Archivo | diciembre, 2015

El TSJA declara nulos los nombramientos del personal de confianza de Los Barrios

31 Dic
LOS BARRIOS | TRIBUNALES

ANDALUCÍA INFORMACIÓN
29/12/2015 11:50

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma la declaración como nulos, los nombramientos de los cuatro contratos de personal de confianza mediante decretos dictados por Jorge Romero, según ha informado en su web el partido político PIBA 2000.

«Todo ello viene a demostrar que el alcalde pretendía atribuir funciones propias de funcionarios al personal de confianza, no siendo válido, ningún documento emitido y firmado por este personal de confianza. De esta manera, pretendía del mismo modo, eliminar el control jurídico que llevan a cabo los funcionarios. Resulta difícil de concretar los perjuicios que han tenido lugar con esta decisión del Sr. Romero, de contratar a estas cuatro personas, las cuales, han emitido informes tan importantes referentes a temas como el presupuesto municipal, la relación de puestos de trabajo, las situaciones de los empleados públicos, las contrataciones públicas, etc.», sostitnen.

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Señalan también que «Romero, tras saber la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y ahora confirmada por el Tribunal Superior de Andalucía, decidió cambiar la denominación de las plazas creadas así como las funciones de este personal de confianza, así como las retribuciones, las cuales se han incrementado, para asegurarse el contar con estas personas, para beneficiar a personas de su entorno. El ejemplo más claro, el nombramiento como secretario de Alcaldía del hijo del delegado de la zona franca, o a un ex-empleado de banca que está sustituyendo las labores de intervención municipal».

Todo ello, ha llevado al PIBA2000 a «impugnar estos nuevosnombramientos de personal de confianza, que de nuevo, han sido realizados mediante decretos del Alcalde, llevando a ocupar plazas que corresponden a funcionarios, y mostrando una falta de respeto hacia la justicia».

Añaden que «posiblemente estemos ante un presunto caso de malversación, debido a que se incrementó las retribuciones de este personal en contra de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Estado».

Por ello, «ante la posibilidad de que se haya cometido una actuación presuntamente delicitiva», el PIBA2000, trasladará a la Fiscalía, la cuestión al incremento de retribuciones del personal de confianza.

Los fraudes de Hacienda en Castilla y León

31 Dic

de  http://BURGOS-DIJITAL.BLOGSPOT.COM.es/2015/12/los-fraudes-de-hacienda-en-castilla-y.html

 

martes, 29 de diciembre de 2015

 

El dinero pagado en nómina de diciembre solo a los funcionarios de Hacienda en Burgos asciende a 29.190 euros, en las llamadas «bufandas»,el resto de funcionariado ha sido discriminado

Por Burgos Dijital

La Consejera de Hacienda Pilar del Olmo engaña a los castellanos y leoneses al informar reiteradamente en Cortes de laimposibilidad de hacer públicas las famosas “bufandas”, las gratificaciones extraordinarias que la Junta concede a algunos empleados públicos por servicios extraordinarios, amparándose en un informe jurídico hecho a medida por la Agencia Nacional de Protección de Datos.

O eso o la Consejera ha tirado el informe a la papelera, de lo cual debería dar constancia tanto a los Procuradores de la oposición que en repetidas ocasiones han denunciado la opacidad de la recompensa como a los representantes sindicales, los cuales, según la normativa, tienen derecho a dicha información.

Lo cierto es que diferentes plataformas en defensa de lo público han denunciado el hecho de que estas gratificaciones sirven para mantener una red de fidelidad y de clientelismo destinada a buscar silencios ante los manejos que de tanto en cuanto nos descubren organismos como el Consejo de Cuentas o los asfixiados medios de comunicación que buscan su libertad fuera de la órbita de Ulibarri y la familia Méndez Ordóñez.

Burgos Dijital ha podido comprobar como en la Delegación Territorial de Burgos se han hecho públicas, eso sí en un rincón del edificio, las gratificaciones que han sido repartidas a todos losfuncionarios del Servicio Territorial de Hacienda en forma de “incremento del complemento de productividad”.

El concepto por el cual se abonan esas cantidades está dentro del «Plan Específico de Lucha contra el fraude 2014»

Al parecer la decisión ha sido tomada por el Director General de Tributos y Financiación Autonómica y refrendada por la propia Consejera de Hacienda vinculándolo con un supuesto Plan Específico de Lucha contra el Fraude 2014 que no es más que una mera excusa a juzgar por la presencia cada año de un Plan de control tributario que tiene, entre otros cometidos, la lucha contra el fraude fiscal.

A juzgar por los hechos, no se ha producido más que una dádiva discrecional que en este caso tiene que ver más con la “inyección de optimismo” sospechosamente cercana, junto a la devolución de la paga saqueada en el 2012, a las elecciones generales por parte de los ejecutivos de Herrera y de Rajoy.

Lo grave del asunto, como apuntábamos arriba, es que en este caso Pilar del Olmo cumple las disposiciones de la Ley de Función Pública 7/2005, que en su art. 76.3 expresa que “las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios de la Consejería interesada, así como de los representantes sindicales”, por lo que estaría infringiendo las supuestas órdenes vinculantes en las que se ha amparado hasta ahora para ocultar los datos de los empleados públicos que reciben gratificaciones extraordinarias, las cuales también la ley informa en el mismo sentido.

Los sindicatos y sus representantes no han sido informados oficialmente de esta sorprendente medida, ya que hasta ahora la productividad era un concepto salarial fijado por las funciones y las responsabilidades de cada puesto de trabajo y negociado entre ambas partes. Con esta medida la Junta viene a decir al resto de empleados públicos que toda la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos 15 años se debe directamente a su falta de rendimiento y lealtad profesional.

La mayor parte de los empleados públicos han cobrado en torno a una media de 400 – 500 €, aunque algunos de ellos han llegado a percibir de “aguinaldo” la cantidad nada desdeñable de 1500 €.

A día de hoy la denuncia realizada a la Inspección General de Servicios hace ya más de un año y al Presidente de la Junta hace dos semanas por funcionarios de la Delegación de Burgos y el movimiento Viernes Negro acerca de las graves irregularidades cometidas por un funcionario de Hacienda no sólo sigue siendo silenciada, sino que se da la paradójica circunstancia de que dicho funcionario también ha sido premiado con más de 700 euros “por su  especial lucha contra el fraude”.

Es de suponer que el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Luis Fuentes, después de pactar la creación de un mecanismo de protección de denunciantes en la administración pública, pedirá explicaciones ante semejante despropósito. O quizás lo que ocurra es que ni siquiera persiga el objetivo de la regeneración, dada la deserción de su partido por entregarse sin condiciones a los primeros presupuestos de esta legislatura.

Parece que en Burgos también tenemos a nuestro propio “Gómez de la Serna” y quién sabe si en Castilla y León a nuestro propio Albert Rivera, dechado de vacuidad y oportunismo.

Publicado por Burgos Dijital en 19:23

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Etiquetas: ciudadanos, Junta Castilla y León, Pilar del Olmo, sindicatos, viernes negro

3 comentarios:

    1. Anónimo30 de diciembre de 2015, 12:03Responder
    2. el resto de los funcionarios deben haberlas pasado canutas para cobrar la extra del 2012 que se les debía, y mira por donde sí hay dinero solo para unos pocos, por ser de Hacienda, que dicen que es por la lucha contra el fraude, ese es su trabajo, como el del resto de funcionarios.
    3. Anónimo30 de diciembre de 2015, 12:19Responder
    4. El problema es lo que ocultan. Parece haber salido esta lista para que nos centremos en los funcionarios y no destapar ni plantearnos lo que se les ha pagado a los altos cargos, personal eventual, etc… y los «no funcionarios».

Respuestas

  • Anónimo30 de diciembre de 2015, 12:22
  • totalmente de acuerdo, es posible que haya «bufandas» que superen lo 3.000 euros en el caso de altos cargos, que no se publican.

