vínculo a pdf artículo completo NO ME LLAMES IMPUTADO; LLÄMAME LOLA -y más
http://iniciativadebate.org/2015/03/15/no-me-llames-imputado-llamame-lola/
No me llames imputado, llámame Lola
José A. Pérez | Mi Mesa Cojea | 14/03/2015
Nadie podrá decir que el Partido Popular no cumple sus promesas. Prometió concurrir a las elecciones sin un solo imputado en sus listas, y ya lo ha cumplido. A diez meses de las generales, nada menos. Lo ha hecho de manera indirecta, eso sí: con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el viernes que sustituye el vulgar término “imputado” por el mucho más elegante “investigado”. Puro pensamiento lateral: si la política no puede cambiar la realidad, siempre te queda cambiar la semántica.
Claro que no puede decirse que se trate de algo realmente innovador, ni siquiera en nuestro país. Zapatero, sin ir más lejos, a punto estuvo de librarnos de la crisis a base de llamarla cualquier otra cosa. No le funcionó, quizá por su escaso expertise en aquello de la sinonimia, pero el esfuerzo merece ser reivindicado (en este sentido, propongo poner su nombre, Jose Luis, a una rotonda, glorieta o cualquier otra construcción vial).
La solución del PP al problema de la imputación masiva no complacerá a muchos, pero es innegable que cumple con lo prometido y abre una vía a la solución de algunos de nuestros problemas comunes. Y es que la tan esperada regeneración democrática quizá no pase tanto por las personas o las siglas como por las palabras.
Podríamos, echando mano de la soberanía popular, dar vacaciones a nuestros representantes electos y montar en el Congreso un simposio de lingüistas. Con una o dos semanas sería suficiente, un mes a lo sumo. Que ocupen los escaños y debatan qué vocablos nos están haciendo la vida imposible y por cuáles podríamos sustituirlos. Una gran brainstormingsemántico-nacional, televisada en directo por el canal 24 horas.
Qué duda cabe que, de ese debate, saldría un nuevo y mejor país. Sin presuntos ni ladrones. Sin dinero negro ni mordidas ni financiaciones ilegales. Sin brutalidad policial ni torturas ni externalizaciones.
Después de todo, ¿por qué no llamar a la corrupción primavera? O alhelí. O nomeolvides. Imagínese usted el Telediario de mañana: “Siete nuevos investigados por presunta primavera”. ¿Cómo no amar a un país con semejantes titulares?
Fuente: http://mimesacojea.com/2015/03/no-me-llames-imputado-llamame-lola/
http://www.elplural.com/opinion/imputados-o-investigados/
Opinión
LUIS SOLANA
Debate tras la Línea Roja
¿Imputados o investigados?
¿Te encuentras igual ante tus vecinos y amigos si eres imputado por un accidente de tráfico, que si eres investigado por un accidente de tráfico? No nos engañemos: no es igual.
13/03/2015
Los lectores de este blog empiezan a ser definibles: son progresistas, se quejan, creen que hay soluciones y casi nunca se salen de los términos que en un debate suelen ser aceptables. Pero hoy quiero decirles a esos lectores de este blog que hay temas delicados procesales/penales que me parece bien que tengamos el valor de analizar.
Por ejemplo: me parece bien que se pase de la definición procesal de imputado a la de investigado.
¿Nos ponemos tú y yo en la posición de un imputado por montar una bronca al presidente de la comunidad de vecinos de nuestra casa? ¿Nos ponemos tú y yo en la situación de un atropello en la calle sin datos exactos? Porque no todos los posibles delitos son de gestores políticos, no, la inmensa mayoría son de ciudadanos como tú y como yo. ¿Te parece agradable ser citado como imputado por lo que sea cuando de una duda penal se discute? A mí me parece bien esta reforma de la semántica procesal.
¿Te encuentras igual ante tus vecinos y amigos si eres imputado por un accidente de tráfico, que si eres investigado por un accidente de tráfico? No nos engañemos: no es igual.
¿Se ha hecho esta corrección para evitar que los políticos imputados pasen a ser investigados? Seguramente que es así. ¿Y qué más da? ¿Creemos que la Justicia es igual para todos? ¿Creemos que todos los delincuentes tienen que ser juzgados con la misma regulación? Pues esta propuesta de cambio semántico es positiva.
Pero que nadie frene lo que ya se está investigando (antes imputando): queremos Justicia para todos y en todos los casos.
Luis Solana es militante socialista y promotor de Nuevas Tecnologías
www.luissolana.com
Ver todos los artículos de Luis Solana.
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Gamoneda-Critica-Que-A-Podemos-Le-preocupe-El-Escano-Y-No-vn169933-vst216
LEÓN
Gamoneda critica que a Podemos le «preocupe el escaño» y no el sistema
El poeta, premio Cervantes 2006, apuesta por «hacer tambalear el sistema» pero sin «guillotina» y considera que se ha de «abolir el consumismo»
Luis V. Huerga / @luisvhuerga
19/03/2015 (17:21 horas)
“Se trata de ir contra el sistema, sin violencia. Hay que abolir el consumismo. Por ejemplo, no es necesario, es una falsa necesidad la que nos han inculcado que, cada uno, para ir a su trabajo, tiene que consumir un coche que consume petróleo”. Antonio Gamoneda, todo un premio Cervantes, que recibió en el año 2006, abre las puertas de su casa para hablar, entre otras cosas, de poesía. En varias ocasiones durante la conversación hace referencia a las “circunstancias” como elementos que sirven para la creación poética.
Habla, con su característico ritmo pausado, de “grandes multinacionales, de los mercados, de las preferentes y de los desahuciados”, pero también “de los púlpitos y de los mítines”, como una parte de la “realidad”. Por eso es inevitable profundizar con él. “Lo que está sucediendo ahora apenas es nada porque es lo mismo que, pongamos, la Revolución Francesa: el poder pasa de la nobleza a la gente del capital. Es lo mismo, pero ciertamente ahora tenemos más noticia de ello”.
Eso sí, tiene claro que ese trasvase que él atisba de poder desde los estamentos políticos, como representantes del pueblo, a las grandes fortunas, esas empresas multinacionales y los mercados a los que aludió antes, deja “pequeños corruptos”, como “Luis Bárcenas” porque “los grandes corruptos están en la cumbre de las finanzas”. Contra eso, sin embargo, parece que no hay remedio aparente. “La condición financiera, haga lo que ha, siempre será lo mismo”.
No hay remedio aparente pero el hecho de que la corrupción que se genera por el trasvase de poder de las masas a las elites es algo “más conocido” como, por otra parte, no podría ser de otra manera en la era de la información. Que se popularice el conocimiento de los desmanes de la clase política y los ricos y poderosos es algo que está generando cierta conciencia. “Yo pienso que estamos en unos términos transitorios en cierto modo prerrevolucionarios”.
El premio Cervantes Antonio Gamoneda, durante la entrevista .
Democracia «a gusto del gran poder»
Pero no se trata de “la guillotina”, sino de “hacer tambalear el sistema” dada la “inoperancia de los políticos”. “Nosotros, quienes sufrimos la presión, la gran presión de los corruptos de arriba, llámese multinacionales o como quiera, tenemos que, de alguna manera, procurar hacer tambalear el sistema porque, si no, lo que llamamos democracia será una democracia simplemente interpretada, a gusto del legislador, cuando legisla a gusto del gran poder económico”.
