Adrián de Pedro, hermano de Alejandro de Pedro vendía al PP falsos fans en TW y FB y diarios fraudulentos

 De http://ESPIAENELCONGRESO.COM/2015/09/25/adrian-de-pedro-confiesa-por-el-estado-de-mi-hermano/

Adrián de Pedro confiesa “por el estado de mi hermano”

Publicado septiembre 25, 2015

El hermano de Alejandro vendía al PP falsos fans en TW y FB y diarios fraudulentos

Isabel (PP), asesinada, Marcos (PP), encarcelado, “Diario Bernabeu”… Los clientes de Adrián de Pedro, hermano de Alejandro de Pedro, el cerebro de la Púnica, y las referencias de éste a aquel son constantes a lo largo del sumario. En los interrogatorios, cuando se le tuercen las cosas, Alejandro dice que quien iba a los concursos públicos era su hermano Adrián, como ocurrió en Majadahonda. Y cuando compareció ante el juez, Adrián de Pedro dijo que lo hacía en su nombre solo “por el estado (de salud) de mi hermano”. “Al PP le facturaron por servicios de estrategia de comunicación de sus candidatos”, señalan los fiscales y esta grabación íntegra de su interrogatorio, que “Espía en el Congreso” ofrece a través de Radio 3w.com, se vislumbra que el hermano sabe más de lo que calla.

Ante el magistrado y la fiscal habló de sus negocios y de los que conocía: con Alonso Conesa (Sacyr), con la política leonesa asesinada, Isabel Carrasco(PP), con el encarcelado presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP). Relató a la policía como creaba sus “cinco o seis” diarios digitales fraudulentos, comprando falsos fans en Twitter (TW) y Facebook (FB), como se extendían por Astorga, Ponferrada, León, Salamanca, Valladolid, Gandía… Incluso menciona el “Diario Bernabeu” del Real Madrid y desvela que trabajaba para Ignacio González (PP), el presidente madrileño cesado también por corrupción.

Según descubrió el periodista Joaquín Gil, el informático Adrián de Pedro es socio en Panamá del político socialista y ex alcalde cartagenero Alonso Conesa, otra pieza clave de la trama. “No voy a decir nada. Solo soy un trabajador más. Todo se aclarará en su momento”, respondía cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco enviaba a prisión a su hermanoAlejandro. “Se le considera el captador de negocios en Valencia de la red corrupta que fraguó negocios con los Ayuntamientos gobernados por el PP de Gandía, Denia o Valencia”, señala Gil. Y añade: “La madeja societaria de la red Púnica se extiende a Panamá. La firma Bonanno Media SA, inscrita en este país, incluye en su organigrama al exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso y al hermano del ingeniero informático que actuaba como conseguidor de negocios de la trama en Valencia. La empresa se registró el pasado mayo con un capital de 10.000 dólares (7.970 euros), según el portal Panadata, que procesa información del registro público de Panamá. Alonso y Adrián De Pedro recurrieron para la inscripción de la sociedad al agente financiero Adams & Adams. Su web ensalza el país centroamericano como un destino de bancos off shore (paraíso fiscal) donde se protege la confidencialidad de la información”.

Adrian de Pedro sigue operativo y ahora se presenta así en su nueva web: “Hola, soy Adrián de Pedro, especialista SEO y en reputación online; de Valencia. Ingeniero técnico informático por la UPV, me considero un privilegiado por dedicarme a lo que, a día de hoy, es mi pasión: el SEO y la reputación online de marcas, en España y en el extranjero. Actualmente desarrollo trabajos de marketing digital para diversos clientes, junto a otros profesionales de internet especialistas en Analítica, SEO y Diseño web en una nueva aventura Marketing Salmón. Tras finalizar un periodo apasionante de cinco años en el que he tenido la oportunidad de dirigir a un equipo de profesionales de internet trabajando para las principales marcas de este país”.

Sin embargo, Adrián de Pedro se mueve mejor entre las sombras de la política que a la luz de los focos. En su empresa Bonanno Media SA, donde tiene como socio al ex alcalde socialistaAlonso Conesa, figura como suscriptor Rafael Montenegro Otero, que, además, en el registro público panameño aparece vinculado a otras trescientas sociedades. Alonso Conesa y su hermano Alejandro de Pedro son socios enMadiva Editorial y Publicidad SL, la empresa que firmó un contrato con el Instituto de Turismo de la Región que está siendo investigado por el juez por su vinculación a la trama. El exregidor es sospechoso de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsedad documental y fraude, según el auto del magistrado, que llega a situarle como «cabeza de un entramado de tráfico de influencias».

Para Velasco, ha quedado «acreditado» que Alonso «se ha concertado con diversas autoridades en Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas». En definitiva, le atribuye un papel de conseguidor tanto en el contrato con el Instituto de Turismo -que ha provocado tres dimisiones en la Consejería de Industria y Turismo- como en otros firmados en Madrid y León. Precisamente, el presidente de la Diputación de León y alcalde del municipio de Cuadros, Marcos Martínez, detenido por su vinculación con la misma trama, admitió ante el juez que contactó con Alonso, según publicó ‘Diario de León’. «Hablamos de otras cosas y, desde luego, nunca de asuntos de este tipo. No tenía nada que ver con todo esto», defendió Martínez. Sin embargo, el juez cree que el político puso en marcha varios procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro, en los que solo resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro. A cambio, influiría en sus contactos para que el PP le mantuviera en el puesto.

Periodista Digital revela también que Alejandro de Pedro fue administrador único de Inofertas Online desde su constitución, en abril de 2012, hasta marzo de 2014, fecha en la que su hermano, Adrián de Pedro pasa a ocupar el cargo de administrador único de la sociedad.Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, le consta por objeto social el comercio al por mayor y al por menor, vía internet (on line) de ropa de moda, accesorios y complementos; distribución comercial; importación y exportación de estos productos, excluyendo las actividades que estén sometidas a legislación especial. El capital social de Inofertas asciende a los 10.000 € y le figura domicilio social en Valencia, en la calle La Costera, nº 2, 4 A. Se da la circunstancia de que este domicilio, que también era sede social de Ciberprevención SL, es un bloque de viviendas residencial.

Los periodistas Alsedo y Vázquez también pusieron a Adrián de Pedro en apuros con sus revelaciones: “Púnica compró fans en Facebook y Twitter para Ignacio González. El hermano de Alejandro de Pedro, dueño de las empresa de reputación ‘online’ usadas por la Comunidad de Madrid, dijo a la UCO que ‘posiblemente’ se le compraron seguidores. Le gestionaban su blog y páginas personales”, titularon en una de sus informaciones. Y lo explicaban: “La red Púnica “posiblemente” compró fans en Facebook y Twitter para el ya ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Así lo declaró a la UCO Adrián de Pedro, hermano de Alejandro, dueño de Eico y Madiva, dos de las firmas de posicionamiento y reputación ‘online’. A González las empresas de De Pedro “le llevan las redes sociales suyas” y “tienen que ir con mucha cautela respecto a este asunto”, dijo Adrián de Pedro a la Guardia Civil, según consta en el sumario. “Otra de las cosas que se hacen son la reputación en Google para que salgan noticias positivas“, y “posiblemente también se le han comprado fans a través de Facebook y Twiter, que en este caso lo haría su hermano [por Alejandro]“, señaló a los agentes De Pedro.

“Eico recibió pagos de Indra, pero Adrián de Pedro admitió a la UCO que no habían realizado trabajos para esa empresa: fue Salvador Victoria, como se evidencia en varios pinchazos, quien obligó a Indra a pagar trabajos de reputación online de Eico a De Pedro, para lo que un ejecutivo de la firma se reunió con el conseguidor en un coche de lujo (“un Audi o un BMW”) aparcado en un centro comercial de La Moraleja. Allí se trasvasaron, después de las presiones de Victoria, número 2 de González en el Gobierno madrileño, 10.000 euros. Adrián de Pedro declaró a la UCO que la Comunidad dejó a deberles 140.000 euros”.

Programa completo
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1- “Comparezco por el estado de mi hermano”

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2- Los falsos diarios digitales y el “Diario Bernabeu” del Real Madrid

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3- Los “servicios” a Ignacio González (PP)

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Barcelona para a Artur Mas y Rajoy: Cs y CUP ganan el 27-J

de  http://espiaenelcongreso.com/2015/09/28/barcelona-artur-mas-rajoy-cs-cup-ganan-27-j/

Trampa de los partidos: el voto en Barcelona vale la mitad que en Tarragona, Girona y Lleida.

• 1,2 MILLONES DE CATALANES ATIENDEN EL LLAMAMIENTO A LA ABSTENCIÓN

Publicado septiembre 28, 2015

Trampa de los partidos: el voto en Barcelona vale la mitad que en Tarragona, Girona y Lleida. EnBarcelona votaron 4 millones de catalanes (85 escaños), pero los partidos, conscientes de que el dinamismo de la sociedad civil en una gran ciudad les perjudica, priman por ello los caciquismos de los territorios periféricos y prácticamente los igualan: Tarragona (410.000 votos, 18 escaños),Girona (380.000, 17 escaños), Lleida (226.000, 15 escaños). Es otra de las trampas de la partitocracia: si un ciudadan@ = un voto es una máxima democrática, en España se incumple flagrantemente y por ello en Cataluña igual: 1 millón de votos periféricos (3 provincias) aportan 50 escaños y 4 millones de catalanes de Barcelona no son representados por 200, como les correspondería, sino solo por 85, prácticamente la mitad. Quiere esto decir que el voto de un gironés, tarraconense o ilerdense vale el doble que el de un barcelonés.

