde se iba a construir la Pasarela, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Omisión que fue determinante para el derrumbe de la pasarela de Benavente, ya que fue un colapso del suelo, es decir, un problema geotécnico, el que originó que la pasarela de Benavente se derrumbase, y los ciudadanos de Castilla y León viésemos como se tiraban 3 millones de euros por el retrete.
Pero como Dios los crea y luego ellos se juntan, el hermano del Sr. Gómez Arenas formó una UTE con la empresa COFELY, la empresa que se encuentra en el epicentro de la trama de corrupción PUNICA, para optar a un contrato público que licitaba la empresa pública SOMACYL, en concreto, el suministro de la red de calor utilizando biomasa forestal en diversos edificios universitarios de Valladolid. Para no llamar mucho la atención, el hermano del Sr. Gómez Arenas utilizó otra empresa de su conglomerado societario, REBI. Y casualidades de la vida, la empresa pública SOMACYL adjudicó el contrato a la UTE empresarial formada por REBI-COFELY. Es decir, la red de calor con biomasa se adjudicó a una empresa que según las investigaciones judiciales se dedicaba a sobornar a cargos públicos para obtener adjudicaciones, conjuntamente con la empresa del hermano de un alto cargo de la Junta de Castilla y León. Pero para rematar todo este embrollo, el Consejero Delegado de la empresa pública que adjudica este contrato, el Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,José Manuel Jiménez Blázquez, se encuentra imputado judicialmente por otra trama de corrupción, el edificio de Arroyo de la Encomienda, “la perla negra”.
Por ello, no es de extrañar que los nuevos Consejeros de Educación y Fomento y Medio Ambiente, cuando fueron a inaugurar esta obra no quisieran saber nada de las empresas adjudicatarias de esta obra pública, tal y como recoge esta crónica de el topillo.
El monumental incendio de neumáticos acaecido en Seseña – cuya nube altamente tóxica obligó a evacuar la fantasmagórica urbanización de “El Pocero” el pasado fin de semana – habría sido intencionado, según apuntan todas las investigaciones de la Guardia Civil.
Desde luego, no hace falta ser Sherlock Holmes para saber que los neumáticos usados solo son biodegradables en plazos de tiempo muy prolongados (se estima que más de un siglo) amén de tener unas aplicaciones de reciclado ínfimas en comparación con su ingente producción.
Por eso terminan acumulándose sin control alguno en gigantescos vertederos como el situado entre las provincias de Madrid y Toledo hasta que un buen día se ponen a arder. Pero no por combustión espontánea, sino intencionadamente, claro está.
Por la “intención” de quienes los prenden fuego, por la “intención” de quienes pagan por hacerlo y por la “intención” de quienes miran para otro lado a la hora de aplicar las leyes medioambientales correspondientes no sea que ello pudiera llegar a enfadar al poderoso sector de la automoción.
¿Te imaginas que un consejero de Justicia fuese imputado por corrupción y pudiese leer todos los detalles de su causa judicial? Eso es justo lo que teme este abogado español
El abogado Javier de la Cueva(Fotos: Enrique Villarino).
20.05.2016 – 05:00 H.
Quizá te suene su cara, ya que en su momento fue uno de los abogados que con más ahínco combatió el canon digital español, que fue declarado ilegal por la Unión Europea y finalmente suprimido por el Gobierno.
Además, también fue uno de los más activos a la hora de luchar contra la famosa ley Sinde que, ante el aluvión de sentencias favorables a las webs de descargas, optó por cerrarlas sin que hiciese falta una orden judicial. En este sentido, de hecho, fue uno de los abogados que representó a Pablo Soto –ahora concejal del Ayuntamiento de Madrid– en su victoria judicial contra la industria discográfica, que le exigía 13 millones de euros.
Ahora, sin embargo, el abogado Javier de la Cueva tiene entre manos una nueva batalla: la denuncia que ha interpuesto contra el Estado de España ante la Unión Europea por el sistema Lexnet, el proyecto de digitalización de las comunicaciones judiciales que entró en vigor el pasado 1 de enero y que, por el momento, está fracasando debido a la complejidad que entraña su cumplimiento.
«El Gobierno puede acceder a toda tu información»
No obstante, la preocupación de De la Cueva no reside en lo complejo que sea cumplir con el famoso ‘Papel Cero’, sino los peligros que dicho proyecto entraña para los derechos de los españoles: «Lexnet atenta contra la separación de poderes y contra la independencia judicial. Le ha dado al Gobierno un poder que hasta ahora no tenía: tratar una información de la que nunca había podido disponer. Es un ataque contra los derechos de cualquier ciudadano».
Bastaría apretar un botón para saber en qué juzgados se están llevando casos de desahucios o qué abogados defienden a qué acusados
Y es que, según el abogado, Lexnet «ha instalado un mecanismo de control con el que el Gobierno, sea del partido que sea, puede saberlo absolutamente todo sobre un proceso judicial: quién es el demandante, quién es el demandado, qué abogado le representa, qué juez lleva el caso, quiénes son los testigos… pueden saber hasta qué funcionario ha tramitado el documento que esté en Lexnet».