En este punto, se aborda con Antonio Gamoneda si, quizá, las fuerzas políticas que algunos llaman emergentes, como Podemos o Ciudadanos, pueden llegar a ser el vehículo para lograr ese fin que propone. Sobre Ciudadanos no se pronuncia. Pero sí sobre podemos. “Me pareció advertir algo de esto, ciertamente, pero ahora lo que estoy viendo es que a Podemos le preocupan los escaños, el número de votos. No es prioritario para ellos el sistema, es prioritario para ellos el sistema político y eso me desinfla un poco”, concluye.
http://www.lamarea.com/2015/03/17/venezuela-y-la-preocupacion-por-los-derechos-humanos-del-pp/
Venezuela y la preocupación por los derechos humanos del PP
17 de marzo de 2015
12:10
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Antonio Maestre 2 comentarios
MADRID// La reciente aprobación en la Unión Europea de una moción del PP para promover el respeto de los derechos humanos y la libertad de la oposición en Venezuela ha sido utilizada en España como arma arrojadiza contra Podemos. El voto en contra de la moción por parte de la izquierda unitaria en el Parlamento Europeo, formada por Podemos, Izquierda Unida y Bildu, ha servido una vez más como herramienta política interna. La moción del PP, impulsada por su erodiputado Luis De Grandes, insta al gobierno de Venezuela a liberar a Antonio Ledesma, Leopoldo López y Daniel Ceballos, además de al resto de manifestantes pacíficos y líderes de la oposición “detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, según consta en el texto de la moción. El rechazo de Podemos e IU a una moción que pide la libertad de opositores y el respeto de los derechos humanos y de la libertad de expresión, independientemente de la instrumentalización y los intereses que tienen aquellos que la presentaron, resulta de complicada defensa. Y así se ha evidenciado en la política interna española.
El respeto a los derechos humanos en los países extranjeros de los grupos políticos siempre ha sido utilizado de forma espuria para sacar rendimiento electoral de manera interna. Los derechos humanos en política sirven para ganar votos y usarlos contra los adversarios. No existe un interés real en el respeto a esos derechos y en la situación de los ciudadanos de esos países que suelen aparecer en los argumentarios partidistas. Venezuela es uno de los ejemplos paradigmáticos de esa manera de actuar. Las críticas al gobierno de Nicolás Maduro que los miembros del Partido Popular han usado, con más agresividad y presencia desde la irrupción de Podemos, no parecen importar a la hora de realizar operaciones comerciales y transacciones económicas con el gobierno bolivariano.
Venezuela y el Partido Popular
El Partido Popular, en su intento por menoscabar la imagen pública de Podemos, ha incidido, con el apoyo de los medios de comunicación afines, en la relación que en el pasado tuvieron Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Iñigo Errejon con el gobierno venezolano. El partido del gobierno critica a Venezuela para que afecte al partido de Pablo Iglesias por simpatía. Las declaraciones sobre Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Venezuela han sido de todo tipo. El pasado 12 de marzo, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso pedía la excarcelación de los opositores y que cesaran las “actitudes tiránicas” en Venezuela.
Las declaraciones del portavoz están en la misma línea de las que expresó Guillermo Mariscal, portavoz del Grupo Popular en el Senado a raíz de la detención del líder de la oposición Leopoldo López: “España siempre ha apoyado la defensa de los derechos humanos y la libertad y ha demostrado su compromiso con los valores democráticos y el rechazo a toda forma de violencia y opresión contra esos principios… compartimos la preocupación por la falta de respeto a los principios universales de la Democracia, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos en Venezuela”. Sin embargo, a pesar de ese frontal rechazo a las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo ha declarado hoy que no tiene sentido realizar sanciones contra Venezuela por parte de la UE. Obviamente si lo hicieran España tendría que dejar de vender material militar al país latinoaméricano. En el año 2012 Pedro Morenés calificó a Hugo Chávez como “gran amigo de España”, no en vano ese año Venezuela fue el mejor cliente de la industria armamentística española, al comprar material por valor de 164 millones de euros.
La moción de reprobación a Venezuela de la pasada semana incluía en uno de sus puntos que “según organizaciones locales e internacionales, un año después de las manifestaciones pacíficas más de 1.700 manifestantes se encuentran a la espera de juicio, más de 69 siguen encarcelados y al menos 40 personas han sido asesinadas durante las protestas sin que se hayan exigido responsabilidades a los autores; que los manifestantes se han enfrentado a un uso excesivo de la fuerza y la violencia sistemática por parte de la policía, de miembros de la Guardia Nacional y de grupos armados progubernamentales violentos y descontrolados”. Las manifestaciones a las que se refiere la moción comenzaron a producirse en febrero de 2014. España ya había mandado material antidisturbios y a pesar de la represión que denuncia Luis De Grandes en el texto se ha seguido mandando material de este tipo mientras han seguido las protestas.
En el año 2013, España autorizó la venta de material antidisturbios y de defensa a Venezuela por valor de 16,7 millones de euros. A pesar de que el gobierno anunció en marzo de 2014, en una nueva estrategia electoral, que dejaría de vender material antidisturbios a Venezuela, ha continuado haciéndolo en el año 2014 con una parte y suspendiendo la venta de otra por la situación en el país. En el gobierno justifican la venta de ese material diciendo que son licencias ya otorgadas en el año 2013. Según elinforme de exportaciones de material de defensa, otro material y doble uso publicado por la Secretaría de Estado de Comercio las ventas en el primer semestre de 2014 de este tipo de material a Venezuela fueron de 10.760.175 €, este montante incluye la autorización del gobierno de Mariano Rajoy de material antidisturbios al gobierno de Nicolás Maduro. Según datos del propio informe del gobierno español, se vendió el material incluido en el epígrafe “Cartuchos propulsores, materia prima para fabricar y mantener artificios pirotécnicos no letales y esposas” por un valor de 637.072 €. Los únicos países a los que España ha vendido material antidisturbios junto a Venezuela han sido Túnez, Libia y Bolivia. A estos estados el gobierno español les ha vendido camiones con cañones de agua y cartuchos lacrimógenos.
Además del material antidisturbios usado para la represión de las manifestaciones, el estado español ha exportado material de defensa para las Fuerza Armadas de Venezuela, que durante estos días han hecho maniobras. Especificamente ha exportado al gobierno de Nicolás Maduro 2.863.342 € en municiones, dispositivos y componentes y 3.488.628 € en equipos y construcciones blindadas Planchas de blindaje, construcciones de materiales metálicos o no, cascos militares, vestuario y prendas de protección. En el informe aparece la denegación por parte del gobierno del envío de 4 aviones de transporte de Sudán del Sur en aplicación de unos requisitos que no se cumplían. Entre ellos la posibilidad de que se incumpliera el respeto a los DDHH por la guerra civil que está viviendo el país. Esa denegación no existió para otros países como Arabia Saudí, a la que se vendió material de defensa por valor de 240.130.449 €.
Arabia Saudí, gobernado por un régimen dictatorial islamista, y país con el que la Casa Real mantiene una relación de amistad muy cercana, recibió aeronaves militares por valor de 223.400.368 € y bombas, torpedos, cohetes y misiles por un montante de 5.010.000 €. El gobierno de Mariano Rajoy no ha pedido en este caso que exista respeto a los DDHH ni que se deje a oposición actuar en libertad (no está permitida la oposición en Arabia Saudí). Como dijo Pedro Morenés al ser cuestionado sobre la satrapía saudí, cada país busca la mejor manera de proveer de bienestar a sus ciudadanos. En el caso de Arabia Saudí, el modo en el que el régimen islamista procura bienestar a su ciudadanía se asemeja mucho al de ISIS. Sirva como ejemplo el caso del bloguero Raif Badawi, condenado a recibir 1.000 latigazos por “insultar” al islam, o el de la decapitación pública con una espada a una mujer birmana.
Otro país con el que el Partido Popular no ha mostrado mucho interés por el respeto de los derechos humanos es Bahrein. En el informe del gobierno español aparece referenciada la venta de material de munición de artillería por valor de 26.622.200 €. La venta forma parte de los acuerdos entre España y el reino del Sheikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa. La situación de la oposición en Bahrein y del respeto de los derechos humanos en el califato quedan retratados en el informa de Amnistía Internacional del año 2014/2015: “El gobierno continuó acallando y castigando la disidencia, y restringiendo las libertades de expresión, asociación y reunión. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y mataron al menos a dos personas. Continuaban en prisión activistas de la oposición condenados en juicios injustos en años anteriores, entre ellos presos de conciencia. Se seguía torturando a personas detenidas y reinaba un clima de impunidad”. La situación de la oposición al régimen del golfo pérsico es muy complicada. El gobierno ha restringido la libertad de asociación en virtud de una nueva disposición que faculta al ministerio de Justicia a disolver asociaciones políticas por “motivos imprecisos”, según relata Amnistía Internacional. En el mismo informe alerta de la suspensión de los grupos políticos opositores, Waad y Al Wefaq. En Bahrein también se detuvo a un líder opositor. Sheikh Ali Salman fue detenido el pasado mes de diciembre por querer provocar el cambio de sistema político por la fuerza, según la acusación del gobierno. No ha habido ninguna voz dentro del Partido Popular o el gobierno que haya condenado estas actividades y haya pedido el respeto de los derechos humanos y a la oposición en Bahrein.
