Archivo | febrero, 2014

El Alcalde de Santiago de Compostela, con la ayuda de la Xunta de Galicia, cesaron al secretario e Interventor y buscaron otros afines para aprobar una prórroga (ilegal) del contrato de gestión del agua que lleva Aquagest

25 Feb

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El Alcalde de Santiago de Compostela, con la ayuda de la Xunta de Galicia, cesaron al secretario e Interventor y buscaron otros afines para aprobar una prórroga (ilegal) del contrato de gestión del agua que lleva Aquagest 

La empresa dice en los pinchazos que Conde Roa presionó a Feijóo para ampliar su contrato

La portavoz del PP gallego ayudó a reclutar un interventor maleable

 

 

 

De http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/04/galicia/1391547343_777396.html?rel=rosEP

 

 

El PP apartó a funcionarios y buscó a otros afines para favorecer a Aquagest

La empresa dice en los pinchazos que Conde Roa presionó a Feijóo para ampliar su contrato

La portavoz del PP gallego ayudó a reclutar un interventor maleable

SONIA VIZOSO / PABLO TABOADA Santiago 5 FEB 2014 – 00:00 CET2

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Conde Roa y Paula Prado celebrando la victoria electoral / ÓSCAR CORRAL

Cuando el PP se hizo con el poder en la capital de Galicia tras 26 años de dominio socialista, Aquagest, la empresa adjudicataria del agua, tenía buena parte de sus esperanzas de negocio fácil puestas en que el Ayuntamiento de Santiago le prorrogase la concesión. El gobierno local encabezado por Gerardo Conde Roa se volcó en satisfacer esta demanda, pero los altos funcionarios municipales que debían dar el visto bueno a la operación pusieron trabas. El sumario de la Operación Pokémon describe, a través de las conversaciones grabadas a los imputados, cómo políticos populares y empresarios se aliaron para apartar al secretario y a la interventora que entorpecían su objetivo y buscar en otros ayuntamientos y diputaciones funcionarios dispuestos a informar favorablemente la prórroga del contrato que permitiese a Aquagest seguir gestionando el abastecimiento de agua en Santiago sin mediar concurso público.

Conde Roa y su jefe de gabinete, Ángel Espadas, ambos imputados, se volcaron en la operación para buscar funcionarios dispuestos a firmar la prórroga. Y tal fue su entrega a la causa que, a tenor de lo que afirman los directivos de Aquagest, el entonces alcalde de Santiago recurrió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A principios de marzo de 2012, Conde Roa estaba desesperado porque necesitaba el visto bueno del Gobierno gallego para destituir a los funcionarios incómodos. “Los técnicos municipales le están parando todo, los concejales no tienen huevos para tirar para delante”, dice José Luis Míguez, de Aquagest, a otro directivo. Es Míguez el que asegura que Conde Roa llamó a Feijóo “porque hay un director general de Administraciones Públicas que es el que tiene que firmar el papelito conforme está justificado el cambio del secretario y la interventora, y el tío no manda el papel”. Las pruebas recabadas por la juez del caso apuntan además que por esas fechas Conde Roa fue agasajado por la empresa de aguas con un viaje a Barcelona con su pareja para disfrutar de la ópera La Bohéme en el Liceo.

MÁS INFORMACIÓN

El sumario detalla una docena de llamadas intervenidas en marzo de 2012 en las que populares y empresarios explicaban sus maniobras para defenestrar a los funcionarios incómodos, que son destituidos el 22 de ese mes. Interviene incluso el director general de Administración Local de la Xunta, Norberto Uzal —que dimitió el pasado noviembre—, según Espadas le cuenta a la entonces edil y ahora portavoz del PP de Galicia, Paula Prado. El hombre de confianza de Espadas le dice a su compañera que está esperando por “el papel del cese de la interventora”. Y aunque en principio debería elaborar ese documento el director de Política Financiera de la Xunta, Manuel Galdo, “Norberto [Uzal] le dijo que si no lo hacía Galdo, lo hacía él”.

El día 20, Espadas llama a Ramón Quiroga, subdirector general de Gestión y Cooperación Económica con las Entidades Locales de la Xunta y marido de la concejala de Hacienda de Santiago, Cecilia Sierra. Le pregunta “si ya quedó preparado el cese del secretario y la interventora”. El subdirector le responde que sí. El edil explica que el cese se firmaría al día siguiente y que se haría una junta de gobierno extraordinaria para echar a la técnica. El subdirector de la Xunta llega a asegurar al edil compostelano que “el problema con la interventora es que hay que evitar que haga el plan de ajustes porque nos hunde”. La conversación deriva entonces en una sucesión de posibles candidatos temporales para el puesto de intervención.

Ese mismo día, Quiroga devuelve la llamada a Espadas y le explica que Juan Salguero del Valle (secretario del Ayuntamiento de Boiro) se pasará por el despacho del alcalde para redactar el cese y el nombramiento del nuevo secretario. El 22 de marzo, Quiroga vuelve a telefonear al concejal y ambos acuerdan firmar informes favorables que remitirán al Ayuntamiento de Boiro y a la Consellería de Presidencia para nombrar secretario a Salguero inmediatamente. El día 27 de ese mismo mes un decreto de alcaldía nombró secretario, en comisión de servicios, a Juan Salguero, a través de un decreto que, según se desprende de los pinchazos telefónicos, él mismo redactó.

