¿No es monstruoso que la gota de semen que nos engendra lleve en sí, no sólo las impresiones de nuestra forma corporal, sino también las inclinaciones de nuestra familia? Michel de Montaigne se formuló esta pregunta a finales del siglo XVI. La misma podemos hacernos hoy, cuando nos toca examinar si el franquismo inseminó a la democracia del 78, a la vista de su linaje compartido de impunidad y corrupción.
A partir del año 2012 la sociedad española ha venido sopesando si la degeneración de nuestra forma de gobierno es ineluctable, bajo un potencial vírico capaz de arruinar a toda España. Se ha ido tomando conciencia, especialmente en Catalunya, de que una dictadura que chocheaba parió nuestra inmadura democracia. La transición fue la partera que asistió a un Régimen ridiculizado por la pérdida del Sahara, amedrentado por el asesinato de Carrero y con aversión hereditaria a la voluntad popular. Es decir, la transición habilitó a las fuerzas dominantes del franquismo para que se mudasen a la Constitución de 1978, sin apenas despeinarse.
El caso Palau para la mayoría social catalana sintetiza la supervivencia de un franquismo maquillado
El caso Palau, ese alambique de comisiones y enriquecimientos criminales a resguardo de la música, para la mayoría social catalana sintetiza la supervivencia de un franquismo maquillado, confortablemente instalado en las nuevas instituciones democráticas. Barcelona no aplaudió a los corruptos como hemos evidenciado con estupor en otras ciudades españolas. El caso Palau dinamitó la inocencia de la clase media catalana. En su imaginario la música clásica ya no sólo suponía una aspiración estética, sino también el escondrijo de unos cuantos saqueadores a la sombra del arte. Mientras se interpretaban las partituras de Schubert, Beethoven o Mozart, los corruptos no cesaban de maquinar y ejecutar escrupulosamente su plan de expolio. La música más excelsa prestó así su ayuda -inconsciente- a la trama más corrupta y antiestética. Un fraude multimillonario destinado a sufragar bodas, viajes, influencias, redes de contactos, financiación política y el enriquecimiento criminal de sus autores. Esta fealdad instalada en los intestinos del Orfeó Català heló los corazones del catalanismo. Una de sus más preciadas instituciones culturales, el Palau de la Música de Catalunya, había servido como tapadera de corruptos desde el año 1998, dos años después del pacto del Majestic, que permitió a Aznar ser presidente del gobierno con el apoyo de CiU. El silencio del expolio en el subsuelo de conciertos de cámara sublimes y sinfonías maravillosas.
Las diligencias judiciales del Palau entroncan con la primera fase de la lucha contra la corrupción sistémica en España. Al principio (2009-2013), tras el 15M y la explosión del caso Blesa, el Partido Popular negó los hechos, sin más, arropado por campañas mediáticas grotescas. En una segunda fase (2014-2016), el Gobierno Central tuvo que ir asumiendo la realidad de cientos de causas penales emparentadas con la clase política y su propio partido. Durante este período, sobrevivió el caso Blesa fragmentado, se impulsó el caso Gürtel y otros procedimientos penales igualmente expresivos de la severa degradación reinante, tales como el caso ERE, Púnica, o Nóos. Actualmente, en una tercera etapa, la corrupción se ha ido apagando a nivel mediático por el conflicto suscitado, en torno al “Procés” independentista, entre los Gobiernos central y de Catalunya.
El caso contra la mafia en el Palau se inició en el año 2009, en virtud de la querella presentada por fiscalía siendo Cándido Conde-Pumpido Tourón Fiscal General del Estado. Esta causa, no sólo ha dado a luz un ejemplo enciclopédico de cómo saquear las arcas públicas, sino que además ha estigmatizado a la extinta CiU, formación que fue clave para el independentismo y la supervivencia del bipartidismo (Pacto del Majestic). Frente a las otras tres grandes causas sobre corrupción sistémica (casos Blesa, Gürtel o ERE), en el caso Palau no destaca tanto la forma perniciosa de gestionar intereses ajenos, como el estigma en el soberanismo catalán.
Para la Catalunya independentista no existe en España una democracia homologable con las que rigen en Gran Bretaña, Francia, Alemania o Italia
Muchas personas entendemos que un cambio político en España es posible, al menos en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad. Pero quizá sencillamente pensemos así porque, no siendo independentistas, optamos por el autoengaño. Para la Catalunya independentista no existe en España una democracia homologable con las que rigen en Gran Bretaña, Francia, Alemania o Italia. Sí, Italia. Imagínense a Silvio Berlusconi explicando a Aznar la forma en que procedió contra él la fiscalía italiana, incluso siendo primer ministro. Quien ha sido más duramente condenado en el caso Palau, Fèlix Millet, ha sido relacionado precisamente con Aznar. De hecho, en la instrucción de la causa, la acusación popular intentó ampliar la imputación a una posible trama de traspaso de fondos a favor de la FAES catalana (Instituto Catalunya Futur), anclada en sobrecostes de obras en el Palau asumidos por el Ministerio de Cultura. Como esta pretensión de la acusación popular (FAVB) fue rechazada, al día de hoy, seguimos ignorando quienes fueron los donantes anónimos de la FAES catalana durante los años 2003 y 2004, período en que Millet se convirtió en patrono de la misma.
Los hechos iniciales del Caso Palau se remontan al año 1998. En cierto modo, la noticia más destacada en relación con la sentencia recaída en esta causa es su fecha: “29 de diciembre de 2017”; es decir, unos 20 años después del inicio de la trama criminal. Si la investigación policial y judicial hubiese desplegado -a tiempo- mayores medios, a nivel de intervención de comunicaciones, quién sabe hasta donde se hubiera llegado. Resulta difícil comprenderlo. Cómo es posible que la densa trama descrita en los hechos probados de la sentencia no fuese detectada antes, ni por la Agencia Tributaria, ni por el supervisor estatal (Ministerio de Cultura o Banco de España), ni por ninguna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tan siquiera por el “Tribunal de Cuentas”. Consta en la sentencia del Caso Palau que, en enero de 2002, ya se había presentado “denuncia anónima” ante la Inspección Regional de Hacienda en la que se mencionaba que “en la Fundació del Palau existía un alto grado de corrupción, operando con una doble contabilidad y manejando grandes cantidades de dinero en negro para beneficio propio de Millet y sus colaboradores (cruceros, viajes, mercedes 500, etc.), aparte de obras y servicios en sus viviendas y residencias particulares que camuflaban en facturas a cuenta de la Fundació. También se señalaba que eran numerosas y cuantiosas las comisiones que cobraban por la contratación de obras y servicios”.
Tras la denuncia anónima ante la Inspección Regional de Hacienda, tardó siete años en activarse el poder judicial
Enero de 2002. Hace 16 años era ministro de hacienda el mismo que hoy, Cristóbal Montoro, en un gobierno presidido por José María Aznar. Pero las diligencias judiciales del caso Palau no se incoaron por el Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona hasta el día 20 de julio de 2009, durante el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero. Es decir, tras la denuncia anónima ante la Inspección Regional de Hacienda, tardó siete años en activarse el poder judicial ¿Cómo se explica que las supremas instituciones represivas del Estado tardasen “siete años” en reaccionar judicialmente, frente a hechos de tan exorbitante carácter criminal? ¿Qué pensará sobre lo sucedido el citado denunciante anónimo? ¿Cayeron más denuncias en saco roto?
La máxima responsabilidad en la lucha contra las tramas de corrupción sistémica que pululan por España corresponde, sin la menor duda, a las cúpulas de las instituciones represivas del Estado, con sede en Madrid. Si pensásemos lo contrario, que la trama del Palau es asunto exclusivo de Catalunya, es como si la reconociéramos independiente, no a nivel territorial, pero sí para delinquir. Me refiero a una trama corrupta que en sus comienzos fue chusquera, movió mucha pasta en “cash”, y prácticamente procedió al aire libre. Hasta que Gemma Montull no se incorporó a la mafia del Palau, éste no comenzó a ser fagocitado de forma sofisticada. Cuesta trabajo asumir que el aparato supervisor y represivo del Estado no se enterase de lo que estaba sucediendo ¿Ningún indicio durante tantos años, ninguna sospecha policial fundada, ninguna filtración o denuncia anónima?
¿Por qué la eminente responsabilidad en la lucha contra la corrupción corresponde al Gobierno Central? Porque es el único que dispone de un ejército de medios personales dotados legalmente para la prevención y represión del delito. Ante el más mínimo hecho lesivo cualquier hospital remite de inmediato comunicación o parte médico a la autoridad judicial. Esto sucede mecánicamente para los delitos de sangre ¿Por qué no se procede de igual modo con los delitos económicos? ¿No interesa proteger a los denunciantes de estas tramas criminales? El pasado 3 de enero el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) determinó, en relación con la lucha contra la corrupción, que España aún no ha implementado ninguna de las 11 recomendaciones que el propio Grupo emitió en 2013.
¿Y la responsabilidad de los corruptores privados? El caso Palau apenas ha profundizado en la responsabilidad penal de los supervisores corporativos, desde la perspectiva de la administración desleal que consiente, con la mayor pasividad, alertas delictivas en el seno de la empresa. La corrupción y los corruptores suelen bailar muy coordinadamente el negro vals del expolio. Sin embargo, la cortina de humo de la indignación pública contra los gestores políticos, suele dejar al margen de estas tramas delictivas a los corruptores, quienes al fin y al cabo son el motor principal que alimenta esta lacra.
