El juez procesa a los empresarios leoneses José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra por pagos a la Gürtel

27 May

 

CASO GÜRTEL: PIEZA SEPARADA DE BOADILLA DEL MONTE

Un auto de la Audiencia Nacional pide que los constructores José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra sean juzgados por el pago de presuntas comisiones ilegales en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Otro leonés, el abogado Ramón Blanco Balín, también imputado en este caso

 

 

El juez procesa a los empresarios leoneses José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra por el caso ‘Gürtel’

ileon.com | 25/05/2016 – 17:53h.

El nuevo de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones(I), acompañado por el alcalde Antonio Silván (C) y el propietario del diario, José Luis Ulibarri (D). / Ical

Un auto conocido este miércoles marca el inicio del juicio por la pieza separada del caso’ Gürtel’ que afecta a la actividad desarrollada por la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte entre los años 2001 y 2009. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acusa a 27 personas, 11 sociedades mercantiles y al Partido Popular (como partícipe a título lucrativo) de formar parte de un entramado “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad”. Este auto es de paso a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento como paso previo a la apertura de juicio oral.

Además de los ‘cargos’ más conocidos de la trama Gürtel como José Luis Correa, Pablo Crespo o el exalcade de Boadilla, Arturo González ‘El Albondiguilla’, sobresalen entre los procesados tres leoneses: José Luis Ulibarri Comerzana, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín. Ulibarri y Martínez Parra lo hacen en su consideración de empresarios constructores que presuntamente habrían pagado comisiones a la trama Gürtel por adjudicaciones de solares en la localidad. En el caso de Blanco Balín es por haber contribuído al blanqueo de esas presuntas comisiones. Cabe recordar que hace escasos días otro auto también pidió que sean juzgados por el caso de las comisione por la visita del Papa a Valencia a Martínez Parra y a Blanco Balín,que usaron la constructora de origen leonés Teconsapara llevarse un megacontrato por el que luego habrían pagado comisiones a la rama valenciana de Gürtel según el juez.

Se da la circunstancia que Ulibarri y Martínez Parra,hijo del fallecido José Luis Martínez Núñez, serán juzgados en el mismo caso cuando históricamente sus empresas Grupo Begar (Ulibarri) y Grupo Martínez Núñez han sido rivales encarnizados en los negocios de construcción y comunicación, especialmente en la provincia de León.

Adjudicaciones irregulares de parcelas a cambio de comisiones

Según el juez en el caso de José Luis Ulibarri una de sus sociedades, UFC, SA, habría pagado una comisión de 580.000 euros (IVA incluído) por la adjudicación de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld “ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, SL”. El juez cree que la adjudicación de la parcela a UFC provocó un quebranto de 4 millones de euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que la comisión pactada fue de 1 millón de euros. A Ulibarri se le imputan presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad de documento mercantil, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

En el caso de José Luis Martínez Parra su empresa Teconsa se habría adjudicado a cambio de comisiones “los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria 18 Uds., gimnasio y colegio de educación infantil 9 Uds. y comedor de los sectores 3 y 4, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local”. El juez apunta a un pago de comisiones millonarias por llevarse estas obras entre los años 2001 y 2007, favoreciendo las adjudicaciones los cargos políticos a cambio de reparto del coste de las obras. A Martínez Parra le imputa presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y falsedad de documento mercantil.

El considerado ‘cerebro financiero’ de la trama Gürtel, el abogado bembibrense José Ramón Blanco Balín, se le acusa de contribuir a blanquear fondos de comisiones ilegales relacionados con operaciones en Boadilla del Monte y de beneficiarse de adjudicaciones en el Ayuntamiento. Se le imputan los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

El PP, beneficiario

El juez De la Mata apunta además al Partido Popular como beneficiario de los presuntos chanchullos ocurridos en la localidad madrileña. Por ello pide que comparezca en las actuaciones en calidad de “partícipes a título lucrativo”, designando abogado “por el beneficio que pudieren haber obtenido de los efectos derivados de la actuación atribuida, respectivamente, a las personas imputadas”.

Las partes afectadas tienen un plazo de diez días para manifestar su conformidad o disconformidad del auto, paso previo al juicio oral.

 

 

http://www.LANUEVACRONICA.COM/el-juez-imputa-a-tres-leoneses-en-la-pieza-del-caso-grtel-en-boadilla

Martínez Parra y Ulibarri en imágenes de archivo. | L.N.C.

L.N.C. | 25/05/2016 A A

El juez imputa a tres leoneses en la pieza del caso Gürtel en Boadilla

Tribunales AMPLIACIÓN: José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín, entre las 27 personas que se juzgarán por varios delitos

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 27 personas por la actividad de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Tres leoneses, José Luis Ulibarri Comerzana, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín, figuran en la relación de imputados por varios delitos.

En el caso de José Luis Ulibarri la causa por la que está acusado es por la adjudicación a su empresa, UFC SA, de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones SL. El auto indica que en el año 2005 el grupo de Boadilla del Monte dirigido por Correa Sánchez habría beneficiado desde el Ayuntamiento a la empresa gestionada por José Luis Ulibarri en un procedimiento abierto con el sistema de adjudicación de un concurso, siendo el precio de licitación 33.360.000 €. Según el juez «en ejecución de lo convenido con el grupo, Ulibarri Comerzana presentó por UFC SA una oferta con un precio de 35.028.000€ y un plazo de ejecución de imposible cumplimiento conociendo que iba a resultar adjudicatario y que ese escaso tiempo fue clave al superar a la otra oferta que era superior en 4.072.000 euros.