Responder

El CNI y Zapatero habrían contratado al mismo conseguidor de Púnica en la Diputación de León

31 Dic
púnica y gurtel
de   http://ILEON.COM/actualidad/058221/el-cni-y-zapatero-habrian-contratado-al-mismo-conseguidor-de-punica-en-la-diputacion
VISTO EN LA RED
ileon.com  | 29/12/2015 – 10:50h.

El Confidencial desvela que los servicios de Inteligencia habrían tenido un año ‘en nómina’ a alguna empresa de Alejandro de Pedro para combatir ataques a España en foros radicales, mientras el PSOE le habría abonado más de 50.000 euros para minimizar la difusión de la foto de la visita del ex presidente y sus hijas ‘góticas’ a Obama.

Perfiles sociales Alejandro de Pedro.

Alejandro de Pedro Llorca, el ‘conseguidor’ de la trama Púnica destapada por la Audiencia Nacional y que salpicó de lleno a la Diputación de León, no solamente habría tenido negocios presuntamente ilícitos con cargos públicos del Partido Popular en Madrid, Murcia o León, como sospechaba el juez Eloy Velasco. También entre sus clientes se sumarían casos que hoy desvela El Confidencial y que indicarían que él mismo o sus empresas, bien Madiva Editorial o Eico Online, habrían trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e incluso para frenar la erosión mediática del ex presidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero. Aspectos ambos que a priori no tendrían, sin embargo, repercusión penal de ninguna clase en el sumario de la Púnica que se instruye.

En el caso de los servicios de inteligencia del Estado, y siempre según esta publicación firmada por José María Olmo citando fuentes próximas al caso Púnica, De Pedro habría sido fichado a lo largo de todo un año a partir de 2013 en calidad de supuesto experto en control de imagen y reputación en Internet, el mismo perfil por el que la Diputación de León con Isabel Carrasco primero y luego con Marcos Martínez llegaron a pagar más de 106.000 euros de dinero público desde la Diputación, motivo por el que el único vivo de los dos se enfrenta a seis graves delitos de corrupción.

En el caso del CNI, su labor habría consistido en la puesta en marcha de una red de monitorización, control y participación en foros y páginas radicales, tanto islamistas como independentistas, para rastrear sus contenidos, ganarse su confianza y poder contrarrestar mensajes radicales con la publicación discreta de contenidos más suaves. Alejandro de Pedro mantuvo esta labor, según El Confidencial, hasta apenas un mes antes de su fulminante detención, en octubre de 2014, tras la que el juez Velasco le acusó de siete graves delitos: organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude.

El propio De Pedro pudo alertar a los agentes de la UCO de la Guardia Civil de sus relaciones empresariales con las altas esferas de la inteligencia del Estado durante los interrogatorios a los que fue sometido previos a su ingreso en prisión y cabe recordar que, a pesar de que el magistrado de la Audiencia Nacional le concedió especial responsabilidad penal, fue él la primera persona de relevancia en el caso que pudo salir de prisión el pasado 24 de didicembre de 2014, apenas dos meses después de su encarcelamiento, previo pago de una fianza de 30.000 euros; una excarcelación que fue absolutamente discreta y de la que no se supo hasta meses después, tras lo cual otros imputados, como el leonés ex presidente de la Diputación, solicitaron lo mismo hasta conseguir la libertad bajo fianza.

Y no sólo eso: en febrero de este mismo año, De Pedro consiguió incluso que la Audiencia Nacional le revolviera la fianza de 50.000 euros que había depositado por poder abandonar la cárcel un mes y medio antes, por lo que desde entonces permanece en libertad a coste cero.

Misión: ‘detener’ la difusión de la foto de las hijas ‘góticas’

Pero el conseguidor también tendría en su currículum un importante trabajo para el entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodriguez Zapatero, según El Confidencial, que asegura que el Partido Socialista -que no Moncloa, aunque habría visitado la sede gubernativa en algunas ocasiones- llegó a pagar en 2009 un montante de 52.000 euros a De Pedro.

¿Su trabajo? Pues también habría consistido en paliar la erosión de la imagen pública del ex presidente o mejor dicho para tratar de garantizar la intimidad familiar, y todo ello a raíz de la publicación de la fotografía en la que salían sus dos hijas vestidas de góticas durante una visita familiar a Barack Obama en Estados Unidos.

Un millón de Granados, de unos fontaneros o de Ikea

Con De Pedro como el primer -sorprendentemente- excarcelado, se inició una cascada de peticiones de libertad bajo fianza que ha resultado que a día de hoy tan sólo sean dos los que continúen en prisión por el caso Púnica: David Marjariza, que aún no ha pagado que se sepa la fianza de 100.000 euros que sí le ha permitido poner el juez Velasco; y el cabecilla y ex presidente del PP de Madrid, Francisco Granados, a quien esta misma semana la Audiencia Nacional le ha negado la fianza después de encontrar un maletín con casi un millón de euros en la casa de sus suegros.

Un dinero que, según aquellos declararon ante el juez, podría no ser de Granados porque «en mi casa ha entrado mucha gente del Ikea y fontaneros». Una respuesta no sólo sorprendente sino que ha sido el hazmerreir en redes sociales en las últimas horas.

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ESPANTADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANTE LAS PERMUTAS DE FUNCIONARIOS

31 Dic

Cuando el Tribunal Constitucional escurre el bulto

de http://CONTENCIOSO.ES/2015/12/30/espantada-del-tribunal-constitucional-ante-las-permutas-de-funcionarios/#more-949353

JR CHAVES

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Un torero se mide por los miuras que afronta y por el arte de lidiarlos, pero también por lo que en jerga taurina se conoce como “espantá”, esto es, rehusar torear al toro y sin saltar a la arena del ruedo.

Por eso me gusta examinar no solo las sentencias del Tribunal Constitucional sino los autos en que inadmite las cuestiones de inconstitucionalidad o las decisiones de inadmisión de recursos de amparo y que demuestran que, siguiendo el argot taurino, el papel de Don Tancredo goza de vigencia jurídico-constitucional. Tal y como está el patio, pretender la admisión sobre tales iniciativas de tutela de constitucionalidad se asimila a las probabilidades de que toque la lotería navideña en que nos vemos inmersos.

 

Viene al caso porque me tropiezo con un bonito ejemplo de ocasión perdida. Se trata del auto 188/2015 de 5 de Noviembre, del Tribunal Constitucional, por el que se inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada con esfuerzo y valentía por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.1 de Barcelona relativa a las permutas de puestos de trabajo, por contravenir los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad.

1.En efecto, el Juzgado contencioso-administrativo plantea la inconstitucionalidad delart.78.3 del EBEP, norma básica estatal, que contempla las permutas de puestos de trabajo como sistema de provisión y que en ausencia de desarrollo se completa con la regulación preconstitucional del art.62 de la vieja Ley de Funcionarios Civiles del Estado; el Juzgado precisa que no existe amparo legal para la figura de la permuta de destinos funcionariales en relación con la policía autonómica catalana, de manera que la permuta pretendida por los demandantes supondría la contravención abierta de “los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que, junto con el de publicidad, presiden el acceso y permanencia en las funciones de cargos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los arts.23.2 y 103.3 CE; modelo que no permite el pretendido intercambio privado o permuta de sus respectivos puestos de trabajo entre funcionarios públicos en detrimento del eventual mejor derecho de cualesquiera otros funcionarios”.

2. Confieso que personalmente el auto en que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad me resulta razonable y razonado, y que la permuta para provisión de puestos de trabajo difícilmente resiste el test de constitucionalidad del mérito y la capacidad, que repugna que puedan dos funcionarios permutar privadamente sus puestos de trabajo. Ello sin olvidar que, si bien resuelve situaciones personales atendibles, no faltan situaciones prácticas sangrantes de la perversión de este instituto, por las siguientes razones:

  • Se permutan según las condiciones objetivas y finales de los puestos, sin “comparar” ni homologar la forma de provisión, de manera que existen puestos de trabajo del mismo nivel de distinta administración obtenidos con distinto rasero cualitativo y cuantitativo de méritos.
  • Se convierte la permuta en un “atajo” de provisión al margen de las convocatorias periódicas de concursos generales.
  • Se sustraen a la negociación con los sindicatos y/o juntas de personal.
  • Se conciertan “privadamente” pues no existen Boletines oficiales que anuncien el “mercado de permutas”.
  • Se aceptan con amplio margen de discrecionalidad pues si se interpretan flexiblemente los requisitos de los permutantes ( por interés clientelar o similar) pocos poseen interés legítimo para impugnarlo sin olvidar costes personales, económicos y posibles vendettas por cuestionarlo. Además de que si se cuenta con la complicidad de las autoridades fácil es equiparar en las Relaciones de Puestos de Trabajo, los complementos o perfil del propio puesto con el del que se aspira a permutar.

