Los últimos días de febrero han estado marcados por las decisiones judiciales de los casos más mediáticos de España en los últimos años: los tribunales ya se han pronunciado en los casos de Nóos, las tarjetas black y la Gürtel. Además, esta semana también se ha conocido la condena a un rapero por sus letras, así como las presiones a las que se ven sometidos los fiscales encargados de estudiar los casos de corrupción y la investigación secreta a un juez de la plataforma por la independencia judicial.
Todas estas noticias han generado controversia entre la sociedad, los partidos políticos y el mundo judicial, lo que ha convertido a estos siete días en una semana negra para la independencia de la justicia, que ha quedado cuestionada, por los diferentes tratamientos en unos casos y otros y las presiones políticas a profesionales de la justicia, como los fiscales.
A continuación se presenta un resumen de los casos y las decisiones judiciales que han sido objeto de polémica.
El caso Nóos y Urdangarín: ni prisión ni fianza
Si esta semana tiene un nombre propio este es el de Iñaki Urdangarín. El marido de la Infanta Cristina y cuñado del rey ha eludido la cárcel preventiva y, además, no tendrá que pagar la fianza de 200.000 euros que pedía el fiscal Horrach, a menos que el Tribunal Supremo determine otra cosa.
Urdangarín ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por el saqueo de 6 millones de euros de las arcas públicas de Baleares y Valencia a través del Instituto Nóos.
El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, llega a la Audiencia de Palma. – EFE
La polémica por la decisión de la Audiencia de no imponer ninguna medida cautelar y dejar que Iñaki siga viviendo en Suiza, algo que el fiscal considerda «razonable» se suma a la absolución de la Infanta Cristina. En su caso recibe una multa como responsable civil por haberse beneficiado de estos ingresos irregulares en la sociedad que tiene al 50% con Urdangarin. Sin embargo, no deberá pagar los 587.000 euros que pedía el fiscal -y que ella depositó en 2014- sino que la multa asciende a 265.088,42 euros. Por lo tanto, la Justicia deberá devolverle 322.000 euros que ha consignado de más en la cuenta Audiencia de Palma.
Presiones políticas a los fiscales
Este jueves el fiscal superior saliente de Murcia ha denunciado «intimidaciones y desprotección» a la hora de realizar su trabajo, es decir, al investigar posibles delitos de corrupción.
Manuel López Bernal, relevado de su cargo el miércoles, contó en una entrevista en la Cadena Ser las presiones que sufren los fiscales encargados de luchar contra la corrupción. «Llama la atención que se haya creado en Madrid una asociación con la única finalidad de querellarse contra mi y mi familia en fechas próximas a mi renovación, querellas que se han inadmitido a tramite de plano por el Tribunal Supremo».
Precisamente, este fiscal ha sido destituido de sus cargos cuando investigaba, entre otros, al presidente de Murcia por si implicación en el caso Auditorio. López Bernal ha señalado, además, que su situación no es algo excepcional entre sus colegas.
Por su parte, la respuesta del ministro de Justicia ha sido la de que debía haber denunciado estas prácticas en el momento en el que se produjeron, algo que el fiscal hizo en varias ocasiones.
Investigación secreta a un juez
Esta semana también este diario ha revelado que el Consejo General del Poder Judicial ha investigado durante más de un año al magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y uno de los jueces que ha planteado varias cuestiones sobre cláusulas abusivas bancarias ante la justicia europea.
Esta investigación se centra, precisamente, en la plataforma de la que es portavoz, así como en un torneo de debates entre jóvenes universitarios que este juez ha patrocinado en parte con dinero de su bolsillo y de manera «altruista», según fuentes de dicha asociación.
Con esta investigación se pretendía vincular a Ruiz de Lara y a la Plataforma con dicha Liga de Debates estudiantil, pero ha resultado negativa. Sin embargo, las diligencias no han sido archivadas.
El rapero Valtonyc, tres años de cárcel por sus letras
La Audiencia Nacional ha condenado a Valtonyc, un rapero mallorquín de 23 años, a tres años y seis meses de cárcel por la delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en sus canciones. Asimismo, tendrá que indemnizar con 3.000 euros a Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear.
El rapero Valtonyc : “Sólo los pobres van a la cárcel”.
El joven ha pedido ayuda a través de las redes sociales para hacer frente a los costes del juicio y de la indemnización. Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información consideran esta decisión «unataque muy grave a la libertad de expresión«. Según los expertos consultados por dicha plataforma, la sentencia judicial se basa en la literalidad de las letras sin tener en cuenta el contexto artístico en el que se producen las mismas. Para el rapero, «solo los pobres van a la cárcel», en referencia al ‘caso Nóos’.
Blesa y Rato, a la cárcel por las ‘black’
En medio de las polémicas judiciales por el caso Nóos y la condena al rapero Valtonyc, la sentiencia del caso Bankia por el tema de las ‘tarjetas black’ ha pasado más desapercibida.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y Miguel Blesa, máximos responsables de Bankia y Caja Madrid, en el juicio del caso de las tarjetas ‘blacks’.
La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de cárcel a los 65 acusados. Las más destacadas son los de Rodrigo Rato y Miguel Blesa, acusados de un delito de apropiación indebida. Al exministro de Hacienda y presidente del FMI se le ha impuesto una pena de cuatro años de cárcel, mientras que Blesa ha sido condenado a seis. Además, ambos tendrán que pagar una indeminación de 111.600 euros.
El caso ‘Gürtel’
Por su parte, el juicio a una de las mayores tramas de corrupción, el caso Gürtel, ya tiene como resultado su primera sentencia. Y es contundente. Francisco Correa y los suyos eran beneficiados por la Administración valenciana: disponían de información privilegiada y facturaban con márgenes desproporcionados.
En este sentido, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, ha sido condenado 13 años de cárcel, además de un indemnización de 4 millones de euros. Junto a él, otros 11 responsables también han sido condenados a diferentes delitos (puedes consultarlos todos aquí).
El cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa. EFE/Manuel Bruque.
La contundencia de estas decisiones, frente a la sentencia más laxa del caso Nóos, ha sido utilizada por la defensa de los acusados en la Gürtel. «Yo quiero ser cuñado del rey», ha señalado el abogado de Pablo Crespo, número 2 de la trama, que ha pedido el mismo trato que el recibido por Iñaki Urdangarin, el cuñado de Felipe Vi, quien ha quedado en libertad con la única medida cautelar de comparecer una vez al mes en un juzgado de Ginebra (Suiza). En este sentido, hay que recordar que tanto Pablo Crespo como Franciso Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, permanecen en prisión preventiva a espera de que se dicte una sentencia firme.
Nueva querella para Forcadell
La Fiscalía Superior de Catalunya ha vuelto a presentar una nueva querella contra Carme Forcadell por «su contumaz y obstinada voluntad de incumplir» los mandatos constitucionales al permitir votar en la Cámara propuestas soberanistas, entre ellas, el apoyo a un referéndum vinculante sobre la independencia.
Para la presidenta del Parlament esta nueva querella pone de manifiesto que el juicio por el 9-N responde a una persecución y solo hay razones políticas detrás.
Rebajan la pena al joven que dio una paliza a su novia
Un tribunal ha rebajado la condena de prisión impuesta al joven que fue grabado el pasado 20 de noviembre por la videocámara de un edificio de San Juan de Alicante cuando propinaba una brutal paliza a su novia.
La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por el abogado de Narkis Yakolev, de nacionalidad ucrania y 22 años, al concluir que cometió un delito simple de violencia de género y no de lesiones, hecho que rebaja la pena de dos años a nueve meses de prisión.
leonsano 
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