Nidos infestados de parásitos, trincones e ineptos al albur del Taifa de turno, el origen de las CCAA (ésas que corroen nuestra economía, nos atracan con impuestos semi confiscatorios y deterioran nuestra convivencia enfrentándonos los unos con los otros) no fue, como afirman sus palmeros, una demanda del pueblo español (el desinterés de éste quedó patente en la escasa participación registrada en los referéndums de ratificación de los diferentes estatutos autonómicos) durante la Transición. Fue en realidad un chapucero constructo frívolamente impulsado y peor planificado por el equipo que rodeaba a Adolfo Suárez con el que (a la vez que se dejaba atrás la estética unitaria del Régimen anterior, se creaba un aparato burocrático donde colocar a los oportunistas/enchufados de la recién nacida partitocracia) contentar a los nacionalistas a base de ingentes privilegios que se intentaron disimular equiparando al resto de regiones con la cínica fórmula del “café para todos”.
Cuarenta años después, el Estado Autonómico (a medio camino entre el Estado unitario y el federal) ha desvertebrado a la sociedad española: que en algunos territorios surjan generaciones enteras (de)formadas en un obsesivo odio a España por mor de una visión tergiversada, provinciana y hasta pueril de la Historia es el resultado previsible de dejar las competencias educativas en manos de tanto desaprensivo. Ha profundizado en las tendencias centrífugas de los nacionalismos periféricos creando de paso artificiales (por no decir esperpénticos) sentimientos nacionalistas en regiones donde éstos eran antes residuales. Lejos de acercar el poder al pueblo, ha promovido el clientelismo y la consolidación de un sinnúmero de extractivas y cuasi mafiosas oligarquías locales (enquistadas en buena medida por la falta de alternancia política, particularmente aguda en el País Vasco y Cataluña, aunque también en Andalucía, o en Castilla y León) dotadas de poderes descontrolados. Tampoco ha propiciado la convergencia entre la España “pobre” y la España “rica”, consagrando de facto territorios de primera y de segunda.
Las CCAA han terminado por liquidar el necesario mercado único y la no menos necesaria igualdad ante la ley, aparte de romper la lógica unidad fiscal. Entre sus incontables despropósitos están las enormes diferencias en la calidad de unos servicios públicos que hace tiempo dejaron de ser homogéneos. Diferencias que abarcan ámbitos como las subvenciones, la contratación pública, el trato a las empresas, el precio de las matrículas universitarias, las carreteras, la regulación de las profesiones, los impuestos (véase el de Sucesiones y Donaciones), las licencias de caza…
Todo ello a medio plazo inviable por el despilfarro (un 10% del PIB de coste anual) de dinero público, la multiplicación de funcionarios para hacer en no pocos casos las mismas funciones, las duplicidades en instituciones y regulaciones, las empresas públicas inútiles, los 17 gobiernos, 17 parlamentos locales, 17 consejos consultivos y un largo etcétera que conllevan.
El balance, pues, no puede ser peor, aunque los grandes medios de comunicación lo omitan. Seguramente por ello, hoy, el desinterés de la mayoría de españoles por este malhadado experimento siga como en 1978, lo cual contrasta vivamente con la vehemencia con que lo defienden quienes viven a su costa. De todos modos, tarde o temprano tendremos que elegir entre continuidad autonómica o viabilidad de las pensiones, entre balcanización o unidad del país, entre cuentas más saneadas o más corrupción.
El proceso de acabar con esta chapuza no será desde luego agradable para los mamoncetes que, amorrados a la teta estatal, prosperan gracias al esfuerzo ajeno. Pero el mismo empieza a no ser una opción para convertirse en una urgencia: o España acaba con las Autonomías o éstas acabarán con España.
La España olvidada y vaciada sale este fin de semana a las calles de Madrid bajo un único lema, unida, para reivindicarse: “La España vaciada existe”.
Lo hace forzada ante el olvido institucional y político de una España que lleva mucho tiempo a dos velocidades en distintos aspectos. Las dos velocidades de la España urbana pujante, con ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga o Bilbao frente a una España rural y provincial, despojada de población y recursos, en una permanente enfermedad y olvido.
Pero también las dos velocidades de la España centralizadora, con Madrid a la cabeza, como centrifugador de recursos y riqueza, y la España del nacionalismo periférico, siempre desagraviada y demandando recursos frente a la España de las provincias que callan y padecen en esa “pelea” devastadora que es la única que parece ocupar a todos los gobiernos.
Lo que hay en medio de esa tensión es campo. Un “campo” que se pasa a toda velocidad en un AVE que no tiene tiempo a detenerse.
Un modelo de país que apuesta por la alta velocidad ¿olvida lo que hay en medio de las grandes ciudades?.
Porque la vida va muy rápido como para ir camino Soria, Talavera, Cuenca, Teruel o Cáceres. Parece que el reloj se paró allí hace mucho tiempo. El país se ha olvidado de ellos. Levantaron primero la mano, con poco éxito. La iniciativa “Teruel existe” tiene ya más de 18 años a sus espaldas.
Pero las soluciones no han llegado y ahora gritan. Dejan de hacer la guerra por su lado y unen fuerzas, conscientes de que juntos y unidos es donde más pueden conseguir.
Mapa de las zonas de España en las que la densidad de población es más baja (rojo, por debajo de 8 habitantes por km2; naranja, por debajo de 12,5 habitantes por km2). Autor: Pilar Burillo, estudio SESPAS.
En la provincia de Soria había más de 155.000 habitantes en 1900. A día de hoy quedan algo más de 88.000. Más de una cuarta parte de su población, el 26,7%, tiene más de 65 años.
La provincia ha perdido más del 40% de su población en los últimos 50 años y cuenta con la tasa mayor tasa de envejecimiento de la Unión Europea. De los 183 municipios que tiene, más de la mitad suman menos de 100 habitantes. Sin duda, Soria fue una de las víctimas del éxodo rural, pero hoy en día es víctima del olvido total que amenaza su supervivencia.
Valdegrulla, un pueblo abandonado en la Tierra del Burgo de Osma, en Soria
En Soria costó años conseguir la conexión con autovía a Madrid, su única vía de escape del aislamiento. Y parece imposible que el resto de infraestructuras se sigan desarrollando. Eso por no hablar del tren que en esta provincia es lo más parecido a una ilusión óptica.
Para responder a ese ostracismo institucional y político se creó la plataforma ¡Soria ya¡, un movimiento ciudadano “contra el olvido institucional” que nació a principios del año 2001 de la preocupación por lo incierto de su presente y futuro.
La plataforma se crea desde el hartazgo “al ver como periódicamente las distintas administraciones torpedeaban cualquier iniciativa de desarrollo y bloqueaban cualquier actuación tendente a incentivar el potencial socioeconómico de la provincia”, según explican en su página web.
Uno de los principales obstáculos que lastran la economía de Soria es sin duda ese pobre nivel de infraestructuras. Un hecho que imposibilita la presencia de un tejido industrial potente, capital para tener algo que decir en el plano económico, motor de desarrollo.
La última acción de la Plataforma ¡Soria ya! ha consistido en colocar pancartas bajo el lema ¡Autovía ya!, para visibilizar las carencias en infraestructuras que sufre la provincia y manifestar su malestar al respecto.
La plataforma considera imprescindible para el desarrollo de Soria la finalización de las autovías A-11 (que en enlaza con Valladolid siguiendo el curso del Duero) y la A-15 (que enlaza Soria con Navarra).
En estas vías, actualmente cubiertas por carretera nacional, hay tramos donde se superan los 8.000 vehículos diarios. Las autovías que unirían Soria con el eje del Ebro y el del Duero son una inversión siempre retrasada y aplazada.
Soria es sin duda una buena muestra del abandono de la España rural, relegada frente a la hegemonía del centro, por un lado, y de la periferia por otro. La asimetría del país y su organización territorial ha condenado al olvido a zonas como Soria.
Del éxodo rural a la despoblación total
La España rural ya se vació hace tiempo a través del éxodo rural, un fenómeno que comenzó tras la revolución industrial, pero que se dio con mayor fuerza especialmente en la segunda mitad del siglo XX.
El éxodo rural implicaba el abandono de los pueblos en busca de oportunidades en las ciudades. Ese abandono solía suponer también el cambio de trabajo, desde actividades muy centradas en el sector primario (agricultura y ganadería), hacia actividades del sector secundario (industria) o terciario (servicios).
Los pueblos se fueron vaciando progresivamente, con una emigración hacia las ciudades de la provincia o hacia otras ciudades. Esto ocurrió con especial intensidad en las zonas más rurales, que no fueron capaces de retener población. Tampoco esos pueblos han podido volver a poblarse a través de nuevas actividades productivas.
El ocaso de las ciudades de mediano tamaño
Al drama de la despoblación rural, se suma en la actualidad el hecho de que en la mayor parte de las ciudades de tamaño mediano (las que no cuentan con una industria suficiente para retener población) se produzca también un éxodo hacia la gran ciudad.
Así, nos encontramos en España con una categoría de ciudades de mediano tamaño que se vacían poco a poco. Algo así como una segunda despoblación o éxodo. Mientras Madrid crece y atrae talento y población que encarecen la vida en la capital, otras ciudades de tamaño mediano se vacían.
En lo que sin duda es un cambio global, las grandes urbes tienen a concentrar cada vez más población, mientras que las ciudades de tamaño mediano tienden a menguar. Nos encontramos ante un mundo de “megaurbes” de escala global, conectadas entre sí a través de conexiones de avión o ferroviarias de alta velocidad, en las que lo que queda en medio importa cada vez menos.
Las grandes megalópolis atraen talento y población. Tal y como analizábamos en el blog, las grandes ciudades son cada vez más productivas ante la concentración de talento. Simultáneamente, las ciudades pequeñas se van vaciando ante la falta de demanda de perfiles especializados que emigran a esas grandes ciudades, donde en cambio sí son valorados y demandados.
El caso de Talavera de la Reina
Es el caso de Talavera de la Reina, ubicada a poco más de 100 kilómetros del centro de Madrid, en la provincia de Toledo, en dirección a Extremadura y Portugal. Ahora se enfrenta a un declive que es palpable al pasear por su calles, con numerosos locales comerciales cerrados y una tasa de desempleo de más del 20% de su población activa.
Talavera de la Reina creció de manera exponencial con posterioridad a la Guerra Civil hasta cuadriplicar su población y situarse en los cerca de los 90.000 habitantes en 2010. Este crecimiento fue a costa del éxodo rural de los pueblos de las comarcas vecinas, como la propia comarca de las Tierras de Talavera o La Vera.
