Archive | julio, 2016

EL ACOSO EN LA ADMINISTRACIÓN, un tema cada vez más frecuente

27 Jul

de  https://FISCALIZACION.ES/2016/07/11/de-heroes-y-villanos/#more-550610

De héroes y villanos

Ana-Caro-y-Antonio-Arias

En las últimas píldoras grabadas para la Fundación Internacional OCU, entrevisto a la experta funcionaria Ana Isabel Caro Muñoz sobre el  acoso en la Administración, un tema cada vez más frecuente y del que Ana es especialista en muchas de sus vertientes: laboral, penal, administrativa o educativa. Os recomiendo echar una ojeada, a esta y otras.

Hoy quiero relacionarlo con las funciones reservadas a los habilitados locales, que suponen un trabajo de riesgo al que llevo tiempo queriendo dedicar una entrada en la bitácora. Los órganos de control analizan con detalle su relevante y creciente labor, cuyas debilidades tienen un efecto expansivo sobre el propio control interno de la Administración a la que sirven y cuyos ceses suponen una significativa incidencia de auditoría. Estas últimas semanas he ido coleccionando noticias de prensa sobre las tensiones entre los Alcaldes y los funcionarios responsables del cumplimiento de la legalidad en las corporaciones locales. Vamos a comentar algunas, a continuación. 

“Descubrí corrupción e intentaron acabar conmigo”Una de las más conocidas sucesos del último lustro, en esta área, fue el hostigamiento sufrido por la secretaria municipal de Palas de Rei. El juzgado de primera instancia de Chantada (Lugo) ha abierto hace unos días, juicio oral a su alcalde, a cinco concejales de su equipo, a cuatro trabajadores municipales y al ex director general de Administración Local de la Xunta de Galicia por 15 delitos, entre ellos acoso, amenazas, trato degradante, falsedad, malversación y fraude de subvenciones.

Juzgan a un alcalde por 'mobbing' al interventorEl asunto parece no tener color político ni geográfico, porque en el otro lado del espectro y del territorio, este mismo mes de junio pasado, encontramos el juicio contra el ex alcalde de Ausejo (La Rioja), acusado de ‘mobbing’ al secretario-interventor del Ayuntamiento a quien “sometió, generalmente en su despacho, a una actitud vejatoria y humillante (… ) para que fuera menos riguroso en sus informes sobre la legalidad de la actuación”, según el escrito del Fiscal, que pide cinco años de prisión. La habilitada se vio obligada a hacer su trabajo en una mesa ubicada a la entrada del Ayuntamiento.

Interventora de Arganda

En el ámbito puramente administrativo destaca el caso de Margarita López, Interventora de Arganda (Madrid), que el 27 diciembre de 2013, emitió un informe desfavorable porque la prórroga del Presupuesto no recogía créditos y gastos que la ley señala como preferentes. Como, tras la LRSAL, había cambiado el status de los habilitados nacionales, en febrero de 2014 el MINHAP le abre expediente y la suspende provisionalmente durante seis meses: “Me suspenden sin expediente alguno y sin saber por qué, solo porque el alcalde decía que mi informe desfavorable paralizaba la gestión del Ayuntamiento. Nada más alejado de la verdad. ¡Si mi informe no era vinculante! Y lo más grave es que el ministerio no hizo nada para comprobar si yo tenía razón o no en mi informe”. La sentencia de 28 de diciembre de 2015 anula siete de las ocho faltas de la sanción del ministerio (y se recurre la otra) pero la plaza de interventora había sido convocada así que en marzo de este año el juzgado declara la ejecución forzosa de la sentencia en mayo de 2016, reincorporándose al Ayuntamiento que le debe la retribución de los 22 meses que estuvo sancionada.