El abogado se explica: «Los servidores y la tecnología de Lexnet están gestionados por el Ministerio de Justicia, la arquitectura tecnológica es suya, y eso nunca había sido así.Hasta ahora, el Ministerio de Justicia, salvo excepciones previstas en la ley, no podía saber los detalles de una causa judicial. Sin embargo, ahora pueden saberlo todo».
Foto: Enrique Villarino.
«Piensa lo siguiente», asegura: «Antes de que llegase Lexnet, si un ciudadano quería presentar cualquier documento judicial o cualquier demanda, tenía que hacerlo en los juzgados. Ahora imaginemos que hubiese tenido que presentarlos en el Ministerio de Justicia para que, desde allí, se derivasen al juzgado: ¡sería un disparate! ¡La información es de los juzgados, no del Ministerio! Pues ese es el disparate que tenemos ahora: ahora tengo que depositar mi escrito en el Ministerio de Justicia, ya que él es el que trata los datos de Lexnet».
«Ya pueden hacer perfiles de cualquier ciudadano»
Para De la Cueva, el peligro no es (sólo) el acceso a los datos como tal, sino la posibilidad de tratar esos datos con fines, como mínimo, cuestionables: «Ahora mismo, al Ejecutivo le bastaría con hacer una búsqueda rápida y apretar un botón para saber en qué juzgados se están llevando casos de desahucios, o qué abogados defienden a qué acusados, o quiénes son los jueces que están llevando casos de corrupción... y, con eso, el Ejecutivo puede desarrollar estrategias para paralizar todo ese tipo de casos. Y no olvidemos que el único que está salvando este país de la corrupción es el poder judicial».
«El Gobierno no tiene por qué saber qué casos estoy defendiendo yo», asegura, «ni si estoy representando a webs de descargas o a quien sea, ni qué jueces están tratando esas causas. Porque entonces puede orquestar campañas para ‘formar’ a esos jueces en esos temas, para influir en ellos y darles esos ‘cursos correctores'». El abogado sabe de lo que habla: hace unos años, cuando los jueces españoles daban la razón a las webs de descargas, él fue uno de los que criticó que el Ministerio de Educación y el Consejo General del Poder Judicial impartieran cursos a diversos jueces para ‘formarlos’ sobre cuestiones de propiedad intelectual.
Pueden saber qué causas judiciales has tenido, quién juzgó esas causas… Han implantado un Gran Hermano judicial
Pero va más allá: «Si alguien tiene todos tus datos, pueden hacer perfiles sobre ti: pueden saber qué causas judiciales has tenido, quién juzgó esas causas, qué abogado te las llevó, a quién llevaste de testigo… Pueden saberlo todo y hacer un perfil con tus datos. Han implantado un auténtico Gran Hermano judicial. Hasta ahora esas informaciones no podían salir del juzgado, pero con Lexnet han pasado a estar en un sistema tecnológico habilitado y tratado por el Ministerio de Justicia. Les han quitado el control a los juzgados».
«¿Y si un consejero imputado accediese a todos los detalles de su causa?»
Para Javier de la Cueva, Lexnet constituye un verdadero atentado contra los derechos de cualquier ciudadano. Pero, para quienes no valoren demasiado este punto, son varios los abogados que, como él, le dan la vuelta a la tortilla e inciden en los peligros de Lexnet en torno a asuntos, por ejemplo, de corrupción política.
Uno de estos ejemplos es de José Muelas Cerezuela, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, que formula una escena imaginaria que cita De la Cueva: «Imaginemos que mañana un consejero de Justicia es imputado por un caso de corrupción». Si tenemos en cuenta que las comunidades autónomas también tienen competencias transferidas del Estado, «¿te imaginas que este consejero pudiese acceder a todos los datos de su causa? Cómo ha empezado todo, qué funcionario tramitó la causa, qué juez la está llevando, qué otras causas pendientes tiene ese juez…».
El propio Muelas insiste en ello: «¿Alguien puede estar seguro de que no se sentirá tentado de conocer los datos que su consejería administra? Podemos diseñar nuestros estados sobre la fe en poderes únicos o prevenir los excesos evitando la acumulación de poder. Y eso no es desconfianza: es el principio sobre el que se han construido los estados modernos».
Para De la Cueva, todo esto «sería una barbaridad. El sistema Lexnet atenta contra la independencia del poder judicial, ya que permite que el Ejecutivo acceda a información a la que nunca hasta ahora había podido acceder».
El abogado José Muelas Cerezuela, también crítico con Lexnet.
«¿Qué diría el PP si Bildu ganase el Gobierno vasco y accediese a esa información?»
En sus críticas a Lexnet, De la Cueva encuentra culpables claros: «Tanto el PP como el PSOE, durante diversos mandatos, se empeñaron en implantar un sistema que, a mi modo de ver, vulnera gravemente el principio de separación de poderes y los derechos fundamentales de quienes intervienen en un procedimiento judicial».
