Entra en vigor la La Ley Mordaza del Gobierno de Herrera
EL GRUPO DE CIUDADANOS DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN HA SIDO CÓMPLICE DE LA PENÚLTIMA FECHORÍA DE LAS HUESTES DE JUAN VICENTE HERRERA CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE CASTILLA Y LEÓN
El grupo de las Cortes de Castilla y León de Ciudadanos ha pegado una puñalada trapera a los empleados públicos de la Administración Regional, al apoyar el engendro de Ley de desprotección de los empleados públicos que denuncien ilegalidades, alegalidades o chanchullos en la Administración de Castilla y León.
¿Cómo Ciudadanos puede votar sí a una Ley que determina que las denuncias de los empleados públicos sean tramitadas por un órgano cuyo Jefe es un puesto de confianza del Consejero de Presidencia? Porque lo que no parece entender el grupo parlamentario de Ciudadanos, es que al responsable de la Inspección General de Servicios lo nombra a dedo el Consejero de Presidencia, y lo cesa cuando le da la gana al Consejero, con solo alegar que ha perdido la confianza en él. Pero es más, en la Inspección General de Servicios hay 12 puestos de trabajo para Técnicos Superiores. De estos 12 puestos, 4 se cubren mediante libre designación, es decir, a dedo. Y los otros 8 se cubren mediante concurso específico. Y todos sabemos que en esta Administración los concursos específicos tienen nombres y apellidos antes de que estos se resuelvan. Por tanto, ¿cómo Ciudadanos puede pensar que un empleado público en su sano juicio va a presentar una denuncia ante un Órgano totalmente politizado, donde los miembros que van a investigar sus denuncias son nombrados a dedo o mediante concursos específicos…?¿Por qué no hay ni una sola plaza de Técnico superior que se cubra mediante concurso ordinario? Este es el criterio que tiene Ciudadanos de un Órgano independiente.
Pero para rematar la faena a los empleados públicos, esta Ley recalca, amenaza y advierte a los que osen presentar una denuncia, que deben tener todo atado y bien atado, porque si su denuncia no prospera se exponen a un expediente disciplinario por falta grave. Desde PLADEPU echamos en falta el mismo ímpetu en esta Ley contra aquellos que se dediquen a perseguir a los denunciantes. ¿Por qué la Ley no recoge una sanción contra aquellos mandos que se dediquen a acosar a los denunciantes?
Resulta paradójico que una Ley que se jacta de amparar a los empleados públicos que denuncien irregularidades, en su texto solo contenga sanciones contra los denunciantes, y no incluya penalizaciones contra los Directivos que persigan a los denunciantes.
A medida que Trump sumaba victoria tras victoria en los Estados clave, se disparaba el desconcierto de los especialistas en sondeos. El enésimo fiasco de las mediciones electorales (clamoroso en el referéndum británico y ahora abrumador cuando las mismas seguían hablando durante la misma noche de las votaciones de una clara victoria de Clinton) marca uno de los puntos más bajos en su credibilidad para casi todo el mundo. Y las justificaciones (que si el voto oculto, que si la volatilidad, que si la varianza, etc.) a muy pocos convencen ya. ¿Simple coincidencia entonces que de un tiempo a esta parte fallen más que una escopeta de feria? No lo creo.
Los interesados alegan que, con el factor humano de por medio, es mucho más fácil predecir el tiempo que un resultado electoral. Lo cual sería exacto si no fuera porque los pronósticos del tiempo se hacen por científicos objetivos y la mayor parte de los sondeos, digámoslo claro, se hacen más con la intención de influir en el resultado de los comicios que con el propósito de predecirlo.
Examinadas con detenimiento, las encuestas caminan muy cerca de quienes las pagan y encargan. Esto es, empresas vinculadas a grupos mediáticos volcados en establecer líneas editoriales al servicio de sus todopoderosos dueños y a directores de campaña locos por decir a sus jefes lo que quieren oír meses antes incluso de celebrarse las jornadas electorales. En otras palabras, que están bastante lejos de poder considerarse objetivas al tratarse de meras estrategias de mercadotecnia para posicionarse, fortalecer a un determinado candidato o condicionar el voto entre la ciudadanía.
Lo de tratar de aparentar un resultado que provoque una inercia de voto a favor de quienes conviene (en USA “convenía” que ganara Hillary tanto como en Gran Bretaña lo era que ganara el remain) es algo más viejo que la cuchara. Lo de inflar las expectativas de voto de algún candidato para provocar en realidad el efecto contrario canta y mucho. Lo de buscar el voto útil (“¿para que voy a votar a éste si las encuestas dicen que no va a ganar? Para eso voto a los de siempre como mal menor”) lo ve hasta un ciego. Excepto al parecer quienes las elaboran, los cuales viven tan alejados del pueblo y próximos al poder que no parecen enterarse de que últimamente entre la gente están en unos niveles de respeto similares a los de muchos políticos, periodistas, economistas y agencias de rating. O sea, a la altura del subsuelo.
En última instancia, las razones de tanto resultado “sorprendente” sólo se pueden achacar a la insoportable presión que ejercen los propios medios de comunicación sobre los ciudadanos para que tomen la decisión que interesa a los poderes fácticos, lo que les lleva a “precocinar” encuestas lo mismo que a magnificar unas noticias sobre otras o a manipular informaciones con tal de crear el estado de opinión “correcto” en cada momento, obligando a muchos ciudadanos a “esconder” los votos que se consideran políticamente incorrectos o incluso vergonzantes (el caso de los electores del PP en España es arquetípico) para no ser afrontados por la opinión pública. Por eso éstos ocultan tantas veces sus intenciones cuando no directamente mienten al ser consultados por los encuestadores. Sin olvidar que, a diferencia de las nubes en las predicciones meteorológicas, los votantes sí pueden modificar su comportamiento después de leer unas encuestas que en el fondo son al mismo tiempo instrumentos de observación y de alteración.
Así las cosas, lo ocurrido en USA podría marcar el fin de las estimaciones de voto como factor determinante cara a futuras citas con las urnas, tanto para los candidatos como para los electores. Incluso puede que haya llegado el momento de intentar regular su ejercicio por medio de mecanismos públicos garantistas e imparciales, por qué no, ante tanto chanchullo, cachondeo y tomadura de pelo.
El Gobierno modifica la normativa sobre contratación pública ,bajo el pretesto agilizar el procedimiento y favorecer la competencia. Pero en realidad es una enorme falacia que va a perpetuar las malas prácticas de los partidos gobernantes y de los gestores de los contratos
El Gobierno modifica la normativa sobre contratación pública para agilizar el procedimiento y favorecer la competencia
El Consejo de Ministros ha aprobado dos Proyectos de Ley a través de los que se van a transponer a la legislación española tres Directivas comunitarias sobre contratación pública.
El primero de dichos Proyectos regula la contratación del sector público en general, mientras que el segundo lo hace con las especialidades en materia de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. De este modo, la nueva Directiva de concesiones se incorpora a estas dos normativas sin que se apruebe una específica en esta materia.
Vencimiento del plazo para la transposición de las nuevas Directivas
En febrero de 2014 la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de tres Directivas de contratación:
– Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
– Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
– Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
Las dos primeras revisan las dos Directivas actualmente en vigor (Directiva General sobre contratación pública y Directiva de la contratación en los sectores agua, la energía, los transportes y los servicios postales), mientras que la tercera Directiva es nueva y se refiere a los contratos de concesión.
Aunque la tramitación de los Proyectos de Ley finalizó en marzo de este año, no pudieron ser remitidos a las Cortes con anterioridad por estar el Gobierno en funciones. En este momento su tramitación y aprobación es urgente ya que se ha sobrepasado el plazo de transposición máximo previsto, que concluía el pasado 18 de abril, por ello para la tramitación parlamentaria de ambos Proyectos de Ley se ha solicitado el procedimiento de urgencia.
Objetivos y novedades de la reforma
Los objetivos esenciales y principales novedades de ambos proyectos de Ley son los siguientes:
1. Reducción de las cargas administrativas y agilización de los procedimientos de contratación pública
Se pretende una reducción general de los plazos de tramitación, junto con una utilización preferente de medios electrónicos, informáticos y tecnológicos.
En particular, cabe destacar la generalización del uso de las llamadas «declaraciones responsables» en las que el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.
2. Aumentar la competencia y permitir un mayor acceso de las PYMEs a la contratación pública
Para ello se incentiva que los contratos se dividan en lotes.Frente a la actual normativa, que exigía que se motivara la existencia de diversos lotes en un contrato, a partir de la nueva Ley, el principio será el contrario y se deberá justificar como excepcional el hecho de que no exista división de los contratos en lotes.
Se restringe la utilización de los llamados «medios propios» (entidades creadas por una Administración o poder adjudicador para la realización de determinadas actividades sin someterse a un procedimiento de contratación). En la nueva Ley aumentan las exigencias para garantizar que la utilización de estos medios propios está justificada y no atenta al principio de libre competencia.
Se posibilita que el órgano de contratación exija, como criterio de solvencia de los licitadores, el que el periodo medio de pago a sus proveedores no supere los límites que se establezcan.
3. Mejora de la publicidad y transparencia y lucha contra la corrupción en los contratos públicos.
Se aprueba una nueva regulación más rigurosa de las prohibiciones de contratar (por ejemplo, no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares) y se incluye en el ámbito subjetivo de la Ley a los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales cuando se financien mayoritariamente con fondos públicos, lo que les obligará, en determinados supuestos, a adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público.
Para fomentar la publicidad en la contratación pública se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía (que no tiene publicidad) creándose un nuevo procedimiento, el Abierto Simplificado, con una duración del proceso de contratación muy breve (alrededor de un mes) pero que será totalmente transparente, con publicación obligatoria.