La política sobre los derechos humanos de un país siempre ha estado sometida a un bien superior, ya sea estratégico, político o económico. Para definir la hipocresía del PP en esta materia habría que recurrir a la célebre frase de Franklin Delano Roosevelt sobre el dictador de Nicaragua Anastasio Somoza: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.
Pasarela de Benavente: 1.800.000 euros tirados a la basura = 0 responsables
LUNES, 16 DE MARZO DE 2015
El 16 de marzo de 2015 se han cumplido dos años del derrumbe de la pasarela de Benavente. Uno (porque hay muchos) de los más claros exponentes de la mala gestión del Gobierno del Sr. Herrera, de la cultura del pelotazo y del saqueo del dinero de los contribuyentes castellanos y leoneses. Amén de la constatación del timo que supone para los ciudadanos laadministración B, ya que se vuelve a demostrar que esta estructura duplicada de la Administración le sale muy caro a la gente de Castilla y León.
Y no solo lo dice PLADEPU, sino que el propio alcalde del PP en Benavente, en la carta que éste dirigió al SOMACYL en marzo de 2014, en la que se expresaba en los siguientes términos:
“Se concluye que SOMACYL no actuó con la diligencia debida analizando en su caso la viabilidad o inviabilidad del proyecto en la ladera citada, sin analizar el entorno en el que se ubicaba la instalación a ejecutar, máxime cuando no consta la existencia de ningún sondeo en la zona del itinerario A, donde se trazaba la pasarela ahora deslizada”. “Se puede apreciar la falta de diligencia en la fase de ejecución y garantía de la obra al no apreciar ni analizar en el momento de ejecución y garantía de la obra la problemática existente en la ladera”. “Concluyendo que un comportamiento diligente… habría evitado la ruina de la obra”. Más claro agua.
Pero en el colmo de la desvergüenza, el 12 de marzo de 2015 el Consejo de Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera aprobaba otra subvención de 600.000 euros para esta pasarela. En total la Junta de Castilla y León lleva gastados 1.800.000 euros de todos los ciudadanos en tapar sus vergüenzas e ineptitudes (ya que anteriormente se aprobó otra subvención de 600.000 euros). El ciudadano no debe olvidar que ha sido un dinero gastado en nada, ya que no hay y no habrá pasarela, y el dinero desembolsado se ha destinado en estabilizar la ladera, desestabilizada por la construcción de la pasarela.
SOMACYL contrató por 600.000 euros el Proyecto y Obra de la pasarela de Benavente a la empresa del hermano del Director de la Fundación Patrimonio Natural, a la que no exigió la realización del estudio geotécnico preceptivo por ley, y precisamente la pasarela se derrumbó por un fallo geotécnico que un estudio geotécnico previo hubiera evitado.
Una de las cosas más graves del asunto es que el SOMACYL jamás ha pedido responsabilidades económicas a la empresa del hermano del Director de la Fundación Patrimonio Natural, responsable del Proyecto y de la Obra. Tampoco, Juan Vicente Herrera ha cesado a los responsables del SOMACYL, y lo que suena a chiste, es que el máximo responsable del SOMACYL sea el que suena con más fuerza para sustituir a Silván al frente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la próxima legislatura. Con el 1.800.000 de euros dilapidados en la pasarela se podrían haber pagado 600 becas escolares de 3.000 euros, por ejemplo.
Publicado por Plataforma DEPU en 23:11
http://www.elplural.com/2015/03/16/anticorrupcion-investiga-un-contrato-a-dedo-a-la-firma-fundada-por-montoro/
Anticorrupción investiga un contrato ‘a dedo’ a la firma fundada por Montoro
La Cámara de Comercio dio un contrato de 216.000 euros sin concurso a la empresa fundada por el ministro y que dirigen antiguos colaboradores suyos del Gobierno de Aznar
C.G. | 16/03/2015
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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE/Archivo
La Fiscalía Anticorrupción investiga por presunta prevaricación un contrato de 216.000 euros, rebajado posteriormente a 90.000 otorgado en 2012, a dedo, por la Cámara de Comercio a la empresa de abogados Equipo Económico, fundada en 2006 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La firma está dirigida por colaboradores de Montoro en el Gobierno Aznar
Se investiga por qué se adjudicó a dedo ese contrato sin sacarlo a concurso público, ya que la Ley establece que a partir de 12.000 euros es obligatorio recurrir a esta fórmula.
La adjudicación, que pudo a haber vulnerado la Ley de Contratos del Estado, fue cedida por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la empresa fundada por Montoro, que dirige Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda con el actual ministro durante el Gobierno de José María Aznar.
En el bufete Equipo Económico, fundado en 2006 bajo el nombre de Montoro y Asociados, trabajan antiguos colaboradores del ministro, como Salvador Ruiz, exdirector general de la Agencia Tributaria; Francisco Piedras, exdirector del gabinete de la Secretaría de Estado; y Manuel de Vicente, exjefe del gabinete Técnico de la Agencia Tributaria, según adelanta el diario El País. Montoro abandonó la empresa tras su vuelta a la política.
Como ya contó ELPLURAL.COM, Montoro montó un despacho de asesoría financiera, junto con amigos con los que compartió responsabilidades públicas, cuando abandonó el Gobierno de José María Aznar, en el que fue ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los investigadores dudan de que se hiciera el trabajo
El contrato adjudicado a la empresa de Montoro consistió en la elaboración de un documento orientativo que sirviera como borrador para la nueva ley de Cámaras de Comercio que se empezó a tramitar en 2012 y se aprobó dos años más tarde. Los investigadores han dudado de que el trabajo se haya realizado.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato a Equipo Económico se inició el 10 de enero de 2014, cuando se pidieron todos los contratos firmados por el
Consejo Superior de Cámaras con empresas y proveedores durante los últimos cinco años, entre los que figuran, además, empresas como Price Waterhouse, Deloitte, Indra y Erns and Young, entre otras consultoras. Después de catorce meses, la investigación se ha centrado en la empresa fundada por el ministro de Hacienda.
http://www.elplural.com/2015/03/15/antes-de-las-elecciones-el-gobierno-del-pp-de-madrid-compra-a-los-medios-destinando-17-millones-en-publicidad/
El Gobierno del PP de Madrid “compra” a los medios antes de las elecciones destinando 17 millones en publicidad
El PSOE tacha estas campañas de “ilegales” e “inmorales” y las ciñe a la “desesperación” del Partido Popular
JOSÉ MARÍA GARRIDO | 15/03/2015
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En compañía de Cristina Cifuentes, Ignacio González preside su primer acto de la Constitución con personalidades de la política, la justicia y la economía. Imagen: Madrid.org
16.828.515 euros. O lo que es lo mismo, 2.800.029.296 de las antiguas pesetas. Ese es el dinero público que el Gobierno de la Comunidad de Madrid destinará en las próximas semanas para vender los logros de su gestión a lo largo del presente mandato. Desde el PSOE, tachan de “inmoral e ilegal” la cantidad que el Ejecutivo de Ignacio González destinará en estas campañas de “propaganda” que verán la luz a escasos días de que la ciudadanía acuda a las urnas. Por su parte, desde el PP defiende el elevado gasto en base a la necesidad de combatir las “falsedades” que la oposición ha realizado en todo este tiempo para desprestigiar los servicios públicos de la región.
Los temas de las campañas
En total, el Partido Popular ha puesto en marcha 9 campañas publicitarias que tratan aspectos tan diversos como la difusión de los servicios de emergencia, el proceso de escolarización del próximo curso académico, el fomento de las obligaciones tributarias, la prevención de la violencia de género, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la labor realizada por parte de la Consejería de Asuntos Sociales, los diferentes programas existentes en materia de salud y prevención en la Comunidad de Madrid, las ayudas al empleo y al emprendimiento o las acciones del Canal de Isabel II.