Una vez arreglado el cambiazo de secretario, la preocupación de Espadas deriva a la intervención. El exedil llega a preguntar al subdirector autonómico si “sabe algo del nuevo interventor”. Quiroga responde: “Tengo a una chica de Betanzos y a uno de Abegondo”. Espadas le replica que “una vez cesada la interventora, será más fácil que alguno diga que sí”. Espadas y el exedil Albino Vázquez se interesan en otro pinchazo por una “interventora de la zona de Sada que es pariente del alcalde de Arteixo”. El día 22, el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, llamó al delegado en Galicia, Henry Laíño, y le explicó que quedó para comer con el alcalde en su casa porque ya han destituido a los altos funcionarios incómodos. En días posteriores, Míguez pregunta insistentemente a sus interlocutores por la interventora de Pontedeume, la de Valdoviño o el de Oroso, al que califican de “jodido”. Le recomiendan que “trinque” a la de Arzúa. A finales de mes, llama al alcalde compostelano para interesarse por la concesión y le explica que “tiene que conseguir que la interventora que dejaron de forma provisional se lo tome con cariño”.

En la operación también se implica Paula Prado, hoy portavoz del PP de Galicia. El 7 de marzo de 2012. Espadas le comenta a su entonces compañera de gobierno los “reparos” que le están poniendo el secretario y la interventora a la prórroga a Aquagest porque “no es legal”. Casi un mes después, Prado llama a Espadas y le propone fichar al interventor de Foz, pero la mano derecha de Conde Roa le responde que si no es “afín” al PP “no le vale”.

En un auto de abril de 2012, la juez instructora asegura que el exconcejal del PP Ángel Espadas “muestra un interés inusitado por renovar el contrato de Aquagest en Santiago” y concluye que “se están realizando acciones desde el Ayuntamiento para favorecer a la empresa”. Entre las comunicaciones interceptadas destaca un SMS enviado por Espadas a un teléfono de Aquagest en el que recuerda una reunión con los directivos de la empresa y que finaliza con esta frase: “Me encargó Gerardo agilizarlo”. Otro pinchazo permite a la juez concluir que esa reunión fue organizada tras solicitarla expresamente miembros del gobierno municipal. La juez ratifica en un auto que “son casi innumerables las llamadas en las que se comprueba el interés de Ángel Espadas en encontrar un interventor que les sea favorable”. Las presiones para buscar funcionarios dispuestos a darle el visto bueno a la controvertida prórroga de la concesión a Aquagest fueron de tal calibre que los candidatos al puesto se asustaban. Así lo admite el directivo de Aquagest José Luis Míguez en una de las llamadas grabadas por Vigilancia Aduanera en la que habla de uno de los posibles fichajes. “Ángel [por Espadas] le dijo: ‘Esto hay que firmarlo sin verlo. Lo leéis y lo firmáis’. Y ellos dijeron: ‘Hostia, si nos ponen ya esto el primer día…’ Les hemos metido tanta presión que los tíos ahora andan a cien”. Javier Castiñeira, el funcionario destituido como secretario municipal por sus reparos legales a prorrogar el contrato a Aquagest, se ha personado en la causa como acusación particular.

 

El PP apartó a funcionarios y buscó a otros afines para favorecer a Aquagest

La empresa dice en los pinchazos que Conde Roa presionó a Feijóo para ampliar su contrato

La portavoz del PP gallego ayudó a reclutar un interventor maleable

SONIA VIZOSO / PABLO TABOADA Santiago 5 FEB 2014 – 00:00 CET2

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Conde Roa y Paula Prado celebrando la victoria electoral / ÓSCAR CORRAL

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Cuando el PP se hizo con el poder en la capital de Galicia tras 26 años de dominio socialista, Aquagest, la empresa adjudicataria del agua, tenía buena parte de sus esperanzas de negocio fácil puestas en que el Ayuntamiento de Santiago le prorrogase la concesión. El gobierno local encabezado por Gerardo Conde Roa se volcó en satisfacer esta demanda, pero los altos funcionarios municipales que debían dar el visto bueno a la operación pusieron trabas. El sumario de la Operación Pokémon describe, a través de las conversaciones grabadas a los imputados, cómo políticos populares y empresarios se aliaron para apartar al secretario y a la interventora que entorpecían su objetivo y buscar en otros ayuntamientos y diputaciones funcionarios dispuestos a informar favorablemente la prórroga del contrato que permitiese a Aquagest seguir gestionando el abastecimiento de agua en Santiago sin mediar concurso público.

Conde Roa y su jefe de gabinete, Ángel Espadas, ambos imputados, se volcaron en la operación para buscar funcionarios dispuestos a firmar la prórroga. Y tal fue su entrega a la causa que, a tenor de lo que afirman los directivos de Aquagest, el entonces alcalde de Santiago recurrió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A principios de marzo de 2012, Conde Roa estaba desesperado porque necesitaba el visto bueno del Gobierno gallego para destituir a los funcionarios incómodos. “Los técnicos municipales le están parando todo, los concejales no tienen huevos para tirar para delante”, dice José Luis Míguez, de Aquagest, a otro directivo. Es Míguez el que asegura que Conde Roa llamó a Feijóo “porque hay un director general de Administraciones Públicas que es el que tiene que firmar el papelito conforme está justificado el cambio del secretario y la interventora, y el tío no manda el papel”. Las pruebas recabadas por la juez del caso apuntan además que por esas fechas Conde Roa fue agasajado por la empresa de aguas con un viaje a Barcelona con su pareja para disfrutar de la ópera La Bohéme en el Liceo.

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El sumario detalla una docena de llamadas intervenidas en marzo de 2012 en las que populares y empresarios explicaban sus maniobras para defenestrar a los funcionarios incómodos, que son destituidos el 22 de ese mes. Interviene incluso el director general de Administración Local de la Xunta, Norberto Uzal —que dimitió el pasado noviembre—, según Espadas le cuenta a la entonces edil y ahora portavoz del PP de Galicia, Paula Prado. El hombre de confianza de Espadas le dice a su compañera que está esperando por “el papel del cese de la interventora”. Y aunque en principio debería elaborar ese documento el director de Política Financiera de la Xunta, Manuel Galdo, “Norberto [Uzal] le dijo que si no lo hacía Galdo, lo hacía él”.

