MANIFIESTO A FAVOR DE UN ESTATUTO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL DEL SECTOR PÚBLICO DE ESPAÑA

14 Sep

de https://NOSOLOAYTOS.WORDPRESS.COM/2019/09/10/manifiesto-a-favor-de-un-estatuto-de-la-direccion-publica-profesional-del-sector-publico-de-espana/

Origen: Web de la Asociación de dirección pública profesional  (redifusión).

Nuestro entorno institucional internacional hace tiempo que viene apostando por una dirección pública profesional en el sector público empresarial y fundacional, ya que es evidente que este sector será clave en el proceso de fuertes transformaciones derivadas de los cambios tecnológicos y culturales que se están produciendo en esos ámbitos, y que se incrementarán con la presencia masiva de la robotización en los años próximos.

En nuestro país, las oportunidades y avances que abrieron la ley del Estatuto Básico del Empleado Público en algunos ámbitos y la ley de Agencias, o no se han producido con la intensidad necesaria, o han desaparecido.

En el primer caso encontramos el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que apostaba con claridad por esa figura de dirección pública que estaba llamada  “a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización”, previendo que las autoridades competentes – el Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas – pudieran establecer un régimen jurídico específico así como los criterios para determinar su condición .DPP

En el segundo, la derogación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que proponía  un régimen del personal directivo mediante la posibilidad de selección por órganos especializados, garantizando la transparencia y la objetividad en los procesos de nombramiento, que debían efectuarse.

Otros ámbitos del sector público empresarial y fundacional ni siquiera han contado con iniciativas frustradas o regresiones regulatorias.

Si queremos salir de esa situación que reflejan bien los estudios de organismos internacionales y que generan ineficiencias e ineficacias, por ejemplo en la lucha contra la corrupción y el fraude – que sigue siendo uno de los principales problemas de la ciudadanía cuando contestan las encuestas del CIS -, tenemos que dotarnos de directivos y directivas que sean seleccionados adecuadamente, que se relacionen con la esfera política en base al mérito y la capacidad, retribuidos de un modo estimulante, en un marco de responsabilidad y rendición de cuentas en relación con la obtención de resultados, con un sistema de desvinculación relacionada con el cumplimiento de un contrato programa, que se encuadre en objetivos reales, factibles y objetivamente medibles, con un tiempo de vinculación diferente – preferentemente superior – al ciclo político, etc.
Por eso, la asociación de dirección pública profesional –  directivos y directivas públicos de empresas y fundaciones públicas, y de los diferentes niveles territoriales de  distintas instituciones-, proponemos este manifiesto para que los diferentes gobiernos, en sus correspondientes ámbitos de competencias impulsen la dirección pública profesional:

1. Regulando – desarrollando la normativa existente o impulsando otras en su caso – la figura de la dirección pública profesional, especialmente para las personas que ocupen los puestos de mayor responsabilidad en las empresas y fundaciones públicas de los diferentes niveles territoriales.
2. Dando garantías mediante procesos públicos, abiertos y transparentes, basados  en el mérito y la capacidad, conocimiento y experiencia, y a criterios de idoneidad, desarrollados o auditados por terceros independientes.
3. Priorizando a personas que acrediten, de manera fehaciente, entre otras competencias directivas, las relativas a: conducta ética, gobernanza y estrategia, liderazgo e innovación, creación y gestión de equipos, orientación a resultados,  comunicación y transparencia,  y gestión de recursos públicos.
4. Estableciendo nombramientos por tiempo diferente – preferentemente superior – al del ciclo político y desvinculaciones – ceses – relacionados con el cumplimiento de contratos programa y la correspondiente evaluación del desempeño.
5. Proponiendo retribuciones estimulantes que tengan en cuenta el ámbito privado y hacia variables por cumplimiento de objetivos.

@AsocDPP Asociación de dirección pública profesional

No están los jueces para imponer la aprobación de reglamentos

14 Jul

de https://DELAJUSTICIA.COM/2019/07/09/no-estan-los-jueces-para-imponer-la-aprobacion-de-reglamentos/

Frecuentemente insisto en la enorme relevancia del modo en que se formula la pretensión por el demandante. Marca el terreno de juego litigioso y condiciona la respuesta judicial por congruencia. Un bonito ejemplo nos lo ofrece la reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2019 (rec. 21/2018).

En la misma, una Asociación profesional recurrente pretendía materialmente la equiparación salarial entre dos cuerpos docentes aduciendo identidad de funciones y responsabilidades pero formalmente la pretensión articulada en la demanda consistía en que “se declare la pertinencia de la modificación normativa para la equiparación salarial”.

De este modo, en vez de una sencilla pretensión de anulación de una denegación de equiparación acompañada de una pretensión de condena a reconocer idénticas retribuciones, se pretendía el órdago de imponer una modificación normativa, y se imploraba a la jurisdicción contenciosa que se condenase al ejecutivo a aprobarla o en su caso, que plantease cuestiones de inconstitucionalidad.

Con este modo de actuar, podría decirse de la respuesta del Supremo aquello de “así se las ponían a Fernando VII” ya que la Sala contencioso-administrativa del alto tribunal toma buena nota de lo que pide: “Así las cosas la pretensión de la demandante es clara: pretende que esta Sala dicte sentencia que «declare la pertinencia de la modificación normativa para la equiparación salarial entre funcionarios «de ambos Cuerpos, lo que implicaría, según alega la Abogacía del Estado, la integración de tales Cuerpos.”

Sentada la opción impugnatoria del demandante, la Sala “entra a matar”.

Primero enmarca las pretensiones de aprobación de reglamentos como mero ejercicio del derecho de petición:

La consecuencia es que su iniciativa fue de hecho, aun cuando así no lo denominase la demandante, una solicitud propia del ejercicio del derecho de petición de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, que podría haber llevado a que la Administración «impulsase procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general» (artículo 11.2); ahora bien, tal decisión sería graciable pues no existe el derecho a obtenerla: el derecho de petición se satisface con su ejercicio y obteniendo una respuesta, no una concreta respuesta y menos en el sentido pretendido por el peticionario.

