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BUENISMO, CALDO GORDO PARA EL VICTIMISMO

14 Oct

humor-buenista

El pánfilo y vanidoso “buenismo”, término formado con el adjetivo “bueno” y el sufijo “-ismo” para darle un tono despectivo, en el fondo puro egocentrismo disfrazado de superioridad moral y una de las más nocivas epidemias de un tiempo como el presente líquido, relativista y sentimentaloide, bien podría definirse (en acertadas palabras del profesor Alfonso Lazo) como “un vivir amable, sin esfuerzo ni sacrificio, donde la solidaridad pasa a ser un comportamiento lúdico” y en cuyo seno reina la mediocridad y la excelencia está bajo sospecha, se esconden no pocos tics autoritarios (con mantras del tipo de “la mayoría siempre tiene razón”) e ideas perniciosas (por ejemplo, la de considerar al cristianismo casi un cáncer para la Humanidad, mientras se aboga por la comprensión con el Islam) y muchas, pero que muchas dosis de victimismo. 

        Y es que hoy día no se es nadie si no se protesta, con razón o sin ella, sino se es víctima de tal o cual injusticia, si uno no se considera ofendido por cualquier cosa, sino se pertenece a una minoría o colectivo presuntamente oprimidos. Hoy, quien más quien menos, todo el mundo se declara víctima de algo.

        Así, igualitaristas, feministas, indigenistas, animalistas, veganos, ecologistas, oenegeístas, acólitos de la LGTBI y demás paniaguados del progresismo infantilizado (ése que confunde de forma y manera constante los deseos con la realidad) forman un ruidoso coro que se presenta como históricamente agraviado y, en busca de una hipotética justicia en la que ni ellos mismos creen, claman a grito pelado contra la familia, la autoridad, el patriarcado, la tradición, la propiedad privada, etc, etc.

        Los retorcidos a la par que extravagantes argumentos esgrimidos por estas poderosas, mediáticas y en última estancia radicales minorías bien nos podrían hacer pensar que estamos ante una colección de tontos (otra más) ávidos de dar la nota. Pero de inmediato la sonrisa se nos hiela en la boca cuando observamos su modus operandi, su actuación como nuevos Torquemadas de la corrección política en casi todos los ámbitos de la sociedad actual, empezando por esos mass media azotados por un cada vez mayor clima de histeria moral buenista. Ahí están sino también los miembros de la RAE y el tembleque que les entra cuando han de enderezar alguna de las muchas tropelías lingüísticas perpetradas por el hembrismo más beligerante. Sin duda, ahora nadie que ostente un cargo público se atreverá a decir una sola palabra en contra de la ideología de género o del multiculturalismo. Al contrario, se cuidará muy mucho de ello, puesto que, previa lapidación del populacho, sería despedido de su cargo ipso facto.

       Desde luego, de acuerdo a lo excesivo de sus postulados, las soluciones draconianas que pretenden aplicar, las hirientes falsedades que pregonan, la descarada manipulación mediática de que hacen gala, el ánimo de venganza que fulge en la base de sus enfermizos razonamientos, la tala de libertades que indisimuladamente pretenden llevar a cabo, la intolerancia de que hacen gala con la diversidad que más importa (esto es, la diversidad de opiniones)…no parece que su propósito final sea el de la reparación, la justicia, la concordia o la equidad, sino el del crudo resentimiento, la fría venganza y el odio calculado contra todos los valores, culturas y usos que han existido.

          En realidad, nada nuevo bajo el sol. Si echamos un vistazo a la Historia ésta nos enseña enseguida como las minorías presuntamente oprimidas, si se les deja y tienen ocasión, pasan a ser opresoras en un abrir y cerrar de ojos. Ninguna injusticia se resuelve con otra injusticia. No lo olvidemos. Mucho cuidado pues con los que últimamente agitan tantas banderas de liberación, porque su utópico proyecto se antoja bastante parecido a un cruce de distopías ya imaginadas por Orwell en 1984 y Aldous Huxley en Un mundo feliz.

 

 

RICARDO HERRERAS

 

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Plan Silencioso de la Junta contra León. El estancamiento del proyecto de la PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TORNEROS

14 Oct

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mañana lunes 15 octubre a a las 17.00 h en el edificio rectorado de la universidad 1ª sesión de estas importantes jornadas técnicas y divulgativas

UN PROYECTO ESTANCADO: PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TORNEROS

Por qué la plataforma logística de Torneros es parte vital del futuro económico de León

de  https://www.ILEON.COM/actualidad/060896/por-que-la-plataforma-logistica-de-torneros-es-parte-vital-del-futuro-economico-de-leon

 

Está en juego situar a la provincia como centro para todo el noroeste del millonario negocio del transporte de mercancías, un ‘pastel’ de casi 10.000 millones de volumen de negocio en la Comunidad y 14.000 empleos directos. Pero Torneros, prometido hace 9 años, continúa en vía semi muerta por decisión política. Y el tiempo se acaba.

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Carlos J. Domínguez | 26/03/2016 – 13:00h.

Para responder a las preguntas de por qué la plataforma logística intermodal para transporte de mercancías de Torneros en León es esencial para el futuro económico de la provincia leonesa, y por qué es León uno de los mejor situados en todo el noroeste de la península, basta con un simple vistazo al gráfico que ilustra esta información. Aunque haya muchos más datos que lo avalan.

Torneros, con casi 2 millones de metros cuadrados repartidos entre los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones, junto a la capital leonesa, es un indiscutible punto estratégico en el mapa nacional del transporte, aglutinador de casi todos los centros de negocio importantes del tráfico nacional e internacional, y por lo tanto parecería perfectamente situado en el kilómetro cero del millonario negocio del transporte de mercancías, un ‘pastel’ con un volumen de negocio potencial de casi 10.000 millones sólo en Castilla y León (100.000 millones en España) y un potencial real de empleo de 14.000 trabajos directos y hasta 94.000 inducidos o indirectos en la Comunidad. Las cifras son oficiales, provienen del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del memorándum ‘El sector del transporte y la logística en España (octubre 2013)’ elaborado por la Patronal CEOE y de datos oficiales propios de la Junta de Castilla y León.

70 millones de euros que no fueron

Así que el mapa es tan elocuente como los datos económicos y estadísticas. El futuro está en la logística. El problema es que Torneros, uno de los primeros proyectos considerados realmente intermodales de España, que el Gobierno socialista prometió visionariamente en 2007 -hace 9 años ya- con 70 millones de euros de inversión y se acabó convirtiendo en otra esperanza desengañada de José Luis Rodríguez Zapatero, sigue siendo un erial mientras a su alrededor crece como la espuma la certeza de que el transporte y la logística son uno de los potenciales del despegue económico español.

El trampolín de las infraestructuras

Aquel monstruoso espacio es un lugar bendecido con la llegada del AVE y el tren de alta capacidad a León, consumada por fin en septiembre de 2015 aunque por una sola vía; bendecido también con el entronque de las autovías a Madrid o a Burgos y las autopistas hacia Asturias o Astorga en dirección a Galicia, así como los proyectos de las eternas autovía a Valladolid o León-Bragança (Portugal); y bendecido con un aeropuerto de cierta regularidad en vuelos regulares de pasajeros que jamás ha despegado en cuanto a mercancías por vía aérea.

Eso es la intermodalidad: tener un potencial por tren, por carretera, por aire y hasta por mar, en este caso hacia los puertos de Oporto, Gijón, Vigo o La Coruña. Es la intermodalidad lo único que tiene futuro, lo que prima en las nuevas estrategias de multimillonaria inversión de Europa, lo que destaca sobre el papel tanto el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León como la Estrategia Logística del Ministerio de Fomento del Gobierno español. León, sobre el mapa, lo cumple con creces. Y sin embargo esta perita en dulce que representa León gracias a Torneros es una perita cuyo peral apenas se ha comenzado a plantar.

Un plan silencioso contra León

Desde que iLeon.com denunciara hace dos años que la planificación oficial de la Junta de Castilla y León apostaba por una estrategia que, dentro del Eje Logístico Atlántico primaba el corredor de mercancías Portugal-Salamanca-Valladolid-Palencia-Burgos, con la anuencia de sindicatos y empresarios, quedaba clara la apuesta de la Consejería de Fomento por el centro Valladolid-Palencia como nudo logístico. Y eso relegaba a León a un segundo o tercer plano, aunque el enconces consejero Antonio Silván, hoy alcalde de la ciudad, se afanara en insistir en que habría riqueza para todos, León incluido. Mientras, la plataforma de Torneros se retrasaba años en trámites autonómicos, como el impacto ambiental o la aprobación del Plan Especial, que no llegó hasta este mismo año 2016.

Esa apuesta no leonesa se materializó cuando la Junta decidió apostar abiertamente por concurrir a la jugosa financiación europea del plan Conectar Europa con tres proyectos, que defendió ante el Ministerio de Fomento: los proyectos de las terminales ferroviarias de Burgos y Salamanca y la base logística de Miranda de Ebro. León no sacó nada ese primer año pero ni siquiera los otros proyectos por los que la Junta apostó consiguieron un pellizco de los 11.900 millones de financiación que ponía Europa en el primer intento, decidido a principios de 2015. Fueron rechazados.

¿Por qué eligen León algunas grandes marcas?

Y es que León presenta objetivas características favorables, sobre todo en cuestión de distancias a los puntos claves, que se materializan en la apuesta de grandes firmas por la provincia como eje central de sus mercancías. Así lo evidencia la apuesta leonesa de marcas punteras como Inditex (Zara), Mercadona, Alsa o Tradisa (Volkswagen). Sin embargo, la estrategia oficial de la Junta seguía erre que erre considerando el eje que pasa por Valladolid como prioritario, casi único.

De ahí que la Junta insistiera en que la capital del Pisuerga albergara la gran central logística de agroalimentación para todo el noroeste, en detrimento de León, según los acuerdos firmados por Silván con el entonces alcalde pucelano del PP, o que se considerara que el de Villanubla tendría que ser el único aeropuerto, o al menos el único de referencia, en Castilla y León. Dos polémicas permanentes del regidor vallisoletano León de la Riba.

Y por segundo año, Salamanca y Burgos a por dinero europeo

Carlos S. Campillo / Ical.

Antonio Silván, hoy alcalde de León, y su sucesor como consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones.  / Carlos S. Campillo / Ical.

Con el cambio en la cartera de Fomento, el sucesor de Silván, el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, dio un cierto giro a la situación y abrió in extremis la posibilidad de que León, Torneros, pudiera ser impulsado con los fondos europeos de Conectar Europa. Aunque las pocas semanas disponibles hicieron que de nuevo la alternativa leonesa fuera rechazada, por el Ministerio de Fomento en este caso, según adujo la Junta en su defensa, y de nuevo Salamanca y Burgos vuelvan a ser este año 2016 los proyectos elegidos para ‘pelear’ por obtener dinero público, que está por ver si llega.

León podría ser puerto de puertos

Para León, jugar en la liga de las estrellas de la logística de mercancías es, ante la crisis generalizada de sus sectores productivos tradicionales, algo crucial. Baste conocer que puede ser clave para gran parte del flujo económico que genera en este sector el puerto de El Musel, en Gijón. 17,7 millones de toneladas se gestionaron desde este puerto de mar en 2013, aparte el tirón que supone la llamada Autopista del Mar que conecta por ferry con Nantes (Francia) y Gran Bretaña, bloqueada por motivos políticos casi dos años y que se encuentra en vías de reapertura.

También León puede ser muy relevante para los principales puertos gallegos, como el de Vigo, que supera las 4 millones de toneladas y que es puerta de entrada y sobre todo exportación de un sector importante para León como es la pizarra; o La Coruña, que pasa de 14 millones de toneladas anuales gestionadas.

Autovía León-Bragança, a Europa por la provincia

Pero la principal clave es internacional: se trata del puerto de Leixoes, de Oporto, la segunda capital portuguesa y el segundo puerto más activo del país vecino, con 187 millones de toneladas el pasado año 2015. Oporto mueve el 25% de toda la mercancía marítima de Portugal y aunque parezca alejado de León, no lo estaría tanto con el desarrollo de la autovía León-Bragança. Una vieja aspiración que apenas ha tenido buenas palabras políticas de la Junta y el Gobierno español y que no ha tenido nunca suerte en la lotería de los presupuestos, ni para hacer el proyecto siquiera.

Pero la León-Bragança es clave. Porque aunque Torneros sería una plataforma puntera en el sector ferroviario, lo cierto es que el 97% del transporte en España aún se hace por carretera. Y con esta autovía de apenas 22 kilómetros, incluso sin ella, las mercancías portuguesas se ahorrarían 153 kilómetros de tránsito hacia Europa pasando por Leónrespecto a si lo hicieran por Valladolid: El tránsito por carretera desde el puerto de Leixoes en Oporto hasta El Musel en Gijón, a través de la provincia leonesa, alcanza los 563 kilómetros de distancia, mientras que aquel por el que apuesta la administración autonómica desde Leixoes al puerto de Santander por Valladolid suma 721 kilómetros.

Los argumentos son muchos. Y son contundentes, objetivos. El solar que hoy, nueve años después, sigue siendo Torneros, el papel mojado que es su ambicioso proyecto y la sequía de los presupuestos oficiales para con esta Plataforma Logística Intermodal leonesa son monumentos a la oportunidad perdida de la provincia de León. Quizá la última oportunidad.

La UDEF investiga si el Ayuntamiento de León (PP y C’s) amañó un contrato millonario de dependencia

28 Sep

de https://www.ELPLURAL.COM/politica/ulibarri-se-llevo-8-7-millones-gracias-operacion-matematica-enredadera_203643102

ENREDADERA: EL PP EN APRIETOS

POLÍTICA

Ulibarri se llevó 8,7 millones gracias a “una mera operación matemática” de última hora

La UDEF investiga si el Ayuntamiento de León (PP y C’s) amañó un contrato millonario de dependencia

Antonio Silván, alcalde de León (izquierda) y José Luis Ulibarri (derecha) celebrando el cumpleaños del empresario.

Antonio Silván, alcalde de León (izquierda) y José Luis Ulibarri (derecha) celebrando el cumpleaños del empresario.