Además, con carácter general, se establece una previsión de que los órganos de contratación están obligados a tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción, y a prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en un contrato público.
4. Utilizar la contratación pública como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo
Por ejemplo, en materia medioambiental se exigencertificados de calidad a los licitadores para acreditar su experiencia o su «buen hacer» en el ámbito de la protección del medio ambiente y, en materia social, se establece la posibilidad de reservar contratos públicos para Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Social.
En cuanto a la I+D, el Gobierno considera muy relevante la regulación de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado «de asociación para la innovación», encaminado a dar cobertura a necesidades públicas que no se puedan satisfacer con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, exigen la realización de actividades de investigación y desarrollo en obras o servicios.
Previa selección de los candidatos, en la primera fase se contrata el desarrollo de los proyectos de I+D, que dispondrán de la correspondiente financiación y, finalmente, se analizan los resultados alcanzados y se adjudica el contrato de adquisición del bien o servicio a una o varias de las empresas de acuerdo con los criterios objetivos previstos en el pliego.
5. Mejora de la supervisión y la cooperación con otras Administraciones territoriales
Se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, un Comité de Cooperación con participación de Comunidades Autónomas y de la FEMP.
En plena hecatombe bélica y con las heridas de la Gran Depresión en mente, Karl Polanyi advertía en su obra “La gran transformación” (1944) que las sociedades regidas por modelos donde el mercado deja de ser un instrumento con el que gestionar el intercambio de mercancías para convertirse en un fin en sí mismo acababan desestructurándose de forma inevitable. Atenazadas por el miedo y la desesperación, lo normal era que entonces las mismas se echaran en brazos de movimientos de corte ultranacionalista o fascista antes de en los de auténticos movimientos emancipatorios defensores de una sociedad CON mercado en vez de una sociedad DE mercado, ambos hoy torticeramente metidos en un mismo saco llamado “populismo”.
Que quienes están hartos de perder en el juego de la economía globalizada hayan votado brexit en Gran Bretaña, elegido a Trump en USA o quizás opten por Le Pen en unos meses en Francia (basta ver el mapa de sus apoyos para darse cuenta de que éste se cruza con el de las zonas de miseria provocadas por décadas de onerosa dictadura financiera) revela cuánta razón tenía el insigne historiador austriaco, en aquella época enfrentado a las tesis antikeynesianas de la Escuela de Economía de Viena (a la sazón mentora del que luego habría de erigirse en gran pope del neoliberalismo Milton Friedman) que abogaban por el poder organizativo de los precios para ordenar la economía por sí solos sin ninguna intervención gubernamental.
Desde luego, si algo pone de manifiesto todo esto es el nuevo fiasco de ese proyecto – en el fondo muchísimo más utópico de lo que sus exégetas estarían dispuestos a admitir – llamado liberalismo económico, el cual jamás ha funcionado a favor de la clase trabajadora y cuya praxis en distintas épocas de la historia ha contribuido a destruir muchos de los cimientos materiales y hasta políticos de la sociedad moderna al provocar el aumento exponencial de la desigualdad, la caída generalizada del nivel de vida de la mayoría, el estancamiento del consumo amén de crisis tan letales como la de 1929 y 2008.
Pero para ser justos, también revela la incapacidad de una izquierda que, a fuerza de gobernar al servicio de unos pocos, dar la espalda a los trabajadores menos cualificados y/o precarios y, sobre todo, parecerse a la derecha, ha hecho que muchos – hastiados de elegir entre la Cocacola y la Pepsicola – ya no la vean como alternativa y apuesten hoy por el original vestido de chauvinista/demagogo/xenófobo ahora a la búsqueda de un nuevo chivo expiatorio en los inmigrantes donde antes era entre los judíos o comunistas.
Sí, el terreno lleva tiempo sembrado de rabia, frustración y hartazgo hacia un modelo que en los últimos 30 años se ha regido (desregulaciones financieras, reformas laborales la carta de los empresarios, tratados de libre comercio, deslocalizaciones industriales, contracción del gasto público, exenciones fiscales para los más ricos, proliferación de paraísos fiscales, presión a la baja sobre pensiones y sueldos, oleadas de privatizaciones, etc., etc.,) con la prepotencia característica de quienes, instalados en púlpitos privilegiados, aseguran estar en posesión de la receta (reducción del déficit público por medio de recortes y austeridad presupuestaria para hacer frente al pago de la ingente deuda…¡privada de los bancos!) infalible con la que solucionar los numerosos desajustes que ha generado.
En puridad, a Trump le ha bastado primero con darse cuenta de ello y, sin el apoyo de la parte más significativa de ese establishment al que él no olvidemos también pertenece, le ha sobrado después con venderse a sí mismo como otro atractivo e irresistible producto del mercado para capitalizar el rechazo generalizado de las clases populares hacia un consenso económico fracasado y hacia unas élites acomodadas, ciegas e incapaces de entender la sociedad a la cual han llevado a la pura ruina.
Más o menos ese es el resultado de la lectura del último Auto del Tribunal Constitucional de 18 de Octubre de 2016 que inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada frente a la ley 15/2010 gallega que atribuía tal sistema de libre designación de forma genérica e indiscriminada, extendiéndolo “En todo caso…” a “subdirecciones generales o equivalentes, jefaturas de servicio o equivalentes, las secretarías de altos cargos…”.
Pues bien, parece ser que para el Tribunal Constitucional, el legislador autonómico puede ampliar el sistema de libre designación a las categorías, puestos o supuestos que desee, burlando la excepción de tal sistema vinculada al carácter directivo y de especial confianza. Veamos el grave alcance de bendecir estos experimentos legislativos.
1. El fondo del litigio es realmente preocupante. Lo que se discutía era sencillamente si el legislador autonómico podía atribuir el carácter de libre designación de forma global, genérica y sin excepción (“En todo caso…”), a los puestos de Subdirección general o Jefatura de Servicio o equivalentes, porque con ese amparo legal debe cubrirse por libre designación tanto la Jefatura de Servicio de Sanciones como la Jefatura de Servicio de diagnóstico veterinario o la Jefatura de Servicio de archivos, o el Jefe de mantenimiento de tuberías asimilado a jefe de servicio, por ejemplo.
La respuesta del Tribunal Constitucional es un prodigio de claridad, pues confieso que desemboca en la inadmisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad por falta de fundamento (¡?), y pese a releerla me recuerda la claridad expositiva de los Marx (“la parte contratante de la primera parte del contrato”), ya que parece mandar un mensaje tan confuso como que “todos los puestos que quiera el legislador autonómico son de libre designación pero siempre que se ajusten a lo que debe ser de libre designación” (?). O sea, ceremonia de la confusión.
Y así, tras leer el Auto varias veces, hinco la rodilla en tierra e invito a los lectores a que con sus comentarios me arrojen luz sobre lo que en definitiva sugiere, manda o quiere decir con este Auto que, bajo animus iocandi, hay momentos que me recordaba los trabalenguas del actor Antonio Ozores.
2. Un espléndido comentario al Auto del Tribunal Constitucional se ofrece en este magnífico blog, que analiza con amplitud y lucidez la fragilidad del mismo, y donde agudamente se rechaza la simplona regla de tres que aplica el Tribunal Constitucional de que las “Jefaturas de servicio” ejercen funciones “directivas” y entonces pueden cubrirse por libre designación:
Lejos de homologar las funciones, responsabilidades y naturaleza entre los servicios (órganos de apoyo) y los órganos de dirección, se tratan de modo diferenciado porque nada tienen que ver los unos con los otros, y en este sentido nos parece sumamente ilustrativa y acertada la STS de 16 de Julio de 2007, rec. 1792/2004: “Las Jefaturas de Servicio –añade– no ostentan carácter directivo, por cuanto, más que impulsar o dirigir, su papel es el de órganos que son impulsados, supervisados o dirigidos por otros y a los que se encomienda la gestión ordinaria del bloque de competencias que les viene asignado (…)”. Ciertamente, precisa Sentencia, encabezan el nivel administrativo pero faltan en ellas las connotaciones propias de lo directivo “en tanto no dirigen sino que resultan dirigidas o claramente preordenadas en sus tareas”.Obviamente las jefaturas tienen asignadas funciones de dirección y control de su personal y unidad pero ello no les otorga el carácter directivo que en el Auto se les presume. Es más llevando al extremo dicha consecuencia, las adjuntías de servicio, jefaturas de sección, o incluso de negociado pueden llevar puntual u ordinariamente aparejadas esas funciones de coordinación, dirección y control de los medios que se les asignen y ello no implica que se puedan ser provisionadas por LD ¿O ahora tal vez sí?.
3. Pero es más, el precepto controvertido convierte en “regla universal” (ni siquiera general) la libre designación de los puestos de Jefe de Servicio (“o equivalentes”, debiendo recordarse que esa “equivalencia” depende de la potestad de organización de la administración, o sea, “la gatera” para “colar” la libre designación hasta el infinito).
Y decimos regla universal porque alguien en el Tribunal Constitucional ha olvidado la regla interpretativa que se aprende tempranamente en la Facultad: una cosa es decir “En todo caso…” (“todo” es “todo”, da rubor recordarlo) y otra “En su caso…” (lo que permitiría que no todas las Jefaturas de Servicio se cubrieran por libre designación sino aquéllas que fueran realmente “directivas” y de “especial responsabilidad”). Y si el precepto legal ahora “convalidado” por el Tribunal Constitucional dice “En todo caso…” no puede interpretarse como “En su caso…” pese a los circunloquios y rodeos confusos del Auto.
¡Tranquilo, todo mi equipo es de libre designación!
4. Lo cierto es que nuevamente el Tribunal Constitucional sigue comportándose como el primo de Zumosol del legislador autonómico, tal y como comentamos en un precedente post.
