ANTICAZAS DE ASFALTO

               

Se estila hoy – entre la por todos conocida caterva de cretinos/garrulos/parásitos con pretensiones sociales que proliferan en nuestro país – lo de transformar el mundo con las solas palancas del buenismo, la demagogia y el extremismo.

 

      Es lo que ocurre por ejemplo con esos radicales tan ajenos a datos objetivos contrastados como adictos a distorsionadas visiones romántico subjetivas de la vida que, a caballo entre la ignoracia supina y la estupidez urbanita, pretenden imponer su perturbado ideario victimizando a los animales a la par que criminalizando la caza y a los cazadores en cuanta pantomima televisiva tienen oportunidad.

      En esta cuestión (como en otras) uno escucha tal cantidad de majaderías que, aun siendo una pérdida de tiempo discutir con fanáticos, llega un momento en que conviene desenmascarar a tantos impostores especializados en azuzar los bajos instintos de los muchos envidiosos, frustrados, rencorosos y mediocres a diario excretados por esta memocracia mientras, eso sí, se lo llevan crudo a través de incautos donativos y espurias subvenciones estatales.

      En primer lugar, la caza (oficialmente contemplada como un bien común y reconocida como deporte) se ejerce de manera regulada sobre aquellas especies cuya captura es legal, previa realización de los estudios y planes de aprovechamiento destinados a garantizar la sostenibilidad de dichas especies y de los ecosistemas donde viven. En ese sentido, conviene distinguir a los cazadores, perfectamente reglamentados, de los furtivos, estos últimos simples delincuentes.

     En segundo lugar, es rigurosamente falso que las poblaciones de animales desarrollen sus propios mecanismos de autorregulación. Antes bien, está científicamente demostrado que tales poblaciones son incapaces de autorregularse, puesto que la civilización humana lleva condicionando desde hace siglos su hábitat y comportamiento. De hecho, en la actualidad, la sobrepoblación de cualquier especie resulta insoportable para las restantes, provocando asimismo un efecto letal y en cadena sobre la agricultura (solo en 2016, se produjeron en España un total de 9472 siniestros agrícolas causados por la fauna silvestre), la ganadería (desde 2012 los ataques de lobos a rebaños se han multiplicado por 20 en algunas provincias españolas), los accidentes de tráfico (cerca de 20500 anotados en 2017, la mayoría por jabalíes, ciervos y corzos) o la propia salud de las personas (véase la transmisión de enfermedades como la rabia).

     En tercer lugar, la caza sostiene socioeconómicamente nuestro ya de por sí deprimido agro, aportando casi siete mil millones de euros anuales al PIB y manteniendo cerca de 200000 empleos entre directos e indirectos.

      Y, en cuarto lugar, lo de que la caza es algo “elitista” es una falacia. A bote pronto, se me ocurren pocas actividades tan populares, la cual fue sin duda fundamental para que, desde nuestros lejanos orígenes, llegáramos hasta aquí. Es cierto que en las últimas décadas su práctica se ha encarecido, algo única y exclusivamente achacable a los burócratas a cargo de las respectivas Consejerías de Medio Ambiente, al punto de que, de seguir con las subida de las licencias , las normativas absurdas o las cada vez mayores restricciones, llegará un momento en que solo los más ricos podrán cazar (lo cual no ocurría antaño, antes de transferirse las competencias en materia cinegética a las infaustas CCAA, oh paradoja). 

     Resumiendo, que la caza es absolutamente imprescindible para gestionar nuestro capital ambiental (cazar también supone desbrozar el monte, realizar cortafuegos, construir alojamientos para el turismo rural, crear cooperativas, etc.), ya que en sí misma constituye el aprovechamiento sostenible por antonomasia (¿quién sino los cazadores van a ser los primeros interesados en ello?) de los recursos naturales.

      No se dejen engañar, pues, por esos “animalistas de teclado” que parapetan su odio hacia los seres humanos en un presunto amor a los animales. Además de manipuladores y embusteros, son mala gente.

 

RICARDO HERRERAS

 

 

 

 

 

Una crítica al sistema español de partidos

 

Por

 Juan Carlos Calomarde García

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26 abril, 2019

Las elecciones están muy cerca, de modo que es buen momento para hacer una reflexión sobre los partidos que tanto han hablado estos días. Al respecto, la Constitución Española en su primer artículo recoge que los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los tres primeros son los más conocidos, pero el cuarto principio termina concretándose cuando en el artículo 6 se menciona que: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política». De esta manera, la Constitución ya en su Título Preliminar[1] otorga a estas formaciones un papel preponderante frente a otras organizaciones, señalando incluso que éstas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. ¿Qué significa esto?, ¿acaso la sociedad no puede crear su propia voluntad popular? No obstante, al margen de esto, además los reconoce como instrumento fundamental de la participación política, lo que los sitúa en un lugar ciertamente privilegiado, que conviene analizar.

Asimismo, la Carta Magna en su artículo 23 establece que «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades de participar directamente en los asuntos públicos? La Constitución solo reconoce dos: La iniciativa legislativa popular del artículo 87.3 y el referéndum del artículo 92. La primera de ellas, las conocidas como ILP´s, permite que la ciudadanía, con un aval de al menos 500.00 firmas, presente sus propias proposiciones de ley. Con todo, quizá por desconfianza hacía la ciudadanía o por no querer compartir el poder, existen importantes limitaciones, dado que dichas proposiciones no pueden usarse en materias reservadas a leyes orgánicas, tributarias, de carácter internacional, derecho de gracia ni, por supuesto, para reformar la Constitución. En lo concerniente a los referéndums, debe mencionarse que éstos no son vinculantes, sino consultivos y su convocatoria dependerá del Rey, Presidente y Congreso.

Una vez expuestos estos elementos, puede concluirse que, en la práctica, lo recogido por el artículo 26 se reduce exclusivamente a una participación a través de los (teóricos) representantes que, en consonancia con el artículo 6, será monopolizada por los partidos políticos, puesto que la dificultad de constituir agrupaciones de electores[2] les deja fuera de juego. Dicho de otra manera, todo queda en manos de los partidos políticos. Estas formaciones en un principio tenían que ser los intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, por lo que debían llevar las reivindicaciones sociales a las instituciones del Estado como las Cortes Generales. ¿Por qué esto no ocurre? Principalmente porque los partidos se han desvinculado de la sociedad civil y se han anclado en el Estado, haciéndose tremendamente dependientes de sus subvenciones.

Esas circunstancias han terminado transformando a los partidos en complejas máquinas electorales que podrían oscilar entre el famoso partido-escoba de Otto Kirchheimer y el partido electoral profesional de Panebianco. En ambos casos, se trataría de formaciones dirigidas a tener un target electoral lo más amplio posible, aunque ello implique unos rasgos ideológicos más bien relajados. Este hecho conlleva que los distintos ejes que conforman una ideología[3] no tengan una estructura relacionada como antaño, sino que cada uno de estos ejes pueda alterarse de acuerdo con el escenario previsto. Así pues, la actual campaña electoral nos permite observar cómo el eje nacionalismo central/periférico está deliberadamente potenciado, ya que en estas elecciones posee una importancia fuera de toda duda.