Aún así y a pesar de este handicap ha sido Barcelona la que ha logrado parar las estratagemas de Artur Mas (CDC), Oriol Jonqueras (ERC) yMariano Rajoy (PP) para perpetuar el actual y declinante ciclo político y ha castigado prácticamente a todos los partidos salvo a Ciudadanos (Cs) y las CUP, que obtienen un indiscutible éxito electoral. JxSí pierde 9 escaños y baja del 43% al 39%, descenso que sería aún mayor si se computara la abstención. La segunda derrota más abultada es la del Partido Popular (PP), que pierde 8 escaños y ya queda en penúltimo lugar. La tercera derrota más clara es la de los socialistas del PSC, que vuelven a bajar 4 escaños. También pierde Podemos, que presentándose en alianza con ICV, la rama catalana de Izquierda Unida, no llega a los 13 escaños anteriores y pierde dos, quizás también arañados por la CUP. Los triunfadores son muy claros: Cs sube de 9 a 25 (+ 16), lo que significa que arrebata los 8 escaños del PP, los 4 del PSC y otros 4 que rebaña a otros partidos fuera de su espectro ideológico y nuevos votantes. La otra subida es la de la CUP (+ 7), muy seguramente a costa de JxSí y Podemos.

Como curiosidad hay que analizar también otros “restos”: el Partido Pirata pierde 17.000 votos y desaparece, al igual que los 14.000 de UPyD. Los 60.000 votos de la derecha de Plataforma per Catalunya también son una incógnita: o bien han salvado del absoluto naufragio al PP, o se han ido a la abstención o incluso algunos a Cs. El animalista PACMA sube de 20.000 a 30.000 votos y los 100.000 de la Unió de Durán Lleida y Sánchez Llibre también se quedan en el tintero del extraparlamentarismo.

Si prescindimos de la distorsión que significa reducir el peso de los votantes de Barcelonay aún con ella, comprobamos por qué a pesar de la victoria en escaños del teórico independentismo (JxSí + CUP), éste no alcanza la legitimidad electoral de un proceso de este calibre. La CUP advertía antes de los comicios que esa legitimidad requería un 55% de los votantes (prescindiendo también de la abstención a pesar de que los suyos eran electores previamente abstecionistas), pero ambos partidos se han quedado en el 48%. Eso puede explicar por qué la mayoría de los titulares de la prensa oficial hablan de victoria “a medias” de ambas plataformas.

Así, Barcelona capital ha decantado la balanza y anticipa, como suele ocurrir en las grandes ciudades, futuras tendencias de la periferia: en la capital el PP pierde 40.000 votos y pasa de segunda a ¡sexta fuerza política! y permanece igual en la provincia barcelonesa. La alianza CDC-ERC pierde también 15.000 votos en la capital, pero se queda igual en la provincia, el PSC pierde 3000 sufragios capitalinos y mantiene los de la periferia barcelonesa y la alianza Podemos-IUpierde 10.000 votos en Barcelona y gana 6.000 en la provincia. El despegue de Cs y las CUP enBarcelona es espectacular: los de Albert Riveraganan 80.000 votos en la capital y casi 350.000 contando la provincia, mientras que las CUP suben en Barcelona 55.000 votos y en toda su provincia 160.000.

JxSí: 1.616.962 (39,57%). Escaños: 62 (CiU y ERC tenían 71, luego con la nueva marca pierden 9 escaños aunque solo 8.000 votos). Análisis: a la candidatura de Artur Mas (CDC), Oriol Junqueras (ERC) y Raul Romeva (indep) le respaldaron prácticamente los mismos que votaban a los viejos partidos, pero si tenemos en cuenta las 102.000 “fugas” de la UDC de Durán(extraparlamentario) y el subidón de la CUP(110.000) es fácil adivinar cuánto aportaron los independientes: aproximadamente 200.000 votos, suficientes para maquillar algo la debacle de ambos partidos, muy castigados por la corrupción o su amparo. Lo que no pudieron es evitar la disminución de 9 escaños porque a pesar de la concentración de la nueva marca, la dispersión de su voto tradicional y el desgaste de los dos viejos partidos y de sus candidatos fue un peso muerto (-200.000 votos) que los candidatos independientes no pudieron superar del todo. Aún así, en esta candidatura los políticos profesionales no copan todos los escaños y de hecho la CUP ya ha advertido que no votará a Artur Mas, lo que perfila a Romeva o a un “tapado” o “tapada” como próximo presidente/a de la Generalitat.

Abstención: 1.195.168 (22,56%). Votaron 445.000 personas más que en 2012 pero eso no significa “éxito de participación”, como coinciden todos los diarios oficiales: ningún medio de comunicación cuenta a los abstencionistas, sean estos activos o no, y lo cierto es que en Cataluña son la segunda opción, cifra con la que a cualquier sistema político le es difícil legitimarse. Quiere esto decir que entre 40 y 50 escaños (el cálculo matemático puro sería de 46 actas) son deslegitimadoras del régimen de partidos, por mucho que éstos se encarguen de silenciarlo. Losvotos en blanco (21.880)(0,41%) y nulos (15.865)(0,3%) han sido esta vez más residuales que en 2012, que llegaron hasta los 85.000 entre ambos.

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Acosados por denunciar casos de corrupción: historias de ‘funcionarios coraje’

de  http://www.ELPLURAL.COM/2015/09/25/acosados-por-denunciar-casos-de-corrupcion-historias-de-funcionarios-coraje/   

Un interventor, una técnico, un gerente…. Gentes que sufren la venganza de quienes han denunciado, y que les arrinconan con demandas pagadas, paradójicamente, con el dinero público que ellos defienden

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¿Denunciarías un caso de corrupción? Antes de contestar, piensa en las consecuencias de una respuesta afirmativa. Porque en caso de hacer lo que moralmente se debe, te enfrentas a una más que probable pérdida de tu trabajo. Y aún más, es también posible que tardes años en encontrar uno nuevo. Revisa tu cuenta bancaria porque tienes que estar preparado para los gastos jurídicos que te esperan. Tu abogado, las tasas, el procurador y demás, saldrán de tu bolsillo, pero el ayuntamiento o la institución que toque se estará defendiendo con el dinero de los contribuyentes, lo que se traduce en: gasto ilimitado.

Esperemos que tus compañeros de trabajo sean tan honrados y valientes como tú, porque si no, es muy posible que te den de lado, incluso puede que testifiquen en tu contra por miedo, porque habrán recibido las mismas amenazas que tú. Esto te desmoralizará así que puede que tengas que recurrir a ayuda psicológica, que nuevamente, pagarás de tu bolsillo.

Tal vez pienses que este es el guión de una película de terror o que hablo de alguna república bananera de algún país muy muy lejano, donde no se protegen los derechos y garantías de los ciudadanos, pero esto ocurre en nuestro país, seguro que en tu ciudad y tal vez sea el caso de alguno de tus vecinos. Así viven personas como Ana Garrido, Itziar González, Albert Gadea, Maite Carol o Fernando Urruticoechea.

La figura del interventor, o como gastar el dinero del Estado sin sentido
Para quienes no lo sepan, las principales funciones de un interventor son el control y la fiscalización de la legalidad de los gastos, así como de los ingresos públicos en la administración. Cada ayuntamiento español (hay más de 8.000) cuenta con un interventor, funcionario del Estado.

Fernando Urruticoechea es interventor desde hace más de 20 años, pero no es como la mayoría. En este tiempo ha presentado más de 1.000 informes de ilegalidad. ¿A quién se los presenta? Al alcalde al que acusa de actuar de forma irregular. ¿Y si éste decide ignorar su informe? Entonces nada, ahí se queda todo, porque los interventores no tienen un órgano o instancia superior a la que denunciar la ilegalidad cometida. “Han llegado a tirar mis informes a la basura delante de mí; saben que no podemos hacer nada” dice a ELPLURAL.COM.

Su tenacidad a la hora de defender el dinero público le obliga a cambiar de Ayuntamiento como mucho cada cinco años, sometido a presiones, acoso y aislamiento insostenibles para cualquier ser humano. La amenaza habitual: solicitar al Ministerio (Hacienda y Administraciones públicas) que se le abra un expediente disciplinario que puede dejarle sin empleo a pesar de haber aprobado las oposiciones del Estado. El colmo del sinsentido. El interventor no puede hacer nada por defender el dinero público, pero puede ser expulsado si molesta demasiado al alcalde de turno.