Quizá alguien debería recordar que a los legisladores autonómicos les resulta muy sencillo convertir en leyes lo que desean los gobiernos autonómicos, ya sea para burlar una sentencia firme o ya sea para diseñarse un equipo leal con la universalización de la libre designación.
O sea un retroceso en el control ya que admite que el legislador estatal o autonómico, por ejemplo, atribuya el sistema de libre designación desnaturalizándolo y convirtiendo en general lo que debe ser excepcional.Al menos eso es lo que se espera de una administración pública profesional y de un poder gubernativo de corte clientelar.
No vendría mal que desde las alturas del Constitucional se mirase de soslayo la clara y consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia, que siempre se ha mantenido en esta materia con los pies en el suelo y con la mente alerta, y sobre todo, sin perder de vista que las inmunidades del poder hay que vigilarlas y no potenciarlas.
Me quedo perplejo e incrédulo. De nada sirve todo lo que vengo defendiendo desde hace años, tanto en el concepto del directivo público como respecto de la libre designación.. Sin una función pública neutral y objetiva, no hay Administración pública ni Estado de Derecho y estas ampliaciones de las leyes autonómicas no pueden ser más que inconstitucionales y no hace falta argumentar mucho, Basta con conocer los principios generales que rigen en nuestro ordenamiento con fundamento en el artículo 103 de la Constitución y en el alcance que cabe otorgar al sometimiento pleno de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que mantiene el artículo 9.
Recientemente el TC inadmitió con la misma “claridad” y en tres líneas una cuestión de inconstitucionalidad en la que se planteaba, con profusión argumental, la necesidad de que en la expropiación forzosa se notifique al expropiado que va a ser expropiado d emanera personal y no solo por edictos (art. 105 CE). Lo triste es la nula motivación con la que se quitó la cuestión de enmedio el TC, como sucede en tu caso. En aquel supuesto nos el TC informó de que “en este tipo de casos” (¿¿??) no es necesaria la notificación personal. Y ya está. Para mí que hay por ahí mucho Letrado poniendo autos de inadmisión que nadie revisa.
Nada que añadir a lo ya comentado acerca de la gran cantidad de cuestiones en que se elude entrar a conocer del fondo del asunto tanto por parte del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. En este caso, del torpe proceder del Tribunal Constitucional cuyo auto, como bien señala el anterior comentarista, más bien cabría atribuir a un Letrado – (becario, si se me permite la expresión) trabajando a destajo (¿desviación de poder, quizás?), la única conclusión a extraer es que su alcance, más que limitado, es nulo, por constituir doctrina muy defectuosa que será revisada a poco tardar, pero, sobre todo, al no haber examinado ni resuelto por sentencia el fondo del asunto, ni siquiera resultaría vinculante para el Tribunal que la planteó, pues la concreta cuestión de inconstitucionalidad ha quedado, en rigor, sin respuesta. Y si atendemos a su motivación, el más que discutible razonamiento principal, resulta además ambiguo pues aunque parece conceder al legislador autonómico carta blanca a la hora de establecer la provisión de puestos por libre designación: “todos los puestos que quiera el legislador autonómico son de libre designación…”; añade que dichos puestos se han de ajustar a lo que deben ser éstos: ..”.pero siempre que se ajusten a lo que debe ser de libre designación”; lo cual, o es una tautología (y, por tanto, un absurdo lógico) o quiere indicar que las criterios deberán explicitarse y justificarse en algún momento. La técnica es muy deficiente y habrá de cohonestarse con la doctrina más correcta y sobre todo, mejor desarrollada del Tribunal Supremo en cuanto resulten compatibles, resolviendo el caso particular basándose en si ha existido la debida motivación en algún momento y dejando planteada la cuestión en sus términos para que, si es caso, y en los términos en que ha quedado fijado el recurso tras la última reforma, el Tribunal Supremo pueda apreciar interés casacional (ya que ni siquiera la infracción por inaplicación de la ley sería motivo suficiente, aunque tratándose de una Ley autonómica, a saber quién debería conocer, quizás el propio TSJ). Curioso.
Si tenemos en cuenta que la Justicia es la garante única del Estado Democrático, la pregunta sería si éste -el nuestro constitucionalmente definido- lo es. Por cierto, Señoría, si Galicia ha perdido a un Magistrado excepcional, tanto las Asurias como tu familia han de felicitarse por este cambio de destino. Desearte lo mejo es inútil: ello lo llevas ínsito en tu propia biología. Con todo el cariño de siempre.
El uso abusivo en la provisión de puestos por libre designación es, en la práctica, la antesala de la corrupción y de otros comportamientos que nada tienen que ver con la gestión del interés general. La discrecionalidad en el nombramiento y en el cese, —si el nombrado se sale del sendero previamente marcado o por el que se espera que transite—, ejercen tal poder en el nombrado que su independiencia de criterio queda seriamente mermado. Es una forma del poder para comprar la voluntad del funcionario (que es consciente de que su nombramiento no se lo ha ganado fundamentalmente por méritos propios, como en un concurso, sino por obra y gracia de la autoridad que lo nombra, con quien tiene una deuda de agradecimiento ya que, como dice el refrán, “de bien nacidos es ser agradecidos”) y de garantizarse con su firma el respaldo técnico o jurídico a proyectos y actuaciones de dudosa legalidad, acierto y oportunidad.
¿Dónde están quedando los principios de mérito y capacidad del artìculo 103.3 de la CE? ¿No estamos volviendo, de forma encubierta y sutil, al sistema de cesantías de tiempos remotos?
La provisión por libre designacion de Jefaturas de Servicio es un exceso. La provision por concurso ha quedado reducida, en su mayor parte, a puestos inferirores al nivel 24. Esto se puede comprobar con la lectura de los diferentes Boletines Oficiales. Poco se adelanta en la consecución del interés general si los principios de independiencia, mérito y capacidad solo se garantizan y aplican en el nivel bajo e intermedio de la función pública y no en los niveles medios altos.
Corrían los años aquí unánimemente considerados de la luna de miel del régimen postfranquista y, al esotérico grito de “¡Hu- Ha!”, el DJ Chimo Bayo petaba las discotecas del país con un mantra – “Chiquitán chiquititan tan tan que tun pan pan que tun pan que tepe tepe pan pan pan que tun pan que pen…” – ininteligible mitad conjuro dadaísta mitad delirio anfetamínico. A mí la cosa me pilló lejos, pero en los primeros 90´ miles de adolescentes invadían las carreteras levantinas cada fin de semana en busca de un buen chute de música maquinera, drogas de diseño y sexo compulsivo en el asiento trasero de la furgo utilizada para la ocasión.
Lo mismo que de la “Ruta del Bakalao” no queda ya ni la raspa, del “preboste del techno” (Juan Antonio Cebrían dixit) patrio queda rastro visible de aquel jicho que aparecía en escena cual Robocop con greñas, gafas de sol con luces acopladas, micrófono en forma de diadema, chupa de motero intergaláctico y gorra con el acrónimo en cirílico (¡si Mijaíl Suslóv hubiese levantado la cabeza!) de la extinta URSS. Hoy es un pureta que peina canas y parece casi hasta un tipo formal, si bien en una novela (titulada “No iba a salir y me lié”: justo la excusa que ponían quienes en su día acudían como zombies en pos del “sonido bakala”) que el muy cachondo dice haber escrito junto a la periodista Emma Zafón todavía reivindica unos tiempos que fueron en sus propias palabras “los de mayor libertad en nuestra historia reciente”. Nada menos.
Boutades aparte de quien se considera a sí mismo (mismamente) “Patrimonio de la Humanidad” (sic), es menester reconocer que la movida valenciana fue a su manera mucho más popular y transgresora que la muy pija y mediática movida madrileña, básicamente por no contar con ningún empujón institucional ni inyección de pasta alguna por cortesía del ayuntamiento de turno. Pero en el fondo igual de insatisfactoria. Al respecto convendría recordar que buena parte de los jóvenes que en esa época recorrieron tan demencial travesía de techofarra en techofarra se quedaron por el camino, unos cuantos literalmente, los más sentenciados después al paro, a encadenar un trabajo basura tras otro o, en el mejor de los casos, al exilio laboral para poder encontrar uno decente.
Sí, la gran mayoría de los incautos participantes en aquella explosión de hedonismo tan nihilista como inane tampoco son los mismos de entonces. Ahora están más gordos, más viejos, más tristes y más solos, encallados en un océano de desencanto, amargura, frustración y hastío vital. No repararon que cuando aquí sonaba el machacón “chunda, chunda” del pinchadiscos valenciano, por lo bajinis se estaba componiendo otra “sintonía” destinada a la sazón a inflar la burbuja inmobiliaria, privatizar los servicios públicos y precarizar el empleo.
Admitámoslo: mientras nos embelesábamos con los fuegos de artificio generados por tipos como él en tal o cual movida, otros (los de siempre: pónganles ustedes los nombres y apellidos que todos tenemos en mente) nos empezaban a robar la cartera. Y con ella, el futuro. Así que menos lobos, Chimo.
