POLÉMICA EN LA EMPRESA PÚBLICO-PRIVADA SERFUNLE
El millonario negocio de los muertos leoneses, bajo acusaciones de fraude fiscal y pagos ilegales
Izquierda Unida llevará a la Fiscalía las irregularidades en la mancomunidad de servicios funerarios (Serfunle) de los municipios de León, San Andrés y Villaquilambre. Pide documentación que aclare un presunto fraude fiscal y el pago de un canon millonario ilegal desde hace 10 años al socio privado Mémora.
Ofensiva de Izquierda Unida y sus grupos municipales en los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre contra las irregularidades en la Mancomunidad de Servicios Funerarios (Serfunle) que conforman los tres consistorios. Además de preguntas y mociones el partido acudirá a la Fiscalía y recopila información para aclarar presuntos pagos ilegales de canon, fraude fiscal y pagos con posibles incompatibilidades a personas de la esfera política.
En una rueda de prensa de los concejales Eloína Terrón (San Andrés), Elena Fernández (Villaquilambre) y Santiago Ordóñez (León) urgen «clarificar la gestión oscura y poco transparente de Serfunle». Consideran insuficiente la medida adoptada por el presidente de Serfunle, el concejal del PP en León Fernando Salguero, de llevar al Tribunal de Cuentas los números de la sociedad y llevarán a los tribunales las posibles irregularidades para que se depuren responsabilidades penales, además de exigir las públicas por la gestión, «un negociete de amiguetes del PP y del PSOE en su momento».
Las irregularidades en Serfunle se han conocido a raíz de una investigación de sus cuentas por Hacienda, que cuestiona los pagos en 2006 y 2007 de sus impuestos. Un informe de un interventor de León alertó, a raíz de la denuncia de Hacienda, de la existencia de un canon ilegal que paga Serfunle a su socio privado Mémora por prestación de servicios. Este canon, en vigencia desde 2004, supone que un 10% de los ingresos anuales (que son entre 6 y 7 millones de euros) de Serfunle se pagan a Mémora pero la existencia de este canon no figuraba en los pliegos de adjudicación de la privatización parcial de la socidad pública en 2003. Un informe de un funcionario avaló el pago de este canon que ahora cuestiona un interventor, que lo considera nulo de pleno derecho y por lo tanto se habrían pagado ilegalmente en torno a 600.000 euros más IVA durante una década, lo que podría sumar casi 10 millones de euros. Ahora IU ha solicitado un informe sobre la situación a la secretaria general del Ayuntamiento de León sobre este asunto, aunque se desconoce su finalización ya que la funcionaria se encuentra de baja.
Además IU denuncia que Serfunle ha recurrido los pagos que exige Hacienda de sus impuestos societarios en 2006 y 2007, lo que consideran es apoyar un presunto fraude fiscal, además de recordar que la empresa Mémora está controlada por fondos de inversión domiciliados en un país de laxa fiscalidad como es Luxemburgo.
Presuntos pagos irregulares a personas públicas y duplicidad de pagos de servicios
IU ha solicitado a Serfunle conocer al detalle los pagos de facturas que la sociedad ha emitido a ciertas empresas y a alguna persona de la esfera pública, cuyo plazo finaliza este sábado. Se trata de facturas de asesoramientos emitidas por hasta 5.000 euros y que podrían suponer pagos duplicados a los que ya se abonaba a Mémora por el canon ahora considerado ilegal por un interventor del Ayuntamiento de León. La existencia de estos pagos podría suponer según IU delitos de prevaricación y cohecho.
Otra de las cuestiones que IU espera que se aclare es la intervención del funcionario Carlos Hurtado, economista jefe del Ayuntamiento de León, sobre sus informes y la compatibilidad de su función pública con el de secretario de la patronal funeraria Panasef, donde se integra Mémora.
La coalición considera necesario «actuar ante tanta irregularidad» y espera que los tribunales diluciden las responsabilidades penales de los responsables de una «gestión que ha ido contra el interés general». Por ello iniciarán también en los tres consistorios una petición para que se municipalice totalmente el servicio y vuelva a ser de gestión pública al 100%.
Hurtado elaboró los pliegos y participó en la mesa de contratación del canon de Serfunle
Firmó la propuesta de adjudicación a Mémora aunque la oferta no se ajustaba al concurso
Ampliar imagenSerfunle gestiona el tanatorio, el crematorio y el cementerio de León, que está en Puente Castro. | MAURICIO PEÑA
Alfonso Martínez | 31/01/2016AA
El pago de ese canon era una propuesta directa de la adjudicataria que fue aceptada por los técnicos que informaron la propuesta de adjudicación y posteriormente por la mesa de contratación de la mancomunidad.
Los técnicos eran el entonces gerente de la mancomunidad (ya fallecido) y el asesor económico, que a su vez es el secretario del consejo de administración de la empresa mixta y jefe del servicio de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León, Carlos Hurtado.
El informe del interventor considera que «se han arrogado funciones que la ley no les otorga, infringiendo los artículos 87 y 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al decidir por su cuenta admitir unas condiciones propuestas por la oferta adjudicataria que resultaban muy ventajosas para ella, que el pliego no quiso establecer y a las que por tanto no pudieron acceder el resto de posibles oferentes interesados en la concurrencia».
Pero el papel de Carlos Hurtado, que actualmente es también secretario de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), organización en la que está Mémora, va más allá de haber firmado la propuesta de adjudicación. El entonces asesor económico de la mancomunidad fue el encargado de redactar los pliegos del concurso para seleccionar al socio privado de Serfunle, según se desprende del acta de la asamblea de concejales celebrada el 24 de octubre de 2002.