El día 20, Espadas llama a Ramón Quiroga, subdirector general de Gestión y Cooperación Económica con las Entidades Locales de la Xunta y marido de la concejala de Hacienda de Santiago, Cecilia Sierra. Le pregunta “si ya quedó preparado el cese del secretario y la interventora”. El subdirector le responde que sí. El edil explica que el cese se firmaría al día siguiente y que se haría una junta de gobierno extraordinaria para echar a la técnica. El subdirector de la Xunta llega a asegurar al edil compostelano que “el problema con la interventora es que hay que evitar que haga el plan de ajustes porque nos hunde”. La conversación deriva entonces en una sucesión de posibles candidatos temporales para el puesto de intervención.

Ese mismo día, Quiroga devuelve la llamada a Espadas y le explica que Juan Salguero del Valle (secretario del Ayuntamiento de Boiro) se pasará por el despacho del alcalde para redactar el cese y el nombramiento del nuevo secretario. El 22 de marzo, Quiroga vuelve a telefonear al concejal y ambos acuerdan firmar informes favorables que remitirán al Ayuntamiento de Boiro y a la Consellería de Presidencia para nombrar secretario a Salguero inmediatamente. El día 27 de ese mismo mes un decreto de alcaldía nombró secretario, en comisión de servicios, a Juan Salguero, a través de un decreto que, según se desprende de los pinchazos telefónicos, él mismo redactó.

Una vez arreglado el cambiazo de secretario, la preocupación de Espadas deriva a la intervención. El exedil llega a preguntar al subdirector autonómico si “sabe algo del nuevo interventor”. Quiroga responde: “Tengo a una chica de Betanzos y a uno de Abegondo”. Espadas le replica que “una vez cesada la interventora, será más fácil que alguno diga que sí”. Espadas y el exedil Albino Vázquez se interesan en otro pinchazo por una “interventora de la zona de Sada que es pariente del alcalde de Arteixo”. El día 22, el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, llamó al delegado en Galicia, Henry Laíño, y le explicó que quedó para comer con el alcalde en su casa porque ya han destituido a los altos funcionarios incómodos. En días posteriores, Míguez pregunta insistentemente a sus interlocutores por la interventora de Pontedeume, la de Valdoviño o el de Oroso, al que califican de “jodido”. Le recomiendan que “trinque” a la de Arzúa. A finales de mes, llama al alcalde compostelano para interesarse por la concesión y le explica que “tiene que conseguir que la interventora que dejaron de forma provisional se lo tome con cariño”.

En la operación también se implica Paula Prado, hoy portavoz del PP de Galicia. El 7 de marzo de 2012. Espadas le comenta a su entonces compañera de gobierno los “reparos” que le están poniendo el secretario y la interventora a la prórroga a Aquagest porque “no es legal”. Casi un mes después, Prado llama a Espadas y le propone fichar al interventor de Foz, pero la mano derecha de Conde Roa le responde que si no es “afín” al PP “no le vale”.

En un auto de abril de 2012, la juez instructora asegura que el exconcejal del PP Ángel Espadas “muestra un interés inusitado por renovar el contrato de Aquagest en Santiago” y concluye que “se están realizando acciones desde el Ayuntamiento para favorecer a la empresa”. Entre las comunicaciones interceptadas destaca un SMS enviado por Espadas a un teléfono de Aquagest en el que recuerda una reunión con los directivos de la empresa y que finaliza con esta frase: “Me encargó Gerardo agilizarlo”. Otro pinchazo permite a la juez concluir que esa reunión fue organizada tras solicitarla expresamente miembros del gobierno municipal. La juez ratifica en un auto que “son casi innumerables las llamadas en las que se comprueba el interés de Ángel Espadas en encontrar un interventor que les sea favorable”. Las presiones para buscar funcionarios dispuestos a darle el visto bueno a la controvertida prórroga de la concesión a Aquagest fueron de tal calibre que los candidatos al puesto se asustaban. Así lo admite el directivo de Aquagest José Luis Míguez en una de las llamadas grabadas por Vigilancia Aduanera en la que habla de uno de los posibles fichajes. “Ángel [por Espadas] le dijo: ‘Esto hay que firmarlo sin verlo. Lo leéis y lo firmáis’. Y ellos dijeron: ‘Hostia, si nos ponen ya esto el primer día…’ Les hemos metido tanta presión que los tíos ahora andan a cien”. Javier Castiñeira, el funcionario destituido como secretario municipal por sus reparos legales a prorrogar el contrato a Aquagest, se ha personado en la causa como acusación particular.

 La Xunta ampara a su responsable de urbanismo imputada

La Consellería dice que si la cesa “su presunción de inocencia ser vería conculcada”

EP Santiago 10 FEB 2014 – 17:11 CET1

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La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas descarta adoptar medidas contra la secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, que permanece imputada en una causa por supuestas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Sanxenxo porque, argumenta la Xunta, “su presunción de inocencia ser vería claramente conculcada”.

En una respuesta por escrito dada a las diputadas del BNG Tereixa Paz y Montse Prado, el departamento de Agustín Hernández asegura que “no le consta que se adoptasen medidas cautelares ningunas” sobre la secretaria xeral, por lo que “resulta constitucional y legalmente procedente respetar y garantizar su presunción de inocencia, que se vería claramente conculcada de adoptar la medida que se propone en la pregunta”, en referencia a que las nacionalistas demandaron apartar a la alto cargo. Precisamente, la semana pasada, el PPvotó en contra de una iniciativa del parlamentario de AGE Antón Sánchez de pedir el cese de Encarnación Rivas, al respecto de la que los socialistas gallegos se abstuvieron, ya que, el PSdeG, como el PPdeG, también se apoya en que haya medidas cautelares o encausamiento para solicitar dimisiones de cargos.