Talavera fue hasta hace nada la segunda ciudad por tamaño de Castilla-La Mancha. Pero hoy es la cuarta, después de Albacete, Toledo y Guadalajara. Desde 2010 Talavera de la Reina ha perdido cerca de 5.000 vecinos y hoy se situa en algo más de 84.000 habitantes, según datos del INE de 2018. Con todo, en el último año (2018) su población ha repuntado ligeramente.
Vista del Tajo a su paso por Talavera de la Reina
La ciudad ha estado muy vinculada a la industria de la cerámica, que recientemente ha visto caer de manera importante su producción y ha quedado como un producto de souvenir más que una industria con pujanza. Además, Talavera de la Reina vivió muy de cerca la burbuja inmobiliaria y el desplome en los precios de la vivienda.
Por todo ello, recientemente sus vecinos han tomado conciencia y han salido a protestar por la falta de oportunidades. Se han agrupado en la Mesa por la Recuperación de Talavera y su comarca y otras organizaciones como SOS Talavera.
Se quejan ante la falta de avances significativos en los proyectos de futuro para Talavera. Entre esta ausencia de proyectos se encuentra el desarrollo de un tren de altas prestaciones, el nodo logístico, la mejora de las infraestructuras de los polígonos industriales y los accesos a la ciudad. También protestan por el trasvase Tajo-Segura que ha convertido el río más largo de la Península a su paso por Talavera en algo así como un lodazal.
Por todo ello piden compromisos políticos que puedan incentivar Talavera con nuevas oportunidades que vuelvan a hacer de esta ciudad castellana un lugar atractivo para la inversión.
Talavera de la Reina necesita prepararse en el largo plazo para ser sostenible y fijar a su población. Todas las administraciones deben implicarse para ofrecer a esta tierra oportunidades de futuro, una industria que la sostenga e inversiones en transporte e infraestructuras que pongan en valor a este núcleo de población.
El olvido de Extremadura
En el caso de Extremadura, las reivindicaciones tienen también su punta de lanza, como suele ocurrir, en el olvido de infraestructuras que padece la región. La conexión ferroviaria ha sido una eterna pelea. Las continuas averías de los trenes que recorren Extremadura han sido motivo de recientes protestas y cobertura mediática.
Las infraestructuras son imprescindibles para la expansión de un tejido industrial potente. El tren es sólo una muestra del ostracismo de Extremadura. Por supuesto sin AVE, pero también sin trenes de larga distancia y con una infraestructura del siglo pasado que dificulta el transporte de mercancías.
Tren ardiendo Madrid-Extremadura
Y el tren y la mejora de infraestructura sin duda podrían ser un estímulo para el crecimiento económico, con la posición de Extremadura a caballo entre España y Portugal, como uno de sus atractivos.
Solo el trayecto hasta Madrid es toda una odisea repleta de retrasos y averías que derivan en que, para recorrer los poco más de 400 kilómetros que separan Badajoz de Madrid, se empleen casi 5 horas y media.
Para ir de Cáceres a Madrid hacen falta más de 3 horas y media para enlazar 300 kilómetros. A esto hay que sumarle lo espartano del servicio, el precio elevado para las prestaciones y la escasa frecuencia de paso.
Teruel Existe
Sin duda un clásico de las reivindicaciones regionales de estas provincias “de segunda” por el trato recibido en España es el de “Teruel Existe”. Fueron los pioneros en poner de manifiesto la asimetría que les condenaba a ser una provincia olvidada.
Teruel Existe es un movimiento ciudadano “espontáneo, plural, independiente y abierto a todas las organizaciones sociales” que nace en noviembre de 1999.
Ya son más de 18 años reivindicando inversiones e infraestructuras que permitan frenar la despoblación de la provincia y pidiendo un trato justo e igualitario para los turolenses.
Las casillas de Bezas, Teruel. Fuente: pueblosabandonadosdeteruel.blogspot.com/
Una provincia abandonada en una comunidad, como es Aragón, que es también una muestra de España en pequeñito. Zaragoza capital ha centrifugado a gran parte de la población de la región, con Teruel y Huesca repletas de pueblos abandonados.
La demandas de Teruel Existe han llegado a Zaragoza, Madrid y a Bruselas, con resultados “poco satisfactorios” para la coordinadora. Teruel sigue reivindicando una mayor atención que le ponga al día en materia de servicios sociales e infraestructuras.
El último de los capítulos ha sido la falta de médicos. Lleva tiempo poniendo en dificultades a la provincia. El problema, lejos de solucionarse, se agrava. La situación viene de lejos y ha afectado a los servicios de atención primaria de la provincia y ha alcanzado también al hospital público de la capital, el «Obispo Polanco» de Teruel.
En ese centro empiezan a faltar servicios especializados y varios más funcionan a duras penas por sus cortísimas plantillas. Muchos tratamientos y seguimientos tienen que ser realizados a distancia con pacientes teniendo que desplazarse hasta Zaragoza (a 170 kilómetros) en muchos casos.
Cuenca Ahora
La provincia de Cuenca es una de la últimas en sumarse a las reivindicaciones de las provincias de pequeño tamaño. “Cuenca Ahora” es el nombre de un nuevo colectivo ciudadano que se ha constituido para luchar contra tres problemas que afectan a toda la provincia: la despoblación, el trasvase Tajo Segura y la instalación del ATC en Villar de Cañas. La provincia de Cuenca ha perdido en total desde 1940 100.000 habitantes.
La España vaciada Existe, lema de la manifestación del 31 de marzo de 2018 en Madrid.
Los casos que hemos repasado son sólo una muestra de esa España que lleva demasiados años callada ante el desinterés de todos los partidos políticos, que son conscientes de que los caladeros de votos están en las grandes ciudades.
La miopía política, siempre pendiente del corto plazo y de la duración de sus legislaturas, impide poner en marcha en España reformas de calado que permitan asegurar la supervivencia de todo el territorio nacional, también de estas zonas.
No son capaces de ofrecer un proyecto de futuro. Quizá por eso, los organizadores de esta protesta han pedido a los políticos que si acuden lo hagan a título individual no exhiban objetos o emblemas partidistas y, a ser posible, se pongan a la cola. No en vano es lo que llevan haciendo muchos años.
La abogada iraní Nasrin Sotoudeh está en gravísimo peligro. Está condenada a recibir 148 latigazos y 38 años de prisión tras dos juicios plagados de irregularidades.
¿Y sabes por qué? Por defender a las mujeres que se manifiestan en Irán contra la legislación que las obliga a usar el velo y por trabajar contra la pena de muerte.
¡Firma por Nasrin! No podemos permitir que Nasrin reciba un solo latigazo.
Comparte el texto que verás abajo con tus contactos y grupos de Whatsapp y/o Telegram (también lo tienes si pinchas en el enlace http://amn.st/6186Ewi4u)
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La abogada iraní Nasrin Sotoudeh está en gravísimo peligro. Está condenada a recibir 148 latigazos y 38 años de prisión tras dos juicios plagados de irregularidades.
¿Y sabes por qué? Por defender a las mujeres que se manifiestan en Irán contra la legislación que las obliga a usar el velo y por trabajar contra la pena de muerte.
¡Firma por Nasrin!
No podemos permitir que Nasrin reciba un solo latigazo.
Tenemos poco tiempo y debemos aprovecharlo con urgencia. Por eso te pido que, por favor, sumes tu voz ahora para que Nasrin no reciba ni un solo latigazo y sea puesta en libertad.
Y, muy importante, difunde este mensaje entre tus contactos para que más personas se sumen a la lucha y conseguir que Nasrin pueda regresar con su familia.
Puedes hacerlo de varias formas:
-Reenviando este mensaje a tus contactos.
-Compartiendo la petición en Facebook y en Twitter para que tus contactos se animen a firmar.
-Copiando y pegando este mensaje en tus grupos de Whatsapp: “Yo ya he firmado contra los 148 latigazos y 38 años de prisión a los que han condenado a la abogada iraní Nasrin Sotoudeh. Ayúdame a anular esta condena y suma tu firma a la mía» http://amnistia.es/nasrin
Cada minuto es clave.
Gracias por actuar con urgencia.
El que dijo que el universo y la estupidez humana carecían de límites fue un gran sabio. Basta mirar en derredor: adolescentes con pantalones caídos hasta las rodillas, tatuajes hasta en los sobacos, barbas de varios años, gafas de sol igual de grandes que las de un soldador, etc. Si bien lo más preocupante aquí no es la estética, sino la agudísima desorientación que se esconde tras aquélla.
Un claro ejemplo sería el bochornoso y lamentable espectáculo que estamos dando en torno al tema de la alimentación. Como ahora nos creemos muy listos porque leemos cosas por el internet, resulta que miramos con lupa todo lo que engullimos, pero ojo, y aquí está lo bueno, haciendo caso omiso al médico o al nutricionista, ambos defenestrados por los nuevos gurús del sustento (homeópatas y cualquier personajillo en general que se haya sacado un curso acelerado sobre herbolario) que, de seguir sus consejos al pie de la letra, solo podríamos llenar la andorga a base de tofu de avena o de quinoa (hoy dicen que alimentos muy saludables, quién sabe si mañana puro veneno).
¿Consecuencias de tanta tontuna? Pues disparates tales que casi el 50% de la población española se crea que es celiaca o intolerante a la lactosa (cuando seguramente el porcentaje real sea ínfimo) por no hablar de los comportamientos crecientemente radicales (si esto sigue así no tardaremos en ver linchamientos de cazadores o consumidores de leche) por parte de veganos y/o vegetarianos… ¿Qué está pasando? ¿Acaso nos gusta generar problemas donde no los hay o es que nos hemos vuelto irremediablemente gilipollas como vaticinaron al final de la primera parte “Regreso al futuro”?
Y no, no estoy cuestionando que la gente deba informarse (pues es su derecho y hasta su obligación) sobre las presuntas contraindicaciones del aceite palma, algunos conservantes y colorantes, las grasas saturadas y carnes procesadas, el uso de determinados plaguicidas o herbicidas, etc. Estoy hablando de otra cosa, del sinsentido de muchas de nuestras actitudes del presente.
Probablemente el buenismo que nos ahoga esté generando un idealismo tan distorsionado que, sumado a una interpretación con escaso fundamento práctico de la vida, el exceso de información (malinterpretada la mayoría de las veces) y, sobre todo, el desapego que sentimos por el verdadero origen de las cosas, nos estén conduciendo a una profunda ignorancia con respecto a la realidad.