Y, de regalo, les sugiere una situación que quizá haría que sus intenciones de control se les vuelvan en contra: «¿Qué diría el PP si mañana Bildu ganase las elecciones en el País Vasco o gestionasen la Consejería de Justicia? A mí Bildu me da el mismo miedo que cualquier otro partido, desconfío igual de todos, pero, ¿qué les parecería que Bildu pudiese acceder a la información sobre causas judiciales de terrorismo?».
De la Cueva permanece cauto y no pretende asegurar que ninguna administración, ni central ni autonómica, vaya a acceder sí o sí a la información tratada en Lexnet. Pero, en cualquier caso, eso no es lo más importante: «Que yo tema o no al Ejecutivo es indiferente, el problema es que tengan la capacidad de acceder a la información. Se les tiene que impedir la facultad de ser el Gran Hermano de los ciudadanos a través de lo que estemos haciendo en las causas judiciales».
¿Qué dice la ley?
Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad el Ejecutivo y las comunidades autónomas tendrían la capacidad de poder acceder a la información tratada en Lexnet? ¿Qué diferencias introduce este sistema digital frente al analógico que existía hasta ahora?
En el primer caso, el artículo 15 de la disposición no deja mucho lugar a dudas: «El Ministerio de Justicia, encargado de administrar y mantener el entorno operativo y disponibilidad del sistema, (…) pondrá a disposición de todas las Comunidades Autónomas (…) el sistema de telecomunicaciones LexNET» Además, «el Ministerio de Justicia tendrá la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del sistema».
En el segundo caso, encontramos que el formulario (que puede ser consultado con todo detalle ampliando en la imagen situada a la izquierda de este texto) realiza una auténtica ‘autopsia’ a dicho documento.
Además, su párrafo introductorio asegura que dicho formulario «será un documento digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en los campos correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente».
El precedente: Google y el derecho al olvido
La clave y fuente de la discordia se encuentra en las últimas palabras del anterior párrafo: «almacenados y procesados posteriormente». Según asegura De la Cueva en su denuncia ante la Unión Europea, estas palabras «evidencian, sin ninguna duda, que el Poder Ejecutivo del Reino de España trata los datos y los metadatos de los procedimientos».
Y es que, ¿qué significa exactamente que el Ejecutivo «trata» los datos? ¿Qué connotaciones implica esa palabra? Y, sobre todo, ¿qué responsabilidades acarrea al responsable de dicho tratamiento de datos?
Para Javier de la Cueva, hay un documento que resulta clave: la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de mayo de 2014en relación al llamado ‘derecho al olvido’ reclamado a Google. Una sentencia en la que la palabra tratamiento aparece 147 veces, ya que ese era el debate que había encima de la mesa: si Google simplemente automatizaba la información y ni siquiera la consultaba o si realmente la trataba y, por tanto, debía someterse a una serie de responsabilidades.
Y la sentencia fue clara: según la UE, el «tratamiento» es «cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción». Además, el «responsable del tratamiento» es «la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario».
«El Gobierno no puede tratar los datos»
Para De la Cueva, el asunto está claro: «Lo de menos es si el Ejecutivo mira o no los datos, la cuestión es que los trata. Google también decía que no miraba los datos, pero, al tratarlos, se le impuso una responsabilidad».
En cualquier caso, «el Ejecutivo está tratando datos de la administración de justicia, y no puede hacerlo. Tiene datos en sus servidores que no tiene por qué tener», asegura.
Y es que, para el abogado, «el tratamiento de los datos debería ser independiente para cada juzgado. ¿Que eso genera más complicaciones? Pues oiga, es que el estado de derecho está para proteger a los ciudadanos aunque eso genere complicaciones. Si un ciudadano es detenido, el estado de derecho le busca un abogado de oficio, y eso genera complicaciones, pero es lo que hay que hacer. Pues en esto es igual. ¿Quién se tiene que encargar de los procesos judiciales? El poder judicial».
Foto: Enrique Villarino.
¿Y ahora qué?
Javier de la Cueva presentó el pasado viernes su denuncia, en la que pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declare nulo el sistema Lexnet, ya que «el alojamiento indiscriminado de los datos privados de (…) los procedimientos judiciales no sería conforme con la legislación fundamental aplicable. No debe permitirse la implantación de una tecnología cuya arquitectura permita tal intromisión del Poder Ejecutivo en los datos privados de las personas cuyos datos no deben salir del ámbito del órgano judicial donde se hace justicia sobre su asunto».
Pero no se ha quedado ahí la cosa: además, el abogado ha redactado una plantilla de denuncia [ZIP] para que cualquier ciudadano que quiera sumarse a la causa –y esté participando en algún tipo de litigio– pueda hacerlo.
Y ahora, a esperar. Según el reglamento de la Comisión Europea, en un plazo máximo de 12 meses (o 18 si el tema se torna más complejo de lo esperado), De la Cueva debería recibir una respuesta acerca de si la UE decide abrir un procedimiento formal de infracción contra España.