Como Fernando cree que tiene que defender el dinero de los contribuyentes, que somos quienes además le pagamos su sueldo, molestó mucho al alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio (PP), conocido en la localidad alicantina como ‘el faraón de Crevillente’ por su gusto por la egiptología, que le llevó a construir un obelisco en su municipio en 2007, de 37 metros de altura, recubierto de vidrio y que costó cerca de 600.000 euroa Asencio lleva 20 años en el cargo, así que la llegada de Fernando a su Ayuntamiento y sus cerca de 100 informes de ilegalidad, llevaron al ‘alcalde-faraón’ a presentar 54 acusaciones de faltas graves o muy graves contra el interventor en febrero de 2013.

El instructor del caso las archivó rebatiendo en más de 100 páginas cada una de las acusaciones. Pero la resolución tardó más de un año en llegar y cuando Fernando creía que todo había acabado (junio 2014) el alcalde presentó nueve acusaciones nuevas. El nuevo instructor resolverá el expediente, previsiblemente, este próximo mes de octubre.

Fernando está sufriendo esta situación porque sus informes relataban las ilegalidades cometidas en torno a los servicios, especialmente de aguas y de basuras, como pasa en una buena parte de los ayuntamientos, una vez agotado el boom urbanístico. Hoy por hoy, son el mejor trozo del pastel que llevan comiéndose años y años las administraciones públicas, caracterizadas por “el descontrol total y la irresponsabilidad absoluta” según Fernando, que asegura a este periódico que “no he estado en ningún ayuntamiento en el que no hubiera corrupción”.

Tan grave fue la que encontró en el Ayuntamiento de Castro Uridiales que lo denunció ante los tribunales en 2004. El caso se archivó año y medio después hasta que un nuevo juez lo reabrió. De aquel proceso reabierto, que se ha alargado casi 10 años, hay 15 condenados y 158 imputados en diversas causas.

La defensa del que denuncia la corrupción es la clave para cortarla de raíz
Tan sencillo como eso. Si el funcionario que ve pasar la ilegalidad por delante de sus ojos se sabe protegido, lo más probable es que lo denuncie, porque es su trabajo, y por honradez. Fernando nos cuenta que no todos los interventores se la juegan como él, entre otras cosas, por miedo. “Muchos sobreviven mirando hacia otro lado”, algo que se podría evitar si tuvieran una instancia u órgano superior al que elevar sus informes de ilegalidad y si además supieran que serán protegidos de presiones y amenazas. Por ejemplo, si los costes del posible proceso judicial que de ello devenga, se sufragaran también con dinero público, como ocurre con los ayuntamientos.

Son las mismas demandas de Ana Garrido, que se negó a ceder a las presiones de sus jefes en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la localidad madrileña en la que trabajó como técnico de juventud durante más de 20 años. Con su ayuda se destapó uno de los casos de corrupción más sangrantes de nuestro país, la trama Gürtel.

Las consecuencias de comportarse con ética: perdió su trabajo, ha sufrido acoso por parte de sus jefes del Ayuntamiento de Boadilla (dos sentencias lo corroboran), ha perdido una casa y ahora vive con unos amigos porque ha tenido que alquilar la suya para hacer frente a los gastos que le ha supuesto que el ayuntamiento recurra en dos ocasiones (recuerda que lo hace con dinero público) la sentencia que le condena a indemnizarla.

Tuvo que dejar la terapia porque, literalmente, está arruinada. “Mi vida consiste en defenderme” asegura a ELPLURAL.COM, y sufre lo que ella misma denomina como “la tortura del siglo XXI”. Con todo y con eso, Ana sigue luchando porque entiende que hizo lo correcto y porque sabe que, si existiesen medidas que protegieran a quienes denuncian la corrupción, serían muchos más los funcionarios que se animarían a hacerlo, un paso de gigante para acabar con la corrupción.

La protección jurídica y laboral es también clave para Albert Gadea, ex director gerente de planificación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y que, junto a la interventora Maite Carol, testificaron y colaboraron con la justicia en el caso Pretoria. Entre los dos han pagado unos 15.000 euros en abogados cuando se querellaron contra la alcaldesa ante el despido de ella (era interina en aquel momento) y el mobbing al que fue sometido él (no le podían echar, pero sí hacerle la vida imposible). “Visitamos tres despachos de abogados antes de encontrar a uno que quisiera defendernos” cuenta a ELPLURAL.COM Albert, porque el caso Pretoria tenía la particularidad de salpicar a PSC, CiU y PP, así que varios despachos tenían relaciones comerciales con uno u otro partido.

IU, Podemos, Ciudadanos y UPyD se comprometen con la causa en ELPLURAL.COM
Ante tales atrocidades, un periodista, Pablo Herreros, ha decidido unir a todos ellos y a algunos más para exigir medidas que les protejan cuando, cumpliendo con su trabajo y su deber, denuncian casos de corrupción.  Lo ha hecho a través de la plataforma Change.org (aquí pueden consultar y firmar la petición), reclamando a los candidatos a la Presidencia que se comprometan a adoptar medidas en este sentido si son elegidos. Les puedo adelantar que, al menos los cuatro partidos citados, en boca de sus líderes en algunos casos, se han comprometido en este periódico a adoptar medidas que protejan a los denunciantes de corrupción. Pronto más detalles. ¿Se comprometerán PP y PSOE?

OPERACIÓN PATOS.Imputadas 46 nuevas personas, entre ellos el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero y muchos cargos del PP

 ‘operación Patos’ .Imputadas 46 nuevas personas, entre  ellos el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero y tres de sus ediles y muchos cargos del PP como la delegada de la Xunta en Vigo y 2 expresidentes de la  Diputación de Pontevedra

de http://www.ELPLURAL.COM/2015/09/25/el-delfin-feijoo-seriamente-tocado-imputan-a-parte-de-su-cupula-en-la-xunta-y-en-el-pp-gallego/

El ‘delfín’ Feijóo, seriamente tocado: imputan a parte de su cúpula en la Xunta y en el PP gallego

El PSdG también ha sido golpeado con fuerza por la ‘operación Patos’ con la imputación del alcalde de Vigo y tres de sus ediles; la dirección socialista le apartará de sus cargos si se le abre juicio oral

ELPLURAL.COM informaba este jueves de cómo el ‘caso Patos’ en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de obras y contrataciones en las administraciones locales, provinciales y autonómicas de Galicia había salpicado al propio presidente, al que su delegada en Vigo agradecía determinados nombramientos. Esa delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, acaba de ser imputada por el juez de la operación. El caso de Bravo Bosch es uno de los más comprometedores para el presidente porque él mismo aparece en un informe de la UDEF al respecto, pero en realidad todo el caso en sí desestabiliza a toda la estructura del PP gallego y complica seriamente las aspiraciones nacionales del ‘delfín’ Feijóo. Con razón se justifica ayer diciendo que no ponía “la mano en el fuego” por nadie…

La delegada en Vigo y dos altos cargos del PP gallego
Las ramificaciones del caso en diferentes lugares de Galicia ha llevado a la juez de instrucción 7 de Vigo a imputar en la causa de la ‘operación Patos’ a 46 nuevas personas, muchos de ellos cargos populares. Los principales, además de la citada delegada de la Xunta, son el expresidente de la Diputación de Pontevedra y jefe del PP provincial, Rafael Louzán o el exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra y líder del PP de Vigo, José Manuel Figueroa. Louzán, Figueroa y Bravo Bosch están imputados por supuestos amaños de contratos y obras públicas y, adicionalmente, la recepción de regalos, excepto la delegada de la Xunta.

Operación iniciada en 2014
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han informado de que uno de los dos autos dictados por la instructora de la Operación Patos acuerda la creación de una pieza separada, que ella asumirá, sobre los hechos investigados en el partido judicial de Nigrán, y en el mismo imputa a 16 personas. En un segundo auto, relativo a la pieza principal, imputa a otras 34 personas. Por el momento no hay fecha para la toma de declaraciones de los imputados.

La Operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña, cuyo dueño mantenía según la UDEF una fuerte influencia sobre la delegada de la Xunta en Vigo. La investigación ha incluido por el momento registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense. También hubo registros en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio del Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.

Imputado el alcalde socialista de Vigo y tres de sus ediles
El caso ha golpeado también con fuerza al PSdG, ya que ha sido imputado el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, así como tres de sus ediles: el de Fomento, David Regades, el de Parques y Jardines, Ángel Rivas, e Isaura Abelairas, Política Social. Caballero está imputado por recepción de regalos, que acaba de ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El PSOE confía en la inocencia de Caballero: habrá medidas si hay juicio oral
La dirección federal del PSOE ha mostrado hoy su “confianza absoluta” en la inocencia de Caballero y ha señalado que no le exigirá que renuncie a sus cargos si no se le abre juicio oral. El partido no tomará de momento medidas disciplinarias contra Caballero ni le pedirá que renuncie a sus cargos porque, según han recordado las fuentes, el código ético de este partido dice que esa exigencia llega a partir de la apertura de juicio oral. Este código ético establece que los cargos públicos u orgánicos socialistas deben dimitir en el momento de apertura de juicio oral.