¿Porque, acaso quiénes acusan a los ganaderos de maltrato tienen idea del ciclo productivo del ganado? ¿Quiénes rechazan los transgénicos saben realmente lo que son? ¿Quiénes pontifican sobre la forma de cultivar lechugas lo han hecho alguna vez? ¿Quiénes abogan por no usar insecticidas se han enfrentado en algún momento a una plaga agrícola? ¿Quiénes satanizan la caza son de verdad conscientes de lo que supondría para el ecosistema un exceso de herbívoros silvestres? Luego criticamos a los curas porque aconsejan acerca de la sexualidad cuando no la debieran practicar…
Claro, pretendemos alimentos baratos y a la vez elaborados sin usar fertilizantes; decirle en definitiva a los productores lo que han de hacer, pero sin pagarles por ello. Y de remate, que nos tengan el campo bien bonito para disfrutarlo los fines de semana, pero que lo trabajen ellos, naturalmente.
En definitiva, que no sabemos ni lo que queremos ni lo que tenemos. Bueno, sí, hay una cosa que tenemos a raudales y es vicio. Quizás – y más cuando, mientras en nuestras pusilánimes y decadentes sociedades estamos discutiendo si desde el punto de vista moral resulta correcto comerse o no un filete de ternera, media humanidad las pasa canutas para poder llevarse algo a la boca – no nos vendría nada mal pasar un poco de gazuza para empezar a valorar lo mucho que detentamos y, a menudo, desperdiciamos.
Hace tiempo que la progresía (dentro de la cual el absurdo está tanto o más extendido que la ignorancia) nos viene dando la brasa con la “necesidad” (el caso es inventar problemas ficticios o defender causas que atañen solo a minorías muy minoritarias para disimular su complicidad con los excesos del gran capital) de cambiar las palabras que utilizamos en aras a limpiar el castellano del presunto machismo que lo impregna haciéndolo así más “igualitario» y «justo”.
A esta desquiciada forma de hablar arbitrariamente impuesta desde el poder la denominan “lenguaje inclusivo” o “lenguaje no sexista”, desatino – el idioma español no es ni “justo” ni “injusto”, ni «igual» ni «desigual»: ninguno lo es – basado en la creencia irracional de que es el lenguaje el que impone la realidad y no, como sería menester, que el mismo se va transformando a lo largo de los siglos según las necesidades de hablantes y escribientes.
Cierto es que las lenguas cambian, evolucionan. Pero no, o al menos no usualmente, por decreto ley: que sea la burocracia estatal quien defina la consolidación del lenguaje (no olvidemos que éste constituye la primera manifestación de nuestro pensamiento y aquél que lo controlase tendría la puerta abierta para dominar nuestras mentes) ya supone en cierto modo una circunstancia coercitiva. Cualquier lengua, por tanto, que se pretenda imponer desde arriba está lejos de ser inclusiva; al contrario, es profundamente exclusiva por autoritaria. Si hablamos como hablamos se debe básicamente a que hemos construido juntos un idioma a lo largo de muchos años. Todo intento, pues, de retorcer y desvirtuar esa rica, diversa, creativa e inspiradora herramienta de la comunicación humana en aras a una premisa ideológica supone una aberración.
Lo del “lenguaje inclusivo” se enmarcaría (cual cortina de humo con la que distraer a las maltrechas clases trabajadoras de su acuciante y precaria situación) en esa búsqueda incesante de inéditos, ideologizados y muy rentables electoralmente frentes de batalla, en este caso concreto para convencer a las mujeres de que sufren una opresión (a manos de los hombres, por supuesto) sistémica. Poco importa que, como es normal, la inmensa mayoría de ellas no se ofendan por llamar “hijos” a sus “hijos” e “hijas” o, como mandan los cánones gramáticos y dicta el sentido común, por usar de modo habitual el masculino genérico en las más variopintas expresiones. Pero que esas féminas se sientan “sojuzgadas” es fundamental para que tantos ideólogos de género enquistados en las administraciones públicas no se queden sin lo que se ha convertido en una lucrativa bicoca que mueve suculentas subvenciones no precisamente en beneficio de las mujeres que de verdad las precisan.
Porque, para los millones de hombres y mujeres que han transitado juntos a lo largo de la Historia, ¿cuándo el lenguaje fue un obstáculo? ¿No ha sido siempre un puente de comunicación, integración y complementación de lo diferente? ¿En qué momento la libertad de expresión se volvió “machista” y “opresora”? Desde luego, anular diferencias funcionales (convertidas en disfuncionales la mayoría de las veces por la propia cultura) forzando igualdades caprichosas si de algo sirve es para demostrar que el autoritarismo y la estupidez no tienen género.
Sea como fuere, esperemos que, recuperada la cordura, de aquí a unos pocos años los “linguoinclusivismos” o bien se esfumen por sí solos ahogados en su propio ridículo o bien terminen recluidos en el seno de las sectas donde nacieron y de donde nunca debieron salir. Lo contrario, la creciente coacción de estos censores a sueldo del puritanismo políticamente correcto, nos condenará algún día a llevar una rediviva estrella de David anudada al brazo por algo tan simple como hablar la lengua normal de toda la vida, que no es otra que la que aprendimos de nuestras propias madres.
Se acaba de dictar en interés casacional la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo del 25 de febrero de 2019 (rec. 4336/2017) que definitivamente borra las diferencias entre interinos y fijos cara al disfrute de los beneficios de la carrera profesional.
La cuestión de interés casacional zanjada era la siguiente:
Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si la carrera profesional horizontal ha de ser considerada “condiciones de trabajo” a efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicables a los funcionarios interinos y al personal laboral no fijo y, en su caso, determinar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en que dicho personal quede excluido de la posibilidad de realizar dicha carrera horizontal.
La sentencia se apoya en el Auto dictado el 22 de marzo de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -asunto C- 315/17- al resolver una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Zaragoza en un procedimiento referido a la exclusión de la carrera profesional horizontal a una funcionaria interina de la Universidad Pública de Zaragoza; además sigue la línea de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2011 (asunto C- 177/2010), que al resolver una cuestión prejudicial en torno a la Directiva 1999/70/CE, exige que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos comparables.
Además ya la sentencia de la propia Sala contenciosa del Supremo de 8 de marzo de 2017 (rec. 93/2016) precisó que no debería discriminarse a estos efectos (caso valenciano) entre personal de carrera e interinos de larga duración (considerando como tales los que superan cinco años de servicios, acogiéndose a la pauta marcada por la STC 203/2000). Ahora bien, la presente Sentencia casacional afronta el caso de la admisión del interino de larga duración a la carrera profesional pero condicionado a que no haya tenido la oportunidad de presentarse a ningún proceso selectivo durante todo el tiempo en que haya ejercido como tal.
El plus añadido de la presente sentencia viene dado porque se pronuncia en sentencia con interés casacional, urbi et orbe, y porque borra de raíz toda diferencia que se fije en el dato de haber superado procesos selectivos o por tener la condición de fijeza.
En consecuencia desestima el recurso de casación frente a sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de Cataluña y declara:
1º) que la carrera profesional, como la establecida en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 19 de julio de 2006 (DOGC de 28 de diciembre de 2006, con la modificación publicada en el DOGC de 29 de marzo de 2007), está incluidas en el concepto “condiciones de trabajo” de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la citada Directiva 1999/70 referida al principio de no discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicable al personal estatutario interino, al que viene referida la actuación impugnada.
2º) que existe discriminación del personal estatutario interino por condicionarse su participación en la carrera profesional diseñada en ese Acuerdo de la Mesa Sectorial a la circunstancia de haber superado un proceso de ingreso y, por tanto, a la adquisición previa de la condición de personal estatutario fijo, ello por no admitirse que ese condicionamiento integre una causa objetiva que justifique la diferencia de trato
En este punto me viene a la mente cuando eran conducidos al cadalso para su ejecución, allá por 1520, los comuneros que levantaron sus armas contra la Corona castellana, momento en que Juan Bravo fue callado en sus protestas por Juan de Padilla quien le dijo: “Señor Juan Bravo: ayer era día de pelear como caballeros, y hoy de morir como cristianos”. Y lo recuerdo porque tras los esfuerzos -desviados- de las Comunidades Autónomas y servicios de Salud por diseñar un sistema que diferenciase la carrera profesional de fijos, ahora toca cumplir las sentencias y modificar o rediseñar el modelo de carrera profesional. Toca cumplir como Administraciones justas. No hay que esperar mas sentencias condenatorias. Hay que hacer los deberes y hacerlos bien. El EBEP impuso una carrera profesional que merezca tal nombre y que no sea discriminatoria.
Ahora ya queda claro que sobran las distinciones entre interinos y funcionarios de carrera/estatutario fijo. Lo que caben son distinciones de cuño objetivo(ej. mínimo de antigüedad a unos y otros, titulaciones a unos y otros, experiencia en puestos a unos y otros, pero sin discriminar ambos colectivos).
De paso no estaría de más que la “carrera profesional” se diseñase como auténtica carrera y no que en la práctica general se ha convertido en un “café para todos”, en unos “quinquenios” o en una manera de conseguir la paz social pagando un complemento más, al margen de que se trabaje más, mejor o mas eficiente.
No creo que se sea mas profesional por cobrar más rellenando papeles que detallen que simplemente se cumple con las obligaciones ordinarias; creo mas bien, que como en los ejércitos medievales, los galones se cosechaban en las batallas, en el ingenio estratégico probado, en la valentía, en la lealtad demostrada, en el interés por formarse… No en el mero transcurso del tiempo cobrando la soldada.
11 COMMENTS ON “SUPREMA VUELTA DE TUERCA A LA IGUALDAD ENTRE INTERINOS Y FIJOS: LA CARRERA PROFESIONAL”
No he terminado de entender bien el asunto.
En mi experiencia con los arquitectos municipales, funcionarios y “los otros”, he podido constatar que las exiegencias de ingreso en la fase de oposición suelen ser varios órdenes de magnitud más exigentes que con “los otros”, incluidos interinos. De ahí que se den manifiestas diferencias entre los informes de los funcionarios de carrera y los de “los otros”. Por ello, que por el mero paso del tiempo sean equiparables me resulta chocante. Esto lo comento, repito, asumiendo que acaso no le haya cogido su correcto sentido al post de nuestro amable y competente JR Chaves. Gracias por tanta y tan buena info.