Campañas de más de 5 millones y medio
Campañas que tendrán un coste para el erario público que oscila desde los 5.566.000 euros (lo que cuesta la campañas publicitaria sobre las acciones de comunicación del Canal de Isabel II), hasta los 490.000 euros (dinero destinado para promocionar la igualdad entre hombres y mujeres o para prevenir la violencia de género).
Las empresas adjudicatarias
9 campañas publicitarias que se reparten 6 empresas ya sea a raíz del diseño de la creatividad y producción de las campañas o en base a la compra de medios para insertar los anuncios. Las empresas adjudicatarias son Adsolut, C Doble Imagen y Comunicación, PHD Media Spain, Media Sapiens, Arena Media Communications, y Mateomateo Comunicaciones.
Relación de campañas publicitarias realizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el desglose del dinero público destinada a ellas y las empresas adjudicatarias. Elaboración propia a raíz de los datos facilitados por el GS en la Asamblea de Madrid
Duras críticas del PSOE
A lo largo de los últimos meses, el Partido Socialista ha criticado duramente el conjunto de las campañas institucionales que la Comunidad de Madrid ha programado para este año electoral. De hecho, el pasado 12 de febrero, la diputada socialista Helena Almazán, llegó a calificar este gasto en publicidad de “inmoral” e “ilegal”.
Campañas ante la “deseperación”
“Su desesperación por ganar unas elecciones, con una pésima gestión de cuatro años -y más- a sus espaldas, les ha obligado a pisar peligrosamente el acelerador. A día de hoy han adjudicado, o están a punto de adjudicar trece contratos por un importe de 17 millones de euros -o sea, 3.000 millones de las antiguas pesetas- en propaganda, señor Consejero; en propaganda ilegal”, sostuvo Helena Almazan el pasado mes de febrero.
Campañas ilegales según el PSOE
En su opinión, estas campañas contravienen lo expresado en el artículo 4 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que según recuerda la diputada socialista, “prohíbe las campañas de propaganda, que es exactamente lo que son estas campañas con el dinero de todos los madrileños”.
Uno de los anuncios en los que la Comunidad de Madrid saca pecho de haber “vuelto a bajar los impuestos”. Imagen: Madrid.org
El PP explica el elevado gasto en publicidad
Algo que desmienten desde el Ejecutivo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Según afirmó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Ossorio, en el debate que mantuvo con Almazán en la Asamblea de Madrid, su Gobierno se limita a “emplear los recursos publicitarios para ofrecer a los ciudadanos los servicios que presta”. Y lo hace, según el dirigente popular, “con más motivo que nunca por culpa de la publicidad” realizada a lo largo de este mandato por parte del Partido Socialista.
Un 0,2% del presupuesto
En opinión de Ossorio, “los madrileños han padecido innumerables campañas de desprestigio de los servicios públicos al margen de la ética y orquestadas especialmente por el Partido Socialista de Madrid”. Además, el Partido Popular minimiza los recursos empleados (un 0,2 por ciento del presupuesto de gastos no financieros) en publicitar su gestión al frente del Gobierno regional.
“Compra de medios”
Unos argumentos que no convencen al Partido Socialista. En declaraciones a ELPLURAL.COM, la diputada Helena Almazán llegó a hablar de “compra de medios de comunicación”. En su opinión, es indignante que “mientras niegan una medicina que salvaría vida a los enfermos de hepatitis C, se gasten 1.400.000 euros en decirnos que tenemos la mejor sanidad de España cuando han intentado vendérsela al mejor postor”. Además, reitera sus críticas en base al momento elegido para realizar estas campañas informativas. Y es que la mayoría de estas campañas no se han hecho en años anteriores. La de educación se hizo en 2012 y no se ha vuelto a hacer otra hasta ahora. La última respecto al pago de impuestos se remonta a 2011. De Sanidad o de emergencias no hay precedentes en el actual mandato.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/11/actualidad/1426067482_853577.html
PEDRO MORENÉS »
Morenés rechaza dar explicaciones sobre el acoso sexual a Zaida Cantera
La militar asiste con lágrimas de indignación a la intervención del ministro sobre su caso
FERNANDO GAREA Madrid 11 MAR 2015 – 19:41 CET
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La capitán Zaida Cantera, durante el debate parlamentario. / REUTERS LIVE! / SERGIO BARRENECHEA (EFE)
La capitán Zaida Cantera intentaba contener las lágrimas en la tribuna de público del Congreso mientras escuchaba al ministro de Defensa, Pedro Morenés, descalificar en el hemiciclo a quien le preguntaba por su caso. «Le pido que deje de manchar el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas en su búsqueda de autopromoción en la venta de un libro. Su enfermedad es la bajeza moral», le dijo el ministro a la diputada Irene Lozano (UPyD) que le preguntaba por el acoso sufrido por la militar.
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«La entonces capitán Zaida Cantera fue acosada sexualmente, agredida por un teniente coronel; después de que él entrara en la cárcel fue perseguida por coroneles y por generales que hasta intentaron fabricar un caso contra ella para meterla seis años en la cárcel. Por este motivo ella le pidió ayuda a usted; le escribió una carta para pedirle personalmente ayuda, y usted personalmente se la negó. Lo sangrante de este caso es que la capitán podría ser enviada hoy a zona de operaciones a una misión internacional, podría recibir la orden de combatir y podría morir en ese combate defendiendo la libertad y la seguridad de todos nosotros, defendiendo también su libertad y su seguridad, señor ministro.Ella podría morir por usted y usted no movió un dedo por ella. Esto se llama parasitar a los ciudadanos», le dijo la diputada antes de pedir la dimisión de Morenés.
La capitán, muda en la tribuna, mantenía los ojos llorosos y la boca cerrada. Y el ministro respondía sin dar explicaciones sobre el caso concreto, pero con el compromiso genérico de «tolerancia cero frente a las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo». No es posible encontrar ni un gesto de apoyo o comprensión a la militar en su respuesta burocrática y de trámite.
Morenés acompañó sus palabras con un gesto llevando el dedo índice a su boca que daba idea de exigencia de silencio a la diputada que, indignada, le pedía infructuosamente explicaciones sobre el caso. El gesto de petición de silencio provocó la solidaridad de diputados de todos los grupos, salvo el PP, con la parlamentaria de UPyD. Por ejemplo, para Gaspar Llamazares (IU) es un “comportamiento vergonzoso y debería haber sido cesado antes ahora con mucha mayor razón, porque no ha protegido los derechos de las mujeres en el Ejército y porque hoy se ha burlado de los diputados y ha mandado callar a una diputada».
Solo al final del Pleno y en medio de una notable bronca, Morenés pidió disculpas y aseguró que su gesto iba dirigido al ruido del hemiciclo. «Pido mis disculpas por haber hecho un gesto de silencio», contestó Morenés quien, sin embargo, mantuvo la acusación de «bajeza de moral» que había hecho a Lozano, a la que reprochó tener la «piel muy fina».
El ministro se disculpó después de que Irene Lozano pidiera la palabra para mostrar su disconformidad con que “el ministro nos mande callar a las mujeres y con que mande callar a las militares que sufren acoso sexual. No me pida disculpas a mí, pídale disculpas a ella y a todas las militares que sufren acoso sexual por su negligencia. Los militares no merecen tener un ministro como usted. ¡Presente su dimisión de inmediato, señor ministro!”.
Por motivos disciplinarios, la militar no quiso hablar directamente sobre la intervención del ministro. Si lo hiciera podría ser expulsada del ejército porque ya tiene dos faltas disciplinarias, una por publicar un libro contando su caso y otra por intervenir en el programa Salvados de La Sexta, pero su marido, José Lóbez, que la acompañaba, resumió su sentimiento: «No han entendido nada».
«No soy la única y por eso hay que mirar más allá de mi caso sin generalizar para ayudar a la institución», dijo solo la militar a EL PAÍS.