Pese a todo, esta “desideologización” puede contribuir a reforzar la figura del jefe de partido porque, a falta de otros elementos, sería la figura en torno a la que se aglutinarían estas formaciones. En este sentido, es casi irrelevante que los jefes de partido hayan sido elegidos en primarias más o menos “abiertas”, porque una vez gobiernen el partido impondrán (con más o menos consenso dentro de su formación) a sus candidatos. De modo que, aunque en las elecciones el electorado escoja unas listas frente a otras, las personas que van al Congreso u otras instituciones son perfectamente conscientes de quién los ha puesto en esas listas, lo que explica los fervientes aplausos cada vez que interviene su portavoz. ¡Quién no aplauda no repetirá en lista! Esta misma razón es la que consigue que la disidencia dentro del partido sea prácticamente cero.

A todo lo anterior hay que añadir que la ciudadanía no tiene ningún mecanismo de control sobre sus (teóricos) representantes, ya que el artículo 67.2 de la Constitución prohíbe el mandato imperativo a los miembros de las Cortes Generales. Es decir, se impide algo que en el Derecho Civil es absolutamente normal, tal y como sucede en el contrato de mandato, en el que un mandante da indicaciones al mandatario, para que éste lleve a cabo una serie de actuaciones en nombre del primero. Pero en la política actual, gracias al pensamiento de Edmund Burke, se entiende que el diputado representa solo a ese sujeto llamado “nación”, lo que facilita la tarea de los diputados, porque la “nación” no acostumbra a quejarse. Entonces, ¿debe entenderse que el electorado no puede dar ningún tipo de instrucción a los diputados? No, ¡para eso ya está el partido! Quien sin encontrar ninguna limitación al respecto envía sus delegados a las Cortes Generales. De esta manera, podemos ver, en las distintas cámaras, numerosas votaciones dominadas por multitud de “brazos de madera”.

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[1] Para reformar este título se exigiría un complicado procedimiento de reforma llamado excepcional o agravado, el cual se recoge en el artículo 168.

[2] La LOREG establece que estas agrupaciones puedan presentarse necesitan, al menos, la firma del 1% de los inscritos en el censo de la circunscripción.

[3] La ideología se estudia tomando como referencia cuatro cleavages o ejes:
1. izquierda/derecha.
2. Nacionalismo central/periférico.
3. Estado laico/Iglesia.
4. Campo/ciudad.

 

GLACIACIÓN DEMOGRÁFICA

 

Numerosos son los problemas que hacen peligrar la continuidad de España como nación. Su agudo declive poblacional es uno de ellos. Al punto que, con los datos en la mano (determinadas estimaciones apuntan que para el 2100 habrá aquí la mitad de habitantes menos que actualmente), no estaríamos hablando ya de un «invierno demográfico» sino de una glaciación en toda regla.

      De hecho el crecimiento vegetativo (resultado final de nacimientos menos defunciones) hace tiempo que es inequívocamente negativo, cuando los nacidos bajo el Baby Boom entraron en la tercera edad, provocando que la teórica pirámide de población (a la que correspondería tener una base ancha formada por los jóvenes y una cúspide estrecha con los viejos) se haya transformado poco a poco en una figura romboidal, algo nada halagüeño de cara al futuro. 

      Porque, más allá de las cifras que certifican la indiscutible debacle demográfica del presente, conviene plantearse sus consecuencias (también de carácter afectivo, pues la soledad constituirá la tónica general de una senectud que se vislumbra especialmente amarga, sin apenas familiares cercanos a nuestro lado  en los últimos momentos) en un futuro no lejano, que a nadie con dos dedos de frente se le escapan serán graves (abriéndose incluso la puerta al establecimiento de una especie de «eutanasia involuntaria» para los más ancianos): desde el incremento de los gastos sanitarios hasta la nada improbable quiebra del sistema de pensiones por mor de la reducción de cotizantes, pasando por una mayor presión impositiva. En resumen, la desaparición del Estado del Bienestar tal como lo hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial.

      Dicho esto, se abre el debate. Es verdad que la caída de la natalidad en las sociedades desarrolladas es un indicativo lógico y hasta cierto punto positivo, en tanto en cuanto ahora no es necesario tener muchos hijos para (reducida al mínimo la mortalidad infantil) asegurar la supervivivencia de algunos de ellos. Por otro lado, la incorporación de la mujer al mercado laboral  ha tenido asimismo consecuencias en este sentido, qué duda cabe, alargando la edad en que las féminas deciden o pueden permitirse tener su primer retoño. Igualmente, se apela con frecuencia a cuestiones de tipo económico (precariedad laboral, sueldos bajos, carestía de la vivienda) y político (falta de ayudas públicas a las jóvenes parejas).

      Pero, aunque estas causas puedan ser relevantes, que lo son y mucho, no acaban de explicarlo todo, pues dicha tendencia a la baja es generalizada en la mayoría de los países que conforman este hoy caduco Occidente, incluso en aquellos donde la precariedad laboral es menor o las ayudas estatales son mayores. Hay de fondo algo más.

 

     Y ese «algo más» son ciertos aspectos socio-costumbrista-culturales nada baladíes relacionados con el paradigma relativista dominante, que no es otro que aquél que se impuso desde finales de los años 60´ del pasado siglo (en España casi una década después) y exalta el individualismo, el hedonismo y el materialismo frente a la comunidad, el espíritu de sacrificio y la espiritualidad; sublima el sexo como producto de consumo (anticonceptivos mediante) en contraposición al sexo responsable; favorece el aborto (convertido en un lucrativo negocio que mueve millones de euros al año en las clínicas al uso) frente a la defensa de la vida (entre 1985 y 2016 fueron registrados en nuestro país la friolera de 2.217.517 abortos); denigra la familia (la cual, con independencia de la opinión que se tenga de ella, sigue siendo la institución básica, incluido en lo que respecta a la apasionante e incierta aventura de traer hijos al mundo) o impone la dictadura ideológica de género (¡a ver qué varón va a afrontar con la calma necesaria la paternidad cuando en cualquier momento puede ser expulsado de su propia casa, apartado de sus vástagos o acabar entre rejas por una simple denuncia aún sin verificar judicialmente!).

       Así las cosas, nuestros gobernantes deberían adoptar, con la presteza requerida, medidas efectivas, ajenas a parches coyunturales amén de liberadas de tintes buenistas para luchar contra el envejecimiento social y evitar que, con cada nueva generación de españoles, nos convirtamos definitivamente en una decrépita nación-geriátrico.  

   

      Claro que, ¿se puede exigir semejante cosa a unos politiqueros (para nada estadistas) sectarios, fatuos, corruptos, pusilánimes, ajenos al sentido común e instalados en el cortoplacismo electoral que, además de carecer del mínimo atisbo de justicia social, repudian o  deforman los conceptos mismos de familia, matrimonio, maternidad, dignidad humana o primigenio derecho a la vida?

 

RICARDO HERRERAS

 

 

PROFESORES PARA TODO

El pasado 4 de Abril la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León – las de Sanidad y Educación no deben ser competentes en la materia- publicó la Orden 315 de 2019 por la que se regulan medidas dirigidas al alumnado […] que presenta necesidades […] socio sanitarias. Tras un título tan técnico se oculta otra mas de las agresiones contra los derechos laborales del Profesorado con que las Administraciones, guiadas por el afán de ahorro -en los servicios públicos, que no en el reparto de subvenciones a empresas privadas propiedad de “emprendedores” emparentados con ciertos cargos públicos- bombardean constantemente a los docentes.