“A los exiliados españoles México les puso un barco, ahora solo se ponen concertinas y vallas”

de  http://www.ELDIARIO.ES/aragon/sociedad/exiliados-espanoles-Mexico-concertinas-vallas_0_433257056.html  

• eldiario.es Aragón /
• Sociedad

“La foto de Aylan impactó porque viste como nuestros niños y la gente piensa que podría ser el suyo”

“¿Qué porcentaje de muertos estamos dispuestos a asumir?”

“Para algunas cosas, como ir a la guerra, los gobiernos se arriesgan fácilmente; ahora dicen que hay que ser prudentes y cautos”.

Óscar F. Civieta  – Zaragoza

21/09/2015 – 22:07h

María Jesús Sanz. Foto: Juan Manzanara

María Jesús Sanz (Zaragoza, 1961). Es vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), una organización integrada por 50 entidades de la Comunidad. Forma parte de ella desde su fundación, en 1994, y llegó gracias a su trabajo en la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).

Precisamente en las oficinas de Ecodes hemos quedado con ella. Esperamos tres minutos y llega con prisas, son días de intenso trabajo si de solidaridad se trata. La crisis de los refugiados sirios ocupa bastantes horas de su vida en los últimas semanas. Los gobiernos, dice, son “mucho más mediocres que los ciudadanos y se tientan demasiado las carnes”. “Estamos dando una imagen de vergüenza total y absoluta”.

Lleva muchos años implicada en proyectos solidarios, ¿cómo está la calle en solidaridad?

Muy bien, aunque hemos pasado momentos malos, nunca hemos estado especialmente mal. La prueba es como se está volcando la gente con el tema de los refugiados. Es más, hay que pedirles un poco de paciencia. Al ofrecimiento que hace el ciudadano de a pie para contrarrestar lo que no hacen los gobiernos hay que darle una respuesta adecuada.

¿Por qué surge una organización como esta?

Por aunar fuerzas. Se han ido consiguiendo cosas, pero no con la rapidez deseada. Es mucho más fácil lograrlas todos unidos. Incluso a la Administración le hemos facilitado el trabajo, porque no tiene que ir hablando una con una. Llama a la FAS y eso ya sirve de altavoz.

¿Les ponen problemas en las instituciones cuando meten la nariz en ciertos temas?

Para meter la nariz, no. Siempre han sido receptivos y nos han escuchado. La relación ha sido cordial. Con el Ayuntamiento de Zaragoza ya nos hemos reunido y hay buena sintonía. También con el Gobierno autonómico. El problema del anterior Ejecutivo fue que los recortes fueron tremendos.

¿Les han escuchado y ya está, o ha servido para algo?

En esto se nota mucho la parte económica. Aunque no nos guste centrar nuestro discurso en esa parcela, una de nuestras principales reivindicaciones es el 0,7 %, que no se ha logrado, ni siquiera un compromiso con gobiernos socialistas. Por ejemplo en educación para el desarrollo o comercio justo hemos ido dando pasitos.

¿Cómo trabaja la FAS?

Está la asamblea, formada por las 50 organizaciones. Ahí se constituye un grupo de trabajo permanente en el que están el presidente, la vicepresidencia y vocales que establecen las líneas de trabajo.

Sanz está en la FAS desde 1994. Foto: Juan Manzanara

¿Se hace complicado, al englobar tantas organizaciones, delimitar o priorizar qué es lo más importante?

En determinar lo importante, no, podemos tener divergencias en la manera de enfocarlo. La solidaridad y la generosidad son unos de los valores de la Federación. No hay egocentrismo. Yo soy de Ecodes, pero soy la vicepresidenta de la FAS. Todos ponemos recursos para el común.

¿De dónde saca dinero la FAS?

De las cuotas de las organizaciones que forman parte; esa cuota, además, es proporcional a los ingresos que cada una tiene por los proyectos de cooperación al desarrollo. También tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y, algunos años, hemos firmado convenio con el Gobierno de Aragón.

Han comenzado ahora una campaña con el Consistorio zaragozano que se llama ‘Estamos conectados’, ¿en qué consiste?

Lo que pretendemos es que la ciudadanía sepa más de primera mano qué es lo que se hace en cooperación. Muchas veces no se valora lo que no se conoce y para tratar de formar a esa sociedad en valores hay que mostrarle lo que se está haciendo. Queremos que la gente sepa qué es la cooperación al desarrollo y que sirva de puerta y enlace a las organizaciones que lo estamos haciendo.

La crisis de los refugiados sirios

Dependiendo del lugar donde nazca cada persona, en muchas ocasiones, ya tiene su destino escrito, ¿por qué sucede esto todavía?

Eso lo vemos a diario y, de hecho, es uno de los objetivos de la FAS: pelear, luchar y trabajar por un mundo más justo y solidario. Todos los ciudadanos del mundo deberían tener las mismas oportunidades de calidad de vida e iguales derechos. En esa línea va nuestro trabajo.

Decía que la gente es solidaria, ¿y los gobiernos?

No tanto. Son más mediocres, se tientan demasiado las carnes. Si hiciéramos un repaso de todos los conflictos bélicos y, por ende, de dónde salen todos los refugiados, la lista sería demasiado larga. Y esos conflictos se dan por unas causas; nos hemos puesto todos las pilas por unas consecuencias, pero deberíamos atacar a las causas, a la raíz. En la FAS queremos apoyar en la coordinación de lo que se vaya haciendo, queremos hacer y seguir comunicando y denunciando. Las políticas agrarias y explotadoras de recursos naturales de la Unión Europea no ayudan, para nada, a solucionar el problema que tenemos.

Cuando ve que los ministros del Interior se reúnen el pasado 14 de septiembre, no llegan a acuerdos y se emplazan ‘de manera urgente’ para el 8 de octubre, ¿qué piensa?

Lo mismo que puedes sentir tú: rabia, coraje. Es muy triste que el visualizar la muerte de un niño haga despertar. Es más, te diría que esa foto hace tomar conciencia porque es un niño vestido como los niños nuestros y la gente piensa que podía haber sido el suyo. Se le puso cara y ojos. Todos se los hemos puesto. Cuando nos hablan de lo que está pasando en África, por ejemplo, es como si los padres y las madres de allí no tuvieran la misma relación con sus hijos que cualquiera de nosotros.

¿Qué deberían haber hecho Europa y España?

Primero no dar lugar a esto. Ahora que ya han llegado las consecuencias hay que poner todos los recursos posibles y coordinar. Fíjate cómo ha respondido la gente, creo que uno de los problemas que se va a tener es que las administraciones y nosotros mismos sepamos dar respuesta al ciudadano de a pie con el ofrecimiento que ha puesto encima de la mesa. Para algunas cosas, como ir a la guerra, los gobiernos se arriesgan muy fácilmente, y ahora dicen que hay que ser prudentes y cautos.

¿Estamos dando mala imagen?

De vergüenza total y absoluta. Solo abordamos el problema en la recepción, vamos al origen, evitemos que hagan esa travesía en la que muchos pierden la vida. Cuando los exiliados eran españoles México puso un barco y los españoles se fueron en barco desde aquí. Y ahora solo se les ocurre poner concertinas y vallas. La mejor manera de atacar a las mafias es poner tú los medios de transporte. Sácalos, no esperes a ver cuántos llegan. Qué porcentaje de muertos estamos dispuestos a asumir.

¿Qué otros asuntos hay encima de la mesa?

El histórico del 0,7 %, seguir denunciando y demandando que nuestras políticas sean más acordes para lograr un mundo más justo y solidario. Que la propia Administración dé ejemplo, que apoye a los temas de comercio justo. Le pedimos a las instituciones que nos ayuden porque creemos de verdad que trabajar en valores de solidaridad y generosidad es bueno para la sociedad.

Cuando veo a alguien pidiendo con un cartel que dice ‘soy español’ me duele mucho que esté en esas circunstancias, pero lo de español me sobra: ‘soy una persona’, ya está

Son luchas, algunas, que llevan muchos años. Incluso desde la fundación de FAS

Es cierto. Con este último Gobierno sí vemos un gesto: nos ha parecido muy interesante que, tanto en el Ejecutivo autonómico como en el Ayuntamiento de Zaragoza, la consejería se llame Derechos Sociales. Cuando planteamos los temas de cooperación los planteamos como un derecho.

Diputación León. La antes Admistración más (IN)transparente de España lo vuelve a intentar con transparencia

 A ver si esta vez es de verdad

 de  http://www.ILEON.COM/politica/055241/la-diputacion-lo-vuelve-a-intentar-con-la-transparencia

CAMBIO NORMATIVO EN LA DIPUTACIÓN DE LEÓN

La Diputación lo vuelve a intentar con la transparencia

ileon.com | León | 23/09/2015

La institución provincial aprobará la ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización en la institución provincial. En 2013 fue calificada como ‘la más transparente de España’, presumiento de ello en su publicidad aunque tras la operación ‘Púnica’ la eliminó.

La Diputación de León aprobará una nueva Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización en la institución provincial, acatando de esta forma la exigencia de la Ley que se aprobó en 2013 y que exige a las administraciones públicas a contar con una herramienta para facilitar la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno, cuestiones que, según la Ley, «deben ser los ejes fundamentales de cualquier acción política». La adaptación para los entes locales de la Ley finaliza en el próximo mes de diciembre, cuando todos deberán cumplirla según la normativa.