«Estoy orgullosa de la reacción de los ciudadanos que han entendido que esto no es un ataque al Ejército sino que se trata de destacar que hay muchos hombres y mujeres que honran cada día el uniforme», acertó a decir Zaida Cantera. Y que sus lágrimas contenidas eran de indignación.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2015/03/12/la-capitana-zaida.html
12MAR201504:53 h
La capitana Zaida
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Hemos escuchado al ministro de Defensa, Pedro Morenés, decir este miércoles en el Congreso que el Ministerio de Defensa mantiene una política de tolerancia «cero» contra el acoso sexual. Lo decía en su comparecencia en la sesión del control al Gobierno en relación con la pregunta de la diputada Irene Lozano, sobre el caso de la capitana Zaida Cantera.
Zaida Cantera, capitán del Ejército español.
Lo que no sabemos es lo que entiende el ministro Morenés por mantener una política de «tolerancia cero» con el acoso sexual dentro del Ministerio de Defensa y en qué acciones concretas se traduce esta actitud del ejercito hacia el acoso sexual y las personas que cometen este tipo de delitos dentro de sus filas.
Por ejemplo, «tolerancia cero» con el acoso sexual no debe ser conocer ni registrar los casos que se producen, porque ni las estadísticas del Observatorio de igualdad de las Fuerzas Armadas, ni los anuarios estadísticos del Ministerio recogen el número de casos o de denuncias que se producen anualmente en el ejército. Sabemos que hay acoso en el ejército español entre otras cosas porque lo contrario sería una excepción mundial. Hay acoso sexual en todos los ejércitos occidentales y la mayoría registran y estudian este fenómeno para poder combatirlo. No es el caso de nuestro ministerio de Defensa que parece no registrar este tipo de casos o al menos no los hace públicos los datos sobre este fenómeno. Deben pensar que ojos que no ven…
«Tolerancia cero» tampoco debe ser contar con un procedimiento específico para investigar las denuncias de acoso ya que, aunque desde el año 2011 existe un protocolo de acoso sexual para la Administración General del Estado, que incluye al Ministerio de Defensa, no es de aplicación en los conflictos que se produzcan entre militares. Este protocolo excluye expresamente los casos como los de Zaida Cantero, con el argumento de que ya existen canales para denunciar este tipo de delitos. Estos canales reglamentarios del ejército consisten en presentar una queja ante el superior jerárquico. Claro que este superior jerárquico suele ser el denunciado en este tipo de casos, pero debe ser que al Ministro esto no le debe parecer importante, en lo tocante a la «tolerancia cero».
Nos queda que «tolerancia cero» sea que se aplican castigos ejemplares a quienes cometen abuso sexual o por razón de sexo en el Ejército, pero me temo que esto tampoco va a ser. De hecho el Código Penal Militar actualmente en vigor no se incluye el acoso sexual como delito. Sí se ha incluido en el proyecto de nuevo código militar que se está debatiendo actualmente, pero incluso pasando por alto el hecho de que aún no ha entrado en vigor, su aplicación no supondrá en sí misma modificación alguna en el procedimiento de denuncia e investigación del acoso y los abusos sexuales o por razón de sexo, por lo que cuesta imaginar cómo puede mejorar la situación actual en este tema.
Así que no. No parece haber «tolerancia cero» a los abusos sexuales en las Fuerzas Armadas españolas, a no ser que esta expresión tenga el significado de mandar callar a las mujeres que denuncian y a las diputadas de las apoyan, como parece haber querido hacer el ministro Morenés en sede parlamentaria.
Morenés manda callar a una diputada.
Desde el año 2011, la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas españolas está disminuyendo. La participación de mujeres ha bajado particularmente entre la tropa y la marinería volviendo a niveles y una proporción de mujeres similar a la que había en el año 2006. No sé qué interpretación le dará el ministro de Defensa a este dato, pero seguro que según su particular comprensión de las cosas, seguro que piensa que esto no tiene nada que ver con la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas. Es la ventaja que tiene no tener que demostrar ni hacer lo que se dice, y este parece ser el criterio que mayoritariamente está aplicando últimamente en el desarrollo de las políticas de igualdad.
El marido de Zaida Cantera tilda de “sinvergüenza” a Morenés por decir que “los protocolos funcionan”
La oficial acosada agradece a los españoles su apoyo a la «dignidad» de las mujeres en el Ejército
ELPLURAL.COM/EFE | 11/03/2015
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La capitán del Ejército Zaida Cantera tras asistir en la tribuna de invitados del Congreso, que hoy celebra sesión de control. EFE
La comandante del Ejército Zaida Cantera ha agradecido a la sociedad española su respaldo a la “dignidad” de las mujeres en las Fuerzas Armadas mientras que su marido, José Lóbez, oficial en comisión de servicios, ha llamado “sinvergüenza” al ministro de Defensa, Pedro Morenés.
Zaida Cantera, que cuando sufrió el acoso sexual era capitán, sólo ha tenido palabras de elogio a todos los que le han apoyado en este proceso y han evitado que entrara en prisión, y lo ha hecho en declaraciones a los medios en la puerta del Congreso tras concluir la sesión de control a la que ha asistido como invitada para escuchar la pregunta que le ha planteado UPyD al ministro sobre el acoso sexual en las Fuerzas Armadas.
El Régimen militar restringe la libertad de expresión
Cantera, de baja médica tras denunciar haber sufrido acoso sexual y laboral en el Ejército, ha recordado que no puede hablar libremente porque el Régimen Disciplinario militar restringe, entre otros derechos, el de libertad de expresión. Por eso no ha dado su opinión sobre la respuesta que ha dado Morenés a la diputada de UPyD Irene Lozano, dando lugar a una situación muy bronca en la Cámara, ni tampoco si piensa reincorporarse.
Pero sí ha dicho que hay que mirar más allá de los cuarteles porque pueden parecer algo admirable “y muy bonitas como las pirámides de Egipto”, pero hay que pensar “quién las construyó y en qué condiciones”. Ha insistido también en que se siente “orgullosa” de todos los españoles, “son tremendos”, ha recalcado.
Su marido tilda de “sinvergüenza” al ministro
Su marido, en cambio, sí ha arremetido contra el ministro de Defensa, Pedro Morenés, a quien ha llamado “sinvergüenza” y ha lamentado que las mujeres del PP hayan aplaudido su réplica en el Congreso. ”Me parece increíble que diga que hay unos protocolos y que funcionan”, ha exclamado tras señalar que no entiende a los políticos. “¿Para esto sirve el Congreso, para ocultar delitos?, se ha preguntado.
Ni su mujer ni él, que también es comandante, se van a reincorporar al Ejército, ha dejado claro, porque en esta situación a la que se ha llegado les miran “demasiados ojos” y se sienten todavía perseguidos.
Amenazas
Según ha dicho, todavía reciben amenazas de los compañeros del coronel Isidro José de Lezcano Múgica, condenado a dos años y diez meses de prisión por delito de “abuso de autoridad”, con trato degradante. Además, está convencido de que si volviera al Ejército iría directo a la cárcel por todo los que ha dicho en apoyo de su esposa y él pretende, como ha dicho a los periodistas, seguir “sirviendo” a su país aunque sea a través de su puesto de funcionario en una administración.
http://www.elplural.com/opinion/el-teniente-gonzalo-segura-tratado-como-un-delincuente-peligroso-su-pecado-destapar-corrupcion-y-abusos/
Opinión
Firmas Los Calvitos El Análisis Por Consiguiente Tribuna Libre Blogs
ENRIC SOPENA
Cabos Sueltos
El teniente, Gonzalo Segura, tratado como un delincuente peligroso; su ‘pecado’, destapar corrupción y abusos
Rajoy protege a Morenés, el aristócrata de las ‘bombas racimo’
13/03/2015
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Y, mientras tanto, el teniente Luis Gonzalo Segura, autor del libro Un paso al frente, sigue encarcelado. Ni ha robado, ni ha mentido, ni ha practicado violencia alguna ni se ha dedicado al acoso sexual. Está siendo tratado como un delincuente peligroso por el Gobierno popular.
El arte de no mirar
Pero los máximos responsables de las fuerzas armadas -desde Su Majestad el Rey al ministro de Defensa, pasando por el presidente del Gobierno- miran todos hacia otra parte. Rajoy Brey, sin duda, es un especialista en el arte de no mirar todo aquello que pueda molestarle o crearle problemas.