«Hay que aprobarlo sí o sí, ya veremos lo de la separación de poderes»
Y los partidos, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué visión tienen de Lexnet los grupos parlamentarios que se encargaron de aprobarlo y los que tienen ahora la oportunidad de decidir sobre este sistema?
En cuanto a PP y PSOE, la reacción es lógica (o al menos esperable): están a favor de Lexnet. No es para menos: son los dos partidos responsables de su implantación, ya que su obligatoriedad para 2016 fue aprobada por el PP, pero los primeros pasos de este sistema tuvieron lugar en la última legislatura de José María Aznar y continuaron en el Gobierno de Zapatero.
En este sentido, Javier de la Cueva recuerda una anécdota: «En 2007 me reuní con un alto cargo del Ministerio de Justicia y le dije que, con la entrada de Lexnet, iban a vulnerar la separación de poderes. Me respondió que lo suyo era un problema político, que había que sacar adelante Lexnet sí o sí. Y que luego ya verían lo de la separación de poderes».
Sus conclusiones tras aquella reunión no podían ser más desesperanzadoras: «Salí de ahí llevándome las manos a la cabeza: hemos vulnerado un principio sagrado (el de la independencia judicial) por una voluntad política».
«Lo peor es que no sabemos ni quién lo ha hecho»
De la Cueva y Muelas no son las únicas personas críticas con Lexnet dentro del entorno judicial. Otra de ellas es José Carlos Sánchez Alfonso, secretario judicial de los Juzgados de Violencia de Género de Elche y miembro de la Comisión Nacional de Justicia de Ciudadanos. Sánchez coincide en gran parte de las críticas hacia Lexnet, aunque muestra reservas ante la posible alteración de la seaparación de poderes.
«No acabo de estar de acuerdo con esa visión», nos aclara: «Por eso, he efectuado una solicitud de información y auditoría técnica y económica a través del Portal de Transparencia».
Para él, los problemas de Lexnet son muy numerosos, aunque irían por derroteros medianamente distintos: «El problema de Lexnet es que está obsoleto, es lento, no sabemos quién lo ha hecho, no sabemos cuánto se ha pagado por él, no tenemos acceso al código fuente para ver si es seguro… El problema es que todo se ha llevado con secretismo y no podemos auditar la tecnología», asegura.
Podemos y Ciudadanos, los únicos partidos en contra de Lexnet
¿Y los partidos emergentes? ¿Qué opina la nueva política acerca de Lexnet? Lo cierto es que sus posiciones, con ciertos matices, son mayoritariamente contrarias a este sistema. De hecho, Podemos y Ciudadanos han sido los únicos partidos en intentar acabar con este sistema o al menos aplazar su obligatoriedad.
Aquel mismo día, Podemos-En Comú Podem-En Marea fue más allá y propuso una enmienda en la que citaba a Javier de la Cueva e incidía en su misma queja: la injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial y, por tanto, la separación de poderes que marca la Constitución. Sin embargo, esta enmienda no tuvo apoyos más allá del propio grupo parlamentario.
Por otro lado, y una vez derribada su PNL, Ciudadanos ha llevado a cabo dos nuevas iniciativas en este sentido: una ocurrió el pasado 14 de abril, cuando solicitó al Ministerio de Justicia un «informe de los contratos suscritos con empresas públicas y privadas desde el año 2000 en orden al análisis, diseño, desarrollo, construcción, implantación, mejora o mantenimiento de Lexnet».
“Con ese razonamiento concluiría que el delito estaba prescrito”. Esta frase, perdida en la página 32 de la resolución del juez Antonio del Moral, instructor en el Tribunal Supremo del llamado caso Jerez, pieza separada de la trama Gürtel, ha provocado alarma en medios jurídicos del Alto Tribunal y entre quienes siguen. Y lo ha hecho por una razón: el temor a que esa puerta, la de la prescripción, se convierta en la de escapatoria para muchos inculpados en este escándalo de corrupción que afecta tan gravemente al Partido Popular.
La historia de una controvertida decisión
Recapitulamos los hechos para mejor entender la situación. El caso Jerez (la concesión irregular de una serie de contratos municipales a empresas de la trama Gürtel) por el aforamiento de su principal investigada, la entonces alcaldesa y también senadora del PP María José García Pelayo, acabó en el Tribunal Supremo.Aunque el juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, habló en su escrito de “ilegalidad patente y grosera” en la actuación de la exalcaldesa, el magistrado del supremo que recibió e instruyó el asunto, como decimos Antonio del Moral, hace sólo unos días, para sorpresa de muchos de los involucrados en el caso, dictaminó exculpar a María José García Pelayo. Básicamente lo hacía porque, al tiempo que reconocía que había delito en la actuación del ayuntamiento, paradójicamente venía a decir que no la consideraba responsable de los documentos que ella misma había firmado: «no existir indicios suficientes de participación deliberada de la investigada en los hechos supuestamente delictivos», se lee en la conclusión en la que el juez pide cerrar el caso. Pero pasó desapercibido en los medios de comunicación, que no en los jurídicos, otra decisión del magistrado, calificada de sorprendente en esos mismos ambientes: la de ‘concluir’ que el delito en cualquier caso estaba sobreseído porque se había producido en 2004, y habían pasado más diez años desde la comisión de los delitos a las acusaciones. La sorpresa no estaba basada sólo por el dictamen en sí, sino aún más por el hecho de que con la frase que se abre este artículo, se abriera esa puerta, cuando ni fiscalía, ni acusación habían puesto énfasis alguno en el hecho.