Discrepo totalmente en la concepción de la carrera profesional del EBEP como una condición de trabajo, para mí eso no tiene sentido alguno y es una aberración jurídica. La carrera correctamente entendida es parte del estatuto profesional, no de las condiciones de trabajo. Ahora bien, es cierto que la carrera tal y como ha sido regulada y en particular, aplicada por muchas CCAA en efecto era una excusa para pagar un complemento vinculado puramente a la antiguedad, y como tal, los interinos tienen derecho al mismo. Habrá que leer pues con detalle esta STS para ver si es, como parece, un caso concreto y no extrapolable a las CCAA que hayan regulado y aplicado una carrera de verdad, la cual es instransferible al interino por su propia esencia.
a mi juicio, con esta línea jurisprudencial que se está consolidando, derivada de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se está desvirtuando el concepto de función pública y de Administración Pública, ya que, de lo que se trata, en realidad, es de extender las normas del derecho laboral al personal que se encuentra sujeto al régimen jurídico funcionarial.
Con este tipo de sentencias no hay ya motivo por el cual una persona quiera aprobar una oposición; sería suficiente con que entrara como interino, puesto que ya podría hacer lo mismo -mismos derechos y obligaciones- que un funcionario de carrera. El interino tiene ya la posibilidad de hacer carrera profesional en una Administración pública sin haber aprobado el proceso selectivo, por lo que ¿para qué sirve el proceso selectivo? ¿No le parece que esto no se compadece de una forma coherente con los principios que deben regir la actuación de una administración pública y que, para garantizar dichos principios, el sistema de acceso está regulado bajo criterios objetivos y evaluables?¿no le parece que los artículos 103 y 23.2 de la Constitución están descomponiéndose con este tipo de sentencias?
Por último, expone usted que “lo que cabe son distinciones de cuño objetivo”. ¿No le parece que haber superado una oposición, o concurso-oposición, o no haberla superado, es un criterio absolutamente objetivo y que, además, distingue de forma neutral a unos funcionarios de otros?
Reciba un cordial saludo, al tiempo que le agradezco que mantenga vivo su interesantísmo blog.
¿qué pasará con la gente que siendo interina solicitó la carrera profesional en los años 2010-2011, cuando se convocó la misma, y no se le concedió por ser interinos? ¿habrán de dársela al haber sido discriminados? ¿Se considera esta discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución, y por tanto ha de ser declarado inconstitucional cualquier artículo que vaya en contra de la igualdad de oportunidades entre fijos e interinos respecto a la carrera?
El nivel de ingenio de algunos políticos, gerentes y altos cargos para enchufar como interinos y mantenerlos luego como indefinidos a sus protegidos en una administración (y en los mejores puestos dentro de los posibles) sólo son comparables al nivel que alcanzó el género de la picaresca en el Siglo de Oro de la literatura española. Lo digo porque lo estoy viviendo día a día en el servicio municipal donde trabajo y sospecho que esta situación es extrapolable a muchos servicios y secciones de las diversas administraciones españolas.
Estas sentencias “igualitarias” les vienen como anillo al dedo (anillo de señor feudal) a esos proxenetas del empleo público para que sus protegidos consoliden una situación que, aunque ellos mantenían “de facto” indefinidamente gracias a sus resortes dedocráticos, al menos hasta ahora era considerada antijurídica,
En mi servicio hace casi 20 años que no se cubren plazas por oposición: para los que mandan es mucho mejor cubrirlas provisionalmente mediante procesos de baja calidad selectiva, por decirlo suavemente. Luego hemos sabido que en la mayoría de los admitidos existen vínculos familiares o de otros tipos con los jefes del servicio y/o políticos municipales (incluso de la oposición que, supongo, está también en el ajo). Demostrar el fraude de esos procesos selectivos es casi misión imposible ya que se hacen con apariencia de legalidad y con la connivencia de muchos que, de otro modo, serían testigos de cargo. Ni que decir tiene que esas personas seleccionadas acaban quedándose como indefinidos sin haber aprobado una oposición homologable y que, además, son destinadas a los mejores puestos y donde se cobran los mejores complementos, mientras los fijos somos relegados a los puestos menos deseados. Eso es carrera profesional horizontal (nótese la ironía).
Otro ejemplo: una compañera interina cuyo contrato había devenido indefinido le decía a un representante sindical: “No pidáis a la empresa que se cubran nuestras plazas (mediante oposición) que igual me quedo sin trabajo”. Y el representante sindical hizo lo que ella le pedía, porque ansiaba su voto y su militancia. Es decir, desde políticos hasta sindicatos están implicados en este estado de falsa precariedad laboral indefinida, consentida y deseada (con excepciones) por los propios afectados. “Deseada” no para dar un mejor servicio público, sino por razones puramente crematísticas. Hay indefinidos que llevan más de 20 años en mi servicio sin haberse presentado a ninguna otra oposición en todo ese tiempo. Esperaban y esperan que este trabajo les dure hasta la jubilación. Han visto que esto ha funcionado con otros muchos que ya lo han logrado, después de treinta o cuarenta años de indefinidos.
Consecuencia de todo ello: en el servicio sólo somos un 20~25% de fijos. Y el porcentaje era menor. Ha subido porque desde las oposiciones en el año 2000 se han jubilado numerosos indefinidos que estaban ahí “de toda la vida”.
Así que, en mi opinión, estas sentencias, que están haciéndose habituales, sólo consiguen cimentar una situación de injusticia generalizada (y en algunos casos de fraude generalizado) en contra los que consiguieron el puesto “en justa lid” y a favor de los que abusan de su posición y del derecho a fin de dar trabajo prácticamente ilimitado a sus privilegiados. Y los que no son sus privilegiados pero están precariamente se convierten en sus más leales vasallos (valga el símil feudal) por temor. Así que obtienen vasallaje por ambos lados, ¿cómo no iban a querer los prebostes que las plazas estén ocupadas “provisionalmente pero de forma indefinida”?
“…los galones se cosechaban en las batallas,…” y la batalla fue el día (o días) de la oposición. Si no ganaste la batalla (no aprobaste o no conseguiste plaza), deberías estar “derrotado” jurídicamente de cara a conseguir nuevos galones.
“…en el ingenio estratégico probado, en la valentía, en la lealtad demostrada, en el interés por formarse… No en el mero transcurso del tiempo cobrando la soldada.”. Esto está bien valorarlo para fomentar las mejores virtudes del empleado público fijo pero para los interinos e indefinidos habría que interpretarlo en el sentido de exigirles que demuestren su valía en la siguiente convocatoria (de su plaza o de otra) obteniendo la plaza en propiedad.
Los altos jueces de la UE no parecen estar al cabo de la potencia y extensión de la picaresca española.
La situación que describe todos sabemos que no es un caso aislado y por ello mismo totalmente censurable y penalmente perseguible. Desde luego, la política del anterior ejecutivo que, por las razones bien conocidas de estar en situación de crisis, endeudamiento y de obligada contención del gasto público, impidió realizar ofertas publicas de empleo fue una razón más para acudir a la picaresca y el fraude a fin de introducir a parientes, amigos y conocidos, en ocasiones previo pago de ‘cuota’ , en las administraciones, principalmente las locales, en sociedades y entidades públicas.
También existen otros miles de casos que sí accedieron a la interinidad tras superar las pruebas selectivas cumpliendo los principios de capacidad, merito, igualdad y publicidad. En estos casos, entiendo que es justo que tengan la posibilidad de acceder a la carrera profesional horizontal sabiendo que su condición de interino no va a cambiar aún en el caso de promocionar profesional y horizontalmente en la carrera.
Sin embargo, es tan indeseable como casi inevitable que aquellos interinos, que usted tan acertadamente describe, seguramente por haber sido y ser con frecuencia testigo de cómo se produjo su ingreso, también puedan tener la oportunidad de promocionar, y probablenente lo consigan con similares amaños y artimañas en las pruebas. Pero sólo la denuncia y la persecución penales pueden ponerle freno, lo cual ya sabemos lo que supone en cuanto a riesgos y eventualmente con peores consecuencias para el denunciante que para los denunciados y presuntos delincuentes.
Por desgracia, buscar la justicia para muchos, puede conllevar o traer injusticia a otros, pero no por ello debe hacernos desistir de conseguir el principal objetivo. Y por esto estoy de acuerdo con la sentencia.
Todos mis respetos a los interinos que lo son por no haber obtenido suficiente nota, y espero que sea el caso de la mayoría de ellos. Pero también hay muchos interinos que no aprobaron todas las pruebas en su día y se echó mano de ellos por falta de otros candidatos (igual porque los más competentes pero sin plaza se fueron a probar suerte en otras oposiciones). En todo caso, me parece correcto que a unos y otros se les apliquen los mismos criterios que a los fijos (en condiciones económicas y carrera profesional horizontal).
El problema surge cuando no se aplica ningún sistema objetivo de valorar méritos para cubrir horizontalmente ciertos puestos más codiciados y los únicos criterios válidos son el amiguismo y el clientelismo.
En mi servicio no ha existido nunca una verdadera valoración de méritos (más allá del servilismo) para ocupar horizontalmente los puestos más cotizados entre los posibles. Al ser personal laboral y denunciar esto, el juzgado de lo Social ignora nuestra condición de empleados públicos y alega que el empresario tiene toda la potestad para organizar el trabajo según las leyes actuales. Eso es válido cuando el empresario se juega su dinero (empresa privada) pero cuando se aplica a una administración se violan los principios de mérito y capacidad, aparte de que otorga un poder inmenso a los jefes (que no arriesgan su patrimonio y a veces han sido además nombrados por el dedo del político amigo) para beneficiar a sus leales, protegidos y vasallos (la mayoría interinos/indefinidos), y perjudicar a aquellos más beligerantes en la defensa de sus derechos y de la legalidad (generalmente los fijos).
Por cierto, en mi servicio, que yo recuerde, desde siempre se han pagado los mismos complementos, pluses, antigüedad, etc. a fijos y a interinos/indefinidos, eso sí, en función de su destino “horizontal”. El truco está en esto último: que el destino de cada cual lo decide el preboste máximo (quien no ha demostrado ni capacidad ni mérito, pues ocupa el cargo por libre designación).
En cuanto a la posibilidad de promocionar verticalmente sin perder la condición de interino (o incluso consolidando el puesto) no falta mucho, me temo, para que veamos alguna sentencia que lo reconozca también como un derecho del personal eventual público. Se va borrando la línea divisoria entre el funcionario de carrera (o laboral fijo) y el que ha entrado por otras vías. Ojalá me equivoque.
Interesante sentencia con la que estoy de acuerdo. Ahora bien, voy a señalar algunos puntos por si he entendido bien el asunto:
1. El funcionario interino (y el laboral indefinido no fijo) seguirá teniendo esa condición de interino aunque tenga la posibilidad de promocionar en la carrera profesional horizontal (entiendo que no en la carrera profesional vertical pues los grupos, subgrupos de categorías superiores ya no formarían parte de sus condiciones de trabajo sino de empleo).