3.Pues bien, con el Auto 188/2015 el Tribunal Constitucional ante el envite de abordar la constitucionalidad de la “permuta” o de establecer una sentencia interpretativa con sus condiciones de constitucionalidad, elude olímpicamente la cuestión bajo un argumento que merece respeto por la autoridad que lo formula pero no por el rigor de su fundamentación.

El Tribunal Constitucional considera que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 2/1986 se remite en su artículo 6 a la reglamentación de la provisión de puestos de trabajo policiales, así que el Reglamento para provisión de puestos de Mossos d,Esquadra que contempla la permuta, gozaría de cobertura legal y por tanto “no se ha razonado suficientemente la aplicabilidad de lo dispuesto en los preceptos controvertidos, lo que determina la inadmisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad”.

¿ Ehhhhhhhh? Pero bueno…Estamos en un litigio en que los demandantes invocan el art.78 del EBEP y el art.62 de la Ley de Funcionarios Civiles y en que la parte demandada se ampara en los mismos preceptos, lo que es lógico puesto que ni la legislación autonómica ni la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contemplan la permuta como forma de provisión de puestos de trabajo. De ahí que el juez cabalmente se cuestiona que siendo el único amparo legal expreso del reglamento autonómico, y único fundamento legal en juego, el citado art.78.3 del EBEP, el mismo pudiere ser inconstitucional.

4. Pero el Tribunal Constitucional se queda tan pancho con decir que como hay un precepto legal sectorial vacío y un reglamento especial que contempla la permuta, pues no está razonada la aplicación del art.78 del EBEP y del 62 de la Ley de Funcionarios Civiles.

Lo sangrante de este simplón razonamiento es que es si bien es cierto que el EBEP se remite a la legislación específica en materia policial ( art.4 e,) ello no supone excluir la aplicación del régimen estatal de las permutas( ¡ única regulación!) ya que la legislación específica de la policía autonómica catalana, que cita el propio Tribunal Constitucional y consistente en la Ley 10/1994, de 11 de Julio, de la Policía de la Generalidad- Mossos d,Esquadra, aclara al final de su Preámbulo:“ En resumen, la presente Ley, por lo que se refiere al régimen funcionarial, sólo pretende regular aquello en que, por la especificidad del cuerpo policial al que se dirige, debe diferenciarse del régimen general de los funcionarios de la Generalidad, que es de aplicación supletoria en los demás aspectos no regulados en la presente Ley”. Y el art.3 del Texto Refundido de función pública de la Generalitat en relación a las normas específicas de los mozos de escuadra que se dicten para adaptarla a sus peculiaridades, precisa que “Mientras no se aprueben dichas normas, se aplican las normas vigentes, de acuerdo con las bases del régimen estatutario”. O sea, que la normativa básica estatal tiene entrada bien a título supletorio de primer grado ( directamente el EBEP) o de segundo grado ( porque la normativa autonómica lo reclama supletoriamente), ello sin olvidar la posible aplicación analógica y bajo criterios de igualdad de tales preceptos legales básicos.

En suma, a título de debate doctrinal, considero un exceso alambicado, formalista e incluso con un punto de frivolidad, que el Tribunal Constitucional despache la inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad porque “no se ha razonado suficientemente la aplicabilidad” de los preceptos legales controvertidos ( 78.3 EBEP y 62 FCE). ¿ no se ha razonado suficientemente la aplicabilidad? ¡ Toma ya !. Me quedo patidifuso con esta razón de una sinrazón, pues creo sinceramente que el caso merecía al menos la admisión y la decisión sobre el fondo atendiendo a la enorme relevancia objetiva de la cuestión.

5. Lo triste es el resultado de esta política del avestruz, que es penoso para todos.

Para el juez que planteó la cuestión de inconstitucionalidad me temo que pocas ganas le quedarán de volver a llamar a las puertas del Tribunal Constitucional pues a nadie le gustan los portazos tras lo laborioso de plantear tales cuestiones.

Para el ámbito de la función policial porque no queda claro si es constitucional o no la permuta.

Y para el ámbito de la función pública general porque seguirá subsistiendo el instituto de la permuta como un zombie, cuyo único precepto regulador cumplirá desde su nacimiento en 1964… ¡ mas de 80 años!

Creo que le pediré a los Reyes Magos unas gotas de sensibilidad para el Tribunal Constitucional.

 

S

El PP ‘enchufó’ a Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón en Ifema por 90.000 euros cuando la ley prohibía contrataciones

25 Dic

http://www.ELPLURAL.COM/2015/12/28/manuel-cobo-se-retira-de-la-primera-linea-politica-emulando-a-aguirre-para-dedicarse-a-su-vida-personal/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=ff3ff02e9d-Newsletter_29_12_201512_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_416b6732d3-ff3ff02e9d-219351601

Manuel Cobo se retira de la primera línea política, emulando a Aguirre, para dedicarse a su vida personal

El secretario de Política Municipal del PP y mano derecha de Gallardón no recogerá su acta de diputado por León por «razones estrictamente personales»

de http://www.PUBLICO.ES/politica/pp-enchufo-mano-derecha-gallardon.html
Publicado: 22.12.2015 21:18 |Actualizado: 23.12.2015 09:37

Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid durante la etapa Gallardón, se incorporó a Ifema el 3 de enero de 2012. Un Real Decreto-Ley del Gobierno del PP prohibía las contrataciones tanto en el sector público como en sus empresas a partir del 1 de enero de 2012.

Alberto Ruiz Gallardón y Manuel Cobo en el Ayuntamiento de Madrid. - EFE

Alberto Ruiz Gallardón y Manuel Cobo en el Ayuntamiento de Madrid. – EFE

ALEJANDRO TORRÚS

MADRID.- 30 de diciembre de 2011. El Gobierno del Partido Popular aprueba el Real Decreto-ley 20/2011 que prohíbe al sector público y sus organismos, agencias, empresas y consorcios contratar nuevo personal. La crisis económica que azota España está en pleno apogeo y los recortes también han llegado a Ifema y a sus trabajadores. Cuatro días después, el 3 de enero de 2012, el PP de Madrid ‘enchufa’ a Manuel Cobo en Ifema por 90.000 euros anuales [el presidente del Gobierno cobra 78.996 euros] en un puesto de trabajo creado ‘ad-hoc’ para él como coordinador de gestión. Días antes, Cobo había presentado su dimisión como vicealcalde de Madrid, que se rubricó en el pleno del Ayuntamiento del 13 de enero de 2012, al llegar Ana Botella al cargo de alcaldesa.

La relación laboral entre Ifema y Manuel Cobo se hizo efectiva, según la documentación a la que ha tenido acceso Público, el 3 de enero de 2012, infringiendo, de esta manera, el Real Decreto Ley promulgado por el Gobierno del Partido Popular por el que se prohibía la incorporación de nuevo personal en el sector público. Así lo atestiguan tanto la carta de Fermín Lucas, director general de Ifema, que informa a la directora de Recursos Humanos y Sistemas, María Martínez, de la contratación del exvicealcalde de Madrid como el alta en la Seguridad Social de Manuel Cobo, al que también ha tenido acceso este diario.