 

El texto de la Orden, redactado con el “copia y pega” informático al que nos tiene acostumbrados la Administración – recordemos aquel Informe para el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, según el cual, cachalotes y marsopas figuran entre las especies vulnerables del ecosistema castellano y leonés- está plagado – como toda la legislación educativa actual – de palabrejas biensonantes y de tecnicismos.

 

En el primer caso me refiero a conceptos etéreos, nunca aplicados en la práctica, como “necesidades educativas especiales, inclusión educativa y social, normalización, universalidad, procedimiento de detección y respuesta educativa, equidad, gratuidad, atención personalizada e integral…”, y una larga lista de palabras tan vacías de contenido semántico y significado intelectual como los artículos y los pronombres. En el fondo es una estrategia de distracción: aparentando que se busca la inclusión social, falsa intención que despierta los buenos sentimientos de la gente -reconozcámoslo: somos muy pánfilos – se anula el sentido crítico para que el público no vea lo que viene después.

 

En el segundo, hablamos de palabrejas o acrónimos que suenan muy científicos, casi ininteligibles para la mayoría, aunque la base científica tras ellos sea discutible desde el punto de vista médico. En esta Orden destaca un tecnicismo concreto: trastorno “grave” de conducta. El Artículo 13 de la Orden, basándose en no se sabe qué criterios médicos, define el trastorno grave de conducta, que “diagnosticado por el personal de la consejería competente en materia de sanidad, estará evidenciado por una serie de conductas que se desvían significativamente de la norma imperante en dicho entorno, […] y que implican una oposición persistente a las figuras de autoridad […], cuya consecuencia es la perturbación de la convivencia con otras personas”. Pena tendré por el personal médico que tenga que realizar tal diagnóstico, considerando que la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS distingue seis variantes del Trastorno de conducta, y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, en su volumen IV, lo define como “la presencia recurrente de conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de transgresoras de las normas sociales, en el comportamiento del individuo” especificando que “la simple aparición de estas conductas no es, sin embargo, criterio suficiente para la emisión del diagnóstico, pues […] se ha de considerar el entorno en el que se dan estas conductas. Existen ciertos ámbitos, como el carcelario, las guerras, las pandillas juveniles, etc., en los que estos patrones inadaptados de conducta social, son la respuesta considerada normal y por tanto resultan admitidos e incluso valorados por el colectivo”. La definición de la Orden es similar, pero es inexacta. Resumiendo: los médicos tendrán que diagnosticar un trastorno psiquiátrico que acaba de redefinir un funcionario de la Junta de Castilla y León, copiándolo vaya a saber de qué blog de Internet sobre medicina familiar. Si la mayoría de los alumnos del Instituto proceden de familias desgraciadas o barrios marginales, habrá que llevar al psiquiatra a los pocos alumnos que no insulten al profesor.

 

¿Y qué viene después de esta corra de palabrejas para el público bien-pensante y de tecnicismos psicológicos tan alegremente interpretados? Una ristra de artículos que obligan a los Profesores a trabajar gratis de enfermeros, recibiendo, éso sí, “formación sanitaria específica” que nos proporcionarán, también gratis, los médicos que estén de guardia en el Centro de Salud mas cercano, porque lógicamente tendremos que formarnos fuera del horario laboral. Así por ejemplo, el Artículo 10 establece que: 1. Ante una situación de urgencia […] sanitaria, el centro educativo proporcionará la primera actuación hasta que el alumno pueda ser atendido por los servicios sanitarios. A tal efecto: a) La dirección del centro educativo deberá asegurarse de que todo el personal del centro educativo conoce:

 

1.º El número de teléfono que permite contactar con Servicio de Emergencias de Castilla y León (1-1-2). !No se olviden de los guiones¡ No vayan a equivocarse y llamar al ciento doce…[…]

 

3.º La ubicación del botiquín del centro. […]

b) La persona del centro educativo que esté presente […] deberá seguir el procedimiento establecido a continuación:

 

1.º Sin abandonar al alumno solicitará ayuda para que acuda otro profesional del centro educativo. Es decir, si a un crío le da un ataque epiléptico, lo primero es llamar a otro “Profe” para que sea testigo de nuestra impotencia, no al ciento doce, perdón 1-1-2…

 

2.º Llamará a Emergencias Sanitarias de Castilla y León, marcando el teléfono 1-1-2, indicando que se trata de una «Alerta Escolar».

 

3.º Proporcionará la localización exacta del lugar donde está ocurriendo la urgencia. No sea que el conserje se pierda por el pasillo con los paramédicos.

 

4.º Responderá a las preguntas que le formule el personal sanitario del Centro Coordinador de Urgencias Sanitarias sobre la situación del alumno. Todos hemos visto “Urgencias”, así que podemos distinguir una pupila midriática de una normal, y una convulsión epiléptica de un broncoespasmo.

 

5.º Atenderá a las indicaciones que le realice el personal sanitario del Centro Coordinador de Urgencias Sanitarias hasta la llegada de los servicios sanitarios al lugar […]. Bueno, si ponen desfibriladores en las gasolineras para que cualquiera atienda un infarto…digo yo que nos arreglaremos. Si no lo matamos en el proceso, claro.

 

El Artículo 12 dice que:

1. La dirección del centro docente debe organizar la custodia, el acceso y la administración de medicamentos con la colaboración de todos los profesionales del centro. […]

 

2. El procedimiento para la administración de medicamentos será el siguiente:

 

a) Si el alumno necesita que se le administre un fármaco durante la jornada escolar sus padres […] presentarán una solicitud escrita para que el personal del centro educativo administre la medicación, […]. Si la complejidad en la administración del fármaco requiere unos conocimientos específicos -caso improbable, porque cualquiera puede administrar antipsicóticos, benzodiacepinas, y demás caramelos; y en el peor de los casos sólo podemos dar un medicamento a un niño al que no se le ha detectado alergia a ese medicamento – se derivará el caso a la Dirección Provincial […].

 

b) Los padres se encargarán de su reposición por uso o por caducidad. !Ah¡ ¿No les habíamos dicho que los padres tienen que llevarnos las medicinas al Instituto? ¿Acaso creían que la Consejería de Sanidad iba a pagar un farmacéutico que las prepare y un repartidor?

 

En conclusión: se pretende explotar laboralmente tanto al personal docente como al sanitario, para ahorrarse la contratación de un enfermero, igual que se ahorran la contratación de un bibliotecario. Además, en base a una interpretación malintencionada y torticera de las leyes educativas y sanitarias, se legaliza e institucionaliza una suerte de intrusismo profesional obligatorio, forzando al Profesorado a realizar tareas para las que no está preparado, ni lo estará por muchos cursillos de formación de diez horas que haga, a sabiendas de que se está jugando con la salud e incluso la vida de los menores, y con la conciencia de los profesores – ¿soportaría usted matar a un niño accidentalmente? -.

 

¿Tanto cuesta recortarle la subvención a los cónyuges de esos Consejeros que saltan de partido a partido cuando les explota la corrupción en la cara, para dedicar ese dinero a contratar enfermeros cualificados? ¿O éso no da votos al partido que lleva treinta y dos años gobernado esta bendita Comunidad Autónoma? Como diría un insigne vallisoletano: “!Márchese ya, Señor Herrera!