2. La concepción de “condiciones de trabajo” que el TJUE adopta es claramente “expansiva, y no restrictiva” (Ignacio Beltrán) como se ha venido entendiendo hasta ahora en nuestro ámbito nacional (horarios, c. economicas, etc), y se refiere a toda característica de la relación laboral entre empleado y empresario para el concreta ocupación.
3. Entonces debemos empezar por diferenciar las ‘condiciones de trabajo’ de las ‘condiciones de empleo’, siendo estas últimas referidas a, entre otras, al método y características del ingreso. Modestamente, me parece que algunos comentarios confunden unas y otras, y de ahí que lleguen al la conclusión de que hay razones objetivas para negar a los interinos el acceso a la promoción en la carrera profesional horizontal.
Es bien sabido que la forma de ingreso al empleo público determina que se sea funcionario de carrera o interino (aunque no podemos olvidar el ingente número de interinos que, por la limitada cantidad de plazas ofertadas, no accedieron a la condición de funcionario de carrera aún habiendo superado las pruebas aunque con nota inferior a los que finalmente sí obtuvieron las plazas). Ahora bien señalada la razón objetiva diferenciadora entre unos y otros, hay que ceñirse a que esa razón objetiva se refiere al modo de ingreso, o sea a las condiciones de empleo, que en nada tiene que ver con las ‘condiciones de trabajo’. Esa razón objetiva relativa al ingreso podrá servir para establecer diferencias en otras materias (carrera profesional vertical, promoción interna, excedencia por interés particular, etc) pero no en lo concerniente a las condiciones de trabajo.
Ahora bien, los funcionarios de carrera y los interinos que ocupan igual puesto de trabajo realizan iguales cometidos, funciones y tareas (tal vez unos con mejor acierto, calidad o profesionalidad) y por ello deben tener igualdad de trato en cuanto a las condiciones de trabajo, pues de otro modo se llevaría a cabo una discriminación que no se sustentaría en razones objetivas (el trabajador con contrato de duración determinada -interino- se compara con trabajador con contrato de trabajo de duración indefinida -de carrera- que realice un trabajo o tenga una ocupación idéntica o similar, atendiendo a su igual cualificación y mismas tareas desempeñadas), pues la mera duración del contrato no puede ser una razón objetiva y válida segregadora, según la Directiva 1999/70 sobre trabajo de duración determinada y la doctrina del TJUE.
Para finalizar, citando de nuevo al profesor Ignasi Beltrán, según la doctrina del TJUE, “la existencia de una disposición de caracter meramente formal no permite deducir, per se, la concurrencia de criterios objetivos y transparentes (pues de otro modo, la diferencia de trato podría perpetuarse en el tiempo)”.
Muy interesante y esclarecedor su análisis diferenciando las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo. Esperemos que nuestros altos tribunales (y otros no tan altos) conozcan, reconozcan y no olviden esas diferencias a la hora de sentenciar.
Gracias por sus clarificadoras respuestas que denuncian las aberraciones en la contratación de la administración pública local. Al igual que usted, soy personal laboral fijo de ayuntamiento tras aprobar cada uno de los dos exámenes y una prueba práctica en oposición pública y libre. Y esas aberraciones no me son desconocidas, de hecho, la técnico de personal entró ‘de aquella manera’ y ahora, mediante un plan de estabilización de empleo aprobada con la ‘colaboracion-connivencia’ de delegados de personal y con unas bases de la oferta concurso oposición ‘a la carta’ (y salvo que alguien las denuncie), lo más probable es que esa señora ocupe la plaza pero ya como funcionario de carrera. Tan vergonzoso como lo que usted narra. El problema es cómo poner fin a esas prácticas porque los que estamos dentro si denunciamos nos la jugamos, y los que están fuera están ‘desarmados’.
muy interesante el debate, y la precisión en los conceptos. yo tb leo al profesor beltrán, pero no hay que olvidar que es “laboralista”, y tratándose de empleo público, funcionario o laboral, el enfoque ha de ser “administrativista”. así, como tb señaló el profesor fontdevilla, hay que recuperar la doctrina de los actos separables, y entender que no todo lo que tenga que ver con los laborales -sobretodo su ingreso- debe residenciarse en sede laboral. porque, digámoslo claro, a los jueces de los social el ordenamiento administrativo (Constitución incluida) se la trae al pairo; y no tienen la mínima coherencia para si, efectivamente se está “malversando” dinero público, una vez dictada sentencia libren testimonio a fiscalía. y así nos luce el pelo! una lectura a las entradas sobre esta materia del profesor jiménez asensio, y se nos cae la venda a todos…
Según la mitología griega Procusto era un “peculiar” posadero del Ática que, obsesionado con igualar a todo el mundo, ataba las extremidades a las esquinas de la cama de aquellos despistados viajeros que llegaban hasta su albergue con intención de pernoctar. Si resultaba que el viajante era más grande que la cama, Procusto le cortaba las extremidades (cabeza, pies, brazos) para ajustarlo a las medidas del mueble. Si, por otro lado, era más pequeño, lo estiraba hasta descoyuntarlo a fin de adaptarlo al lecho (al parecer el susodicho tenía un truco para que nadie pudiese escapar a su afán igualador, y era utilizar dos camas, una grande y otra pequeña, asignando una u otra según las dimensiones del forastero).
Pues bien, cada día estoy más convencido de que vivimos hoy bajo el gobierno tiránico de una especie de trasunto de tan truculento personaje, cuya principal premisa (sospecho que en aras a una estandarización global de las personas a fin de hacerlas más manejables) es que nadie sobresalga ni destaque. Todos iguales a la fuerza, pero no por la excelencia, sino por la mediocridad. Todos iguales, todos mediocres: el sueño dorado del castrante igualitarismo progre, otra de las muchas pestes que nos azotan.
Tamaño despropósito (que indefectiblemente conduce a la asfixia del mérito, algo que se ve clarísimo por ejemplo en nuestro infecundo modelo educativo, ése que en justicia permite que los beneficios de la educación se extiendan a las clases más necesitadas y luego rechaza la selección en función del esfuerzo, las capacidades y la brillantez de los alumnos) surge en el momento en que tantos y nefastos demagogos confunden igualitarismo con igualdad.
Igualdad significa que todos los miembros de una sociedad, sin exclusión ni excepción, deben tener reconocidos sus derechos fundamentales, éstos necesarios primero para su desarrollo personal y después para el de la propia comunidad. Pero cuando esa igualdad se ideologiza (interpretándose como “igualar a los desiguales”) y se quiere imponer al resto en aras a una partidista y pretendidamente superior moral visión del mundo entonces degenera en despótico igualitarismo (recordemos que ya para Aristóteles tan deleznable era tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales).
Porque una cosa es querer que todos sean tratados en condiciones de igualdad y otra bien distinta es querer que todos sean iguales. El reconocimiento de que todas las personas tienen los mismos derechos no implica que vayan a obtener, y mucho menos desear, los mismos resultados. Pretender que una sociedad cuyos miembros son (somos) por naturaleza desiguales en esfuerzo y capacidades (sí, la naturaleza es aristocrática, es lo que hay) trate a todos por igual es, además de absurdo, profundamente injusto. El talento y la vulgaridad nunca pueden situarse al mismo nivel, lo mismo que no se pueden uniformar resultados como pretenden determinados gobernantes buenistas cuyas arbitrarias medidas solo provocan una mayor frustración y fomento de la envidia entre los ciudadanos sujetos a tales.
En puridad, la única igualdad que debemos proclamar es la igualdad ante la ley (a ver si me explican por qué si un hombre asesina con premeditación y alevosía a una mujer es peor que si una mujer asesina a un hombre con premeditación y alevosía) y la única igualdad que debemos procurar (con las ayudas pertinentes en reciprocidad al esfuerzo) es la de oportunidades (sigo esperando que alguien me diga qué pecado ha cometido quien trabajando y esforzándose más ha podido luego, llegado el caso, prosperar).
Sí, por tanto, a la igualdad de derecho y de oportunidades, ambas expresiones de genuina libertad y aún de justicia social; y, en consecuencia, no rotundo al igualitarismo, nueva y envilecedora forma de servidumbre que, disolviendo las indispensables jerarquías, niega toda posibilidad de crecimiento personal en tanto nos mantiene ignorantes de nuestras virtudes.
El día 8 de marzo de 1126, apenas con 45 años de edad, en la villa de Saldaña, abandonaba este mundo la gran Urraca I de León, la que tuvo el privilegio de ser la primera reina titular en una nueva Europa que se venía forjando a lo largo de la Edad Media.
Había nacido el 24 de junio de 1081 y era hija de Alfonso VI y su segunda esposa Constanza de Borgoña. Está claro que los designios de la corte leonesa no cuadraban con el destino que le estaba reservado a la pequeña Urraca ya que, según marcaban las costumbres de la época, su misión en la vida pasaba por la dedicación a la vida monástica o por terminar casada con alguien que viniera a aportar algún apoyo a la familia real y por ende al propio Reino de León. Incluso fue su primer cometido pues la casaron, a la edad de 14 años, con un ya maduro Raimundo de Borgoña.
Poco sospechaba su padre que, falto de heredero varón (fallecido su único hijo, Sancho, en la Batalla de Uclés -1108- y con apenas 15 años) tuvo que dejar en manos de Urraca los destinos del reino más importante de la Península, en aquellos momentos.
No vamos a tratar aquí, no es el momento (en un par de meses apenas estará en las librerías una biografía a ella dedicada) ni quizás el lugar de enumerar los avatares por lo que hubo de transitar nuestra reina. Solo diremos que Urraca era una mujer que, quizá por el simple hecho de serlo, y como se encontraba en la cima de la pirámide social, no disfrutó de una vida fácil; incluso parecía obligada la crítica contra ella. Ni siquiera ha recibido un tratamiento de la historia, así hay que constatarlo para nuestra desgracia, acorde con lo que ella merece.
Poco se ha dicho, por ejemplo, de la niñez tan poco grata que debió sufrir la joven Urraca, la mayor de sus hermanos. Su madre había alumbrado seis hijos de los cuales cuatro murieron en vida de la propia Constanza, y Elvira, que la sobrevivió, moriría poco después que su madre. ¿No es esta una razón más para tratar de refugiarse entre los brazos y las directrices de la que debía parecer a la niña un verdadero gigante, una mujer que se había labrado una verdadera leyenda y gozaba del respeto y el cariño de todos los súbditos del reino más prestigioso de la Península? Esa era, nada menos que la defensora de los valores del Reino de León en el Cerco de Zamora, la Señora del Infantado leonés, la gran protectora de San Isidoro, su tía, la que mereció el honor de unir su nombre al del Santo Cáliz ahora expuesto como un únicum en la torre del gallo de la Real Basílica, Urraca Fredinandi, en homenaje a la cual, Alfonso había puesto el nombre a su hija mayor.