No quiero terminar sin una referencia al caso de Beatriz Vigo, interventora del Ayuntamiento de Madrid, que sin eufemismos (cesar no es verbo reflexivo) ha sido destituida de su puesto de libre designación por la Junta de Gobierno, en su reunión del 23 de junio pasado. Sin perjuicio de la elegancia del proceso, donde no han trascendido malas formas, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena considera que ha cumplido de forma escrupulosa todos los pasos exigidos por la ley. Entre ellos, el informe preceptivo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril, de la Administración General del Estado competente en materia de haciendas locales. El dictamen llegó haciendo hincapié en la necesidad de motivar los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales, como es el caso, para evitar conductas que rayen en la arbitrariedad o desviación de poder y concluyendo que debía instruirse un expediente en el que “se determinen las causas técnicas que motivan el cese”. Desconozco si se probaron esas razones técnicas. Lo cierto es que Beatriz Vigo, a quien casi no conozco más allá de unos correos electrónicos que le cursé de invitación para conferenciar en un curso de la Universidad de Salamanca que no se realizó, ya no es la interventora del Ayuntamiento, sin alegar ninguna razón profesional. Y eso no es bueno para la gestión pública.

Cese interventora Madrid

EL NEGOCIO QUE PARA LA ADMINISTRACIÓN SUPONEN LAS OPOSICIONES.Si no sabes nada de Lengua y Literatura, quizá puedas ser profesor

27 Jul

de http://blogs.ELCONFIDENCIAL.COM/cultura/mala-fama/2016-07-27/oposiciones-lengua-literatura-profesores-no-sabes-nada_1238872/

Si no sabes nada de Lengua y Literatura, quizá puedas ser profesor

Lluvia de plazas en la educación pública después de años de precarias interinidades. ¿Quién descubre los libros a nuestros hijos? ¿Puede poner exámenes alguien que no es capaz de aprobarlos?

Foto: Oposiciones a maestro en Madrid. Foto: EFE/Fernando Alvarado
Oposiciones a maestro en Madrid. Foto: EFE/Fernando Alvarado
27.07.201605:00 H.

“En tanto que de rosa y azucena, se muestra la color en vuestro gesto”… Así empezaba uno de los textos incluidos en la primera prueba a la que se sometieron hace unas semanas los aspirantes a profesor de Lengua y Literatura en la Comunidad de Madrid. La prueba, denominada Comentario de texto, incluía dos piezas más y varias preguntas o ejercicios (análisis morfológico, localización de figuras literarias…), siendo lo fundamental que el opositor reconociera la época y hasta al autor al que pertenecían tanto estos versos como los otros dos extractos. Algunos afirmaron que el soneto era de Góngora y otros, de Lope de Vega. Que no supieran que era de Garcilaso (que es como no saber, en Matemáticas, que dos y dos son cuatro) no habrá impedido que lleven varios años dando clase de Literatura como interinos.

Alguien puede dar clase durante meses a chavales que, al final del curso, sabrán más que el profesor de la materia que les ha impartido

Esto se debe al delirante sistema de selección de profesores que impera en toda España, y que convierte las oposiciones en una prueba de resistencia que apenas guarda relación con la docencia propiamente dicha. Basta un poco de suerte, un 5.1 en 2008, para que alguien pueda dar clase durante unos meses a chavales que, al final del curso, sabrán más que el profesor de la materia que les ha impartido.

Profesores sin vocación

Recuerdo que allá en los años 90 muchos de los acababan la carrera dedicaban algunos meses a conseguir el CAP, o Curso de Adaptación Pedagógica. Pensaban que, si no encontraban trabajo de aquello en lo que se habían licenciado, quizá podrían acabar de profesores. Para opositar se pedía este Curso, que era un vergonzoso trámite de una inutilidad manifiesta. El hecho de que mucha gente vea la labor de los profesores como una salida laboral de emergencia tiene bastante que ver con la deficiente educación que reciben nuestros hijos. No parece lo más adecuado que los adolescentes pasen miles de horas al año en manos de personas cuyo único interés en las aulas fue que de algo había que vivir.

La jugada que puede poner a una persona sin vocación ni apenas conocimientos en el puesto de profesor muchas veces ocurre de la siguiente manera. Alguien con el CAP o el Máster de Formación del Profesorado se presenta a unas oposiciones después de pasar por una academia preparatoria. En ella le dan hechos los temas y le proporcionan la programación que le pedirán en la segunda prueba de la oposición. Esta programación también puede comprarse a un profesor que ya tenga la plaza (práctica cuya falta de ética no pasa desapercibida).