NOVENO.- Al margen de esta última precisión, lo relevante es que no procede pretenderse de la Sala que dicte una sentencia declarativa de un derecho inexistente, pues ya se trate de iniciar una reforma legal o reglamentaria, no existe el derecho a que se ejecute: tal iniciativa responde a la libre dirección política del Gobierno, de ahí que esta Sala no haya discutido su competencia pese a que la solicitud se dirigió al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [cf. artículo 22 de Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , en relación con los artículos 11.1.a) y 12.1.a) de la LJCA].

A continuación descarta que la mera laguna reglamentaria faculte a los tribunales para conminar al Ejecutivo a que la rellene:

DÉCIMO.- Por razón de lo dicho, que no se haya acometido una reforma legal como la pretendida no implica que se esté ante una inactividad material ex artículo 29 de la LJCA; ni tampoco, en lo que proceda, un supuesto de omisión reglamentaria: sea un caso u otro, ni hay norma que obligue en derecho a acometer esa iniciativa legislativa, ni hay norma con rango de ley que obligue a dictar un reglamento, ni hay un vacío normativo, una ausencia de regulación, constitutiva de una infracción constitucional: el régimen retributivo de los integrantes del CTFP está regulado por entero; cosa distinta es cómo lo esté.

En consecuencia, el Supremo desestima el recurso. Eso lleva a pensar que bien hubiera estado que el demandante hubiese apurado en la instancia las posibilidades de formular pretensiones, y no limitarse a un tiro único (pretensión de modificación normativa) sino que podía haber optado por el mismo precio, por formular varias pretensiones alternativas o subsidiarias de aquella. O sea, añadir la pretensión de anulación y reconocimiento directo del derecho a la equiparación, de manera que la Sala, en caso de apreciar la plenitud de identidad sustancial entre ambos cuerpos y funciones, bien dispusiese directamente la extensión del régimen retributivo de un cuerpo a otro (lo que no es infrecuente cuando existe identidad de prestación sin identidad de retribución) o bien, si advirtiese el escollo de falta de amparo legal -o el bloqueo de la letra de la Ley-, tendría que plantear la cuestión de inconstitucionalidad por vulneración del principio de igualdad.

Sin embargo, las palabras importan y en el proceso más, así que en el futuro antes de formular una pretensión de pura modificación reglamentaria en vía contencioso-administrativa hay que asegurarse mucho de que la misma resulte obligada y forzada por un previo, claro e inequívoco mandato legal, sin espacio para discrecionalidad del ejecutivo alguna en cuanto a cuándo ni cómo (lo que son situaciones excepcionalísimas). Ojo.

Esta sentencia es sumamente relevante y útil, tanto para los letrados públicos que opondrán frente a las pretensiones de aprobación de reglamentos o modificaciones, u ordenanzas, opondrán esta argumentación (apresurándose a calificarlo de simple ejercicio de petición) como para los abogados de particulares, quienes para evitar tropezones deberán huir de estas pretensiones de condena a reglamentar (salvo casos excepcionales y sin espacio discrecional), y se cuidarán de buscar otros planteamientos mas anclados en pretensiones mas terrenales y centradas en la  condena a reconocer un derecho concreto en favor de un sujeto o colectivo (luego en ejecución de sentencia, que el Ejecutivo cumpla dispensándolo o reglamentando).

4 COMMENTS ON “NO ESTÁN LOS JUECES PARA IMPONER LA APROBACIÓN DE REGLAMENTOS”

  1. Joaquim

    ¿Y no sería más deseable que se advirtiese del posible mal planteamiento de la demanda en una fase inicial del proceso permitiendo una corrección? Tal vez mejorarían así la economía (procesal, monetaria y temporal) y el principio pro actione, y se evitaría una sensación de justicia meramente formalista.

    • Contencioso

      Personalmente, no creo que el mal planteamiento global del litigio entre en el principio pro actione o el antiformalismo, pues no es corregir un error formal de ley procesal, sino enmendar el planteamiento de base de la propia parte. Lo siento, pero es un caso claro de metedura de pata en la estrategia global, no en las formas, y eso no es subsanable ni corresponde al tribunal tutelarlo, pues tampoco creo que el abogado vaya a compartir su minuta con ellos.

      Por otra parte, me surge una duda importante cuando se habla de equiparación ante la discriminación, y es si se puede equiparar a la baja. Me explico: Es frecuente que un funcionario reclame vía impugnación de la RPT la equiparación al alza de un complemento alegando que el funcionario vecino del mismo cuerpo y por las mismas funciones cobra un complemento mayor sin justificación. Para ello se esgrime el principio de igualdad, y en efecto, es claro que debe anularse el acto si no hay justificación de la diferencia. Ahora bien, yo entiendo que la igualdad no es necesariamente al alza, por lo que despues de la anulación del acto la administración puede bajar el complemento (Recordemos, no hay derechos adquiridos a retribución futura en la función pública) a todos. Con lo que ya no habría discriminación. No veo que la sentencia pueda reconocer el derecho a que el puesto del demandante sea equiparado al alza, sino meramente a que no sea discriminado con una retribución inferior por el mismo trabajo, pero esto se cumple bajando los otros ocmplementos.

  2. Lola

    Todos los trabajadores públicos tenemos las mismas obligaciones. Todos nos debemos al TREBEP en general y además al Estatuto Marco en sanidad, por ejemplo. Sin embargo no tenemos los mismos derechos, ni por asomo. Ni los mismos días libres ,( en sanidad 6 y en justicia 9 moscosos) ni permisos, ni los mismos complementos, ni prestaciones sociales ( bono transporte, médico…), ni salario base.
    Hay una diferencia abismal entre las mismas categorías de las distintas Administraciones. Estatal, Autonómica, Local…
    Hay más. Dentro de la sanidad de Madrid, hay una gran diferencia de lo mencionado anteriormente, entre el personal laboral de Convenio de la CAM y los del antiguo INSALUD. Aunque todos sean gestionados por el SERMAS y las categorías y las funciones sean las mismas…la diferencia de trato laboral y económico es grande.
    Esto debería eliminarse. De esta forma no llegarían a los tribunales casos como los que llegan. La Administración tiene que ser mucho más operativa y tratar con equidad a todo su personal.
    Por otra parte, me encantaría que estas entradas fueran leídas por todos los hombres de leyes. Contienen una gran enseñanza, que puesta en práctica, ganaríamos todos.
    Gracias siempre por compartirlas