A los mandamases
No quieren los mandamases que se lea el citado libro. Gonzalo Segura ha sido condenado a los infiernos. Su pecado es el de destapar casos de corrupción y de abusos en los cuarteles. El mundo de los uniformados tiende a funcionar al revés. En cuanto a corrupción y abusos, el PP sabe muy bien qué es eso.
Bono y Chacón
Atacan vilmente determinados militares del Estado Mayor al mensajero. Y aplauden por hacerlo. No son este tipo de militares mayoría. En conjunto, se ha mejorado, y mucho, en las Fuerzas Armadas. Con el Gobierno actual, Defensa ha destrozado el excelente trabajo de José Bono primero, y después el brillante de Carme Chacón.
Insoportable tufillo
Sin embargo, el insoportable tufillo de la dictadura no ha desaparecido a la velocidad debida. El juez militar Miguel Ayuso dijo públicamente que la Guerra civil no fue una Guerra civil, sino una Cruzada. Y exhibió, como hace siempre, su ideología de extrema derecha.
No lo olvidaremos…
Cargó contra la Corona y contra la Constitución. Rajoy y Morenés, el aristócrata del Antiguo Régimen, fueron generosos y protegieron al tal Ayuso. Hay cosas, evidentemente que conviene no olvidar. Pero no olvidaremos nunca más elcaso de la capitana Zaida Cantera, casada con un comandante progresista.
Y a sus órdenes
El negociante de los racimos de la muerte es ahora ministro del Gobierno popular. La ignominia de Morenés ha sido avalada –así gobierna don Mariano- por el presidente. En la derecha española, hay demasiado facherío.
¡Tarancón al paredón!
Son los mismos, los que gritaban: ¡Tarancón, al paredón! Desde ELPLURAL.COM defendemos al teniente Gonzalo Segura y también a la capitana Zaida Cantera. ¡A sus órdenes mi teniente, y a sus órdenes mi capitana!
Enric Sopena, director de ELPLURAL.COM
En Twitter es @enricsopena
Ver todos los artículos de Enric Sopena.
http://www.publico.es/opinion/cambio-renunciamos-jurisdiccion-universal.html
Publicado: 13.03.2015 18:00 | Actualizado: 13.03.2015 18:00
¿A cambio de qué renunciamos a la jurisdicción universal?
Los diarios Público.es, El Diario.es, El Plural.com e Infolibre.es publican conjuntamente este artículo y este vídeo con motivo deI aniversario de la reforma de la Jurisdicción Universal
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La fiscal Dolores Delgado y el magistrado Baltasar Garzón. /EFE
DOLORES DELGADO, Fiscal
BALTASAR GARZÓN, Magistrado
«La soberanía nacional reside en el pueblo español», lo dice nuestra Constitución, también señala que de éste, del pueblo, emanan todos los poderes del Estado. Resulta que la jurisdicción, entendida como facultad o potestad de juzgar, es una de las expresiones de la soberanía nacional. Por eso cuando ésta se limita lo tiene que ser por razones de imperiosa necesidad y además precisa de un amplio consenso entre los representantes del pueblo, y requiere de una transparente explicación.
En 1985 se aprobó una ley por la que se ampliaba el ámbito de la jurisdicción española a base del principio de persecución universal para determinados delitos de extraordinaria gravedad (crímenes de genocidio, guerra, contra la humanidad y delitos referidos al núcleo duro de la delincuencia organizada transnacional como el terrorismo y el narcotráfico) porque, tal como dice la jurisprudencia española, era necesario su reconocimiento «para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los delitos propiamente internacionales».
La jurisdicción española no podía permanecer silente ante tanto atropello e indiferencia
Fue, precisamente, esa ley la que permitió que se iniciaran en nuestro país los procedimientos penales para investigar crímenes de genocidio, torturas, lesa humanidad y de guerra en defensa de miles de víctimas y contra quienes desde el poder habían violentado la confianza de sus ciudadanos y habían quebrantando el mandato constitucional de protegerlos en sus países de origen.
Crímenes masivos perpetrados por los represores argentinos y chilenos durante la dictadura de las Juntas Militares y Pinochet, respectivamente; crímenes impunes por las leyes de perdón y obediencia debida que habían dejado miles de hombres y mujeres desaparecidos, muertos,torturados sin medida, niños robados y decenas de miles de exiliados con la aquiescencia de países como Estados Unidos de Norteamérica, bajo el mantos de la doctrina de la llamada «Seguridad Nacional» propagada por la Escuela de las Américas.
Fueron las decisiones de jueces comprometidos y valientes los que en 1998 decidieron que la jurisdicción española no podía permanecer silente ante tanto atropello e indiferencia; fueron momentos en los que el Tribunal Constitucional dio la talla al acoger el principio de jurisdicción universal puro, como mecanismo imprescindible para luchar contra la impunidad y ofrecer una protección integral a las víctimas.
Los llamados «Juicios de Madrid» impactaron al mundo del derecho y de los derechos humanos. Por fin la Justicia escribía su historia con letras mayúsculas, por encima de intereses políticos, diplomáticos y económicos. El Poder Judicial se elevó al nivel constitucional que tiene encomendado, enfrentándose al poder arbitrario y criminal de quienes masacraron a miles de víctimas. Éstas encontraron en la Justicia la reparación tantas veces negada por las instituciones. Parecía que la civilización se imponía frente a la barbarie. Esta situación se extendió y prendió en muchos países y, sobre todo, transmitió un contundente mensaje frente a quienes no ponían más límite que el de su voluntad en el ejercicio de la violencia y el poder.
El «riesgo» de inestabilidad política era proclamado con argumentos tan pueriles como falsos
También y al amparo de esa jurisdicción universal, España persiguió a miles de narcotraficantes y terroristas, contribuyendo a una efectiva cooperación judicial para evitar los espacios de impunidad que con tanta facilidad se dibujaban y aún se confeccionaban para proteger a quienes perpetraban, financiaban o se aprovechaban de este tipo de crímenes masivos.
Pero el camino iniciado en la segunda mitad de los 90, se anduvo con dificultad, pero superando los obstáculos y las trampas de quienes no querían ni deseaban su consolidación. Para ellos, este principio y la interpretación progresiva que se le daba, era un auténtico «riesgo», como lo eran quienes lo aplicaban. El «riesgo» de inestabilidad política era proclamado con argumentos tan pueriles como falsos.
Bajo la excusa de la territorialidad y la soberanía nacional, se escondían puros intereses económicos y políticos. Nuevamente, se trataba de proteger a los más poderosos abandonando a las víctimas a su suerte. Afortunadamente, el esfuerzo realizado había prendido en varios países, de ahí que el primer golpe de mano dado arteramente a la Jurisdicción Universal en España, no produjera los resultados que esperaban quienes lo propiciaran.
En el año 2009 y fruto del acuerdo de los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, por razones no explicadas pero por todos conocidas y relacionadas con algunos casos especialmente llamativos de crímenes presuntamente cometidos por militares israelíes en Gaza y las torturas imputables a altas autoridades estadounidenses el centro de detención de Guantánamo, se cercenó el ejercicio de esa jurisdicción al exigir una conexión nacional o vínculo de España con el hecho perseguido. No obstante, al existir una posibilidad de interpretación proactiva y en beneficio de la investigación, muchas víctimas siguieron mirando a España con esperanza y muchos de los mandatarios sospechosos de actos criminales lo hacían con temor.
La orden de archivo de todos los procedimientos de justicia universal invadía claramente competencias exclusivas de los jueces
El abandono del liderazgo español en la aplicación de la Jurisdicción Universal se consumó abruptamente, después de que las autoridades chinas pusieran en cuestión a los jueces españoles por emitir órdenes de detención internacionales contra altas autoridades chinas, supuestamente relacionadas con el genocidio tibetano, investigado por la Audiencia nacional. El 13 de marzo de 2014, a propuesta del Partido Popular y siguiendo un procedimiento «expres» de tramitación, que evitaba informes que en otro caso se hubieran precisado, el partido en el Gobierno impuso su mayoría absoluta, como lo hiciera en 2003 para entrar en la ilegal guerra de Irak y consumó legalmente el «crimen» contra toda la ciudadanía española y contra todas las víctimas de los peores crímenes diseñados por la mente humana que, a partir del día siguiente gozarán con altas probabilidades de impunidad. La doctrina que la Justicia española impartió y extendió durante 15 años en todo el mundo, y que ha sido seguida por otros sistemas legales y judiciales, quedó pulverizada, consumando con ello la inverosímil decisión del Tribunal Supremo, que dos años antes había sepultado definitivamente toda posibilidad judicial de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas.
