El pasado 7 de Julio de 2016, durante las fiestas bacanales dedicadas al sexo ocasional, y sobre todo al alcohol -principal protagonista de esta historia- en que se han convertido las ya irreconocibles fiestas de San Fermín, tuvo lugar un caso de abuso sexual contra una joven. Estuvieron implicados cinco jóvenes, tres de ellos con antecedentes penales: J.A.Prenda, A.Boza y A.J.Cabezuelo; y dos sin antecedentes: J.Escudero y Antonio Manuel Guerrero. Todos ellos asociados a peñas futbolísticas ultras. Resumiendo, gentuza. En palabras de su propio abogado: “Mis representados no son modelo de nada, pueden ser verdaderos imbéciles, patanes, primarios, simples, infantiloides, pero son buenos hijos, muy unidos a su familia”…
La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, castigó a los autores por abuso sexual y no por violación, ya que los magistrados consideraron probado que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación. Ésto es lógico, pues la sentencia, que recoge los testimonios tanto de los acusados como de la víctima, detalla entre otras cosas que “Angel Boza y la denunciante, estaban besándose en la boca… ” mientras J.A.Prenda abría la puerta del portal donde se produjo el delito. ¿Se produjo un delito contra la libertad sexual? Sin duda. ¿Se produjo una violación, como llevan dos años proclamando los sensacionalistas medios televisivos y los adalides del feminismo radical actual? No, según la ley. ¿Tuvo la víctima el deseo de mantener relaciones con uno o varios de los implicados, tal como argumentan los defensores de los condenados? Podría ser. ¿Pretendía la víctima ser el objeto de una orgía repugnante, al estilo de una película pornográfica, celebrada en un cuartucho semi-público, en unas condiciones higiénicamente deplorables y emocionalmente humillantes, repulsivas y amorales? Vaya usted a saber, considerando que actualmente los niños de doce años ven pornografía hardcore en el móvil… ¿Hubo mala intención? Por supuesto: por éso uno de ellos le quitó el móvil a la joven…para dejarla incomunicada. ¿Deberían los legisladores aumentar las penas para este tipo de delitos? Quizá. Yo personalmente estoy a favor de la cadena perpetua para ciertos delitos, empezando por la pederastia, pues considero, como señala el psicólogo Javier Urra, que “los psiquiatras y…los psicólogos…no sabemos cómo hacer que un psicópata deje de serlo”1. Es decir, hay gente que debería estar siempre encerrada por simple precaución.
Otro asunto, que en mi opinión ha sido pasado por alto, es que uno de los implicados sea guardia civil -no casualmente creo, el que se deshizo del móvil de la joven-, y otro militar. ¿Es legal o moralmente admisible que dos miembros de las Fuerzas públicas actúen así? Al fin y al cabo, su deber según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluye “Actuar con integridad y dignidad […] Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen…”; y según las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas “Deberá actuar con arreglo a los principios de …integridad…responsabilidad…ejemplaridad, austeridad…honradez…”. ¿O lo pasamos por alto porque no estaban de servicio? Yo soy profesor de secundaria. ¿Me pasarían por alto las autoridades educativas que me liase con una alumna durante o después de las horas lectivas? No señor: tener un estatuto jurídico especial -la condición de autoridad pública- implica prerrogativas y deberes. Sólo por mostrar ese tipo de comportamiento, trabajando en lo que trabajan, deberían tenerlos veinte o treinta años a la sombra. Se es guardia civil, con o sin uniforme. Por éso se juzgó por terrorismo a los agresores de los guardias civiles de Alsasua…aunque no estaban de servicio. Hacer esas distinciones sentaría un precedente jurídico muy perturbador para los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ahora bien, ¿justifica lo ocurrido que el Gobierno proponga una reforma de sesgo totalitario, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal, que impida a los jueces hacer su trabajo? Desde luego que no. Parece que Doña Carmen Calvo, en el afán electoralista, alimentado por el sensacionalismo de las cadenas televisivas, olvida que los jueces no inventan las sentencias, sino que deben demostrar los hechos que concurren para establecer qué tipo de delito se ha cometido (abuso o violación, homicidio por imprudencia o asesinato a sangre fría…), ya que la condena se aplica en función del delito, y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario…excepto si tienes testículos…porque en esa caso la Ley contra la Violencia de Género, las “lideresas” feministas reaccionarias (a las que debemos distinguir de las auténticas feministas), y los omnisapientes reporteros televisivos darán por sentado, por ejemplo, que todo homicidio de una mujer es producto de la violencia machista, sin pararse a analizar si el asesino pretendía matarla premeditada y conscientemente, si el asesino y/o la asesinada pertenecían a un ambiente social marginal, eran drogadictos, alcohólicos o enfermos mentales, o decidieron quitarse de en medio porque acababan de desahuciarlos…¿Para qué buscar las causas verdaderas de cada delito, de cada hecho (como hacen los buenos periodistas), con lo fácil que es meter a todos en el mismo saco? ¿Acaso se paraban las gentes de la Edad Media durante las epidemias de peste a examinar quién estaba contagiado y quién no? Pues no. Le echaban la culpa a los judíos y los mataban a todos…Y por éso uso el término “totalitario”, porque vivimos en una sociedad en la que una neurosis colectiva provocada por los medios de comunicación, lleva a los gobiernos a aprobar leyes que juzgan un delito sin considerar las circunstancias concretas, agravantes o atenuantes, como si los delitos no fueran cometidos por individuos, sino por colectividades: el “Patriarcado” viola a las mujeres, igual que los judíos mataron a Jesucristo.