  3. ¡Qué razón tienes José Ramón! El suplico es tal vez lo más importante, y como se redacta al final, cuando ya estás cansado de argumentar, a veces no ponemos el necesario cuidado! La sentencia es para guardar, pero he decidido que mi archivo es tu blog. Cuando tengo un problema procesal contencioso, lo primero a lo que acudo es al buscador de esta página. Y luego, si acaso, estudio el resto de la jurisprudencia..;)

GRACIAS POR COMENTAR CON EL FIN DE MEJORAR

INGENIEROS TÉCNICOS vs INGENIEROS. Enfermería vs Médicina (II). Continúan rectificaciones en Prensa

7 Jul

190706 la nueva crónica rectificación-comparativo

El 30 de junio publicamos  en el blog de LeónSano  el artículo INGENIEROS TÉCNICOS vs INGENIEROS. Enfermería vs Médicina, https://leonsano.wordpress.com/2019/06/30/ingenieros-tecnicos-vs-ingenieros-enfermeria-vs-medicina/ que recogía la nota de  rectificación solicitada, por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Léon,  de una noticia por parte del Diario de León.

Con posterioridad, el periódico LA NUEVA CRÓNICA (de León) en sus ediciones de papel e internet  Publicó ayer 6 de Julio  nota aclaratoria de RECTIFICACIÓN  REMITIDA POR EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LEÓN , en relación a la noticia publicada el 23 de junio en la que definía como una reunión de ingenieros de toda España a una reunión que en realidad era de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales, detallando  el contenido de esta nota aclaratoria el presente artículo

“A pie de calle

PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, EN LUGAR DE INGENIEROS

En relación a la publicación en La Nueva Crónica del domingo 23 de junio de 2019 titulada ‘Ingenieros de toda españa se citan en León’, en la que se hace constar que «profesionales de la ingeniería procedentes de todas las comunidades españolas se dan cita este fin de semana en León para celebrar una Asamblea de ámbito nacional vinculada al sector», transmitimos que este Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León (Coiile) considera que la noticia es inexacta e induce a confusión, ya que la noticia se refiere a una Asamblea de la Mupiti – Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

Actualmente, y conforme a la legislación vigente que hay en España, existen las profesiones diferentes, y claramente diferenciadas, de Ingeniero e Ingeniero Técnico.

EL TÉRMINO INGENIERO DEBE SER UTILIZADO PARA TAN SOLO REFERIRSE A LOS PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE LES HABILITAN PARA EL EJERCICIO DE ALGUNAS DE LAS PROFESIONES REGULADAS DE INGENIERO –QUE EXCLUSIVAMENTE SE CIRCUNSCRIBEN A LAS REFERENCIADAS EN EL ANEXO VIII DEL REAL DECRETO 1837/2008–.

La información publicada confunde al colectivo profesional de los Ingenieros con el de Ios Ingenieros Técnicos, con el que nada tiene que ver.

LO PUBLICADO EN ESTE PERIÓDICO RESULTA ERRÓNEO, DANDO A ENTENDER A LA SOCIEDAD QUE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MUPITI HABLAN EN NOMBRE DE LOS INGENIEROS, EN LUGAR DE RESPECTO A QUIENES TAN SOLO PUEDEN HABLAR: LOS PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León (Coiile)”

(de https://www.lanuevacronica.com/opinion del día 6 de julio)

190708 LaNuevaCronicaLeon6JUL-RectificacionConfusionITI

Murcia: un poder judicial bajo sospecha

7 Jul

Murcia: un poder judicial bajo sospecha

de https://www.CUARTOPODER.ES/ideas/opinion/2019/07/01/murcia-judicial-bajo-sospecha/
  • “La actuación judicial en la Región de Murcia podría tomarse por indolente si no repitiese el mismo leit moviv: proteger a los políticos del PP”

El fiasco escandaloso de la liquidación judicial del asunto de la planta desaladora de Escombreras, en Cartagena, simplemente porque la magistrada instructora del caso, María del Mar Azuar, ha dejado pasar los plazos legales, no es más que un indicador de cómo está el aparato judicial en la Región de Murcia. No hace mucho sucedió lo mismo con el ex presidente de la Comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, otro beneficiario de una actuación judicial que podría tomarse por indolente si no repitiese el mismo leit motiv: proteger a los políticos del PP. Lo de la desaladora, en el que todo apuntaba, como gran muñidor y responsable, a Ramón Luis Valcárcel –que fuera casi veinte años presidente de la Comunidad Autónoma y que venía escapándose de numerosos procedimientos de corrupción que describen a la región murciana–, se armó con una hábil ingeniería financiera que buscaba saquear el dinero público, por cientos de millones de euros, a favor de empresas privadas.

Tropelías judiciales tan señaladas, tanto por repetidas como por poco inocentes, han abochornado en una región en la que la capacidad de asombro ante el escándalo se podía suponer agotada; y ha obligado al escasamente crítico presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región, Miguel Pascual del Riquelme, a ordenar inspecciones en los cuatro juzgados implicados en este tipo de hazañas, en lo que se ha entendido como un gesto de apaciguamiento, sí, pero –visto el panorama y conocido el percal– con mucho de cosmética, dado el “blindaje profesional” de la acción de los jueces.

La Región de Murcia ha sido definida por críticos ecologistas como un “sistema depredador”eminentemente antiecológico, a cuyo mantenimiento y progreso contribuyen numerosos subsistemas de esta sociedad, entre los que se destaca, manda e intimida, el “subsistema del poder agrario”; un poder que somete y explota al subsistema político, principalmente constituido por tres entes: el gobierno regional, en especial su Consejería de Agricultura, la mayoría de los Ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), estatal, ésta última calificada muy acertadamente de “nido de prevaricadores”, y cosas peores, en razón de su sistemático consentimiento del abuso en cuanto le concierne, que es la protección y gestión de las aguas, permitiendo los regadíos ilegales, ignorando las denuncias y favoreciendo a las empresas contra el pequeño agricultor.