Carta del Director General de Ifema a la Directora de Recursos Humanos informando de la contratación de Manuel Cobo.- PÚBLICO

Carta del Director General de Ifema a la Directora de Recursos Humanos informando de la contratación de Manuel Cobo.- PÚBLICO

«Estamos ante una contratación indebida en toda regla. La normativa era clara, en este caso un Real Decreto-Ley, y se vulneró», señala aPúblico el Concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que recuerda que la responsabilidad de supervisar a Ifema en aquel momento era de la Comunidad de Madrid. «Aunque la decisión fuera individual, la responsabilidad de la Comunidad no se ejerció adecuadamente«, incide.

Fuentes del Partido Popular, contactadas por Público, han alegado que Ifema no es una empresa pública al uso y que, por tanto, no debía por qué atenerse a la aplicación de este Real Decreto-Ley. Asimismo, Manuel Cobo ha rechazado hacer declaraciones al respecto. Desde del Ayuntamiento de Madrid, contactados también por este diario, han informado que Ifema es un consorcio público sujeto, por tanto, a derecho público.

De hecho, la institución ferial aparece en el listado de entidades públcias de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y en un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid del año 2011 recoge que la institución es una «entidad de derecho público». De hecho, IGAE refleja que el capital de Ifema es mayoritariamente público formado por un 31% del Ayuntamiento de Madrid, otro 31% de la Comunidad, un 31% de la Cámara de Comerio de Madrid y un 7% de la Fundación Montemadrid.

Organigrama de Ifema durante los cuatro años de Manuel Cobo como coordinador de gestión. PÚBLICO

Organigrama de Ifema durante los cuatro años de Manuel Cobo como coordinador de gestión. PÚBLICO

Fuentes internas de Ifema han señalado a este diario que la contratación de Manuel Cobo por Ifema supone, como mínimo, unacontratación indebida del exvicealcalde de Madrid por parte de la institución ferial. Asimismo, tampoco es descartable, inciden, en que los responsables de la contratación de Cobo, es decir, el Director General de Ifema (Fermín Lucas), el Presidente Ejecutivo (Luis Eduardo Cortés) y el Presidente de la Junta Recorta (José María Alvarez del Manzano) hubieran incurrido en un delito de prevaricación en el caso de conocer de antemano la prohibición de nuevas contrataciones efectuada desde el Ejecutivo del Partido Popular.

Fuentes internas de Ifema han señalado a este diario que la contratación de Manuel Cobo por Ifema supone, como mínimo, una contratación indebida

De momento, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han señalado que no disponen de documentación sobre el acuerdo que motivó la contratación de Manuel Cobo y que ésta fue una decisión de Ifema comunicada a posteriori al Consistorio. De hecho, el responsable en aquel momento de supervisar a Ia institución ferial era la Comunidad de Madrid, que estaba presidida por Esperanza Aguirre. 

La presidenta del PP de Madrid, en aquel momento también presidenta de la Comunidad, en declaraciones recogidas por El País señaló el 29 de diciembre de 2011 al hilo de la incorporación del exvicealcalde de Madrid en la institución ferial lo siguiente: «Él [Manuel Cobo] ha pensado en Ifema y en todo lo que esté en mi mano lo haré con mucho gusto». De hecho, el diario ABC recogió la noticia de la incorporación de Manuel Cobo en Ifema señalando que Aguirre había mediado en el nombramiento.

El lío de las pagas extra

No es la primera vez que IFEMA tiene un lío debido a las dudas de si se trata de una empresa pública o no. De hecho, la institución ferial ha actuado durante largos años como si nada tuviera que ver con el derecho público. A pesar de que sus cuatro altos directivos son o han sido cargos institucionales o políticos del PP, elegidos por Comunidad y Ayuntamiento, la institución ferial ha considerado que es ajena a todo derecho público.

 Cristina Cifuentes reclamó a la entidad ferial que devolviera al Estado la paga extra de Navidad que el Ministerio de Hacienda congeló en 2012

De hecho, IFEMA, mientras recortaba en salarios y planes de pensiones de los trabajadores, abonó, tal y como informó La Sexta, las pagas extra a sus empleados (y directivos) en 2012 a pesar de que el Gobierno, mediante el Real decreto ley 20/2012, suprimió la paga extraordinaria del diciembre de 2012 y la paga adicional de complemento específico de dicho mes para los funcionarios y empresas públicas. Estas pagas extra incluían a Cobo, con un sueldo de 90.000 euros, al exalcalde del PP José María Álvarez del Manzano y al exconsejero Luis Eduardo Cortés, con sueldos de 120.000 y 250.000 euros, respectivamente.

Tras conocer esta noticia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reclamó a la entidad ferial que devolviera al Estado la paga extra de Navidad que el Ministerio de Hacienda congeló en 2012 para los funcionarios y las empresas públicas con el fin de lograr la «estabilidad presupuestaria».

 

http://www.ELPLURAL.COM/2015/12/28/manuel-cobo-se-retira-de-la-primera-linea-politica-emulando-a-aguirre-para-dedicarse-a-su-vida-personal/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=ff3ff02e9d-Newsletter_29_12_201512_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_416b6732d3-ff3ff02e9d-219351601

Manuel Cobo se retira de la primera línea política, emulando a Aguirre, para dedicarse a su vida personal

El secretario de Política Municipal del PP y mano derecha de Gallardón no recogerá su acta de diputado por León por «razones estrictamente personales»

 

ELPLURAL / EFE | 28/12/2015
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Alberto Ruiz Gallardón y Manuel Cobo en el Ayuntamiento de Madrid / EFE

Como ya hiciera Esperanza Aguirre es su momento, aunque luego volvió con fuerzas renovadas, este lunes el que fuera mano derecha de Alberto Ruiz Callardón y actual secretario de Política Municipal del PP, Manuel Cobo, ha anunciado que se retira de la primera línea política por razones estrictamente personales motivadas por la necesidad de una mayor dedicación a su vida personal. Así, no recogerá su acta de diputado.

Fuentes del PP han confirmado la retirada de la política de Cobo, que fue elegido diputado por León en las elecciones del pasado 20 de diciembre, y han recalcado que las razones son de ámbito privado.

El que fuera vicealcalde de Madrid con Gallardón ocupando el despacho de la Alcaldía, Cobo lleva desempeñando cargos en el PP madrileño desde 1991, el primer año en el que su nombre apareció en la lista popular a las autonómicas. Fue elegido diputado de la Asamblea. Durante esa legislatura (1991-1995) fue secretario general del Grupo Parlamentario Popular, del que fue portavoz en la siguiente legislatura, tras ser reelegido en los comicios autonómicos de 1995. Además, fue consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, lideró la Consejería de Presidencia y la Portavocía. Ya de la mano de Gallardón, Cobo fue designado vicealcalde y coordinó la candidatura olímpica de Madrid 2012, así como la de 2016.

Cobo fue uno de los políticos que, supuestamente, había sido sometido a espionaje por parte del Gobierno de Madrid, hechos que denunció en 2010, aunque el caso fue cerrado en 2015 por la Audiencia Provincial de Madrid.

El PP le abrió un procedimiento interno por unas declaraciones en las que criticaba duramente el papel de Esperanza Aguirre en el nombramiento del presidente de Caja Madrid, lo que le valió lasuspensión de militancia por un año.

El 22 de diciembre de 2011, Cobo pasó a ejercer la Alcaldía de Madrid de forma provisional y días después anunció que abandonaba el Ayuntamiento para desempeñar el cargo de coordinador de gestión de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA). Dimitió de este cargo el pasado 4 de septiembre.

Al final Rajoy resultó ser un buen presidente. Hizo algo positivo por España: acabar con el bipartidismo

21 Dic

capullos y gaviotas nos dejan en pelotas

Rajoy y bipartidismo.png

 

 

de  http://www.ELJUEVES.ES/2015/12/21/final_rajoy_resulto_ser_buen_presidente_hizo_algo_positivo_por_espana_acabar_con_bipartidismo.html  

PP y PSOE confirman su caída libre mientras Podemos se alza hasta los 69 escaños

El Partido Popular volvió a ganar las elecciones, si es que a perder 64 escaños puede llamársele “victoria”. Los populares, enfrentados desde tiempos inmemoriales contra el PSOE, caminan ahora de la manita con su enemigo mortal hacia un mismo destino: el vacío.