El opositor sin vocación alguna se estudia una decena de temas (hay más de setenta) y, si le asisten los dioses, puede encontrarse con un 5 de media

El opositor sin vocación alguna se estudia una decena de temas (hay más de setenta) y, si le asisten los dioses, puede encontrarse con un 5 de media debido a que, de los cuatro temas que se proponen a los opositores por sorteo, resulta que uno era el que más o menos se sabía. Entonces entra en la bolsa de interinos y, tras algunos meses de espera, es llamado para sustituir a una profesora que ha sido madre o a un profesor que se ha vuelto loco. Eso ya le hace ganar puntos para el año que viene. En las siguientes oposiciones se presenta y saca un cero. Ningún problema: puede seguir enseñando porque una vez sacó un cinco. Y así eternamente.

Para evitar este vicio del sistema se estableció que el profesor interino debía haber aprobado al menos una de las dos últimas convocatorias. Con esto se consiguió que los buenos profesores, urgidos de aprobar cada dos convocatorias, desatendieran sus clases para poder seguir siendo profesores. (A día de hoy se tiene en cuenta la mejor nota obtenida en las últimas cinco convocatorias.)

Miles de opositores a maestros en el País Vasco. (EFE)
Miles de opositores a maestros en el País Vasco. (EFE)

Negocio y sadismo

El negocio que para la Administración suponen las oposiciones es curioso. El organismo que las convoca cobra 77 euros (Madrid, 2016) a cada aspirante. Sólo en Lengua y Literatura se presentaron este año unas 1600 personas. Muchas de ellas no tenían otra opción. Si habían aprobado anteriormente una oposición, pero no consiguieron plaza, están obligadas a presentarse a todas las convocatorias de su especialidad hasta que finalmente la consigan. La trampa se cifra en que muchos años es imposible conseguir plaza, incluso si el aspirante obtiene un 10. El endiablado cálculo de la nota final, que incluye un “baremo” relacionado con la experiencia, favorece siempre a aquellos que llevan más años como docentes, de modo que si -como ha sido habitual hasta este mismo año- la Administración tiene la desfachatez de convocar oposiciones y ofertar solamente 5 ó 6 plazas, miles de personas deberán pagar 77 euros solamente para no quedar fuera de la bolsa de trabajo de interinos, y corriendo además el riesgo de suspender y verse necesitados de aprobar la próxima vez para no pasar a una lista secundaria.

Los opositores se pasan estudiando la mayor parte del tiempo sin saber para qué. ¿Convocarán este año? ¿Cuántas plazas? ¿Cuáles serán los criterios?

El sadismo de la Administración con los opositores es extraordinario. En primer lugar, las oposiciones se convocan por sorpresa: se anuncia en abril una convocatoria para junio cuando hace falta como mínimo un año para prepararse. Así las cosas, los opositores se pasan estudiando la mayor parte del tiempo sin saber muy bien para qué. ¿Convocarán este año? ¿Cuántas plazas? ¿Cuáles serán los criterios de evaluación? ¿Por qué hay “criterios ocultos”? Los criterios de evaluación del examen se hacen públicos en muchas convocatorias después de que se realice el examen.

El opositor no sabe qué penaliza y qué se valora, y hasta puede suspender si subraya palabras en su examen porque su tribunal considere eso “una marca”, es decir, una señal convenida con alguien que forma parte del jurado que lo evalúa (los exámenes son anónimos). Por si fuera poco desánimo, todos los años circulan rumores sobre personas que bordaron el examen como si supieran demasiado bien (“criterios ocultos”) qué les iban a pedir en él.

Los propios miembros de los tribunales reconocen que ellos mismos no serían capaces de aprobar los exámenes que van a corregir

Lo más inquietante es que la oposición para profesor de Lengua y Literatura no tiene nada que ver con ser profesor de Lengua y Literatura, pues apenas considera la realidad del trabajo que está ofertando, que es una realidad exactamente opuesta a estar en casa encerrado estudiando diez horas al día. El trabajo consiste en entrar en un aula llena de chavales con vidas, muchas veces, enormemente problemáticas.

La exigencia rayana en la paranoia que encontramos en un examen de oposición -y que encima no impide que gente que no sabe nada acabe de profesor- resulta aún más ridícula si escuchamos a los propios miembros de los tribunales reconocer que ellos mismos no serían capaces de aprobar los exámenes que van a corregir.

En fin, que nos vemos todos en septiembre.