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“La consellería y el Gobierno gallego están del lado de la verdad y de la clarificación de los hechos, por el bien de los vecinos de Sanxenxo, de Galicia, y de la propia institución, esto es, nuestro compromiso es con el cumplimiento de la legalidad y el buen actuar administrativo”, señala en su respuesta el departamento que dirige Agustín Hernández. Asimismo, expresa su “máximo respeto y colaboración” por las actuaciones desarrolladas por los tribunales y, en concreto, por las diligencias previas del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Cambados en relación al otorgamiento de licencias urbanísticas en este municipio pontevedrés.

Dicho esto, justifica que “es necesario señalar” que el inicio de unas diligencias previas “no presupone nada”, toda vez que su finalidad “tiene por objeto averiguar y determinar la naturaleza y circunstancias de unos determinados hechos reflejados en una denuncia”. “Pero no suponen una predeterminación de culpabilidad de una persona o conducta concreta, y pueden rematar con el sobreseimiento y archivo de la causa”, agrega. La imputación de Rivas está vinculada a un expediente relacionado con su etapa al frente de la Xerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanxenxo entre 2004 y 2006, cuando era alcalde el ahora diputado del PP en el Congreso Telmo Martín.

CASO DE LOS ‘KILOMETRAJES DE CAJA ESPAÑA’. La presidenta de una de las dos diputaciones “mas transparentes” de España se podría enfrentar a tres delitos

18 Feb

 

 

de WWW.ILEON.COM 14-2-14

CASO DE LOS ‘KILOMETRAJES’

política

Isabel Carrasco se podría enfrentar a tres delitos por los kilometrajes de Caja España

http://ileon.com/politica/037183/isabel-carrasco-se-podria-enfrentar-a-tres-delitos-por-los-kilometrajes-de-caja-espana

Por A. Vega | 14/02/2014

En un escrito la fiscal del caso de los kilometrajes pide a la juez nuevas diligencias en la causa que investiga un cobro supuestamente irregular de dietas de la presidenta del PP leonés y de la Diputación de León.

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Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, en una reciente inauguración de una carretera en Ponferrada.

Aunque en la cena del PP leonés de esta pasada Navidad Isabel Carrasco aseguró a los medios que “eso está parado”, el caso de los kilometrajes supuestamente cobrados de forma irregular por la presidenta de la Diputación de León sigue avanzando de forma muy lenta en los juzgados, pero avanzando, aunque sin final cierto y a la vista.

La fiscal del caso ha elevado un escrito a la juez en la que además de rechazar un recurso interpuesto por la defensa de la presidenta del PP leonés pide nuevas diligencias en el caso de los kilometrajes de Caja España, que según los denunciantes Isabel Carrasco habría cobrado de forma irregular al haberlo hecho pese a acudir en vehículo oficial de la Diputación de León.

Además de esas peticiones de declaraciones de testigos, la fiscal apunta a la existencia de tres delitos, uno de malversación de caudales públicos; otro posible delito de falsificación de documento público y un tercero relativo al 439 del código Penal, que dice expresamente: “La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.”

La fiscal inquiere además a la juez Blanca Esther Díez, encargada del caso, que llame a declarar a varios chóferes para poder esclarecer si Isabel Carrasco acudió a los consejos de administración de Caja España en Salamanca en su vehículo particular o en el coche oficial del que dispone por su cargo en la Diputación de León. Según informa Radio León los chóferes habrían sido citados el próximo 2 de abril.

Apremia también la fiscal a que se practiquen diligencias pedidas desde la fiscalía en marzo de 2013, y que serían la toma de declaración de testigos a los que Carrasco recusó como el exalcalde de León, Paco Fernández; el exconsejero de Caja España por UGT y actual consejero en el ahora malagueño Banco Ceiss Miguel Ángel Álvarez; y el procurador en las Cortes y expresidente de la Diputación por el PP, Javier García Prieto. A todos ellos la defensa de Isabel Carrasco los recusó alegando “enemistad manifiesta”, rechazada de momento.

Finalmente, la fiscal del caso pide a la juez que se pregunte a la antigua Caja por la persona que autorizó el pago de los kilometrajes a Isabel Carrasco en determinadas fechas de los años 2010 y 2011, objeto de investigación en la causa.

Este caso lleva ya más de dos años pululando por los juzgados leoneses sin que su principal acusada haya sido llamada a declarar en una instrucción que fuentes jurídicas califican de ‘peculiar’ y que ha sido objeto de controversia por los múltiples recursos a los que ha tenido que hacer frente, tanto por la parte acusadora como por la defensora. La denuncia oficial partió del PSOE, pero tras un ‘apaño’ con el PP por los planes provinciales de 2012 retiró la denuncia, que continuó en su lugar el PAL-UL.

La ‘peculiar’ instrucción del caso hace difícil saber si estaremos ante otro caso Fabra, que condenó una década después al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; o bien ante un caso Blanco, en el que el exministro socialista José Blanco fue absuelto por el Supremo tras haber sido imputado inicialmente. La resolución final del caso también nos permitirá saber si Carrasco está tan “perseguida como Rajoy”, como ella misma sostiene.

