UNA ADMINISTRACIÓN CARA Y POLITIZADA

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Firmas > Pedro Vicente Una Administración cara y politizada Pedro Vicente Periodista

23 de Mayo de 2013 Después de más de tres años de drásticos recortes presupuestarios en aras de una supuesta austeridad en el gasto público, hay Administraciones que siguen sin aplicarse a sus estructuras políticas esa medicina, o haciéndolo de forma muy selectiva. Al mismo tiempo que se rebaja el sueldo a los funcionarios, se extinguen cientos de contratos temporales y no se cubren las vacantes por jubilación (vía ésta que está deteriorando gravemente las plantillas médicas de la Sanidad Pública), persisten toda una serie de prácticas discrecionales que vician y encarecen la función pública. Caso de libro es el de la Junta de Castilla y León, que mantiene sin inmutarse todos los resabios propios de una Administración politizada y clientelar, en la que prima con todo descaro el amiguismo y la afinidad ideológica. El manifiesto abuso del sistema de «libre designación” constituye una de esas grandes lacras de la Administración Autonómica. El procurador socialista Francisco Ramos lo denunciaba esta misma semana ante la comisión parlamentaria de Hacienda, cifrando en más de 5.000 los puestos cubiertos por la Junta mediante dicho sistema. «Ello limita y desincentiva la formación y la carrera profesional de los empleados públicos, que ven que la única manera de ascender en la Junta es la subordinación y el peloteo al político de turno del PP”, dice Ramos. Aparte de ese favoritismo que tritura la igualdad de oportunidades, el sistema encierra otro efecto sumamente pernicioso, cual es la pérdida de independencia de los funcionarios encargados del control interno de los propios actos de la Administración. «Prácticamente todos los funcionarios responsables de ese control interno, caso de los interventores o de la Inspección General de Servicios, están nombrados a dedo”, añade Ramos, cuya propuesta de limitar las «libres designaciones” exclusivamente a los puestos por encima de las jefaturas de servicio ha sucumbido al «rodillo” del grupo popular. Este abuso de las libres designaciones -raro es el día que no aparece una o varias en el BOCYL- viene siendo denunciado hace años por la oposición, los sindicatos, y mas recientemente por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), ante el caso omiso de la Junta. Lo mismo que las famosas «bufandas”, otro resabio caciquil que, además, supone todo un despilfarro. Aunque se llamen así porque originariamente se abonaban solo en diciembre, las «bufandas” (gratificaciones económicas concedidas discrecionalmente a funcionarios de confianza por supuestos servicios extraordinarios) se han ido extendiendo por el calendario, abonándose en muchos casos con periodicidad semestral e incluso trimestral. Eso sí, concedidas siempre con la máxima opacidad posible. La única obligación de la Junta es colgar la relación de los «agraciados” en los tablones de los centros de trabajo, de donde inmediatamente desaparecen porque alguien -presumiblemente alguno de los beneficiados- se ocupa enseguida de retirarlos. A pesar de esa dificultad y de la reiterada negativa de la Junta a facilitar esa información tanto a la oposición como a la representación sindical, en diciembre se supo el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez -el adalid de la transparencia y del Gobierno Abierto- había distribuido 59.651,88 euros entre 33 funcionarios de su confianza, así como que el titular de Economía, Tomás Villanueva, había destinado al mismo fín otros 35.211,49 €. Desde entonces se sabe que máximo agraciado es el conductor -único y al parecer insustituible- del primero de dichos consejeros, que percibe cada trimestre una gratificación de 4.200 euros, superior a la que tienen asignada los dos colegas suyos que se turnan al volante del coche oficial del presidente Herrera (2.000 euros por cabeza y trimestre). Excluida la consejería de Fomento, que retribuyó mediante este procedimiento el exceso de jornada de los operativos de la lucha contra incendios- en 2010 la Junta distribuyó en bufandas mas de dos millones de euros. A la cabeza -bonita forma de dar ejemplo se situó la propia consejería de Hacienda y Administración Autonómica, Pilar del Olmo, con 449.753 euros, seguida de Sanidad (381.472 €), Economía (346.590€) y Presidencia (203.520 €). La Junta de Personal de los Servicios Centrales, que representa a más de 3.500 empleados públicos de la Junta, ha solicitado que las «bufandas” sean dadas a conocer a través de la página web del cacareado «Gobierno Abierto”, solicitud que sin duda De Santiago-Juárez atenderá con la máxima celeridad tan pronto como las ranas comiencen a criar pelo. Unos vicios, las «libres designaciones” y las «bufandas”, a añadir al millonario dispendio originado por el tinglado de empresas, fundaciones, institutos y demás entes -en su inmensa mayoría perfectamente prescindibles- que siguen constituyendo la llamada «Administración B”, donde el despilfarro y el enchufismo han ido y siguen yendo de la mano.