La corrupción en el sector público ha sido el vínculo genético entre la dictadura franquista y la democracia del 78
La sentencia del Caso Palau, que no es firme, con toda seguridad será recurrida. Para cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia, quizá la opinión pública ya no retenga el relato de este caso. Por primera vez se condena a una formación política que se comprometió con el bipartidismo del Régimen. Resta saber qué pasará con los principales protagonistas, el PP (caso Gürtel) y el PSOE (caso ERE). La corrupción en el sector público ha sido el vínculo genético entre la dictadura franquista y la democracia del 78. Ninguna Comunidad Autónoma se ha librado de los rasgos congénitos que lastran a nuestra democracia, especialmente por lo que se refiere a la ausencia de división de poderes y la consagración del reino de la impunidad. Así se explica el hundimiento de las Cajas de Ahorros, el rescate bancario y una corrupción galopante mantenida durante decenas de años. Nadie se ha librado. Catalunya tampoco.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sancionado a la Junta de Castilla y León por fraude de ley y abuso en la contratación de médicos y enfermeros interinos, cuyos contratos temporales se alargaron durante ocho años.
En la sentencia 1445/2017, de 22 de diciembre del año pasado, el tribunal castellano leonés ha reconocido el derecho de los 18 médicos y enfermeros demandantes a ser considerados personal indefinido no fijo del servicio regional de salud de Castilla y León (SACyL) y les ha indemnizado con 20 días por cada año trabajado.
8 años cubriendo un puesto “temporal”
Los demandantes entraron a trabajar entre los años 2007 y 2008 en condición de personal interino, pero cubriendo puestos “temporales”, ya que teóricamente sólo estaban cubriendo unas plazas que iban a ser liberadas para concurso.
Estas plazas, bajo el nombre de “Médico/a y Enfermero/a de Área”, fueron creadas en 2006 en el Decreto 93/2006 de 21 de Diciembre, donde se añadía que, hasta que no se convocaran los procesos selectivos, dichas plazas estarían cubiertas por el personal interino.
El plazo legal para convocar dichos procesos es de tres años. Sin embargo, la provisión de destinos no se convocó hasta el año 2015, de manera que los demandantes pasaron entre 7 y 8 años contratados temporalmente por la Junta.
Los afectados han denunciado la existencia de un fraude consistente en que la Administración castellano leonesa ha estado cubriendo tales plazas con personal temporal y que, en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las personas afectadas por la situación de fraude de ley que considera se ha producido tienen derecho a que se les reconozca la condición de indefinido no fijo.
Fraude y abuso de la contratación temporal
La sentencia del tribunal castellano revisa la sentencia anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Valladolid, que niega que se haya producido el supuesto fraudey defiende que los puestos fueron asignados conforme al derecho y siguiendo el proceso legal, ya que existía la necesidad de cubrir esas vacantes.
El TSJ de Castilla y León se ha pronunciado recurriendo la sentencia del juzgado vallisoletano, y ha establecido que en efecto se ha producido “una situación de abuso de la contratación temporal y un fraude en los términos en los que lo describe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
A este respecto, se refiere el tribunal a la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada que pretende “imponer límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración” y exige la justificación objetiva de la renovación de los contratos de este tipo.
También hace referencia al artículo 9 de la a Ley 55/2003, que no establece una autorización general y abstracta para utilizar sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, sino que limita la celebración de tales contratos a los supuestos en los que haya que satisfacer necesidades provisionales.
Sin embargo, basándose en la jurisprudencia europea, el tribunal ha matizado que “esta situación no puede permanecer en el tiempo, ya que si es necesario cubrir tales vacantes deben convocarse los procesos correspondientes”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha criticado a la Junta por no haber justificado la razón de que se haya empleado tanto tiempo en convocar los procesos para cubrir esas plazas por los sistemas legalmente previstos, cuyo plazo es originariamente de tres años.
Categoría inexistente
Asimismo, el tribunal castellano añade que no existe la categoría específica de Médico/a y Enfermero/a de Área, ya que no se necesitaba “una formación específica de ese personal, ya que venían sido ocupadas por médicos/as de familia y por enfermeros/as sin especialidad alguna y eran ellos quienes podían concurrir para cubrir tales plazas de manera definitiva”.
El TSJ razona que mediante la contratación temporal, la Junta buscaba “satisfacer necesidades permanentes, manteniéndose esa situación en el tiempo de manera injustificada” y aunque en principio se hizo conforme a la ley porque se necesitaba cubrir esos puestos, la dilatación en el tiempo de esta situación confirma el abuso.
En relación con las consecuencias de los actos de la Junta, el tribunal establece una indemnización a los demandantes de veinte días por año de trabajo, y reconoce su derecho a ser considerados personal indefinido no fijo del SACyL.
(…) Este pájaro Aguado es el mismo que remite circulares a los hospitales con la obligación de retrasar lo más posible la inclusión de los pacientes en la lista de espera quirúrgica. El mismo que se niega a dar datos de las listas de espera diagnósticas. Un lobo enfundado en una bata blanca (…)
Hay personajes en la vida pública que son apóstoles de la náusea. Es verlos en el plasma y tener que meterse un chupito de primperan para no dejar el sofá hecho una pena.
La nómina es amplia y no quiero aburrirles, pero pongamos por ejemplificar que cito a Rafael Hernando, Jordi Pujol, Corcuera, o Aznar. A este panteón ilustre de vomitivos se ha unido por méritos propios desde hace ya un tiempo nuestro querido consejero de Sanidad , Antonio María Sáez Aguado.No es fácil encontrar cemento armado que iguale la dureza facial de este liquidador, ni la desvergüenza para negar la realidad de un edificio que se viene abajo mes a mes, fruto del lucrativo ansia privatizador y los recortes homicidas en la sanidad pública. Y todo eso, sin que se mueva un pelo de la calva ni se descomponga el rictus del mentiroso compulsivo.
Y así con el caos que nunca ocurrió en el ambulatorio de Eras de Renueva, con la saturación de las urgencias en todo el reino, con el cierre de plantas hospitalarias enteras, con el abandono sanitario de las zonas rurales denunciado hasta por los alcaldes del PP, o la situación abracadabrante del Hospital del Bierzo.
Este pájaro Aguado es el mismo que remite circulares a los hospitales con la obligación de retrasar lo más posible la inclusión de los pacientes en la lista de espera quirúrgica. El mismo que se niega a dar datos de las listas de espera diagnósticas. Un lobo enfundado en una bata blanca.
El próximo sábado 20, las Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León convocan una manifestación en Valladolid para parar esta desvergüenza inhumana.No estarán ni Silván ni Merayo, que se deben a sus vecinos, pero sobre todo a sus padrinos.Otra razón para ir.
El sindicato independiente de administraciones públicas (Siap) ha querido salir al paso de las informaciones publicadas en los últimos días sobre lacontrovertida convocatoria exprés de dos plazas temporales en la Diputación de León.
Jesús del Olmo, portavoz de Siap, denuncia el «malestar» de los trabajadores con un proceso «repleto de sombras» que, según asegura, está lleno de «olvidos de legalidad» por parte del equipo de gobierno del palacio de los Guzmanes.
Del Olmo asegura que «son varios los procesos similares en los que se ha vulnerado la legalidad» y cuenta que por investigarlos y querer hacerlos públicos «han intentado abrirme expedientes disciplinarios». «Y no les importa nada meterse en nuevos conflictos judiciales porque lo pagan las arcas provinciales, el dinero público», lamenta.
Del Olmo: Majo ostenta por ley la jefatura superior del Personal y sigue la estela de legislaturas anteriores, de las que él mismo renegóEl representante de Siap asegura que el equipo de gobierno que preside Juan Martínez Majo «sigue como antes». «Mucho predicar, pero continúan con los mismos métodos y vicios», considera del Olmo, que recuerda que Majo ostenta por ley la jefatura superior de Personal, como recoge el artículo 34 de la Ley de Bases de Régimen Local, «pero Majo se ha desentendido de su obligación legal e indelegable de ejercer sus funciones de jefatura superior».
A su juicio, «el presidente de la Diputación sigue la estela de legislaturas anteriores, de las que él mismo renegó». Además, señala que se ha negado a recibirles, «aunque se lo hemos solicitado por todas las vías, incluso en persona».
Los «olvidos»
A través de un extenso documento, Del Olmo desgrana cuáles han sido los «olvidos» del equipo de gobierno en este polémico proceso, del que este viernes la web de la Diputación hizo públicos los nombres de todos los admitidos y excluidos al examen del 4 de enero (hubo cinco mujeres que superaron la prueba teórica).
La Diputación no merece ser gobernada por políticos que manifiestan un total desconocimiento sobre una administración públicaEntre esos aspectos «ineludibles» que critican desde Siap figuran varios artículos del texto refundido del Estatuto básico del empleado público que consideran que han sido vulnerados en esta convocatoria urgente, firmado el 20 de diciembre por el diputado de Personal, Raúl Valcarce, que sigue sin pronunciar ni una palabra sobre estas pruebas de las que no se informó a los sindicatos, ni a la oposición ni a varios de los diputados del equipo de gobierno, algunos de los cuales mostraron su profundo malestar a Valcarce en la última junta de gobierno.