Por cierto, la viajera presidenta de la Diputación pasa este viernes en Sevilla promocionando la provincia leonesa. Con pendones y todo.

comentarios

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11 comentarios

  • por carlos  |  15-02-2014 13:01:12
  • ES Sorprendente y a la vez indicativi de como una trama de implicados en casos de corrupción se alía. El Diario de León ( Ulibarri ) interpreta a la jueza y al Fiscal y escribe que la PRESIDENTA no tiene que declarar. Una mentira que se descubre leyendo el texto que publican otros medios la aplaza porque es evidente que las presiones en los juzgados dilatan los tiempos. Pero por fin un fiscal da en el clavo. ESTA SEÑORA ESTA IMPLICADA Y SE ADVIERTEN TRES DELITOS. Da asco PP por favor fuera corruptos/as
  • por Ladrona  |  14-02-2014 08:15:55

Se podría enfrentar no, se enfrenta. Luego no le pasará nada, como con la estafa en las oposiciones. Se declaró que era culpable (vamos, que pillarla, la pillaron) pero de penitencia un padre nuestro y para casa, como si no hubiera pasado nada. Pero como tienen más cara que espalda, y los ciudadanos les dejamos hacer lo que quieran, hacen bien en engañar y robar todo lo que pueden.

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  • por Leonés  |  14-02-2014 08:45:53

Que se investigue y se sancione todo lo sancionable. Pero con estos delincuentes , con los delincuentes que había (los de los contratos a amigos en contra de los servicios jurídicos que luego pagamos todos… ) Los delincuentes de la oposición eterna , con sus chanchullos y sus lecciones de moral desde su peregrinaje eterno entre los bares de León…

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  • por Se pone la cosa fea  |  14-02-2014 10:14:50

Empieza a ser de dominio público que desde las altas esferas se ha dado la orden de hacer limpieza a fondo, me temo que nuestra presidenta ya a sido elegida para lavar la imagen corrupya del país. En breve veremos como sus mas fieles se irán despegando de ella, el amiguete del juzgado que le traspapela algún que otro documento, el puñetas que le recomienda como hacer un escrito para que contenga una vía de escape, etc etc.

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  • por No hay pan para tanto chorizo  |  14-02-2014 10:35:17

Yo apuesto que ni tan si quiera va estar imputada, ya no digamos sentarse en un banquillo

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  • por encantada  |  14-02-2014 11:15:06

Estupendo que a este tema se le de un nuevo impulso. Que casualidad y conveniente que ocurra antes de las europeas. Hay quien dice que a ella se le quedaba pequeño León y quería irse a Europa. Qué poquita sutileza y qué poquito valor para tirar de frente. ¿Instrucción peculiar o instructora peculiar? Por ser vos quien sos… ¡lástima de país y lástima de León al que unos por otros no quitan el pie de encima!

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  • por jajaja  |  14-02-2014 11:40:52

“…la viajera presidenta … promocionando la provincia leonesa. Con pendones y todo.” jajajaja… que bien sientan unas risas en fin de semana. Gracias!!

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  • por Bernardo Cuesta Calvo  |  14-02-2014 15:02:31

Permítenme que dude de la veracidad de esta noticia. Ningún medio ha publicado nada al respecto, hoy día si no fuera por los casos de corrupción y por el futbol la mitad habrían cerrado. A pesar de todo auguro que pronto la veremos con una sonrisa estilo “cristina” tan de moda últimamente entre los amigos de lo ajeno.

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  • por Eduardo  |  14-02-2014 15:35:06

El PP es un puñetero nido de corrupción; Barcenas, Fabra, Camps, Carrasco… Es una vergüenza que dirigentes como esta sigan en su puesto, y muy triste que los jueces lleven 3 años para comprobar si cobró o no kilometrajes!! Espero que termine entre rejas si robó.

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  • por Rosa  |  15-02-2014 08:48:57

Le recomiendo a la Sra. Juez que pida la tarjeta de crédito del conductor para pagar la gasolina y peajes del coche oficial y a la Intervención de la Diputación los pagos que hace el conductor con la tarjeta y las cuentas que rinde para comprobar el día del viaje por donde iba el coche oficial, aunque dudo que al final la condenen. Para eso están los amigos que tiene como el funcionario Suárez-Quiñones,en la Subdelegación, que hará lo necesario para salvar el tema con sus antiguos subordinados (que lo adoran y echan de menos cada día) y así devolver favores a la imputada. Quizás si efectivamente se fuera a Europa de retiro espiritual a cobrar bien, trabajar poco y sin coche oficial, le iría mejor al PP

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  • por Morloc  |  15-02-2014 09:13:13

Esto es otro ejemplo de toda la podredumbre que hay en este sistema partitocrático de casta,donde unos pocos se aferran al poder con cadenas y remaches,convirtiéndose en auténticos caciques todopoderosos con el paso de los años,llegando a tal extremo que se creen verdaderos semidioses,como los antiguos faraones,y mas aún,cuando tienen a la Justicia comiendo de la palma de la mano,hasta ahí hemos llegado.Este pais está desolado por esta casta neofeudal que lo empaña todo y la única salida que tiene el pueblo soberano para zafarse de ellos,es con la SPANISH REVOLUTION(mirar Ucrania e Islandia).El próximo 22M todos a la calle,que sepan que nos asquean y que no nos representan.

 

RADIOLEON.COM 14-2-14

El Fiscal aprecia 3 posibles delitos en el caso de los kilometrajes que salpica a Isabel Carrasco

Además de observar indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos, añade el de actividades prohibidas para funcionarios y falsificación en documento oficial / El Fiscal defiende la declaración de los tres testigos ex consejeros, “es pertinente para el esclarecimiento de los hechos”

Redaccion Radio Leon

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El Fiscal impugna el recurso presentado por Isabel Carrasco contra la declaración de tres testigos ex consejeros de Caja España por “enemistad política” y concluye que es “pertinente” interrogarles porque los hechos “revisten carácter penal” y pueden ser constitutivos no sólo de un delito de malversación, sino también de actividades prohibidas para funcionarios públicos y falsificación en documento oficial.