En noviembre de 2013 la Diputación de León fue la más destacada en el Ranking de Transparencia Internacional que elaborada sobre instituciones provinciales, lo que llevó al equipo de Gobierno que encabezaba entonces Isabel Carrasco a presumir en su publicidad y en la web dipuleon.es que era ‘la más transparente de España’.

El escándalo desatado tras la operación »Púnica’ en octubre de 2014, y que se saldó con la detención e imputación del entonces presidente de la institución Marcos Martínez y la imputación del entonces interventor Suso López provocó que la Diputación dejara de presumir de su transparencia. Ahora, lo vuelve a intentar con una nueva normativa.

Ordenanza de transparencia

En un comunicado la Diputación especifica que la ordenanza de transparencia está divida en siete capítulos. El primero de ellos, bajo el título ‘Disposiciones Generales’, establece el objeto de esta norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad de la Diputación de León, así como del ejercicio del derecho al acceso de la información pública, que debe ser aplicado también en todos los organismos y entidades dependientes de la institución provincial.

El capítulo II está dedicado a la información pública  y regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder a este tipo de información, además de establecer los distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos y las limitaciones generales al acceso a la información. En el capítulo III se regula la transparencia activa, es decir, la información que las entidades locales deben publicar por ser la más representativa de la actividad de la Administración Local y de mayor demanda

El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el derecho al acceso a la información pública, que posee cualquier persona física o jurídica, pública o privada. El capítulo V, que se dedica a la transparencia colaborativa, tiene el objetivo fundamental de generar valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico.

En el capítulo VI, se regula el régimen de quejas y reclamaciones, estableciendo la posibilidad de presentar quejas cuando la Administración no cumpla sus obligaciones a la hora de publicitar la información.

Según la Diputación de León su objetivo «es conseguir la mayor transparencia posible en lo que a la relación con los ciudadanos, empresas y otras administraciones se refiere, con el fin de acercar la gestión diaria de la institución provincial y eliminar la posibilidad de que la información sea utilizada para otros fines».

Así facilita el PP la investigación de la “Gürtel”: blindando a la exalcaldesa de Jerez mediante un truco legal para prolongar su aforamiento

de http://www.ELPLURAL.COM./2015/09/23/truco-del-pp-al-nombrar-a-la-exalcaldesa-de-jerez-miembro-de-la-diputacion-permanente-para-no-perder-su-aforamiento/

El PP blinda a la exalcaldesa de Jerez ante “Gürtel”

Quitan a Rita Barberá de la Diputación Permanente e incluyen a García-Pelayo para que siga aforada ante la amenaza de la investigación judicial

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La exalcaldesa de Jerez y senadora del PP, María José García-Pelayo, ha sido nombrada miembro suplente de la Diputación Permanente, lo que hará que no pierda la condición de aforada tras la disolución de las Cortes Generales, en unas semanas, sino que la mantendrá hasta la constitución de las próximas, en la nueva legislatura. Un truco legal del Partido Popular para blindar a la ahora senadora tras la disolución de la Cámara Alta por la convocatoria de las elecciones.

Cargo recién designado para Rita Barberá
Tal y como recoge los servicios informativos de Canal Sur, citando informaciones adelantadas  este miércoles por el Grupo Joly, García-Pelayo fue nombrada miembro de la Diputación Permanente el 9 de septiembre, en sustitución del ‘popular’ cántabro Gonzalo Piñeiro, que fue dado de baja del órgano del día 8. Se da la circunstancia de que en agosto, Piñeiro dejó la Presidencia de la Comisión Constitucional para dejársela a una compañera de partido y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Mantiene así las investigaciones en el Supremo
Cuando en las próximas semanas las Cortes se disuelvan con motivo de la convocatoria de las elecciones generales que se celebrarán en diciembre, solo seguirán funcionando a través de sus respectivas diputaciones permanentes, cuyos miembros son los únicos que conservan la condición de diputados o senadores y, por ello, el aforamiento. El mantenimiento de esa condición permitirá que la investigación por las supuestas irregularidades en la contratación del stand de Fitur de 2004 a la trama Gürtel continúe en el Tribunal Supremo en caso de que éste abriera la causa y que no volviera, en cuanto se disolviera el Senado, a la Audiencia Nacional, órgano que inició la investigación.

“Gürtel” y García Pelayo
Cabe recordar que este martes se hizo público que el fiscal del Tribunal Supremo ha pedido a este tribunal que asuma la causa contra la exalcaldesa por una presunta prevaricación continuada en las adjudicaciones a la trama Gürtel para la participación del Ayuntamiento en la feria de turismo. ELPLURAL.COM informó de que la Audiencia ve responsabilidades penales por “prevaricación continuada”, “groseras irregularidades”, “ilegalidad flagrante” y “confabulación” para adjudicar contratos. El juez De la Mata considera que existen indicios de responsabilidad penal en la exalcaldesa por “groseras irregularidades” en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), ente dependiente del Ayuntamiento jerezano.

Tras el informe del Ministerio Público –que recoge que el presunto delito de prevaricación no ha prescrito porque su comisión no concluyó en el momento de la adjudicación del stand sino que se deben considerar los pagos efectuados posteriormente por el consistorio– la apertura de la causa depende ahora de lo que dictamine la Sala Segunda del Supremo.

La Audiencia incluye en los hechos a juzgar las ‘maldades’ de Carrasco explicadas por Triana y Montserrat

de http://WWW.ILEON.COM/actualidad/055178/la-audiencia-incluye-en-los-hechos-a-juzgar-las-maldades-de-carrasco-explicadas-por-triana-y-montserrat  

JUICIO POR EL ASESINATO DE ISABEL CARRASCO

ileon.com | 22/09/2015

Entre los hechos a juzgar en la vista se han incluido una serie de propuestas de la defensa de las acusadas, con las que tratan de probar la «maldad» de Isabel Carrasco. Su influencia se dejó sentir en el terreno profesional, al cercenar la carrera de Triana Martínez, pero también en el personal, puesto que amistades de la hija de la asesina confesa «dejaron de salir con ella por temor a las represalias».

La muerte de Isabel Carrasco se produjo por la animadversión que las acusadas Montserrat González y Triana Martínez sentían hacia ella, a la que culpaban de utilizar su posición como presidenta de la Diputación Provincial de León y del Partido Popular de León para perjudicar a Triana cuando trabajó en la Diputación y reclamarle después diferencias salariales por dicho trabajo, así como en sus aspiraciones profesionales y políticas. Así lo recoge el auto de hechos justiciables que se ha dado a conocer este lunes por parte del presidente del tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de León.

Entre los hechos a juzgar en la vista, que se celebrará el próximo 18 de enero, se han incluido una serie de propuestas de la defensa de las principales acusadas en las que tratan de probar la «maldad» de la presidenta de la Diputación y del PP de León. La influencia de Carrasco, según aseguran las acusadas, se dejó sentir en el terreno profesional, ya que esta cercenó la carrera de Triana Martínez, pero también en el personal, puesto que amistades de la hija de la asesina confesa, sobre todo de la Diputación y del Partido Popular, dejaron de salir con la misma pues temían las represalias de Isabel Carrasco.

Triana Martínez que era afiliada del Partido Popular y tenía muchas amistades en el partido, logró acceder al desempeño de una plaza interina de Técnico Superior-Ingeniero de Telecomunicaciones en la Diputación Provincial de León, tomando posesión el día 1 de junio de 2007, situación que se prolongó hasta que en diciembre de 2009 la junta de gobierno de la Diputación aprobó las bases para la cobertura de dicha plaza en propiedad, que tenía muchas esperanzas de que le fuese adjudicada, pues, aunque había conseguido la interinidad con el anterior equipo de gobierno, mantenía buenas relaciones con Isabel Carrasco.

Sin embargo, entre la aprobación de dichas bases y la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de la plaza, en enero de 2010, Isabel Carrasco, que tenía muy buena relación con Doña Monserrat Triana, y a la que requería para todo tipo de trabajos, incluso fuera del horario laboral, citó a la misma en su domicilio con la disculpa de que le instalase determinadas aplicaciones en el teléfono móvil, y, en un momento determinado de la entrevista, la primera trató de besarla agarrándola por la cintura con fuerza, demandándole relaciones sexuales, lo que fue rechazado por la segunda, pese a la insistencia Isabel Carrasco que le advirtió que tenía mucho que ganar y poco que perder, así como recordándole que ya se había convocado la oposición para darle la plaza en propiedad.

A partir de ese momento, Isabel Carrasco, en venganza ante la negativa de Triana a mantener con ella relaciones sexuales, utilizando para ello su cargo y también sus muchas influencias, inició contra ella una auténtica campaña de persecución, lo que le llevó a perder durante el año 2010 hasta veinticinco kilogramos de peso.

Entre los hechos que se incluyen en el auto están que a través de los contactos que tenía de su época de inspectora de Finanzas del Estado, delegada Territorial en León de la Junta de Castilla y León, jefa Regional de Inspección de Grandes Empresas y Patrimonio y consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, consiguió que la Agencia Tributaria inspeccionara a Triana.