Del Olmo cree que en este proceso no ha habido transparencia, ni se han aplicado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ni ha habido eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, ni se produjo una negociación colectiva ni participación de los representantes de los trabajadores.
«Como todo el proceso se ha llevado de forma oculta, no es posible tampoco comprobar si se han cumplido los requisitos generales, ni los órganos de selección ni los sistemas selectivos», dice Del Olmo.
Críticas a la oposición
Emprenderemos acciones legales contra Pellitero y Llorente si no aclaran sus afirmaciones en que involucraban a sindicatosTambién dedica Siap palabras a dos de los portavoces de la oposición de la Corporación provincial, José Pellitero y Matías Llorente (PSOE y UPL, respectivamente), a los que exige que aclaren las declaraciones que hicieron en este periódico asegurando que se trataba de «un proceso limpio, y así lo han comprobado los sindicatos». «Emprenderemos acciones legales contra ellos si no aclaran esas afirmaciones que involucraban a los sindicatos», señala Del Olmo.
Cs, En Común y PSOE han pedido explicacionesal PP sobre las sombras de este proceso.
Entre los sindicatos, además de Siap –que tiene 3 de los 21 representantes de la Junta de Personal– también han criticado la convocatoria USO (4) y CCOO (3).
CSIF y UGT –con 6 y 5 representantes– son los únicos que no se han pronunciado al respecto.
La Diputación no informó a la oposición ni de la “urgencia” ni de las plazas de la navideña ‘oposición exprés’
A. Vega | 08/01/2018 – 09:04h.
La convocatoria exprés de plazas de Técnico de Administración General no fue informada en la correspondiente comisión de Recursos Humanos de la institución provincial, pese a celebrarse apenas cinco días antes de la ‘oposición exprés’. Ciudadanos pedirá explicaciones por la supuesta urgencia de la convocatoria para estas plazas.
El alcalde de Carracedelo y diputado provincial de Recursos Humanos, Raúl Valcarce. / César Sánchez / ICAL
A las polémicas oposiciones exprés navideñas de la Diputación de León celebrada la semana pasada para uno o varios puestos de Técnico de Administración General, que no se especificaba en la convocatoria, acudieron finalmente un centenar de personas pese a los escasos cinco días para apuntarse a la misma en plena época vacacional.
La Diputación ha justificado la convocatoria por “la urgencia y necesidad de técnicos en la casa”, en palabras del portavoz del equipo de Gobierno, el diputado provincial Francisco Castañón. Y debía ser urgente porque la convocatoria fue firmada por el diputado de Recursos Humanos, Raúl Valcarce, el día 20 de diciembre y de la que no se informó en la comisión de Presidencia y Recursos Humanos celebrada apenas cinco días antes. En la última reunión del año de la comisión se informó del inventario de bienes de la Diputación y de las contrataciones realizadas por la institución en el 2017 pero no se contó, ni siquiera de forma verbal, de la ‘oposición exprés’ que se iba a aprobar unos días después, tal y como han confirmado diputados asistentes a este medio.
Tampoco en la comisión de Hacienda y contratación del mismo 15 de diciembre, en la que a veces se informan de estos asuntos si no hay comisión de recursos humanos cercana, se comentó nada sobre la necesidad urgente de técnicos y la convocatoria inminente del proceso de selección para trabajar de forma temporal en la institución provincial.
Preguntas “como en todas las oposiciones en general”
Finalmente la oposición, cuyo puesto de trabajo no se especificaba aunque la categoría sí de funcionario interino, se desarrolló en forma de examen con 4 preguntas elegidas por sorteo para ser desarrolladas de forma breve. Uno de los asistentes ha relatado a ileon.com que al preguntar por el temario, que no figuraba en la convocatoria, se le respondió que consistía “como en todas las oposiciones en general”. En concreto a las preguntas que ha tenido acceso este periódico versaban sobre cuestiones de procedimiento administrativo y de régimen de los entes locales.
El desarrollo del examen, en uno de los edificios del Complejo San Cayetano, se realizó en tres turnos de una treintena de participantes cada uno, eligiendo por sorteo las cuatro preguntas de los bloques temáticos. Alguna de las preguntas eran sobre contratación menor o tipología de bienes de los entes locales.
El examen, de menos de media hora de duración, tenía un 70% del peso para la nota final, con otro 10 para los méritos aportados y otro 20% para la experiencia laboral en puestos similares, según desvelaron desde el tribunal a los personados en el examen.
Las explicaciones dadas por los responsables del examen a preguntas de algunos de los propios opositores fueron que se trataba de generar una nueva bolsa de empleo dado que la anterior bolsa de empleo para esta categoría laboral, una de las superiores en la administración, se encuentra agotada. En concreto explicaron que esperaban completar al menos 3 o 4 puestos vacantes en la institución provincial. De momento no se ha hecho pública la lista de aprobados en esta singular oposición.
Ciudadanos e IU piden explicaciones
El representante de Ciudadanos en la Diputación de León, Juan Carlos Fernández, ha reclamado que se convoque urgentemente la Junta de Portavoces para que el responsable de Recursos Humanos “dé las explicaciones pertinentes acerca de la convocatoria exprés de las plazas de funcionarios interinos”.
“No dudamos de la necesidad urgente de la contratación de dicho personal, pero creemos que las formas de convocatoria no han sido las correctas” ha apuntado Fernández, quien ha considerado que las explicaciones ofrecidas por el Equipo de Gobierno del Partido Popular en relación a esta contratación de personal “evidencian una total falta de transparencia”. “Las plazas de funcionarios no pueden cubrirse con procedimientos que no respetan ni los principios constitucionales ni la normativa legal y reglamentaria” ha apostillado.
Ciudadanos ha presentado un escrito en la Diputación para averigüar los motivos de urgencia para la convocatoria de estas plazas, así como lo llamativo de las condiciones, además de saber qué puestos en concreto están vacantes y urge su ocupación.
Por su parte la coalición IU-En Común a través de su diputado, Miguel Flecha, ha denunciado que llevan dos años reclamando que se cubran plazas similares a las ofrecidas, pero que “nos choca enormemente que el PP demuestre tales urgencias en cubrir las plazas y absoluto pasotismo en tomar la decisión definitiva de dotarlas”.
La coalición de izquierdas reclama “transparencia en el proceso, asegurar la legalidad del mismo, cumplir los plazos establecidos, porque si el tiempo se echa encima es por culpa del Equipo de Gobierno, a quien le han entrado las prisas y las urgencia ahora, cuando no ha hecho otra cosa que retrasar la mera admisión de la necesidad de las plazas durante toda la legislatura”.
IU-En Común han solicitado explicaciones al diputado del área, Raúl Valcarce, “para asegurar la limpieza del procedimiento y repetir el proceso si no observamos las suficientes garantías”.
Las ‘oposiciones exprés’ celebradas el jueves pasado en la Diputación siguen generando controversia. A la urgencia con que fueron convocadas y la ausencia de temario alguno, cabe añadir las declaraciones contradictorias que se han llevado a cabo respecto a unas pruebas sobre las que nadie en la casa da las suficientes explicaciones.
Tras las informaciones publicadas por algunos medios de comunicación sobre este asunto –entre ellos La Nueva Crónica– el sindicato USO salía al paso de cuanto se ha publicado para insistir en su postura, «contraria» al sistema de llamamientos a través de los servicios públicos de empleo (Ecyl) «por la discriminación y la poca transparencia a la hora de llevar a cabo dicha selección».
Asimismo, desde USO denuncian también que la aplicación del artículo 5 (’Bolsas de carácter extraordinario y excepcional’) del Reglamento de Bolsas de Empleo de la Diputación «se está convirtiendo en una práctica habitual».
Sólo Ciudadanos y En Común han criticado la actuación del equipo de gobierno en esta convocatoria urgenteUSO, el sindicato con menos representación en el Palacio de los Guzmanes, recuerda que siempre se ha manifestado en contra de este tipo de llamamientos a través del Ecyl, aunque según señaló el equipo de gobierno la convocatoria «se colgó también en el tablón de anuncios», aunque sin darle la correspondiente publicidad.
«Siempre hemos solicitado que se constituyan las bolsas de empleo correspondientes», reclama el sindicato USO. Desde el equipo de gobierno se aseguró la semana pasada que, «al no existir bolsas de empleo, hubo que recurrir al Ecyl «por urgencia y necesidad para cubrir una decena de plazas», según contó a preguntas de los periodistas el portavoz del PP y vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón.
Cs y En Común piden explicaciones
Hasta la fecha, de los cinco grupos de oposición la Corporación provincial sólo Ciudadanos y la coalición En Común han exigido unas explicaciones al equipo de gobierno que todavía no han llegado.
Entre las 99 personas que se presentaron el día 4 a las pruebas hay varios familiares de políticos y exdiputadosEntre los trabajadores de la Diputación son muchos los que han expresado su malestar «por la vuelta al oscurantismo» de la política de Personal que lleva a cabo el diputado del área, Raúl Valcarce.