Los funcionarios no son para el verano

15 Jul

burosEstamos en tiempos de vacaciones para los funcionarios, como para la generalidad de los ciudadanos, y la maquinaria administrativa no se para. Y sobre los funcionarios de carne y hueso, antes del advenimiento de los “funcionarios electrónicos” (que todo llegará), he mantenido una animada conversación con el jurista, funcionario y abogado, Juan Manuel del Valle Pascual,  al hilo de nuestra última obra “Los diez pecados capitales de los empleados públicos” (Amarante, 2016) y nos hemos atrevido a mantener un coloquio distendido, fruto de nuestra experiencia, sobre lo que hay de realidad y lo que hay de ficción en la percepción ciudadana de los funcionarios.

Aquí tenéis esta breve y fresca píldora del conocimiento en formato entrevista (propiciada por la Fundación Internacional OCU). Un viaje al mundo de los empleados públicos con pinceladas impresionistas pero realistas.

Espero que os guste y si queréis comentar algo pues estupendo, que todo suma.

Y si os gustó la entrevista, invirtiendo la sabiduría popular, “mil palabras pueden valer más que una imagen”, así que bien podéis adentraros a la lectura veraniega del libro que en extenso, con rigor y humor, aborda “Los diez pecados capitales de los empleados públicos” (Amarante, 2016). A golpe de click.

de http://www.ELPLURAL.com/2016/07/14/el-empresario-de-la-g-rtel-ulibarri-dice-ser-inocente-pero-por-si-acaso-va-pagando-160000

 

El empresario de la ‘Gürtel’ Ulibarri dice ser inocente … pero por si acaso va pagando 160.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción le acusa de amañar contratos con la trama, obtener ‘mordidas’ y además deducirse de ellas el IVA

    Política
Corrupción
el magnate de la ‘trama Gürtel’ José Luis Ulibarri

Jue, 14 Jul 2016

Por ir haciendo memoria: uno de los epicentros de la Gürtel en Madrid es, sin duda, Boadilla del Monte. Dentro de este municipio, el empresario por excelencia de la trama es José Luis Ulibarri, uno de los muchos empresarios que se aseguraban de que el dinero fluyese a cambio de jugosas comisiones o contratos.Pues bien, en este ambiente, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que una de las sociedades beneficiadas era UFC S.A gestionada por Ulibarri. Es más, explica cómo amañaban los contratos en Boadilla y luego se deducía en el IVA las comisiones ilegales.Este jueves, ELPLURAL.COM ha tenido acceso a un escrito del procurador que representa al magnate y empresario con el que informa a la Audiencia Nacional que, aunque Ulibarri sigue asegurando que es inocente de cualquier delito fiscal, por si al final es declarado culpable, para ir adelantando las cosas, ingresa160.000 euros en concepto de responsabilidad civil, o, dicho de otra forma, para solventar el IVA supuestamente no pagado por UFC S.A en el año 2006.

De acuerdo con el punto sexto del escrito de Acusación presentado por el Ministerio Fiscal (responsabilidad civil), se solicita que nuestro representado D. José Luis Ulibarri Cormenzana y la sociedad que representa UFC S.A, indemnicen a la Hacienda Pública en la cantidad de 160.000 euros correspondiente al IVA del ejercicio 2006 de la sociedad UFC S.A.

Escrito del procurador del empresario Ulibarri para el pago de la responsabilidad civil.

Se llevaban mordidas y se deducían el IVA

Según se puede leer en el escrito de Anticorrupción que difundió ELPLURAL.COM, en 2005 la Gürtel llegó a un acuerdo con Ulibarri para que UFC se llevará la adjudicación de una parcela en Boadilla “por un precio menor del realmente procedente a cambio de que, al menos, una parte de la diferencia entre ambos precios se entregara en concepto de comisión a algunos de los integrantes de aquella”, de la misma trama.Para cumplir con lo pactado, la Fiscalía mantiene que el magnate de la trama destinó al menos 1.000.000 de euros, del dinero que se ahorró, a repartirlos entre algunos de los hombres fuertes de la Gürtel: Francisco Gorrea, Pablo Grespo o Tomás Martín Morales.¿Que cómo lo ocultaron? Creando facturas falsas por servicios que nunca se hicieron.Por si esto fuera poco, tras conseguir la mordida, Ulibarrí habría metido esas facturas falsas en la declaración de IVA de UFC S.A del ejercicio 2006 “de modo que incrementó la cuota a devolver en los 160.000 euros de aquellas facturas obteniendo así indebidamente una devolución por ese importe”, denuncia la Fiscalía.Ahora, a espera de juicio y condena o absolución, el magnate ha decidido ir abonando esos 160.000 euros para “reparar el daño causado a la Hacienda Pública” si es que así lo ve la justicia. En resumen: él asegura ser inocente, pero por si al final no lo es, ya va pagando.
La Fiscalía reclama para Ulibarri por el asunto del amaño de la parcela un total de siete años y un mes de prisión.