Las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran, como suele argumentarse y estas dos mujeres se atrevieron a ser ellas mismas y a llevar por bandera la coherencia y la libertad. Por esta razón, comenzaremos por insistir en algo que, sin embargo, parece obvio. Urraca I, a la que, a mi entender, con no demasiado buen criterio han apodado la Temeraria (temerario, según la definición del diccionario de la RAE es tanto como “imprudente, que se expone o expone a otras personas a riesgos innecesarios”) demostró ser una mujer inteligente, convencida defensora de las tradiciones y de los valores leoneses y fiada únicamente a su conciencia y responsabilidad.
La siembra que, en las leyes del reino, había representado, tanto la tradición como el propio Fuero de León (1017) de su antepasado Alfonso V, todo ello le llevaría a trascender de su condición de mujer y de las limitaciones que dicha circunstancia imponía en pleno siglo XII.
Como argumentaría, varios siglos más tarde, la gran Marie Curie, podemos imaginar a nuestra Urraca afirmando convencidamente: “Nunca he querido que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos”. Como mujer inteligente que era nunca aceptó ningún tipo de limitaciones que, por serlo, trataban de imponerle.
Incluso, con sus actuaciones, y como afirmaría en el futuro Clara Campoamor, vino a decir, convendrán conmigo, “me siento Reina, incluso Emperadora (y no Emperatriz que eso lo sería la mujer del Emperador), puesto que ese título me viene por derecho de herencia, antes que mujer, y como tal debo actuar y actúo”. El mundo por montera, afirmaríamos hoy.
En aquella sociedad dominada por hombres, una mujer tenía poder en cuanto que lo tenía su marido, pero Urraca I (junto a su tía Urraca Fernández) fue una excepción… o quizá no tanto; si escarbamos un poco en la evolución de los usos, costumbres y leyes que emanaban del poder real (el Fuero de Alfonso V) podemos constatar ya avances significativos que la propia reina debe conocer y hasta revitalizar, puesto que tiene capacidad para ello. Y, después de todo, ¿qué puede importarle la opinión de los demás si ella es la Emperadora?
Precisamente por eso, por su forma de encarar los problemas, por sus innegables méritos que otros no pudieron atribuirse, por negarse a renunciar a sus derechos y por convertirse en adalid y defensora de los valores del Reino, Urraca será, no solo maltratada sino vilipendiada, hasta de manera grotesca, por romances e incluso algunos historiadores.
Pero, como se sabe, siempre ha sido más llevadero vivir con los errores propios que con los ajenos o los que nos atribuyen. En la concepción teocéntrica del momento, Urraca entendió que solo debería responder ante Dios y su propia conciencia. Incluso esa sería una de las pocas libertades que podría tener una mujer en la época. De ahí el hecho de la incomprensión de muchos de los que la rodeaban, por el simple hecho de querer ser siempre ella misma.
Y por eso nos es doblemente doloroso que, aún en nuestros días, en los que se intenta que la condición femenina cambie de una vez y para siempre, se sigan utilizando razonamientos del todo machistas para menospreciar la figura de una persona, la reina de León, que entregó su vida a una causa que, aunque no parecía corresponderle, sintió siempre como suya. Eso se llama, entre otras cosas, responsabilidad y saber asumir el papel en el que nos sitúa el gran teatro del mundo.
Pero que las historias e incluso la historia sigan encumbrando a un personaje como el que eligieron para que fuera su esposo y pudiera así heredar el reino es claramente descorazonador, si no fuera incluso vomitivo.
Alguien (Alfonso el Batallador) que se burla de su esposa, que intriga contra ella, que le hace la guerra, que atenta contra su hijo y que hasta la golpea en público, siendo como es la Reina y señora del reino más importante de la Península, no debería seguir ocupando el lugar que le atribuye la historia oficial.
No cabe en cabeza humana que eso pueda tener el más mínimo sentido ni de la equidad; ni siquiera de la normalidad. Y, sin embargo, así es; a este Alfonso se le sigue venerando, idolatrando, cantando sus “grandes” realizaciones y, por el contrario, a Urraca I, que tuvo el privilegio de ser la primera reina de los nuevos tiempos, se le siguen aplicando los mismos criterios estúpidos y sin sentido alguno de aquellos siglos oscuros.
Muchos historiadores parecen no haber salido ni de la época ni de los prejuicios de algunos de los mayores enemigos declarados de la reina: Diego Gelmírez y su cohorte de aduladores, sin olvidar, naturalmente a uno de los personajes que más daño han hecho a la historia del Reino de León, el retorcido y mendaz obispo toledano, Rodrigo Jiménez de Rada.
En una fecha como hoy fallecía una reina de León, pero, al propio tiempo, nacía una leyenda de la que no podrían sustraerse, para bien o para mal, cronistas y juglares. Ella fue la que, desde una posición nada cómoda, supo plantarle cara al futuro y hacerse cargo de la herencia de su padre Alfonso VI que fuera llamado Rey Serenísimo, Emperador y Rey de las tres culturas. Su carácter fue, sin duda, tan fuerte como sus convicciones y así se manifestó a lo largo de su vida.
Que la historia sepa reconocer sus valores y comience a ser, al propio tiempo, un motivo más de orgullo para nosotros los leoneses, aunque solo sea por el simple hecho del reconocimiento que debemos a quien habitó esta nuestra tierra y supo defenderla en circunstancias nada fáciles y hasta trascendiendo de su condición de mujer que tanto limitaba en la Edad Media.
Y, para terminar, una breve reflexión. Nuestra Urraca fue una mujer que ni entonces ni ahora ha dejado a nadie indiferente porque se atrevió a ser ella misma y en esa valentía debemos beber, en los momentos actuales, para no decaer en el empeño de hacer que lo nuestro, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras realizaciones, nuestra identidad, en suma, cobren actualidad y ocupen el lugar que por derecho, como a ella misma, les corresponde.
Derrumbado el socialismo bajo el peso de unas contradicciones y realidades que no conocen de dogmas ni fantasías, en el muy relativista, materialista y huérfano de espíritu Occidente continúan gestándose utopías que, pregonando la felicidad universal, solo concitan nuevas pesadillas.
Una de tales quimeras (enarbolada por la recalcitrante progresía sin que haya sido apenas rebatida por el miope conservadurismo, no en vano ambos hoy fieles y egoístas vasallos del apátrida globalismo financiero patrocinado por los Soros y compañía cuyo inequívoco propósito es diluir la soberanía de los países y desestructurar sus sociedades a fin de potenciar un gobierno mundial controlado por la plutocracia) es sin lugar a dudas el multiculturalismo, el cual propugna básicamente que todas las culturas, tradiciones y creencias son iguales e intercambiables.
En efecto, en las últimas décadas, gozando del blindaje de la inefable corrección política y utilizando la tolerancia como coartada, se han exaltado como el sumun las diferencias culturales que se dan en nuestras indiscutiblemente diversas sociedades contemporáneas. Porque, a ver, nadie con dos dedos de frente va a negar la existencia de dichas diferencias, el gran inconveniente surge cuando en nombre de las mismas se erosionan valores que se supone están en la base de nuestro modelo de convivencia y que precisamente por ello deberían ser innegociables en el sentido que ninguna cultura o religión (y menos las foráneas) puedan ignorarlas en nombre de esa pretendida diversidad.
Los resultados a la vista están: el multiculturalismo (o su corolario real, la inmigración descontrolada) lejos de lograr la integración en pos de una muy deseable cohesión social e independientemente de los beneficios (si a alguien beneficia de verdad es al insaciable gran capital, que nadie se engañe) generados, lo cierto es que ha terminado fomentando la creación de infinidad de invivibles “Londonistanes” sociales que, para más inri, se aborrecen entre sí, convirtiéndonos de paso al resto en «ciudadanos» cada vez más atomizados y, por ende, infinitamente más manipulables.
Así, obviando algo tan importante como que cada uno de nosotros construimos nuestra propia identidad en base a las muchas características que nos hacen singulares y a la vez nos sitúan dentro de un grupo amplio en el que reconocemos a otros ciudadanos afines, quienes (por la buena marcha de las cosas) hemos de ser portadores de una voluntad común, leales a un interés general y sentirnos vinculados a una nación (recordemos que las naciones, una realidad producida por el devenir de los siglos, cumplen funciones tan esenciales como proteger y defender a sus comunidades), este absurdo credo laico pretende de buenas a primeras que todos seamos “multiculturales”, o mejor dicho, que nadie sea nacional de ningún Estado, lo cual nos aboca a ser “multinacionales” en ingobernables “multisociedades” con distintas culturas.
Hablemos claro: cuando estos burdos mixtificadores dicen “multiculturalismo”, lo que a la postre están proclamando es ir “contra la cultura nacional”, sin darse cuenta que lo que une a un país y lo que le diferencia de otros es justamente su cultura en sentido amplio y antropológico, esto es, cómo viven las personas de una comunidad dada, junto con sus mitos y creencias, fruto de la Historia y de su adaptación al medio.
No se lo tomen, por tanto, en absoluto a broma, pues el triunfo en algún momento de este suicida embeleco no sería simplemente el de una ideología nefasta (que puede combatirse) o el de un régimen cualquiera (que puede derrocarse), supondría irremediablemente la suplantación por submersión de unos pueblos por otros. O sea, un cuasi genocidio por sustitución.
Los algoritmos están de moda y ejercen una tiranía silenciosa en nuestras vidas: son los que determinan la jerarquía de los contenidos informáticos o la publicación de determinadas imágenes. Pero, a pesar de lo que nos quieren hacer creer Google o Facebook, el vocablo «algoritmo» no es nuevo. Apareció a mediados del siglo IX, cuando un matemático árabe –Mohammed Ibn Musa-al-Khwarizmi– desarrolló fórmulas que posibilitaban solucionar ecuaciones con un número limitado de procesos.
Para ser sinceros a la verdad, este científico tampoco diseñó el primer algoritmo, estos ya existían desde tiempo atrás, si bien fue el primero en utilizarlo en la resolución de problemas matemáticos.
Para este tipo de viejos problemas matemáticos a veces se emplea de forma inexplicable el término logaritmocomo sinónimo de algoritmo cuando no guardan ninguna relación entre sí. Un logaritmo se puede definir, básicamente, como una operación matemática inversa a elevar un número a una potencia. Por ejemplo, si elevamos dos al cubo obtenemos ocho, la operación inversa sería el logaritmo de ocho en base dos, que nos proporcionaría el exponente, en este caso cuatro.