En el escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, el fiscal defiende la declaración de los tres ex consejeros, entre ellos el ex alcalde socialista de León, Paco Fernández y el expresidente popular de la Diputación, Javier García Prieto y concluye que su relato es “útil” para el esclarecimiento de los hechos, puesto que los tres son consejeros y pueden explicar si vieron a Isabel carrasco en su vehículo oficial los días señalados y aclarar el funcionamiento de asistencia a los consejos de administración.

Además, el Fiscal pide ampliar las declaraciones a tres conductores de la entidad financiera. Atendiendo al informe del Ministerio Fiscal, con fecha 5 de febrero, la propia jueza ha procedido ya a citar a los tres chóferes el próximo dos de abril.

Además, en respuesta a la última petición del denunciante para que cite también a la propia presidenta de la institución provincial, la magistrada se toma tiempo. Señala en su providencia que “una vez que obre en autos el resultado de todas las diligencias” pendientes de practicar, acordará lo procedente sobre la declaración de la imputada.

La justicia investiga si Carrasco se embolsó dietas de Caja España como consejera cuando utilizaba su coche oficial de la Diputación y no su vehículo particular.

Herrera evita hablar del caso de los kilometrajes mientras la oposición ya pide dimisiones

http://www.radioleon.com/web/main/view_notice/26661/herrera_evita_hablar_del_caso_de_los_kilometrajes_mientras_la_oposici_oacute_n_ya_pide_dimisiones

El presidente de la Junta dice desconocer las nuevas informaciones sobre el escrito de la Fiscalía, que observa indicios de tres delitos en el asunto que salpica a Isabel Carrasco / IU pide la dimisión de la presidente del PP leonés / El PSOE sostiene que si se confirman esos delitos debería abandonar sus cargos

Redaccion Radio Leon

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta

  •  José Antonio Díez, portavoz del PSOE
  •  Santiago Ordóñez, coordinador provincial de IU

 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dice no tener constancia de las novedades del caso de los kilometrajes. Preguntado este viernes en León sobre el escrito de la Fiscalía en el que rechaza el recurso de Isabel Carrasco sobre la declaración de varios testigos y aprecia indicios de tres posibles delitos, Herrera ha esquivado el asunto. Afirma que no conoce las últimas noticias sobre este asunto y que que tiene que informarse sobre este tema antes de pronunciarse.

Sí se ha referido a este asunto el responsable del PSOE local, José Antonio Díez. Recuerda que Isabel Carrasco también es concejala del Ayuntamiento de León y pide su dimisión si finalmente se demuestran estos indicios de delito apuntados por la Fiscalía.

Más contundentes son desde Izquierda Unida. Piden directamente la dimisión de la presidenta Isabel Carrasco a la que acusan de ‘manchar’ el nombre de la provincia con su polémica gestión. De paso, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Santiago Ordóñez, exige a PSOE y UPL que rompan el pacto de acero que mantienen con Carrasco en la Diputación para no ser cómplices de sus irregularidades.

Recordamos que la Fiscalía aprecia tres delitos y no sólo el de malversación en el caso de los kilometrajes que afecta a la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Al impugnar un recurso de Carrasco contra la declaración de tres testigos por “enemistad manifiesta”, el Ministerio Fiscal concluye que es “pertinente” interrogarlos porque los hechos “revisten carácter penal” y pueden ser constitutivos no sólo de un delito de malversación, sino también de actividades prohibidas para funcionarios públicos y falsificación en documento oficial.

En el escrito al que ha tenido acceso Radio León fechado el 5 de febrero, el fiscal defiende la declaración de los tres ex consejeros, entre ellos el ex alcalde, Paco Fernández y el expresidente popular de la Diputación, Javier García Prieto y concluye que su relato es “útil” para el esclarecimiento de los hechos, puesto que pueden aportar información sobre las prácticas que se seguían en la entidad a la hora de viajar.

Además, la Fiscalía pide ampliar las declaraciones a tres conductores de la entidad financiera a los que, de hecho, la juez ya ha citado a declarar como testigos el próximo 2 de abril. Además, en respuesta a la última petición del denunciante para que cite también a la propia presidenta, la magistrada se toma tiempo. Señala en su providencia textualmente que una vez que obre en autos el resultado de todas las dilegencias pendientes de practicar, acordará lo procedente sobre la declaración de la imputada.

 

  • emery 11:57

para decidir si declara carrasco la magistrada se toma tiempo…….¿si se trata del juez silva esto no era retardo malicioso?

  • 2

Carlos 02:01

ES Sorprendente y a la vez indicativi de como una trama de implicados en casos de corrupción se alía. El Diario de León ( Ulibarri ) interpreta a la jueza y al Fiscal y escribe que la PRESIDENTA no tiene que declarar. Una mentira que se descubre leyendo el texto que publican otros medios la aplaza porque es evidente que las presiones en los juzgados dilatan los tiempos. Pero por fin un fiscal da en el clavo. ESTA SEÑORA ESTA IMPLICADA Y SE ADVIERTEN TRES DELITOS. Da asco PP por favor fuera corruptos/as

 

 De LA NUEVACRÓNICA

 

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17-2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

De http://www.Elnortedecastilla.es

TRIBUNALES | LEÓN

El fiscal ve indicios de tres delitos en el ‘caso de los kilometrajes’ que se imputa a Isabel Carrasco

Un auto pide abrir nuevas diligencias por el presunto cobro irregular de dietas de la presidenta de la Diputación

El polémico ‘caso de los kilometrajes’ en el que se acusa a la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, de cobrar presuntamente dietas de kilometrajes como consejera de Caja España por cubrir desplazamientos que realizaba con su coche oficial de la Diputación ha dado un nuevo giro con un nuevo auto de la fiscal a la titular del Juzgado número 3 de León, Blanca Esther Díez, en el que pide nuevas diligencias y aprecia tres posibles delitos: malversación de caudales públicos, falsificación de documento público y otro relativo al artículo 439 del Código Penal por malversación de cargo público. Un tipo de delito, éste último, que supone pena de prisión de seis meses a dos años, una multa económica y la inhabilitación especial para cargo público de entre uno a cuatro años.