Una puerta por la que intentarían colarse otros
La decisión de Antonio del Moral no es definitiva, está pendiente de que se acepte un recurso de la acusación. En cualquier caso, la decisión final acabará en la Sala Segunda del Supremo. El problema que ven medios jurídicos con los que ha hablado ELPLURAL.COM es que esta puerta de la prescripción, como hemos apuntado, no sólo valiera para que pasara por ella en último caso María José García Pelayo independientemente de si se rechaza la argumentación del instructor del Moral en el sentido de que no era responsable de los documentos que firmó, sino que podría ser un antecedente por el que intentaran al final escapar muchos de los imputados cuando se vean sus casos en la Audiencia Nacional.En esos mismos medios jurídicos también se subraya el hecho de que la presidencia de la Sala Segunda del Supremo está en manos del magistrado Manuel Marchena. Un juez tan conocido en el ambiente judicial por su extraordinaria preparación y su valor profesional, como por su conservadurismo ideológico y su cercanía al partido en el Gobierno.Famoso por haber sido el ponente en la inhabilitación de Baltasar Garzón, ha quedado patente su relación con la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo asesor se encuentran los exministros del PP José María Michavila y Ángel Acebes. Con este último, por cierto, cuando estaba imputado en el propio caso Gürtel, tan sólo hace dos años, en el digital El Confidencial publicaron que había compartido lo que se calificaba como “comida pantagruélica”.La aceptación de la prescripción del caso Jerez en la Sala Segunda del Supremo sería una extraordinaria noticia por tanto para todos los imputados, incluido el propio PP como partido, ante un otoño sin duda caliente en los tribunales. Y es que en octubre, cuando quizás se esté aun negociando la formación del nuevo gobierno, podría estar cerrándose el sumario de la Púnica y abriéndose el macrojuicio por la primera parte de la Gürtel, con decenas de acusados incómodos del propio PP y de su órbita.
Francisco Medina es director adjunto de ELPLURAL.COM
La Operación Taula, el caso Palma Arena, los papeles de Granados, la operación Púnica, el caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, el caso Ritaleaks, las tarjetas Black, lo que últimamente está saliendo del ayuntamiento de Granada, la dimisión del ministro en funciones Soria por haber sido en su momento administrador de una sociedad offshore ubicada en las Bahamas…a este paso el Partido Popular va camino de acabar ahogado en su propia podredumbre.
Desde luego, con esta avalancha de “casos aislados” cabe dudar si la corrupción aquí es ya una simple cuestión de personas aisladas como algunos se empeñan en decirnos todos los días o si estamos más bien ante un modus operandi generalizado que en verdad roza lo mafioso en tan patriótico partido político.
Pero, ¿y qué pasa con sus tan cacareados 7,2 millones de votantes? Pues parece que a la mayoría de ellos (como a la mayoría de los hooliganescos votantes de los también muy corruptos PSOE o CIU, no nos engañemos) debe importarles literalmente un huevo de pato todo lo que tenga que ver con la corrupción, asumiendo desde hace tiempo como algo normal que todos los políticos proceden de manera corrupta. Es más, da la impresión que piensan que aquellos considerados honestos son o bien unos mentirosos o bien unos pretenciosos que se creen superiores al resto.
En el fondo, esa y no otra es la raíz última de la cuasi impune existencia de una dilatadísima y aceptada “cultura” (es un decir) de la corrupción que hemos padecido en este país a lo largo de nuestra accidentada historia, nefasta dinámica que solo ahora – después de que una brutal crisis nos haya pasado por encima: ¡qué triste! – parece empezar a cambiar un poco.
Mientras la Junta se afana con mas voluntad que acierto en evitar el cierre de empresas privadas como Lauki o Dulciora, en su propio seno se dispone a aprobar un decreto que, so pretexto de actualizar las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos trabajo de la Administración Autonómica, en la práctica podría amortizar entre 3.000 y 4.000 plazas de funcionarios.
La voz de alarma ha partido de la Plataforma de Defensa de lo Publico (PLADEPU) tras conocer el borrador de decreto que maneja la viceconsejera de Función Pública, Marta López de la Cuesta. Para PLADEPU, de llevarse a cabo lo previsto, estaríamos ante una especie de ERE encubierto que, amén de amortizar esas miles de plazas -no cubiertas a propósito-, daría nuevos pasos hacia el desmantelamiento de la Administración General de la Comunidaden beneficio de la llamada Administración B, integrada por el conglomerado de sociedades, fundaciones y demás entes públicos que habitualmente practican la externalización de servicios.