Todo empezó con un celemín de trigo
Una leyenda explica cómo, por culpa de un logaritmo, Castilla consiguió la independencia del reino de León. Todo comenzó a finales del siglo X, cuando el conde castellano Fernán González acudió a las Cortes leonesas con un caballo y un azor, animales que fueron de agrado del rey leonés Sancho I. Tanto le gustó al soberano que quiso comprárselos al noble.
Fernán González para evitar ofender al monarca no aceptó la propuesta y se ofreció a regalárselos. Pero Sancho I se negó rotundamente porque no quería privarle de aquellos animales sin satisfacerle de alguna forma. Al final, decidieron fijar un precio insignificante por la compra: un celemín de trigo.
El rey le daría esa cantidad a cambio del azor y del caballo, pero con una condición, que sería la «letra pequeña» del contrato: la cantidad se duplicaría por cada día de demora que hubiese en el pago. Es decir, al día siguiente la deuda se elevaría a dos celemines, cuatro al tercer día, ocho al cuarto y así sucesivamente.
En aquella época un celemín era una medida de peso que equivalía, aproximadamente, a cuatro o cinco kilogramos, es decir, una cifra irrisoria, por lo que el rey leonés se olvidó inmediatamente de la deuda contraída.
Siete años después, Fernán González suspendió sin avisar y de forma inexplicable, al menos aparentemente, sus tributos anuales al monarca, por considerar que el que estaba en deuda a partir de ese momento era el rey con el condado de Castilla y no a la inversa.
El rey que no sabía de logaritmos
Cuando el monarca solicitó una explicación, el conde recurrió a un sencillo cálculo matemático. Los días que habían transcurrido desde que se inició la deuda del celemín eran el resultado de multiplicar 7 por 365, cuyo resultado es 2.555.
En otras palabras, había que calcular el valor del término 2556 de una progresión geométrica de razón 2 y cuyo término inicial es 1: 2x2x2x2x2x2… hasta tener 2555 veces el número 2.
Esa cantidad se puede resolver mediante un cálculo logarítmico: log (10) (2×255) = 2555 x log (10) x 2= 2555 x 0,30103 = 769,13. Esto equivale a 1,3489 multiplicado por un uno seguido de 769 ceros.
Aproximadamente, en un kilómetro cuadrado se pueden obtener un máximo de 45.000 a 50.000 celemines anuales de trigo. Si el reino de León en aquella época tenía una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, y toda su extensión fuese sembrada de trigo, se podrían cosechar unos 4.000 millones de celemines de trigo. En definitiva, no había suficiente cantidad de trigo en todo el reino leonés.
Al final, el rey leonés no tuvo más remedio que rendirse a las evidencias, en este caso matemáticas, y conceder la independencia a Castilla para poder hacer frente a la deuda contraída con el conde castellano.
Pedro Gargantilla es médico internista del Hospital de El Escorial (Madrid) y autor de varios libros de divulgación
La España vaciada Existe, lema de la manifestación del 31 de marzo de 2018 en Madrid.
Se acaba de dictar en interés casacional la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo del 25 de febrero de 2019 (rec. 4336/2017) que definitivamente borra las diferencias entre interinos y fijos cara al disfrute de los beneficios de la carrera profesional.
La sentencia se apoya en el Auto dictado el 22 de marzo de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -asunto C- 315/17- al resolver una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Zaragoza en un procedimiento referido a la exclusión de la carrera profesional horizontal a una funcionaria interina de la Universidad Pública de Zaragoza; además sigue la línea de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2011 (asunto C- 177/2010), que al resolver una cuestión prejudicial en torno a la Directiva 1999/70/CE, exige que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos comparables.
En este punto me viene a la mente cuando eran conducidos al cadalso para su ejecución, allá por 1520, los comuneros que levantaron sus armas contra la Corona castellana, momento en que Juan Bravo fue callado en sus protestas por Juan de Padilla quien le dijo: “Señor Juan Bravo: ayer era día de pelear como caballeros, y hoy de morir como cristianos”. Y lo recuerdo porque tras los esfuerzos -desviados- de las Comunidades Autónomas y servicios de Salud por diseñar un sistema que diferenciase la carrera profesional de fijos, ahora toca cumplir las sentencias y modificar o rediseñar el modelo de carrera profesional. Toca cumplir como Administraciones justas. No hay que esperar mas sentencias condenatorias. Hay que hacer los deberes y hacerlos bien. El EBEP impuso una carrera profesional que merezca tal nombre y que no sea discriminatoria.
De paso no estaría de más que la “carrera profesional” se diseñase como auténtica carrera y no que en la práctica general se ha convertido en un “café para todos”, en unos “quinquenios” o en una manera de conseguir la paz social pagando un complemento más, al margen de que se trabaje más, mejor o mas eficiente.
Pero que las historias e incluso la historia sigan encumbrando a un personaje como el que eligieron para que fuera su esposo y pudiera así heredar el reino es claramente descorazonador, si no fuera incluso vomitivo.
Sancho I perdió Castilla por una enorme deuda – Archivo
leonsano 
No he terminado de entender bien el asunto.
En mi experiencia con los arquitectos municipales, funcionarios y “los otros”, he podido constatar que las exiegencias de ingreso en la fase de oposición suelen ser varios órdenes de magnitud más exigentes que con “los otros”, incluidos interinos. De ahí que se den manifiestas diferencias entre los informes de los funcionarios de carrera y los de “los otros”. Por ello, que por el mero paso del tiempo sean equiparables me resulta chocante. Esto lo comento, repito, asumiendo que acaso no le haya cogido su correcto sentido al post de nuestro amable y competente JR Chaves. Gracias por tanta y tan buena info.
Discrepo totalmente en la concepción de la carrera profesional del EBEP como una condición de trabajo, para mí eso no tiene sentido alguno y es una aberración jurídica. La carrera correctamente entendida es parte del estatuto profesional, no de las condiciones de trabajo. Ahora bien, es cierto que la carrera tal y como ha sido regulada y en particular, aplicada por muchas CCAA en efecto era una excusa para pagar un complemento vinculado puramente a la antiguedad, y como tal, los interinos tienen derecho al mismo. Habrá que leer pues con detalle esta STS para ver si es, como parece, un caso concreto y no extrapolable a las CCAA que hayan regulado y aplicado una carrera de verdad, la cual es instransferible al interino por su propia esencia.
Estimado sr. Chaves,
a mi juicio, con esta línea jurisprudencial que se está consolidando, derivada de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se está desvirtuando el concepto de función pública y de Administración Pública, ya que, de lo que se trata, en realidad, es de extender las normas del derecho laboral al personal que se encuentra sujeto al régimen jurídico funcionarial.
Con este tipo de sentencias no hay ya motivo por el cual una persona quiera aprobar una oposición; sería suficiente con que entrara como interino, puesto que ya podría hacer lo mismo -mismos derechos y obligaciones- que un funcionario de carrera. El interino tiene ya la posibilidad de hacer carrera profesional en una Administración pública sin haber aprobado el proceso selectivo, por lo que ¿para qué sirve el proceso selectivo? ¿No le parece que esto no se compadece de una forma coherente con los principios que deben regir la actuación de una administración pública y que, para garantizar dichos principios, el sistema de acceso está regulado bajo criterios objetivos y evaluables?¿no le parece que los artículos 103 y 23.2 de la Constitución están descomponiéndose con este tipo de sentencias?
Por último, expone usted que “lo que cabe son distinciones de cuño objetivo”. ¿No le parece que haber superado una oposición, o concurso-oposición, o no haberla superado, es un criterio absolutamente objetivo y que, además, distingue de forma neutral a unos funcionarios de otros?
Reciba un cordial saludo, al tiempo que le agradezco que mantenga vivo su interesantísmo blog.
Y ahora…después de tantos años…
¿qué pasará con la gente que siendo interina solicitó la carrera profesional en los años 2010-2011, cuando se convocó la misma, y no se le concedió por ser interinos? ¿habrán de dársela al haber sido discriminados? ¿Se considera esta discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución, y por tanto ha de ser declarado inconstitucional cualquier artículo que vaya en contra de la igualdad de oportunidades entre fijos e interinos respecto a la carrera?
Un saludo.
El nivel de ingenio de algunos políticos, gerentes y altos cargos para enchufar como interinos y mantenerlos luego como indefinidos a sus protegidos en una administración (y en los mejores puestos dentro de los posibles) sólo son comparables al nivel que alcanzó el género de la picaresca en el Siglo de Oro de la literatura española. Lo digo porque lo estoy viviendo día a día en el servicio municipal donde trabajo y sospecho que esta situación es extrapolable a muchos servicios y secciones de las diversas administraciones españolas.
Estas sentencias “igualitarias” les vienen como anillo al dedo (anillo de señor feudal) a esos proxenetas del empleo público para que sus protegidos consoliden una situación que, aunque ellos mantenían “de facto” indefinidamente gracias a sus resortes dedocráticos, al menos hasta ahora era considerada antijurídica,
En mi servicio hace casi 20 años que no se cubren plazas por oposición: para los que mandan es mucho mejor cubrirlas provisionalmente mediante procesos de baja calidad selectiva, por decirlo suavemente. Luego hemos sabido que en la mayoría de los admitidos existen vínculos familiares o de otros tipos con los jefes del servicio y/o políticos municipales (incluso de la oposición que, supongo, está también en el ajo). Demostrar el fraude de esos procesos selectivos es casi misión imposible ya que se hacen con apariencia de legalidad y con la connivencia de muchos que, de otro modo, serían testigos de cargo. Ni que decir tiene que esas personas seleccionadas acaban quedándose como indefinidos sin haber aprobado una oposición homologable y que, además, son destinadas a los mejores puestos y donde se cobran los mejores complementos, mientras los fijos somos relegados a los puestos menos deseados. Eso es carrera profesional horizontal (nótese la ironía).
Otro ejemplo: una compañera interina cuyo contrato había devenido indefinido le decía a un representante sindical: “No pidáis a la empresa que se cubran nuestras plazas (mediante oposición) que igual me quedo sin trabajo”. Y el representante sindical hizo lo que ella le pedía, porque ansiaba su voto y su militancia. Es decir, desde políticos hasta sindicatos están implicados en este estado de falsa precariedad laboral indefinida, consentida y deseada (con excepciones) por los propios afectados. “Deseada” no para dar un mejor servicio público, sino por razones puramente crematísticas. Hay indefinidos que llevan más de 20 años en mi servicio sin haberse presentado a ninguna otra oposición en todo ese tiempo. Esperaban y esperan que este trabajo les dure hasta la jubilación. Han visto que esto ha funcionado con otros muchos que ya lo han logrado, después de treinta o cuarenta años de indefinidos.