 

!Váyase usted¡”. Y de paso llévese consigo al funcionario que le redacta las Órdenes.

 

AQUILINO SANTAMARTA

LAS 10 REVELACIONES DE ASSANGE QUE CAMBIARON LA FORMA DE VER AL PODER

En relación a  la detención de Julian Assange, instigada desde EE.UU.  y al margen de la acusación registrada en Suecia (pendiente de demostrar) la labor de wikileaks ha contribuido enormemente a arrojar luz sobre los abusos del poder. El artículo siguiente  constituye un resumen de su importantísima labor como denunciante.

WikiLeaks ha publicado millones de documentos desclasificados y secretos en más de 20 idiomas 

de http://MISIONVERDAD.COM/trama-global/las-10-filtraciones-mas-importantes-de-wikileaks?fbclid=IwAR07JN6axrovTWGSO1RzIm1slVdk21Bp2l-jc-WF1SKTED9Vxc-QPIUCD5k

11 Abr 2019, 10:30 am.

En sus casi 15 años de actividad, WikiLeaks ha difundido más de 10 millones de documentos clasificados. Entre ellos, la mayoría tiene que ver con planes secretos del gobierno de los Estados Unidos en sus programas de inteligencia, seguridad y guerra.

La fundación liderada por el encarcelado Julian Assange tiene años siendo la vanguardia en cuanto a información clasificada. Tanto así que sus principales portavoces han sido perseguidos por gobiernos aliados de Washington como Suecia y Gran Bretaña. El mismo Assange estuvo refugiado desde 2012 en una pequeña habitación de la embajada de Ecuador en Londres, hasta que el gobierno de Lenín Moreno dejó de concederle ese estatus el día de hoy.

De tal nivel es la información y los datos que provee WikiLeaks, que decidimos recopilar las filtraciones que consideramos las más importantes.

A continuación, lo prometido.

1. LOS ARCHIVOS DE GUANTÁNAMO

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Prisioneros de Guantánamo en posición disciplinaria acompañados de soldados estadounidense. (Foto: Archivo)

En 2007 publicaron miles de documentos en forma de manuales e información de la cárcel inauguarada por la Administración Bush hijo en 2002 en la bahía de Guantánamo, Cuba. En los archivos sobran los detalles sobre los prisioneros y los métodos de tortura que usan a diario contra ellos bajo un programa de procedimientos para el tratamiento de personas sospechosas de ser terroristas. La Cruz Roja confirmó que no todos los prisioneros de Guantánamo son terroristas y las críticas sobre el funcionamiento de esta instalación han ido incrementando con los años. Puedes revisar el archivero de WikiLeaks en torno al tema aquí.

2. NOTICIAS SECRETAS DE LAS GUERRAS EN AFGANISTÁN E IRAK

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Soldado estadounidense y un niño iraquí en Bagdad, año 2008 (Foto: Mauricio Lima / AFP)

War Diaries fue lanzado en 2010 con casi 400 mil reportes que dan cobertura de la guerra de Irak de 2004 a 2009. Allí podemos encontrar desde los equipos militares usados por el ejército estadounidense en detalle, hasta información de los objetivos militares y civiles muertos, más los abusos y torturas a prisioneros de guerra en informes. Para indagar en los archivos referidos haz click aquí.

3. CABLEGATE Y UNA LUPA A LA DIPLOMACIA ESTADOUNIDENSE

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La embajada de los Estados Unidos en Berlín, Alemania (Foto: Mutter Erde / Wikipedia)

En 2010 WikiLeaks lanzó millones de cables diplomáticos escritos entre 1966 y 2010 y que se publicaron en varios medios internacionales mostrando las opiniones de los máximos responsables de la diplomacia de Washington (Henry Kissinger entre ellos) e instrucciones a sus diplomáticos para que espíen a políticos extranjeros, mejor conocido como CableGate. Los cables refuerzan el chiste: «¿Por qué no hay golpes de Estado en los Estados Unidos? Porque no hay embajada estadounidense». Puedes revisarlos aquí.

4. ASESINATO COLATERAL

Con archivos provistos por Chelsea Manning, en el año 2010 WikiLeaks sacó a la luz un video titulado Asesinato Colateral que muestra cómo militares estadounidenses disparan desde helicópteros Apache a objetivos civiles en Bagdad (capital de Irak), entre ellos un periodista de Reuters, quienes caen fulminados al suelo. La grabación data de 2007, viene con subtítulos.

5. LOS DOCUMENTOS DE STRATFOR

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Stratfor es conocido como «la CIA en la sombra» por sus vinculaciones con la comunidad estadounidense de inteligencia (Foto: publika.md)

Entre 2012 y 2013, fueron filtrados más de 5 millones de correos electrónicos de la empresa privada estadounidense de inteligencia Stratfor. The Global Intelligence Files dio a conocer numerosos documentos en los que conocimos algunos detalles de la red de vigilancia masiva interna en los Estados Unidos con la NSA de protagonista, además de operaciones secretas llevadas a cabo por Washington en Siria, todo entre 2004 y 2011, dejando asimismo al desnudo la íntima conexión que existe entre la comunidad de inteligencia y seguridad estadounidense y algunas empresas que funcionan como tanques de pensamiento y organizaciones no gubernamentales al servicio de sus élites. Puedes sumergirte en el archivo aquí.

6. TPP, TTIP, TISA: DEVELADOS

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Los acuerdos secretos no se llegaron a firmar debido al aislacionismo económico de Donald Trump (Foto: WikiLeaks)

De 2013 a 2016, WikiLeaks publicó sucesivos documentos denunciando que el gobierno de los Estados Unidos estuvo negociando en secreto sendos tratados de libre comercio conocidos como el Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, sus siglas en inglés), la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, sus siglas en inglés) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, sus siglas en inglés). Antes del ascenso de Donald Trump, Washington tenía por estrategia un nuevo sistema económico y legal en el que incluso los derechos civiles serían profundamente pisoteados en casi todo el mundo, basado en esos acuerdos que nunca fueron anunciados sino hasta luego de sus filtraciones. Revisa las publicaciones en relación aquí.

7. ALGUNAS CORPORACIONES AL DESNUDO

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El vertido tóxico de Trafigura en Costa de Marfil afectó a más de 100 mil personas (Foto: Trafigura)

Desde su fundación en 2006, WikiLeaks ha publicado varios archivos desclasificados de empresas transnacionales que contienen informaciones secretas, como las consecuencias del derrame tóxico en Costa de Marfil por parte de la empresa energética Trafigura que afectó a más de 100 mil personas; al mismo tiempo, se descubrió que los medios británicos fueron cómplices de esto al maquillar los sucesos (descúbrelos aquí). También, los negocios off-shore del banco suizo Julius Bär Group (aquí) y las conexiones con la Casa Blanca y el complejo industrial-militar de la compañía japonesa Sony (aquí) también fueron objeto de filtraciones. Así, la política gubernamental sino también corporativa son objetivos de la fundación de Julian Assange.