En efecto, es en materia ecológico-ambiental en lo que esta región se configura como depredadora e insostenible, siendo hasta ahora casi inútil los esfuerzos de las sectores más combativos –los ecologistas y vecinales–, que vienen centrando sus esfuerzos en la perversa gestión del agua, por supuesto, pero sobre todo en la invasión enloquecida de una agricultura altamente perjudicial para el medio ambiente, a la vez que altamente rentable debido, significativamente, a estar amplia y generalmente subvencionada y a vivir del dopping tanto ambiental (asolando tierras, acuíferos, atmósfera y espacios naturales, sin pagar, en ningún sentido, por ello) como social (sometiendo a condiciones muchas veces infrahumanas a los trabajadores del campo, que perciben salarios infamantes).

Siguiendo con la saga del poder judicial, no puede dejarse de lado la incompetencia de la Fiscalía murciana en la persecución del delito ambiental, principalmente del agua (pero no sólo). Está en marcha una “recusación social” del fiscal de medio ambiente, Miguel de Mata, por insensible, indolente e incompetente, a cuenta de un episodio que sirve de muestra y que sus sufridores, los habitantes del Noroeste murciano (en especial, de los municipios de Caravaca y Moratalla) no van a dejar pasar. Este fiscal ha respondido ante una serie de denuncias de roturaciones, regadíos y bombeos ilegales en esa comarca, procurando dejar pasar los plazos de investigación y decidiendo, finalmente, su archivo con argumentos que los denunciantes rechazan (y que se adaptan a la “configuración colaboracionista”, ante todo por omisión, de este poder judicial). De las reuniones mantenidas con ese fiscal, los interesados han deducido, en primer lugar, que su sensibilidad y celo hacia el medio ambiente –necesarios para ejercer su oficio de perseguidor de agresiones ambientales– son escasos, especialmente en lo relacionado con el agua. En segundo lugar, que posee un peregrino concepto del derecho y la justicia, así como de su oficio cuando, ante la tesitura de tener que indagar sobre ciertas y muy concretas infracciones a la legalidad vigente, trata de sacudirse el problema señalando que “todos hacen lo mismo”.

Y en ercer lugar, que parece intimidado por ciertos tabúes anclados en la historia de esa comarca (de la que es oriundo, lo que tampoco refuerza su papel fiscalizador), entre los que destaca una finca, “El Chopillo”, en la que se constatan desmanes continuados desde la década de 1990, quizás antes, y que fuera uno de los asuntos de escándalo que ya puso bajo su foco en 2004 el fiscal Emilio Valerio, del TSJ de Madrid, en una famosa imputación de decenas de empresarios y empresas que levantó ampollas pero que fue finalmente archivada con muy exóticos argumentos. En esa finca (una especie de “ente extraterritorial” en el que el propio Ayuntamiento de Moratalla quiere ignorar cuanto ahí sucede) “reinan” unos propietarios que se han acostumbrado a hacer de su capa un sayo, ya que ni las autoridades municipales ni la guardería de montes o fluvial cumplen con su trabajo; y si lo cumplen, consienten que sus denuncias queden bloqueadas en la CHS. Entre esos propietarios figura el juez Mariano Espinosa, en ejercicio en el TSJ de Murcia, que ya figuraba en la imputación del fiscal Valerio pero cuya llamativa incompatibilidad de juez-empresario agrícola nadie en el poder judicial murciano ha considerado relevante (tampoco su actual presidente, arriba citado), emitiendo, incluso, sentencias relacionadas con el agua.

Así que no se puede pensar, razonablemente, que el aparato judicial esté por la labor de contribuir a aliviar (ya que no resolver) los apabullantes problemas ambientales de la región, y existe el temor de que la “macroacusación” del fiscal jefe de diciembre de 2017 hacia la treintena de presuntos responsables de la degradación –seguramente irreversible– del Mar Menor, pueda “reconducirse” de tal manera que se evite señalar, precisa y exactamente, que es la agricultura intensiva la que, con total impunidad, destruye el medio natural y niega la supervivencia de esta región.

La pretensión de los activistas indignados del Noroeste murciano es que el caso del Mar Menor no vuelva a repetirse en ese mismo territorio en el que –ante la inacción sistemática de todos los poderes (policial incluido)–  se incrementa cada día el regadío ilegal, se bombea agua induciendo pérdida en los caudales de los manantiales que sostienen la agricultura tradicional y se agrava la situación de los acuíferos, en buena parte ya sobreexplotados y seriamente dañados por la acción de los nitratos de la agricultura intensiva. En esta comarca, la larga mano del poder agrario incluye a empresarios relacionados con los regadíos degradantes del Mar Menor, que buscan su expansión por el Noroeste una vez enfrentados a las limitaciones de agua y la vigilancia judicial en el entorno de la famosa laguna salada. Y es por todo esto por lo que cunde la alarma ante el escaso interés previsor de los jueces y fiscales murcianos, que ya han demostrado su indiferencia ambiental al no darse por enterados, durante decenios, del problema abrumador del Mar Menor.

La energía que renueva los pueblos

INGENIEROS TÉCNICOS vs INGENIEROS. Enfermería vs Médicina

30 Jun

190630 Ls foto portada.

 

Hemos tenido conocimiento  en LeónSano de escritos de petición de ingenieros a través de sus organizaciones colegiales profesionales,  SOLICITANDO RECTIFICACIÓN A MEDIOS DE PRENSA de  la provincia de León (en particular los periódicos  DIARIO DE LEÓN y LA NUEVA CRÓNICA)  por la publicación el domingo 23 de Junio de una noticia con el título de “INGENIEROS DE TODA ESPAÑA SE CITAN EN LEÓN” , amparándose en lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, ya  que la noticia se refería realmente a una Asamblea de la MUPITI – Mutualidad de Previsión Social de PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS Industriales. La petición de rectificación se fundamenta en que conforme a la legislación vigente en España, EXISTEN LAS PROFESIONES DIFERENTES, Y CLARAMENTE DIFERENCIADAS, DE “INGENIERO” E “INGENIERO TÉCNICO“. Algo análogo a lo que sucede con las profesiones de  Enfermero y Médico.