Por ese camino, acabaremos metiendo en la cárcel a todos los jóvenes de España que salgan de copas un fin de semana, porque, Señora Ministro -perdón: “Señora Ministra”-, ¿conoce usted el porcentaje de jóvenes españoles que están borrachos un sábado cualquiera a las doce de la noche? Un millón y medio de jóvenes hicieron botellón el último año según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ¿Cree usted que una niña o niño de 16 años, o unos veinteañeros completamente borrachos tienen la cabeza suficientemente despejada para decir “Sí” premeditada y conscientemente? ¿Pretende imitar a los yanquis condenando por violación a un chico de diecisiete años porque su novia de catorce le hizo una felación? Por no hablar de los -y las- estafadores profesionales, y abogados sin ética-que también los hay- que podrían aprovechar una ley tan obtusa para cometer chantajes acusando a cualquiera de violación. Ésto se le va a escapar de las manos “Señora Ministra”, a usted y al movimiento feminista, pues como ha señalado la intelectual feminista -y lesbiana por otra seña que la desvincla del “Patriarcado”- Camille Paglia: “El feminismo ha conseguido envenenar la atmósfera cultural con su aversión a lo masculino…Hay una actitud muy elitista en el feminismo actual. Y las periodistas y las que se llaman intelectuales tienen mucha culpa.”2
Pero el sensacionalismo mediático, y el afán electoralista puntual de la cúpula de un partido que ha perdido de vista a sus votantes tradicionales para intentar captar el voto de esa difuminada clase media urbana que vota a Podemos, Ciudadanos o PSOE según sople el viento, no es el único aspecto perturbador de este asunto. ¿Porqué no se dota al Poder judicial de los medios humanos y materiales para proteger a los ciudadanos? ¿Acaso es mas económico aprobar leyes draconianas que no distinguen inocentes de culpables, ni los grados del delito, atentando contra las bases de dos mil quinientos años de derecho romano? ¿Porqué no se toman medidas para evitar el turismo etílico-sexual? ¿Deben permitir las autoridades públicas que una ciudad entera se llene de borrachos para provecho económico de los vecinos de las calles pamplonesas por donde discurren los encierros, que llegan a cobrar doscientos euros por alquilar un balcón durante unos minutos? ¿Debe permitirse que niños apenas púberes tengan móviles en que pueden ver pornografía para beneficio de las compañías telefónicas? ¿Porqué no se obliga a las compañías a fabricar modelos de móviles adaptados a la edad del usuario, con cortafuegos incorporados que impidan el acceso a esos contenidos, que envenenan el correcto desarrollo emocional de las personas? ¿Porqué no se invierte en educación, que es la mejor medida preventiva? ¿Porqué se entregan subvenciones públicas a organizaciones feministas cuya única contribución a los derechos de la mujer parece ser la de insultar a los jueces en los medios de comunicación? ¿Porqué se permite a los medios televisivos emitir noticias que deberían ser tratadas con el máximo rigor, como si fueran espectáculos de telerrealidad? ¿No interesa? ¿O no queda en este país suficiente inteligencia para distinguir las causas profundas de los problemas entre tanto sensacionalismo, electoralismo y adoctrinamiento?
Al final, como ocurre siempre que se intenta mejorar la sociedad a base de “decretazos”, medidas punitivas y discursos rimbombantes, acabará pagando algún
justo por un pecador.
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1URRA, Javier; “El debate de hoy”, 11/7/2108.
2CAMILLE PAGLIA, El Mundo, 9 de Abril de 2018.
leonsano 
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