En fecha 21 de diciembre de 2010 se le practicó requerimiento en relación con liquidaciones de IVA correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio de 2009, que culminó en septiembre de 2011 con la notificación de una liquidación provisional por dicho impuesto por importe superior a mil euros. En octubre de 2011 se le practica nuevo requerimiento en relación con liquidaciones del IVA correspondientes al año 2010, que culminó en febrero de 2012 con una propuesta de liquidación para dicho ejercicio y por dicho impuesto de algo más de 1.100 euros. En abril de 2012 se le notifica a Triana trámite de alegaciones y propuesta de liquidación del IVA correspondiente al primer trimestre del ejercicio de 2011 por importe de 406 euros y en julio de 2013 se le notifica trámite de alegaciones y propuesta de liquidación provisional del IRPF correspondiente al ejercicio de 2012, por importe de 1.117 euros.

«Inmediatamente después del episodio ya relatado de negativa de Doña Monserrat Triana a mantener relaciones sexuales con ella, Isabel Carrasco tomó la determinación, sin manifestarlo públicamente, de impedir que la plaza en propiedad de Técnico Superior de Ingeniero de Telecomunicaciones de la Diputación Provincial de León pudiese ser adjudicada a la misma», se incluye en el auto.

En octubre de 2010 se convocó a los opositores para la plaza a la que optaba Triana y que en su momento se había creado para ella, que eran 33 personas.DE TODOS LOS OPOSITORES QUE REALIZARON EL PRIMER EJERCICIO, TAN SOLO LO SUPERÓ UNO, PRECISAMENTE EL CANDIDATO PREVISTO POR ISABEL CARRASCO, siendo eliminados todos los demás pues así era más fácil el simulacro del resto de ejercicios.  

 

Al acto de la lectura del segundo ejercicio, sin esperárselo los miembros del Tribunal, compareció Triana, la cual grabó, con su móvil, las irregularidades del examen, ya que el ejercicio al que se tenía que dar lectura no estaba en sobre lacrado y además abandonaron la sala el secretario y el candidato durante veinte minutos, con lo que no hay garantía alguna de que lo que leyera fuera el examen original o pegaran el cambiazo, y además NINGUNO DE LOS QUE COMPONÍAN EL TRIBUNAL TENIA CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE TELECOMUNICACIONES.

 Finalmente en enero de 2012 se amortizan los puestos de trabajo de Ingeniero de Telecomunicaciones, evitándose de esta manera nuevas convocatorias a las que pudiera acceder Triana.

Triana Martínez cesó en su puesto de trabajo interino en la Diputación el día 5 de mayo de 2011, y, con anterioridad a su cese, en el Ayuntamiento de Astorga, en fecha 28 de febrero de 2011, presentó escrito de renuncia un concejal del Partido Popular, por lo que la persona que tenía que sustituirle era Triana, ya que era la siguiente en la lista. Sin embargo, Isabel Carrasco, como presidenta del Partido Popular, decidió vetarla para que no se presentase en las siguientes elecciones, maniobrando para que no llegara a tomar posesión.

Isabel Carrasco, una vez que cesó Triana como ingeniero de Telecomunicaciones en la Diputación, tuvo conocimiento de una factura por importe de 4.890 euros librada por Triana con cargo a la empresa VIPROELCO. Inmediatamente, Isabel tomó la decisión de obstaculizar su pago aprovechando su cargo de consejera de VIPROELCO por Inmocaja.

«Durante la Presidencia de Doña Isabel Carrasco Lorenzo, durante el período 2007 a 2014, se inició un solo expediente de declaración de lesividad, precisamente el de Doña Monserrat Triana ya referido», reza el auto, que añade que «conocedores de la persecución y acoso a la que estaba siendo sometida Triana por parte de Isabel, miembros del Partido Popular le prometieron que harían las gestiones oportunas para que fuera nombrada Directora General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, lo que no fue posible porque, enterada la segunda, vetó tal posibilidad, no queriendo enfrentarse a ella por el miedo que le tenían».

Montserrat González, en el momento en que sucedieron los hechos, padecía un trastorno de ideas delirantes que le producía un grave déficit en sus capacidades de conocimiento y voluntad, por cuyo motivo, y ante la persecución y acoso de que era objeto su hija por parte de Isabel Carrasco, «entendió que no tenía más remedio que darle muerte, haciendo justicia y un beneficio a la humanidad».

Triana Martínez presenta por su parte un trastorno dependiente de la personalidad, con una especial vinculación con su madre. Debido a tal trastorno, las ideas homicidas contra Isabel Carrasco por parte de su madre, no encontraron en un principio contestación enérgica y contraria por parte de Triana, llegando ésta incluso a mirarle en internet revólveres y armas, pero llegó un momento en que vio que era una locura y trató de convencerla para que se olvidara del tema.

El albañil de la Púnica: Julián Galanes del Hombre Bueno

de http://ESPIAENELCONGRESO.COM/2015/09/22/el-albanil-de-la-punica-julian-del-hombre-bueno/#more-21702

Publicado septiembre 22, 2015

Manos Limpias lo acusa de sobornar a un testigo para que se desdiga de la corrupción

Usaba su enorme finca de caza de Daimiel parainvitar a políticos y jueces ¿Puede un albañil convertirse en multimillonario con la construcción? La trama Púnica desveló que sí: se llama Juliány sus apellidos son curiosos: “Jiménez de los Galanes Romero del Hombre Bueno”. Este buen hombre estudió EGB y ahora es constructor. Creo que con su socio el Grupo DICO, que llegó a emplear a 1.000 trabajadores en España. En la grabación a la que ha tenido acceso “Espía en el Congreso” y que difunde en Radio 3w.com, el juez y la fiscal le preguntan por su relación con el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro Soto, así como por las recalificaciones de terrenos con la que se vio beneficiado. La ofrecemos íntegramente.

El periodista José Lobo desveló que Julián Jiménez de los Galanes Romero del Hombre Bueno y Francisco Colado, propietarios del Grupo DICO, que dejó un enorme reguero de deudas y cambió de nombre, era una de las constructoras más beneficiadas por la red corrupta desmantelada en la Operación Púnica: sobornaron a un testigo de cargo que les había acusado de pagar mordidas a políticos, para comprar su silencio. Así lo asegura el sindicato Manos Limpias, que entregó en la Audiencia Nacional la documentación aportada por el exdirectivo de Dico David Merino, en la que este detalla el modus operandi de la trama encabezada por Francisco Granados, ex número dos del PP madrileño y entonces mano derecha de Esperanza Aguirre, y el constructor David Marjaliza.

DICO era una enorme constructora con pies de barro, pero también es el nombre de las pesadillas de una parte del PP, sobre todo de su antigua organización en Madrid.David Marjaliza –hoy en prisión– llegó a ser presidente de la constructora, que tenía en su origen a dos hombres de Daimiel, Francisco Colado y Julián Giménez de los Galanes Romero del Hombre Bueno. Las relaciones entre esta constructora y la cúpula de la época de poder en el PP de Francisco Granados se desgranan perfectamente en las investigaciones de la ‘Operación Púnica’, que mantiene en la cárcel al ex número dos del PP en Madrid y su amigo y socio, Marjaliza, señala el periodista Joaquín Vidal. “Los propietarios de DICO no paraban en barras a la hora de tener atenciones con cargos políticos. Cacerías, regalos, viajes y dinero en efectivo volaban de un lado a otro esos años, y así se refleja en los nuevos tomos de ‘Púnica’”.

Julián Giménez de los Galanes Romero del Hombre Bueno y Francisco Colado, también presentes en aquellos encuentros cinegéticos según David Merino, son los actuales propietarios de Promodico y emitieron un comunicado de prensa. En él se desvinculaban de DHO como de Cofely España (investigada en la Operación Púnica) y añadían una información clave que, hasta ahora, ha pasado desapercibida. Se les investigó y la causa contra ellos fue sobreseída: “En 2009, PROMODICO S.L. y Grupo DICO Empresarial S.L., incluidos sus dos accionistas, Julián Jiménez de los Galanes y Francisco Colado, fueron investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y por Juzgados de 1 Majadahonda y Vera (Almería) en virtud de sendas denuncias interpuestas por Manos Limpias por los hechos que recoge la prensa, siendo sobreseídos y archivados todos los procedimientos, sin llegar a la fase de juicio oral, resoluciones todas ellas firmes por haber sido confirmadas por las respectivas Audiencia Provinciales”. Tanto Jiménez de los Galanes Romero del Hombre Buenocomo Francisco Colado han declinado conceder entrevistas.

Periodista Digital también relaciona a lapareja de albañiles con la Mafia Gürtel: “Se les acusa de haber pagado sobornos millonarios a cambio de favores urbanísticos a alcaldes y funcionarios públicos de varios municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos el de Valdemoro. Los dos empresarios recurrieron sistemáticamente al “falseamiento contable para generar dinero B destinado al pago de comisiones”, según consta en la denuncia en poder de la Fiscalía Anticorrupción. Son propietarios de una finca de caza en Daimiel en la que han recibido a Granados en varias ocasiones en las que se han organizado allí reuniones sociales”.