El auto, con fecha 5 de febrero, supone un nuevo varapalo para la también presidenta del PP leonés ya que hasta la fecha incluso ha rechazado públicamente su imputación en el caso por el que supuestamente habría cobrado unos 20.000 kilómetros a un precio de 20 céntimos por kilómetro.

Asimismo, la fiscal ve la necesidad de que testifiquen los tres testigos recusados en su día por Carrasco por “enemistad manifiesta” por lo que desestima su recurso. Estos testigos son tres exconsejeros de Caja España: el expresidente de la Diputación, Javier García Prieto (contra el que el PP leonés ha intentado promover medidas sancionadoras), el exalcalde de León, el socialista Paco Fernández, y Miguel Ángel Álvarez, actual consejero del Banco CEISS y responsable del Monte de Piedad de la entidad.

El escrito de la letrada destaca que el testimonio de estos testigos más el del chófer de Carrasco es «pertinente y útil» ya que por su cargo pueden aclarar si vieron a la presidenta asistir a los consejos de administración con su coche oficial los días señalados en el auto y explicar la dinámica y funcionamiento de estas reuniones y el cobro de dietas por su asistencia. Además, la fiscal también ha solicitado que se amplíen las declaraciones judiciales a otros tres chóferes de la Institución provincial, a mayores de los ya citados anteriormente.

Dos años de culebrón

El ‘caso de los kilometrajes’ se remonta ya a hace más de dos años, cuando el PSOE presentó la denuncia. Una vía judicial que los socialistas abandonarán poco más tarde al entender que una acción en los tribunales en contra de la presidenta de la Diputación podría perjudicar a los ayuntamientos socialistas en el reparto de inversiones de los planes de la Diputación Provincial de 2012. Pero el relevo de la denuncia lo tomó el concejal del Partido Autonomista Leonés (PAL) en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Francisco Fernández Gómez. Desde entonces las recusaciones de testigos y los múltiples recursos de ambas partes han alargado en el tiempo la instrucción judicial en la que tan si quiera se ha llamado a declarar a Isabel Carrasco.

 

14.02.14 – 19:00 – 

J. J. PORRAS | LEÓN

HERRERA ESQUIVA EL TEMA

Las novedades en el ‘caso de los kilometrajes’ coincidieron con la visita del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que evitó hablar del tema, ya que afirmó no tener constancia de las novedades ni del auto de la fiscal.

Menos tibios han sido los miembros de la oposición. José Antonio Díez, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, del que también forma parte Carrasco, adelantó que pedirá su dimisión si se demuestran los delitos que apunta la Fiscalía.

Por su parte, el Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, reiteró su exigencia de dimisión de Isabel Carrasco y pidió al PSOE y la UPL que no siga apoyando al PP en mayoría absoluta en la Diputación, ya que «pone a estos partidos a su misma altura ideológica, ética y moral».

 

 

 

 

LEONOTICIAS.COM 13-2-14

El fiscal aprecia hasta tres posibles delitos en el ‘caso de los kilometrajes’

Asegura que Isabel Carrasco ha podido concurrir en un delito de malversación de fondo público y lucro, al que ahora suma el de falsificación en documento oficial

J.C. / @Javi_calvo       13/02/2014

Imagen del auto realizado por el fiscal.

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Izquierda Unida pide la inmediata dimisión de Isabel Carrasco

El conocido como ‘caso de los kilometrajes’ en el que se acusa a la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, de haber cobrado desplazamientos en su vehículo oficial como si éstos hubieran sido realizados con su vehículo particular, da un nuevo paso al frente.

En un auto con fecha cinco de febrero, en el que incide en que la testifical de los testigos en su día recusados por la parte demandada debe realizarse (Javier García Prieto, ex presidente de la Diputación, así como de dos consejeros de la entidad, fueron acusados de enemistad manifiesta), el fiscal aprecia un posible nuevo delito por parte de Isabel Carrasco.

Así el fiscal asegura que “la testifical solicitada (la correspondiente a los testigos recusados) se estima pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos, teniendo en cuenta que tres testigos son consejeros y uno conductor oficial por lo que pueden explicar si vieron asistir a Isabel Carrasco en su vehículo oficial los días señalados y explicar el funcionamiento de asistencia a dichas reuniones (aparcamiento de vehículos, sistema de cobros…), y ello al margen de una supuesta enemistad política que deberá valorarse en su momento, dado que los hechos denunciados revisten carácter penal”.

Es en ese último punto donde el fiscal añade en su auto que de las acciones realizadas por la presidenta del PP provincial se puede derivar “no sólo un delito de malversación de caudales públicos, sino un delito del articulo 439 del Código Penal y en su caso un posible delito de falsificación en documento oficial”.

Nuevas declaraciones

Por todo ello el fiscal interesa la desestimación del recurso presentado en su momento por la defensa de la presidenta de la Diputación y se insta a que con el fin de la “economía procesal” proceder a la toma de declaración como testigos de tres conductores de la propia institución, además de los ya citados con anterioridad.