La orden de archivo de todos los procedimientos de justicia universal, recogida en su disposición adicional, invadía claramente competencias exclusivas de los jueces. No obstante, algunos de ellos, se rebelaron y apelaron a la interpretación propositiva de los convenios internacionales vinculantes para España y a la doctrina constitucional vigente desde 2005 y mantuvieron abiertos los procedimientos, consiguiendo que la debacle no fuera absoluta.
No obstante, de nuevo el Tribunal Supremo, poco proclive, desde siempre, al ejercicio real de la jurisdicción universal, la restringió en lo referido a los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra y amparando al legislador, dio una interpretación favorable a la jurisdicción española en los casos de narcotráfico, después de que varios jueces de la Audiencia Nacional pusieran en libertad a múltiples imputados que claramente resultaban impunes con la nueva ley. De nuevo la discriminación en detrimento de los más débiles y en beneficio de unas instituciones (legislativas y ejecutiva) que no estuvieron a la altura para proteger a las víctimas, se unió a la torpeza de quienes por razones poco éticas, emplearon un mecanismos que generó más dificultades que beneficios. Inercia a la que no escaparía el terrorismo y el combate de las organizaciones internacionales que lo practican.
En el caso de Guatemala, hubo más de 250.000 víctimas y muchas de ellas, antes de morir, fueron objeto de graves torturas
La nueva ley se desentiende de miles de víctimas que buscaban justicia y ha cedido espacios a la impunidad.
El Tribunal Supremo ha puesto «de manifiesto lo confuso de tal regulación, lo que ha originado que las líneas interpretativas en esta materia, tan sensible en el ámbito internacional, no se hayan producido con la deseable claridad» (STS 23-7-2014).
Y, en este contexto, ¿qué ha pasado con los casos abiertos por crímenes contra la humanidad en la Audiencia Nacional? ¿Cuál es el balance tras un año de desesperanza?
En el caso del genocidio de Ruanda, que se había iniciado para investigar el asesinato de nueve ciudadanos españoles que se encontraban desplegando su actividad como misioneros y cooperantes, el objeto de la investigación hacía también referencia al «exterminio de forma sistemática y jerarquizada de cerca de 4.000.000 seres humanos», tanto personas refugiadas hutusruandeses como población civil congolesa en su mayoría hutus. En aplicación de la nueva normativa y tras avatares jurídicos se acordó el archivo definitivo respecto de todos los procesados por los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
En el caso de El Salvador, el procedimiento que se había iniciado para investigar el asesinato de los sacerdotes jesuitas de origen español y salvadoreños a manos de miembros del ejército salvadoreño con la motivación política de que se trataba de defensores de los derechos humanos, el procedimiento se encuentra paralizado para saber si se cumple o no con esa nueva norma.
En el caso de Guatemala, hubo más de 250.000 víctimas y muchas de ellas, antes de morir, fueron objeto de graves torturas. De ellas, más de 45.000 siguen desaparecidas. Cerca de un millón y medio de desplazados internos y unos 150.000 que buscaron refugio en México, también fueron torturados. Unas 430 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado unas 667 masacres. El 93% fue perpetrado por agentes del Estado guatemalteco. El 83% de las víctimas eran mayas, el 17% ladinos. En su conjunto, pese al tiempo transcurrido, tales hechos no han sido investigados por las autoridades guatemaltecas, hallándose paralizado el juicio contra el general Ríos Mont, que ejerce una evidente coacción a la Justicia. El procedimiento en España se encuentra parado a la espera de conocer aspectos procesales que quizá nunca lleguen.
En el Sáhara se produjeron bombardeos contra campamentos de población civil
En el caso de Carmelo Soria, los hechos que se investigaban se referían a su asesinato en 1976. De nacionalidad española, trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina), a manos de miembros de la D.I.N.A. de Chile, algunos de ellos integrantes de la “Brigada Mulchen”. Los hechos fueron considerados como un delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detención ilegal. Actualmente, el procedimiento se halla archivado y pendiente de que surja alguna cuestión procesal que pueda otorgar la competencia para poder concluir la investigación que estaba en su fase final.
En el caso del Sáhara, la querella se presentó denunciando la represión ejercitada desde el año 1975 hasta el año 1990 por el Ejército y Policía Marroquíes contra el pueblo saharaui en el territorio del Sáhara Occidental. Desde la ocupación por Marruecos del Sáhara Occidental, hasta 1991 (fecha del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario) se produjeron, de una manera generalizada por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes, bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas de origen saharaui y en base precisamente a dicho origen. Además de las detenciones, se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio y torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros de detención, ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos. En este caso, a partir de la consideración del Sáhara como territorio español de iure, aunque no de facto, y que sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, se puede continuar la investigación.
En relación al caso de Guantánamo se ha preguntado a las autoridades estadounidenses si en aquel país se sigue algún procedimiento. El caso está paralizado, a pesar de que una de las víctimas de torturas sistemáticas, es española.
La Audiencia Nacional estudia si España es competente para investigar los hechos del caso Couso
En el caso Couso, se sigue el procedimiento contra tres militares norteamericanos supuestamente responsables de la muerte del cámaraJosé Couso: teniente coronel Philip de Camp, capitán Philip Wolford y sargento Thomas Gibson, al ordenar y disparar el cañón de 120 mm del vehículo tanque Abrams M1 contra la planta 15 del Hotel Palestina de Bagdad, ocupado por la prensa internacional que cubría la invasión de Irak por las fuerzas internacionales. A consecuencia del impacto el periodista español José Couso Permuy fue alcanzado por la metralla falleciendo varias horas después en el hospital Ibn Nafis. También falleció el reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk y resultaron heridos otros tres periodistas, Samia Najl, Paul Pasquale y Faleh Kheiber. De momento se ha permitido la continuación del procedimiento hasta que la Audiencia Nacional decida si España es competente para investigar los hechos.
En el caso de Tibet, los hechos se referían a los crímenes cometidos como consecuencia de la dominación de la República Popular de China en el Tibet, y su ocupación militar, entre el período comprendido entre 1950 y 1979. Como consecuencia de la ocupación y de la imposición de la ideología comunista (transformación comunista de una sociedad eminentemente entregada a la fe budista), se produjeron hechos constatados por la Comisión Internacional de Juristas tales como la pretensión de destruir el grupo budista existente en el Tibet a fin de eliminar la práctica de su religión, empleando métodos como dar muerte a sus dirigentes más representativos, en especial los lamas. La campaña comunista en el Tibet tuvo efectos devastadores según el Comité Preparatorio de la Región Autónoma de Tibet, que refleja la amenaza a la existencia del pueblo tibetano y al budismo, denunciando que miles de tibetanos murieron por la campaña ideológica de la supresión de la rebelión tibetana desde 1959.
Desde la ocupación del país por la República Popular China y hasta el año 1979 se sucedieron los crímenes genocidas, asesinatos, muertes ocasionadas por la práctica sistemática de la tortura en prisión y centros de detención, purgas o sesiones públicas de degradación, crímenes desapariciones forzosas, ejecuciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad; continuándose produciendo estos hechos en los años sucesivos a 1979. A consecuencia de la nueva ley el procedimiento es archivado definitivamente. Los representantes de las víctimas han recurrido esa decisión.
Después de años aportando pruebas la Audiencia Nacional acordó archivar el caso Falun Gong
En el caso de Mauthausen se investigaban los graves hechos criminales constitutivos de delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, cometidos en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg bajo el régimen nazi. En dichos campos prestaron servicios como guardias armados pertenecientes a las SS Totenkopf, dos de los individuos identificados serían residentes en Estados Unidos. Se acordó el sobreseimiento y archivo de la causa al faltar los presupuestos para el ejercicio de la jurisdicción por nuestros tribunales previstos en la nueva regulación del art. 23.4 LOPJ.