Consecuencia de todo ello: en el servicio sólo somos un 20~25% de fijos. Y el porcentaje era menor. Ha subido porque desde las oposiciones en el año 2000 se han jubilado numerosos indefinidos que estaban ahí “de toda la vida”.
Así que, en mi opinión, estas sentencias, que están haciéndose habituales, sólo consiguen cimentar una situación de injusticia generalizada (y en algunos casos de fraude generalizado) en contra los que consiguieron el puesto “en justa lid” y a favor de los que abusan de su posición y del derecho a fin de dar trabajo prácticamente ilimitado a sus privilegiados. Y los que no son sus privilegiados pero están precariamente se convierten en sus más leales vasallos (valga el símil feudal) por temor. Así que obtienen vasallaje por ambos lados, ¿cómo no iban a querer los prebostes que las plazas estén ocupadas “provisionalmente pero de forma indefinida”?
“…los galones se cosechaban en las batallas,…” y la batalla fue el día (o días) de la oposición. Si no ganaste la batalla (no aprobaste o no conseguiste plaza), deberías estar “derrotado” jurídicamente de cara a conseguir nuevos galones.
“…en el ingenio estratégico probado, en la valentía, en la lealtad demostrada, en el interés por formarse… No en el mero transcurso del tiempo cobrando la soldada.”. Esto está bien valorarlo para fomentar las mejores virtudes del empleado público fijo pero para los interinos e indefinidos habría que interpretarlo en el sentido de exigirles que demuestren su valía en la siguiente convocatoria (de su plaza o de otra) obteniendo la plaza en propiedad.
Los altos jueces de la UE no parecen estar al cabo de la potencia y extensión de la picaresca española.
La situación que describe todos sabemos que no es un caso aislado y por ello mismo totalmente censurable y penalmente perseguible. Desde luego, la política del anterior ejecutivo que, por las razones bien conocidas de estar en situación de crisis, endeudamiento y de obligada contención del gasto público, impidió realizar ofertas publicas de empleo fue una razón más para acudir a la picaresca y el fraude a fin de introducir a parientes, amigos y conocidos, en ocasiones previo pago de ‘cuota’ , en las administraciones, principalmente las locales, en sociedades y entidades públicas.
También existen otros miles de casos que sí accedieron a la interinidad tras superar las pruebas selectivas cumpliendo los principios de capacidad, merito, igualdad y publicidad. En estos casos, entiendo que es justo que tengan la posibilidad de acceder a la carrera profesional horizontal sabiendo que su condición de interino no va a cambiar aún en el caso de promocionar profesional y horizontalmente en la carrera.
Sin embargo, es tan indeseable como casi inevitable que aquellos interinos, que usted tan acertadamente describe, seguramente por haber sido y ser con frecuencia testigo de cómo se produjo su ingreso, también puedan tener la oportunidad de promocionar, y probablenente lo consigan con similares amaños y artimañas en las pruebas. Pero sólo la denuncia y la persecución penales pueden ponerle freno, lo cual ya sabemos lo que supone en cuanto a riesgos y eventualmente con peores consecuencias para el denunciante que para los denunciados y presuntos delincuentes.
Por desgracia, buscar la justicia para muchos, puede conllevar o traer injusticia a otros, pero no por ello debe hacernos desistir de conseguir el principal objetivo. Y por esto estoy de acuerdo con la sentencia.
Todos mis respetos a los interinos que lo son por no haber obtenido suficiente nota, y espero que sea el caso de la mayoría de ellos. Pero también hay muchos interinos que no aprobaron todas las pruebas en su día y se echó mano de ellos por falta de otros candidatos (igual porque los más competentes pero sin plaza se fueron a probar suerte en otras oposiciones). En todo caso, me parece correcto que a unos y otros se les apliquen los mismos criterios que a los fijos (en condiciones económicas y carrera profesional horizontal).
El problema surge cuando no se aplica ningún sistema objetivo de valorar méritos para cubrir horizontalmente ciertos puestos más codiciados y los únicos criterios válidos son el amiguismo y el clientelismo.
En mi servicio no ha existido nunca una verdadera valoración de méritos (más allá del servilismo) para ocupar horizontalmente los puestos más cotizados entre los posibles. Al ser personal laboral y denunciar esto, el juzgado de lo Social ignora nuestra condición de empleados públicos y alega que el empresario tiene toda la potestad para organizar el trabajo según las leyes actuales. Eso es válido cuando el empresario se juega su dinero (empresa privada) pero cuando se aplica a una administración se violan los principios de mérito y capacidad, aparte de que otorga un poder inmenso a los jefes (que no arriesgan su patrimonio y a veces han sido además nombrados por el dedo del político amigo) para beneficiar a sus leales, protegidos y vasallos (la mayoría interinos/indefinidos), y perjudicar a aquellos más beligerantes en la defensa de sus derechos y de la legalidad (generalmente los fijos).
Por cierto, en mi servicio, que yo recuerde, desde siempre se han pagado los mismos complementos, pluses, antigüedad, etc. a fijos y a interinos/indefinidos, eso sí, en función de su destino “horizontal”. El truco está en esto último: que el destino de cada cual lo decide el preboste máximo (quien no ha demostrado ni capacidad ni mérito, pues ocupa el cargo por libre designación).
En cuanto a la posibilidad de promocionar verticalmente sin perder la condición de interino (o incluso consolidando el puesto) no falta mucho, me temo, para que veamos alguna sentencia que lo reconozca también como un derecho del personal eventual público. Se va borrando la línea divisoria entre el funcionario de carrera (o laboral fijo) y el que ha entrado por otras vías. Ojalá me equivoque.
Interesante sentencia con la que estoy de acuerdo. Ahora bien, voy a señalar algunos puntos por si he entendido bien el asunto:
1. El funcionario interino (y el laboral indefinido no fijo) seguirá teniendo esa condición de interino aunque tenga la posibilidad de promocionar en la carrera profesional horizontal (entiendo que no en la carrera profesional vertical pues los grupos, subgrupos de categorías superiores ya no formarían parte de sus condiciones de trabajo sino de empleo).
2. La concepción de “condiciones de trabajo” que el TJUE adopta es claramente “expansiva, y no restrictiva” (Ignacio Beltrán) como se ha venido entendiendo hasta ahora en nuestro ámbito nacional (horarios, c. economicas, etc), y se refiere a toda característica de la relación laboral entre empleado y empresario para el concreta ocupación.
3. Entonces debemos empezar por diferenciar las ‘condiciones de trabajo’ de las ‘condiciones de empleo’, siendo estas últimas referidas a, entre otras, al método y características del ingreso. Modestamente, me parece que algunos comentarios confunden unas y otras, y de ahí que lleguen al la conclusión de que hay razones objetivas para negar a los interinos el acceso a la promoción en la carrera profesional horizontal.
Es bien sabido que la forma de ingreso al empleo público determina que se sea funcionario de carrera o interino (aunque no podemos olvidar el ingente número de interinos que, por la limitada cantidad de plazas ofertadas, no accedieron a la condición de funcionario de carrera aún habiendo superado las pruebas aunque con nota inferior a los que finalmente sí obtuvieron las plazas). Ahora bien señalada la razón objetiva diferenciadora entre unos y otros, hay que ceñirse a que esa razón objetiva se refiere al modo de ingreso, o sea a las condiciones de empleo, que en nada tiene que ver con las ‘condiciones de trabajo’. Esa razón objetiva relativa al ingreso podrá servir para establecer diferencias en otras materias (carrera profesional vertical, promoción interna, excedencia por interés particular, etc) pero no en lo concerniente a las condiciones de trabajo.
Ahora bien, los funcionarios de carrera y los interinos que ocupan igual puesto de trabajo realizan iguales cometidos, funciones y tareas (tal vez unos con mejor acierto, calidad o profesionalidad) y por ello deben tener igualdad de trato en cuanto a las condiciones de trabajo, pues de otro modo se llevaría a cabo una discriminación que no se sustentaría en razones objetivas (el trabajador con contrato de duración determinada -interino- se compara con trabajador con contrato de trabajo de duración indefinida -de carrera- que realice un trabajo o tenga una ocupación idéntica o similar, atendiendo a su igual cualificación y mismas tareas desempeñadas), pues la mera duración del contrato no puede ser una razón objetiva y válida segregadora, según la Directiva 1999/70 sobre trabajo de duración determinada y la doctrina del TJUE.
Para finalizar, citando de nuevo al profesor Ignasi Beltrán, según la doctrina del TJUE, “la existencia de una disposición de caracter meramente formal no permite deducir, per se, la concurrencia de criterios objetivos y transparentes (pues de otro modo, la diferencia de trato podría perpetuarse en el tiempo)”.
Muy interesante y esclarecedor su análisis diferenciando las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo. Esperemos que nuestros altos tribunales (y otros no tan altos) conozcan, reconozcan y no olviden esas diferencias a la hora de sentenciar.
Gracias por sus clarificadoras respuestas que denuncian las aberraciones en la contratación de la administración pública local. Al igual que usted, soy personal laboral fijo de ayuntamiento tras aprobar cada uno de los dos exámenes y una prueba práctica en oposición pública y libre. Y esas aberraciones no me son desconocidas, de hecho, la técnico de personal entró ‘de aquella manera’ y ahora, mediante un plan de estabilización de empleo aprobada con la ‘colaboracion-connivencia’ de delegados de personal y con unas bases de la oferta concurso oposición ‘a la carta’ (y salvo que alguien las denuncie), lo más probable es que esa señora ocupe la plaza pero ya como funcionario de carrera. Tan vergonzoso como lo que usted narra. El problema es cómo poner fin a esas prácticas porque los que estamos dentro si denunciamos nos la jugamos, y los que están fuera están ‘desarmados’.
muy interesante el debate, y la precisión en los conceptos. yo tb leo al profesor beltrán, pero no hay que olvidar que es “laboralista”, y tratándose de empleo público, funcionario o laboral, el enfoque ha de ser “administrativista”. así, como tb señaló el profesor fontdevilla, hay que recuperar la doctrina de los actos separables, y entender que no todo lo que tenga que ver con los laborales -sobretodo su ingreso- debe residenciarse en sede laboral. porque, digámoslo claro, a los jueces de los social el ordenamiento administrativo (Constitución incluida) se la trae al pairo; y no tienen la mínima coherencia para si, efectivamente se está “malversando” dinero público, una vez dictada sentencia libren testimonio a fiscalía. y así nos luce el pelo! una lectura a las entradas sobre esta materia del profesor jiménez asensio, y se nos cae la venda a todos…