Su manera de proceder, «sin contar con nadie y sin dar explicaciones de nada», tampoco gusta a un buen número de diputados de todos los colores: los de la oposición aseguran no tener conocimiento de este proceso de selección ni de otros realizados en los últimos meses, mientras que hay diputados del PP que no se explican por qué Valcarce «actúa al margen de los demás, sin dar explicaciones ni entre nosotros».
¿Hay o no hay bolsas de empleo?
Los portavoces de PSOE y UPL, José Pellitero y Matías Llorente, aseguraban la semana pasada que la urgencia de esta convocatoria exprés se debía únicamente a la falta de bolsas de empleo específicas. Sin embargo, otras fuentes de solvencia consultadas por este periódico confirman que en los últimos meses se han utilizado bolsas de empleo para la provisión de determinadas plazas que sí se han cubierto.
¿Hay o no hay bolsas de empleo en la Diputación? ¿Por qué circula ya por la casa algún que otro nombre entre los aspirantes a hacerse con una plaza de las nuevas ofertadas sin ningún tipo de temario oficial?
Ladran, luego cabalgamos. Algo habremos hecho bien cuando tanto escuece en Palacio lo que publicamos. Empeñados en vendernos que ‘son diferentes’ y que los tiempos han cambiado desde lo que ellos mismos llaman la dictadura del terror, en los últimos días han vuelto a revelarse como auténticos maestros de la transparencia y la comunicación. ¿O será lo contrario? Transparencia, poca; comunicación, la de la confusión.
La idea de las ‘sustituciones exprés’ –no diré oposiciones, que les cuesta poco denunciar con el dinerito de todos– partió seguro del diputado que siempre grita a todos para que ni los suyos le lleven la contraria. Y le funciona. Los demás, incluso los del PP, o no se enteraron (¿por?) o achantaron.
Las formas de algunos en la Diputación me han recordado a la prepotencia sobreactuada de Rato esta semana en el Congreso, un condenado que viene a dar lecciones a los demás sobre honradez, toma ya. Y no digo yo que en Palacio haya condenados, pero de soberbia van algunos sobraditos.
Hubo una época en que en aquella casa no se podía hablar de nada. Luego un tiempo breve en que hasta te dejaban pasear por el pasillo. Y ahora intentan vendernos que se puede hablar de todo pero en realidad no se puede hablar de nada porque te la juegas. De los creadores de ‘Expedienten a esta tía, que nos hace muchas preguntas’ llega a los cines el ‘Cuidadín con lo que publicáis, no vayáis a excitar a los ciudadanos armados’.
Y luego se mosquean cuando algún periodista desalmado confunde el Palacio de los Guzmanes con el de los Gañanes…
De todos los reinos medievales de España, en la actualidad, el leonés es el más desconocido y olvidado. Para comprobar este extremo no hace falta más que echar una ojeada a cualquier libro de texto del país o incluso a cualquier manual generalista de historia de España.
Este olvido es más sangrante si observamos que el león heráldico ocupa el segundo cuartel del escudo nacional. Es decir, es considerado el segundo reino en importancia, tan solo por detrás de Castilla.
Detalle de la puerta del cordero, en la basílica de San Isidoro de León. Autor: José Luis Cernadas.
El reino de León existió al menos desde el año 910 hasta 1230. Durante la mayor parte de ese tiempo fue el principal poder político de la Península.
En su seno tuvieron lugar hechos muy relevantes. Allí surgieron las leyes escritas con validez para todo un reino (1017) o nacieron de las Cortes (1188). En este artículo pretendemos dar un rápido vistazo a la historia del reino de León.
Su existencia va indisolublemente unida a la ciudad homónima. La ciudad de León nació como campamento militar de las Legios romanas VI y VII.
Para comprender los orígenes del reino de León, conviene echar un vistazo a las épocas prerromana y romana. También a los periodos inmediatamente posteriores.
Los orígenes: los ástures
Los ástures recibían su nombre del río Ástura (actual Esla), que constituía su frontera oriental. Habitaban, a grandes rasgos, la mayor parte de las actuales provincias de Asturias y León. Pero también la mitad occidental de Zamora y algunas áreas del nordeste portugués y del occidente gallego.
Mapa de la zona de influencia de los ástures. Autor: Ricardo Chao Prieto.
Junto a los cántabros, los ástures fueron el último pueblo hispano en ser conquistado por Roma. Ello aconteció durante las guerras astur-cántabras, del 29 al 19 a.C. En ellas Octavio Augusto se empleó a fondo, utilizando nada menos que unas siete legiones (en torno a 80.000 hombres).
Además hizo uso de la flota de Aquitania, que hostigó a cántabros y ástures desde la costa. A pesar de haber sido derrotados, los dos pueblos continuaron levantándose en armas durante bastante tiempo.
Legio VII
Tenemos noticias de una rebelión ástur en torno al año 65 d.C. Tres años más tarde Galba formó una nueva legión, la Legio VII, para luchar contra Nerón. En el año 74 esta legión se asentó en el anterior campamento de la Legio VI entre los ríos Bernesga y Torío.
Este emplazamiento se convertiría en definitivo, siendo la Legio VII la única legión estacionada en la península hasta el final del imperio romano de occidente.
Campamentos estables del Imperio Romano. Autor: Ricardo Chao Prieto.
Con el tiempo la legión se dotó de torres y murallas para protegerse, convirtiéndose en un bastión casi inexpugnable para cualquier enemigo de la época. A nivel administrativo, la legión se encontraba en el Conventus Asturum.
Tenía su capital en Asturica Augusta (Astorga), dentro de la provincia Tarraconense. A partir de Diocleciano (298) y hasta el final del Imperio fue parte de la nueva provincia de Gallaecia.
Murallas romanas de León. Autor: José Luis Cernadas.
Reino suevo de Gallaecia (409-585)
En el 409 tres pueblos penetran en la península ibérica: suevos, vándalos y alanos. Los primeros se asentaron en la Gallaecia, en el noroeste de la península.
Al principio no fueron capaces de tomar las principales ciudades. Pero fundaron un reino con capital en Braga que perduró hasta el año 585, cuando fue absorbido por los visigodos.
Mapa de la División de Diocleciano 298 dC. Autor: Ricardo Chao Prieto.
Por el Parroquial Suevo y por la arqueología sabemos que la ciudad de Léon acabó formando parte de este reino suevo, y que en ella se llegó a acuñar moneda de oro.
León bajo el dominio visigodo (585-711)
Los visigodos mantuvieron la división administrativa del reino suevo. Respetaron la provincia de Gallaecia, compuesta a su vez por los diferentes conventus jurídicos (Asturiense, Bracarense y Lucense).
Reino de los Suevos Gallaecia. Autor: Ricardo Chao Prieto.
Al frente de cada provincia había un dux (o duque), cuyas funciones eran eminentemente militares, aunque acabarán teniendo también competencias fiscales y judiciales.
De la provincia de Gallaecia se acabó desgajando el llamado ducado Asturiense, creado entre 653 y 683, y cuya capital fue Astorga. Esta ciudad además es la única sede episcopal en toda la Asturia de la que tenemos constancia en este periodo.
La importancia del fuero juzgo
Uno de los grandes avances del reino visigodo, y que tendrá una enorme repercusión para el futuro reino de León, fue la promulgación del “Liber Iudiciorum” (Libro de los Jueces) en el año 654 por el rey Recesvinto.
Este corpus legislativo unificó las leyes para toda Hispania, fusionando el Derecho romano y el germánico. El libro recibió múltiples nombres a lo largo de su historia. Fue denominado “Liber Iudicum”, “Fuero Juzgo”, “Liber Gothorum”, “Libro Juzgo de León” o simplemente “Libro de León”.
Fuero Juzgo. Manuscrito de 1241 que es traducción del Liber Iudiciorum del año 654. Fuente: Biblioteca Nacional de España
Estas dos últimas denominaciones se deben a que fue recuperado como legislación básica del reino asturleonés en el siglo IX. Y siguió funcionando como tal a lo largo de toda la existencia del reino de León, incluso después de la unión con Castilla en 1230.
Tras incorporar el reino suevo, y expulsar a los bizantinos asentados en el sur, los visigodos lograron unificar Hispania bajo su mando, aunque constantemente tuvieron que hacer frente a las rebeliones de ástures, cántabros y vascones. La capital visigoda fue Toledo, en el centro mismo de la península.
La invasión musulmana y los inicios del reino de los ástures
En el año 711 los musulmanes cruzan el Estrecho, y en un avance militar fulgurante completan la conquista de la península en pocos años. La intención de los invasores era expandir su fe por toda Europa, pero fueron detenidos por Carlos Martel en la batalla de Poitiers (732).
Mientras tanto, en torno al año 722 ya se había iniciado la resistencia cristiana en las montañas de los Picos de Europa. Comenzó tras la victoria de Covadonga capitaneada por Pelayo.
Mapa de la Expansión del Reino de Asturias. Autor: Ricardo Chao Prieto.
Nacía así el llamado reino de Asturias, si bien las crónicas de la época lo llamaron el reino de los ástures. Este reino acabó expandiéndose hacia el sur, aprovechando los momentos de debilidad del emirato de al-Ándalus.
En la época de Alfonso II (791-842) se descubrió la supuesta tumba del apóstol Santiago, que se convirtió en un destino religioso para peregrinos procedentes de toda Europa. Este rey también restableció el Liber Iudiciorum y asentó la capital definitivamente en Oviedo.