 

Los resultados del 20D han certificado la muerte del bipartidismo. Podemos ha dado un salto hasta los 69 escaños, que lo sitúan como tercera fuerza parlamentaria, seguidos por los 40 de Ciudadanos. Esto nos lleva a plantearnos: ¿Y si, al final, resulta que Rajoy ha sido un buen presidente para España? ¿Y si toda la corrupción, los recortes, las promesas electorales incumplidas y los derechos de los trabajadores pisoteados, las comparecencias de Lord Plasma, las réplicas patetoides en debates y comparecencias públicas… Y si todo este circo formaba parte de un Plan Maestro para convencer a los ciudadanos de que el país no puede seguir así, de que había que desbancar el bipardismo y, de esta manera, salvar a España?

Hm… No, lo más probable es que Rajoy sea gilipollas. Pero en último término, ha resultado ser un gilipollas bastante útil.

La resaca post-electoral deja un escenario de pactos y números imposibles. Un ejecutivo que, en caso de poder formarse, aun en coalición, gobernará sin mayoría absoluta. Esto es lo que los expertos llaman “un parlamento con poca gobernabilidad”. Los bancos lo llaman “joder, ahora sí va a ser mucho más difícil darles por el saco”. Nosotros, en cambio, preferimos llamarlo simplemente “bye bye, lacra bipardista”.

 

jueces de los nuestros

de   http://WWW.INFOLIBRE.ES/noticias/politica/2015/12/17/las_cuatro_asociaciones_jueces_unen_para_convencer_los_partidos_que_dejen_controlar_poder_judicial_42396_1012.html

 

Los jueces se unen para convencer a los partidos de que cedan el control del Poder Judicial y limiten las puertas giratorias

  • Las asociaciones aparcan sus diferencias por primera vez en tres años en un intento de que se regulen los trasvases de los magistrados a la política

  • Jueces para la Democracia justifica el cambio porque hasta ahora ha sido «la partitocracia y no la sociedad la que ha liderado el Consejo General del Poder Judicial»

Actualizada 17/12/2015 a las 21:43  

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De izquierda a derecha Joaquim Bosch, Raimundo Prado, Manuel Almenar y Conrado Gallardo. T. C. F.

De izquierda a derecha Joaquim Bosch, Raimundo Prado, Manuel Almenar y Conrado Gallardo. T. C. F.

Los portavoces de las cuatro principales asociaciones de jueces han unido sus fuerzas en un intento de convencer a los partidos políticos de que dejen en manos de los propios jueces y magistrados el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al mismo tiempo que apuestan por limitar al máximo las puertas giratorias.

En una comparecencia conjunta celebrada este jueves en el Colegio de Abogados de Madrid, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar; el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch; el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado; y el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, han anunciado que reclamarán a las diferentes formaciones políticas una apuesta por la mejora de la justicia, que acabe con la «apariencia de politización» que según han reconocido se ha trasladado a la justicia.

La unidad de las asociaciones se consigue tras tres años de desencuentros, que se iniciaron a raíz de la huelga convocada por los jueces en contra de las políticas llevadas a cabo por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. «Ahora los jueces vamos a liderar el proceso de mejora de la justicia y no vamos diverger en prácticamente en ninguna cuestión esencial», ha asegurado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

«La partitocracia lidera el Consejo»

Además, la unanimidad ha posido posible gracias al cambio de 180 grados de la progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Joaquím Bosch, ha explicado su decisión: «Hemos hecho una reflexión crítica de la evolución del Consejo y hemos llegado a la conclusión de que en realidad ha sido la partitocracia, más que la sociedad, la que ha liderado el CGPJ. Y por eso queremos buscar otras fórmulas, como por ejemplo el modelo italiano, que ha funcionado bien».

Las cuatro asociaciones han anunciado también su intención de presentar un programa conjunto de propuestas y reivindicar un Pacto de Estado por la Justicia. «La justicia no puede estar al albur de los vaivenes e intereses políticos«, han reivindicado las asociaciones en la rueda de prensa en la que han pedido orillar las diferencias y apostar por la Justicia que debe ser -dicen- «una prioridad».

Menos poder al presidente

Los portavoces, que aseguraron que a lo largo de los últimos 30 años la justicia ha sido «la gran olvidada», se mostraron de acuerdo en recuperar la elección directa de los vocales del CGPJ por los propios jueces con criterios de proporcionalidad, la dedicación plena de todos los vocales y las competencias necesarias para el desarrollo de su función constitucional.

De esta forma, las asociaciones han pedido que los vocales recuperen sus competencias, en detrimento de la figura del presidente, que después de la última modificación de la ley acumula más poder que nunca.

En su comparecencia, los jueces han resumido en nueve puntos los pasos básicos para mejorar la Justicia. Además de la reforma del CGPJ, las asociaciones piden «redefinir las competencias» que ahora, en función de la Comunidad Autónoma, están o no transferidas creando «ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda«. Así, han solicitado mecanismos de coordinación eficaces que aseguren que «todos trabajen en la misma dirección».

Un plan de inversión

También han reclamado un plan de inversión económica que quede distribuido «a lo largo de varias legislaturas» e implique la asignación de un porcentaje de los Presupuestos Generales y vaya acompañado de una memoria auditada por expertos independientes.

Asimismo, han solicitado un nuevo modelo de carrera judicial y de organización territorial y funcional de la justicia que impliquerevisar las categorías profesionales y un plan de ampliación de la planta judicial que aspire a «situar la ratio de jueces en términos similares a los que los países de nuestro entorno.

Otro de los puntos del programa es la necesidad de concitar una mayoría política y social para el desarrollo de reformas o disposiciones procesales. Las modificaciones requieren -han asegurado- un diagnóstico previo de los problemas y la búsqueda de decisiones consensuadas.

Salud laboral e igualdad

Las cuatro asociaciones han reivindicado el establecimiento de condiciones profesionales dignas que afronte asuntos como la salud laboral, los riesgos y enfermedades profesionales o a igualdad de género.

En cuanto a la modernización tecnológica, los jueces han precisado que la orden incluida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que a partir del 1 de enero las comunicaciones entre profesionales de la justicia se hagan de forma telemática o electrónica «puede no ser suficiente» si no se resuelven problemas como «la compatibilidad de los sistemas informáticos procesales». «Hoy existen hasta ocho aplicaciones distintas en diferentes comunidades», han recordado.

 

 

4 COMENTARIOS

  • 4altair21/12/15 14:07

    Pero que es esto? Por que los propios jueces y magistados van a ser mas honestos, imparciales,… a la hora de nombrar a la gente de CGPJ. Desde luego es mucho mas lógico y desde luego tiene que ver mucjp mas con la pluralidad de los votantes, el que el nombramiento lo hagan los Partidos a los que han votado los Españoles. Que mérito tienen los jueces y magistrados,….solamente que han sacado una oposición. Eso lo unico que justifica es que tienen capacidad de preparar temas., no que tengan capacidad de ser imparciales y representar los justos intereses de los españoles. Sin olvidarnos de que las sagas en la abogacía, jueces, etc….son bastante corrientes. También eso de las sagas se puede extender a Registradores, Notarios, Abogados del Estado, etc…….En definitiva la sensación que se tiene, y mas con las politicas de Educación del PP, es que incorporarse a estas escalas de la Adminilstración es practicamente imposible.

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  • 3Garan0419/12/15 02:56

    lofer dijo..
    Totalmente de acuerdo con tu comentario. Pero hasta lograr que seamos los ciudadanos los que intervenimos, está bien que se le quiten los poderes de elegir a los partidos políticos; porque tienen siempre fuerza los bipartidos o tetra-partidos, y así nos va.

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  • 2LosCristos18/12/15 19:49

    Por qué no intervenimos los ciudadanos?