De entre los 15 contratos del Ayuntamiento de León que investiga la Policía dentro de la Operación Enredadera, hay uno especialmente llamativo. Lo es por ser el de mayor cuantía, 8,7 millones de euros, porque se lo llevó José Luis Ulibarri, el empresario que está en el centro de la trama y porque es un tema recurrente en los pinchazos telefónicos desvelados por ElPlural.com.

Mesa presidida por Ciudadanos

El contrato en cuestión es el de la asistencia a domicilio para personas mayores y dependientes que acabó en manos de la empresa Aralia de Ulibarri tras un cambio técnico de última hora y bastante chapucero en la mesa de contratación. Una mesa presidida por un concejal de Ciudadanos, Justo Fernández, y en la que también estaban los concejales del PP Agustín Rajoy -primo del expresidente del Gobierno- y Aurora Baza, y el edil de UPL, Eduardo López.

El inicio de la tramitación de este suculento contrato se remonta a abril del 2017. En la publicación del concurso, se especificaba que la valoración de los solicitantes se haría con un baremo de hasta 100 puntos. Dicen que el demonio está en los detalles y en este caso, en una adjudicación que se preveía muy ajustada, la clave está en 10 puntos del apartado “Mejoras sin coste adicional”.

Dentro de ese bloque, el primer apartado y el más importante, porque daba 5 puntos, es el que se refería a las “limpiezas extraordinarias”, que son aquellas “imprescindibles en situación de gran abandono y que son necesarias” antes de empezar los cuidados de personas mayores. Aquí, por ejemplo, entraría una limpieza de una persona que sufre síndrome de Diógenes. El contrato especificaba claramente que “la valoración de esta mejora se realizará asignando la mayor puntuación al licitador que ofrezca un mayor número de limpiezas extraordinarias”.

RELACIONADOEl juez de Enredadera libera a Ulibarri y El Patatero

El problema llegó cuando, al abrir los sobres de las ofertas, tres de las cinco empresas que aspiraban al contrato sí especificaban el número de limpiezas que incluía su oferta, pero dos de ellas, la de Ulibarri y la de Caser seguros, solo hablaban de “horas anuales” dedicadas a las limpiezas extraordinarias.

“Una mera operación matemática”

El acta de la adjudicación del contrato incluye cómo la Mesa de Contratación, con los políticos antes mencionados, decidió resolver este entuerto. Podrían haber rechazado las ofertas de Ulibarr y Caser, pero las aceptan con el argumento de “la tendencia restrictiva a la exclusión de plicas aún más en supuestos en los que las ofertas presentadas no son sustancialmente diferentes del modelo establecido”.

Y aún, es más, la Mesa de Contratación decide que van a realizar “una mera operación matemática para referirlo todo a horas”. La adjudicación del contrato está repleta de fórmulas matemáticas complejas para valorar las ofertas, pero en el caso de las limpiezas extraordinarias, deciden “que cada limpieza extraordinaria ofrecida empleará ocho horas de trabajo”. Sin ningún tipo de explicación o argumento técnico.

Ese cálculo supone que la propuesta de Carflor pasa de ofrecer 300 limpiezas a 2.400 horas, mientras que Ulibarri proponía que su empresa, Aralia, haría 12.000 horas. El cálculo arbitrario de las 8 horas para limpiar una casa supone que Ulibarri obtenga 5 puntos en este apartado y su principal rival, Carflor, sólo rasque 1 punto. De haber sido al revés, Caser habría ganado la adjudicación y Carflor se habría quedado a unas décimas del primer puesto, con Ulibarri en tercer lugar.

“Lo otro ya está adjudicado”

Este contrato, el más alto de los conseguidos por Ulibarri, es uno de los temas preferidos de conversación en los pinchazos telefónicos y hay tres charlas registradas por la Policía que son bastante ilustrativas.

La primera de ellas es de Ulibarri con el mismísimo alcalde de León, Antonio Silván y se produce el 29 de septiembre, en las fechas en que se está estudiando esta adjudicación. Es cuando el regidor le dice a Ulibarri “oye, que lo otro ya está adjudicado”. No especifican a qué se refieren, pero el empresario le dice “pues muchas gracias”. Justo el día anterior, el 28 de septiembre, el Ayuntamiento publicaba una “nota aclaratoria” en la que insistía en que las “limpiezas extraordinarias” se medirían en limpiezas individuales y no en horas.

CÁRITAS y otras entidades. MANIFIESTO ANTE LAS DEVOLUCIONES DE MIGRANTES Y REFUGIADOS A MARRUECOS

28 Ago

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de https://www.CARITAS.ES/asturias/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=13667

MANIFIESTO ante las devoluciones de migrantes y refugiados a Marruecos

 24/08/2018

El pasado 22 de agosto, a través de la valla de Ceuta, accedieron a territorio español 116 personas migrantes y refugiadas. El Ministerio del Interior confirma que al día siguiente estas personas habrían sido devueltas a Marruecos mediante la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. Este Acuerdo, hasta el momento, no había sido aplicado sino de forma muy incidental y marginal para la devolución de personas interceptadas en algunos de los islotes de soberanía española cercanos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las entidades abajo firmantes nos vemos en la obligación de criticar duramente dicha forma de proceder por las siguientes razones:

1. El Acuerdo de Readmisión de 1992 no supone ninguna base jurídica distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el retorno de cualquier persona que se encuentre bajo la potestad de las autoridades migratorias españolas. Es un mero instrumento jurídico para posibilitar la ejecución de una previa decisión de retorno a Marruecos adoptada por las autoridades españolas. Por tanto, cualquier persona que sea entregada a las autoridades de Marruecos en aplicación de este Acuerdo debe haberlo sido tras la tramitación de alguno de los procedimientos previstos en la legislación de extranjería (en este caso, el procedimiento de devolución) en el que han debido observarse todas las garantías previstas legalmente. Entre esas garantías se incluye los derechos de asistencia letrada, de intérprete y a someter la decisión a revisión judicial. En el marco de este procedimiento, además, han debido poder identificarse situaciones de especial vulnerabilidad susceptibles de tutela e impeditivas de la ejecución de la decisión de retorno como son la minoría de edad, potenciales solicitantes de protección internacional o víctimas de trata de seres humanos. La inusitada celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos permite cuestionar que dichas garantías se hayan satisfecho materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento.

2. El Acuerdo de Readmisión establece, a su vez, un detallado procedimiento para la ejecución de la decisión de entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de España y Marruecos. Como obligaciones formales se establecen (i) la necesidad de una solicitud formal en que se hagan constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo; y (ii) la aceptación que debe quedar documentada mediante la expedición por las Autoridades de Marruecos de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída por el extranjero en cuestión. Nuevamente, la celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos y la experiencia de la general ausencia de documentación personal de estas personas permite también cuestionar que estas obligaciones se hayan cumplimentado materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento.

3. El Acuerdo de Readmisión también establece una específica garantía material que condiciona cualquier entrega a las autoridades de Marruecos, como es que España se asegure de que “los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje” (art. 5). Difícilmente Marruecos está en disposición de poder dar cumplimiento a esta exigencia ni España podría hacer frente a su compromiso asumido internacionalmente de que pueda asegurarse de que estas personas son retornadas a sus países de origen. Nada parece apuntar a que Marruecos y España pueda garantizar que estas personas no quedan varadas en territorio marroquí, donde sus derechos son sistemáticamente vulnerados.

4. Son numerosas y reiteradas las denuncias de organizaciones sociales e internacionales sobre el trato recibido por los migrantes en Marruecos. Específicamente, el Comité Europeo para la prevención de la tortura en su Informe al Gobierno español sobre la visita que realizó dicho Comité a España en 2014 [CPT/inf (2015) 19] afirmó en su apartado 54 que “teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes a los migrantes irregulares, devueltos a Marruecos, la CPT recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es entregada a ellos”. Por tanto, siendo constatable esta circunstancia por un órgano del Consejo de Europa, también hay que afirmar que la entrega de estas personas supone una vulneración del principio de no devolución reconocido en el derecho internacional, europeo y nacional.

5. Con esta medida, el actual Gobierno desvela cuál es realmente su política migratoria. No sólo ha mantenido la petición de reenvío a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la Sentencia que consideraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos las devoluciones en caliente, haciendo suyos los argumentos del anterior gobierno y contradiciendo sus críticas a la figura de los rechazos en frontera. Ahora, buscando una alternativa pretendidamente jurídica a este tipo de actuaciones, intenta implantar una suerte de “devoluciones en caliente en diferido” en que materialmente se mantiene la vulneración de derechos fundamentales que siempre han caracterizado a estas actuaciones.

Las entidades abajo firmantes, representativas de muy amplios y diversos sectores de la sociedad civil, denunciamos la huida hacia adelante que representan estas devoluciones en caliente en diferido no sólo por no respetar las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la política de externalización de controles que tantos costos tiene en términos de derechos humanos –amén de las contraprestaciones económicas y políticas a Marruecos que el Gobierno debería desvelar-. Una política migratoria, en definitiva, que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad y los principios humanistas en que debería asentarse, empujándonos por la pendiente de la barbarie.

Exigimos que el Ministerio del Interior haga público: (i) el número de abogados de oficio y de intérpretes que han actuado; (ii) número de funcionarios policiales que han actuado como secretarios e instructores de los diversos procedimientos; (iii) actividades desarrolladas para lograr la identificación de las persona y medios a través de los cuales se ha producido esa identificación; (iv) actividades dirigidas a identificar la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, solicitantes de protección internacional y de víctimas de trata de seres humanos) y resultado de las mismas; (v) listado de nacionalidades de las personas devueltas; y (vi) garantías aportadas por Marruecos de que no serán sometidos a malos tratos. Asimismo, solicitamos a los distintos grupos políticos que, en su labor de control de la labor de gobierno, exijan la mencionada información.

Finalmente exigimos una política de control de fronteras basada en el respeto a los Derechos Humanos, una profunda modificación de la ley de extranjería que garantice vías legales para la migración regular, la aprobación del reglamento de la ley de asilo que garantice el acceso al procedimiento de asilo en consulados, y que se ponga fin a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países que no garantizan los Derechos Humanos ni la protección de las personas en movimiento.

Madrid, 24 de agosto de 2018.

Almería Acoge – APDHA – Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca – Asociación Agar – Asociación Apoyo – Asociación Asdecoba – Asociación Valiente Bangla – ASPM Madrid – Bienvenidxs Refugiadxs Toledo – Caminando fronteras – Campaña CIES No Valencia – Canarias libre de CIES – Caravana abriendo fronteras – Cáritas Española – Centro Pastoral San Carlos Borromeo – Colectiva feminista Moolaadé – Colectivo para la Paz – Convivir sin Racismo – Coordinadora de Barrios – Ecologistas en acción – Elin – Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte – Federación Andalucía Acoge – Federación SOS Racismo – Inmigrapenal – Iridia – Mundo en movimiento. #SickOfWaiting – Obrim Fronteres Castelló – Obrim Fronteres Valencia – Observatorio del Racismo Institucional- RAIN – Observatorio Samba Martine – Ongi Etorri Errefuxiatuak – Pacifistas Ciudad Real – Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca – Plataforma de ayuda a personas refugiadas Elche – PRODEIN – Red Acoge – Red Ciudadana de Acogida de Leganés – Red Española de Inmigración – Red Interlavapies – Red migrantes con derechos – Red Solidaria de Acogida – Senda de cuidados – Sercade – Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) – Tanquem els CIE – Territorio Doméstico – Valencia Acoge

INMIGRACIÓN  EXPULSIONES  DENUNCIA  DERECHOS HUMANOS

 

EL CIRCO “ENREDADERA” continúa con funciones diarias

13 Ago

La operación “ENREDADERA” está copando páginas y páginas de información en los medios no controlados por el magnate involucrado.  Incluimos a continuación un dossier de artículos hasta el momento sobre este  importante asunto.

 

 

LA TRISTE HISTORIA DE LEÓN: ULIBARRI, ‘EL PATATERO’, RINCONETE, CORTADILLO Y UNA AMANTE

de https://www.LEONOTICIAS.COM/leon/triste-historia-leon-20180808190456-nt.html

La ‘operación Enredadera’ pone al descubierto la parte más ruin de la clase política y empresarial leonesa, una mezcla de ambición y soberbia hasta alcanzar el despropósito

Rinconete y Cortadillo en una ilustración de Decrépito./
Rinconete y Cortadillo en una ilustración de Decrépito
J. CALVOLeón
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La ‘operación Enredadera’ podría entenderse como una mala serie de humor británico atendiendo a la ‘calidad’ de algunos de sus personajes.

Podría ser así salvo por el dramatismo de sus consecuencias, por la impunidad con la que todos los salpicados actuaban, por su frivolidad y desconsideración, por el insulto permanente a la sociedad a la que han pisoteado sin escrúpulos.

Al menos, y eso es evidente, las grabaciones realizadas durante dos largos años por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han servido para desenmascarar a quienes por acción y por omisión permitieron y alimentaron el crecimiento de esta vomitiva enredadera.

En el tronco de esta planta trepadora, cargada en unas ocasiones de corruptelas y en otras de delirantes amaños políticos, emerge sin discusión la figura de José Luis Ulibarri. El empresario, propietario de media docena de periódicos (con el Diario de León a la cabeza), emisoras de radio y la mitad de la Televisión de Castilla y León, convirtió a la prensa en su guardia pretoriana.

En ocasiones sus medios, aquellos con los que convocaba a la sociedad civil para seguir tejiendo redes, servían como elemento propagandístico, en otros momentos actuaban como sicarios. Sicarios, sí, sin contemplaciones.

No es de extrañar por tanto que Ulibarri se asociara con otro personaje que por su alias podía haber sido extraído de una novela, ‘El Patatero’. Es cierto, para determinados negocios se precisan ‘elementos’ con este perfil: fanfarrones, crecidos, descarados, sofocantes, capaces de hacer un rascacielos y de robar una cartera.

Pero nada le habría sido posible a Ulibarri y ‘El Patatero’ sin la complicidad de una clase política llena de debilidades, mísera, poco hecha, rendida a las primeras de cambio y capaz de entregarse por una foto y un bocadillo de filetes de pollo.