8. ESPIONAJE GLOBAL COMO HERRAMIENTA GEOPOLÍTICA

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La NSA ahora es reconocida por crear una vasta red de espionaje en todo el mundo (Foto: Archivo)

En 2016, supimos de primera mano que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, sus siglas en inglés) pinchó los teléfonos de la canciller alemana Angela Merkel y el ex secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, robó cables de la diplomacia italiana para conocer lo que discutieron el ex primer ministro Silvio Berlusconi con su par israelí Benjamin Netanyahu en torno a Barack Obama, espió las comunicaciones de ministros de la Unión Europea y de Japón para conocer en detalle sus acuerdos para evitar el «entrometimiento estadounidense» en sus relaciones internacionales, todo con un fin: acumular data para poder usarlos en beneficio de sus intereses como potencia geopolítica en todo el mundo. Todo eso y más puedes escudriñarlo aquí.

9. LA CAÍDA DE HILLARY CLINTON

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Hillary y Bill Clinton, junto a su hija Chelsea, lideran la corrupta Fundación Clinton (Foto: Kevin Mazur / Getty Images)

En todo el año 2016 se publicaron unos 44 mil correos electrónicos del Comité Nacional del Partido Demócrata que evidenciaron la campaña de sabotaje contra la candidatura de Bernie Sanders en favor de Hillary Clinton dentro del partido. A su vez, 30 mil de esos correos pertenecen o fueron enviados a la Clinton durante su etapa como secretaria de Estado, en la era Obama. Su papel en el golpe de Estado en Honduras en 2009, los corruptos negocios de la Fundación Clinton en Haití, sus planes para intervenir secretamente en la guerra siria, los millones de dólares que gana por impartir conferencias a bancos y empresas estadounidenses, todos fueron informaciones que produjeron la caída de la Clinton durante la carrera contra Donald Trump por la Casa Blanca. Aún muchos analistas opinan que el magnate fue la mejor opción. Los archivos están aquí.

10. LA CIA CIBERNÉTICA, ADENTRO

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Funcionarios de la CIA en la sede central en Langley, Virginia (Foto: CIA)

En 2017 se publicó Vault 7, la mayor publicación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, sus siglas en inglés) hasta la fecha. Se pueden leer archivos de cómo la CIA tiene un inconmesurable arsenal informático de hackeo comparable al de la NSA. Lo más importante de esto es que los hackers contratistas y funcionarios de la agencia han extraído miles de herramientas para su trabajo como «malware, virus, troyanos, ataques de día cero, sistemas de control remoto de malware y documentación asociada». Toda esa data ahora está al servicio de piratas informáticos, que podrían saber incluso tu dirección de IP por la irresponsabilidad securitaria de la CIA. Se pueden leer los archivos aquí.

SOMOS UN GRUPO DE PERIODISTAS E INVESTIGADORES INDEPENDIENTES DEDICADOS A ESTUDIAR LA GUERRA CONTRA VENEZUELA Y EL CONFLICTO GLOBAL. NUESTRO CONTENIDO ES TOTALMENTE LIBRE. SI DESEAS CONTRIBUIR CON NUESTRO TRABAJO PUEDES HACERLO AQUÍ ←

BILINGÜISMO MADE IN SPAIN

                      

Una de las muchas calamidades que asolan el momento presente está siendo, cual remedo colonialista, la invasión cultural de todo lo anglosajón, incluida su druídica lengua, la cual ahora parece que debe ser adquirida por todas aquellas sociedades que aspiren a ser competitivas en el nuevo orden global.

      Calamidad que, en este país plagado de mentecatos siempre prestos a adoptar modas foráneas por mor de un irracional complejo de inferioridad, ha tomado la abominable forma de educación bilingüe en inglés, no por casualidad impulsada aquí (y ajena por completo al vaivén de sucesivas a la par que ineficaces reformas educativas habidas últimamente) sin fisuras por las dos grandes formaciones políticas que  (junto con los separatistas periféricos) han gobernado (“saqueado”, mejor dicho) España en los últimos decenios no de régimen democrático sino partitocrático, ambos cómplices de ese mundialismo financiero (la masonería internacional de toda la vida, para entendernos) que nos sojuzga por medio de una dictadura económica derechista apoyada en una dictadura cultural izquierdista.

 

      Vale que los españoles nunca hemos sido muy duchos en esto de los idiomas (hagan la prueba sino y acérquense a Portugal y comprueben el gran número de lusos que hablan español e incluso inglés sin necesidad de educación bilingüe alguna). Vale también que la enseñanza de idiomas en nuestros colegios e institutos ha sido tradicionalmente muy mejorable (como todo el mundo sabe, en España los idiomas se estudian, no se aprenden), por no decir deficiente. Pero de ahí a que se haya implantado un modelo que pretenda impartir las asignaturas curriculares (ya sean de ciencias sociales o naturales) en inglés…va un abismo.

 

      Tal experimento del Doctor Bacterio solo podría acarrear unos resultados nefastos: jibarización de contenidos, pésima comunicación entre educadores y educandos, insuficiente preparación del profesorado y del alumnado (como cada vez hay menos que explicar, también hay menos que saber), detrimento de la capacidad del estudiante para comprender, analizar, pensar, crear, debatir e investigar (claro, la lengua para hacer lo anterior es la materna), segregación social (los hijos de padres que puedan permitirse llevarlos a clases particulares o a campamentos en Inglaterra  acabarán adelantando a los que no), etc.   

 

      Y, a pesar de todo, ¡ay del colegio que no ofrezca hoy el dichoso bilingüismo, porque la espantada de potenciales pupilos hacia los que sí lo hagan estará garantizada! Criterios de peso económico (el negocio de las poderosas editoriales de libros de texto y academias privadas) al igual que de ridículo prestigio (contratación de unos profesores angloparlantes como reclamo que, mayormente, no tienen ni idea de nuestra Historia, Literatura o Geografía) cuando no de pura y dura vergüenza (nadie quiere ser encuadrado en el pelotón de los torpes por no “hablar” en la escuela el idioma de Shakespeare) fomentan igualmente el despropósito.

      Qué duda cabe que todos queremos estudiantes bilingües si bien, visto lo visto, ésta no parece la mejor manera de lograrlo. Es posible que así el alumnado aprenda muchas palabras en la jerigonza de los hijos de la Gran Bretaña, aunque al precio de una lenta, progresiva e inexorable debacle de la lengua y cultura patrias.

 

      Partiendo de la base de si dicho modelo tiene algún sentido en una España otrora agropecuaria, pesquera e industrialmente próspera reconvertida a raíz de la indecorosa entrada en la entonces CEE en refugio de turistas de la peor calaña amén de afianzada en la precariedad laboral, convendría derogarlo o al menos replantearlo con urgencia.

      Lo contrario, mantener semejante dislate, solo ahondará en la acentuada ignorancia de nuestros alumnos desde los tiempos de la infame LOGSE, ahora expresada eso sí en espanglish. 

 

 

RICARDO HERRERAS

 

El secuestro del Estado por la elite de la Administración

Jesús Cachovozpopuli autores

OPINIÓN

de https://www.VOZPOPULI.COM/opinion/secuestro-estado-administracion-opinion-jesus-cacho_0_1233777047.html

Los hermanos Nadal, Álvaro y Alberto.