Del reino de los ástures al reino de León (910)
Durante el reinado de Ordoño I las conquistas se extendieron por la submeseta norte, llegando hasta la ciudad de León. Esta debía conservar sus murallas romanas casi intactas.
No ha de extrañar que los monarcas asturianos pasaran en ella cada vez temporadas más largas. Alfonso III (866-910) conquistó la estratégica ciudad de Zamora, llevando la frontera hasta el Duero.
Su hijo García I (910-914) trasladó la corte a León, que sería la capital del reino hasta 1230. Este traslado es aprovechado por los historiadores para fijar el final del reino de Asturias y establecer el comienzo del reino de León.
Sin embargo es una clasificación totalmente arbitraria que ni siquiera aparece recogida en las crónicas de la época: los reyes, la dinastía, las instituciones, etc. seguían siendo los mismos, y no se percibió ningún tipo de ruptura.
Ordoño II y Ramiro II
García fue sucedido por su hermano Ordoño II (914-924), quien realizó incursiones tan profundas en al-Ándalus que hasta las lejanas ciudades de Badajoz y del Algarve portugués se vieron obligadas a fortificarse.
Tuvo que hacer frente al emir Abderramán III, que se proclamaría califa en el año 929. Ordoño obtuvo grandes victorias, como la de Castro Moros (San Esteban de Gormaz), pero también sufrió derrotas como la de Valdejunquera (920), a pesar de haberse aliado con el pequeño reino de Pamplona.
Ordoño II de León
Las guerras civiles en el Reino de León
Tras la muerte de Ordoño II se sucedió una época de guerras civiles en el reino leonés. Esta etapa finalizó en el 931, con la subida al trono de Ramiro II (931-951).
Este monarca centró sus esfuerzos en Toledo, tomando varias poblaciones para establecer un cerco sobre la antigua capital visigoda. Una de estas poblaciones fue Magerit, la futura Madrid.
Se fueron sucediendo las victorias y las derrotas entre cristianos y musulmanes. Harto de esta situación, Abderramán III proclamó la yihad en el año 939.
Reunió además al ejército más grande de la historia de al-Ándalus. Un total de 100.000 infantes y un número indeterminado de soldados a caballo. Probablemente se disponía a borrar del mapa al reino de León, o al menos su capital.
Pero la suerte le fue adversa y Ramiro lo venció en la localidad vallisoletana de Simancas, a pesar de estar en una clara inferioridad numérica.
Los musulmanes acabaron huyendo para ser nueva y definitivamente derrotados en Alhándega, donde Ramiro II estuvo a punto de capturar al mismísimo Abderramán III.
Reino de León después de la batalla de Simancas. Auntos: Ricardo Chao Prieto.
Estas victorias supusieron una ampliación de fronteras del reino de León, ya que inmediatamente se cruzó el Duero y se llegó hasta el Tormes, repoblándose poblaciones como Salamanca o Baños de Montemayor.
A esta campaña le sucedió un tiempo de paz, aunque poco después se reiniciaron las hostilidades. Ramiro II todavía obtendría otra victoria en Talavera (950), aunque en enero del año siguiente renunció al trono para morir poco después.
Medio siglo de desastres
Tras la muerte de Ramiro II y de su hijo Ordoño III se sucedieron los desastres para el reino leonés. Los principales se debieron a guerras civiles, como la que enfrentó a Sancho I contra Ordoño IV o a Ramiro III contra Bermudo II.
Estas circunstancias provocaron que los monarcas y los condes buscasen la paz con el califato de Córdoba, comprometiéndose al pago de tributos.
Además los vikingos acosaron las costas del reino en el año 968, aunque ya habían realizado otras incursiones desde mucho tiempo atrás. La diferencia fue que en esta ocasión saquearon toda Galicia y se establecieron allí durante tres años, llegando incluso a Tierra de Campos.
Las campañas de Almanzor
Por si fuera poco en el último cuarto del siglo X comenzó a descollar en al-Ándalus la figura de Almanzor, hayib o primer ministro de Hisham II que trató de atacar a las principales ciudades del reino leonés.
Al principio no le sonrió el éxito, pero a raíz de la guerra civil entre Ramiro III y Bermudo II (982-985) sus campañas se convirtieron en auténticos paseos militares.
Así, destruyó ciudades tan importantes como Salamanca, Zamora, León, Astorga, Santiago de Compostela, Pamplona, Barcelona, etc.
De todas formas sus victorias fueron fútiles, porque a diferencia de al-Ándalus los reinos cristianos se caracterizaban por su ruralidad, por lo que la destrucción de las ciudades no supuso su derrota.
Tras la muerte de Almanzor (1002) y de sus hijos (1008) al-Ándalus se dividió en multitud de reinos de Taifas, y el reino de León se recuperó con rapidez.
Alfonso V y el Fuero de León (1017)
Alfonso V (999-1028) sucedió a su padre, Bermudo II, siendo apenas un niño. Durante la minoría de edad estuvo a merced de las decisiones de su madre y de los principales nobles. Pero en cuanto pudo se deshizo de las ataduras y según el cronista musulmán Ibn Jaldún “reemplazó a los condes por personas que le eran devotas”.
Los reinos de la Península en la época del Fuero de León de 1017. Fuente: Ricardo Chao Prieto
Tuvo que sofocar algunas rebeliones y combatir en persona contra una nueva oleada vikinga. En esta ocasión estuvo dirigida por Olaf Haroldsson, futuro rey y santo con el nombre de San Olaf.
Poco después, para facilitar la reconstrucción y el repoblamiento de la capital promulgó el llamado Fuero de León. Concedía una serie de concesiones y privilegios para sus habitantes.
Este Fuero fue copiado y versionado por toda Hispania y además incluía una serie de ordenamientos para todo el reino. Convirtió a León en pionero en asuntos legislativos. Alfonso V murió tempranamente al recibir un flechazo durante el cerco de Viseo (Portugal).
Bermudo III y Fernando I
A Alfonso V le sucedió su hijo Bermudo, de corta edad. Tuvo la mala suerte de coincidir en el tiempo con Sancho Garcés III de Pamplona, un rey que fue haciéndose con Castilla y otros condados leoneses.
Con el tiempo, Bermudo III recuperó gran parte del terreno perdido, si bien tuvo que aceptar a Fernando, el hijo menor de Sancho Garcés, como conde de Castilla. Quizás para eliminar tiranteces este Fernando fue casado con Sancha, la hermana de Bermudo, y en sus documentos siempre reconoció a su cuñado como su rey y señor.
Bermudo III de León
Contra lo que se suele decir, Fernando nunca se declaró rey de Castilla, ni recibió tal título de su padre. En cualquier caso, al poco tiempo los dos cuñados llegaron a las armas.
En la batalla de Tamarón (1037) Fernando se impuso a Bermudo, que falleció en la contienda al acometer prácticamente en solitario a las tropas enemigas.
Fernando I (1037-1065), infante pamplonés y conde Castilla, se hizo así con el reino de León gracias a su esposa doña Sancha. La consignaría siempre en sus documentos como portadora de la legitimidad dinástica.
Tardó varios años en pacificar el reino, ya que al principio no fue recibido con simpatía por los leoneses.
Reino de León durante el reinado de Sancha y Fernando I. Autor: Ricardo Chao Prieto
Mientras tanto, el califato de Córdoba había desaparecido y se había dividido en las taifas, docenas de pequeños reinos que comenzaron a guerrear entre sí.
Esta situación benefició a los reinos cristianos. Aprovecharon la ocasión para imponerles las parias, es decir, tributos en oro a cambio de ayuda militar o sencillamente por seguir permitiendo su existencia.
Nuevas conquistas y amplios territorios
León seguía destacando en la Península por la amplitud de sus territorios, pero además Fernando I los amplió con nuevas conquistas en el norte de Portugal y al este de Castilla, e incluso recuperó algunas comarcas castellanas que todavía estaban en manos pamplonesas.
El oro que recibía de las taifas le sirvieron para embellecer el reino con construcciones como la basílica de San Isidoro (cuyo cuerpo se trasladó desde Sevilla a León) y el Panteón de los Reyes.
Antes de morir Fernando decidió dividir el reino entre sus tres hijos varones. Al primogénito, Sancho, le entregó Castilla, es decir, el condado que había recibido de su padre.
Al segundo, Alfonso, que según todas las crónicas era el hijo favorito, le concedió León, con el territorio más amplio y la capital del reino, lo que le situaba en una posición de preponderancia. Y al último hijo, García, le dio Galicia.
Con este reparto Castilla ascendía de condado a reino, si bien esta situación duraría apenas siete años.
División de reinos a la muerte de Fernando I. Autor: Ricardo Chao Prieto
Alfonso VI (1065-1109) y Urraca I (1109-1126)
Tras varios conflictos Sancho II se hizo con el control de los tres reinos en 1072, se coronó en León y desterró a sus hermanos. Pero su dicha duró poco, porque en octubre murió asesinado mientras asediaba Zamora, la ciudad que permanecía fiel a Alfonso VI.
A su muerte Alfonso regresó del destierro y fue reconocido como único rey por todos los nobles. García, muy impopular incluso entre sus súbditos gallegos, fue encarcelado de por vida.