La política leonesa, en general, invita a la vergüenza y el desprecio. Salvo honrosas y milagrosas excepciones, todo lo que desprende es vomitivo y no importa el partido al que pertenezcan. Ninguno de cuantos aparecen en el sumario tiene disculpa, por mucho que se las quiera inventar. La lectura de los 8.000 folios del sumario evidencia que los leoneses, todos, tienen una representación política de lo más variopinta: los hay que llaman al empresario por temor, para venderle un favor, quienes se arrodillan hasta ser azotados, los que atemorizados prometen lo que no tienen, hay políticos capaces de saltarse toda legalidad para evitar una bronca del empresario, o quienes sin desnudarse se han bajado los pantalones simplemente para no verse cuestionados en una portada de un periódico. Todos, sin excepción, son una vergüenza moral, social y política. Pura mugre.

Claro que, a la ‘Enredadera’ le faltaba una parte de sainete. Y quizá por eso tiene que haber personajes como Sadat Maraña y Juan Carlos Fernández, ‘Rinconete y Cortadillo’, dos frívolos aprendices de pícaro que no le llegan a la suela del zapato a cualquier ciudadano de esta tierra. Uno, corto y plomizo; el otro, casposo, un sonámbulo marcado por aspiraciones imposibles.

Entre ellos se repartían sus miserias, cobrando de aquí y de allí, rapiñando de este de aquel, entretenidos divagando en las ‘cenas del mal’ (como ellos las denominaban) junto con la amante de ‘El Patatero’. Y allí, en la mesa, se creían los dueños del mundo.

Debería entregarse el sumario como fascímil a todos los leoneses, para que así vieran qué tipos manejan sus bienes y cuidan de su destino, para que conocieran en qué elementos se sustenta una parte tan esencial de la sociedad como la clase empresarial y la política. Sería un buen experimento que todos los leoneses tuvieran en su mesilla esta novela salpicada por truhanes, ilusos, ladrones, ladronzuelos y ratas de alcantarilla, una larga lista de ratas de alcantarilla.

Claro que de ser así el resultado sería lo que hoy es la ‘Enredadera’: una enorme pesadilla que a todos -menos a los propios implicados- abochorna.

 

Se va desenredando la corrupción en Castilla y León

de http://www.PLADEPU.ORG/2018/08/se-va-desenredando-la-corrupcion-en.html?

MIÉRCOLES, 8 DE AGOSTO DE 2018

El gobierno de Juan Vicente Herrera siempre había alardeado de no estar afectado por la corrupción que campaba a sus anchas en otras Comunidades Autónomas. Sin embargo, las noticias de estos últimos días hablan por sí solas y no requieren de mayor presentación. Ya se dejó entrever algo de podredumbre con el escándalo de las eólicas pero cada vez es más evidente que el Partido Popular, partido político gobernante en Castilla y León, está envuelto en tramas corruptas como la reciente “Enredadera” que desde el PP autonómico parecen intentar tapar con un férreo control sobre los principales medios de comunicación de la Comunidad. De hecho, el mismo cabecilla de la trama Enredadera, José Luis Ulibarri, es dueño de varios de dichos medios. Ya se sabe que la información es poder, y por ello en Castilla y León estamos a ciegas. Por suerte algunos periódicos escapan de su influencia y nos permiten ir accediendo con cuentagotas a lo que ocurre. Otros partidos políticos como Ciudadanos, a pesar de lo poco que llevan en política ya están salpicados también por la corrupción en diversos Ayuntamientos de León, de momento…

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) viene desde hace tiempo denunciando la connivencia que hay entre los altos cargos (políticos) de la Junta de Castilla y León con diversas empresas amigas a las que se cede la gestión de servicios que les reportan pingües beneficios. Formas de externalización o privatización potenciadas ahora por las encomiendas de gestión. Dichos servicios -algunos básicos como sanidad, emergencias, cuidado de personas dependientes o de la tercera edad, trámite de subvenciones- deberían ser públicos y estar gestionados por personal funcionario bajo los principios de legalidad y transparencia, pero sin embargo acaban privatizados, y ejecutados por personal de empresas privadas que no se deben a la ley. De aquellos polvos vienen éstos lodos, y lo que nos queda por ver…

Varias noticias relacionadas; se recomienda su lectura:

Políticos, técnicos y agentes, los caídos por la trama corrupta

Estefanía Chamorro | 12/08/2018
CONSECUENCIAS León no es la única provincia donde la investigación ha tenido consecuencias para algún cargo público, otras siete personas más están en la lista a nivel nacional

Como si de un tsunami se tratase, la gran ola que ha supuesto la Operación Enredadera ha traído tras de sí muchas consecuencias. Una de ellas es el rastro de ‘nominados’ a modo de ceses y dimisiones que ha provocado esta macroperación. El último en toda España y único en la provincia, José María López Benito, ‘Yiyo’, dimitó para salvar la Alcaldía de Antonio Silván de la moción de censura.

Sin embargo, López Benito no es ni de lejos el primero en perder su cargo. Julio Villegas, oficial de la Policía Local de Alcobendas, fue suspendido de forma cautelar el 4 de julio. El ex agente era detenido apenas un día antes y tanto su despacho como sus equipos eran registrados por la Policía Nacional, que también pidió la colaboración del Ayuntamiento para revisar varios contratos. El segundo en ocupar esta lista es el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, destituido de su cargo el día cinco del mismo mes, apenas dos días después del tsunami de la Operación Enredadera. Durante la mañana de ese jueves, apenas minutos después de conocerse su detención, José Francisco Cano fue fulminantemente suspendido de sus funciones por el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Por la tarde ya tendría un sustituto, Miguel Ángel García.

El seis de julio fue una jornada clave en las administraciones afectadas por la investigación. Tres de las ocho personas que, hasta el momento, han perdido su cargo lo hicieron ese día, en el que otros dos oficiales de la Policía Local y un funcionario eran cesados.

Uno de ellos fue José Manuel López, jefe de la Policía Local de Oviedo. La alcaldía, encabezada por Wenceslao López, convocaba una rueda de prensa tras un conjunto de «hechos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo». Según algunos medios, su propuesta de ‘externalizar’ la formación de nuevos agentes fue la gota que colmó el vaso y también la que lo abocó a la destitución. Ese mismo día, Tomás Cabrejas era cesado de su puesto como jefe de la Policía Local de Tiana (Barcelona). Cabrejas había sido el hombre de confianza de la alcaldesa, al frente de la seguridad desde 2015. También había ocupado el puesto de concejal de Seguridad y Movilidad en Montgat. Precisamente en este último municipio los investigadores también requirieron información el pasado tres de julio, día de los registros policiales.

El tercero en ser suspendido aquel día seis fue el técnico municipal responsable de nuevas tecnologías de Mollet del Vallés. El Consistorio decidió crear una comisión de investigación para analizar todas las operaciones en las que dicho trabajador se había visto envuelto y que podrían ser importantes de cara a la Enredadera.

Apenas dos días después, el ocho de julio, el subinspector de la Policía Local de Plasencia era apartado de la gestión de las contrataciones a causa de la investigación municipal en la que se había visto envuelto y del proceso judicial en el que también se encontraba.

Cinco días más tarde, Carlos Ruipérez (Ciudadanos), alcalde de Arroyomolinos, tomaba la decisión de renunciar a su cargo al frente del Consistorio y al acta de concejal. Sin embargo, el municipio madrileño se mantuvo bajo la dirección del partido naranja, el alcalde en funciones, Juan José González, cuyo nombre aparecería más tarde implicado en el marco de la macroperación.

Llegaba entonces el turno para la provincia leonesa. Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, era expulsado por su relación con la trama.

Con todo ello, por el momento, el último en despedirse de su cargo fue el leonés López Benito, investigado en la causa, que renunciaba a su acta de concejal el pasado siete de agosto tras las presiones de la oposición.

La normalidad de los políticos, algo difícil de explicar a la gente normal tras ‘Enredadera’

de https://www.ILEON.COM/actualidad/088465/la-normalidad-de-los-politicos-algo-dificil-de-explicar-a-la-gente-normal-tras-enredadera

 

Tras conocerse las transcripciones de los políticos hablando con José Luis Ulibarri y que Antonio Silván y Juan Carlos Suárez-Quiñones las calificaran como algo que “entra dentro de la normalidad”, cabe preguntarse si lo normal es que todos los ciudadanos reciban las mismas atenciones que el empresario preso en la Operación Anticorrupción Enredadera; o qué es normal en un día a día para el alcalde de León, el Consejero de Fomento de la Junta y los demás representantes ciudadanos implicados en la trama.

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El consejero leonés de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones(I), junto al alcalde Antonio Silván (C) y el empresario José Luis Ulibarri./ ICAL
Jesús María López de Uribe| 12/08/2018 – 20:00h.

Normal. Del latín normālis. Adjetivo: 1. Dicho de una cosa: que se halla en su estado natural; 2. Que sirve de norma o regla; 3. Dicho de una cosa: que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano.

El Diccionario de la Real Academia Española define así la palabra normal (que tiene un par más de definiciones referentes a la geometría), algo que mucha gente no suele tener en cuenta, porque como siempre los españoles le damos un significado distinto a las palabras según nos conviene. Lo normal, en esencia, es lo que siempre se repite, o lo que es natural en sí.

Claro, que eso no cuadra cuando los ciudadanos comparan su vida normal con la de un político. Cosa que cabría esperar porque éstos tienen que hablar con todo el mundo y escuchar a cualquier persona pidiéndoles todo tipo de soluciones a sus problemas; pero lo que ya no es normal es que les llamen para informarles de que ellos tienen un problema que solventar o de que se lo han solucionado.

El caso es que lo normal cuando se habla de votante y representante público elegido cambia de signo, o de definición, o de descripción en esa ‘enredadera’ que son los matices del idioma español. Porque para los políticos electos lo normal es “ser honestos”, pero para los ciudadanos el que sean “unos chorizos”. Y, curiosamente, esto es “lo normal” que dice cada uno de estos grupos sociales, sea mentira o injusto dependiendo de quién diga qué.

No ayuda por tanto para explicar qué es “lo normal” que los ciudadanos hayan conocido las conversaciones de los citados en el sumario de la trama de Corrupción Enredadera. Porque no parece que sean calificables como normales.

En primer lugar, el alcalde de León, Antonio Silván, se ‘chiva’ de que no le está saliendo bien un concurso al constructor en un lugar alejado del municipio de la capital leonesa después de asegurar a Ulibarri que le ha avisado una mujer con el mismo nombre que la alcaldesa de Benavides de Órbigo. Y lo hace según se están abriendo las plicas de la Mancomunidad del Órbigo para avisarle que iba cinco puntos por debajo. Se estaba jugando un millón de euros.

El alcalde del PP en León y procurador autonómico, Antonio Silván, en la fiesta del último cumpleaños del empresario José Luis Ulibarri, imputado ahora en la operación Enredadera y antes en Gürtel.

El alcalde del PP en León y procurador autonómico, Antonio Silván, en la fiesta del último cumpleaños del empresario José Luis Ulibarri, imputado ahora en la operación Enredadera y antes en Gürtel.

Pero no pasa nada. Según el criterio del alcalde de León “entra dentro de la cotidianeidad de las gestiones con cientos, miles de personas”. No tiene por qué “renegar de las personas” con las que habla, dijo al día siguiente de conocerse la conversación con el empresario implicado en la Gürtel. Por supuesto tampoco la alcaldesa de Benavides, Ana Rosa Sopeña, considera que haya hecho ni una sola ilegalidad. Afirma que no avisó a nadie. Solo faltaría.

Ahora bien, es difícil de creer que Antonio Silván llamara de inmediato a un autónomo al que le faltara un papel en la licencia de un negocio; o a un vecino que tuviera un problema administrativo. O que informe en directo del problema (y más que acierte en tiempo real lo que está ocurriendo en una subasta a media hora de distancia en coche de su propia ciudad). También es complejo pensar que se dé el nombre de una alcaldesa que está en la misma subasta y que luego no fuera ella. No parece normal que el alcalde de León haga lo que hizo con un ciudadano normal.

Así que habrá que preguntarse qué debe ser la normalidad para un político. Ciertamente la vida de un representante electo tiene sus complicaciones, porque tiene que pararse en la calle a escuchar a todo ciudadano (le haya votado o no) para que le critique o le pida. Es quizás la petición de “encuentre trabajo para algún familiar” la más común. Pero por lo visto, al ser alcalde también es normal que los empresarios intenten conseguir dinerín público para engordar su cuenta de resultados. Lo que un ciudadano común esperaría es que el regidor se comportara honestamente y no se metiera a aconsejar o contar nada de un proceso de concurso público. Y eso es lo que afirman los políticos que hacen.

Pero en este caso fue Silván quien llamó. ¿Es eso normal? ¿En serio llamaría a cualquier ciudadano de su ciudad porque hay un detalle que no cuadra en un su expediente de licencia para que lo arregle antes de que se decida? Vale que cada leonés es jefe de Silván, pero la conversación con un empresario implicado en la Gürtel para avisarle de cosas fuera de todo asunto urbano, resulta extraña porque da la impresión de estar cumpliendo con creces con esa máxima de que es su servidor público. ¿Eso es lo natural?

El alcalde de León, Antonio Silván, rodeado de periodistas. / Carlos S. Campillo / ICAL

El alcalde de León, Antonio Silván, rodeado de periodistas. / Carlos S. Campillo / ICAL

Recuerden la primera acepción del diccionario: “Dicho de una cosa: que se halla en su estado natural”. ¿Cuál es el estado natural de Silván relacionándose así con José Luis Ulibarri? Esta sería una pregunta normal. Que el empresario contesta ya en una conversación con su hija Adriana. “Estaré contento con el alcalde porque el contrato nos lo hemos llevado nosotros“, refiriéndose no al del Órbigo, sino a uno de 8,8 millones de euros para dar a su empresa Aralia la concesión de Servicios de Bienestar Social en el municipio leonés.

Obviamente, todo muy primera acepción de la RAE; eso no se discute.

¿Pagar 20.000 euros a dos tipos que no tienen capacidad para hacer nada?