PUBLICADO 07.04.2019 – 

Circular por la A-67, la autovía que une Palencia con Santander, más conocida como Autovía de la Meseta, se ha convertido en un suplicio diario para quienes se ven obligados a conducir sobre un firme muy deteriorado, con un carril derecho casi impracticable en ambos sentidos, lo que obliga a la mayoría a ocupar el izquierdo si no quiere salir volando incluso conduciendo por debajo de los 120 km/h. Inaugurada hace menos de 10 años, con una inversión superior a los 300 millones y siendo ministro del ramo José Blanco, la vía soporta un elevado tránsito de vehículos pesados -comunica la meseta con el puerto de Santander- que la han convertido en una trampa mortal. «Es verdad que el frío y la sal empleada para combatir las heladas hacen daño, pero ese no es el problema, sino los fallos técnicos de diseño evidentes incluso para un lego, y una capa de asfalto tan fina que en algunos tramos deja aflorar barro y tierra a la superficie». Y bien, ¿cumplieron las constructoras con las condiciones del pliego? ¿Quién fue el alto funcionario encargado de su recepción? ¿Por qué le dio el visto bueno? ¿Algún alto cargo se ha metido dinero en el bolsillo?

El caso del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Castellón. El Gobierno Zapatero adjudicó su construcción a Escal UGS, filial de ACS, la constructora del empresario «padrino» Florentino Pérez, y lo hizo incluyendo en el contrato una cláusula que le garantizaba «una indemnización equivalente al valor de las instalaciones, incluso en caso de dolo o negligencia imputable de la empresa adjudicataria». Tras la alarma causada por los seísmos producidos en la zona, el Gobierno Rajoy se vio obligado a anular la concesión en octubre de 2014 y a indemnizar con 1.461 millones a Escal UGS. Un escándalo sin paliativos. ¿Dónde estaban los altos funcionarios de la Administración, los interventores, los abogados del Estado, por cuyas manos necesariamente tuvo que pasar un expediente que deberían haber paralizado? ¿Por qué no impidieron esa concesión? ¿Quién se corrompió permitiendo la inclusión de aquella cláusula? ¿Hay alguien ahora mismo en la cárcel por este motivo?

El juez García-Castellón de la Audiencia Nacional investiga estos días el pago «sistemático» de comisiones ilegales (se habla de hasta 40 millones) por parte de la constructora OHL a distintos cargos de Fomento, de Ayuntamientos y de CC.AA. (Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid) a cambio de contratos para la realización de obra pública. El pago de esas mordidas era un secreto a voces dentro del sector. Todo el mundo lo sabía, pero ningún alto funcionario se atrevió a denunciarlo. Otrosí ocurre con la reciente denuncia formulada por la CNMC relativa a la existencia de un cártel de constructoras que durante años amañó contratos relacionados con la electrificación de líneas de AVE y tren convencional. El cártel, que se benefició de contratos por importe de 837 millones, burlaba a Adif con ofertas casi idénticas que se pactaban en un hotel de Madrid. En consecuencia, la CNMC ha impuesto multas a filiales de ACS, OHL, Sacyr, Isolux y Abengoa, entre otras, que suman 118 millones.

La CNMC estima que la falta de transparencia concursal origina desviaciones al alza de 47.500 millones (4,6% del PIB)

La lista de golferías consentidas por los encargados de velar por la pureza en la contratación pública –alrededor de 194.000 millones anuales, cifra equivalente al 18,5% del PIB- sería interminable. La propia CNMC estima que la falta de transparencia concursal origina desviaciones al alza de 47.500 millones (4,6% del PIB), cifra muy superior al pago de intereses de la deuda pública (31.547 millones en 2018), dinero que se despilfarra por la mala gestión o la simple y llana corrupción. El buen o mal gobierno (eso que algunos llaman “gobernanza”) de las instituciones es un asunto de capital importancia para la salud del Estado de Derecho y la calidad de la democracia, en tanto en cuanto influye directamente sobre el bienestar o malestar de los ciudadanos y sobre la buena o mala marcha de la economía. De la gestión de las instituciones se encargan los cuerpos de elite de la Administración en sus distintos niveles, gente con brillantes currículos académicos, cuyo ingreso en los mismos -Cuerpo Superior de Administradores Civiles (el antiguo TAC), el más numeroso; Técnicos Comerciales (Tecos), abogados del Estado, inspectores de Hacienda y del Banco de España, Interventores, cuerpo diplomático, etc.,- implica superar unas difíciles oposiciones, básicamente limpias aunque con sesgo (hay que poder financiar los 3/4 años que dura el intento), de las que teóricamente sale gente muy cualificada, con capacidad de gestión, amplitud de miras y una cierta vocación en defensa de los intereses generales por encima de los personales o de partido. Una burocracia basada en el mérito y enemiga, en principio, de la politización y el amiguismo.

La aparatosa provisionalidad de Sánchez

Los problemas empiezan una vez aprobada la oposición. Porque el modelo administrativo español se rige por el principio de la libre designación, «una tradición predemocrática difícil de erradicar», en opinión de Elisa de la Nuez, una mujer que en el blog «Hay Derecho» (altamente recomendable) ha escrito mucho sobre los vicios del sistema. La libre designación permite nombrar a amigos y/o conmilitones para ocupar los puestos más importantes alegando motivos de confianza. El sistema cobija con holgura todo tipo de injusticias. Opacidad, arbitrariedad y nepotismo. Y tiene voz pasiva: la llegada de un nuevo Gobierno supone el cese inmediato de los altos cargos nombrados por su antecesor, lo que provoca una auténtica escabechina en los más altos niveles de la administración, un espectáculo que tuvimos ocasión de presenciar en mayo pasado con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. La aparatosa provisionalidad que rodeaba al Ejecutivo socialista no fue obstáculo para que el susodicho se apresurara a nombrar a sus fieles, aquellos que le acompañaron en su travesía del desierto, para ocupar las mejores posiciones administrativas, incluidas la presidencia de las empresas públicas. El escándalo llegó al punto de colocar a un amigo, además de ex jefe de su gabinete, en la presidencia de Correos. Lo primero que hizo Juan Manuel Serrano nada más tomar posesión del cargo fue firmar un acuerdo con los sindicatos asumiendo una subida salarial del 9% y la creación de 11.200 nuevos empleos fijos. Conviene recordar que, con 52.000 personas en plantilla, Correos perdió 147 millones en el ejercicio 2017. ¿Dónde queda la búsqueda del bien común?

La libre designación se ha convertido en un mal endémico que explica en gran medida una corrupción, tanto de PP como de PSOE, que ha terminado por dañar el crédito de las instituciones

La libre designación significa que el ministro de turno no tiene ningún problema para nombrar a quien le dé la gana entre la plétora de amigos y compañeros de partido situados a partir del nivel 28 de la Administración. Como es obvio, el nombrado a dedo carece de la independencia necesaria para oponerse a cualquier arbitrariedad que, a través del correspondiente expediente, su jefe le pase a firma. Los hay dispuestos a participar con gusto en la fechoría. Quienes, por el contrario, tienen la honradez por norte y el servicio al interés general por bandera, se lo piensan mucho antes de ponerse a levantar alfombras, porque al hacerlo ponen en riesgo su cabeza. Atreverse a frenar un expediente que le ha puesto delante el jefe político puede suponer, en el mejor de los casos, afrontar un traslado a Ciudad Real que se traduce en un recorte en la nómina por la pérdida de los pluses. Este atroz sistema de dependencia acaba teniendo una enorme importancia en la calidad de la gestión pública, con resultados que a veces suelen manifestase años después de ocurridos los nombramientos. El escándalo de la Gürtel y otros del mismo pelaje (extracción de rentas o vulgar robo a mano armada) que han afectado al PP, difícilmente se hubieran producido si los capos del partido en Madrid y Valencia no hubieran ido situando de forma paulatina en los puestos de gestión de las instituciones municipales y autonómicas a sus funcionarios paniaguados obligados a participar en el juego de la sumisión y la fidelidad perruna, a veces a disgusto y otras muy a gusto como cooperadores necesarios y beneficiarios directos. Peca el político por acción, y el funcionario por omisión.