Ha pasado un siglo, pero la política sigue tal como decía GALDÓS en 1912

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En una antología de fragmentos de Galdós de la editorial Rey Lear,
titulada: *»La fe nacional y otros escritos sobre España»*, en la página
69, aparece el siguiente texto, *fechado en** 1912… *

«Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el
Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el
presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán
en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, paupérrima y
analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y
llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en
muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el
educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de
recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia
práctica, y adelante con los farolitos… Si nada se puede esperar de las
turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria
(…) No creo ni en los revolucionarios de nuevo cuño ni en los
antediluvianos (…) La España que aspira a un cambio radical y violento de
la política se está quedando, a mi entender, tan anémica como la otra. Han
de pasar años, tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de
tuberculosis étnica, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y
nuevos focos de lumbre mental».*

Ha pasado un *siglo*. Sobra cualquier otro comentario.

NUESTROS OBJETIVOS (extracto de nuestros estatutos)

 
DENOMINACIÓN, FINES, Y AMBITO:

Artículo 1. Con la denominación de ASOCIACION “LEON SANO” PARA LA DEFENSA DE LA LEGALIDAD EN LA ACTUACION DE LOS PODERES PUBLICOS EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE LEON se constituye una entidad, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

Artículo 2. Esta asociación, de carácter independiente y sin vinculación política o sindical alguna, se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines la defensa de los intereses de los asociados en la limpieza y la legalidad en la actuación de los poderes públicos.

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

a)Agrupar, organizar y representar a los empleados públicos asociados de la Provincia de León, sin distinción de organismos de prestación de servicios, escalas o categorías, para la mejor defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales.
b)Velar por la limpieza en la actuación de los organismos públicos y de sus titulares, luchando contra la prevaricación, la corrupción, el nepotismo y las prácticas ilegales en general, así como entablar acciones de todo tipo, incluidas las judiciales, frente a las actuaciones de los poderes públicos y los titulares de los distintos organismos públicos, para la defensa de los fines de la Asociación. c)Defender el ejercicio de derechos y libertades de los empleados públicos.
d)Promover la solidaridad, cooperación y ayuda recíproca con las organizaciones sindicales y asociaciones que persigan los mismos objetivos.
e)Conseguir que la Administración respete los intereses individuales y colectivos de los asociados.
f)Defender la igualdad de oportunidades para el acceso a cualquier puesto de trabajo en el sector público, conforme a los principios constitucionales, y actuar en contra de cualquier discriminación por razón de sexo, ideología o cualquier otra condición personal o social, así como de la práctica del nepotismo en general.
g)Promover actividades de tipo social y formativo en beneficio de los empleados públicos asociados.h)Informar a la opinión pública cuando se considere necesario y así lo acuerden los órganos de Gobierno de la Asociación, procurando que la sociedad alcance criterios ajustados en asuntos de respeto de la legalidad por parte de las Instituciones y Administraciones Públicas, de forma que se derive un beneficio social de esta información.
i)Facilitar la comunicación personal y telemática entre los empleados públicos para divulgación de derechos y facultades, y crítica de actuaciones reprobables de los poderes públicos.