Natalia Castro es redactora de El Plural

OTRAS NOTICIAS  DEL ÁMBITO DE LEÓN SANO

http://www.DIARIODELEON.ES/noticias/castillayleon/amilivia-justifica-modificados-contrato-hubu_1084086.html?utm_source=noticias_diario&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2016-07-15

 

http://www.PUBLICO.ES/politica/persona-acusacion-causa-cupula-policial.html

http://www.ILEON.COM/actualidad/064498/una-decision-de-la-junta-reabre-el-debate-sobre-la-religion-en-las-aulas

 

 

http://www.ELDIARIO.ES/politica/Albert-Rivera-permitir-liderado-Rajoy_0_536846614.html

http://www.ELPLURAL.COM/2016/07/11/miguel-arias-ca-ete-examen-ante-la-euroc-mara-por-su-implicaci-n-en-acuamed-y-los-papeles

http://www.ELPLURAL.COM/2016/07/11/nueva-manipulaci-n-en-tve-obama-que-diga-lo-que-quiera-que-rotulamos-lo-que-conviene

A VUELTAS CON LAS PENSIONES

12 Jul

rajoy jugando

Nos hemos enterado (después de las elecciones, por supuesto) en estos días que el Gobierno en funciones ha vuelto a sustraer (por expresarlo de forma fina) con alevosía, nocturnidad (“veranidad”, sería lo más apropiado) dinero del Fondo de Reserva de las Pensiones, unos 8700 millones de euros destinados supuestamente a que los jubilados cobren su paga extra del mes de junio.

Tras la cantidad – según se ha dicho, la mayor hasta el momento – retirada, sus reservas caen hasta los 25.176 millones de euros después de que Mariano Rajoy y los suyos hayan sido “pioneros” en echar mano de esta especie de hucha estatal, puliéndose la friolera de 55.901 millones de euros desde septiembre de 2012. Incluso se apunta a que si no se produce una mejora inmediata en los ingresos por cotizaciones, solo quedarían fondos para afrontar tres pagas extraordinarias hasta finales de 2017. Vamos, que si esto sigue así no sería descartable que algún día nuestros inefables pensionistas (en gran número muy peperos, dicho sea de paso) tengan que ir a cobrarla directamente a las oficinas de la calle Génova en sobres en negro…

Bromas aparte, parece claro que el oneroso rescate a la banca, el abusivo pago de la deuda (situada ya en el 100% del PIB), las sucesivas amnistías fiscales y el a todas luces vergonzoso trato recaudatorio de favor hacia las grandes fortunas amén de dejar en manos de los empresarios (cuyo único objetivo es obvio que pasa por obtener las mayores plusvalías posibles) exclusivamente la creación de un trabajo para más inri precario que apenas cotiza han ido mermando las arcas del Estado al punto de que se tenga que recurrir a este mecanismo de emergencia para paliar el desaguisado.

Seamos claros: sin un sistema fiscal progresivo y sin la creación (hasta el momento, se está repartiendo) de verdadero empleo de calidad, cuestiones tan serias como el derecho a una pensión digna no tendrán solución a corto/medio plazo. Una cuestión cuyo problema principal no es tanto demográfico como nos dicen sino más bien la perversión intrínseca del modelo socioeconómico vigente.

Porque lo peor es precisamente eso, que todo apunta a un plan premeditado desde arriba para ir cepillándose el actual modelo de pensiones públicas y obligar a todo quisque a hacerse planes de pensiones privados. Agotada la burbuja inmobiliaria para favorecer a sus compinches de las constructoras, el partido gobernante (todavía en funciones) se estaría aplicando en los últimos tiempos en generar un nuevo chollo para sus amiguetes de las aseguradoras, algo intolerable y cuasi delictivo, máxime cuando se agita el miedo para ello de forma artera y sibilina por no decir infame.