Es la gran incógnita del momento: como repercutirán en el mundo las decisiones de un imprevisible presidente Trump a partir de enero. Analistas, expertos, editorialistas y hasta políticos de diferentes bandos inundan las tertulias estos días de incertidumbres de altos vuelos: cómo será su política exterior o cómo repercutirán sus decisiones en la economía mundial.Algunos se temen lo peor. Pero lo que no saben, o no quieren saber, es que el daño ya está hecho. Lo peor de Trump no es lo que pueda hacer a partir de ahora, hasta es posible que los efluvios del poder le moderen un poco, sino lo que ya ha hecho y, sobre todo, dicho, convenientemente aireado por los medios de comunicación de todo el mundo.No es lo mismo que un individuo anónimo desprecie a las mujeres, los inmigrantes o los musulmanes, que lo haga Donald Trump en eventos emitidos por radio y televisión. Si el futuro presidente de los Estados Unidos desprecia (o ha despreciado) a colectivos tan numerosos y sensibles para la convivencia, los personajes capaces de hacer lo mismo se sentirán fuertemente respaldados para mantener su estilo e intentar imponerlo como un modelo a seguir. Al fin y al cabo, a partir de enero tendrán de su parte nada menos que al político más poderoso del mundo.El ejemplo es lo que más valoran psicólogos y educadores cuando se trata de inculcar valores positivos a los más pequeños. Esos que contribuyen, por ejemplo, a suavizar situaciones difíciles, atemperar emociones desbordadas o incluso a evitar guerras futuras.No es lo mismo un negro simpático y conciliador que a un blanco capaz de llamar asquerosa a su adversaria política en pleno debate electoralNo es lo mismo tener en la Casa Blanca a un negro simpático y conciliador, por criticables que puedan ser algunas de sus decisiones políticas, que a un blanco (anaranjado y de pelo estropajoso, sí, pero con ese peligroso orgullo de ser de raza blanca) capaz de llamar asquerosa a su adversaria política en pleno debate electoral. El ejemplo, el buen ejemplo, es una de las mejores armas que nos quedan para combatir el futuro incierto que nos acecha. Como padre y lector, uno de los momentos más emotivos de mi vida fue ver a mi hija de tres años instalarse en mi sofá de lectura, encender la lámpara de pie y ponerse toda seria a leer su cuento. Con la autoridad de una intelectual en potencia o, cuando menos, de una estudiante prometedora. Todo lo contrario de lo que ocurrría en este pais en aquella época. La España del pelotazo que preconizó el banquero Mario Conde en los 80, o las incursiones pseudopolíticas de personajes como Jesús Gil o José María Ruiz Mareos colocaron los cimientos de la ambición desmedida de los constructores y los políticos de finales de los 90 y principios de este siglo, que pudieron actuar impunemente gracias a la anestesia total generada por unos medios de comunicación aturdidos por unos personajes cuyo desparpajo era tan elevado como su desfachatez.Aquellos polvos formaron después el fango del que surgieron los Granados, Rato, Bárcenas …. Así como todo el cuadro de actores de las tarjetas black o la Gürtel que tan bien actúan ahora ante los jueces de la Audiencia Nacional. Un mal ejemplo de quién será centro de atención mundial, aun más, a partir de ahora, es lo peor que nos puede suceder si los franceses votan a Le Pen en primavera, o si los ultras triunfan en Alemania.Aquí solo nos quedaría rezar.
El periodista Giles Tremlett realiza a través de entrevistas a colegas de profesión de León y personas cercanas a la expresidenta de la Diputación, un detallado retrato de Isabel Carrasco a la que dibuja como una mujer hecha a sí misma, inteligente, implacable, temible e incluso vulgar y estridente que consigió imponerse en un mundo de hombres. La llega a denominar ‘La Margaret Thatchter de León’. Repasa su fulgurante carrera profesional y política y salpica el relato de anécdotas`para dar prueba de su peculiar carácter (como su famosa imagen con un collar en el que se podía leer la palabra ‘SEX’). Recuerda sus 13 sueldos en la época más dura de la crisis económica y la define como el mejor ejemplo de la corrupción y el clientelismo arraigado en el sistema político español.
El reportaje también recrea el crimen y el posterior juicio, así como su impacto en León y en los medios de comunicación nacionales. También se detiene en realizar una reseña de Montserrat y Triana y abunda en su peculiar vínculo materno-filial. A la primera la presenta como una asesina «que conduce un Mercedes y viste de Hugo Boss».
El juez Eloy Velasco procesa a Marcos Martínez y al resto de implicados en ‘Púnica’ en León
ileon.com | 02/11/2016 – 17:12h.
Con esta resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional confirma queexisten indicios racionales de que las personas investigadas en esta causa pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional ha procesado al que fuera presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, así como al resto de implicados en la vertiente leonesa de la ‘Operación Púnica’, el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez; el exinterventor de la Diputación, Manuel Jesús López ‘Suso’ (y actual viceinterventor); Alejandro de Pedro; José Antonio Alonso Conesa y a las empresas de reputación en internet Eico On Line SL, Madiva Editorial y Publicidad S.L.De esta manera, concluye la investigación de la pieza separada 2 de esta trama corrupta en la provincia de León.
Para tomar esta decisión, el magistrado se basa en todas las diligencias practicadas hasta el momento, en el interrogatorio de los investigados (antes imputados) y de los testigos, y en las interceptaciones telecomunicativas. Con todo ello, concluye que existen indicios racionales de que las personas investigadas en esta causa pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.
La resolución del juez sitúa los hechos en la Diputación de León, en 2014, y señala a las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, que llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos. El magistrado describe la relación entre los cargos públicos y los empresarios investigados, de la que todos sacaban beneficios personales.
En el caso del expresidente de la Diputación de León, el magistrado indica que se puso en manos de Alejandro de Pedro para conseguir su objetivo de consolidarse en el cargo. Las empresas de Alejandro de Pedro y sus diarios digitales, sin actividad periodística real, creaban noticias favorables al político para posicionarle en la red, mejorando su reputación on line. Además, Alejandro de Pedro se prestaba » a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular» informaciones favorables con el fin de conseguir que Marcos Martínez continuara como presidente del Partido Poipular en la provincia de León.
A cambio, señala el juez, los empresarios que le prestaban esos servicios recibían adjudicación directa de este tipo de trabajos.Esta forma de proceder, señala Velasco en su auto, se prestaba solamente para los fines personales de Marcos Martínez «alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas» con trabajos que se encargaban que no tenían relación con los fines para los que estaban previstos los medios de la Diputación.
El juez cifra en 90.000 euros, los fondos públicos que recibieron de forma irregular las empresas de Alejandro de Pedro: «instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, se aprobó un gasto indebido, sin formalizarse si a’probarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses».
Concertación para la adjudicación de contratos públicos
Otra de las operaciones investigadas en esta pieza se centra en todas las gestiones realizadas por los investigados para adjudicar los contratos públicos vinculados a la estación invernal de San Isidro a las empresas de Alejandro de Pedro. El magistrado describe la forma de proceder de los cargos públicos investigados, en especial el expresidente Marcos MArtinez así como del interventor, Manuel Jesús López Sánchez, quienes según el juez, de las interceptaciones telefónicas se desprende que ambos tenían intereses personales para beneficiar a las empresas de Alejandro de Pedro en los concursos vinculados a la mencionada estación de ski.
A partir de ahora fiscal y la acusación popular disponen de 10 días para formular sus escrito de acusaciones o bien solicitar el sobreseimiento de la causa.
The shocking murder of Spain’s most flamboyant politician
The brazen killing of Isabel Carrasco scandalised the nation. But when police began to investigate, they uncovered an even darker story of power, corruption and betrayal.
By Giles Tremlett
On 12 May 2014, just after 5.15pm, two well-dressed, middle-aged women walked purposefully up the ramp of a footbridge over the Bernesga river in the historic city of León in north-western Spain. First came Isabel Carrasco, the most powerful politician in the city, who was heading to the local headquarters of the conservative People’s party (PP). A minibus was waiting to take her to an election campaign rally with Prime Minister Mariano Rajoy. After numerous corruption scandals, his party was tanking in the polls, and he needed the support of one of his most successful vote-winners. At barely 5ft tall and 59 years old, Carrasco was a bold and colourful dresser. She was wearing a purple jacket with pink cuffs, black Chloé jeans and fuchsia platform shoes.
The woman who walked up the gentle arc of the bridge a few metres behind Carrasco was overdressed for a sunny afternoon – in a designer parka, baseball cap and leather gloves – but seemed otherwise unremarkable to Pedro Mielgo, a retired police officer who passed them both. Perhaps that is why, when the first shot rang out, he thought it was a firework.
When Mielgo looked back, however, he could see Carrasco sprawled on the ground. The other woman was leaning over her, a pistol in her gloved hand. She fired three more shots at Carrasco’s head – which bounced violently against the ground – and then turned around. After putting the gun in a shoulder bag, the woman pulled a scarf over her mouth and walked calmly past Mielgo before heading towards the centre of this placid and charming provincial city.
The assassin quickly melted into the sluggish afternoon street life of León, crossing the narrow riverside park and turning into a street of four-storey apartment blocks with shops and bars at ground level. Mielgo followed at a discreet distance, phoning the police as he went. He lost her by the Colón market, but then rounded the corner of the Gran Vía de San Marcos and saw a woman who – although she was now wearing a white jacket – he thought he recognised as the killer.
Mielgo waved down a passing police car. By now, the woman had got into the passenger seat of a parked, silver-grey Mercedes SLK 200 sports car, although there was no one in the driver’s seat. “That’s her. Be careful, she has a gun,” he shouted. The police officers approached the car and asked the woman for her identity card, which revealed that she was 58-year-old Montserrat González. Moments later, a younger woman approached them, explaining that she was González’s 34-year-old daughter, Triana Martínez. Triana said her mother had been with her the whole afternoon.
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A quick search of the car turned up no weapon. The home address on the back of the women’s identity cards was the Plaza de los Marqueses in the hilltop town of Astorga, 30 miles away. That square is best known as home to the city’s police headquarters. The women explained that the police station was their registered home, since González’s husband, Pablo Martínez, was Astorga’s chief of police. Martínez was one of the half-dozen most senior officers in León province. Despite this strange twist, Montserrat and Triana were immediately taken to León’s main police station for questioning as murder suspects.
While Mielgo was following the mysterious killer, León’s emergency services were dealing with something they had no experience of – a cold-blooded assassination in the middle of the day in a public place. Carrasco had been shot in the back and, as she slid to the ground, grabbed hold of the bridge’s handrail, twisting to see her attacker. Two more .32 calibre bullets had then been fired into her head, killing her instantly.