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  • 1lofer18/12/15 10:45

    Lo que faltaba para que el CGPJ sea un órgano totalmente sesgado e ineficaz que los propios jueces se elijan a sí mismos. El CGPJ hay que cambiarlo, su estructura actual no sirve ya que de 20 miembros la mayoría son jueces y magistrados. No debe haber mayoría de jueces porque si no, como en todos los grupos humanos, existe el corporativismo. ¿Cuantos casos existen (salvo las expulsiones políticas, Garzón….) de que hayan sido expulsados jueces por no cumplir con su trabajo? Y, encima cuando se les impone una sanción la recurren al Tribunal Supremo (compañeros jueces) que suele amortiguarla en muchísimas ocasiones. (Corporativismo, al fin y al cabo). No señores, los miembros del CGPJ deben ser elegidos como todo quisque por los ciudadanos en las urnas y reducir el número de jueces miembros del CGPJ y estén representados otras profesiones jurídicas: catdráticos, fiscales, procuradores, abogados……….

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    Independencia-judicial_3

    OTROS LEOSANOASUNTOS DE ACTUALIDAD:

    http://WWW.LANUEVACRONICA.COM/un-juez-da-por-nula-la-subida-de-sueldo-de-hidalgo-cuando-era-alcalde-de-villaquilambre-en-2004

    http://ESPIAENELCONGRESO.COM/2015/12/21/espana-retira-rajoy-ganan-psoe-podemos-cs-vigilante/

    http://WWW.ILEON.COM/politica/especiales/elecciones_generales/058008/ciudadanos-tiene-diputado-in-extremis-como-psoe-y-podemos-mientras-pp-gana-obteniendo-dos

     

    http://WWW.LEONOTICIAS.COM/frontend/leonoticias/Los-Gobiernos-Del-PSOE-Y-Del-PP-Desoyeron-Los-Avisos-De-Peli-vn192253-vst256

    http://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES/CA07/24  

  • sobra senado y autonomias
  • sobran políticos

 

Triple varapalo judicial a Diputación en Noviembre

18 Dic

 

frase de 1920

Sí, final de año aciago para la Diputación de León y su política trifásica de personal: 3 Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de León anulan 3 maniobras políticas de las que se hacen  para atar las cosas:

 

1ª. Las Libres Designaciones como sistema de nombramiento (a dedo) de Interventores, Tesoreros y gente de Secretaría (que no es menos dedo el que tuvo quien antes de la era Carrasco se blindó con un concurso a su medida, más fraudulento todavía que las libres designaciones, que al menos todo el mundo sabe lo que es).

2ª. El acuerdo de definición de funciones del puesto de Jefe/a de Sección Coordinador/Coordinadora de la Unidad de Asesoramiento del S.A.M. (si, si, así de ridículo suena el nombre del puestecito), creado en su día por Isabel Carrasco para la que fuera su número cuatro del aparato del PP provincial y tocaya.

3ª. El concurso específico que dio la Jefatura del S.A.M. a otra militante del PP de Isabel Carrasco, y que también era militante y tal vez lo sigue siendo de CCOO (qué cosas…).

4º. El concurso específico del Sr. Arquitecto Coordinador Técnico que se anula por enésima vez.

 

Todo se cayó por decisión judicial. Hasta aquí nada nuevo, porque los ganadores de los juicios son los mismos funcionarios que llevan cosechando como una veintena de resoluciones judiciales favorables (pese a lo cual ningún cargo de los responsables de haber tejido esto dimite, ni a nadie que debiera velar por la legalidad de la institución se expedienta o se aparta por negligencia e incompetencia).

 

Decíamos que hasta aquí más de lo mismo. La novedad llegó recién: el equipo de gobierno acordó en una reciente Junta de Gobierno recurrir esas Sentencias, cuando esas Sentencias se lo habían puesto muy fácil para arreglar el desaguisado del S.A.M. creado en la era Carrasco, poniendo a un tercero por fiador…

 

¿Por qué el acuerdo de recurrir esas Sentencias lo colaron en una sesión en la que no estaba Majo presente (estaba en Intur), tras 3 negativas del Presidente a que se presentara ese recurso, expresadas en 3 sesiones anteriores, en las que insistentemente se le intentaba colar tal recurso?.

¿Por qué tanto interés de ciertos políticos y alguien más que no es política en que siga y siga este río judicial que hace derivar a las mismas cuentas corrientes cientos de millones de las antiguas pesetas del presupuesto provincial para gastos judiciales?  

 

¿Fueron los diputados majistas prisioneros de los carrasquistas en la Junta de Gobierno (con la ayudita de alguna manita inocente…)  a la vez que entonaban derrotados “!a sus órdenes mi coronela!”?       …o…

 

¿Fue una jugada maestra de los de Majo para dinamitar puentes de unión con los funcionarios ganadores de las Sentencias, que son los autores de la macrodenuncia penal contra los diputados carrasquistas, y de esta manera romper hilos de comunicación y que ya no quepa negociar la retirada de una denuncia que tiene alta probabilidad de llevar a la imputación, y a la correlativa dimisión, a los diputados carrasquistas?.

 

Feliz Navidad. El nuevo año nos traerá las respuestas. 

 Adjunto incluímos los vínculos a  ficheros con el contenido de las  tres referidas sentencias , donde se han protegido los nombres de las personas no letradas  involucradas en los procedimientos, dejando visible solo la  primera inicial de su nombre o apellido:

Vínculo a pdf SENTENCIA RPT 2013

vínculo a pdf SENTENCIA s plJefa Sección coordinad. Un.Asesor SAM

Vínculo a pdf SENTENCIA RPT 2014

Los carrasquistas le ‘hacen la cama’ a Majo para mantener la vieja estructura de poder en Diputación

17 Dic
politicos mientesn hasta en la fecha
de  http://WWW.ILEON.COM/actualidad/057827/los-carrasquistas-le-hacen-la-cama-a-majo-para-mantener-la-vieja-estructura-de-poder-en-diputacion
DIPUTACIÓN
ileon.com | 16/12/2015 – 11:03h.

En la única Junta de Gobierno a la que no asistió el presidente, Raúl Valcarce empujó al resto de diputados del PP a recurrir nuevas sentencias en contra de las decisiones adoptadas en su día por Isabel Carrasco para colocar afines en los máximos puestos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM). Una maniobra que lleva cerca de 20 sentencias en contra y provocó la multidenuncia penal contra todo el PP por parte de un grupo de funcionarios.

Raúl Valcarce, superviviente del Carrasquismo y actual diputado provincial de Personal; y Juan Martínez Majo el día que tomó posesión y comprometió renovación en muchos aspectos, también en la polémica área del SAM.

Juan Martínez Majo, flamante presidente de la Diputación de León por el PP, está más solo frente a la vieja estructura del llamado ‘carrasquismo’ de lo que parece a simple vista, a pesar del discurso reformista que ha mantenido desde su toma de posesión. Y uno de los momentos más evidentes de ello ocurrió hace tan sólo dos semanas.

El viernes 27 de noviembre de 2015, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, no pudo acudir a la Junta de Gobierno del PP en la institución por encontrarse en Valladolid con motivo de la feria de turismo Intur. Y fue precisamente ese día en el que un determinado grupo de diputados populares, muchos de ellos hombres fuertes o afines a la fallecida presidenta Isabel Carrasco, le ‘hicieron la cama’ aprovechándose de su ausencia y complicando aún más la solución, comprometida por el presidente, al mal rollo y el embrollo judicial que pesa sobre el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación.

Fue un golpe de mano en toda regla encabezado por el diputado provincial Raúl Valcarce, alcalde de Carracedelo, tal como figura incluso en las actas oficiales. Aquella reunión sirvió para que el PP en el Gobierno del Palacio de los Guzmanes decidiera presentar recurso judicial a las dos últimas sentencias perdidas por la institución y ganadas por un grupo de funcionarios provinciales que litigan desde hace años para demostrar la irregularidad de la creación de cuatro plazas de máximos responsables del SAM bajo el mandato de Carrasco, ubicando en esos puestos a personas de su entera confianza, algunas de ellas incluso responsables en el aparato político popular tejido por la todopoderosa presidenta.