Claro que…también es verdad que el día para protestar DE VERDAD por éstas y tantas otras tropelías fue el pasado 26-J. Ahora ya es un poquito tarde y de nada vale lamentarse. Ergo, “disfrutemos” de lo votado.

RICARDO HERRERAS

 

LA DIPUTACIÓN DE LEÓN EN CAÍDA LIBRE

7 Jul

corrupcion-compra dev oluntades

SENTENCIAS EN CONTRA EN ALUVIÓN. EL RIDÍCULO ES MAYÚSCULO Y SE AGRANDA CADA DÍA. MEJOR HABRÍA HECHO MAJO EN CUMPLIR SU PALABRA Y DESJUDICIALIZAR LA DIPUTACIÓN; PERO NO HA TENIDO AGALLAS PARA DESISTIR DE LOS PROCESOS PENDIENTES Y POR ESO LE ESTÁN CAYENDO A ÉL TODAS LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS DE LAS CHAPUZAS DE LOS CARRASQUISTAS. Y MIENTRAS, EL DINERO DE TODOS SE VA EN PAGAR COSTAS JUDICIALES Y A LOS “MAGNÍFICOS” PROFESIONALES DEL DERECHO QUE LA DIPUTACIÓN CONTRATA FUERA POR UN DINERAL Y QUE SON VAPULEADOS POR LOS QUE TIENE DENTRO MARGINADOS.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN  EL DÍA 1 DE JULIO DE 2016.

ASUNTO NÚMERO 2.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES.-

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2015, por el que se delegó en la Junta de Gobierno el conocimiento de resoluciones judiciales y la adopción de acuerdos para el ejercicio de cuantas acciones judiciales y administrativas fuesen necesarias para la defensa de la Corporación en materia de competencia plenaria, se da cuenta en esta sesión de las siguientes resoluciones:

 

2.1.- Decreto nº 773/2016, de 21 de junio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, por el que se aprueba la tasación de costas, por importe de 2.739,64 €, practicada en el procedimiento ordinario nº 224/2015, seguido a instancia del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de León contra el acuerdo del Pleno Corporativo de 28 de mayo de 2014, por el que tras desestimar las alegaciones formuladas por el referido Colegio, se elevó a definitivo el acuerdo plenario de 26 de diciembre de 2013 y, en su consecuencia, se aprobó definitivamente la modificación de los arts. 8 y 9 del Estatuto regulador del Instituto Leonés de Cultura.

El Decreto trae su causa de la sentencia nº 97/2016, de 25 de enero, recaída en el citado procedimiento, que estimó el recurso y, declaró nulos el inciso final del art. 8.2 y el apartado o) del art. 9º del Estatuto de referencia, imponiendo las costas a la Diputación.

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA el abono de la citada cantidad con cargo a la aplicación presupuestaria 111-92005-22604, RC: 220160023715.

 

2.2.- Auto nº 153/2016, de 22 de junio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Valladolid), por el que se fijan las costas a satisfacer por cada una de las partes apelantes, en el procedimiento ordinario nº 734/2008, en la cantidad de 993,30 €, más el IVA correspondiente, lo que hace un total de 1.201,89 €.

El Auto trae su causa de la sentencia nº 892/2009, de 7 de abril, del TSJCyL, la cual, además de condenar a las apelantes a que pagasen a partes iguales las costas causadas en el procedimiento ordinario nº 734/2008, desestimó los recursos de apelación ejercitados por la Diputación Provincial de León y por Dª Raquel Martínez Álvarez, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de León en el procedimiento abreviado nº 349/2007, seguido a instancia de D. Adriano Álvarez Callejo en relación con el concurso-oposición para la provisión de 17 plazas de funcionarios con la categoría de limpiador/a.

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA el abono de la citada cantidad con cargo a la aplicación presupuestaria 111-92005-22604, RC: 220160024118.

 

2.3.- Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 3 de mayo de 2016, recaído en el recurso nº 3.005/2014, de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por la Diputación contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, dictada en el recurso de suplicación nº 1.200/2014, que desestimó el mismo y confirmó la sentencia de instancia -sentencia de 15 de enero de 2014 del Juzgado de lo Social nº 2 de León, que declaró vigente y aplicable el contenido normativo del IV Convenio colectivo para el personal laboral de la Diputación de León hasta que no se aprobase y entrase en vigor otro que lo sustituyera-.