La libre designación se ha convertido en un mal endémico que explica en gran medida una corrupción, tanto de PP como de PSOE, que ha terminado por dañar el crédito de las instituciones y la calidad de nuestra democracia, dando lugar a la aparición de los populismos. Ningún Gobierno ha intentado poner coto a este tipo de prácticas durante la Transición. El sistema ha invadido también los órganos de control del Ejecutivo, instituciones tan importantes a la hora de asegurar el funcionamiento del Estado de Derecho como la CNMC, el Banco de España (BdE) o el Tribunal de Cuentas (por no hablar de CIS o de RTVE, sometidas hoy a la grosera manipulación del Gobierno Sánchez), de cuya efectiva independencia depende la aplicación de esos checks and balances que garantizan la separación de poderes y el cumplimiento de la ley por parte de los poderes públicos. Todos esos organismos están trufados de altos funcionarios nombrados a dedo. Los “partidos del turno” se han negado en redondo a sacar las manos de esos centros de poder, porque hacerlo hubiera significado perder mucha capacidad de mangoneo y quedar expuestos a la acción de la Justicia, razón por la cual había que ocupar los dichos organismos y la propia Justicia. Los 60.000 millones empleados en el rescate de las Cajas de Ahorro no hubieran sido necesarios si al frente del BdE no hubiera estado primero Jaime Caruana (PP) y después un socialista contemplativo y ramplón, un jeta de estricta obediencia como el famoso MAFO, y si él y su claque en Cibeles, en particular JavierAríztegui, responsable de Supervisión antes y subgobernador después, no hubieran impedido al antaño prestigioso cuerpo de inspectores de nuestro banco central ejercer con independencia su labor fiscalizadora sobre balances y cuentas de resultados de las entidades de ahorro.

La bala de plata de los hermanos Dalton

Esta semana se acaban de decidir varias docenas de nombramientos para puestos muy “golosos” (sic) en las embajadas de España en el exterior (embajadores, cónsules, secretarios, representantes en organismos financieros, consejeros económicos y comerciales, etc.) Frente al viejo criterio de capacidad y mérito, se impone el dedo a palo seco. Los Gobiernos se han ido dando cuenta de que estos puestos, muy bien remunerados (mucho más que cualquiera en España de la función pública), son un auténtico botín en sus manos, un medio de premiar fidelidades o agradecer los servicios prestados por funcionarios pasados a la política. También lugares en los que colocar a políticos en cesantía, dentro de la estricta aplicación del más burdo sistema clientelar, hasta el punto de que el sistema de nombramientos ha terminado siendo copado por la libre designación. Ilustrativo el caso de los famosos Dalton (Álvaro y Alberto Nadal), los listísimos hermanos del PP que tras dejar la política tuvieron la desfachatez de anunciar su intención de usar su “bala de plata” eligiendo embajada (naturalmente Londres y Washington, no cualquier cosa) meses antes de que pudiera reunirse la correspondiente Comisión de Destinos en el Exterior. Álvaro ha logrado su propósito en la agregaduría comercial de Londres, pero la secretaria de Estado de Comercio socialista ha tenido los santos bemoles de vetar a Alberto para la de Washington, una ofensa de la que el afectado tratará de vengarse con creces.

Frente al viejo criterio de capacidad y mérito, se impone el dedo a palo seco

En la memoria de todos, el intento de Luis de Guindos de colocar a su ex compañero de gabinete y amigo, José Manuel Soria, como director ejecutivo en el Banco Mundial en Washington (uno de los puestos más codiciados por cualquier alto funcionario, 250.000 dólares libres de impuestos) tras su obligada dimisión provocada por los llamados “Papeles de Panamá”. El dedazo lo invade todo. Lo importante ahora para cualquier Teco que se precie es poder responder con solvencia a preguntas tipo ¿quiénes son tus amigos? ¿A qué clan perteneces? ¿Qué compañeros de promoción tienes? La “bala de plata” de los amigos de Nadia Calviño se ha convertido en puro platino. Caso de Mario Buisán (Berlín), Enrique Verdager (Bruselas), Juan José Zaballa (Shangai), Prieto Kessler (París-OCDE), Fernando Hernández (Tokio), José Luis Kaiser (Washington) o Borja Rengifo (Roma). Alguno de los nombrados sigue todavía en activo. Y si de cuerpos menos elitistas hablamos, entonces el dedo funciona a discreción en la asignación de Consejerías de Interior (ex comisarios cesados), Turismo, Educación, y no digamos ya cuando se trata de los agregados laborales. Un auténtico escándalo que comparten por igual socialistas y populares, que el Gobierno entrante suele premiar por igual a correligionarios que a adversarios políticos. Hoy por ti, mañana por mí. Naturalmente, el funcionario sin padrinos se morirá haciendo su trabajo lo mejor que puede sin llegar a saborear nunca las delicias de un destino bonito y bien pagado que proporciona un buen dedazo.

Algo habría que hacer para poner fin al secuestro del Estado por las elites administrativas. Algo, para evitar el despilfarro de fondos públicos empleados en mantener el nivel de vida de varios miles de altos funcionarios y políticos en cesantía convertidos en “grasa” del sistema, gente a la que resultaría más barato mantener en su casa cobrando el sueldo que enviarlos a puestos para los que técnicamente no están preparados. Al menos evitaríamos el daño que causan al prestigio de las instituciones y a la calidad de nuestra democracia, dificultando una corrupción que se alimenta de la ausencia de contrapoderes efectivos entre los políticos en ejercicio y los gestores públicos. Es evidente que una de las obligaciones de un Ejecutivo es dirigir la Administración, y que todo nuevo Gobierno necesita contar con gente de confianza al frente de las instituciones para poder llevar a cabo los cambios que los ciudadanos demandan en las urnas, pero de ahí a la ominosa exaltación del nepotismo en que se ha convertido el sistema de libre designación media un abismo. ¿Qué hacer? Tal vez empezar por delimitar claramente las carreras del alto funcionario y del político, cuyas trayectorias a menudo se confunden, poniendo barreras a ese trasiego entre una y otra trinchera que suele hacerse con las ventajas de ambas en la mochila y casi ninguna obligación. Poniendo coto al dedazo de la libre designación, y universalizando los nombramientos en base al tan vapuleado concurso de méritos. Exaltando el valor de talento y esfuerzo. Y para empezar, tal vez deberíamos preguntar a la clase política qué opina al respecto y cómo piensa acabar con esta escandalosa situación en caso de llegar al poder el 28 de abril.