De la Mata indica en el auto que la comisión pactada entre Ulibarri y Correa ascendió a 1.000.000 €. La comisión pactada se habría encubierto de común acuerdo como pagos de servicios supuestamente prestados por la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI) reflejados en dos facturas por importe cada una de 500.000 € (580.000 € IVA incluido) abonadas el 9 y el 10 de enero de 2006. Luego ese dinero se distribuyó entre varios implicados de la trama. Estas facturas fueron contabilizadas en UFC SA y se incorporaron a la declaración de IVA correspondiente al ejercicio 2006 de modo que se habría incrementado la cuota a devolver por ese tributo en 160.000 € obteniendo así indebidamente una devolución por ese importe. Para el juez estos hechos están acreditados por distintas declaraciones de testigos e imputados, la abundante documentación intervenida en los registros practicados en el seno de este y otros procedimientos, remitida por registros públicos, bancos, sociedades, etc.- y los informes periciales emitidos por las unidades de auxilio judicial. Así le imputa al empresario leonés los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias y delito contra la hacienda Pública.

En el caso de José Luis Martínez Parra la contratación incluida en la causa es la adjudicación a Teconsa de los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local pese a no presentar la mejor oferta pero sí la de menor plazo, que no se cumplió. La comisión comprometida y abonada por Martínez Parra, con el grupo, para su reparto entre sus miembros y el PP, ascendió a 1.800.000 €. Así los delitos que le imputan son los de prevaricación, fraude, cohecho y falsedad.

Por su parte José Ramón Blanco Balín figura en el entramado como uno de los asesores de la organización de Correa Sánchez y figuraba como administrador de muchas de las sociedades creadas con el fin de enmascarar los pagos a cargos públicos y lograr la desviación de fondos públicos para su enriquecimiento personal.

Por este motivo los cargos imputados a Blanco Balín son los de prevaricación, fraude, cohecho y en este caso se incluye el de blanqueo de capitales.

Imputado el PP por haberse lucrado de 204.198 euros

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata también ha procesado al PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red. En el auto de paso a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento, paso previo a la apertura de juicio oral), el juez señala que, con las maniobras de los imputados, consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

El juez explica que la causa gira en torno a las adjudicaciones supuestamente irregulares que consiguió el cabecilla de la trama, Francisco Correa, para sus empresas con la ayuda los otros acusados, entre ellos el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, el exconcejal José Galeote y el exdiputado del PP Alfonso Bosch. Lo hicieron a través de un entramado societario «de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de las contrataciones.

Puedes descargar aquí el auto completo

de http://www.ELNORTEDECASTILLA.ES/leon/201605/26/juez-procesa-empresarios-leoneses-20160526180424.html

 

El juez procesa a los empresarios José Luis Ulibarri y Martínez Parra por pagos a la Gürtel

José Luis Ulibarri.
José Luis Ulibarri.
  • Ambos están acusados de prevaricación, fraude, cohecho y falsedad

  • De la Mata propone juzgar al PP por lucrarse con esta trama en Boadilla

 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto pieza separada dentro del caso Gürtel sobre las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte (Madrid) alrededor del grupo de Francisco Correa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo.

El resto de acusados en esta pieza son Isabel Jordan; Cesar Tomás Martín Morales; Rafael Naranjo y su hermano Gonzalo; Alfonso García Pozuelo; José Luis Ulibarri; José Luis Martínez Parra; Juan Carlos Rey; Jacobo Gordon; Rafael Martínez Molinero; Antonio de Miguel Reyes; José Ramón Blanco Balín; Carlos Jorge Martínez Massa, Rodolfo Benigno Ruiz; Javier Nombela; Juan Jesús Siguero; María Carmen García; José Francisco Pastor; Javier del Valle; Luis de Miguel Pérez y Alicia Vallejo. El magistrado decreta el sobreseimiento provisional de la causa para siete personas.

En el caso de los dos empresarios leoneses, José Luis Ulibarriy Martínez Parra, el juez les acusa del pago de comisiones.

 

 

Según el auto el juez vincula a Ulibarri al pago de una comisión de un millón de euros a la trama. Por ello le acusa de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad de documento mercantil, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte Martínez Parra habría pagado 1,8 millones de euros. En esta ocasión está acusado de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y falsedad de documento mercantil.

En dos autos, el juez explica que la presente causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, «de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular».

Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

«El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)», sostiene De la Mata.

Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte «dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad»

«Esta actividad comprende tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio», continúa.

Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, «que en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV».

Dichas actividades, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín Morales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros.

El grupo, señala el auto, favoreció, «siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos a distintas personas y sociedades» como SUFI SA, Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios, a UFC SA, A Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras.

Además, Correa efectuó distintos reglaos en efectivo y en especie a algunos miembros del grupo en consideración a su integración en el mismo y al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel. Añade que González Panero, como otros, «implementó igualmente una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos».

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