Alfonso VI supo aprovechar muy bien las disensiones entre las taifas para lograr enfrentarlas, cobrarles parias e ir arrebatándoles territorio sin tener casi que arriesgar tropas.
Un súbdito que no supo comprender esta política fue Rodrigo Díaz, el Cid, cuyas torpezas y desaires al rey le valieron varios destierros a pesar de ser el principal militar de su época.
Mapa de los ataques almoravides a Alfonso VI. Autor: Ricardo Prieto Chao.
El principal logro de Alfonso VI fue la conquista de Toledo y toda su taifa en 1085. Este hecho provocó que los andalusíes llamaran en su ayuda al imperio almorávide. Los almorávides, integristas musulmanes subsaharianos que controlaba todo el norte y oeste de África, cruzaron el Estrecho y obligaron a replegarse a Alfonso, si bien fueron incapaces de recuperar Toledo.
El inédito reinado de una mujer en la Europa medieval
A pesar de sus cinco matrimonios y de sus relaciones extramaritales Alfonso VI no tuvo ningún hijo varón que le sobreviviera. Así, a su muerte (1109) le sucedió su hija Urraca.
Hacía dos años que había quedado viuda al morir su marido, el noble francés Raimundo de Borgoña. Fruto de ese matrimonio tuvo dos hijos, Sancha y Alfonso: éste último llegaría a reinar como Alfonso VII de León.
Al reinar una mujer en solitario se dio una situación inédita en la Europa occidental medieval, por lo que los nobles del reino la convencieron para que se casara rápidamente con Alfonso I “el Batallador”, el rey de Aragón.
En el contrato matrimonial se estipulaba que en el caso de tener descendencia el hijo heredaría ambos reinos. Pero eso no ocurrió a pesar de la fertilidad de Urraca (que ya había tenido dos hijos del matrimonio anterior).
A Alfonso I no se le conoce ningún hijo legítimo o ilegítimo, y algunos cronistas insinúan que era homosexual. En cualquier caso el matrimonio acabó en desastre. Hubo malos tratos por parte del aragonés y guerras continuas entre los dos ex-esposos.
Alfonso I invadió Castilla. Logró mantenerla bajo su dominio hasta los tiempos del reinado de su hijastro, Alfonso VII.
Alfonso VII “el Emperador” (1126-1157)
Como ya se ha dicho, Alfonso era hijo de un anterior matrimonio de Urraca. A la muerte de su madre fue coronado en León como Alfonso VII, y rápidamente fue recuperando los territorios ocupados por los aragoneses.
También tuvo que hacer frente a las rebeliones de su tía Teresa, una hija bastarda de Alfonso VI que había sido nombrada condesa de Portucale (norte de Portugal).
Alfonso se casó en 1128 con Berenguela, hija del conde barcelonés Ramón Berenguer III, y hermana por tanto de Ramón Berenguer IV, el fundador de la corona de Aragón.
En 1135 se coronó emperador en la catedral románica de León, “puesto que el rey García, el rey de los musulmanes Zafadola, el conde Raimundo de Barcelona, el conde Alfonso de Tolosa y muchos condes y duques de Gascuña y Francia le obedecían en todo”, tal y como narra su Crónica.
Mapa de la la Península en la época de Alfonso VII el emperador. Autor: Ricardo Prieto Chao.
Pero Afonso Henriques, hijo de Teresa de Portucale, se mostraba cada vez más independiente, y aunque se reconoció vasallo de Alfonso VII, acabaría proclamando la independencia de Portugal en 1139, que le fue reconocida en el Tratado de Zamora de 1143.
Alfonso VII realizó una gran cantidad de conquistas: Coria, Ciudad Rodrigo, etc. Incluso con la ayuda de Zafadola tomó Córdoba y otras ciudades andalusíes. En 1147 logró conquistar Úbeda, Baeza y Almería.
Pero pronto perdió muchas de sus conquistas a manos de los almohades, otros musulmanes integristas del norte de África que estaban dispuestos a coger el relevo de los almorávides.
En 1155 decidió que a su muerte se repartiría el imperio entre sus dos hijos: Sancho III recibiría Castilla y Toledo, y Fernando II León y Galicia. Alfonso moría dos años después, en 1157.
Fernando II (1157-1188) y Alfonso IX (1188-1230)
Fernando II es de los reyes más desconocidos de la historia de España, a pesar de haber ostentado una clara hegemonía sobre el resto de territorios cristianos. Y es que a la muerte de su hermano Sancho en 1158 se convirtió en el tutor de su sobrino, Alfonso VIII.
También fue el tutor de Alfonso II de Aragón, con lo que Fernando se intituló “Rex Hispanorum” y “Rex Hispaniarum”, es decir, rey de los hispanos y de las Hispanias, aunque sin atreverse a usar el título imperial de su padre.
En su época el reino de León tuvo que hacer frente a tres enemigos: los almohades en el sur, los portugueses al oeste y, más tarde, los castellanos al este. Fernando tomó las principales ciudades de la actual Extremadura.
Pero fueron recuperadas por los musulmanes en la ofensiva de 1174. Aunque obtuvo importantes victorias frente a los almohades, el rey leonés no logró reconquistar Cáceres, que constituía la llave de Extremadura.
Mapa de la Península en tiempos de Fernando II y comienzos del reinado de Alfonso IX. Autor: Ricardo Prieto Chao
El nacimiento del parlamentarismo
A su muerte su hijo Alfonso IX subió al trono tras algunas dificultades iniciales. En algún momento de ese mismo año convocó curia plena en el claustro de San Isidoro, en la capital del reino.
Interior del Panteón de los Reyes en la Basílica de San Isidoro de León
Por primera vez tenemos constancia de que acuden representantes del pueblo llano, elegidos por las ciudades, convirtiéndose así en las primeras cortes de la historia. La UNESCO ha reconocido este hecho otorgando a León el título de “Cuna del Parlamentarismo”. Es el precedente más antiguo del sistema parlamentario.
Las guerras con Portugal, Castilla e incluso Aragón fueron continuas. No dejaron margen de maniobra a Alfonso IX durante muchos años. Pero en los comienzos del siglo XIII pudo rehacerse.
Comenzó a centrarse en la recuperación de Extremadura. Si bien no logró hacerse con la ciudad de Cáceres hasta 1229, entre ese año y el siguiente tomó Badajoz y Mérida. Dejaba así libre el camino hacia Sevilla.
Pero en el mes de septiembre de 1230, cuando se estaba dirigiendo a Santiago de Compostela, se sintió repentinamente enfermo. Acabó muriendo en Sarria el día 24.
A pesar de los numerosos hijos bastardos que tuvo, complicó mucho su sucesión. Dejó como herederas del reino a sus hijas Sancha y Dulce.
En contra de su voluntad, y tras muchas dudas y luchas civiles, le acabó sucediendo su hijo Fernando III. Ya estaba gobernando en Castilla. Por eso se considera que en ese momento surge la Corona de Castilla.
Mapa de la Corona de Castilla en los siglos XIV y XV. Autor: Ricardo Chao Prieto
A pesar de ello León continuó teniendo sus propias instituciones y una gran autonomía. En su territorio siguió estando vigente el Libro de los Jueces o Fuero Juzgo. Las Cortes de León y de Castilla se reunieron por separado hasta mediados del siglo XIV.
El último rey de León
Todavía hubo un último rey de León, Juan I, hijo de Alfonso X el Sabio. Se intituló rey de León, Galicia y Sevilla desde 1296 a 1300. Emitió documentos y moneda, siendo reconocido como tal por los reyes de Portugal y de Aragón.
Ricardo Chao Prieto (León, 1975) es profesor de Geografía e Historia en el colegio Nuestra Madre del Buen Consejo PP. Agustinos de León. Licenciado en Historia, diplomado en Biblioteconomía y Documentación, y especialista en Archivística, centra su atención en la Medievalística, y más concretamente en la historia del reino de León. En la actualidad realiza el Doctorado sobre heráldica real leonesa. Autor de “Alfonso VI de León y su reino” (Ed. Búho Viajero, 2010), “El encargo del rey” (Cultural Norte, 2012), y recientemente “Historia de los reyes de León” (Rimpego, 2017). Ha participado con relatos ambientados en la Edad Media en varios libros, como “Leyendas de León contadas por…”, y “Cuentos de León narrados por…” (ambos de Ed. Rimpego). Ha colaborado en varios documentales, exposiciones y ciclos de conferencias. Codirige el espacio semanal dedicado a la historia de León en el magazine “Hoy por hoy León” de radio León cadena SER.
USO denuncia “discriminación y poca transparencia” en la oposición exprés de Diputación
La política de Personal de la Diputación de León parece haber regresado al oscurantismo del pasado. | MAURICIO PEÑA
Susana Martín | 09/01/2018
DIPUTACIÓNLa política de Personal “ha vuelto al oscurantismo”, según critican trabajadores de la casa y varios diputados, incluso algunos del PP
Las ‘oposiciones exprés’ celebradas el jueves pasado en la Diputación siguen generando controversia. A la urgencia con que fueron convocadas y la ausencia de temario alguno, cabe añadir las declaraciones contradictorias que se han llevado a cabo respecto a unas pruebas sobre las que nadie en la casa da las suficientes explicaciones.