The victim, who presided over the powerful provincial government, or diputación, from her office in a cloistered 16th-century bishop’s palace, was known to everyone in León. The murder had been committed at one of the most dramatic sites in the city. “It was almost like a ceremonial killing,” recalled Ángela Domínguez, the former editor of the local edition of El Mundo newspaper. Emergency service radio recordings reveal one shocked ambulanceman blurting out a phrase that many would have recognised: “She’s the one who had 12 jobs, and 12 salaries!” It was a reference to the number of official and semi-official posts Carrasco had accumulated during her five years as diputación president. With her multiple jobs, incomes and perks, she had become a symbol of how politicians were milking public funds while other Spaniards struggled to cope with the recession that had devastated the country since the 2008 financial crisis. In a country with 25% unemployment, here was a woman with 12 jobs.
Many people in León recall exactly what they were doing when they heard the news. Miguel Ángel Zamora, a reporter at the Diario de León, was talking to a policeman after his car had been damaged by another vehicle. “I heard the victim’s name over his radio. I couldn’t believe it,” he told me. He rang his news editors, who thought he must have got it wrong. Confirmation arrived with the first photographs. A sheet covered the corpse, but the loud, fuchsia shoes were instantly recognisable. Isabel Carrasco, the woman known as the “Margaret Thatcher of León”, was dead.
Police stand next to the body of Isabel Carrasco at the crime scene. Photograph: Carlos Campillo/AFP/Getty Images
Not everyone was dismayed by the assassination. “There was shock, but not much sadness. You didn’t hear people saying: ‘Poor her’,” said Zamora. The list of her enemies was so long, some joked, that the police would never find the killer. It had sometimes been said that the only way to unseat Carrasco would be to murder her. Nobody had meant it seriously, but now it seemed that someone had taken it that way.
By the time of her death, and despite her party’s repeated successes at elections in León, Carrasco had become one of the most controversial and feared politicians in Spain. In her lifetime, people had gossiped viciously about her, often looking over their shoulder to make sure they were not overheard. Some saw her as a sort of praying mantis, seducing and devouring her victims, or as a despot who delighted in destroying her enemies. And as León and the rest of Spain slipped ever deeper into recession and angry pessimism after 2008, resentment towards her had grown.
Carrasco could be vulgar. “I remember having to explain to her in a restaurant that you can’t just pick your teeth with a yoghurt top in public,” said one friend who asked to remain anonymous. She was constantly in and out of cosmetic surgery clinics and was unabashed about it – showing off the stitches and scars behind her ears while proclaiming that “the time comes when we all have to do this”. When she became head of León’s diputación, she refused to follow tradition by hanging her predecessor’s portrait in the palace’s cloisters. Instead, she became the first to hang her own picture.
Carrasco had come a long way. She was a railwayman’s daughter, raised down the tracks from León in a small, poor village called Campo y Santibáñez. She was part of a generation of Spaniards who entered adulthood just as the country was leaving behind the right-wing Catholic dictatorship of General Franco and embracing democracy, progress and optimism. Women, who had previously needed their husband’s signature to open a bank account and could not legally get a divorce before 1981, were finally free to pursue their ambitions outside the home. Yet such opportunities were still largely restricted to those born into privilege. Carrasco was from a humble background, but she was clever and pushy. She studied law and passed the ferociously competitive civil service exams, to become one of Spain’s youngest tax inspectors. As a young woman, her energy and charisma were already legendary, as was her temper. “I even remember her being angry on her wedding day,” a childhood friend recalled.
A brief marriage produced a daughter, Loreto, when Carrasco was 25, before she left her husband and began a rapid rise through the PP. In 1987, at the age of 32, she became the provincial delegate of the regional government of Castilla y León. “León had never seen a woman in power,” Susana Vergara, a local journalist, told me. “She was young, uninhibited, clever and capable. It was like planting a bomb in a world full of men.”
In 1991, Carrasco returned to the tax office to run the team investigating large companies and wealthy individuals. When one well-off León family protested against the fines levied on them and insulted Carrasco personally, the fines were tripled. Carrasco enjoyed power, and knew how to impose it on others. “She could walk into a meeting full of men, and five minutes later be completely in charge,” said her friend (and lawyer) Carlos Rivera. He saw her as a gutsy, capable woman set on taming a city traditionally run by conservative men. “She was quick, impatient, fast-talking and liked to win.”
Local party leaders were impressed, and in 1995, Carrasco returned to politics as the finance minister in the regional government of Castilla y León. Eight years later, she became a senator in Madrid. Finally, in 2007, she was appointed head of León’s diputación – a powerful position that gave her control over a budget of €130m.
‘I’m a free woman’ … Isabel Carrasco in 2013. Photograph: J. Casares/EPA
The press had taken to Carrasco when she first appeared in León, though her brash, open manner shocked some people. She refused to bow to expectations about how a woman should dress, speak or behave. “I once heard her say loudly at a public event: ‘I’ll got to bed with whoever I want, because I’m a free woman,’” recalled Vergara. Everybody in León recalls one photograph in particular, when Carrasco turned up to a 2003 campaign event wearing a diamante choker that spelled out the word “SEX”. If they did not like it, Carrasco seemed to be saying, that was their problem. “They can suck my pussy!” was one of the cruder phrases occasionally heard ringing around the diputación palace when Carrasco was angry, which was frequently the case.
When she took office in July 2007, Carrasco’s first target was the cosy and corrupt business community that dominated León. She waded into this world with reformist glee, according to Rivera. “Her biggest enemy was the business community of León. To them, she had three defects. She was a woman, she was clever and she didn’t forgive people who stole.”
Yet Carrasco’s efforts to curtail corruption were only ever partial, and constrained by her own love of power. Speculative, get-rich-quick deals involving real-estate developers, local politicians and savings banks helped push Spain into its dramatic double-dip recession in 2008. Even today, the country’s GDP has yet to return to pre-crash levels. At León’s local savings bank, Caja España, the board – many of them politicians, with Carrasco as vice-president – handed out risky loans to fellow directors in 2008, including the bank’s president. When the loans were not repaid, the bank lost €60m. Had she lived, Carrasco would, like the rest of the board, now be under criminal investigation.
Rather than take people to court, Carrasco built dossiers that gave her power over them. “Whenever we broke a scandal in the paper, I would go to see her, and she would open a drawer full of files and say: ‘Is that all you have on them? You don’t know half of it,’” said her friend Ángela Domínguez.
Carrasco was also a formal suspect in the irregular hiring of 40 clerks who were given jobs for life at the diputación in 2007, shortly after she arrived. Many of those handed the jobs – after getting such impossibly high marks in the exams that the local ombudsman concluded they must have seen the questions first – had links to politicians. The only surprising thing about the story was just how blatant the cheating seemed to be.
“That’s how diputaciónes work in cities like León,” says Rosa Seijas, a temporary clerk who sat the exams and sued after failing to win a place. “I remember the first time I worked there [as a temp], people kept asking me: ‘Who do you belong to?’” The implication was that she owed her job to one of the local politicians.
Rivera claimed the scandal of the 40 clerks, which was eventually thrown out of court on a technicality, caught the newly appointed Carrasco by surprise. She had regretted letting it go through and set about cleaning up the regional government. “All cronyism came to an end,” he said. There were angry meetings at which Carrasco demanded to know who had put whom on the list. As Carrasco accumulated power, she made what Rivera calls “intimate enemies” inside her own party. She did not bargain or take prisoners. León’s power brokers never forgave her.
Over time, her style became as bullying and confrontational as that of her worst male predecessors and rivals. She would bawl and swear at her subordinates, humiliate her staff in public and squash journalists or political rivals who dared challenge her. “She hated it if you got ahead of her,” admitted Rivera. “And she was rudest when she got lost on a subject.” But that happened rarely, and she respected anyone who stood up to her. Friends found her loyal, but admit she could come across as hard and cold. “She didn’t show affection or approval in a normal way,” said Rivera.
In the province’s villages – where she felt most at home, and to which she allocated significant public funds for infrastructure projects – people loved her. In the city, apart from among a group of faithful friends, Carrasco was increasingly feared and scorned, even by fellow members of her party. She did not build teams, because she distrusted people and thought she could do better by herself. She governed with imperious disdain, expecting others to rubber-stamp her decisions.
She grew more and more paranoid about her enemies, both inside and outside the PP. She took on posts that previous diputación presidents had delegated to others – hence her “12 jobs” (she actually held 13), on the boards of local institutions or presiding over public-private consortia such as the city’s airport and tourism board. Most had attendance pay or perks attached. Yet no one was ever able to pin corruption charges on Carrasco. For some, that is proof that, whatever her failings, she was first and foremost a dedicated public servant. Others claim she was simply too clever to get caught. At the time of her death, she was being investigated for only one alleged infraction – of claiming twice for mileage. By the standards of Spanish politics, that is a minor offence.
Although her notoriety was concentrated within the province of León, Carrasco’s murder was headline news across Spain. A solemn funeral was held at León’s 13th-century Santa María cathedral, known as the “house of light” for its spectacular gothic stained-glass windows. Prime Minister Rajoy and his socialist predecessor, José Luis Rodríguez Zapatero, both of whom had lived in León as children, were among the mourners. Jesús Ramos, an architect and one of Carrasco’s most intimate friends, stood at the door awaiting the coffin. “She was one of the most honest and loyal people I have known,” he told me. Her 33-year-old daughter, Loreto, and Carrasco’s live-in boyfriend of over a decade, Jesús López, were inconsolable.
Some days later, graffiti appeared on the concrete tiles of the footbridge, almost in the exact spot that had been stained by Carrasco’s blood. “Aquí murió un bicho,” it read. “An animal died here.”