Según esta plataforma, la Junta pretende reducir los puestos-tipo (actualmente entre 600 y 700) a tan solo 100 o 120, convirtiendo a los funcionarios en una figura “multiuso” que obligaría a los empleados públicos a trabajar indistintamente para la Administracion B.“Es el armazón legal para convertir a los funcionarios en marionetas de los cargos públicos”, denuncian.
El fín que declara el decreto de “conseguir una estructura administrativa mas ágil y flexible”, para PLADEPU no es otra cosa que una nueva vuelta de tuerca hacia “una Administración para hacer lo que les de la gana en función de sus intereses políticos”.Todo esto mientras persiste el abuso los puestos de libre designación –más de 700- , las miles de comisiones de servicio acumuladas por la no convocatoria de los concursos de promoción interna y el subterfugio denunciado por el Consejo de Cuentas de utilizar injustificadamente las “encomiendas de gestión” en beneficio de la susodicha Administración B.
Por el momento los sindicatos de la Función Pública no se han manifestado sobre este “decretazo” que se trae entre manos la Consejería de la Presidencia.
EL PROYECTO DE DECRETO DE LA JUNTA DE C. Y L. PUEDE HACER PROVISIONALES TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS. ¡LA AMENAZA DE DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN YA ESTÁ AQUÍ!
El próximo golpe es alarmante: la probable amortización de miles de plazas -no cubiertas a propósito- con el proyecto de reforma de RR.PP.TT., lo que supondría una de las mayores reducciones de la Administración de los últimos años.Y tras la pretentida flexibilidad organizativa, no incorporaría mecanismos para asegurar la independencia y cometidos laborales de cada funcionario.
Sin embargo laadministración «B» paralela, que ha propiciado la corrupción en España,sigue creciendo a pesar de losinformes del Consejo de Cuentasy las denuncias reiteradas de emplead@s públicos y grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León.
Solamente el conocimiento de lo que está pasando y de las consecuencias que tiene para los ciudadanos y para los empleados públicos, podrá hacernos reaccionar y plantar cara a este desmantelamiento de unos de los pilares del estado de derecho.
Por ello, os convocamos a una concentración y asamblea el próximo viernes 20 de mayo a partir de la 1 del mediodía.
En este artículo nos vamos a referir a la llamada “Administración Instrumental”, término que maneja la doctrina para subrayar que todo ese conjunto de entidades no son más que instrumentos de las distintas administraciones de las que dependen. Podemos decir que, como tales instrumentos, resultan ser una manipulación de la personalidad jurídica de la que se les dota para conseguir determinados efectos: menor control presupuestario y de rigor del gasto, cajas separadas, mayor oscurantismo, y facilidad para someterse al derecho privado y eludir al público.
El argumento de pretendida mayor eficacia con que han sido creadas resulta insultante porque los mismos responsables políticos reniegan del mismo, utilizando en la práctica otros más instrumentales y más manejables. La falta de rigor es tal que, habiendo sido creados como entes independientes para ser mas eficaces, en la práctica carecen de la independencia propia de una persona jurídica y son meros aparatos de la Junta de Castilla y León (en el caso de nuestra Comunidad).
La razones iniciales para la creación de una Administración Institucional fueron varias; una de ellas, la rigidez presupuestaria y el principio de unidad de caja. La transparencia propia de una organización democrática encajaba mal con la omnipotencia que algunos entienden propia de sus altos cargos.
Por último, lo que se busca con la atribución de personalidad es pura y simplemente escapar de las exigencias del Derecho Administrativo y someterse a las más livianas del Derecho Civil y Mercantil.
EL SECTOR PÚBLICO EN CASTILLA Y LEÓN
Antes de entrar en el análisis de la Administración Instrumental, debe advertirse que hay un término más amplio, el concepto de Sector Público, que comprende toda la Administración Institucional, pero también los organismos independientes, las fundaciones y las sociedades mercantiles.
Así lo recoge el Artículo 2 de la Ley de Hacienda. La relación que incorpora este artículo es impresionante; cabe en ella prácticamente toda forma jurídica y se corresponde con un modelo organizativo-ideológico, tendente a minusvalorar la Administración General e incrementar la Instrumental y de derecho privado, mucho más opaca y, en apariencia, también ineficaz, que no independiente. De la amplia lista, conviene destacar la Administración Institucional (O.O.A.A. y Entes Públicos de Derecho Privado), las entidades de derecho privado (empresas públicas yfundaciones públicas) y la figura del los consorcios entre administraciones públicas.
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL, LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OO.AA.)
Los OO.AA. se rigen por el Derecho Administrativo y a ellos se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una consejería, la realización de actividades de fomento y de prestaciones o gestión de servicios públicos.
Se crean por Ley, que establece su adscripción a una consejería, sus fines, régimen de personal, de contratación y fiscal.