Tampoco parece muy normal que se pague comisiones a dos políticos recién llegados al ruedo. Es lo que decían de Juan Carlos Fernández, concejal de San Andrés del Rabanedo y Diputado Provincial por ciudadanos, y su secretario de oficina Sadat Maraña (el cual era conocido desde que era coordinador de UPyD y se pasó con todo a la formación naranja como Sadat ‘Mengaña’), un político caído en desgracia que pudo llegar a ser diputado nacional en vez de Enrique Bueno si no se llega a quemar él solito mintiendo sobre una licenciatura que no tenía.

¿Pero es que es normal dar pasta porque sí a dos tíos que ni siquiera mandan? Eso mismo se preguntaba el Patatero de Astorga cuando éstos pedían 20.000 euros para conseguir cosas en el municipio dirigido por la socialista María Eugenia Gancedo, San Andrés, y en Villaquilambre. Y, no; no lo parece. Pero lo que muestra el sumario de ‘Enredadera’ es que en realidad, sí; es lo que parece.

En el centro, José Luis Ulibarri flanqueado Ángel Luis García Martín 'El Patatero' (der. arriba), Juan José Simón Callejo (izq. arriba), Sadat Maraña (der. abajo) y Juan Carlos Fernández (izq. abajo).

En el centro, José Luis Ulibarri flanqueado Ángel Luis García Martín ‘El Patatero’ (der. arriba), Juan José Simón Callejo (izq. arriba), Sadat Maraña (der. abajo) y Juan Carlos Fernández (izq. abajo).

O que se le haga caso a este personaje, Angel Luis García Martín, conocido por todos por hablar más de la cuenta que ahora que se conocen sus conversaciones se ha convertido en el ‘bocachancla’ más peligroso de toda España, ya que parece hasta haber acabado con el todopoderoso Ulibarri.

O las conversaciones del ‘Patatero de Astorga’,  (también encarcelado por ‘Enredadera’) con el concejal en Astorga, Ángel Iglesias, en la que se dice que Ulibarri “es mafia” por el uso de sus empresas mediáticas para arrear a todo político que no ceda a sus intereses.

O el reconocimiento ante el alcalde de la ciudad Bimilenaria, Arsenio García Fuertes, de que lo de contratar publicidad es un chantaje que hay que pagar. “¿Quieres llevarte bien con ellos? Pues paga”. Lo normal en la vida de los representantes públicos de la provincia: lo de comprar publicidad en esos medios de comunicación propiedad de José Luis Ulibarri para que no les den cera en Portada.

¿Se avergüenzan estos políticos de que les hayan pillado con estas conversaciones tan ‘normales’? Y eso que según el sumario Astorga es el ayuntamiento de España con más investigados por la Operación Enredadera. Pues no, qué va. Siguen tan normales que apuntan lo que Silván: que es parte del día a día. Parece encima que le deba dar pena al ciudadano, por las presiones que reciben los pobrecitos. Para los políticos, lo normal.

Recuerden la segunda acepción del diccionario: “Que sirve de norma o regla”. ¿Cuál es entonces la norma o regla en las conversaciones de los políticos con los empresarios poderosos?

La normalidad del “yo soy la Administración y pim, pam… tienes la obra” del consejero de Fomento

Claro que lo normal es ser consejero de Fomento y decidir al más alto nivel con las obras que se quedan colgadas. Llamando también a José Luis Ulibarri para concederle de forma directa una carretera que quedó a medio hacer por la quiebra de otra empresa. Algo que sí, se puede hacer sin ser ilegal (o no, depende de lo que diga cada abogado que se consulte) pero que tras la conversación desvelada no parece que lo que se diga sea muy normal. O sí lo es, que es el ex juez decano de León que fue Delegado del Gobierno de Castilla y León y es un hombre muy elegante: por eso le llaman ‘Pañuelitos’.

“Yo te digo, que soy la Administración”, le dice Juan Carlos Suárez-Quiñones en esta conversación normal del día a día a José Luis Ulibarri. “Que os dé todos los datos de la adjudicación, el precio, pim, pam, para que hagáis una valoración y véis si os interesa, y si os interesa, pues hacemos el traslado de la obra macho y adelante”. Una conversación, muy normalita, como se vé. De tú a tú. Lo normal entre un empresario y un consejero de Fomento de la Junta de Castilla y Léon. Normal es también recordar que el anterior en el cargo era Antonio Silván y le debió quedar la confianza y la normalidad con el empresario de la Gürtel y la Enredadera.

El consejero leonés de Fomento y Medio Ambiente en el Gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones (I) junto a la hoy presidenta del Congreso de los Diputados y entonces ministra y el empresario ahora en prisión José Luís Ulibarri. / Carlos S. Campillo / ICAL

El consejero leonés de Fomento y Medio Ambiente en el Gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones (I) junto a la hoy presidenta del Congreso de los Diputados y entonces ministra y el empresario ahora en prisión José Luís Ulibarri. / Carlos S. Campillo / ICAL

Pero, como no, lo normal es que después de ese “Pim, Pam” la gente le cambie el mote a Suárez-Quiñones. Ahora le llaman ‘el Lacasitos’. Pero a él, como es lógico no le importa, o no parece importarle lo chusca y natural de la conversación que mantuvo con Ulibarri. Es más, le parece normal. Aseguró directamente que la conversación era “correcta y regular”, que llamó a Ulibarri porque “es un empresario comprometido con León” y al que conoce por “asistir a sus actos” y que, además, “tampoco conoce a más empresarios”. Claro, lo lógico en todo un consejero de Fomento. Lo normal.

“Yo de tonto tengo lo justo, y sé, aunque estemos en un Estado de derecho, que los teléfonos se pueden pinchar. ¿Cómo iba a hacer algo irregular? No, esa llamada se hizo en el marco legal y con la intención de sacar adelante una carretera que estaba fatal y paralizada”, dijo a El Diario.es Juan Carlos Suárez-Quiñones. Lo de no contestar las reiteradas llamadas de ILEON.COM para saber su opinión e irse inmediatamente de vacaciones sí se puede asegurar desde esta redacción que es normal. Bastante normal. No quiere hablar más del tema, aunque tenga que hacerlo tarde o temprano en las Cortes, pero con periodistas ni hablar. Y eso ni un sólo consejero. Las órdenes de Herrera es “todos de vacaciones hasta que escampe”. Tácticamente, en política, lo más lógico.

Ahora toca recordar la tercera acepción del diccionario: “Dicho de una cosa: que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano”.

Pues visto lo visto en Enredadera es bastante difícil pensar en que las normas fijadas sean las mismas para los políticos que mandan y los ciudadanos normales. Lo normal es que con la indignación que han mostrado los votantes tras conocer estas conversaciones los políticos que ven todo esto de Enredadera como algo sin más de su día a día tengan un gran castigo electoral el año que viene en las elecciones municipales y autonómicas. O que, según muchos ciudadanos, dimitan de forma inmediata.

O que el Pleno del Ayuntamiento de León Silván no conteste ni una sola pregunta de la oposición, o que se dediquen los concejales a defenderse atacando a los demás diciendo que “la mayoría de los grupos políticos están en implicados Enredadera” y que Ciudadanos ante la posibilidad de una moción de censura solicite una Comisión de Investigación que acepta inmediatamente el alcalde.

El problema es que de siempre ha sido muy complicado definir qué es lo normal. Y como se vé, analizar si el trato de los políticos a empresarios como Ulibarri es normal es un enredo de cuidado. Porque no sonarán bien esas transcripciones con Ulibarri, pero tampoco queda claro que sea delito (ni siquiera están investigados por los jueces que llevan el caso). Ahora, que no parece que tengan estas conversaciones con cualquier ciudadano en su día a día. Lo que es normal para un político no lo es para sus votantes, menudo lío de significados que no arregla ni la RAE.

No es de extrañar que esta operación anticorrupción la bautizaran ‘Enredadera’. Y que los políticos de alto copete como Silván y Suárez-Quiñones, con toda su cara, se hagan tras conocerse esas conversaciones un Cifuentes: “No me voy. Me quedo”.

Pero vamos, todos sabemos que eso es lo normal.

 

 

“Cuando todo el mundo ve que esta Comunidad (Castilla y León) tiene una capacidad limitada, yo creo que la limitación la ponemos nosotros. Realmente se pueden desarrollar grandes proyectos aquí igual que en otros lugares. Hay que mirar hacia delante para avanzar. Yo soy un empresario atípico, gasto menos de lo que gastaba hace 10 años. Todo lo que los negocios generan se vuelve a reinvertir”. José Luis Ulibarri Cormenzana, presunto cabecilla de la Operación Enredadera, la organización que amañaba contratos gracias a sobornos, cohechos y amistades con políticos, hablaba así para el diario ABC en el año 2000. Hacía balance de una carrera meteórica que empezó con la construcción -es aparejador- y se disparó con su entrada en el sector de las telecomunicaciones y los medios.

Precisamente es esa faceta de propietario de periódicos de papel y digitales, televisiones y radios la razón del poder que ha acumulado Ulibarri. En sus muchos informes, la UDEF destaca cómo presionaba a los políticos para que le adjudicasen concursos ilegalmente, facilitándole los pliegos antes de su publicación o torciendo las voluntades de quienes formaban parte de las mesas de contratación. Quien no cedía, pagaba. Página a página, un día detrás de otro. Un conocido político del Partido Popular, que pidió no revelar su identidad, relató a eldiario.es cómo sufrió la ira de Ulibarri y de dos de los directores de sus periódicos. Publicaron noticias sesgadas, editoriales…cualquier cosa para castigar al díscolo, para minarlo políticamente. El PP nunca intervino, nadie quiso aplacar a Ulibarri.

La primera televisión y el Don Corleone

Pero ¿cómo un aparejador creó un imperio y acumuló tanto poder? Cuentan que tuvo un maestro en el primero que le dio trabajo, José Luis Martínez Núñez ‘Don Pepe’, el dueño de Teconsa, que llegó a estar investigado por ordenar el asesinato del consejero de la Xunta Xosé Cuiña. Ponferrada era o es un territorio aparte donde regían unas reglas propias, las que marcaba Martínez Nuñez y aceptaban los políticos de la zona. En febrero de 1980, tras abandonar Teconsa, Ulibarri creó Begar junto a un socio. Según sus propias palabras, la constructora tuvo un crecimiento muy rápido hasta 1986. Las cifras daban vértigo. En su primer año facturó 100 millones y duplicaban año a año, hasta llegar en 1990 a una facturación de 6.000 millones. Es el año clave. Crea una imprenta, entra en el sector inmobiliario y nace su primera televisión, Canal 0 en León.

Era el tiempo de las televisiones locales, apenas había marco legal (no llegó hasta la Ley 41/1995 promulgada por el PSOE con los votos en contra del PP y que limitaba a dos licencias la televisión local de cada zona) y entrar en el sector fue para Ulibarri tan sencillo como tirar cable por toda la ciudad. León tenía entonces una recepción de la señal de televisión muy defectuosa, con zonas oscuras en algunos puntos de la ciudad y él acabó con el problema, bastó con una licencia de obra del entonces alcalde del PP Juan Morano.

Para afrontar la parte técnica contó con técnicos gallegos -la televisión gallega empezó a emitir en 1984-. Canal 0 (Teleón SA) arrancó en un pequeño piso del número 4 de la calle Covadonga. A apenas unos números estaba el bar Don Corleone, lugar donde se testó la recepción de la televisión y que se convirtió en una segunda redacción para la decena de empleados de Canal 0. Tan importante fue la relación con el establecimiento, que el matrimonio que lo regentaba tuvo su homenaje en una revista que editaba Ulibarri y que aún está enmarcada en el Don Corleone.

La primera televisión de Ulibarri tenía un capital de 40 millones de pesetas y empezó sus primeras emisiones llegando a 500 viviendas. Con ese trabajo de tirar cable, en 1991 cableó manzana a manzana hasta llegar a 14.000 viviendas. Cuando acababa 1995 llegaba la televisión por cable, y la fórmula era la utilizada por Ulibarri: licencia para cablear o, lo que es lo mismo, licencia para utilización de dominio público. La daban los ayuntamientos y así fue llegando a Palencia, Miranda de Ebro, Ponferrada, Benavente, Zamora…

La de Valladolid, plaza fuerte para Ulibarri por ser la sede del Ejecutivo, no llegó hasta el 95. Se convirtió en la cabecera del grupo Televisión Castilla y León. Cuando se aprobó la Ley de Telecomunicaciones por Cable, la Junta de Castilla y León consideró demarcación única a toda la comunidad. Un Real Decreto estableció requisitos: unos rangos de capital social de las empresas adjudicatarias en función del tamaño de la población a la que prestaría servicio. El operador de Castilla y León tenía que contar con al menos 1.000 millones de pesetas. Eso dejó fuera a pequeños operadores. Ulibarri reunió entonces a operadores repartidos por la Comunidad para unirse en la mercantil Regional de Telecomunicaciones de Castilla y León. Compitió con Endesa, Fenosa, cajas de ahorros, Gesprogable… y ganó. Así surgió Retecal, a la que se unió su constructora Begar como accionista, Caja España e Hidrocantábrico. Las televisiones se desgajaron posteriormente de esta sociedad para agruparlas en otra. La aventura de Retecal no acabó bien. Se enfrentó a sus socios y la mercantil fue absorbida por ONO. Pero él siguió creciendo.

Años después, en 1999, el pequeño canal que había nacido en un piso de León se trasladó a una sede más aparente, en el barrio de Eras de Renueva. La inauguró otro alcalde del PP, Mario Amilivia, conocido por pasar como gastos del Ayuntamiento hasta la compra de gomina. El resto de televisiones locales de Ulibarri fueron apareciendo poco a poco: Zamora, Valladolid, Segovia…En el año 2000 el conglomerado ya usaba el nombre de Televisión Castilla y León. En esa etapa, grupos de comunicación nacionales quisieron entrar en el accionariado de locales de todo el país. Pero Ulibarri, lo tenía claro: su participación no podía superar el 10%, quería mantener el control y sobre todo el poder. No hubo acuerdo, Prisa entró en multitud de cadenas locales de otras comunidades, pero con un reparto de entre el 30 y el 50% de las acciones, en otras se hizo con el 100%.