Montserrat González and her daughter, Triana Martínez, were unlikely murder suspects. Triana’s father was a senior policeman. Her mother was a 58-year-old housewife who wore Hugo Boss and drove a Mercedes sports car. Slight and pale, Montserrat looked younger than her years. Both women were also members of the PP and had become familiar faces at party conferences, rallies and the annual Christmas dinners at the 16th-century monastery of San Marcos, which had been converted into León’s classiest hotel. Perhaps most shocking of all was that Triana had been one of Carrasco’s protegees.
Montserrat González in court in January 2016. Photograph: J Casares/AFP/Getty Images
Mother and daughter had always been close. “They are one and the same,” said a friend, Julia Rodríguez. “Whatever one thinks, the other one thinks. If Montserrat says something then Triana says: ‘Exactly Mama, you’re right.’” Friends joked that Triana’s husband – when she found one – could expect to share his marriage bed with his mother-in-law.
Montserrat’s life had long revolved around Triana, who attended a private school and acquired a degree of small-town sophistication that her mother – raised in a country village – could never match. Triana Martínez was a brilliant, if spoiled, schoolchild. “She always had top grades,” her father, Pablo Martínez, told me when we met in Gijón, the Atlantic port city where Triana grew up.
Martínez seems to have played a relatively minor role in Triana’s childhood – either excluded by her tight bond with her mother or, as he told me, because he worked so hard. In 2003, he and Montserrat moved to Astorga, where he had been appointed police chief. He was delighted with the move, but Montserrat disliked the town. Local people thought she had delusions of grandeur. “She never greeted people in the street,” said Jacinto Bardal, a local PP councillor.
Triana had left home to study telecommunications engineering at university in Santander, 200 miles away, and when she did an Erasmus year at Ulm in southern Germany, her mother visited frequently. After graduation, Triana moved to León, to the delight of her mother, who would eventually move into Triana’s apartment.
The pair shared a fascination with luxury that was mostly beyond their means, and could be seen together window-shopping, or trying perfumes and brand-name clothes. Montserrat acquired expensive bags and boots, though friends wondered where she got the money. One year, she and Triana took a holiday at Villa Padierna – a five-star spa hotel in Marbella which had hosted, among others, Michelle Obama. “They are fantasists, who want the finest things in life,” said Julia Rodríguez, who went on holiday to Prague with them while Triana was a student, but found them more interested in their hotel and its little luxuries than the city.
Triana had come to León in search of a job. Spain’s economy was still booming and in June 2007 she began working on telecommunications projects at the Palacio de los Guzmanes – the diputación headquarters, where visitors are greeted by a mounted medieval knight in armour. She had been given a contact by her friends in the PP, which helped her secure the first of a series of temporary contracts. Fellow workers remember her as cheerful and competent, if a little superior.
When Isabel Carrasco took over as president the following month, she soon became Triana’s friend and protector. She called Triana at all hours, even requiring her to go to her apartment to help install cable TV. Carrasco, in turn, used her influence at the tax office to resolve Montserrat’s problems with her imported Mercedes.
The ambitious young woman felt like Carrasco’s protege and began to dream of two things. First, she wanted a job for life at the diputación, of the kind enjoyed by established civil servants. A recent poll by the AXA Foundation showed that this is the career ambition for a quarter of Spanish students. Second, and against her father’s wishes, Triana wanted a parallel career in politics. She was popular with senior PP officials and, since candidates for elections in Spain must find patrons to put them on the lists presented by each party, well-placed.
By December 2009, Triana’s future was looking bright. She was a PP candidate for councillor in Astorga, and that month Carrasco decided to turn her job into a permanent position. This required the diputación to set exams, which are obligatory for any permanent public job. Anyone could apply, but Triana expected the preferential treatment given to favourites.
Suddenly, however, Carrasco and Triana fell out. Triana would later claim that this was the result of a scene allegedly played out on the sofa at Carrasco’s apartment in January 2010. “She came up close to smell my perfume, and then she kissed me on the mouth … I was scared, but she tried to touch me and put her arm around me to stop me moving away,” Triana testified later in court. “I managed to get away and say that I was leaving.” Carrasco’s friends vigorously deny this. “She had no sexual interest in women,” said Ramos.
The two women also argued at work later that year, according to some witnesses, with Carrasco warning Triana that she could either be an ally or an enemy. When exams for the new job were finally held, Triana sent an urgent text message to Carrasco. “Sorry to bother you, but the exam is tomorrow and I need your help to pass,” it read. In other words, she was asking for the exam questions – but there was no reply. Instead, a second candidate appeared from out of town and was supposedly seen wandering off with the examiner. Triana filmed them with her phone, but did not formally challenge the appointment when the job was handed to her rival. Like many other people, Montserrat was convinced that Carrasco had brought in another candidate with the intention of denying her daughter the job. It was early 2011; Spain had fallen into a catastrophic recession three years earlier and unemployment was now 24%. Triana was out of favour, and out of work.
Triana Martínez during the trial. Photograph: J Casares/AFP/Getty Images
Carrasco then pursued her daughter with blind hatred, Montserrat later claimed, blocking her attempt to take up a council seat in Astorga after another councillor resigned, demanding the return of €11,000 allegedly overpaid to Triana by the diputación and getting the tax office to send claims totalling €6,000. She was convinced Carrasco also prevented her daughter finding work elsewhere in the city.
Triana became clinically depressed, and lost weight. Her father advised her to leave León and take her skills elsewhere. “But she wanted to be near her mother,” he told me. “That was her priority.” So Montserrat moved in with her daughter. Her husband, who stayed behind in Astorga, did not complain. He insists that his wife and daughter barely spoke to him about Carrasco. “That was something between the two of them,” he said.
A year before the murder, Montserrat approached Carrasco at a party and called her a “shameless daughter of a whore”. “What are you doing to my daughter?” she demanded. The normally sweet-natured Triana had also lost her temper when told by local councillor Bardal that she could not stand as a PP candidate again. She and her father, she said, would make sure the PP lost the next local election. Carrasco complained that Triana was turning out to be “wicked and rebellious, though the mother is worse”. By this time, Montserrat had decided Carrasco had to die. “It was my daughter, or her,” she said later. “Bad weeds must be torn out.”
Police were under intense pressure to solve one of Spain’s most shocking recent murders quickly and efficiently. The victim was a senior politician from the country’s ruling party and television news shows – enjoying a respite from corruption scandals and unemployment – were speculating wildly. The alleged perpetrators, meanwhile, were part of the wider police family and needed careful treatment. León was not used to being at the centre of national events. It had a force of experienced investigators headed by the capable new comisaria provincial, María Marcos – but two veteran detectives were also sent from the bigger city of Burgos. It was they who interviewed Montserrat and Triana the following morning.
The footbridge and the spot where Montserrat had been arrested were only 500 metres apart, yet trawling through rubbish bins and dredging the river bed produced nothing. All they had was Mielgo’s eyewitness report and, in the boot of the Mercedes, they had found a Hugo Boss parka that resembled the one seen on the murderer.
The evidence, however, soon built up against Montserrat. A search of the León apartment revealed that she owned a small pistol – not the one used in the crime – and an array of ammunition, including .32 calibre bullets. She also had two-thirds of a kilo of marijuana. A photograph found on a laptop showed a smiling Montserrat and her daughter beside a towering cannabis plant. This was one of several that grew beside the chicken run in her own mother’s village backyard. The police chief’s wife, it turned out, was an enthusiastic consumer and cultivator of cannabis.
It did not take long for Montserrat to confess. She must have known, in any case, that forensic tests would prove that she had recently fired a weapon. She had acted alone and out of hatred, she claimed. She would explain everything if they promised to release her daughter.
Montserrat claimed that she had heard many tales from her husband about the Gijón underworld and that she knew where to get hold of a pistol in that city. She had bought one from a drug trafficker and rapist who, conveniently, had since been murdered. She had been trying to kill Carrasco for more than a year, frequently waiting outside her apartment building with a pistol in her pocket, but had stopped after a neighbour became suspicious and confronted her. On the day of the murder, she had walked past the building again and, she said, got lucky. Carrasco was, unusually, on her own. They knew the rest. And she was not sorry.
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The murder weapon was finally discovered late on the day after the crime. A 39-year-old municipal police officer, Raquel Gago, rang a colleague to say she had seen a suspicious bag hidden among the mess on the back seat of her own car. It must have been placed there, she said, by Triana Martínez. Inside the bag, police found a snub-nosed .32 calibre Taurus pistol with its identity numbers filed off.
Gago was, apart from Montserrat, Triana’s best friend. She had stopped by their flat for coffee after lunch on the day of the murder. The policewoman had seen her friend again some 10 minutes after the shooting, when Triana walked past her as she chatted to a traffic warden beside her parked Volkswagen Golf. Triana had asked if she could leave something in the car while she went to buy fruit, but never came back.
Police began to suspect that Montserrat had had an accomplice as she plotted what was meant to be a perfect crime: her own daughter. Triana now had to explain how she got hold of the weapon – and disposed of it – so quickly.
Triana told investigators that she thought she had quashed her mother’s fantasy of killing Carrasco long before. On the day of the murder her mother had called her, hysterical, saying she had sighted Carrasco and planned to shoot her. Triana had told her to stop and then ran towards the bridge. She arrived in time to see her mother walking back into town and throwing a bag down the garage ramp of an apartment block. They did not speak, but Triana realised that the bag might contain a gun, and so retrieved it. She had then bumped into Gago, put it in her car and gone on to find her mother being arrested.
“That was when she called me,” her father – an outwardly modest, conservative man with a policeman’s trademark inscrutability – told me later. “It was like being immersed in cold water and then having an electric charge shot through me.” Lying to protect your own family – even in a court of law – is not a crime in Spain. Triana claimed that, believing her mother had used her father’s gun, she had lied in order to protect both her parents.