Tras las informaciones publicadas por algunos medios de comunicación sobre este asunto –entre ellos La Nueva Crónica– el sindicato USO salía al paso de cuanto se ha publicado para insistir en su postura, «contraria» al sistema de llamamientos a través de los servicios públicos de empleo (Ecyl) «por la discriminación y la poca transparencia a la hora de llevar a cabo dicha selección».
Asimismo, desde USO denuncian también que la aplicación del artículo 5 (’Bolsas de carácter extraordinario y excepcional’) del Reglamento de Bolsas de Empleo de la Diputación «se está convirtiendo en una práctica habitual».
Sólo Ciudadanos y En Común han criticado la actuación del equipo de gobierno en esta convocatoria urgenteUSO, el sindicato con menos representación en el Palacio de los Guzmanes, recuerda que siempre se ha manifestado en contra de este tipo de llamamientos a través del Ecyl, aunque según señaló el equipo de gobierno la convocatoria «se colgó también en el tablón de anuncios», aunque sin darle la correspondiente publicidad.
«Siempre hemos solicitado que se constituyan las bolsas de empleo correspondientes», reclama el sindicato USO.Desde el equipo de gobierno se aseguró la semana pasada que, «al no existir bolsas de empleo, hubo que recurrir al Ecyl «por urgencia y necesidad para cubrir una decena de plazas», según contó a preguntas de los periodistas el portavoz del PP y vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón.
Cs y En Común piden explicaciones
Hasta la fecha, de los cinco grupos de oposición la Corporación provincial sólo Ciudadanos y la coalición En Común han exigido unas explicaciones al equipo de gobierno que todavía no han llegado.
Entre las 99 personas que se presentaron el día 4 a las pruebas hay varios familiares de políticos y exdiputados.Entre los trabajadores de la Diputación son muchos los que han expresado su malestar «por la vuelta al oscurantismo» de la política de Personal que lleva a cabo el diputado del área, Raúl Valcarce.
Su manera de proceder, «sin contar con nadie y sin dar explicaciones de nada», tampoco gusta a un buen número de diputados de todos los colores: los de la oposición aseguran no tener conocimiento de este proceso de selección ni de otros realizados en los últimos meses, mientras que hay diputados del PP que no se explican por qué Valcarce «actúa al margen de los demás, sin dar explicaciones ni entre nosotros».
¿Hay o no hay bolsas de empleo?
Los portavoces de PSOE y UPL, José Pellitero y Matías Llorente, aseguraban la semana pasada que la urgencia de esta convocatoria exprés se debía únicamente a la falta de bolsas de empleo específicas. Sin embargo, otras fuentes de solvencia consultadas por este periódico confirman que en los últimos meses se han utilizado bolsas de empleo para la provisión de determinadas plazas que sí se han cubierto.
¿Hay o no hay bolsas de empleo en la Diputación? ¿Por qué circula ya por la casa algún que otro nombre entre los aspirantes a hacerse con una plaza de las nuevas ofertadas sin ningún tipo de temario oficial?
La institución provincial ha sacado en plenas Navidades un proceso selectivo urgente para Técnico de Administración General como funcionario interino con una convocatoria con importantes deficiencias como ausencia de temario y tipo de pruebas o para qué puestos específicos se concursa.
La política de personal de la Diputación de León vuelve a la palestra de forma polémica este 2018. Hoy jueves 4 de enero tiene lugar un proceso de selección de Técnicos de Administración General en una convocatoria no exenta de polémica y que según fuentes sindicales consultadas por este periódico “adolece de transparencia”.
El proceso selectivo se convocó de forma urgente por decreto del alcalde de Carracedelo y diputado provincial de Recursos Humanos, Raúl Valcarce, y lo hizo en plenas Navidades, el pasado 20 de diciembre. Y lo hacía para contratar personal para uno de los mayores puestos de la administración, tirando del servicio de empleo y de quienes se enteraran que hasta el 28 de diciembre podían apuntarse al proceso selectivo. Teniendo en cuenta las fechas navideñas, sólo había finalmente 5 días hábiles para apuntarse al proceso.
Pero la convocatoria para estos puestos con categoría de funcionario interino, con contrato temporal, adolece de algunos de los principios básicos de las ofertas de empleo público como son no indicar temarios, tipología de prueba ni tan siquiera quiénes formarán parte del tribunal de esta singular ‘oposición’.
Los requisitos de la prueba eran titulación superior, obligatoria para los puestos de Técnicos de Administración General, para realizar un trabajo de “tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior”. Pero la convocatoria no especifica los puestos concretos que se ofertan en la Diputación provincial, pese a que entre los méritos a valorar se encuentran “experiencia laboral en puestos de trabajo de igual o similar contenido de la categoría convocada”. Para acceder a los puestos se valorará además cursos de Administraciones públicos o materias como ‘Word’ o ‘Excel’.
Con la convocatoria tampoco se puede conocer exactamente en qué consistirá el proceso selectivo ya que se habla de un genérico “las pruebas teóricas o prácticas y/o entrevista” que se llevarán a cabo esta jornada. Pero nada especifica de cómo serán o en caso de haber pruebas qué temáticas entran en la misma. Tampoco se conoce la conformación del Tribunal que evaluará a los aspirantes a estas plazas, que suelen formarlo altos funcionarios de la institución provincial. Finalmente no se sabe cuántos serán contratados ya que no se especifica en la convocatoria, ni los puestos a los que deberían dedicarse.
Fuentes sindicales han señalado a ileon.com que esta convocatoria podría “conculcar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como publicidad y concurrencia, en el acceso a la función pública”.
Oposiciones llamativas
La política de personal ha sido uno de los quebraderos de cabeza más habituales de los últimos años en la Diputación de León, con un elevado nivel de litigosidad. Dos ejemplos: eesde aquellas oposiciones de 2009 en la que familiares de dirigentes del PP sacaron un 10 redondo, que acabó en los tribunales pero que siguieron adelante al desestimarse las denuncias, a las oposiciones que dejaron fuera a Triana Martínez, condenada por el asesinato de la expresidenta Isabel Carrasco.
Esto es como la lista negra para entrar en servicios sociales…. la cual según ellos no existe, pero de vez en cuando en gerencia hay caras nuevas sin haber oposiciones
Q largos tenía los brazos!!! Nada cambia!!! La vergüenza de ésta Diputación sigue vigente,pero tenemos lo q merecemos,donde están los q tienen q velar por la justicia? Recibiendo a los Reyes!!!! Vergüenza les tenía q dar,la vergüenza q no tienen
Caciquismo Leonés ,esto no cambia,así le va a Leon y provincia,y donde están los sindicatos,seguro que no habrá,porque esto está mal visto,incluso entre los trabajadores.
Lo de siempre ! Los enchufados sacarán un 10 ! Para qué van a dar un temario si ya tienen las preguntas con sus respuestas correctas ? Se ahorrarían más dinero si suprimieran todo tipo de pruebas. Manda “huevos” !!!
A VER SI ENTRE TODOS,Y A BASE DE COMPARTIR Y PONERLO EN CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS,SE LES CAE LA CARA DE VERGÜENZA Y HACEN LAS COSAS COMO DIOS MANDA!!!
Plazas presuntamente concedidas..es lamentable que no se pueda luchar contra el enchufismo,que gente preparada se tenga que ir por falta de oportunidades ,para que otros por “conocer” a alguien tengan la vida solucionada
Parece que el espíritu de Isabel Carrasco permanece en la diputación y se ha introducido entre sus propios enemigos!!! Eso es indecente, una vergüenza y deberían dimitir tanto Majo como Valcarce. Aunque lleve tiempo, esto se debe denunciar y los sindicatos que muevan el culo, que para eso están!!!
Para impugnar este fraude se necesita legitimación. Entre los que estarían legitimados serías los propios opositores que no consiguieron la plaza. El problema que surge es que es un procedimiento largo y con muchos gastos.
de http://www.LEONOTICIAS.COM/leon/diputacion-saca-concurso-20180104141227-nt.html
La Diputación saca a concurso, con polémica, una decena de puestos de interino «a toda prisa» por «necesidad urgente»
Palacio de los Guzmanes.
El concurso de plazas de técnicos en materia administrativa fue publicado poco antes de Navidad y las pruebas se han realizado este mismo jueves, con 99 candidatos
Polémica en la Diputación de León que la propia institución provincial ha tratado de disipar. En torno a una decena de plazas para técnico en materia administrativa han salido a concurso, pero el problema ha sido la rapidez con la que se han organizado las pruebas.
Estas plazas salieron publicadas en el BOP y solicitadas al Ecyl en el pasado mes de diciembre y este jueves han sido realizadas las pruebas.
La Diputación, a través de su vicepresidente, Francisco Castañón, explica que tanta premura se debe a la «urgencia y necesidad» de cubrir estas vacantes.
Han sido 99 personas las que se han presentado a estas pruebas, realizadas este jueves, en la que la mayoría han llegado desde el Ecyl, pero no todas, también ha habido candidatos que se han inscrito por cuenta propia, según ha asegurado este jueves Francisco Castañón.
El vicepresidente de la institución provincial ha respondido de este modo al malestar generado entre algunos de los interesados en las plazas por la premura en la convocatoria.