ANTITAURINISMO TOTALITARIO

Vaya por delante que, si bien me gusta, tampoco me considero lo que se dice un incondicional del arte de Cúchares. Pero lo de los desaforados antitaurinos que – en calzoncillos ellos y con las tetas al aire ellas, cuerpo impregnado de pintura rojo sangre ambos – se dedican a montar follones en los aledaños de las plazas de toros me irrita profundamente, como por otra parte lo de esos otros sectores minoritarios de la población un día relegados y ahora (re)convertidos en unos tiranuelos de tomo y lomo.

     Para empezar, el término “antitaurino” le viene muy grande a estos energúmenos de comportamiento cercano a los animales que supuestamente defienden, los cuales nada tienen que ver con los muchos escritores, pensadores, polemistas (Lope de Vega, Quevedo, Jovellanos, Cadalso, Balmes, Emilia Pardo Bazán, Giner de los Ríos, Ramón y Cajal, Unamuno) que, casi desde el principio de la tauromaquia, argumentaron razonadamente sus ideas contrarias a la llamada fiesta nacional, a la que en general consideraban un elemento refractario a la regeneración que propugnaban para España.

      Tantos, por cierto, como sus no menos renombrados defensores desde ámbitos y espectros variados (no, ser pro taurino no significa ser “facha”), caso de Fray Luis de León, Góngora, Goya, Pérez Galdós, Marañón, Benavente, Valle-Inclán, Ortega y Gasset, Lorca, Dalí, Picasso, Blas de Otero…todos ellos muy orgullosos de pertenecer a una cultura como la española en la que el toreo, interpretado desde un prisma estético-idiosincrático-ritual, aparece impregnado de sentimiento, profundidad y trascendencia.

      Para seguir, con dar voces, ejecutar performances de dudoso gusto, colgar fotos tremendistas en las redes sociales casi siempre sacadas de contexto y tildar de “morbosos, torturadores, analfabetos y retrógrados” a los asistentes a una corrida poco se arregla. Item más: si se pretende luchar contra algo con lo que no se está de acuerdo hay que buscar alternativas concretas, reales, plausibles; prohibir porque sí – a mí tampoco me gustan las hamburguesas procesadas y no por ello se me ocurre pedir cárcel para quien se zampa un Big Mac con cara de caníbal – no es ninguna solución.

      Desde luego, decir que toreros, ganaderos y aficionados son “asesinos” no es de recibo. Siendo parte de nuestra larga Historia y constituyendo uno de nuestros grandes activos culturales además de una de nuestras señas de identidad nacional más reconocidas y reconocibles, hoy por hoy las corridas de toros son un espectáculo perfectamente legal que propician la pervivencia de una raza bovina única en el mundo (el toro de lidia, cuya desaparición estaría asegurada en el caso de que la tauromaquia fuese abolida), generan un gran número de puestos de trabajo (alrededor de 200.000, entre directos e indirectos) y actividad económica (con un impacto anual de aproximadamente 3.500 millones de euros en la economía española, algo más de la mitad en el sector turístico; solo la Feria de San Isidro genera unos beneficios para la capital superiores a los 50 millones de euros), así como ayudan al mantenimiento de un ecosistema de incalculable valor ecológico (más de medio millón de hectáreas de hermosísimas dehesas) entre otros aspectos tangibles derivados de las mismas.     

      Es probable que, en estos tiempos de flojera colectiva, sensiblería barata y buenismo rampante, la fiesta no pase por su mejor momento. Sin embargo, a los que se frotan las manos con su próxima y definitiva desaparición (al igual que con la de la caza) les aconsejaría que no lanzasen tan rápido las campanas al vuelo: en última instancia, la tauromaquia existirá en España y también Francia, Portugal y los países hermanos de Hispanoamérica mientas haya toros bravos. Y, especialmente, mientras haya seres humanos dispuestos a jugarse la vida por una emoción, la cual será todo lo atávica y ancestral que se quiera, sí, pero emoción al fin y al cabo. 

RICARDO HERRERAS

El Reino de León «Jurdano»

 

de https://www.ELCORREODEMADRID.COM/nacional/327773058/El-Reino-de-LeAn-Jurdano.html

Estamos en ‘precampaña’ electoral, y en toda España se siente aún el aldabonazo de la ‘España abandonada’ o, mejor, de algunas regiones españolas en camino a la desertización. Las más amenazadas corresponden a la ‘serranía celtibérica’ y a la ‘franja de Portugal’. En ésta, las tres provincias más afectadas son las de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) con extensiones a Galicia -o más en concreto a Orense- y Extremadura -especialmente por la provincia de Cáceres-.

   Al contemplar los mapas, todos los leoneses de bien sentimos un escalofrío recorrernos la médula espinal. Las áreas amenazadas de desertización demográfica coinciden con las afectadas de desertización industrial, económica y cultural. Superponemos el mapa del Reino de León en 1230, el que muestra la extensión del dialecto leonés, el de las áreas industrializadas y se nos hace un nudo en la garganta.

   El deterioro demográfico es paralelo al económico y al cultural, como si lo leonés estuviera caminando hacia la extinción, reducido a unas cuantas islas de extensión mínima. A bote pronto, somos conscientes de que no sólo es una cuestión de población, sino de un fenómeno integral que afecta profundamente a todas las facetas de nuestra existencia como Pueblo Leonés, a nuestra identidad y nuestra cultura.

   Todo ello nos recuerda la distribución de las Sociedades Económicas de Amigos del País en cinco regiones, una de ellas la de León o del Noroeste de España (en 1906 integrada por las sociedades de León, Zamora, Béjar, Santiago, Pontevedra, Oviedo y Palencia), representada en el Senado desde 1901 hasta 1918 por Rafel María de Labra y Cadrana, antiesclavista, defensor de los derechos de la mujer, firme partidario de la educación y del papel dinamizador de las Económicas. Ahora las federaciones empresariales de Asturias, La Coruña, Orense, Lugo, León, Zamora y Salamanca han creado la Alianza Empresarial del Noroeste (AENO), «un paso adelante» para acabar con el «olvido» de ese territorio; esperamos que su labor sea fructífera.

        El Reino de León se encuentra en el Noroeste y es pieza de engarce con Extremadura. Es hora de trabajar juntos para dinamizar la Región Leonesa unidos con Galicia, Asturias y Extremadura, de cara a Portugal y al Exterior, abandonando las perspectivas miopes que no pasan de Valladolid. Necesitamos un impulso nítido, una discriminación positiva por parte del Gobierno de España como la que en los 60 recibieron el País Vasco y Cataluña. Es el momento de reivindicar la solidaridad y la igualdad. Esa reivindicación, antes o después, pasará por hacer realidad la imprescindible personalidad de la Región Leonesa triprovincial, de modo que todas sus potencialidades contribuyan en lo cultural, lo económico, lo social y lo político, a levantar al Pueblo Leonés a los estándares europeos. Y eso pasa por lograr la autonomía que individualice al Reino de León y le dote de los instrumentos imprescindibles para fortalecer su personalidad, su cultura y sus recursos.

 

Miguel Ángel Diego Núñez.

Autor del libro ‘Regionalismo y regionalistas del siglo XX (una antología)’.

Comentarios:

Miguel Alvarez de León

Enhorabuena conterráneo. A ver si después de Aragón y la provincia de Soria se acuerdan un poco más de aquello que han venido en llamar sofismáticamente «el oeste de Castilla», porque lo de manipular libros de historia no solo se hace en Cataluña y México…¿ejemplos?…para llenar España…