La tensión de una denuncia penal contra todo el PP anterior por cinco posibles delitos

Curiosamente, en la reunión sin Majo se decidieron presentar esos recursos de apelación cuando en una Junta de Gobierno anterior, en la que el presidente sí estaba presente, había impuesto que la decisión de continuar con el proceso judicial o no quedara sobre la mesa «para mayor estudio». Se trataba de una ocasión de oro para, aprovechando la sistemática razón que los tribunales dan a los funcionarios denunciantes ya casi en una veintena de sentencias, comenzar a ir cerrando esta enquistada situación.

Juan Martínez Majo y Raúl Valcarce este año en la Feria del Pimiento. / César Sánchez / ICAL

Juan Martínez Majo y Raúl Valcarce este año en la Feria del Pimiento. / César Sánchez / ICAL

Tan enquistada que estos funcionarios que se oponen al ‘dedazo’ de Carrasco ya impulsaron hace un año unamultidenuncia histórica por vía penal y ante Fiscalía contra todos los diputados del PP de la anterior legislatura por presunta prevaricación, falsificación de documento público, malversación, fraude, tráfico de influencias y hasta coacciones y moobing, por su política «mafiosa» de personal. Todos los que eran diputados entonces, incluidos el propio Raúl Valcarce o el ex presidente Emilio Orejas, entre otros, tienen sobre sí esta grave espada de Damocles.

Pero la Junta de Gobierno a la que Martínez Majo no pudo acudir cerró definitivamente la posibilidad de ir arreglando las cosas. Las dos sentencias que el PP acordó recurrir son una del Juzgado Contencioso número 1 de León presentada por los empleados públicos contra la propia Diputación y la jefa del SAM, la controvertida Ana Cosmen, y que vuelve a admitir que su nombramiento y el de los responsables de Coordinación y de Arquitecto del SAM no podían ser elegidos por el sistema de libre designación, es decir, a dedo; y otra del mismo Juzgado que anula el sistema de provisión de estos altos puestos por el sistema de provisión por concurso específico y a sus sueldos. Se trata de las sentencias 296/2015 y 276/2015, respectivamente.

La inusual modificación del acta para aclarar que «no es ilegal»

En el primero de los casos, el único que intervino a viva voz para defender la opción de seguir batallando y mantener a los actuales funcionarios fue Raúl Valcarce. Pero algún fleco debió quedar para no pillarse los dedos, porque en la Junta de Gobierno siguiente (el 4 de diciembre, y ya con el presidente Majo presente) se modifica el acta de aquella sesión previa para introducir un matiz muy relevante que no se había registrado en el acta original: que la propia secretaria de la Diputación advirtió que «no es ilegal» el acuerdo de interponer los mencionados recursos para mantener viva la tensión en el SAM. Cabe destacar que una modificación de un acta de Junta de Gobierno no es para nada algo habitual en la institución.

Por cierto, que en esta misma Junta de Gobierno del 4 de diciembre Majo consigue imponer, ahora sí, acatar sin más una tercera sentencia en contra de la institución y ganada por los funcionarios respecto al Pleno de 2013 que santificó la designación del puesto de jefe coordinador del SAM.

Hay que recordar que el fin de la elevadísima tensión interna dentro de este Servicio de Asistencia a Municipios y el correcto funcionamiento de este órgano vital para el asesoramiento de los pequeños ayuntamientos y las pedanías fue uno de los pilares importantes del discurso de investidura de Juan Martínez Majo, quien expresamente se comprometió entonces a «hacer más eficaz y transformarlo en una herramienta útil para la gestión de ayuntamientos y juntas vecinales». Algo que, a la vista de la actitud por la espalda de muchos miembros de su propio equipo, se le está complicando por momentos seriamente.

Cuatro o cinco ‘majistas’ frente a ocho ‘carrasquistas’

Porque lo cierto es que el nuevo equipo de Gobierno del PP con el que cuenta Juan Martínez Majo en realidad conserva una gran mayoría de adeptos a Isabel Carrasco, que luego lo fueron de sus continuístas presidentes Marcos Martínez Barazón y Emilio Orejas, sucesivamente. Sin ir más lejos, permanecen en el Palacio de los Guzmanes éste último; el propio Raúl Valcarce, que fue la mano derecha en el Bierzo de la difunta presidenta de la institución y del PP; Francisco Lupicinio Rodrigo, responsable comarcal nombrado por Carrasco; Miguel Ángel del Egido, ex alcalde de Santa María del Páramo; José Miguel Nieto, regidor en Santa Colomba de Somoza que agasajó a Carrasco con la Medalla de Oro de su municipio; Francisco Javier García, alcalde de Sabero y que repite como diputado tran haber entrado también en la última terna elegida por Carrasco; Alfonso Arias, alcalde de Molinaseca e igualmente elevado por la ex presidenta a la Presidencia del Consejo Comarcal del Bierzo; y Manuela García, la única mujer del equipo de Gobierno, regidora de La Vecilla que entró por Carrasco tras su muerte porque estaba situada en excelente lugar como suplente. En total, suman ocho diputados que en mayor o menor medida, provienen de tiempos del ‘carrasquismo’.

Por contra, Juan Martínez Majo suma tan sólo tres diputados incondicionales, cuales son el vicepresidente primero, ex alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón; el vicepresidente segundo y además para la comarca del Bierzo, Ángel Calvo, alcalde de Páramo del Sil; y el ex regidor de Cimanes del Tejar, Genaro Martínez. Tres acérrimos a los que les une como una piña con Majo la ‘persecución’ a veces personal emprendida por Carrasco contra ellos. No tan fácil de ubicar en cuál de los dos grupos se incluye a Miguel Ángel Fernández, alcalde de Toral de los Guzmanes y vicepresidente cuatro. Pero aunque fuera ‘Majista’ no dejarían de ser cinco frente a ocho. Una debilidad que explica maniobras como la ocurrida en la Junta de Gobierno del pasado 27 de noviembre.

MAJO ADELANTA EL DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES

16 Dic

 

 

El Presidente de la Dipuleón  nos cuenta que quiere hacer funcionar el S.A.M. como en Palencia: «Nueve personas en Palencia son capaces de hacerlo y decenas de personas en León no son capaces de hacerlo o no funciona correctamente. Y eso se va a arreglar. Habrá que tomar las medidas que sean necesarias»

 

¿¿¿¿¿Las medidas que sean necesarias???? 

!!!! Y nos cuenta Majo esta milonga la misma semana en la que, tras ponerle los jueces en bandeja el que pudiera mover de sus sillones a las Jefas carrasquistas del S.A.M. sentadas a dedo, la Junta de Gobierno majista decidió que nainas, que había que intentar salvar esos sillones como fuera, acordando recurrir al Tribunal Superior de Justicia las sentencias que apeaban del sillón a las susodichas Jefas!!!! 

 

Vamos, que lo hecho por Carrasco, ahí está para defenderlo Majo. Ver para creer. Y oir lo de Palencia, para no dar crédito.

 

de http://WWW.LANUEVACRONICA.COM/la-diputacion-de-leon-tomara-como-ejemplo-a-palencia-para-mejorar-el-servicio-de-asistencia-a-municipios

 

 

 

Los presidentes de las diputaciones de León y Palencia firman un acuerdo de colaboración. | ICALLos presidentes de las diputaciones de León y Palencia firman un acuerdo de colaboración. | ICAL

Ical | 11/12/2015

La Diputación de León tomará como ejemplo a Palencia para mejorar el Servicio de Asistencia a Municipios

INSTITUCIÓN PROVINCIAL Los presidentes provinciales profundizarán en la colaboración de ambas provincias en materia de turismo, cultura y naturaleza

«Nueve personas en Palencia son capaces de hacerlo y decenas de personas en León no son capaces de hacerlo o no funciona correctamente. Y eso se va arreglar. Habrá que tomar las medidas que sean necesarias». Así de contundente se mostró hoy el presidente de la Diputación leonesa, Juan Martínez Majo, para referirse a la firme voluntad de mejorar el Servicio de Asistencia a Municipios; una tarea en la tomarán como ejemplo el funcionamiento del mismo en la vecina provincia.