El objetivo de Ulibarri, en parte, coincidía con el del entonces presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, que siempre dio vueltas a la idea de tener una televisión autonómica que no acabó de llegar, no al menos de la forma tradicional. Hasta 2008 y la llegada de la TDT, el proyecto de una televisión autonómica no se retomó. La Junta tenía que adjudicar dos canales TDT y tenía un grave problema. Mientras Ulibarri había desarrollado su proyecto televisivo, Promecal, del burgalés Antonio Méndez Pozo, condenado en el ‘caso de la Construcción’, había hecho lo mismo. Ambos tenían televisiones, pero también radios y periódicos. Adjudicar sólo a uno de los dos era un tiro en el pie para el Gobierno regional. Hacerlo a un empresario de fuera, era entrar en guerra abierta, no con Ulibarri o con Méndez Pozo, sino con los dos a la vez. Se gestó así una alianza, promovida por la Junta para que ambos se asociasen. Su único competidor fue Blas Herrero con Kiss TV. Ganaron. Esa concesión, de diez años hasta que un cambio legal la convierte en una licencia de 15 años, es un híbrido entre televisión pública y privada. Desde su creación ha recibido más de 170 millones de la Junta a cambio de ofrecer programación basada en la identidad regional, dar información de eventos como Las Edades del Hombre o las instituciones de la Comunidad. Básicamente es lo que se hacía antes de manera privada y con inyecciones de publicidad. Ahora llueven los millones en forma de ayuda directa y sin fiscalizar. Su primera experiencia con la TDT había llegado en 2006 fuera de Castilla y León: El Consell valenciano, con Camps al frente, le dió a su empresa Mediamed Comunicación Digital 13 licencias. Además, el Ayuntamiento de Valladolid, entonces en manos de Javier León de la Riva, íntimo de Ulibarri, le encargó un estudio para poner en marcha una TDT local que no llegó a materializarse.

Ulibarri y la prensa

La televisión era un ‘arma’ interesante en Castilla y León. El 70% de su población se concentra en Burgos, León y Valladolid. El resto se disemina en un territorio caracterizado por la dispersión y el envejecimiento. No bastaba con una tele que llegaba poco a poco en los 90. Se hizo accionista de El Mundo de Castilla y León, Heraldo de Soria, Diario de León, el Corrreo de Burgos… Ahora es el propietario de tres de ellos. Por Diario de León, la joya de la corona porque es líder en ventas en esa provincia, pagó 36 milones, cuando el resto de interesados ofrecía 20. Era la venganza contra quien fue su jefe, Martínez Núñez, propietario de La Crónica de León, y que llegó a estar imputado por incendiar la sede de Retecal en Valladolid.

En 2013 se hizo con Diario de Valladolid-El Mundo, después de que Unidad Editorial lo dejase morir con ERE. La venta se cerró en 700.000 euros, lo mismo que valía el edificio donde se asentó la redacción durante más de dos décadas. Recientemente se hizo con el único periódico de Soria. Los confidenciales digitales también gustan a Ulibarri. Tiene el 84,67% de El Semanal Digital, ahora esdiario a través de la empresa Ayalba Inversiones SL, administrada por su hija.

Las radios de Ulibarri, Micrófono de Oro

Ulibarri entró en el negocio de la radio en el concurso regional de licencias en 1999. Se presentó con las televisiones que tenía entonces y consiguió un puñado de licencias. Apenas hay datos de los requisitos de hace 20 años para conseguir las adjudicaciones, pero el caso es que supo aprovecharlas. Por ejemplo, en 2000 llegó a un acuerdo con Onda Cero para la explotación. Poco después el pacto se hizo con Punto Radio. Tal era su compromiso, que en 2008 Luis del Olmo le daba el Micrófono de Oro.

El cierre de Punto Radio acabó momentáneamente con su aventura en 2013, y siguió explotando sus licencias bajo la marca Castilla y León Radio durante unos meses. La entrada de Federico Jiménez con Esradio, y el acuerdo que firmaron, le mantiene en ese negocio. Castilla y León Radio agrupaba entonces 11 emisoras asociadas a la desaparecida Punto Radio. Esradio ya contaba con 5 emisoras en Castilla y León. Se desvincularon del acuerdo por considerar “inaceptables” las condiciones que imponía Edigrup (sociedad en la que están los medios de Ulibarri).

Un empresario ‘adorado’ por los políticos

Prueba del poder acumulado y de las amistades y asociaciones tejidas por Ulibarri es la boda en 2005 de su hija Adriana en el santuario de la Virgen de la Encina (Ponferrada). No faltaron políticos de relumbrón de esta y otras comunidades: Alfredo Prada, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia e Interior, entre 2003 y 2008, Enrique López (magistrado del Tribunal Constitucional que dimitió por una alcoholemia positiva en 2014, cuñado de la mano derecha de Ulibarri, Miguel Hernán Manovel, presidente de RTVCyL y detenido también en la Operación Enredadera), el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, su antecesor en el cargo, el exministro y exvicepresidente del Senado, Juan José Lucas, el locutor Luis del Olmo, el entonces el consejero de Fomento, Antonio Silván (que aparece en los pinchazos telefónicos de Enredadera)… pocos se atrevieron a faltar a la boda de la hija de ‘el jefe‘.

 

 

Ulibarri: “Al consejero he dado yo orden expresa de que hay que cuidarlo”

de  https://www.ELPLURAL.COM/politica/ulibarri-consejero-fomento-castilla-leon-operacion-enredadera_201065102

Una conversación de la Operación Enredadera retrata el poder del empresario sobre el PP de Castilla y León gracias a sus medios de comunicación

Juan Carlos Suarez Quiñones, consejero de Fomento de Castilla y León en una imagen de archivo - EFE / Archivo

Juan Carlos Suarez Quiñones, consejero de Fomento de Castilla y León en una imagen de archivo – EFE / Archivo

Más allá de los intercambios de dinero de los que hablan el empresario José Luis Ulibarri y el presidente del Partido Popular en El Bierzo, Raúl Valcárce, hay más conversaciones en el sumario de la Operación Enredadera que retratan hasta qué punto el empresario influye en el Partido Popular de Castilla y León, sobre todo gracias a los medios de comunicación que posee.

RELACIONADOUlibarri ordenaba a sus medios ‘disparar’ contra políticos que no le eran afines

Esta conversación tiene lugar el 15 de febrero, por iniciativa del presidente del PP berciano y alcalde de Carraceledo, que llama a Ulibarri para comentar el “cabreo” que tiene el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Sánchez-Quiñones, también salpicado por las grabaciones. El enfado en cuestión viene por una noticia publicada en Diario de León, con motivo de una visita de Mariano Rajoy a la capital leonesa.

“Está el consejero cabreado”, le dice Valcarce, que fue diputado de Fomento en la Diputación de León, porque “un día el diario le hizo ahí un desaire de la hostia”. Ulibarri muestra su sorpresa con un categórica “no jodas”, pero enseguida le explica que “me cuesta creerlo porque, escúchame, hace ya bastante que he dado yo orden expresa, porque, porque ha sido así, de que hay que cuidarlo”.

Valcarce le explica que en el artículo “aparece una expresión por ahí diciendo que algunos tratan de sacar la cabeza”. Ulibarri se pregunta si se referían en su diario al consejero o “al otro, el de Salamanca”. Se refiere al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular en Castilla y León.

Peleas internas en el PP

No hay que olvidar, para entender el resto de la conversación, que Mañueco se hizo con el control del PP en unas primarias en las que se enfrentó con el alcalde de León, Antonio Silván, -también salpicado en las grabaciones- y su alcalde en la sombra, José Antonio Maté. Maté es un influyente fontanero del PP de León, como se explica en esta buena crónica de iLeon.es pero fracasó en esta pugna por conquistar la presidencia del PP y la futura candidatura a la Presidencia de la Junta, cuando Juan Vicente Herrera decida marcharse.

Volviendo a las quejas de Valcarce por el tratamiento del Diario de León, el presidente del PP berciano señala que la noticia se refería al consejero y a “Mañueco, los dos, se refería a los dos y es que luego hay una comida en privado a la que Juan Carlos no es que, Juan Carlos va hasta el restaurante y no le dejan entrar”.

¿Quién prohíbe a Juan Carlos Suárez-Quiñones entrar en la comida privada con Mariano Rajoy? Ulibarri también se lo pregunta: “No me jodas. ¿Y quién no le deja entrar, hostias?”. “Maté”, responde Valcarce, “el hijo puta ese, que es un hijo puta”. A lo que Ulibarri añade: “Maté, escúchame sí, pero Maté no se atreve a eso estando Rajoy delante salvo que Rajoy diga hasta aquí…”.

“Toño no manda, joder”

Es entonces cuando Valcarce señala que la orden fue de “Toño Silván”, el alcalde de León y jefe, sobre el papel, de Maté. Pero Ulibarri le corta: “Que Toño no manda joder, escúchame”. Y el empresario le explican cómo funcionan las cosas cuando está Rajoy delante o “la pequeñina”, en referencia a Soraya Sáenz de Santamaría:

“Estando Rajoy allí hazme caso a mí, lo decide el equipo de Rajoy, todo, todo, entonces yo que con Antonio… vamos  a ver, yo de Maté no me fío, no, iba a decir, poco no, no me fío nada, vale? De Maté, pero Antonio es un corto para esas cosas, ahora el otro… lo ha podido hacer, no, pero escúchame, no se atreve, no se atreve ninguno a hacer nada ni blanco ni negro, ni blanco ni negro, sin el equipo de Rajoy, que es el que decide todo joder… hostia, pero si eso es como si va la pequeñina, va la vicepresidenta, no hay opinión, sabes lo que…?”

“El que enseñe la nariz se la afeitan”

La conversación continúa con Ulibarri explicando al presidente del PP comarcal cómo funciona su propio partido y la buena relación que tiene con el consejero de Fomento. “Escúchame, que ahora mismo Juan Carlos, por parte nuestra está con todos los temas a favor, y… quiero que lo tengas claro tú, por parte nuestra y por Antonio Silván que yo sepa, no hay ningún problema, con Silván, otra cosa puede ser el matiz que si te descuidas un poco te la lían, esa es otra cuestión ¿eh?”.

Valcárce le replica que en el partido le dicen que hay “guerras de posicionamientos de cara al futuro” para intentar encabezar las listas al Congreso y el Senado. A lo que Ulibarri le corta: “Que no se compliquen con eso, todos esos, ni… bueno Antonio que no sueñe y que… […] el que ahora enseñe la nariz se la van a afeitar  y a tomar por culo, ya te lo digo yo ¿eh?”.

Finalmente, la conversación acaba con Ulibarri prometiéndole a Valcarce que va a investigar qué ha pasado en Diario de León. “Mañana hablo yo con Adriana [Ulibarri, su hija y consejera delegada del holding mediático] y me entero de todo este tinglado pero tú tira para adelante ¿eh?

La noticia de la disputa

Antes de terminar, merece la pena echar un vistazo a la noticia a la que se refieren en la conversación. Efectivamente, tiene lugar unos días antes, el 24 de enero, con motivo de la visita oficial que Rajoy hizo a León para disculparse por haber hablado de Reino Unido como cuna de la democracia, obviando que ese título, según la Unesco, pertenece a las Cortes de León.

diario leon

La crónica en cuestión se titula De tapeo por la capital gastronómica y la foto que la encabeza resume a la perfección lo que luego se escribe. En la imagen se ve a Rajoy en el centro de un grupo que conforman Suárez-Quiñones, Mañueco, Silván y Juan Vicente Herrera.

Las frases de la crónica retratan los intentos de estos rivales por salir en la foto. “Pese al contorsionismo para alargar el cuello y colarse en la foto y en las conversaciones, como hace el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el núcleo de confianza de Rajoy que se hace hueco entre el barullo lo acaparan Silván y Herrera”.

Y un poco después, es Mañueco el que recibe: “En la plaza de San Marcelo, Alfonso Fernández Mañueco se hace hueco por el exterior para llegar a primera línea. Allí se colocó también dentro del claustro de San Isidoro, a la derecha del atril, junto a la delegada del Gobierno, el consejero de Fomento, el presidente de la Diputación —quien en el resto de la jornada se fundió con el fondo—, el obispo y el abad de la Colegiata; casi como presidente de la Junta in pectore”.

Esta es la conversación completa registrada por la Policía Nacional:

Se saludan y hablan del vino de Adriana Ulibarri y la posibilidad de colocarlo por la zona del Bierzo hasta el minuto 9:30.

Raúl Valcarce: Oye, por cierto.

José Luis Ulibarri: Dime.

Raúl Valcarce: Está el consejero cabreado.

Ulibarri: Por qué?

Raúl Valcarce: Hostia.

Ulibarri: No jodas.

Raúl Valcarce: Un día el diario le hizo ahí un desaire de la hostia.

Ulibarri: Bah! Escúchame, me cuesta creerlo porque, escúchame, hace ya bastante que he dado yo orden expresa, porque, porque ha sido así, de que hay que cuidarlo.

Raúl Valcarce: Pero si a mi me extrañó.

Ulibarri: De que hay que cuidarlo.

Raúl Valcarce: Lo que pasa, yo creo que se la colaron hasta a Joaquín.

Ulibarri: Bueno, es que eso podría ser, que hubiera algún listo por ahí que trabaja por cuenta, eh?

Raúl Valcarce: Si buscas el Diario de León.

Ulibarri: De qué día?

Raúl Valcarce: Del día de Rajoy.

Ulibarri: Sí, si pero si le di yo…

Raúl Valcarce: Aparece una expresión por ahí como diciendo, que algunos tratan de sacar la cabeza, y es que luego…

Ulibarri: Pero era él o era el otro…? El de Salamanca…

Raúl Valcarce: Era él y Mañueco, los dos, se refería a los dos y es que luego hay una comida en privado a la que Juan Carlos no es que, Juan Carlos va hasta el restaurante y no le dejan entrar.

Ulibarri: No me jodas.

Raúl Valcarce: Lo que te estoy diciendo.

Ulibarri: Y quién no le deja entrar hostias?

Raúl Valcarce: Maté.

Ulibarri: Maté, pero escúchame.

Raúl Valcarce: El hijo puta ese, que es un hijo puta.