El referido Auto declara la inadmisión del recurso de casación, con imposición de costas a la parte recurrente.

La Junta de Gobierno, queda ENTERADA del contenido del Auto de referencia.

Multa de 20.000 euros a la asociación de hosteleros de Valladolid por pactar e imponer precios

7 Jul

derecho a callar

de  https://www.FACUA.ORG/es/noticia.php?Id=10490

Bebida y pincho por 2,80 euros

Competencia estima la denuncia de FACUA Castilla y León a la patronal por fijar y obligar a cobrar un precio único para consumiciones en la Feria de Día, llegando a amenazar a los operadores que no aceptaban.

Multa de 20.000 euros a la asociación de hosteleros de Valladolid por pactar e imponer precios
El precio impuesto por la patronal supuso una subida de 30 céntimos respecto al año anterior. | Imagen: flickr.com/hotelfelipeiv (CC BY-NC 2.0).

El Servicio para la Defensa de la Competencia (SDC) de la Junta de Castilla y León ha resuelto sancionar con 19.895,20 euros a la Asociación Provincial de Empresarios Hosteleros de Valladolid (Apehva) por pactar e imponer precios de cara a la Feria de Día celebrada el año pasado, después de que FACUA Castilla y León denunciase ante dicho organismo la práctica llevada a cabo por la patronal.

La asociación tuvo conocimiento de un acuerdo adoptado entre los hosteleros por el cual el precio del producto que ofrecerían en la Feria sería de 2,80 euros (frente a los 2,50 del año anterior), aprovechando que el Ayuntamiento, por primera vez en cinco ediciones, no regularía dicho concepto. La participación del consistorio quedaba limitada únicamente a la cesión de los terrenos.

Por ello, FACUA Castilla y León decidió presentar una denuncia ante el órgano autonómico de Competencia correspondiente, entendiendo que la conducta de la patronal afectaba directamente a los consumidores, vulnerando sus derechos al restringir la oferta de manera ilícita mediante la imposición de un precio único.

Expediente sancionador

El escrito de la asociación fue atendido por el SDC, el cual decidió abrir un expediente sancionador que ha concluido con la imposición de una multa a la patronal de los hosteleros de Valladolid de 19.895,20 euros al considerar probado que ha infringido la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia al fijar precios de cara a las fiestas patronales de San Lorenzo. Una infracción que dicho organismo cataloga como “muy grave“.

El SDC sostiene que el acuerdo adoptado por los hosteleros constituye una “práctica anticompetitiva” que “elimina toda posibilidad de competencia entre los operadores y, asimismo, la posibilidad de elección de los consumidores a través de los precios“. Además, censura que la fijación de precios adoptada por los operadores asociados a la Apehva fuese “impuesta también a los no asociados que quieren participar en el citado Pincho de Feria 2015“.

Presiones y amenazas

Algo que, según detalla Competencia, la Apehva trató de conseguir “mediante modos coercitivos y amenazando a través de los medios de comunicación con la exclusión de aquellos operadores que sí pretendían adecuar su oferta a la libertad de precios”. En concreto, el SDC menciona las presiones sufridas por “cuatro operadores que decidieron ofertar el pincho de feria a precio inferior a 2,80 euros, con la advertencia de que si persistían en dichos precios no podrían participar en la edición de 2016″.

Un correcto funcionamiento del mercado exige que las empresas han de tener libertad a la hora de fijar su propia política comercial y de precios con independencia de las asociaciones empresariales a las que se encuentran asociadas, y éstas abstenerse de cualquier decisión o recomendación”, explica el SDC en su resolución. Medidas que, según dicho organismo, pueden constituir un “boicot” hacia un operador concreto, lo que viola gravemente la Ley de Defensa de la Competencia.

EL TRIBUNAL SUPREMO TUMBA EL ‘DESCUELGAZO’ LABORAL QUE PRETENDIÓ LA VIEJA GUARDIA DEL PP EN LA DIPUTACIÓN DE LEÓN

7 Jul

La era  de Carrasco  e inmediatos sucesores  caracterizada por el autoritarismo y total falta de diálogo en todo tipo de reformas y situaciones, incluida la materia laboral.