Fue el responsable por tanto de establecer las condiciones del concurso, de admitir, según el informe delinterventor, una oferta que no se ajustaba a las mismas y de firmar la propuesta de adjudicación a la empresa denominada actualmente Mémora.
Hurtado fue designado además como miembro de la mesa de contratación que dio finalmente el visto bueno a la adjudicación del contrato que ahora está en tela de juicio. Así se desprende del acta de la asamblea de la mancomunidad celebrada el 20 de febrero de 2003.
Una vez diseccionada la trayectoria de Hurtado en el proceso de adjudicación, cabe recordar que es también uno de los técnicos que han de elaborar un informe solicitado por el presidente de la mancomunidad, Fernando Salguero, a raíz de las actas de la Agencia Tributaria que ponen en duda la fiscalidad del canon de gestión. Al del interventor y al de Hurtado, como secretario del consejo de administración de la empresa mixta, se unirán también informes de la secretaria y del asesor jurídico de la mancomunidad.
Un negocio ‘de muerte’
La Mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle) gestiona la mayor parte de las defunciones que suceden en la capital y extiende su actividad a los municipios mancomunados (San Andrés y Villaquilambre). Lo hace de acuerdo con un socio especializado en este tipo de servicios, Mémora, desde que en 2004 esta empresa se hiciera con el 49% de la sociedad en base a un pliego público que a tenor del informe ahora hecho público podía ser un ‘traje a medida’.
Mémora, sustentada por un fondo de capital-riesgo, es un ejemplo de efectividad a la hora de quedarse con los ‘muertos leoneses’. Lo hace, quienes conocen el sector, en base a un amplio conocimiento de todo cuanto sucede en las ‘zonas calientes’ de la ciudad (desde los hospitales hasta el Anatómico Forense) y a su capacidad para convencer a familiares y titulares de póliza de que debe ser ella quien le preste este último servicio al fallecido.
La ‘voracidad’ de Mémora
La ‘voracidad’ de Mémora, en más de una ocasión denunciada por la única competencia con la que cuenta en la ciudad (Funeraria Los Jardines) tiene hoy una explicación en base al informe elaborado por el interventor de la mancomunidad. La empresa socia de Serfunle cobra por cada muerto. Y a más muertos, más dinero.
El informe que ha puesto en jaque la relación Serfunle-Mémora apunta ilegalidades desde 2003, la fecha en la que se cerró la adjudicación a Mémora del contrato público abierto por la empresa mancomunada.
Mémora se llevó el contrato «de calle», según quienes conocen los intestinos de este sector, y lo hizo valiéndose de un informe interno favorable a la adjudicación que en realidad era un regalo envenenado para el Ayuntamiento y rubricado por el asesor económico municipal, Carlos Hurtado.
Mémora ofertó seis millones de euros y en el mismo informe que se certifica su valía como socio se da por bueno la imposición por parte de la adjudicataria de un canon de gestión (que no figuraba en los pliegos y denominado ‘fee’ de gestión) por un montante total de 10% de la facturación durante los cinco primeros ejercicios y de un 12% a partir de ese año siempre y cuando «exista beneficio».
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Imagen de uno de los apuntes del informe del interventor.
Cantidades cobradas de forma no legal
Examinada hoy la documentación de un contrato dado por bueno 13 años atrás lo cierto es que, a tenor del informe de intervención, éste es nulo de pleno derecho y el denominado ‘fee’ de gestión es en realidad un cobro ilegal y por duplicado de una cantidad que no debería ser abonada.
En su conjunto y con el paso de los años Mémora ha percibido en base a ese porcentaje no legal a juicio del interventor más de siete millones de euros, esto es una cantidad igual o superior a la abonada en su día por entrar en Serfunle. Por extensión, Mémora ha comprado a coste cero el 49% de Serfunle.
A la vista de la situación el informe del interventor de la mancomunidad apunta a la necesaria nulidad del contrato y la obligada devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la empresa Mémora, que a lo largo de más de una década ha cobrado por servicios que en realidad ya estaban comprendidos en el acuerdo inicial.
Para el interventor no hay duda de que el ‘fee’ es en realidad una evidente «vulneración sustancial de las bases contenidas en el pliego de cláusulas» y de acuerdo a esa ilegalidad «debe determinar la anulación del acto de adjudicación».
Pero el informe va más allá. La «extralimitación de funciones» de los técnicos a la hora de informar favorablemente del acuerdo, el posterior consentimiento de los diferentes responsables del órgano de gestión y la falta de determinación a la hora ajustarse a la legalidad han conllevado un alto «daño patrimonial» a Serfunle.
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Conclusiones del informe elaborado por el interventor.
Petición de responsabilidades
El informe del interventor hace obligatorio hoy la anulación del contrato de Mémora con Serfunle, la solicitud de devolución de las cantidades percibidas por la citada empresa de servicios funerarios y, por extensión, la búsqueda de un acuerdo que permita la compensación de inversiones de las partes durante los años de ‘ilegal matrimonio’.
La situación ya ha provocado la petición de explicaciones y la exigencia de responsabilidades por parte de León en Común e Izquierda Unida además de Ciudadanos. IU ya ha advertido que llevará la documentación a la Fiscalía y exigirá responsabilidades patrimoniales.
Mientras en el seno de Serfunle el nuevo presidente ha ordenado el cese de los pagos a Mémora a la espera de que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre lo sucedido. El nuevo presidente de la mancomunidad, Fernando Salguero, ha optado por frenar de raíz un asunto que amenaza con terminar, de uno y otro lado, en los tribunales.
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leonsano 
#1 stradivarius | 19/01/2016 – 22:17h