Castañón justifica las ‘oposiciones exprés’ en la Diputación por “urgencia y necesidad de técnicos en la casa”
PALACIO DE LOS GUZMANES 99 personas se presentaron este jueves a las pruebas para una decena de plazas interinas. “El proceso se ha hecho de la manera más clara y limpia posible”, según el PP
La política de Personal de la Diputación de León ha vuelto a protagonizar una nueva polémica en el Palacio de los Guzmanes, donde en las últimas semanas se rumoreaba con malestar que el equipo de gobierno preveía sacar una convocatoria para la provisión urgente y con carácter temporal de técnicos de administración general de la institución provincial.
La convocatoria la firmó el pasado 20 de diciembre el diputado de Recursos Humanos, el berciano Raúl Valcarce, y el examen tuvo lugar este jueves mismo. Teniendo en cuenta la premura de la convocatoria el revuelo en la casa no tardó en llegar, y esta semana varios trabajadores mostraban su malestar por un proceso «no lo suficientemente limpio».
Castañón reconoce que “temario no hay”, que la prueba de este jueves se realizó “sobre diferentes temas” y que todo el proceso se ha llevado a cabo “de la manera más clara y limpia posible”Los portavoces del PSOE y de UPL, José Pellitero y Matías Llorente, aseguraban sin embargo que la urgencia de la convocatoria se debía únicamente a la falta de bolsas de empleo específicas en la Diputación y a la necesidad de técnicos que sacaran adelante los trabajos pendientes. «Es un proceso limpio, y así lo han comprobado los sindicatos», señalaban ambos diputados provinciales.
También este jueves habló sobre este asunto el portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente de la institución provincial, Francisco Castañón (PP). A preguntas de los periodistas sobre el motivo de la premura con que se han convocado estas plazas de interinos, Castañón explicaba que la premura del proceso era debida «a la urgencia y necesidad de técnicos en la casa».
Según relató, aunque las cifras no constan en la convocatoria, se necesitaban «unas diez plazas», por lo que desde la Diputación se solicitaron candidatos a los servicios de empleo de la Junta (Ecyl) para cubrir unas plazas interinas «lo antes posible».
– ¿No es extraño que para una convocatoria así no haya un temario público?, le pregunta una periodista.
Y Castañón reconoce que «temario no hay», que la prueba de este jueves se realizó «sobre diferentes temas» y que todo el proceso se ha llevado a cabo «de la manera más clara y limpia posible». «Vinieron 99 personas, quien quería presentarse podía hacerlo», dijo.
Varios fallos judiciales recientes han dado la razón a los planes de gestión directa de la sanidad en Valencia o el agua en Valladolid y Alcázar de San Juan
Concesionarias y Gobierno central han llevado a los tribunales su oposición a estos y otros procesos de remunicipalización
La externalización se ha aplicado a multitud de áreas: asistencia social, educación, limpieza, jardinería, residencias u hospitales
Cartel por la remunicipalización del agua en Alcázar de San Juan.
La justicia comienza a respaldar la recuperación de la gestión directa de servicios públicos. Tras haberse convertido durante años en un extenso nicho de negocio para las empresas, varias sentencias y autos judiciales han dado el visto bueno a diversos intentos por parte de las administraciones locales y regionales de volver a dirigir de primera mano áreas como la sanidad o el abastecimiento del agua. Algunos de estos planes han llegado a los tribunales por la resistencia que han presentado tanto las empresas concesionarias como el mismo Gobierno central.
Juzgados de la Comunitat Valenciana, Castilla y León o Castilla-La Mancha han tomado decisiones recientes que apuntalan estas reversiones. En Valencia los magistrados rechazaron hace menos de un mes suspender provisionalmente la decisión de la Generalitat para retomar el control del área de salud de La Ribera. En Valladolid, un juez ha mantenido el acuerdo del Ayuntamiento para asumir el servicio de aguas. También hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reabrió la vía para remunicipalizar el abastecimiento al estimar el recurso de una exconcejala de Alcázar de San Juan.
La privatización, que ha terminado por llamarse externalización, de servicios públicos se expandió tanto que, con la llegada de la crisis del ladrillo, muchas empresas salvaron sus cuentas de resultados a base de gestionar asistencia a domicilio, guarderías, recogida de basuras, asistencia telefónica, cuidado de jardines, radios públicas o residencias. “Prácticamente cualquier servicio que no forme parte de la actividad principal de una organización puede ser prestado por alguna división o empresa de Clece”, explicaba la filial de ACS en una de sus presentaciones anuales.
La fórmula se ha basado en un mantra: la gestión privada es más eficaz. Da el mismo servicio a menor coste. Una ley no escrita pero que se convirtió casi en inamovible. Incluso aunque el Tribunal de Cuentas acreditara, por ejemplo, que la premisa era equivocada en el caso de los barrenderos municipales: la privatización sale un 71% más cara.
Judicializar las relaciones
Así que, a partir de 2015 se han ido abordando planes para revertir externalizaciones. Y, al mismo tiempo, han surgido las resistencias. Una de las primeras grandes privatizaciones y pionera en el ámbito de la sanidad pública fue la adjudicación a una unión de empresas liderada por Ribera Salud de la asistencia especializada en La Ribera en la Comunitat Valenciana. El famoso modelo Alzira.
El sistema Alzira, tras ser rescatado por el propio Gobierno regional liderado por el PP, ha servido de cabeza de puente para trasladarse desde allí a, por ejemplo, la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre e Ignacio González. El contrato de Alzira se firmó por 15 años con una posible prórroga de cinco si se llegaba a un acuerdo entre la parte privada y la pública.
La consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, cuenta que la concesionaria “ha judicializado toda su relación con la Generalitat: tenemos más de 50 procesos abiertos por Ribera Salud. No solo por la reversión del servicio de La Ribera sino casi cualquier decisión que pueda afectarle”.
Ribera Salud ha pedido que se declaren nulas las acciones de Sanidad describiendo toda suerte de desastres: “Se desmantela la estructura creada por el concesionario, la pérdida de un sistema de organización pionero en España”, según los documentos judiciales. También aducen “la paralización de 130 líneas de investigación”, pérdida de plazas de 1.000 alumnos y “caos por el traslado de historias clínicas” . Ribera Salud ha calculado un daño económico de más de 45 millones para la Generalitat y un “riesgo de cierto perjuicio para la atención sanitaria”. Pero los magistrados les han dicho que no.
Montón explica ahora que la decisión de los jueces ha sido fundamental para poder seguir adelante. “Queríamos una transición pacífica, pero no ha podido ser”. Ribera Salud se autodefine como “líder en el sector de las concesiones administrativas en España” pero la mayor parte de su negocio está en la Comunitat cuyo Ejecutivo actual anunció que haría estas reversiones. “Estamos cumpliendo el programa electoral”, añade Montón. “Y demostrando que la privatización no era para siempre”.
Reticencias ideológicas
Las trabas para recuperar estos servicios no solo están llegando de las contratistas que pueden ver su cartera de clientes (y de ingresos) reducida. El Gobierno también está saliendo al cruce, casi siempre con el argumento de que asumir los servicios implica asumir nuevos gastos especialmente de personal. Así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió al abogado del Estado a tratar de parar el acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid para retomar la gestión del agua de la ciudad mediante una empresa pública. La justicia firmó el 14 de noviembre una sentencia que rechazaba la postura del Gobierno y daba la razón a la ciudad.
El alcalde vallisoletano, el socialista Óscar Puente, cuenta a eldiario.es que acometieron este proceso porque, tras estudiar la fórmula durante un año, se concluyó que “es más eficaz y rentable” y la manera de paliar “el déficit de 200 millones en inversiones para actualizar la red de abastecimiento”.
No ha sido el único caso. Las delegaciones o subdelegaciones gubernamentales a lo largo del país han iniciado acciones legales parecidas. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, la Subdelegacón ha llevado al juzgado al municipio de Chiclana ante el proyecto de retomar el servicio de limpieza de edificios públicos y colegios y la ayuda a domicilio. En Zaragoza, el Gobierno ha ido de la mano de la CEOE para impugnar la recuperación del servicio de información telefónica 010. El tamaño del servicio no está siendo un motivo para mirar para el otro lado. La Delegación en Valencia también ha cuestionado la legalidad de la remunicipalización de los servicios de la piscina y la radio por parte del Ayuntamiento de Alzira.
Puente asegura que “es muy evidente que la oposición del Gobierno es ideológica. Hacienda pone todo tipo de trabas –la tasa de reposicion o la regla de gasto– porque la privatización es su modelo: externalizas el servicio y es lo que menos quebraderos de cabeza da”.
También hace pocas semanas, un caso de privatización que copó titulares por su manera de efectuarse, ha tenido novedades judiciales: el agua de Alcázar de San Juan. Su paso a gestión privada adjudicada a Aqualia se realizó por trámite de urgencia con los votos del PP y CXA que no sumaron la mayoría absoluta precisa. Los magistrados estimaron en noviembre pasado el recurso de la ex concejala de Alcázar de San Juan, Ana Belén Tejado, contra el proceso. Tejado lo presentó en 2014 tras la venta de la empresa municipal realizada en medio de una marea azulciudadana de protestas. La alcaldesa actual, Rosa Melchor, considera que ese auto supone “un paso más por la remunicipalización”.