En 2009, el directivo de la constructora DICO de Majadahonda, Jesús Merino, denunció haber pagado comisiones millonarias a diversos alcaldes, refiriéndose a Granados como “el tío mas sucio del mundo“. Pese a que el ejecutivo declaró ante la fiscalía anticorrupción como testigo protegido, Granados consiguió conocer su identidad, lo que ha motivado una pieza separada en el caso Púnica. El hecho fue muy comentado al coincidir en el tiempo con la divulgación de una comida secreta que el acusado había mantenido con el juez encargado de la investigación del caso Gürtel, en el que estaban implicados algunos de sus socios y compañeros de partido. El ex consejero ha negado siempre haber recibido soborno alguno de DICO.

Además, los concejales del Partido Popular en Majadahonda,José Luis Peñas y Juan José Moreno, señalaron en su declaración ante el juez como Granados era uno de los cargos del gobierno madrileño que presionaron para que el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega “Willy“, procesado en el caso, amañara una venta de suelo público. Uno de los constructores denunciados era Julián Jiménez de los Galanes Romero del Hombre Bueno, presidente del grupo DICO, que según los declarantes, es amigo personal deGranados y habría llamado a Ortega de su parte para exigirle su dimisión. Granados negó que algo así hubiese podido ocurrir, dado que por su cargo en el partido, hablaba directamente con “Willy” Ortega casi a diario, pero no negó su relación con Jiménez de los Galanes Romero del Hombre Bueno.

El periodista Javier Chicote también lo relaciona con el ex juez Baltasar Garzón: “El ex juezBaltasar Garzón acudió a una cacería en la finca Los Collados de San Benito (Ciudad Real) organizada por el grupo Dico, una de las principales constructoras implicada en la trama Púnica. La cacería se celebró durante un fin de semana de la temporada 2003 con todos los lujos posibles. El coste completo por cazador rondaba los 5.000 euros e incluia todos los animales que quiera matar, secretario personal, armas, comidas, alojamiento y transporte. Fuentes próximas a Garzónreconocen que asistió a la cacería, pero precisan que no lo invitó el grupo DICO, con quien «no tiene nada que ver», sino que acudió «invitado por el propietario (de la finca), señor Carlos Porras y pagando su puesto».

El grupo constructor alquiló la finca para todo el fin de semana y corrió con los gastos, pero «el propietario suele reservarse algún puesto para sus compromisos, y uno de esos puestos fue el que ocupó Garzón», asegura uno de los organizadores. Otro de los asistentes, concejal del Partido Popular en un importante municipio de la Comunidad de Madrid, recuerda que Garzón estuvo en la primera de las dos jornadas, la del sábado. «Uno de los alcaldes invitados, cuando vio al juez, dijo “a mí que no me lo presenten, que es mejor que éste no me ponga cara”», recuerda el edil. Garzón, según él sin saberlo, compartió montería con los dueños del grupo DICO, Julián Giménez de los Galanes y Francisco Colado, ahora imputados en la trama Púnica, quienes han preferido no hacer declaraciones.La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción están investigando estas cacerías pagadas por los promotres, ya que a ellas acudían políticos que beneficiaron al grupo DICO, por los que podría existir un delito de cohecho”.

Programa Completo
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1- El albañil y el arquitecto de Valdemoro

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2- Recalificaciones de terrenos y chalets

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La exalcaldesa de Mansilla de las Mulas y exdiputada provincial Mari Paz Díez llegó tarde a prestar declaración judicial, declarando únicamente la funcionaria Jefa del Servicio SAM y Cooperación de la Diputación, por un presunto delito de falsificación de documento público

vídeo LOS DEDAZOS DEL SAM  (leonoticias.com  mayo 2013)

https://www.opendrive.com/files?Ml84MTIwNjA5M191c05qSA

Paz Díez: «Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…»

de http://www.LANUEVACRONICA.COM/paz-diez-ya-veremos-donde-hay-falsedad-de-documento-publico-porque-yo-no-tengo-conocimiento-de-ello-ni-idea   

Paz Díez, exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial, ahora imputada. | DANIEL MARTÍN

Susana Martín | 22/09/2015AA

Paz Díez: «Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…»

TRIBUNALES La exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial llegó este lunes tarde a la cita en los juzgados y no pudo declarar. Asegura que desconoce por qué se le ha imputado en la causa

• Diputados al banquillo
• La ‘otra crónica’ del pleno de la Diputación: «Nos hemos enterado por la prensa»

La exdiputada provincial Paz Díez, también exalcaldesa de Mansilla de las Mulas (PP), debía comparecer este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de León para declarar a las 10 de la mañana como imputada por un presunto delito de falsificación de documento público. Sin embargo, llegó tarde –«creí que era a las 10:30»– y no pudo declarar, con el consiguiente enfado de su abogado defensor. Sí declaró la funcionaria jefa del SAM, Ana B. Cosmen.

Díez, que debía declarar por haber sido la responsable política directa del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación (SAM), aseguraba este lunes a media mañana que creía que se había suspendido su declaración «por un error en la convocatoria», aunque no supo precisar si debía volver a los juzgados a prestar declaración sobre los hechos que se le imputan. «Aún no sé fecha», aseguró, «estuve en el juzgado pero al final no tuve que declarar, nos llamarán».

Al preguntarle sobre el motivo de su imputación (se le acusa de falsificación de documento público), contestó:«Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…».

Diputados y exdiputados ya han recibido comunicación de que se han iniciado las diligencias previas por la denuncia por vía penal La imputación de Díez se enmarca dentro de los numerosascontroversias del departamento de Personal de la Diputación que han llegado a los tribunales tras una tormentosa etapa del anterior equipo de gobierno en lo que se refiere a la política de Recursos Humanos que llevaba a cabo el equipo de gobierno que presidía Isabel Carrasco y, tras su asesinato, sus sucesores, Marcos Martínez Barazón y –tras la detención de éste– Emilio Orejas.

En este caso concreto, y según consta en la denuncia de los trabajadores, desde la institución provincial se hizo caso omiso a varias sentencias que anulaban el puesto de arquitecto jefe en el Servicio, presuntamente colocado en la plaza ‘a dedo’. Al parecer, se habrían falsificado documentos para impedir el cumplimiento de varias sentencias que anulaban la adjudicación del puesto y mantener a ese funcionario en una plaza que no le correspondía.

Denuncia al PP por vía penal

De los actuales diputados provinciales están denunciados en Fiscalía Orejas, Rodrigo, Francisco García, Del Egido y Valcarce Pero el caso del SAM no es el único que sentará en el banquillo de los acusados a Paz Díez y a varios de sus excompañeros en el anterior equipo de gobierno de la Diputación. También está pendiente otra denuncia por la vía penal que un grupo de funcionarios interpuso contra todo el anterior equipo de gobierno del Palacio de los Guzmanes, excepto Manuela García Robles, ajena a los hechos, ya que sólo formó parte del equipo de los populares tras la muerte de Carrasco. A los demás populares de la etapa ‘pre-Majo’ los llevarán los funcionarios a los juzgados, acusados de cometer los delitos de prevaricación, falsificación de documento oficial, acoso laboral, malversación de fondos públicos, fraude, coacciones y tráfico de influencias.

Además de Díez, en esa denuncia penal ante la Fiscalía figura también quien fuera presidente de la Diputación durante apenas medio año, Marcos Martínez Barazón, encarcelado hace once años durante 43 días e imputado por seis delitos en el marco de la trama de corrupción Púnica. Fuera ya del Partido Popular, sigue gobernando con mayoría absoluta en Cuadros, esta vez bajo las siglas de AIC (Agrupación Independiente de Cuadros).

En la denuncia penal figuran además los exdiputados del PP José Antonio Velasco, Isabel Fresno, Jaime González Arias, Teodoro Martínez, Miguel Ángel Robla y José M. Moro. Y también algunos miembros del equipo de Carrasco que continúan a día de hoy en la Diputación, como Emilio Orejas, Lupicinio Rodrigo, Francisco Javier García, Miguel Ángel del Egido o Raúl Valcarce.

Han recibido hace varias semanas la comunicación oficial de que se han iniciado las diligencias previas, según confirmaron este lunes a este periódico varios de los diputados y exdiputados.

Paz Díez, exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial, ahora imputada. | DANIEL MARTÍNAmpliar imagenPaz Díez, exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial, ahora imputada. | DANIEL MARTÍN Cerrar Compartir Susana Martín | 22/09/2015 AA
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Paz Díez: «Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…»
TRIBUNALES La exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial llegó este lunes tarde a la cita en los juzgados y no pudo declarar. Asegura que desconoce por qué se le ha imputado en la causa Diputados al banquillo La ‘otra crónica’ del pleno de la Diputación: «Nos hemos enterado por la prensa»
La exdiputada provincial Paz Díez, también exalcaldesa de Mansilla de las Mulas (PP), debía comparecer este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de León para declarar a las 10 de la mañana como imputada por un presunto delito de falsificación de documento público. Sin embargo, llegó tarde –«creí que era a las 10:30»– y no pudo declarar, con el consiguiente enfado de su abogado defensor. Sí declaró la funcionaria jefa del SAM, Ana B. Cosmen.