También nos ha sido transmitido un documento suscrito por el presidente del  CGCOIIE-Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España , difundido por este Consejo a todos los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales del Estado . Se adjunta este documento en el apartado nº 4 de este artículo . Documento del CGCOIIE en el que se comparan competencialmente las profesiones de Ingeniero Industrial e ingeniero Técnico Industrial. En este Documento este Consejo General de  Colegios de Ingenieros Industriales, por fin  se moja en este asunto de diferencias  competenciales legales ingeniero Industrial/Ingeniero Técnico Industrial(circunscritos estos últimos a la especialidad correspondiente). Ya que  este Consejo General de Colegios ha sido acusado, por los ingenieros  y colegios críticos a la dirección de su Junta directiva de los últimos 4 años, de dejación de funciones mirando para otro lado y no combatir suficientemente las noticias o incluso páginas web de colegios de peritos e ingenieros técnicos o sus redes sociales en  las que se arrogan una supuesta profesión de ingenieros, colectivos de profesiones reguladas únicamente como ingenieros técnicos.

 

1/ Extracto de la petición de un profesional ingeniero al colegio profesional territorial solicitando la actuación de este para exigir el derecho de rectificación a los períodicos Diario de León y  La Cronica de León, recogida parcialmente por el colegio  exigiendo el derecho de rectificación a estos periódicos

1A/ Extracto de la solicitud de rectificación para la Crónica de León

En relación a su publicación en la edición en papel  de la Nueva Crónica del domingo 23 de junio de 2019  titulada INGENIEROS DE TODA ESPAÑA SE CITAN EN LEÓN (reproducida gráficamente en su integridad fotográficamente en el anexo abajo inserto), en la que se hace constar que “profesionales de la  ingeniería procedentes de todas las comunidades españolas se dan cita este fin de semana en León para celebrar una Asamblea de ámbito nacional vinculada al sector” , le transmitimos que consideramos que la noticia es inexacta  e induce a confusión, ya que  la noticia se refiere a una Asamblea de la MUPITI – Mutualidad de Previsión Social de PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS Industriales .

 Por ello al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, le  solicitamos la publicación de una nota de rectificación con este contenido para aclarar que MUPITI no le corresponde  hacer declaraciones en relación a los Ingenieros, a los que no representa, ni tampoco integra.

 

Pese a los intentos de algunos por presentarse ante la sociedad como profesionales distintos de lo que realmente son, la realidad es que, conforme a la legislación vigente en España, existen las profesiones diferentes, y claramente diferenciadas, de “Ingeniero” e “Ingeniero Técnico”.

El término “Ingeniero” debe ser utilizado para tan solo referirse a los profesionales que han realizado estudios universitarios que les habilitan para el ejercicio de algunas de las profesiones reguladas de “Ingeniero” -que exclusivamente se circunscriben a las referenciadas en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008-.   Profesiones para cuya habilitación, conforme a la normativa vigente universitaria, se exige la superación de un plan de estudios al amparo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, en el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero (BOE 29/01/2009); 

En definitiva, la información publicada confunde al colectivo profesional de los “Ingenieros” con el de Ios “Ingenieros Técnicos”, con el que nada tiene que ver.

Reflejo de que ambas profesiones son claramente diferenciadas y no integrables lo constituye la Sentencia, de 18 de mayo de 2015, del Tribunal Superior de Justicia Madrid, que procedió a la anulación del “Instituto de Mediación de INGENIEROS“, promovido por el “Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, por arrogarse éstos el empleo del término “Ingenieros“, excediendo con ello al ámbito de aplicación de su organización profesional: la Ingeniería Técnica Industrial. Sentencia, cuyo incumplimiento, motivó el Auto de 11 de abril de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reclamando la adecuada ejecución de la Sentencia, en el que se reitera que deben abstener éstos de utilizar de la denominación “Ingenieros“.

Las informaciones publicadas en su periódico resultan erróneas, dando a entender a la sociedad que los asitentes a la  Reunión de MUPITI hablan en nombre de los Ingenieros, en lugar de respecto a quienes tan solo puede hablar: los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. Pues, como puede observar publicado en el BOE de 19/12/2017, el Tribunal Supremo, por Sentencia de 8 de noviembre de 2017, anuló el Real Decreto 143/2016, por no ser ajustada a derecho la denominación de “Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España”, encontrándose por tanto vigente la denominación establecida en el Real Decreto 104/2003: Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

Anexo:

190623 PITIS vs INgenieros La cronica de León 23 Jun

1B/Extracto de la solicitud de rectificación para el Diario de León

 

En relación a su publicación en la edición del Diario de León del domingo 23 de junio de 2019  titulada “ INGENIEROS DE TODA ESPAÑA SE CITAN EN LEÓN” ( ediones en papel y vía internet ) reproducidas en su integridad fotográficamente en el anexo abajo inserto), en la que se hace constar que “profesionales de la  ingeniería procedentes de todas las comunidades españolas se dan cita este fin de semana en León para celebrar una Asamblea de ámbito nacional vinculada al sector” , le transmitimos que consideramos que la noticia es inexacta  e induce a confusión, ya que  la noticia se refiere a una Asamblea de la MUPITI – Mutualidad de Previsión Social de PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS Industriales .

 Por ello al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, le  solicitamos la publicación de una nota de rectificación con este contenido para aclarar que MUPITI no le corresponde  hacer declaraciones en relación a los Ingenieros, a los que no representa, ni tampoco integra.

 

Pese a los intentos de algunos por presentarse ante la sociedad como profesionales distintos de lo que realmente son, la realidad es que, conforme a la legislación vigente en España, existen las profesiones diferentes, y claramente diferenciadas, de “Ingeniero” e “Ingeniero Técnico”.