Investigators were not convinced. They had found a search for pistols on Triana’s laptop and notebook jottings on guns that were for sale in her handwriting. Even Gago’s story did not add up. Why had it taken her 30 hours to report that the murder suspect had placed something in her car? The case was strange enough already, but when the police officer was formally accused of conspiracy, it become even more bizarre.
Carrasco’s funeral in the Santa María cathedral in León, May 2014. Photograph: Getty Images
Montserrat claimed the police had promised that, if she confessed, her daughter could walk free. But that did not happen. By the time mother and daughter went to trial for murder in León’s central court in January 2016 – with snow on the hills and a damp, penetrating chill on the streets – both women had spent 20 months on remand in jail. (Gago, facing the same charges, had been bailed.)
Formally, the nine-person jury had to decide on the guilt or innocence of the three women (with Montserrat now claiming temporary insanity). But the victim’s own guilt was also being debated, with public opinion as the jury. León itself had already turned its back on Carrasco. Few people attended the events commemorating the first anniversary of her death. The local PP, now run by what Rivera called her “intimate enemies”, tried to pretend that she never existed. “During her life she provoked terror and panic,” explained Susana Martín, a local journalist who interviewed Montserrat and Triana in jail. “But now she still provokes fear.”
Both mother and daughter appeared convinced that Triana would be found not guilty. They were wrong. The judge gave Montserrat and Triana sentences of 22 and 20 years, but when Martín visited them in prison a few months later they had not lost their capacity for fantasy. They were sure that Triana would be released on appeal, and even asked the journalist to wait to take photographs until then. “I am an engineer,” Triana scoffed. “What kind of a genius plans a murder in the middle of León at five in the afternoon?” Yet that appeal failed and, like Gago (who was deemed an accomplice and handed a 12-year sentence), they now await a final supreme court decision. Montserrat, who is also appealing, remains unrepentant. “I just want to get out so I can tell everyone the truth about Carrasco,” she told Martín.
Spain’s first Twitter hate-crime arrest was that of a 19-year-old student in Valencia who greeted Carrasco’s death with the tweet: “That’s the way! Kill them all.” The applause that greeted the murder in certain quarters owed much to the mindset of Spaniards who were fed up with politicians lining their pockets while they themselves scrabbled for jobs, had homes repossessed or coped with dramatic falls in income, according to Ángela Domínguez. Carrasco’s tyrannical reputation – and the corruption rumours – had helped make her a target. “Part of society saw it as an almost necessary ritual,” she said. “There is a shared responsibility.”
Although people in León complained privately about Carrasco, few had dared to confront her. Perhaps they feared that, without a pistol in their hand, they were always bound to lose. Rosa Seijas, who sued over the fixed exam system, sees a cowed society that has accepted cronyism as inevitable. “Everyone complains, but nobody does anything,” she said. “They just say that this is the way things work. In fact, all they want is to find a way to get their own offspring a civil service job.” Carrasco’s architect friend, Jesús Ramos, says that the poisoned atmosphere in León reflected what he calls Spain’s “familist” society – where a weak welfare state provides no real safety net. “Here, your family looks after you,” he said. That makes cronyism inevitable, even virtuous. In this case, it primed a mother to kill.
The woman who pulled the trigger, however, acted out of revenge for her daughter, hurt pride and frustrated grandeur – not from moral or political indignation. After all, her daughter’s desire to land a job for life, funded by taxpayers, through rigged exams was a further example of corruption. An assassin who drives a Mercedes and wears Hugo Boss does not represent the jobless rage of Spain’s new poor. If anything, she represents a society where the corrupt distribution of public wealth is so widespread that some feel they have a right to demand their share – and, in this case, if they do not get it, a right to kill for it.
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Al contrario de lo que se plantea en su exposición de motivos, la PDLI considera que la actual redacción de la Ley es suficientemente amplia como para contemplar las posibles vulneraciones de este derecho que se produzcan a través de cualquier canal, incluidas las redes sociales, tal como los jueces la han venido aplicando hasta el momento.
“Nos preocupa esta reforma porque Internet no requiere leyes especiales: deben existir en la Red los mismos derechos y obligaciones que fuera de ella, y la normativa actual sobre derecho al honor ya da cobertura a estos supuestos. La experiencia nos indica que, cuando se regula Internet de manera específica, el resultado es un recorte de libertades y derechos que luego es muy difícil de revertir”, advierte la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.
“La Ley 1/1982, aunque claramente anterior a Internet, contiene ya una serie de principios generales que son aplicables tanto al mundo online como offline. Esta generalidad no es algo negativo, como ahora parece quererse argumentar por la proposición, sino que permite precisamente al intérprete disponer de un marco general legislativo, susceptible de ser aplicado a diversos medios y sistemas de distribución”, explica el jurista Joan Barata, experto internacional en materia de libertad de expresión.
A juicio de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) esta reforma es un peligro potencial para la libertad de expresión, pues, tal como se anticipa en el texto de la proposición no de ley, se trataría de imponer restricciones adicionales a las opiniones y contenidos que se comparten en Internet.
En esa misma línea, apunta Joan Barata:“Si el legislador intenta ahora normar de forma más casuística y específica con relación a una tecnología concreta la consecuencia casi inevitable será la introducción de restricciones y limitaciones en un entorno que debe caracterizarse por una protección máxima del principio de libertad y libre y plural difusión de ideas”.
Censurar los memes
El director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, anticipa alguna de las consecuencias de esta eventual reforma con un ejemplo:
“Si se pretende perseguir cualquier publicación de imágenes sin consentimiento, una actividad tan extendida para la crítica política o social, como son los memes, se convertiría en una actividad de riesgo, teniendo en cuenta lo que ya establece la Ley Mordaza”, alerta Sánchez Almeida.
La PDLI recuerda que, de forma sistemática, la supuesta defensa del derecho al honor se viene usando como arma legal para impedir la difusión de informaciones veraces y de interés general (con frecuencia, casos de corrupción) o de opiniones cuya expresión es perfectamente lícita de acuerdo a los parámetros internacionales sobre libertad de expresión.
La PDLI teme que, de seguir adelante esta proposición, España se aleje aún más de esos estándares.
Al tratarse de una Ley Orgánica, su modificación, en caso de abordarse, exigiría para ser aprobada la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
El PP quiere regular las redes sociales para reforzar el derecho al honor
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pretende reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
El texto recoge que las nuevas tecnologías permiten la difusión de información de manera «insólita» y pone en «especial peligro» ámbitos de la vida privada
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Los ‘populares’ quieren delimitar su contenido para adaptarlo al uso de las redes sociales.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, los ‘populares’ constatan que la citada norma, que data de 1982, es una de las que «más trascendencia práctica» ha tenido en lo que a los derechos fundamentales de los ciudadanos se refiere, pero entienden que, pasados más de 30 años, resulta necesario regular «con una mayor precisión» estos derechos, puesto que, tal y como establece la ley, vienen determinados por las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad y por el propio concepto que cada persona tenga sobre los mismos.
El PP considera que la «relatividad» que caracteriza a estos derechos dificulta la delimitación conceptual sobre qué ha de entenderse por honor, intimidad y propia imagen, por lo que pretende otorgarles «la oportuna protección o tutela en el ámbito civil» con el fin de evitar el «amplio margen de discrecionalidad» que existe a la hora de aplicar la Ley.
Según subraya, la «alta litigiosidad» entre los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y otros derechos constitucionalmente protegidos como la libertad de información y la libertad de expresión evidencia «la indefinición, la falta de complitud y la flexibilidad» de esta norma.
Difusión de información de manera «insólita»
Es por ello que el PP pretende reforzar la protección de los llamado derechos de la personalidad, sobre todo ante la creciente presencia de las nuevas tecnologías, que permiten la obtención y la difusión de información de una manera «insólita» y que pone «en especial peligro» ámbitos reservados de la vida privada.
Como ejemplo, los ‘populares’ citan «la frecuente vulneración del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen que se articula con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares».
Los resultados del informe elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y presentado la semana pasada en Lima sobre el declive de la biodiversidad que hablan sin tapujos de una “sexta extinción” son como para poner los pelos de punta incluso al más desaprensivo. Es verdad que no estaríamos ante un proceso nuevo – hubo ya cinco extinciones anteriores; la última, hace 65 millones de años, acabó con los dinosaurios – pero, en esta ocasión se habría disparado a una velocidad de vértigo desde el siglo pasado, siendo además los humanos los principales responsables del mismo como provocadores directos de los nocivos efectos del actual cambio climático.
¿Estamos en una fase terminal e irreversible? ¿Habremos creado un modelo socioeconómico monstruoso de cuyo camino hacia el abismo sea ya imposible escapar? Cuando menos somos una especie curiosa: mientras el resto están obligadas a adaptarse al medio para poder sobrevivir, nosotros hemos recorrido el camino inverso, esto es, hemos adaptado el medio a nuestras cada vez mayores necesidades, deseos y caprichos. Tanto que, según la ONG Global Footprint Network, satisfacerlos a tan endiablado ritmo ha hecho que nos encontremos a un paso ya de consumir todos los recursos que el llamado “planeta azul” puede renovar en un año.
Desde luego, resulta evidente que en el lapso temporal (un breve parpadeo en comparación con la historia total de la tierra) que va desde nuestra aparición en el Paleolítico hasta el momento presente nos hemos equivocado demasiado con una naturaleza a la que hemos considerado siempre como un yacimiento inagotable del que podemos extraer cuanto nos dé la gana. La propia naturaleza ha podido también “equivocarse”, si es que se puede entender así. La diferencia es que ésta tiene todo el tiempo del mundo para enmendar sus “errores”, mientras que nosotros carecemos del necesario para subsanar las nefastas consecuencias de los constantes atentados (contaminación de ríos y mares, destrucción de ecosistemas, etc.) cometidos para con el medio ambiente.