Díez, que debía declarar por haber sido la responsable política directa del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación (SAM), aseguraba este lunes a media mañana que creía que se había suspendido su declaración «por un error en la convocatoria», aunque no supo precisar si debía volver a los juzgados a prestar declaración sobre los hechos que se le imputan. «Aún no sé fecha», aseguró, «estuve en el juzgado pero al final no tuve que declarar, nos llamarán».

Al preguntarle sobre el motivo de su imputación (se le acusa de falsificación de documento público), contestó: «Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…».

Diputados y exdiputados ya han recibido comunicación de que se han iniciado las diligencias previas por la denuncia por vía penal La imputación de Díez se enmarca dentro de los numerosas controversias del departamento de Personal de la Diputación que han llegado a los tribunales tras una tormentosa etapa del anterior equipo de gobierno en lo que se refiere a la política de Recursos Humanos que llevaba a cabo el equipo de gobierno que presidía Isabel Carrasco y, tras su asesinato, sus sucesores, Marcos Martínez Barazón y –tras la detención de éste– Emilio Orejas.

En este caso concreto, y según consta en la denuncia de los trabajadores, desde la institución provincial se hizo caso omiso a varias sentencias que anulaban el puesto de arquitecto jefe en el Servicio, presuntamente colocado en la plaza ‘a dedo’. Al parecer, se habrían falsificado documentos para impedir el cumplimiento de varias sentencias que anulaban la adjudicación del puesto y mantener a ese funcionario en una plaza que no le correspondía.

Denuncia al PP por vía penal

De los actuales diputados provinciales están denunciados en Fiscalía Orejas, Rodrigo, Francisco García, Del Egido y Valcarce Pero el caso del SAM no es el único que sentará en el banquillo de los acusados a Paz Díez y a varios de sus excompañeros en el anterior equipo de gobierno de la Diputación. También está pendiente otra denuncia por la vía penal que un grupo de funcionarios interpuso contra todo el anterior equipo de gobierno del Palacio de los Guzmanes, excepto Manuela García Robles, ajena a los hechos, ya que sólo formó parte del equipo de los populares tras la muerte de Carrasco. A los demás populares de la etapa ‘pre-Majo’ los llevarán los funcionarios a los juzgados, acusados de cometer los delitos de prevaricación, falsificación de documento oficial, acoso laboral, malversación de fondos públicos, fraude, coacciones y tráfico de influencias.

Además de Díez, en esa denuncia penal ante la Fiscalía figura también quien fuera presidente de la Diputación durante apenas medio año, Marcos Martínez Barazón, encarcelado hace once años durante 43 días e imputado por seis delitos en el marco de la trama de corrupción Púnica. Fuera ya del Partido Popular, sigue gobernando con mayoría absoluta en Cuadros, esta vez bajo las siglas de AIC (Agrupación Independiente de Cuadros).

En la denuncia penal figuran además los exdiputados del PP José Antonio Velasco, Isabel Fresno, Jaime González Arias, Teodoro Martínez, Miguel Ángel Robla y José M. Moro. Y también algunos miembros del equipo de Carrasco que continúan a día de hoy en la Diputación, como Emilio Orejas, Lupicinio Rodrigo, Francisco Javier García, Miguel Ángel del Egido o Raúl Valcarce.

Han recibido hace varias semanas la comunicación oficial de que se han iniciado las diligencias previas, según confirmaron este lunes a este periódico varios de los diputados y exdiputados.

de http://www.ILEON.COM/politica/055148/la-exalcadesa-de-mansilla-responde-ante-el-juez-por-falsificacion-de-documento-publico-en-la-diputacion

TRIBUNALES

La exalcadesa de Mansilla responde ante el juez por falsificación de documento público en la Diputación

A. Vega | León | 20/09/2015

Este lunes la exregidora de Mansilla de las Mulas y exdiputada provincial presta declaración junto a otra funcionaria de la Diputación por un presunto delito de falsificación de documento público. De trasfondo la política de personal en la institución provincial las pasadas legislaturas.

La diputada Mari Paz Díez junto al diputado provincial Emilio Orejas en un pleno de la pasada legislatura. Peio García / ICAL

El Juzgado de Instrucción número 2 de León tomarán declaración este lunes a primera hora por un presunto delito de falsificación de documentos públicos a la exresponsable del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y a una funcionaria de la Diputación de León. Se trata de Mari Paz Díez, la otrora poderosa alcadesa de Mansillas de las Mulas y diputada provincial de total confianza de la fallecida Isabel Carrasco y de la funcionaria jefa del SAM, Ana Belén Cosmen, considerada del grupo de afines ‘carrasquistas’. Otro funcionario, el arquitecto coordinador-técnico José María Alvado ha conseguido posponer la declaración alegando que su abogado tenía otra causa este lunes.

Este caso es el primero que toma forma judicial de imputación de las decenas de casos polémicos sobre recursos humanos en la institución provincial que se han ido acumulando en los últimos años con multitud de recursos administrativos y judiciales. El caso aborda una denuncia de otro funcionario contra los responsables provinciales de no haber cumplido varias sentencias que revocaban el puesto de Alvado en la Diputación, falsificando documentos para evitar su cumplimiento según la orden judicial.

El equipo de Gobierno de Carrasco, y luego Marcos Martínez y Emilio Orejas, por mano de Mari Paz Díez aplicaba las sentencias de forma siempre objetiva a sus intereses según los denunciantes. Todas las pretendidas ejecuciones de las sentencias acaban manteniendo a Alvado en su puesto de arquitecto pese a que se anulaba la adjudicación de la plaza. En el fondo político estaba en juego el controlar un servicio tan importante en la Diputación como el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), clave del poder político ‘carrasquista’.

Macrodenuncia contra todo el anterior equipo de Gobierno del PP

Pero el equipo de Gobierno de la pasada legislatura en la Diputación también tiene al completo otra denuncia penal por los presuntos ‘chanchullos’ cometidos en el mandato. Una multidenuncia puesta por un grupo de funcionarios les atribuye posible prevaricación, falsificación, malversación, fraude, coacciones y tráfico de influencias.

La lista de denunciados empieza por los expresidentes de la Diputación Marcos Martínez y Emilio Orejas, hoy alcalde de Cuadros fuera del PP y diputado provincial y alcalde de Valdelugueros. Continúa por todos los que fueron vicepresidentes de la institución la pasada legislatura, Francisco Lupicinio Rodrigo, Miguel Ángel del Egido, José Antonio Velasco así como a los diputados Francisco Javier García Álvarez, Teodoro Martínez, Raúl Valcarce, Mª Isabel Fresno, y el portavoz del grupo, Jaime González, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno. Los denunciantes apuntan también a los exdiputados José Manuel Blanco, Miguel Ángel Robla y Jose Manuel Moro, por su participación en acuerdos del Pleno. Del PP tan sólo queda fuera Manuela García Robles, por entenderse que no participó en todas las decisiones denunciadas, dado que entró en la Corporación sólo tras el asesinato de Carrasco.

Un nuevo nombramiento ‘exprés’ a 5 días de las elecciones

Según la denuncia primero en Fiscalía y ahora en el Juzgado, la actuación de los diputados conservadores consistió en nombrar a tres determinados funcionarios afines para que ocuparan los tres puestos de máxima responsabilidad del SAM: Jefa del SAM, jefe de Sección-Coordinación de la Unidad de Asesoramiento y arquitecto-coordinador técnico.

En este último caso, además, el equipo de gobierno puso en marcha «un procedimiento exprés para nombrar definitivamente como arquitecto» a José María Alvado antes de las elecciones, nombrándolo a falta de menos de 5 días para la jornada electoral, pese a mediar denuncia de falsedad documental para entregarle el puesto, además de denuncias del mobbing practicado contra el denunciante, así como denuncias por el pago de sueldo al arquitecto mencionado pese a estar anulada por el Juzgado de lo Contencioso una entrega previa del puesto», explican los trabajadores impulsores de esta ofensiva judicial. Y es que en los últimos años, sus constantes denuncias en vía de contencioso han tenido pleno éxito, consiguiendo reiteradas sentencias desfavorables a las pretensiones del PP que sin embargo han hecho oídos sordos.

¿Conexión San Isidro y Operación Púnica?

El mencionado arquitecto, según los denunciantes, ha participado activamente con actuaciones técnicas en la estación invernal de San Isidro «mientras estuvo en su etapa anterior como arquitecto coordinador técnico en comisión de servicios, antes de ser anulado este nombramiento por el Juzgado de lo Contencioso». Entre otros expedientes, estaría el desmantelamiento urgente del edificio generador de electricidad de los apartamentos de San Isidro «para que fuera inevitable surtirse de electricidad de Iberdrola y pagar la exorbitante cuantía que la ex presidenta Isabel Carrasco pretendía que pagaran los propietarios». También le achacan «otras actuaciones en edificios y cafeterías que luego serían puestos a disposición de contratos investigados por la trama Púnica» que ha conllevado la cárcel e imputación para Martínez Barazón y la imputación del exinterventor de la Diputación, Jesús López.