Ése fue uno de los asuntos abordardos en la reunión de trabajo que este viernes mantuvieron Majo y la presidenta de la Diputación palentina, Ángeles Armisén en elMuseo Etnográfico Provincial de León, en Mansilla de las Mulas. Un encuentro tras el que el presidente leonés subrayó que los municipios tienen que sentir el funcionamiento de ese servicio y la institución provincial como propia y no intentar evitarla, como ahora -lamentó- ocurre en muchos casos.

Armisén señaló que el SAM es en su caso un ejemplo «evidente de una experiencia de éxito», centrada en la asistencia económica-financiera, asesoramiento jurídico y técnico urbanístico e informático y Majo insistió en que hay que lograr que el servicio funcione en León. Además, lanzó un aviso para recordar que tanto los políticos como los técnicos tienen que estar comprometidos con su labor de servicio a los ciudadanos.

Un servicio que, ambos defendieron, es la razón de ser de las instituciones, cuyo papel de cercanía y utilidad para los pueblos destacaron los dos presidentes provinciales. Y si León va a seguir el ejemplo de los palentinos en lo que atañe al SAM, ésta se fijará en la experiencia de la marca Productos de León, más veterana en materia de promoción agroalimentaria que la de Alimentos de Palencia.

Nueva etapa

Los dos presidentes apuntaron que el encuentro de este viernes abre una nueva etapa en la colaboración que mantienen ya ambas instituciones con programas europeos sobre elCamino de Santiago y las Reservas de la Biosfera como ejemplos del entendimiento que quieren reforzar y en el que se profundizará en cuestiones concretas relacionadas principalmente con las rutas de peregrinos, la cultura y el medio ambiente.

«Vamos a dar voz y trabajo a lo que ya hacen los leoneses y palentinos en distintos ámbitos, con un ejercicio de cooperación, entendimiento y trabajo conjunto», subrayó Ángeles Armisén, convencida de que «rentabilizar recursos y compartir experiencias» es una buena fórmula para conseguir el objetivo que se marcan ambas instituciones de «mejorar lo que nos encontramos».

La jornada de trabajo celebrada en León, en la que participaron los diputados leoneses de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura y el palentino de Desarrollo Económico, tendrá una próxima réplica en Palencia. El encuentro concluyó con una visita guiada al Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas

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http://www.ileon.com/actualidad/057827/los-carrasquistas-le-hacen-la-cama-a-majo-para-mantener-la-vieja-estructura-de-poder-en-diputacion

https://leonsano.wordpress.com/2015/10/18/infinidad-de-procesos-judiciales-solo-desde-2011-han-hecho-sentar-en-el-banquillo-a-la-diputacion-en-280-ocasiones-169-de-ellos-por-temas-de-recursos-humanos-y-desembolsar-una-cuantia-aun-indetermi/  

 

http://WWW.ILEON.COM/politica/057714/leon-se-fija-en-palencia-para-mejorar-el-servicio-de-asistencia-a-municipios  

 

 

 

Una empresa vinculada al ex diputado de Fomento se lleva 1,5 millones de Diputación de León para conservación de carreteras

12 Dic

excelencia empresarial Al Capone

de  http://WWW.ILEON.COM/actualidad/057633/una-empresa-vinculada-al-ex-diputado-de-fomento-se-lleva-1-5-millones-de-diputacion-para-conservacion-de-carreteras 

ADJUDICACIONES PROVINCIALES
ileon.com | 11/12/2015 – 09:55h.

El mantenimiento vial en la zona occidental recae en ASFALTOS DRAGOBIER, administrada por otra empresa en la que es asesor jurídico JAIME GONZÁLEZ, mano derecha de Carrasco y Marcos Martínez Barazón. La vigilancia del resto de carreteras leonesas la hará la empresa ARCOR, del grupo del empresario berciano JOSÉ LUIS ULIBARRI, imputado en la TRAMA GÜRTEL.

Se cumplieron punto por punto los pronósticos de hace meses, cuando la contratación por más de 3 millones de euros de la conservación y reparación de carreteras de la red provincial hizo saltar la polémica por los aparentes intereses políticos y mediáticos que escondían. Y el nuevo equipo de Gobierno de la Diputación ha confirmado lo que la anterior Corporación no se atrevió: adjudicar la mitad de ese contrato a una empresa a la que está vinculada profesionalmente el anterior diputado provincial de Fomento del PP y portavoz del Grupo Popular, Jaime González; y la otra mitad a una compañía del conglomerado empresarial de José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel.

La contratación de ambas empresas se decidió el pasado 13 de noviembre en la Junta de Gobierno formada por el PP en el Palacio de los Guzmanes en base a una valoración de la mesa de contratación celebrada el 21 de octubre, según ha podido confirmar iLeon.com. La llamada Zona Occidental, que incluye la conservación de carreteras de todo el Bierzo, Maragatería y parte de La Cabrera, recayó en la empresa Asfaltos Paglobier SL, por importe exacto de 1,46 millones de euros para dos años, prorrogables otros dos por el mismo importe. Paglobier tiene como administrador único a la sociedad Excarbi, en la que el responsable de Fomento del PP, Jaime González, ha trabajado como asesor jurídico, incluso mientras era diputado provincial y portavoz de su grupo en la anterior Corporación.

 

El ‘miedo’ político frenó en junio las adjudicaciones que ahora se ratifican

Jaime González ha sido en los últimos años mano derecha primero de Isabel Carrasco, que le aupó a su Portavocía, y tras su asesinato mantuvo los mismos cargos cuando tomó la Presidencia Marcos Martínez Barazón, hasta su detención fulminante por la Operación Púnica de corrupción. Incluso ocupó idénticos puestos de responsabilidad en la presidencia interina de Emilio Orejas quien, al menos, en primavera de este año frenó en seco la contratación de la conservación de carreteras provinciales al airearse que la compañía cercana a su diputado González era la mejor valorada en la mesa de contratación. La ‘patata caliente’ quedó para la actual Corporación que dirige Juan Martínez Majo, la cual ratifica ahora al 100% la polémica propuesta de mayo.

Esta relación laboral de González con Excarbi ya trajo agrias polémicas mientras el Palacio de los Guzmanes. Que a punto estuvieron a punto de llevar ante la Fiscalía de León al ex portavoz y destacadísimocarrasquista. En octubre de 2010, Matías Llorente -entonces en las filas socialistas-, amenazó con denunciar la vinculación de Jaime González con Excarbi, a la que se habrían adjudicado «a dedo y por urgencia» obras por valor de unos 400.000 euros en 2009. Hay que decir que Llorente no materializó nunca esa amenaza judicial, lo cual no fue óbice para que poco después criticara la creación ex profeso por parte de Excarbi de una empresa de gestión de recibos que presuntamente acabó consiguiendo un contrato de 3 millones de euros para el cobro de recibos del consorcio provincial de residuos Gersul.

1,5 millones para otra empresa ‘marca Ulibarri’

La otra parte del ‘pastel’ de las carreteras de la Diputación, de la zona llamada Oriental, no está exenta de líos. En este caso, por algo más de 1,5 millones en idénticas condiciones que en la zona berciana, la empresa adjudicataria final ha sido también la que se propuso en junio y el PP entonces no se atrevió a formalizar.

Se trata de Arcor SL, compañía radicada en Valladolid, en suyo staf figura como apoderada una de las hijas del empresario berciano José Luis Ulibarri, dueño de un emporio de la construcción, los medios de comunicación y los servicios, el cualpermanece imputado en la investigación judicial de la trama corrupta Gürtel. La hija del empresario figura oficialmente como apoderada, pero en los perfiles sociales hoy sin contenido se nombraba a sí misma como «directora general» de Arcor, tal y como detectó hace un mes La Nueva Crónica.

Al menos, iLeon.com ha podido confirmar que la irrupción de Arcor en las labores de conservación y reparación de carreteras en la Zona Oriental no ha supuesto cambios en la plantilla que hasta ahora ejecutaba las labores con la anterior empresa adjudicaria, porque han subrogado a todos los trabajadores. Algo que no ha ocurrido en el caso de Asfaltos Paglobier, que no contará con los anteriores empleados de la compañía a la que sustituye, provocando ahora además un conflicto de carácter laboral.

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