Con el resultado de las inminentes elecciones se producirá el reenganche así como la renovación de los políticos a los mandos de los gobiernos estatal y autonómicos. Se pondrá a prueba no solo su capacidad de liderar y dirigir la cosa pública sino también su honradez ante los ciudadanos porque no olvidemos como nos recuerda una conocida película que “La corrupción nunca duerme”.
En ese escenario, acaba de publicarse un libro de ensayo ameno, sencillo y esperanzador, titulado Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública (Ed.Amarante, 2019) obra del erudito académico y doctor José Antonio Fernández Asenjo, prologada por Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca y Catedrático de Derecho administrativo.
La obra acomete una visión del fenómeno de la corrupción pública bajo la única perspectiva que creo podrá ser acorralada, la de los valores y la conciencia de las personas. Un paseo magnífico por una realidad incómoda. Veamos
El autor, que actúa como un atento guía por el museo de la corrupción pública, tras indicarnos su origen y efectos, nos muestra los valores que deben cultivarse: la cultura de limpiezaen la administración persiguiendo el buen hacer y buena imagen institucional; la lealtad institucional entre administraciones para evitar que los desaprensivos aprovechen los flancos abiertos; la austeridad o gasto dentro las posibilidades reales; y recuperar la ética institucional en lugar de la ciega parcelación de cometidos técnicos entre los múltiples órganos de control (Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Abogacía del Estado, Inspección de Hacienda, Consejo de Estado…).
También se ocupa de los modelos de la buena y mala autoridad, del buen y mal funcionario, sin perder el optimismo y sin dejar de rendir tributo al funcionario discreto y servicial en un contexto que no ayuda a serlo.
El texto está anclado en casos reales, desde los remotos (Filesa, Fondos, Roldán,etc) hasta los recientes (Palau,Gürtel, ERE,etc). Tampoco faltan las anécdotas, por ejemplo, la queja de Miguel de Unamuno de haberse visto postergado para una plaza pese a su apabullante curriculum,derrotado por la mera fe de bautismo de su competidor.
Y como no, infinidad de oportunísimas citas; por ejemplo, la aguda percepción del historiador Polibio: “no hay testigo tan terrible ni acusador tan potente como la conciencia que mora en el seno de cada hombre”, o la lúcida de Barak Obama, “en democracia, el cargo mas importante es el de ciudadano”)
La moraleja, que deberíamos interiorizar todos, y particularmente los políticos, es que las bombas de racimo con leyes, coacciones y castigos que se anuncian como males del infierno para los infractores poseen poca fuerza disuasoria para los profesionales de la corrupción, debiendo actuarse mejor sobre la conciencia de las personas que sobre su libertad o bienes; mejor incidir en su mentalidad y educación para promover la ejemplaridad natural. Cita el autor el caso de Finlandia donde no se ha acudido a la hiperregulación legislativa y cuyas normas antifraude no han sido reformadas en casi un siglo, pero se ha puesto el acento en la profesionalización de la burocracia, en el consenso político y una administración abierta y participativa.
En esta línea me viene a la mente el diagnóstico del sociólogo francés Michel Crozier y expresado lúcidamente en el título de su obra “No se cambia la sociedad por decreto” (1984).
Una gran obra, como es de esperar en quien obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado con su monumental tesis “Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción” además de Premio del Tribunal de Cuentas Europeo para la investigación en auditoría del Sector Público 2010.
Ahora nos ofrece esta versión ligera, bajo la perspectiva ética del fenómeno de la corrupción, con edición de calidad y formato cuidado, que consigue que el lector lleve una lectura pausada y esperanzadora.
En suma, un ameno, razonado y riguroso alegato para combatir la corrupción desde la defensa de valores en toda la extensión, con ideas finales o retos, en torno a recomendar que los gobiernos recuperen la costumbre de decir la verdad, que el legislativo aplique la tolerancia cero contra la huida del Derecho administrativo, que administraciones y funcionarios luchen por la dignidad de su alta función, y que la sociedad civil salude con orgullo las buenas prácticas, la buen administración y la transparencia. Una buena lectura con buenas ideas en tiempos no tan buenos.