El caso Falun Gong también ha corrido la misma suerte. Se trataba de investigar la actuación de los mandatarios chinos decididos a erradicar a los practicantes de Falun Gong. Se trata de una práctica centenaria basada en las libres creencias espirituales muy popularizada. Se creó por el Gobierno chino una oficina de control para erradicarlos con el pretexto de su orientación política subversiva y contraria a los principios del régimen comunista. Para ello no se duda en someter a torturas a sus practicantes para acabar con ella. La consecuencia de ello son 200 muertos tras torturas, pérdida de empleo al que no renuncia, internamiento en campos de trabajos forzados; y se culmina con el asesinato de unas tres mil personas. Después de años aportando testimonios y pruebas sobre tales terribles y atroces hechos, el 15 de Julio del 2014 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el archivo del procedimiento por falta de jurisdicción sobrevenida tras la reforma operada por la ley orgánica 1/2014.
La justicia federal argentina nos ofrece una lección muy dura para España
En el caso de los vuelos de la CIA se investigaban las posibles detenciones ilegales cometidas en nuestro país en esos vuelos. Se trataría de las detenciones al margen de cualquier ordenamiento legal efectuadas por agentes estadounidenses de la CIA y los traslados a centros de detención y las escalas de los vuelos en territorio nacional. En fecha 3 de septiembre del 2014 se acordó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones y la causa se encuentra pendiente de recurso de casación.
Mientras tanto, la justicia federal argentina nos ofrece una lección muy dura para España. Ante la renuncia a investigar los crímenes franquistas y el desamparo de mas de 150 mil víctimas, se abrió en 2011 procedimiento en averiguación de los autores de esos crímenes y se han emitido diversas órdenes de detención que España ha rechazado. No obstante, y siguiendo las guías marcadas por los organismos de Naciones Unidas que señalan la impunidad española, el procedimiento continua y en algún momento podrá quizás acontecer lo que sucedió con los represores argentinos, en su momento.
Los espacios de impunidad en España se han ampliado, sin saber bien a cambio de qué; pero el combate contra los mismos, sigue, una vez más, de la mano de las victimas que siguen mostrándonos el camino con la dignidad que les falta a quienes deberían defenderlas.
http://plataforma.quieroauditoriaenergetica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24:inventa&catid=14&Itemid=151
http://noticias.juridicas.com/actual/4617-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-reforma-de-la-lecrim.html
El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
13/03/2015 [15:26] h.
Origen: Redacción NJ
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos Proyectos de Ley (uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria) que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A partir del Anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre de 2014, se ha escindido su contenido en dos ámbitos: el Proyecto de Ley Orgánica se refiere a la regulación de las cuestiones que afectan a derechos fundamentales, como el estatuto del investigado y las diligencias de investigación tecnológica; mientras que el Proyecto de Ley ordinaria afecta a las cuestiones de índole procesal, como las medidas de agilización de la justicia penal y otras garantías como el proceso monitorio penal, la generalización de la segunda instancia y la ampliación del recurso de revisión.
Objetivo de la reforma
El objetivo de esta reforma es agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del investigado, establecer un nuevo marco procesal del decomiso y regular las medidas de investigación tecnológica, carentes de marco legal por tratarse de una ley aprobada en 1882.
Igualmente, en el ámbito de lasmedidas contra la corrupción que pretende implantar el Gobierno, se quiere facilitar a jueces y fiscales herramientas eficaces en la lucha contra este tipo de delitos.
- Medidas de agilización procesal
Entre las medidas previstas para la agilización de la justicia penal figura la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que cada delito dará lugar a la formación de un único procedimiento.
La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios.
Atestados policiales sin autor conocido
Los atestados policiales sin autor conocido (salvo que se vea comprometida la vida, la integridad física o la indemnidad y libertad sexuales), no se remitirán a los Juzgados, donde son archivados inmediatamente, sino que serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales. Esto contribuirá a descongestionar los juzgados de expedientes que generan tareas meramente burocráticas, lo que permitirá a los jueces centrarse así en las investigaciones.
Plazo de instrucción de los procedimientos
Se sustituye el inoperante plazo de un mes previsto en la actual LECrim para la instrucción de los procedimientos por plazos realistas, transcurridos los cuales se deberá decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables por otro plazo similar. En ambos casos, por razones excepcionales el juez podrá acordar una nueva prórroga por el tiempo que precise para poner fin a la investigación.
Se considerarán complejos los delitos cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.
El sistema de plazos, del que será garante el Ministerio Fiscal, favorecerá la mayor agilidad en las investigaciones, al evitar instrucciones interminables que dificultan el enjuiciamiento de los responsables.
Proceso monitorio penal
Se establece un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por su abogado, acepte la pena solicitada. Este proceso permitirá una rápida respuesta penal para delitos como el de conducción bajo los efectos del alcohol y aligerará, por tanto, la carga de los juzgados de lo penal.
- Fortalecimiento de las garantías procesales
Del «imputado» al «investigado» o «encausado»
Se pretende evitar el carácter negativo atribuido al término «imputado» a pesar de que, en realidad, el proceso aún no se ha dirigido formalmente contra él.
Para ello se propone la sustitución del término «imputado» por «investigado» durante la fase de instrucción y por «encausado» tras el auto formal de acusación aclarará el momento procesal exacto en el que nos encontramos y permitirá darle a cada uno de ellos el sentido real que tienen.
Segunda instancia penal
Dado que no se han desarrollado las previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal, previstas en la LOPJ, el Proyecto de Ley fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal.
En caso de valoración de la prueba, la Audiencia tiene potestad para devolver las actuaciones al Juzgado que dictó la sentencia, instándole a una nueva valoración de la prueba o, en su caso, a la celebración de un nuevo juicio.
Cumplimiento de las sentencias del TEDH
Tal como ya había acordado provisionalmente la Sala de lo Penal del TS, se establece el recurso de revisión como vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren que se ha vulnerado el Convenio Europeo de DDHH en un procedimiento penal.
Esta propuesta conlleva una modificación de los motivos por los que se puede impugnar una sentencia penal por esta vía excepcional. Así, se incorpora el supuesto como habilitante del recurso de revisión, lo que permitirá reclamar la nulidad de una sentencia nacional.
Derecho de asistencia letrada
La reforma tiene en cuenta la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales para realizar una regulación sistemática del derecho a la asistencia letrada, con expreso derecho a la entrevista reservada antes del interrogatorio policial.
- Medidas de investigación tecnológica
El Gobierno considera que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha quedado especialmente desfasada en lo relativo a las medidas de investigación. Por ello, aunque la jurisprudencia había ido supliendo los cambios que se han producido en materia de investigación de las comunicaciones desde que se promulgó la norma en el siglo XIX, se considera inaplazable su adecuada regulación legislativa.
Intervención y registro de comunicaciones y captación de imágenes
Por ello, el artículo 579 de la LECrim se complementará con una nueva redacción del Título VIII del Libro II de dicha norma en el que se incluyen las nuevas tecnologías. Se dividirá en cuatro apartados:
- Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas;
- Captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos;
- Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes;
- y registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.
La regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos siguientes: los castigados con una pena máxima de, al menos, tres años de prisión, los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, los de terrorismo, y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.
El Proyecto de Ley establece que en ningún caso la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, salvo que estos estén también encausados por los hechos investigados.
- Nuevo marco procesal del decomiso
A fin de hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva, el artículo 803 de la LECrim regulará un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. Se podrá actuar contra todo el patrimonio del penado e incluso decomisar bienes de origen ilícito puestos a nombre de terceras personas.
La medida se completará con la reforma del Código Penal y la futura creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Ambos frentes permitirán agilizar la gestión con criterios mercantiles de estos bienes decomisados y que el Estado pueda obtener con ello un beneficio económico que redunde en el pago de indemnizaciones a víctimas, desarrollo de proyectos sociales y la lucha contra el crimen organizado.
Tramitación del proyecto
Según fuentes del ministerio de Justicia, se espera que el Proyecto sea calificado esta semana en el Congreso para iniciar su tramitación. De cumplirse los plazos previstos y habilitarse julio como período de sesiones, el Proyecto podría quedar definitivamente aprobado a finales de ese mes de julio. En otro caso, se prevé que quede aprobado en septiembre
leonsano 
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