Ulibarri: Maté, escúchame sí, pero Maté no se atreve a eso estando Rajoy delante salvo que Rajoy diga hasta aquí…

Raúl Valcarce: No, el que mandó fue Toño Silván..

Ulibarri: Que Toño no manda, joder, escúchame.

Raúl Valcarce: Que manda Toño, joder…

Ulibarri: Estando Rajoy allí hazme caso a mí, lo decide el equipo de Rajoy, todo, todo, entonces yo que con Antonio… vamos  a ver, yo de Maté no me fío, no, iba a decir, poco no, no me fío nada, vale? De Maté, pero Antonio es un corto para esas cosas, ahora el otro… lo ha podido hacer, no, pero escúchame, no se atreve, no se atreve ninguno a hacer nada ni blanco ni negro, ni blanco ni negro, sin el equipo de Rajoy, que es el que decide todo joder… hostia, pero si eso es como si va la pequeñina, va la vicepresidenta, no hay opinión, sabes lo que…?

Raúl Valcarce: Yo he contrastado ese tema…

Ulibarri: Bueno, tú estate…ahí hay alguien que está mal informando, ya te lo digo yo…

Raúl Valcarce: Pero lo del diario…

Ulibarri: Sabes? Otra cosa es que algún cabron de los nuestros, que eso puede ocurrir, haga, haga algún comentario que no deba…

Raúl Valcarce: Y no se repase el texto y aparezca.

Ulibarri: Sí… no, bueno, que no se repasa que eso lo tengo más contrastado que no se repasan, mucha más de lo que… porque luego algunas veces lo admiten y otras veces no lo admiten, pero no lo han visto, me explico?

Raúl Valcarce: Correcto, correcto…

Ulibarri: Eso ya te lo digo yo, que no lo admiten pero que yo les he pillado con renuncios…

Raúl Valcarce: A ver yo te lo digo porque estuvimos en una comida antes, y yo deduje lo que deduje, antes de …. Con ese tema, no Entonces yo dije joder qué cosa más rara.

Ulibarri: Pero que, escúchame, que ahora mismo Juan Carlos, por parte nuestra está con todos los temas a favor, y… quiero que lo tengas claro tú, por parte nuestra y por Antonio Silván que yo sepa, no hay ningún problema, con Silván, otra cosa puede ser el matiz que si te descuidas un poco te la lían, esa es otra cuestión eh?

Raúl Valcarce: A mi alguien me dice que está habiendo guerras de posicionamientos de cara al futuro, para ir de número uno a las cortes o al senado o a casa dios…

Ulibarri: Pues escúchame, bah! Que no se compliquen con eso, todos esos, ni… bueno Antonio que no sueñe y que…

Raúl Valcarce: Yo lo que he dicho que queda todavía mucho tiempo para ese paso, pero bueno, en política nunca se sabe, igual parece que queda mucho tiempo e igual queda poco…

Ulibarri: Eso es, no pero esto… en el verano, pero, que el que ahora enseñe la nariz se la van a a afeitar  y a tomar por culo, ya te lo digo yo eh?

Raúl Valcarce: Sí, sí totalmente… pero bueno

Ulibarri:  De todas maneras, yo miraré eso del día, porque tengo el periódico otra vez y lo voy a mirar, vale?

Raúl Valcarce: Tú  míralo eso.

Ulibarri: Y mañana hablo yo con Adriana y me entero de todo este tinglado pero tú tira para adelante eh?

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Ulibarri a los periodistas de sus medios: pon en el punto de mira a ‘Juanito Valderrama’

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8.000 folios que desvelan la ‘enredadera’ de la corrupción

 

 

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El consejero de Fomento: “Yo soy la Administración”

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Personal directivo versus personal eventual: A VUELTAS CON LOS DEDAZOS EN LOS ALTOS CARGOS

7 Ago

de https://NOSOLOAYTOS.WORDPRESS.COM/2018/08/06/personal-directivo-versus-personal-eventual-a-vueltas-con-los-dedazos-en-los-altos-cargos/

180807 blog Victor Almonacid

“El mundo recompensa antes las apariencias de mérito que al mérito mismo”. (François de La Rochefoucauld, 1613-1680)

Este es un artículo políticamente incorrecto, que en lugar de titularse “Personal directivo versus personal eventual”, podría trasladar la dicotomía a: “Directivos públicos versus personal eventual”, o incluso “Directivos públicos preparados versus incompetentes”. Empezamos así de fuerte porque pretendemos poner el foco sobre un problema que también es fuerte: la politización de las instituciones públicas. No somos los únicos ni los primeros que denuncian esta perversión del sistema, pero queremos ayudar a agitar las conciencias y sobre todo sumar en pos de la mejora institucional de este país.

Y esa mejora pasa, obviamente, por la progresiva despolitización de dichas instituciones. El comentario podría ser amplísimo, pero por nuestro perfil nos centraremos en la problemática que rodea el sistema de nombramiento de los altos cargos de la Administración. Para la elaboración del presente trabajo hemos recabado además el parecer de personas expertas como Rafa Jiménez AsensioFermín CerezoVanesa Felip y Amalia López Acera, quienes han opinado de forma exclusiva para este artículo, y a quienes agradezco mucho su colaboración en pleno mes de agosto, pero aún más su claridad.

Planteamiento de la cuestión

Decíamos que este es un artículo políticamente incorrecto. Depende. Lo es, desde luego, en el sentido de que se enfrenta a esa política “ochentera” del cacique rodeado de palmeros. Nadie pone en duda la legitimidad democrática, faltaría más, y que cambien los gobiernos no solo es normal sino que incluso es bueno. Cierto es que ahora lo hacen con más frecuencia y con mayorías más exiguas, lo cual tampoco tiene por qué ser malo, pero sí lo es si cada nuevo inquilino que llega a los distintos niveles de gobierno (Estado, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos) lo hace con su caterva de acólitos debajo del brazo, quienes, por mucho que se les presuponga buena intención, no dejan de ser personas que por definición solo pueden ambicionar tener contentos a sus jefes, y por supuesto desde una óptica absolutamente cortoplacista (y electoralista).

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Cada día se publican uno (o varios) nombramientos.

Y ese es el problema. Cada cuatro años (últimamente cada dos), tenemos nuevos altos cargos políticos y nuevos altos cargos administrativos. Es ese protocolo de los nombramientos en cascada. Demasiada gente nueva. Demasiada gente novata. ¿Dónde está la estabilidad? La Administración necesita muchos cambios pero no algunos cambios. No, no confundamos innovación con cambiarlos a todos porque la Administración no mejora a base de ocurrencias, sino a través de procesos de cambio rigurosamente implantados por personas muy preparadas que manejan capacidades que otros, sinceramente, no atesoran. E incluso para ellos es complejísima la gestión de estos procesos.

La consecuencia de esta politización de los puestos directivos es la total desorganización de las organizaciones, un liderazgo casi imposible y una descoordinación asegurada. Y un fracaso también casi seguro en cualquier intento de modernización o transformación. Los motivos son básicamente dos: el primero, obvio, la falta de preparación de los responsables; y el segundo, la inestabilidad de los impulsores de los grandes proyectos, teniendo en cuenta además que nadie va a salvar ni un gramo de trabajo de “los anteriores”, sino que se va a calificar la gestión previa de desastre para poder afirmar que ese es el motivo por el que hay que cambiarlo todo. Pues bien: ese es justo el escenario en el que no cambia absolutamente nada.

Hablamos por tanto de un grave problema organizativo. y no ya solo por la aludida politización, sino porque en general trabajamos en estructuras obsoletas y poco o nada innovadoras que no están preparadas para soportar los necesarios cambios, empezando por los propios cambios organizativos. Unos cambios organizativos (no confundir con los “cambios de cromos”), que son los que necesita la Administración no solo para ser electrónica, sino para transformarse completamente y ser lo que tiene que ser (si es que quiere tener alguna posibilidad de sobrevivir).

Régimen jurídico

Como no puede ser de otra manera debemos hacer referencias legales. Según el art. 58 de la ley de Régimen Jurídico (heredera de la LOFAGE en este sentido), en los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas, y se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas. Bien, todo esto es lo que hay o puede haber en un Ministerio, teniendo en cuenta además que los órganos superiores son los Ministros y los Secretarios de Estado y los órganos directivos el resto de los mencionados. No es el momento de comparar o diferenciar estos órganos directivos de, por ejemplo, los de las CCAA o los de los grandes Ayuntamientos que se rigen por el Título X de la Ley de Bases del Régimen Local (o por una Ley propia, como Madrid y Barcelona). Sí podría ser más interesante contrastar este concepto con el de personal directivo profesional del art. 13 del Estatuto Básico del Empleado Público:

  • 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
  • 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
  • 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
  • 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
Toma de posesión Alzira
El día de mi toma de posesión en el Ayuntamiento de Alzira. Forma de provisión: concurso de méritos. Forma previa de selección: oposición libre. Remoción en caso de cambio de gobierno: NO

Volviendo a la Ley de Régimen Jurídico, puede resultar entretenido comparar las condiciones de mérito y capacidad exigidas para los órganos directivos con rango de Subsecretario e inferior (ya que por encima de ellos todos los nombramientos son absolutamente políticos y discrecionales):

  • Los nombramientos de Subsecretarioshabrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (hoy en día Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Los nombramientos de Secretarios generales habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Los nombramientos de Secretarios generales técnicos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Los nombramientos de Directores generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abrilsalvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Por último, los nombramientos de Subdirectores generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Vemos que se exige en muchos casos la condición de funcionario de carrera, así como los requisitos de idoneidad de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Pero no crean que esta idoneidad es nada del otro mundo. Según el art. 2 de dicha Ley, “El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo“. Bien. En nuestra opinión se trata de puestos de gran importancia en la gestión pública, para los que se debe exigir mérito y capacidad más que para ocupar ningún otro puesto de trabajo. E independencia, desde luego. Añadan publicidad y concurrencia en el sistema de provisión (o designación). Pero a la postre la regulación analizada no asegura ninguno de estos principios (los cuáles por cierto sí se recogen en el citado art. 13 del EBEP y evidentemente en la Constitución). Tampoco sabemos por qué, si los así nombrados son tan idóneos, hay que cambiarlos a todos cada vez. Y tampoco estamos seguros de que, pese a que muchos sean funcionarios, estos nombramientos de alto cargo no sean en realidad una especie de regalo envenenado. <Por mi parte jamás he consentido que un cargo político me insinúe que le debo un favor, pero para mantenerse tan firme en esta posición lo ideal es no deberlo ni por lo más remoto, claro está. Una vez sí me dijo una persona (digamos importante), cuya identidad por supuesto no voy a revelar, que había perdido la confianza política en mí. Casi me caigo al suelo de la risa>.

Todo esto en el Estado, porque en las Comunidades Autónomas, que tienen el dudoso honor de ser Instituciones tanto o más politizadas que el Estado, es peor, mientras que en las Entidades Locales puede llegar a ser incluso mucho peor (si bien la casuística es tan variada como el elevado número de entidades). Y todo ello sin entrar en la llamada Administración institucional, una cantera histórica de cuñados y sobrinos inútiles (ver “Los últimos coletazos de la “huida del derecho administrativo”) o quizá útiles (el concepto “tonto útil” suele ser utilizado con brillantez por Carles Ramió).

Téngase en cuenta además el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico, cuando regula las formalidades para crear estos órganos. Obsérvese sobre todo el último párrafo:

1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Ojo por tanto también con estas otras unidades, cuya creación (y provisión) puede obedecer a distintos criterios.

Opiniones autorizadas

Conclusión (provisional): a pesar de la tibia regulación que repica los principios constitucionales como el eco en una cueva, los altos cargos no políticos de las organizaciones públicas sí son políticos o, cuanto menos, politizados politizablespor lo que la verdadera conclusión es que gozamos de una baja calidad institucional.

Dicho de otra manera, porque no va en nuestro carácter el modernos la lengua: se propugna la idoneidad pero a la postre se impone la afinidad, y es que todo cantaortiene sus palmeros.

Y no lo digo solo yo. Nos pareció atinado el reciente artículo de Andrés Betancor (@abetancor) “Abuso de poder desde el Gobierno“, en el que no pone en duda la cualificación de los altos cargos nombrados por el último Gobierno estatal, pero sí considera que falta la condición realmente más relevante: la adecuación al puesto para el que han sido escogidos. “Todos o casi todos tienen en común el mérito político“, indica. El autor demanda legalidad y sentido común frente a un sistema que denota “ilegalidad, arbitrariedad y abuso de poder”. Así es como las instituciones se deslegitiman.

Conste que el presente artículo no debe entenderse en contra (ni a favor) de ninguna persona en concreto, tampoco de las así designadas, sino de lo que consideramos una disfunción del sistema. Recordemos que estos altos cargos son puestos de mando que ocupan los peldaños más elevados de la jerarquía organizativa o, en el peor de los casos, los duplican (como acertadamente señala también Carles Ramió en su completo artículo “Un organigrama equilibrado“).

Tenemos muchos más testimonios. De hecho el que nos ocupa no es un tema inédito en este blog. A continuación publicaremos de nuevo un par de preguntas pertenecientes a la entrevista que tuvimos el placer de realizar a Xavier Marcet:

Xavier Marcet
Xavier Marcet

V.A.- Vemos como cada cuatro años irrumpen en la administración numerosos nuevos altos cargos, algunos que derivan directamente de las urnas, y otros nombrados por los anteriores… ¿Cuántos asesores necesita un político? Cierto es que es legítimo (y democrático) cambiar la acción de gobierno cuando se producen cambios electorales, pero ¿cómo podemos evitar que se modifiquen sustancialmente o incluso que se aborten proyectos transversales, como la transformación electrónica, con tantos cambios en la dirección? ¿No faltan elementos estables?

X.M.- Dado que el entorno exterior es de un cambio muy acelerado faltan elementos de cambio para poder acometerlos. Parece una paradoja pero necesitamos estabilidad directiva para operar cambios importantes. Lo que es insufrible es que entre curvas de aprendizaje y pruebas piloto las transformaciones importantes se eternicen. Faltan liderazgos solventes que desburocraticen las administraciones y las hagan más adaptativas al mundo actual.