Son la figura más cercana a la Administración General, pero plantean dos tipos de problemas:
Su regulación por Ley. La ley de creación tiene el mismo rango que la Ley de Hacienda (la LOFAGE en el caso estatal) y, siendo posterior, ¿por qué no apartarse de la Ley de Hacienda y dejarse llevar por la tentación de crear organismos autónomos singulares?
Su total falta de independencia, citando a Parada… “donde la independencia y personalidad propios de los OO.AA. es más ficticia e irreal es en el nombramiento de los órganos directivos”; los presidentes son los Consejeros, los órganos de dirección y control (cuando los hay) están trufados de altos cargos o ex altos cargos de la Consejería de la cual dependen. Se confunden el ente matriz y el autónomo, en una maraña de competencias que se entrecruzan, trasvasan y superponen en función no de la racionalidad del servicio público sino de los intereses de las camarillas del poder.La experiencia del desarrollo y crecimiento de los OO. AA. de la Junta de Castilla y León está demostrando que su pretendida autonomía se está utilizando para privatizar desaforadamente.
Sin embargo, y si su Ley de creación es “normal”, su régimen de contratación, de control económico, patrimonial y de personal, los aproxima mucho a la figura de la Administración General.
En Castilla y León son OO.AA.:
la Gerencia Regional de Salud (SACYL),
la Gerencia de Servicios Sociales,
el Servicio Público de Empleo (ECYL) y
el Instituto de la Juventud.
Todos ellos, de entrada, duplican la estructura de mandos de dirección política y pseudopolítica, respecto de la Consejería en la que están encuadrados, así como los órganos colegiados.
LOS ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO
Presentan una gran similitud con los organismos autónomos. Entre sus particularidades está la posibilidad de depender de un O.A. y la de producir bienes de contenido económico susceptibles de contraprestación. En Castilla y León tenemos:
Ente Regional de la Energía,
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL),
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE),
La Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LAS FUNDACIONES Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de C. y L., creadas mediante Ley y adscritas a la Consejería competente por razón de la materia, son sociedades mercantiles en cuyo capital la participación directa o indirecta de la Administración de la Comunidad es superior al 50%. Podemos destacar las siguientes:
ADE Parques Tecnológicos, S.A., resultado de la fusión de Gesturcal y Parques Tecnológicos, tiene por objeto la creación de zonas industriales.
ADE Internacional EXCAL, S.A.
Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A., encuadrada en la Consejería de Hacienda, tiene por objeto la gestión de los bienes integrantes del patrimonio de la Comunidad de C. y L. Diseña, proyecta y ejecuta infraestructuras y bienes inmuebles.
Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. Producto de la fusión, en curso a lo largo de todo el 2013, de PROVILSA y SOMACYL, realiza todo tipo de trabajos, estudios, informes y proyectos relacionados con la promoción de viviendas, infraestructuras, logística y la mejora del Medio Ambiente, y gestiona servicios públicos en la Comunidad.
SOTUR, la sociedad de promoción del turismo de Castilla y León, en trámite de absorción por la Fundación Siglo.
Agrupación de Productores Patata de Siembra Castilla y León (APPACALE).
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, S.A.
Universitatis Salamantinae Mercaus S.R.L.
VISION I+D+I, S.L.
Enclave Logístico Regional CyLog, S.A.
Soc. Inves. y Explotación Minera de C. y L., S.A.
Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León, S.A.
Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
León Alta Velocidad 2003, S. A.
Palencia Alta Velocidad, S.A.
Montes de Nava, S. A.
Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
SIGMA Gestión Universitaria A.I.E.
Oficina de Cooperación Universitaria Colombia, Ltda.
Oficina de Cooperación Universitaria de Chile, Ltda.
Oficina de Cooperación Universitaria de Venezuela, OCU, S.A.
Oficina de Cooperación Universitaria República Dominicana, S.A.
Oficina de Cooperación Universitaria de Nicaragua, S. A.