Por mi parte, aprovecho para comentar que tuve oportunidad de hablar el pasado jueves en la Universidad de Salamanca sobre Corrupción y Transparencia, tema que siempre me preocupa del que me ocupé en anterior post, en el III Congreso Internacional para combatir la corrupción y por el control público, donde aproveché para ofrecer mi visión de las luces y sombras del fenómeno y donde concluía con la licencia humorística de esta viñeta:
leonsano 
Interesante reseña, habrá que leer ese ensayo. Aunque, de entrada, mi opinión es que la educación, la apelación a la conciencia y los códigos éticos no sirven de gran cosa: no dudo de que la mayoría de ciudadanos, políticos y funcionarios que no se corrompen obedezcan a su conciencia, pero siempre habrá una minoría (con frecuencia inmensa, y en todo caso más que suficiente) refractaria a esos valores y con la conciencia lo bastante elástica como para corromperse a la menor oportunidad.
Por otra parte, tampoco creo que el Código Penal sea la solución: sospecho que esa norma sólo la cumplen, mayormente, los que no necesitarían de su existencia. El ser humano tiene una enorme capacidad para asumir riesgos (en gran medida, fruto de nuestra capacidad de autoengaño), y el corrupto asume el riesgo penal sin vacilar, por duras que sean las sanciones. Ni que decir tiene, hay que sancionar ciertas conductas. Pero no creo que ello evite que tales conductas se produzcan.
La solución, en mi opinión, está más en el Derecho dministrativo que en ninguna otra parte. Tenemos un sistema que, en gran medida, es una coladera para las malas prácticas: leyes infestadas de conceptos jurídicos indeterminados, que reconocen al poder político la capacidad discrecional de tomar decisiones de enorme impacto económico (váse el urbanismo y la legislación medioambiental), irregularidades varias que se consienten sin consecuencias jurídicas reales (véas el silencio administrativo) procedimientos mal diseñados que no garantizan nada, y, en el caso de la Administración local, una politización absurda de decisiones burocráticas… Creo que un diseño más riguroso de los procedimientos, una reducción drástica de la discrecionalidad admiistrativa y de la indeterminación de ciertos conceptos jurídicos y una reducción igualmente drástica del poder de inmisión de las administraciones en las actividades económicas harían más contra la corrupción que los códigos éticos y penales…
Pero, ya digo: habrá que leer el ensayo del profesor Fernández Asenjo para opinar con mayor fundamento.
Usted dice: “…una reducción drástica del poder de ‘inmisión (¿intromisión?) de las administraciones en las actividades económicas harían más contra la corrupción que los códigos éticos y penales…”.
No sé si se refiere concretamente a la Administración de Justicia u a otras excluyendo a ésta. En todo caso si no hubiese un control de las actividades económicas y de las empresas, sociedades, etcétera por aquélla y otras instituciones, organismos y entidades públicas me temo que esto sería ‘Sodoma y Gomorra’. El poder económico, en la sombra o a la luz, y sus grupos de presión o ‘lobbies’ poderosos harían y desharían a su total antojo.
El problema de la corrupción tiene un origen sociocultural con unas raíces profundas que en ciertas Civilizaciones y Culturas se remontan a muchos siglos o incluso a su origen. Entonces acabar con ella es extremadamente difícil especialmente cuando quienes las perpetran no reciben su castigo, yéndose de rositas, lo reciben de forma ocasional y aleatoria o bien reciben una sanción muy mermada o de escaso peso disuasorio. Esto consigue que el corrupto reincida con frecuencia confiando en salir nuevamente impune y airoso, y por ello servirá de ejemplo para otros y/o conseguirá que se le unan otros pues no haber recibido castigo o haberlo recibido en una cantidad asimilable o simplemente haciendo creer que recibirlo es cuestión de suerte, mala, es todo ello una invitación a la corrupción y a corromper a otros.
Así esforzarse en educar en valores es primordial pero debe acompañarse de instituciones con medios humanos, materiales y recursos suficientes con los que puedan luchar contra la corrupción y los corruptos de manera eficiente, eficaz impidiendo cualquier ‘vía de escape’ e imponiendo, siguiendo la ley, sanciones o penas proporcionales y proporcionadas pero suficientemente disuasorias.
Por último, los controles y quienes están facultados para llevarlos a cabo también a su vez deben ser vigilados o supervisados y eventualmente sancionados, de modo que el ‘circulo’ de control y lucha contra la corrupción se cierre.
Por si no lo hubiera visto le citan a usted Sr. Chavez en el Confidencial. Se trata de un artículo “quien pierde paga, cada vez menos gente litiga contra la administración”.
Para quien lo quiera leer:
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-16/costas-judiciales-contencioso-administrativo_1828498/
Vaya. Muchas gracias por la información. Un saludo