V.A.- Parece que algunos responsables públicos simplemente basan su gestión en tener contentos a algunos ciudadanos, asociaciones o empleados… ¿Cómo podríamos acabar con el clientelismo en la administración?

X.M.- Con una cultura más madura tanto para los que dan las subvenciones como para los que las reciben. Poner al centro el concepto de valor público y girar alrededor de la creación tangible de valor público. Hay muchas cosas a revisar, entre ellas los mecanismos de participación ciudadana en el entorno 4.0. Sobra paternalismo y clientelismo y falta actualización y profesionalidad.

La entrevista con Xavier Marcet no tiene desperdicio (a ella nos remitimos), y como vemos no solo pone el foco sobre el continuo cambio de directivos como causa del problema, sino también sobre la necesaria profesionalización de los mismos y el exceso de burocracia organizativa y funcional. Y es que la condición de funcionario de carrera sí garantiza en alto grado la independencia, pero no las competencias directivas. Es por esto que estamos con autores como Mikel Gorriti, que defienden continuamente un cambio en los procesos selectivos a fin de que permitan seleccionar mejor los mejores perfiles, de acuerdo con las nuevas aptitudes que se precisan, como el liderazgo, el pensamiento crítico o la capacidad para resolver problemas complejos. Más abajo veremos como Fermín Cerezo atina un poco más en el que sería el procedimiento ideal para seleccionar (más bien acreditar) a los directivos públicos.

También realizamos otra entrevista a los chicos y chicas del fantástico proyecto #InnovaciónOnTour (ya saben, Borja Colón, Fermín CerezoSara Hernández Ibabe y Ana Báez). De esta otra entrevista entresacamos la siguiente pregunta:

miembros Innovación tour
El equipo de #InnovaciónOnTour

V.A.- ¿Los supuestos directivos públicos ejercen de directivos? Lo decimos porque se observa mucha distancia entre los perfiles políticos y los técnicos, y da la sensación de que nadie asume verdaderas tareas de gestión que tengan al mismo tiempo en cuenta la legalidad. Utilizando un símil futbolístico, parece que tenemos defensas y delanteros, pero no centrocampistas organizadores del juego…

I.O.T.- De nuevo, una visión personal de equipo desde el conocimiento interno de muchas Administraciones públicas.

No existe una dirección pública profesional en la Administración pública española. Es uno de nuestros grandes déficits organizativos. No hay rótula que enganche las políticas públicas de los equipos de gobierno (de nuevo los QUÉs) y la gestión de las mismas hasta sus resultados (de nuevo los CÓMOs) asumiendo las variables de juego de la gestión todas las organizaciones requieren y que no sólo se definen por el ámbito jurídico sino también por otros ámbitos de la gestión que deben tenerse en cuenta en los equipos directivos públicos: visión estratégica, capacidad de liderazgo, innovación, resiliencia, gestión de equipos de personas, orientación al compromiso y a los resultados, comunicación, gestión de los recursos económicos, competencias digitales sin olvidar, por supuesto, una conducta ética ejemplar. Para nosotrxs esas habilidades y competencias, ese dominio multidisciplinar y experiencia acumulada, son las que definen a un/a directivo público y a un equipo directivo profesional. Sin embargo, no hay sistemas de nombramiento, desarrollo, evaluación y certificación de las mismas.

Los supuestos directivos públicos no pueden ejercer como tales porque en la mayoría de los casos no tienen adquiridas y demostradas esas competencias y habilidades para ejercer una función tan importante en organizaciones tan complejas como las públicas.

No existen tampoco sistemas y seguridad jurídica que defienda, permita y potencie el desempeño de esos perfiles.

Sin embargo, otra vez en positivo, aquí tenemos un gran nicho de innovación organizativa en nuestro sector público.

Precisamente uno de los activos de #InnovaciónOnTourFermín Cerezo, ha sido tan amable de atenderme en plenas vacaciones respondiendo a estas dos preguntas:

1.- ¿Cuál sería la forma ideal de proveer los puestos de altos cargos en la Administración?
Desde luego una forma distinta a la actual caracterizada por su anacronismo y basada en la mayoría de los casos sólo en la confianza política procedente en muchos casos de la correspondiente afinidad política. Nuestra sociedad ha evolucionado y madurado intensivamente en las últimas décadas y sus gobiernos y su Administración necesitan “hacerse mayores” y avanzar hacia una transformación multi-vector para situarse a su altura. Sin duda, este es uno de los vectores de transformación. 
Mi apuesta sería por dar un giro radical al enfoque basado en dos pilares:
– La acreditación intensiva de habilidades y competencias para la alta dirección.
– La NO desconfianza política. 
Para ello, propondría hacer las reformas legislativas e institucionales necesarias para que los nombramientos de personas en esos puestos de alta responsabilidad pública se basen en modelos y procesos de selección intensivos y focalizados en acreditar capacidades y competencias esenciales para la alta dirección bajo un esquema público de certificación de dichas habilidades elaborado siguiendo normas y estándares internacionales. El sistema proporcionaría a la política una terna de personas con habilidades y competencias acreditadas sobre las que elegirían a la persona que definitivamente ostentaría esa responsabilidad pública y en la que por supuesto, la no desconfianza en su perfil y gestión sería clave en la decisión final.
Añadir, por último, que la selección sería solo una de las piedras angulares del modelo pero no la única. El desempeño de funciones, la rendición de cuentas, los sistemas de cese y la validación empírica y mejora continua del modelo serían otras claves para que el sistema funcionara correctamente y situar a la alta dirección de nuestro sector público en otro estadio de credibilidad.
2.- ¿Qué efecto nocivo para el servicio público tiene la renovación partidista de toda la cúpula de puestos directivos cada vez que hay un cambio de gobierno?
El peor efecto es el impacto en el medio-largo plazo sobre nuestras instituciones. El sistema actual debilita fundamentalmente la credibilidad de las mismas. Lo más preocupante es que el propio sistema ha logrado que no veamos el error social del mismo y mayoritariamente todas las fuerzas políticas ven como normal que cuando les toca gobernar les toca colonizar las instituciones. No hay política sobre transformación del sector público y sobre el correcto alineamiento entre la política y la gestión. Este debate es recurrente en la sociedad pero no interesa a la política. Aparece cuando hay cambios de gobierno pero pasados unos meses se olvida hasta nueva ocasión.
También tenemos un efecto en el corto plazo. En muchos casos se renuncia a la gestión y la dirección de las instituciones y sus necesidades de evolución y transformación. Estas funciones directivas necesarias en cualquier organización en la sociedad actual se ven fagocitadas por un lado, por la mera representación institucional de las mismas que aspira sobre todo a no crear sobresaltos (no hacer ruido para no molestar) y por otro lado, por un cada vez mayor adanismo que repudia todo lo anterior porque lo han hecho otros y muestra una absoluta incapacidad para aprovechar los progresos que se hayan alcanzado previamente (si no es nuestro, no es bueno). Los efectos son obvios: una parálisis y un envejecimiento institucional acelerado.

Sobre esta segunda cuestión, no menos claro se muestra Rafa Jiménez Asensio, a quien también hemos preguntado y quien se expresa con esta contundencia sobre los efectos nocivos de esta mala práctica del nombramiento cíclico de los altos cargos:

Hay muchos efectos nocivos de la remoción del personal directivo con cada cambio de gobierno (o cambio de personas, esto es, de ministros o consejeros, cuando no alcaldes). El más evidente es la quiebra de la continuidad de las políticas públicas. Cada Gobierno comienza a escribir la política en una hoja en blanco. El tejido de Penélope. La memoria institucional se nubla cuando no se destruye. El cese de los directivos anteriores y el nombramiento de los nuevos tiene, además, otro coste de transición: quien llega de nuevo, normalmente un “amateur” (pues se le nombra por criterios exclusivos de confianza política y no de competencias profesionales acreditadas) tiene que “aprender” y ello conlleva tiempo. Cuando ha conseguido desarrollar ciertas competencias profesionales en su ámbito directivo debe dejar la silla pues llega un nuevo cambio de gobierno. Hasta ahora el sistema ha aguantado porque hemos tenido “gobiernos largos”. Si la fragmentación política presente termina afectando a la inestabilidad gubernamental futura (como todo apunta), que no nos pase nada. Iremos a un modelo de “sillas calientes” de altos cargos en rotación continua (la “noria” la he denominado), como ya pasa en alguna Comunidad Autónoma. Y una dirección pública politizada e intermitente es el vivo ejemplo del Mal Gobierno.
Además, la gestión del conocimiento en la alta administración española no existe: el conocimiento se tira constantemente a la basura y se recicla o se pretende hacerlo. Un proceso -como dicen los franceses- “de reinvención continua del agua caliente”. No nos podemos hacer ni idea del coste económico (no solo político) que este sistema de provisión clientelar de puestos directivos tiene (ya sea de spolis system puro o de spolis system  de “circuito cerrado”entre funcionarios, como es el de la AGE). Por regla general (siempre hay excepciones) estamos dirigidos por incompetentes, al menos en sus primeros pasos. Cuando gobierna la derecha se impone el clientelismo con retoques corporativos, cuando gobierna la izquierda el clientelismo teñido de amiguismo. El nepotismo está presente en ambos casos. Y de ahí (de ese círculo diabólico) España no sabe salir. Llevamos en el fango casi dos siglos. Otras democracias lo han hecho, algunas recientemente (Portugal). Aquí, en todos los niveles de gobierno y en todo el territorio, seguimos fieles al Conde de Romanones que cuando dejaba el poder trenes de cesantes antes nombrados discrecionalmente se dirigían a Guadalajara, su distrito cunero. Parece que han cambiado muchos las cosas en España desde entonces (hace un siglo), pero es mentira. La fachada es distinta, pero las columnas de los edificios institucionales y de la Administración siguen corroidas por lo que antes era el caciquismo y hoy se le llama clientelismo. Los caciques de antes de visten ahora con la piel de los aparatos de los partidos.

Impagable la alusión a Romanones, y totalmente descriptiva la teoría de las “sillas calientes” o “la noria”. Por lo demás, pueden seguir a Jiménez Asensio en su blog “La mirada institucional”, en el que habla con frecuencia sobre temas de RRHH, entre otros relacionados con la Administración.

También hemos preguntado a Vanesa Felip, Presidenta de COSITAL Valencia, quien realiza los siguientes aportes en relación a las dos cuestiones planteadas:

  • Sobre la forma de provisión de altos cargos: “Considero que la forma ideal de proveer los puestos de altos cargos en la administración pública debe partir de las diferencias existentes entre los diversos puestos de altos cargos existentes. Desde luego sería deseable que se analizasen las necesidades existentes en cada organización para a partir de las mismas establecer aquellas capacidades, formación, titulaciones y demás aptitudes que debe poseer el personal que ocupe los citados puestos. Esa definición debe ser objetiva“.
  • Sobre qué efecto nocivo para el servicio público tiene la renovación partidista de toda la cúpula de puestos directivos cada vez que hay un cambio de gobierno: “Existen muchos puestos de carácter directivo que por el tipo de funciones que tienen atribuidas no tiene sentido que sean renovados ante un cambio de gobierno. Me refiero a aquellos puestos de trabajo de carácter técnico que sin perjuicio de la responsabilidad de sus funciones o del liderazgo que éstas requieran, su adecuado desarrollo es ajeno a la ideología de quien lo desempeñe. La experiencia en el ejercicio de estos cargos, el conocimiento de la organización así como del personal que la integra son aspectos que favorecen el adecuado desempeño de los mismos. Creo que una adecuada gestión de los servicios públicos exige que los puestos que requieren aptitudes profesionales se cubran por sistemas que no dependan del cambio político y que los puestos que tengan un perfil político puedan ser objeto de renovación ante un cambio político“.

Por último, Amalia López Acera nos ha dado su visión sobre la necesidad de que los puestos relacionados con la comunicación institucional de la Administración sean provistos por funcionarios, y no por personal eventual con clara afinidad política (o afinidad en general).

“Lo primero de todo es diferenciar entre lo que es la comunicación política y la información de servicio público. La comunicación que se hace desde las administraciones públicas tendría que tener como centro de atención a los ciudadanos, por lo que partiendo de ahí las personas responsables de comunicación deberían formar parte de la propia administración. El perfil sería empleados públicos de carrera con formación en comunicación. El problema que encontramos es que la gran mayoría de departamentos de comunicación están dirigidos por personal de confianza vinculado a la persona que ocupa el cargo político por lo que los objetivos de comunicación están más enfocados a “vender” la gestión de gobierno que a satisfacer las necesidades de información de la ciudadanìa”.
Y sobre las situaciones de cambio de gobierno declara: “Los cambios de gobierno suponen en muchos casos cambios profundos en cuanto al tipo de comunicación que se realiza. Esto no sería negativo si esos cambios estuvieran basados en criterios de profesionalidad y transparencia pero no es lo que vemos. Aquellos que llevamos años trabajando en comunicación hemos visto como un mismo departamento, ayuntamiento o ministerio puede ser un ejemplo de comunicación transparente, eficaz e eficiente a ser todo lo contrario. La información y el servicio que se ofrece es el mismo, lo que ha cambiado son las personas que deben acercar esa información a loa ciudadanos”.

Totalmente de acuerdo. En la misma línea, y como apuntamos hace poco: “La comunicación institucional desde las AAPP debe mejorar en objetividad e interacción. Las RRSS no son un altavoz para la propaganda política. Hasta que no se entienda esto la respuesta a la pregunta debe ser “mal, se gestionan mal”, salvo contadas excepciones en las que los responsables de comunicación son funcionarios de carrera independientes, y no personal eventual. Muchos de estos profesionales son periodistas, y tiene sentido porque periodismo y función pública se caracterizan igualmente por la necesidad de independencia. Pero aún no hemos llegado ahí, porque en muchos casos seguimos en el modelo “foto del Alcalde inagurando el polideportivo”.