El fiscal remite en la causa al artículo 439 del Código Penal en función del cual se entiende que comete malversación “la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad Estatal, Autonómica o Local u Organismos dependientes de alguna de ellas”.

Este tipo de delitos conlleva “penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.

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Óscar Álvarez: “Algo huele mal, pero que muy mal, en el caso de los kilometrajes”

El Secretario de Organización, Comunicación y Portavoz del PSL-PSOE, Óscar Álvarez, asegura que el PP “es el partido de los líos, los chanchullos y la corrupción”leonoticias.com       14/02/2014

Óscar Álvarez.

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El Secretario de Organización, Comunicación y Portavoz del PSL-PSOE, Óscar Álvarez, ha asegurado este viernes que, el Partido Popular “es el partido de los líos, los chanchullos y la corrupción”.

Además, en una nota de prensa, ha advertido que “en León tiene tres exponentes muy claros, “el señor Prada, haciendo de “correveidile” entre Bárcenas y Rajoy, el alcalde de San Andrés, Goyo Chamorro, amigo de los juzgados, que amenaza a quienes preguntan por la financiación del partido popular y a quien su propio partido apartó de la foto de convención política, y ahora Isabel Carrasco, acorralada por los kilometrajes y el fiscal, que ve hasta tres presuntos delitos en su actuación”.

Para el PSOE “la justicia delimitará si hay delito o no, pero las graves acusaciones de la fiscalía evidencian que en el PP algo huele mal, el tufo a chanchullos recorre el partido entero, desde Valencia a León, pasando por Madrid”.

“Deben dar explicaciones inmediatas e irse para su casa si les queda algo de dignidad”, sentencia el secretario de Organización, Comunicación y Portavoz del PSL-PSOE, Óscar Álvarez.

 

La nueva crónica 14/2/14

Leonoticias.com 14-2-14

El PSOE pedirá a Carrasco que dimita si se confirmaran los indicios de delito

El portavoz socialista en el Ayuntamiento respeta el proceso judicial, pero si existe delito pedirán que deje todos sus cargos públicosLuis V. Huerga / @luisvhuerga       14/02/2014

 

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha recalcado que el caso de los ‘kilometrajes’ en Caja España, en el que se ve afectada la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, se encuentra en “vía judicial” por lo que considera “arriesgado” hacer declaraciones después de que el fiscal haya advertido de que detecta hasta tres posibles delitos.

Sin embargo, Diez considera que “de confirmarse”, el PSOE reclamará la “dimisión” de Carrasco de “todos sus cargos públicos” y, desde el grupo municipal, se pedirá, del mismo modo, su dimisión como concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de León.

Además, el portavoz socialista ha indicado que este caso “deja a la luz” que Isabel Carrasco, nombrada consejera de Caja España en representación del Ayuntamiento de León, contribuyó a perjudicar el “modelo de gestión de las cajas”.

 

Y con estas, aprueban la mal denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que facilita el cese de los funcionarios de control, secretarios, Interventores y Tesoreros, (92.bis.6 in fine)

 

IU exige la “dimisión inmediata” de Isabel Carrasco

La formación espera que la fiscalía “desenmascare” a la presidenta popular para que “deje de hacer daño a la provincia”

leonoticias.com       14/02/2014

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El PSOE pedirá a Carrasco que dimita si se confirmaran los indicios de delito

El coordinador provincial de Izquierda Unida de León, Santiago Ordóñez, ha reiterado la exigencia de dimisión de Isabel Carrasco. “El dictamen del fiscal observando indicios de delito de malversación de fondos, actos impropios de un funcionario público o falsedad en documento público dejan claro que Isabel Carrasco no puede seguir manchando la Presidencia de la Diputación Provincial”.

“Si haber judicializado toda la gestión provincial no era suficiente, si su acumulación de ingresos no era suficiente, si su comportamiento dictatorial y caciquil, paralizando la gestión de la Diputación por su presidencialismo exacerbado, si fundamentar su gestión en el capricho, la arbitrariedad y la publicidad engañosa no era suficiente, ahora que por fin es desenmascarada por la fiscalía es el momento de dejar de hacer daño a la provincia”, ha indicado.

Pero, además, IU extiende esta petición a PSOE y UPL por “seguir apoyando la gestión del PP en mayoría absoluta pone a estos partidos a su misma altura ideológica, ética y moral”. “Si de verdad se consideran democráticos estos partidos deben romper inmediatamente su pacto de intereses con Isabel Carrasco, de otra manera no solo son cómplices hasta ahora, lo serán hasta el final de legislatura de la gestión de extrema derecha, caciquil y antisocial de este Partido Popular encabezado por Carrasco”.

Herrera: “Me tendré que informar del caso, yo no tengo ninguna valoración”

El presidente de la Junta de Castilla y León evita pronunciarse en la capital sobre el ‘caso de los kilometrajes’ pero se compromete a informarse

leonoticias.com       14/02/2014

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El conocido como ‘caso de los kilometrajes’ ha llegado este viernes hasta el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha sido interrogado sobre el pronunciamiento del fiscal respecto a Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y del PP leonés.

Herrera ha asegurado, momentos antes de asistir a la asamblea general de Empresa Familiar, que no conoce el último pronunciamiento sobre la presidenta del PP respecto a este caso: “Me tendré que informar porque me pregunta de algo porque desgraciadamente no tengo información y no puedo hacer ninguna valoración”.

Fue este jueves cuando se conoció el auto en el que el fiscal advierte de que acciones realizadas por la presidenta del PP provincial (investigada por cobrar kilometrajes en desplazamientos realizados con el vehículo oficial) se puede derivar “no sólo un delito de malversación de caudales públicos, sino un delito del articulo 439 del Código Penal y en su caso un posible delito de falsificación en documento oficial”.