Sí, estamos dejando el planeta hecho una auténtica mierda. Pero, en cierto sentido y según mi modesto entender, los que afirman que el mismo está en peligro se equivocan. Sin ser un experto en la materia, pienso que algunas teorías ecologistas no atinan demasiado presentando a la tierra tal que una frágil damisela necesitada de protección. Lo segundo es cierto, pero en cuanto a lo primero si miramos los millones de años de evolución y los millones de especies que por aquí han pasado y ya no están, Gaya o Gea se parece en ocasiones más a una mujer fatal que ha ido devolviendo uno por uno (terremotos, tsunamis) los “golpes” que se le han ido dando. Vamos, que en realidad somos nosotros, los soberbios y egoístas sapiens, los que peligramos..
En otras palabras, que si continuamos por este camino, no me cabe duda que la madre tierra encontrará la forma de librarse de nuestra molesta presencia. Entonces, todo seguirá su curso y nada ni nadie nos echará de menos. Al contrario, la concatenación de acontecimientos y/o factores que supusieron nuestra aparición difícilmente se volverán a repetir. En el devenir del universo y del propio planeta seremos una efímera anécdota, quizás un mal sueño de nosotros mismos. Quedarán eso sí algunos (pocos) vestigios de vanidad de nuestro rastro aquí, pero poco más.
Lo peor de todo es que, aún sabiéndolo o al menos intuyéndolo, no somos capaces de reaccionar. Es como si el iceberg estuviese ahí delante, plantado a la vista de todos, pero nadie tuviera los redaños suficientes para virar el timón del barco y evitar el hundimiento final. ¿Nuestra irrefrenable fascinación por el abismo? Más bien nuestro connatural egoísmo e irremediable estupidez.
Damos noticia ahora del proceso selectivo que el SOMACYL inició en julio de 2016 para contratar dos técnicos (Gestión Piscícola y Piscicultura), publicitado en su página web.
Incumplimiento de plazos. La recepción oficial de solicitudes para cubrir estos dos contratos finalizó el 29 de julio, tras ampliarse el primer plazo estipulado por defectos de procedimiento. Según la propia normativa interna, en estos procesos selectivos, se escogerían entre los solicitantes cinco candidatos/as para realizar una entrevista personal en el plazo de diez días, sin embargo, el personal del SOMACYL encargado de hacer esas entrevistas no se pone en contacto con los/as candidatos/as preseleccionados hasta pasado más de un mes. ¿Será que el mes de agosto no existe?
No se han respetado los procedimientos que han de seguir las contrataciones en el sector público. SOMACYL es una Entidad de CARÁCTER PÚBLICO; tal y como lo expresa la Ley 12/2006, en la que se crea esta Sociedad, y el acuerdo 162-2006, en el que se detallan sus estatutos. Por lo tanto, en los procesos de selección de personal deben respetarse los principios reflejados en la Ley de Contratos del Sector Público: publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
Arbitrariedad total en la selección del personal. No se ha seguido el procedimiento de contratación que el propio SOMACYL tiene. De acuerdo a la normativa que publica SOMACYL en el punto 7 de su Ley de Transparencia, deberían haberse hecho públicos los criterios, baremos, méritos, etc. que regirán en el proceso selectivo, cosa que no se hizo. El procedimiento queda así viciado de arbitrariedad, pudiéndose dar el caso de seleccionar un/a candidato/a por criterios de afinidad política, de parentesco, de estética, etc. También debió existir una mesa de contratación ad-hoc, públicamente prefijada, que no fue constituida.
Indefensión administrativa. No se hace pública la decisión de la selección de los/as dos candidatos/as ni por comunicación oficial, con acuse de recibo, ni por publicidad en los medios oficiales públicos del SOMACYL. Debiera haber sido debidamente comunicada la desestimación de los candidatos/as preseleccionados/as y no elegidos/as, junto con la decisión de los candidatos/as elegidos, y el procedimiento de posibles alegaciones a la decisión, plazos, instancias a las que dirigir el recurso, etc. Por lo tanto se ha privado a los/as candidatos/as no seleccionados de su derecho a presentar alegaciones al órgano competente correspondiente, o del derecho a solicitar una baremación externa por parte de otro comité de evaluación. Este hecho sería ya suficiente como para impugnar e invalidar este procedimiento selectivo. Abundando en este argumento, está el hecho de que se formalizaron los contratos sin existir ningún tipo de comunicación oficial.
En resumen, con independencia de la valía o competencia de los/as candidatos/as elegidos, el proceso seguido ha sido como si estas contrataciones se hubiesen realizado en la empresa o sector privado.
Más o menos ese es el resultado de la lectura del último 
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Son numerosas las denuncias que desde la 
leonsano 
Me quedo perplejo e incrédulo. De nada sirve todo lo que vengo defendiendo desde hace años, tanto en el concepto del directivo público como respecto de la libre designación.. Sin una función pública neutral y objetiva, no hay Administración pública ni Estado de Derecho y estas ampliaciones de las leyes autonómicas no pueden ser más que inconstitucionales y no hace falta argumentar mucho, Basta con conocer los principios generales que rigen en nuestro ordenamiento con fundamento en el artículo 103 de la Constitución y en el alcance que cabe otorgar al sometimiento pleno de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que mantiene el artículo 9.
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Recientemente el TC inadmitió con la misma “claridad” y en tres líneas una cuestión de inconstitucionalidad en la que se planteaba, con profusión argumental, la necesidad de que en la expropiación forzosa se notifique al expropiado que va a ser expropiado d emanera personal y no solo por edictos (art. 105 CE). Lo triste es la nula motivación con la que se quitó la cuestión de enmedio el TC, como sucede en tu caso. En aquel supuesto nos el TC informó de que “en este tipo de casos” (¿¿??) no es necesaria la notificación personal. Y ya está. Para mí que hay por ahí mucho Letrado poniendo autos de inadmisión que nadie revisa.
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Nada que añadir a lo ya comentado acerca de la gran cantidad de cuestiones en que se elude entrar a conocer del fondo del asunto tanto por parte del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. En este caso, del torpe proceder del Tribunal Constitucional cuyo auto, como bien señala el anterior comentarista, más bien cabría atribuir a un Letrado – (becario, si se me permite la expresión) trabajando a destajo (¿desviación de poder, quizás?), la única conclusión a extraer es que su alcance, más que limitado, es nulo, por constituir doctrina muy defectuosa que será revisada a poco tardar, pero, sobre todo, al no haber examinado ni resuelto por sentencia el fondo del asunto, ni siquiera resultaría vinculante para el Tribunal que la planteó, pues la concreta cuestión de inconstitucionalidad ha quedado, en rigor, sin respuesta. Y si atendemos a su motivación, el más que discutible razonamiento principal, resulta además ambiguo pues aunque parece conceder al legislador autonómico carta blanca a la hora de establecer la provisión de puestos por libre designación: “todos los puestos que quiera el legislador autonómico son de libre designación…”; añade que dichos puestos se han de ajustar a lo que deben ser éstos: ..”.pero siempre que se ajusten a lo que debe ser de libre designación”; lo cual, o es una tautología (y, por tanto, un absurdo lógico) o quiere indicar que las criterios deberán explicitarse y justificarse en algún momento. La técnica es muy deficiente y habrá de cohonestarse con la doctrina más correcta y sobre todo, mejor desarrollada del Tribunal Supremo en cuanto resulten compatibles, resolviendo el caso particular basándose en si ha existido la debida motivación en algún momento y dejando planteada la cuestión en sus términos para que, si es caso, y en los términos en que ha quedado fijado el recurso tras la última reforma, el Tribunal Supremo pueda apreciar interés casacional (ya que ni siquiera la infracción por inaplicación de la ley sería motivo suficiente, aunque tratándose de una Ley autonómica, a saber quién debería conocer, quizás el propio TSJ). Curioso.
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Si tenemos en cuenta que la Justicia es la garante única del Estado Democrático, la pregunta sería si éste -el nuestro constitucionalmente definido- lo es. Por cierto, Señoría, si Galicia ha perdido a un Magistrado excepcional, tanto las Asurias como tu familia han de felicitarse por este cambio de destino. Desearte lo mejo es inútil: ello lo llevas ínsito en tu propia biología. Con todo el cariño de siempre.
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El uso abusivo en la provisión de puestos por libre designación es, en la práctica, la antesala de la corrupción y de otros comportamientos que nada tienen que ver con la gestión del interés general. La discrecionalidad en el nombramiento y en el cese, —si el nombrado se sale del sendero previamente marcado o por el que se espera que transite—, ejercen tal poder en el nombrado que su independiencia de criterio queda seriamente mermado. Es una forma del poder para comprar la voluntad del funcionario (que es consciente de que su nombramiento no se lo ha ganado fundamentalmente por méritos propios, como en un concurso, sino por obra y gracia de la autoridad que lo nombra, con quien tiene una deuda de agradecimiento ya que, como dice el refrán, “de bien nacidos es ser agradecidos”) y de garantizarse con su firma el respaldo técnico o jurídico a proyectos y actuaciones de dudosa legalidad, acierto y oportunidad.
¿Dónde están quedando los principios de mérito y capacidad del artìculo 103.3 de la CE? ¿No estamos volviendo, de forma encubierta y sutil, al sistema de cesantías de tiempos remotos?
La provisión por libre designacion de Jefaturas de Servicio es un exceso. La provision por concurso ha quedado reducida, en su mayor parte, a puestos inferirores al nivel 24. Esto se puede comprobar con la lectura de los diferentes Boletines Oficiales. Poco se adelanta en la consecución del interés general si los principios de independiencia, mérito y capacidad solo se garantizan y aplican en el nivel bajo e intermedio de la función pública y no en los niveles medios altos.
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