Y hasta aquí la presente reflexión, casi un artículo. Muchas gracias a las personas que han colaborado en el mismo. Ni que decir tiene que la transformación de la Administración -de las instituciones en general- es algo tan necesario como complejo, y que la cuestión analizada representa tan solo uno de los flecos del problema (como también ha comentado Fermín en una de sus respuestas). Para visiones más amplias y mucho más completas, existe bibliografía especializada. Recomendamos “La renovación de la función pública”, de Carles Ramió, y para “hacer más fuerza” dejamos su maravillosa conferencia pronunciada en el Congreso Novagob 2016. Para “rematar” incorporamos también la de Xavier Marcet de Novagob 2015. A ver si alguien de los que manda lee estas líneas (u otras reflexiones al respecto) o ve estos vídeos. Puede que sigan con sus norias de cargos, pero ojalá que al menos les genere un poco de cargo (de conciencia).

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RELACIONADOS:

 

de http://www.ELMUNDO.ES/economia/macroeconomia/2018/08/07/5b6896cc46163ff9208b46a7.html

 

Sánchez dispara el coste salarial de sus ministros un 30% y un 25% el de los asesores

EL NUEVO GOBIERNO

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Sánchez dispara el coste salarial de sus ministros un 30% EL MUNDO

Pedro Sánchez cumple hoy 66 días como presidente del Gobierno, un tiempo en el que, además de anotarse medidas pactadas por el anterior Ejecutivo como la subida de las pensiones y las prestaciones por viudedad, al dirigente socialista le ha dado tiempo a agradecer los servicios prestados y tomar decisiones que incrementan el gasto. Y no se trata de políticas sociales de o medidas que beneficiarán a los ciudadanos, sino de decisiones que, directamente, disparan el coste de su presidencia.

Más ministerios

Una de las primeras medidas que anunció tras llegar a La Moncloa fue incrementar el número de ministerios: de los 13 que tenía Mariano Rajoy, a los 17 actuales. Entre los nuevos departamentos están los de Cultura y Deporte, que antes formaban uno solo junto a Educación, el de Ciencia Innovación y Universidades, el de Transición Ecológica y el de Política Territorial y Función Pública. En total, cuatro carteras más con las que el Gobierno recupera un tamaño similar al que tenía antes de la crisis y, en concreto, durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero.

A ello, además, hay que añadir que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan un incremento salarial del 1,5% para los empleados públicos, que también se aplicará a los integrantes del Gobierno y que provocará que el coste salarial del gabinete crezca en torno a un 30%.

Gasto en asesores

De forma paralela al incremento en el número de ministerios, las decisiones del presidente Pedro Sánchez provocan un repunte en el gasto en asesores, coches oficiales y gabinetes. En concreto, y según han denunciado en más de una ocasión el Partido Popular y Ciudadanos, el desembolso por estos conceptos se disparará cerca de un 25%. Esta cantidad, al igual que el mayor desembolso derivado del aumento de carteras, saldrá directamente de los Presupuestos Generales, esto es, de los recursos que el Estado obtiene, entre otras cosas, de los impuestos que cobra a ciudadanos y empresas.

El mayor aparato de altos cargos

Estos aumentos de ministros, asesores y direcciones generales desemboca, tal y como publicó este periódico hace ya unas semanas, en el mayor aparato de altos cargos de la historia de Moncloa. La muestra de lo abultado de la estructura que gira en torno a Pedro Sánchez es que en algunos edificios públicos se están habilitando nuevas zonas para dar acogida a todo el personal. En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó a los pocos días de tomar posesión de su nuevo cargo que el incremento en el número de ministerios no incrementaría el gasto.

Montero habló de «vasos comunicantes» y «pequeños ajustes», pero no especificó de dónde saldrán los recursos necesarios, y ni mucho menos explicó cómo se afrontará el repunte en el gasto en asesores o de qué modo se gestionará el aumento del aparato de altos cargos.

Uso de recursos públicos

Más allá de las decisiones de Gobierno, una situación que ha generado una gran polémica y, por supuesto, ha significado el uso de fondos públicos es el desplazamiento que el presidente del Gobierno realizó en el avión presidencial para asistir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Sánchez trató de disfrazar su asistencia al concierto de The Killers como sendos encuentros con la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Pero lo cierto es que apenas necesitó una hora para llevar a cabo estas dos reuniones, y sobre las 22:30 de la noche del viernes 20 de julio se encontraba ya en el recinto del FIB.

Desde el Gobierno no se ha ofrecido ninguna cifra oficial de cuál fue el gasto que esta actividad privada tuvo para las arcas públicas, pero el coste estimado de cada hora de vuelo del Falcon 900B -el modelo en el que se desplazó el presidente- es de unos 5.600 euros incluyendo el combustible, el salario del personal y el mantenimiento.

Colocar a la Ejecutiva Federal

A pesar de sus reiteradas promesas de cambio y renovación, lo cierto es que la forma en la que Sánchez ha gestionado la presidencia de las empresas públicas es la misma que las de sus predecesores: colocar a dedo a sus colaboradores más estrechos, y renunciar a la despolitización de los puestos técnicos.

Buena muestra de ello es que el presidente del Gobierno ha buscado un puesto a casi el 50% de los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, tanto en las empresas públicas como en diferentes organismos. Los sueldos en estos puestos pueden llegar a sobrepasar el medio millón de euros, que es lo que percibirá Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica. Sin embargo, lo más habitual es que oscilen entre los 100.000 y 200.000 euros brutos al año. Sobre esta última cifra estará, por ejemplo, José Vicente Berlanga, un funcionario de carrera licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación que dirigirá Enusa, la empresa nacional de uranio.

JUSTOS POR PECADORES

15 Jul

 

hermana yo si te creo

      El pasado 7 de Julio de 2016, durante las fiestas bacanales dedicadas al sexo ocasional, y sobre todo al alcohol -principal protagonista de esta historia- en que se han convertido las ya irreconocibles fiestas de San Fermín, tuvo lugar un caso de abuso sexual contra una joven. Estuvieron implicados cinco jóvenes, tres de ellos con antecedentes penales: J.A.Prenda, A.Boza y A.J.Cabezuelo; y dos sin antecedentes: J.Escudero y Antonio Manuel Guerrero. Todos ellos asociados a peñas futbolísticas ultras. Resumiendo, gentuza. En palabras de su propio abogado: “Mis representados no son modelo de nada, pueden ser verdaderos imbéciles, patanes, primarios, simples, infantiloides, pero son buenos hijos, muy unidos a su familia”…

            La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, castigó a los autores por abuso sexual y no por violación, ya que los magistrados consideraron probado que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación. Ésto es lógico, pues la sentencia, que recoge los testimonios tanto de los acusados como de la víctima, detalla entre otras cosas que “Angel Boza y la denunciante, estaban besándose en la boca… ” mientras J.A.Prenda abría la puerta del portal donde se produjo el delito. ¿Se produjo un delito contra la libertad sexual? Sin duda. ¿Se produjo una violación, como llevan dos años proclamando los sensacionalistas medios televisivos y los adalides del feminismo radical actual? No, según la ley. ¿Tuvo la víctima el deseo de mantener relaciones con uno o varios de los implicados, tal como argumentan los defensores de los condenados? Podría ser. ¿Pretendía la víctima ser el objeto de una orgía repugnante, al estilo de una película pornográfica, celebrada en un cuartucho semi-público, en unas condiciones higiénicamente deplorables y emocionalmente humillantes, repulsivas y amorales? Vaya usted a saber, considerando que actualmente los niños de doce años ven pornografía hardcore en el móvil… ¿Hubo mala intención? Por supuesto: por éso uno de ellos le quitó el móvil a la joven…para dejarla incomunicada. ¿Deberían los legisladores aumentar las penas para este tipo de delitos? Quizá. Yo personalmente estoy a favor de la cadena perpetua para ciertos delitos, empezando por la pederastia, pues considero, como señala el psicólogo Javier Urra, que “los psiquiatras y…los psicólogos…no sabemos cómo hacer que un psicópata deje de serlo”1. Es decir, hay gente que debería estar siempre encerrada por simple  precaución.

            Otro asunto, que en mi opinión ha sido pasado por alto, es que uno de los implicados sea guardia civil -no casualmente creo, el que se deshizo del móvil de la joven-, y otro militar. ¿Es legal o moralmente admisible que dos miembros de las Fuerzas públicas actúen así? Al fin y al cabo, su deber según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluye “Actuar con integridad y dignidad […] Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen…”; y según las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas “Deberá actuar con arreglo a los principios de  …integridad…responsabilidad…ejemplaridad, austeridad…honradez…”. ¿O lo pasamos por alto porque no estaban de servicio? Yo soy profesor de secundaria. ¿Me pasarían por alto las autoridades educativas que me liase con una alumna durante o después de las horas lectivas? No señor: tener un estatuto jurídico especial -la condición de autoridad pública- implica prerrogativas y deberes. Sólo por mostrar ese tipo de comportamiento, trabajando en lo que trabajan, deberían tenerlos veinte o treinta años a la sombra. Se es guardia civil, con o sin uniforme. Por éso se juzgó por terrorismo a los agresores de los guardias civiles de Alsasua…aunque no estaban de servicio. Hacer esas distinciones sentaría un precedente jurídico muy perturbador para los Cuerpos de Seguridad del Estado.

            Ahora bien, ¿justifica lo ocurrido que el Gobierno proponga una reforma de sesgo totalitario, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal, que impida a los jueces hacer su trabajo? Desde luego que no. Parece que Doña Carmen Calvo, en el afán electoralista, alimentado por el sensacionalismo de las cadenas televisivas, olvida que los jueces no inventan las sentencias, sino que deben demostrar los hechos que concurren para establecer qué tipo de delito se ha cometido (abuso o violación, homicidio por imprudencia o asesinato a sangre fría…), ya que la condena se aplica en función del delito, y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario…excepto si tienes testículos…porque en esa caso la Ley contra la Violencia de Género, las “lideresas” feministas reaccionarias (a las que debemos distinguir de las auténticas feministas), y los omnisapientes reporteros televisivos darán por sentado, por ejemplo, que todo homicidio de una mujer es producto de la violencia machista, sin pararse a analizar si el asesino pretendía matarla premeditada y conscientemente, si el asesino y/o la asesinada pertenecían a un ambiente social marginal, eran drogadictos, alcohólicos o enfermos mentales, o decidieron quitarse de en medio porque acababan de desahuciarlos…¿Para qué buscar las causas verdaderas de cada delito, de cada hecho (como hacen los buenos periodistas), con lo fácil que es meter a todos en el mismo saco? ¿Acaso se paraban las gentes de la Edad Media durante las epidemias de peste a examinar quién estaba contagiado y quién no? Pues no. Le echaban la culpa a los judíos y los mataban a todos…Y por éso uso el término “totalitario”, porque vivimos en una sociedad en la que una neurosis colectiva provocada por los medios de comunicación, lleva a los gobiernos a aprobar leyes que juzgan un delito sin considerar las circunstancias concretas, agravantes o atenuantes, como si los delitos no fueran cometidos por individuos, sino por colectividades: el “Patriarcado” viola a las mujeres, igual que los judíos mataron a Jesucristo.

            Por ese camino, acabaremos metiendo en la cárcel a todos los jóvenes de España que salgan de copas un fin de semana, porque, Señora Ministro -perdón: “Señora Ministra”-, ¿conoce usted el porcentaje de jóvenes españoles que están borrachos un sábado cualquiera a las doce de la noche? Un millón y medio de jóvenes hicieron botellón el último año según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ¿Cree usted que una niña o niño de 16 años, o unos veinteañeros completamente borrachos tienen la cabeza suficientemente despejada para decir “Sí” premeditada y conscientemente? ¿Pretende imitar a los yanquis condenando por violación a un chico de diecisiete años porque su novia de catorce le hizo una felación? Por no hablar de los -y las- estafadores profesionales, y abogados sin ética-que también los hay- que podrían aprovechar una ley tan obtusa para cometer chantajes acusando a cualquiera de violación. Ésto se le va a escapar de las manos “Señora Ministra”, a usted y al movimiento feminista, pues como ha señalado la intelectual feminista -y lesbiana por otra seña que la desvincla del “Patriarcado”- Camille Paglia: “El feminismo ha conseguido envenenar la atmósfera cultural con su aversión a lo masculino…Hay una actitud muy elitista en el feminismo actual. Y las periodistas y las que se llaman intelectuales tienen mucha culpa.”2

            Pero el sensacionalismo mediático, y el afán electoralista puntual de la cúpula de un partido que ha perdido de vista a sus votantes tradicionales para intentar captar el voto de esa difuminada clase media urbana que vota a Podemos, Ciudadanos o PSOE según sople el viento, no es el único aspecto perturbador de este asunto. ¿Porqué no se dota al Poder judicial de los medios humanos y materiales para proteger a los ciudadanos? ¿Acaso es mas económico aprobar leyes draconianas que no distinguen inocentes de culpables, ni los grados del delito, atentando contra las bases de dos mil quinientos años de derecho romano? ¿Porqué no se toman medidas para evitar el turismo etílico-sexual? ¿Deben permitir las autoridades públicas que una ciudad entera se llene de borrachos para provecho económico de los vecinos de las calles pamplonesas por donde discurren los encierros, que llegan a cobrar doscientos euros por alquilar un balcón durante unos minutos? ¿Debe permitirse que niños apenas púberes tengan móviles en que pueden ver pornografía para beneficio de las compañías telefónicas? ¿Porqué no se obliga a las compañías a fabricar modelos de móviles adaptados a la edad del usuario, con cortafuegos incorporados que impidan el acceso a esos contenidos, que envenenan el correcto desarrollo emocional de las personas? ¿Porqué no se invierte en educación, que es la mejor medida preventiva? ¿Porqué se entregan subvenciones públicas a organizaciones feministas cuya única contribución a los derechos de la mujer parece ser la de insultar a los jueces en los medios de comunicación? ¿Porqué se permite a los medios televisivos emitir noticias que deberían ser tratadas con el máximo rigor, como si fueran espectáculos de telerrealidad? ¿No interesa? ¿O no queda en este país suficiente inteligencia para distinguir las causas profundas de los problemas entre tanto sensacionalismo, electoralismo y adoctrinamiento?

            Al final, como ocurre siempre que se intenta mejorar la sociedad a base de “decretazos”, medidas punitivas y discursos rimbombantes, acabará pagando algún

justo por un pecador.

AQUILINO SANTAMARTA

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1URRA, Javier; “El debate de hoy”, 11/7/2108.

2CAMILLE PAGLIA, El Mundo, 9 de Abril de 2018.