El término “Ingeniero” debe ser utilizado para tan solo referirse a los profesionales que han realizado estudios universitarios que les habilitan para el ejercicio de algunas de las profesiones reguladas de “Ingeniero” -que exclusivamente se circunscriben a las referenciadas en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008-. Profesiones para cuya habilitación, conforme a la normativa vigente universitaria, se exige la superación de un plan de estudios al amparo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, en el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero (BOE 29/01/2009);

En definitiva, la información publicada confunde al colectivo profesional de los “Ingenieros” con el de Ios “Ingenieros Técnicos”, con el que nada tiene que ver.

Reflejo de que ambas profesiones son claramente diferenciadas y no integrables lo constituye la Sentencia, de 18 de mayo de 2015, del Tribunal Superior de Justicia Madrid, que procedió a la anulación del “Instituto de Mediación de INGENIEROS“, promovido por el “Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial”, por arrogarse éstos el empleo del término “Ingenieros“, excediendo con ello al ámbito de aplicación de su organización profesional: la Ingeniería Técnica Industrial. Sentencia, cuyo incumplimiento, motivó el Auto de 11 de abril de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reclamando la adecuada ejecución de la Sentencia, en el que se reitera que deben abstener éstos de utilizar de la denominación “Ingenieros“.

Las informaciones publicadas en su periódico resultan erróneas, dando a entender a la sociedad que los asitentes a la  Reunión de MUPITI hablan en nombre de los Ingenieros, en lugar de respecto a quienes tan solo puede hablar: los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. Pues, como puede observar publicado en el BOE de 19/12/2017, el Tribunal Supremo, por Sentencia de 8 de noviembre de 2017, anuló el Real Decreto 143/2016, por no ser ajustada a derecho la denominación de “Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España”, encontrándose por tanto vigente la denominación establecida en el Real Decreto 104/2003: Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

ANEXO:

I/ edición vía internet

https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/ingenieros-apuestan-dinamizar-economia_1344539.html

LOS INGENIEROS APUESTAN POR DINAMIZAR LA ECONOMÍA

 

23/06/2019

El decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León, Miguel Ferrero, apuesta por que los Colegios Oficiales, sean del sector que sean, aporten su granito de arena con la organización de jornadas que dinamizan la economía e impulsan el turismo de carácter profesional en León, como la asamblea nacional celebrada ayer en el Palacio del Conde Luna con ingenieros procedentes de todas las comunidades autonómicas. En la cita se aprobó la memoria anual de la organización a nivel nacional y la toma de posesión de los nuevos cargos.

190623 PITIS vs INgenieros LDiario León web 23 Jun

II/ Edición en papel

190623 PITIS vs INgenieros LDiario León papel 23 Jun

2/ Escasa Respuesta conocida hasta ahora por LeónSano, dada por el períodico Diario de León y nula por  La Cronica de León  a la exigencia del  derecho de rectificación  exigida por Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

LeónSano  hasta el momento actual no tiene constancia  de que La nueva Crónica haya dado curso al derecho de rectificación solicitado . En el caso del Diario de León , el 28 de junio  publica  en su edición la rectificación ( de un modo muy somero muy resumido respecto a lo realmente solicitado) de la noticia que se le solicito desde el colegio, a continuación  inserta dicha rectificación seguidamente como anexo,

ANEXO

 

 

https://www.DIARIODELEON.es/noticias/leon/reunion-nacional-ingenieros-tecnicos_1345642.html

 

PERITOS INDUSTRIALES.

REUNIÓN NACIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS.

 

  • 028/06/2019

El pasado fin de semana se celebró en León la asamblea nacional de peritos e ingenieros técnicos industriales, y no de ingenieros industriales, como se publicó en el título de la información. EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LEÓN MATIZA QUE LAS PROFESIONES DE INGENIERO Y DE INGENIERO TÉCNICO ESTÁN «CLARAMENTE DIFERENCIADAS». Los peritos apostaron por impulsar el turismo profesional en León. | dl

 

190628 INg.INg Tec rectificac diarioLeón

 

 

 

3/ Otras noticias de prensa relacionadas

https://www.google.com/search?ei=qKcQXYXHPKrlgwfpr4ugAQ&q=ingenieros+de+toda+espa%C3%B1a+se+citan+en+Le%C3%B3n&oq=ingenieros+de+toda+espa%C3%B1a+se+citan+en+Le%C3%B3n&gs_l=psy-ab.12…112618.113693..117104…0.0..0.173.803.0j5……0….1..gws-wiz…….0i71.QrVEjcB-gKI

https://www.ileon.com/actualidad/098891/profesionales-de-ingenieria-de-toda-espana-se-citan-en-leon-para-celebrar-una-asamblea-del-sector

https://www.leonoticias.com/leon/profesionales-ingenieria-espana-20190622172116-nt.html

 

4/ Documento del Consejo General de  Colegios de Ingenieros Industriales, por fin  se moja en este asunto de diferencias competenciales legales ingeniero Industrial / Ingeniero Técnico Industrial (en la correspondiente especialidad)

 

Como indicamos al comienzo de este artículo, también nos ha sido transmitido un documento suscrito por el presidente del  CGCOIIE-Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España , difundido por este Consejo a todos los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales del Estado . Documento del CGCOIIE que adjuntamos a continuación en el que se comparan competencialmente las profesiones de Ingeniero Industrial e ingeniero Técnico Industrial. En este Documento este Consejo General de  Colegios de Ingenieros Industriales, por fin  se moja en este asunto de diferencias competenciales legales ingeniero Industrial / Ingeniero Técnico Industrial (circunscritos estos últimos a la especialidad correspondiente). Ya que  este Consejo General de Colegios ha sido acusado, por los ingenieros  y colegios críticos a la dirección de su Junta directiva de los últimos 4 años, de dejación de funciones mirando para otro lado y no combatir suficientemente las noticias o incluso páginas web de colegios de peritos e ingenieros técnicos o sus redes sociales en  las que se arrogan una supuesta profesión de ingenieros, colectivos de profesiones reguladas únicamente como ingenieros técnicos.