Una forma de gestión que ahora cuesta a los bolsillos de todos los pueblos leoneses, ya que la decisión del Supremo conlleva que las arcas provinciales se hagan cargo de las elevadas costas procesales. 

Tendrían que pagar los diputados responsables de los correspondientes equipos de gobieno del PP  de su propio bolsillo el dinero público malgastado en tantos empecinamientos judiciales y otro gallo cantaría

 

de http://ILEON.COM/actualidad/provincia/064251/el-tribunal-supremo-tumba-el-descuelgazo-laboral-que-pretendio-la-vieja-guardia-del-pp-en-la-diputacion

C.J. Domínguez | 06/07/2016 – 10:52h.

Una sentencia da la razón a UGT y CCOO sobre la ilegalidad que abanderó Jaime González, mano derecha de Carrasco y Martínez Barazón, que quiso aprovecharse de la reforma laboral para dejar sin efecto los beneficios del convenio colectivo del personal laboral de la institución provincial, que sigue siendo el mismo desde hace más de dos décadas. Más de 200 trabajadores respiran más tranquilos pero la Diputación pagará las costas judiciales.

Jaime González (izquierda), vicepresidente de la Diputación y responsable de Personal que ‘tumbó’ la ultra actividad del convenio laboral ahora rechazada por el TS, durante el mandato presidido por Isabel Carrasco.

Otra en la frente. El Tribunal Supremo acaba de dar el enésimo varapalo judicial a la Diputación de León a costa de las políticas impulsadas por las anteriores corporaciones del PP en el Palacio de los Guzmanes, sentenciando que el ‘descuelgazo’ que se quiso imponer al personal laboral en época de Isabel Carrasco y de su sucesor Marcos Martínez Barazón es absolutamente irregular y por lo tanto dejándolo sin efecto.

Algo que al menos hace respirar tranquilo a los más de dos centenares de trabajadores de la institución que mantienen la condición de ‘personal laboral’, especialmente vinculados a las estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos o a los de la Cueva de Valporquero, entre otros. Pero que tendrá un considerable coste económico para toda la provincia porque la sentencia del TS condena en costas a la Diputación.

La ofensiva contra la gestión de personal impulsada en concreto por el entonces vicepresidente y portavoz del PP, Jaime González, fue dirigida por los sindicatos UGT y CCOO, cuando tuvieron conocimiento de que González, con la anuencia de Carrasco, pretendió aprovecharse de la entrada en vigor de la última reforma laboral del Gobierno presidido por Mariano Rajoy para dejar sin efecto alguno la llamada ‘ultra actividad’ del convenio colectivo en vigor para el personal laboral de la institución provincial leonesa; es decir, que todos los laborales dejarían de estar bajo el cobijo de los preceptos laborales de ese convenio, algo que a juicio de ambos sindicatos no sólo era algo irregular sino “demencial”.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social nº 2 de León ya falló en el procedimiento nº 1176/2013 en contra de las intenciones del PP en el Palacio de los Guzmanes pero la institución, como es habitual en todos los casos, decidió primero presentar recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que también perdió, y posteriormente otro de casación ante el Supremo aduciendo unificación de doctrina que, según su criterio ahora desmontado, les permitía saltarse el convenio en el caso de todos los laborales de la Diputación.

Pero ahora el TS en un reciente auto inadmite ese recurso y le da la razón plena a los sindicatos sobre la obligatoria ultra actividad del Convenio Colectivo para los Empleados Públicos laborales, “pues desde su finalización, en 2002, y a pesar de las numerosas solicitudes, tanto verbales como escritas, para la negociación del mismo, la Diputación nunca quiso iniciar la negociación de un Convenio nuevo, pero sí dejar sin efecto el que entendíamos prorrogado” y que cumple ya más de dos décadas sin que se haya tocado una coma del mismo.

Para el comité de empresa de la Diputación, esta nueva decisión judicial vuelve a poner en tela de juicio la aureola de “buena gestión” de anteriores diligentes de la institución provincial, en referencia a Isabel Carrasco, que al contrario trató de imponer con autoritarismo y total falta de diálogo todo tipo de reformas y situaciones, y no sólo -pero también- en materia laboral. Una forma de gestión que ahora cuesta a los bolsillos de todos los pueblos leoneses, ya que la decisión del Supremo conlleva que las arcas provinciales se hagan cargo de las elevadas costas procesales.

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