Las empresas públicas de C. y L. han devenido en una progresiva e injustificada usurpación de competencias, programas y actuaciones propias de las consejerías y de los empleados públicos, a quienes se está despreciando quitándoles su trabajo. Se han disparado los gastos de personal, los de los directivos, claro (en el ADE casi el 50% del personal es directivo), y la transparencia es nula, o peor, confusa. En general, exceptuando en Valladolid, estas empresas están en retroceso en cuanto a crecimiento económico. Las fundaciones tienen ley propia y bien que la aprovechan. Como patrimonios ligados a un fin, son públicas si participa en más del 50% de su patrimonio, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o cualquier ente del sector público autonómico. En la práctica se desvirtúan y pervierten una y otra vez los fines sociales para los que se han creado. La lista de fundaciones públicas de Castilla y León es espeluznante. Según la web pública (Ministerio de Hacienda) serviciostelemáticos.meh.es, dependiendo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a fecha 29/05/2013, existen 44 fundaciones: Fund. Jorge Guillén, Fund. General de la Universidad de Burgos, Fund. General de la Universidad de León y de la Empresa, Fund. General de la Universidad de Salamanca, Fund. General de la Universidad de Valladolid, Fund. Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud C. y L., Fund. Santa Bárbara, Fund. Universidades de C. y L., Fund. del Servicio Regional de Relaciones Laborales, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, Fund. de Investigación del Cáncer, Fund. Autonómica para la Formación en el Empleo de C. y L, Fund. de Investigación Sanitaria en León, Fund. para la Enseñanza de las Artes en C. y L., Fund. Instituto de la Construcción, Fund. Alberto Jiménez-Arellano Alonso, Fund. Científica Arroyo Villaverde, Fund. Empresarial para el Desarrollo Agropecuario de C. y L., Agregación de Fundaciones Asistenciales de la Provincia de Palencia, Fund. Centro Regional de Calidad y Acreditaciones Sanitarias de C. y L., Fund. Centro de Supercomputación de C. y L., Fund. Provincial de Servicios Sociales de Burgos, Fund. Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Fund. Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, Fund. Cultural Hispano-Brasileña, Fund. Parque Científico de la Universidad de Salamanca, Fund. Cei Studii Salamantini, Fund. Social de Segovia, Fund. Centro de Alto Rendimiento y Promoc. Deportiva de la Provincia de Soria, Fund. Casa de la India, Fund. Siglo Artes en Castilla y León, Fund. Museo Ciencia de Valladolid, Fund. Museo de las Ferias, Agregación de Fund. Benéfico- Particulares de la Provincia de Valladolid, Fund. Patrimonio Natural de Castilla y León, Fund. Parque Científico Universidad de Valladolid, Fund. Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, Fund. Villalar-Castilla y León, Fund. Acción Social y Tutela de Castilla y León, Fund. Anclaje, Fund.. Univespaña, Fund. Camino de la Lengua Castellana, Fund. para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-Universidades.es y Fund. Consejo España-China.
Las fundaciones castellanas, aun dejando aparte las universitarias, constituyen una lista “gilista” (del gran Gila), con algunas tan peculiares como la Fund. Consejo España-China, la Fund. Cultural Hispano-Brasileña o la Agregación de Fund. Benéfico-particulares de la provincia de Valladolid. El gran problema de las fundaciones es su total ausencia de transparencia y control. Pongamos, por ejemplo, a la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León que gestiona los museos, si se le pregunta ¿cuánto valor tiene la Colección del MUSAC?: no se sabe; de qué obras se compone?: pendiente de inventario; ¿quién nombra al personal directivo?: los de siempre; ¿el Centro de la Evolución Humana?: bien gracias.
De la pretendida mejor eficacia en la gestión de lo público, pasamos a eludir en la práctica cualquier tipo de control y de rendición de cuentas por la inmensa mayoría de la “administración instrumental”.
Para mejor clarificación ver el “Informe de fiscalización de la actividad de las fundaciones de Castilla y León en 2010” del Consejo de Cuentas de C. y L., recientemente entregado a las Cortes. Si es preciso esperar más de 3 años para conocer los datos de muchos de estos entes, ese control no existe. Si además se emite informe y la Junta hace caso omiso del mismo, el supuesto control es una burla a los ciudadanos.
Si además la próxima reforma de las Administraciones Públicas se salda con la eliminación de los órganos de control del ejecutivo como el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común, el control de la actuación política y administrativa pasará de ilusorio a fraude social.
Y todo ello a pesar de las alharacas de transparencia que se propagan desde la cúpula política de nuestra Comunidad, que se convierten así en auténtico engaño a la ciudadanía.
Hace unos días, a raíz del rifirrafe de Pablo Iglesias con la siempre corporativista prensa nacional por unas desafortunadas alusiones personales del líder de la formación morada hacia un periodista de El Mundo, El País salía al quite publicando un encendido editorial (más bien, una hueca soflama repleta de retorcidos sofismas y mantras tan evanescentes como un anuncio de compresas) en el que se defendía la libertad de expresión en los mass media.
Pero la misma parece que ha acabado justo cuando el jefazo de ese periódico (el ínclito Juan Luis Cebrián, al cada día se le ve más y más el plumero) podría (recalco lo de “podría”: no es algo que esté confirmado) figurar en la ominosa nómina de presuntos rateros de cuello blanco que se han llevado la pasta a Panamá, algo que su ahora despedido empleado Ignacio Escolar habría dejado caer saltándose el guión del todopoderoso Grupo Prisa.
Los dictadores eran cosa del pasado o bien vivían en países bananeros tipo Venezuela, nos decía el autoproclamado “Diario Independiente de la Mañana” (sic). Pero, al parecer, perviven en nuestros días muy cerquita de nosotros, parapetados al frente de empresas, organismos, instituciones o grupos mediáticos con acciones en petroleras offshore, pontificando para más inri sobre cuestiones tan sagradas como la libertad de expresión que son los primeros en pasarse por el forro de la entrepierna cuando chocan contra sus opacos negocios.
leonsano 
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