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Vínculo al fichero PDF del documento del  CGCOIIE sobre competencias IIs/ITIs:

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Confirmado: Un “cambiazo” en toda regla

30 Jun

El blog de Pedro Vicente

lunes, 24 de junio de 2019

Confirmado: Un “cambiazo” en toda regla

de http://elblogdepedrovicente.blogspot.com/2019/06/confirmado-un-cambiazo-en-toda-regla.html?m=1

De acuerdo con Murphy, las peores expectativas se han ido cumpliendo y estamos a días de que el flamante presidente de las Cortes de Castilla y León, el bizcochable Luis Fuentes, convoque la sesión de investidura que proclamará nuevo presidente de la Junta al que desde hace dos años lo es también del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Mañueco y el que fuera candidato de Ciudadanos al mismo cargo, Francisco Igea, ultiman los detalles del nuevo gobierno de coalición, esto es, andan en el regateo final sobre el reparto del botín.

Igea y Mañueco, tras firmar el pacto PP -Ciudadanos

Aunque algunos todavía se resistan a admitir la grosera impostura política de Igea -alguien que se ha prestado con absoluta desvergüenza política a hacer todo lo contrario de lo que proclamó durante la pasada campaña electoral- la suerte está echada. Estaba echada en realidad desde el momento en que Albert Rivera prefirió prolongar los 32 años de poder del PP en Castilla y León antes de que un socialista plenamente alineado con Pedro Sánchez accediera a la presidencia de la Junta. Al ofuscado Rivera le ha importado una higa que el PSOE fuera la fuerza más votada y que la continuidad del PP se diera de bruces con “el cambio y la regeneración democrática” tan cacareada por su partido y, con especial énfasis, por el ahora llamado a ser vicepresidente de la Junta.

La cosa no tiene marcha atrás desde que el pasado viernes, una hora antes de que se constituyeran las nuevas Cortes, Mañueco e Igea rubricaron un “Acuerdo para el gobierno de Castilla y León” que plasma en 100 puntos, si bien de forma un tanto desordenada y en muchos aspectos confusa y ambigua, el programa conjunto que supuestamente se proponen aplicar. Y puesto a prueba dicho pacto con la elección de la Mesa de las Cortes, presidida por Ciudadanos gracias al apoyo de los 29 procuradores del PP, el reparto de las consejerías no puede significar a estas alturas mayor problema. La inmensidad de las tragaderas de unos y otros está ya más que acreditada.
Un presidente de las Cortes a la altura de las circunstancias.- “Es tiempo de cambio”, proclamó Fuentes al inicio de su primer discurso presidencial. Y la carcajada de los 35 procuradores resonó a orillas del Pisuerga. El peor orador que ha conocido grupo parlamentario alguno en los 36 años de Parlamento Autonómico ha sido catapultado a la presidencia de la Cámara. Y no es lo malo eso, sino que, pese a leer siempre sus discursos, incurre en ellos en flagrantes inexactitudes y/o falacias.

Luis Fuentes, nuevo presidente de las Cortes

“Han tenido que pasar 32 años para que un procurador de un grupo no mayoritario, y por tanto un candidato de consenso, vuelva a presidir la Cámara…”

Pues no, ni han pasado 32 años, ni su presidencia es fruto del consenso. Lo primero, porque el centrista (CDS) Carlos Sánchez Reyes fué presidente hasta julio de 1991; lo segundo, porque no puede ser de consenso un presidente elegido exclusivamente con los votos del segundo y el tercer grupo parlamentario, sin el apoyo del primero, que presentó su propia candidatura. Confundir mayoría con consenso constituye simplemente una burda patraña.
Pero tampoco vamos a sorprendernos ahora del grado de calidad democrática del nuevo presidente de las Cortes, quien por otra parte, conocida la obsequiosidad mostrada hacia el PP durante la pasada legislatura, reúne el perfil más que adecuado para ocupar ese cargo dentro de la componenda a la que han llegado ambos partidos. A decir verdad, si juzgáramos por la trayectoria parlamentaria seguida por Ciudadanos durante los últimos cuatro años, el actual enjuague puede resultar de todo menos sorprendente.
Lo que había dado lugar al espejismo de una alternancia política en la comunidad no era esa trayectoria ni tampoco la errática actitud de Rivera, sino la firmeza con la que un candidato con la credibilidad de Igea apostó sin ambages por “el cambio y la regeneración democrática” en una comunidad políticamente envilecida por 32 años de gobierno clientelar salpicado hasta las cejas por la corrupción. Esa es la gran decepción y su responsable no es el voluble presidente de Ciudadanos, sino el candidato que sustentó su campaña electoral en unos principios que ahora incumple con toda la desfachatez del mundo.
Igea y Rivera: La rebelión acaba en sumisión

La trasmutación de Francisco Igea.- Igea, que se había acreditado como un solvente diputado del Congreso, dio un gran salto en reputación y credibilidad el día en que tuvo agallas para plantar cara a Albert Rivera y oponerse al fichaje de Silvia Clemente como candidata del partido a la presidencia de la Junta. Como impulsado por un resorte, abandonó en ese momento la “zona de confort” del Congreso para combatir a Clemente y enfrentarse al aparato nacional del partido en unas primarias a cara de perro que acabaron sacando a la luz un “pucherazo” del que por cierto nadie se ha hecho responsable y cuya autoría sigue manteniéndose oculta.

En ese episodio, nada baladí, se forjó la imagen de un político capaz de poner en juego su carrera política con tal de preservar los ideales que le habían llevado a militar en Ciudadanos. Un político cabal que osaba desafiar al endiosado líder de su partido, aún a riesgo de fracasar en el intento y verse condenado al ostracismo. De ahí la enorme decepción actual. 

¿Cómo es posible que el mismo político que se declaró en rebeldía contra Rivera por no estar de acuerdo con el fichaje de Clemente, se pliegue ahora dócilmente a los caprichosos designios de la cúpula de su partido, renunciando con ello a sus principios, defraudando a sus propios electores, como él mismo ha reconocido, y tirando por tierra todo su prestigio político y personal?

Está es la cuestión. Si el “cambiazo” de la bolita de los cubiletes lo hubiera dado cualquier otro, de nada nos hubiéramos extrañado. Pero Igea tenía credibilidad, el más preciado de los activos de que puede disponer un político. Y de ahí el estigma de político farsante y sin escrúpulos que le perseguirá de por vida.

Por de pronto, el llamado “Acuerdo para el Gobierno de Castilla y León” rebaja no poco las exigencias iniciales de Ciudadanos en materia de “regeneración democrática”, alguna de las cuales ni siquiera pueden garantizar por sí solos ambos partidos, caso de la supresión de los aforamientos, que requiere una reforma del Estatuto de Autonomía inviable sin la anuencia del PSOE.

El Colegio de la Asunción, a la espera de sus nuevos inquilinos

Y bochorno debería producir que la primera de las medidas anunciadas sea la de reforzar la protección de los funcionarios informantes de casos de corrupción en la Administración Autonómica, reconocimiento implícito de la inutilidad de la ley aprobada al efecto durante la pasada legislatura con el único apoyo de ambos partidos, normativa que, en lugar de proteger a los denunciantes, suponía una amenaza para ellos. (De hecho, no se tiene noticia de que dicha Ley haya alentado ninguna denuncia, y no precisamente porque no hubiera motivo para ello).

De repente, el veto de Ciudadanos a la continuidad de los presidentes de Diputación que llevaran ya 8 años en el cargo ha decaído: Ahora la retroactividad empieza a contar a partir de 2015 y la limitación solo afecta a las instituciones donde haya pacto de gobierno, lo que excluye de tal veto a los todavía presidentes de las Diputaciones de Valladolid y Burgos. Y tampoco recoge nada el documento sobre el presunto apaño de que las presidencias de las Diputaciones de Burgos y Segovia recaigan en Ciudadanos. (Se ignora si tras el ridículo del ayuntamiento de Burgos y el papelón del nuevo alcalde de Palencia, los de Rivera han dado marcha atrás en ese contraproducente empeño).
Hace una semana concluía este espacio calificando de “lampedusiana” la evolución de los acontecimientos. Rectifico. Había una cosa peor que después de 32 años el PP siguiera en la Junta de Castilla y León: Que vaya a seguir en comandita de otro partido, Ciudadanos, que, lejos de regenerar nada, tiene todos los visos de venir a degradar aún más las instituciones de gobierno de esta comunidad. Demoles tiempo y no tardaremos en comprobarlo.

LA AGONÍA DEL CRISTIANISMO

9 Jun

190609 LS

“Europa” y “Cristiandad” estuvieron siempre tan unidos que hasta no hace demasiado tiempo la primera no podía entenderse sin la segunda. Sin embargo, a partir de los años 70´ del pasado siglo, momento en que el paradigma de la secularización cobró carta de ciudadanía, la hoy exhausta y relativista Europa (a excepción quizás de una Rusia que muy poco por no decir nada quiere saber de los diversos cánceres inoculados aquí por la postmodernidad y donde la rama ortodoxa muestra gran pujanza) le ha dado la espalda al cristianismo en general y al catolicismo en particular.

      En lo tocante a ello, parece claro que el Nuevo Orden Mundial fraguado desde entonces está vivamente interesado en reedificar – olvidando las aberraciones provocadas por aquellas corrientes totalitarias que en el pasado fueron hostiles a la idea de un Dios creador, llámense comunismo o nazismo – un viejo continente ajeno al credo cristiano.

      Básicamente porque el mismo (en esencia crítico con la desprotección de los débiles y defensor de la dignidad humana) supone (contra la creencia de muchos mindundis con vocación de asaltacapillas) un obstáculo para los globalistas en su propósito de reducirnos a la simple categoría de mercancías en este capitalismo orwelliano que transfiere sin cesar riquezas desde las clases medias y trabajadoras hacia las élites extractivas mientras ejerce un control asfixiante sobre unas pseudodemocracias donde se alternan gobiernos social progres y liberal conservadores (que tanto monta, monta tanto), ambos hacedores de políticas económicas lesivas para con los trabajadores y propiciadores de políticas sociales hostiles para con lo antropológico.

      Claro que, en este proceso aniquilador de uno de los pilares de nuestro pensamiento, costumbres e identidad, la responsabilidad de la propia Iglesia – y me refiero a la católica, institución antaño recia, valerosa y aristocrática, hoy mundana, apocada y cuasi cómplice del marxismo cultural dominante en lo ideológico y de la plutocracia en lo político – es enorme. 

      Una Iglesia que desde principios de los años 60´ (cuando quiso modernizarse, popularizarse, abrirse, coger el tren de los tiempos en definitiva para ser mejor vista y tolerada por unas sociedades que se racionalizaban e individualizaban a pasos agigantados, sin darse cuenta que las cosas más duraderas y me atrevería a decir que más atrayentes son aquellas que se aferran a lo Absoluto, a lo Eterno, a lo Inmutable, todo lo contrario de lo “democrático”, lo “progresista” o lo “igualitario”) ha asumido el discurso de su mortal enemigo masónico y en la que, a estas alturas del siglo XXI, gobierna un Papa oenegeísta adicto al postureo multikultureta y alérgico a la doctrina rodeado de una corte de saduceos solo preocupados por el poder y/o el dinero obviando que precisamente la grandeza de la civilización cristiana (y lo que la hace un adversario temible para la actual tiranía mundialista) reside en situar lo espiritual por encima de lo material.

     Es verdad que las religiones no desaparecen al igual que lo hacemos las personas, sino que estaríamos hablando de un proceso de siglos. Pero después del Concilio Vaticano II bien se podría afirmar que lo que se ha producido en el Occidente europeo católico – no así en África o Suramérica, todo hay que decirlo – ha sido una auténtica apostasía masiva.

      De producirse tal desaparición, no solo se iría con ella la misma Europa (al menos tal como la conocemos ahora). Ocurriría algo mucho peor: sin la aceptación de la existencia y tutela de Cristo, viviríamos ya en el nihilismo, en la animalidad de un mundo sin verdad moral alguna donde seríamos poco menos que ovejas atadas al pesebre consumista para finalmente ser sacrificadas en el altar del voraz e implacable Moloch neoliberal.

 

 

                                                                  RICARDO HERRERAS