Las compañías deben concurrir con ofertas competitivas y ejecutar correctamente los contratos que les sean adjudicados
Valderrey fue ayer por la tarde el último ayuntamiento en apoyar la moción por la autonomía. DL
29/12/19
Perdida la batalla en la capital leonesa, donde el foco mediático abierto ha repercutido en la política nacional, el PSOE y el PP intentan a toda prisa cerrar las vías de agua que se abren por toda la provincia. Ante la oleada de presentación de mociones por parte de la UPL en los ayuntamientos que restan por pronunciarse en la demarcación territorial, el aparato de los dos partidos mayoritarios se afana en minimizar el número de díscolos que le van a surgir en las próximas semanas.
La consigna queda clara para todos sus representantes: nadie debe votar a favor del texto leonesista en el que se insta a abrir el camino para la creación de la comunidad de la Región Leonesa. Pese a que las direcciones han sido claras ya han aparecido los primeros rebeldes. No sólo entre los socialistas, con el alcalde de León y sus nueve compañeros a la cabeza, a los que se añadió ayer un edil de Valderrey, sino por parte de los populares, que vieron como su edil en Matadeón de los Oteros, los dos de Cabrillanes y uno de Crémenes apoyan las tesis de separación de Castilla y permitían que los acuerdos salieran adelante.
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El toque a rebato de las direcciones de los dos partidos mayoritarios busca bloquear la estrategia de la UPL. Al margen de León capital, que ha hecho de altavoz, los leonesistas han empezado por presentar las mociones en los ayuntamientos que controlan. Las tres han salido adelante, a pesar de la oposición del concejal del PSOE y la abstención de los ediles socialistas en Crémenes, y mañana la defenderán en Santa María del Páramo, donde cuenta con mayoría absoluta.
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El goteo seguirá en las próximas semanas. Pero no sólo en los que cuenta con representantes, sino en todos: en unos por medio de formaciones independientes, como sucederá en Villademor o como permitió ayer que se aprobara en Valderrey gracias a los votos del gobierno de Ciudadanos Rurales Agrupados, respaldados por el PSOE, pese a la oposición de PP y la no adscrito; en otros, mediante el envío de un escrito que se registre para instar al plenario a que se pronuncie; e, incluso, en alguno con la ayuda de los mayoritarios, como en Riaño, en el que ha sido un representante socialista quien ha definido un texto propio con el mismo fin.
En este último tendrán que definirse los concejales de Ciudadanos, que gobiernan, al igual que en Villademor y, sobre todo, en Acebedo, cuyo alcalde actual, Isidoro Diez, formó parte de la UPL durante años antes de apuntarse al carro naranja. Todos ellos saben de sobra que sus dirigentes se oponen.
Para después, el planteamiento de los promotores deja la presentación en los cinco consistorios de la provincia leonesa en los que tienen acta de representación. Aunque, antes de salir de la provincia, el último paso queda reservado para la Diputación, donde la UPL sustenta el gobierno del PSOE, pero ya sabe que los diputados socialistas no se saldrán del guion que les han marcado desde Ferraz, Valladolid y la dirección provincial. Votarán que no, al igual que los populares y la diputada de Ciudadanos, salvo sorpresa de última hora en algún caso particular.
Si lo hacen se enfrentarán a las órdenes emanadas desde arriba. Los socialistas ya conocen el documento que el secretario de Organización provincial, José Pellitero, les entregó a los concejales de León en la noche del jueves con el aviso de que había sido enviado por la secretaría de Organización federal, dirigida por José Luis Ábalos.
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«Por plantear unos acuerdos claramente inconstitucionales y contrarios al modelo territorial que defiende el PSOE esta moción no se puede apoyar», se lee en el documento interno, que llega incluso a defender que «va contra la Constitución y el Estatuto de autonomía porque se basa en una interpretación errónea de la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto de la Comunidad».
Por si no fuera suficiente, la batería socialista se armó con el comunicado público emitido por el PSOE de Castilla y León, liderado por el burgalés Luis Tudanca, que recalca que su postura «es nítida en este sentido: respeto al Estatuto de Autonomía y blindaje de las autonomías en la Constitución Española, tal y como aparecía en los programas electorales con los que el PSOE ha ganado todos y cada uno de los procesos electorales de este año en la provincia leonesa».
«El PSOE seguirá apostando y trabajando por la política útil y se dedicará a seguir intentando corregir estos desequilibrios y a hacer propuestas que creen riqueza y empleo para que esta tierra deje de perder población», señalan en el escrito. Para abundar, ayer la federación zamorana salió al rebufo para criticar los «conflictos identitarios».
«Tenemos otras prioridades y, aunque respetamos el sentimiento nacionalista y de reivindicación en León, un tanto utópico ahora mismo, en la posición en la que está España no hacen falta nacionalismos, sino ser generosos», apuntaron en una argumentación que confunde regionalismo con nacionalismo.
No fue menos el PP. El presidente autonómico y máximo dirigente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó el Twitter para exponer que «España no puede permitirse las aventuras territoriales del socialismo».
«El Gobierno de Castilla y León garantiza la unidad y la integración de nuestra Comunidad. El bienestar de las personas de Castilla y León en ningún caso pasa por dividir, enfrentar y levantar fronteras», escribió. Para seguir con la estrategia, su vicesecretario de Acción Parlamentaria y Comunicación, Raúl de la Hoz, subió a la misma red social un en el que exponía que «lo sucedido en León define a la perfección al PSOE de Castilla y León».
«Unos pidiendo la independencia de León. Otros diciendo que la culpa la tiene el PP. Y el jefe de todos, como siempre, ni está ni se le espera. Esta es la banda que quería gobernar en Castilla y León», señaló. Fuera de esta línea férrea se posicionó Tomás González, presidente de Nuevas Generaciones Centro y portavoz en el Ayuntamiento de Navas del Rey.
«Datos: León nunca ha sido Castilla. Nunca. León ha perdido población y empleo desde la constitución de Castilla y León mientras que Valladolid ha ido ganando población y empleo. León tiene una identidad propia lógicamente dentro de España. Se abre un debate interesante», expuso en su perfil tuitero el joven abogado leonés afincado en Madrid.
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leonsano 
¿Y no sería más deseable que se advirtiese del posible mal planteamiento de la demanda en una fase inicial del proceso permitiendo una corrección? Tal vez mejorarían así la economía (procesal, monetaria y temporal) y el principio pro actione, y se evitaría una sensación de justicia meramente formalista.
Personalmente, no creo que el mal planteamiento global del litigio entre en el principio pro actione o el antiformalismo, pues no es corregir un error formal de ley procesal, sino enmendar el planteamiento de base de la propia parte. Lo siento, pero es un caso claro de metedura de pata en la estrategia global, no en las formas, y eso no es subsanable ni corresponde al tribunal tutelarlo, pues tampoco creo que el abogado vaya a compartir su minuta con ellos.
Por otra parte, me surge una duda importante cuando se habla de equiparación ante la discriminación, y es si se puede equiparar a la baja. Me explico: Es frecuente que un funcionario reclame vía impugnación de la RPT la equiparación al alza de un complemento alegando que el funcionario vecino del mismo cuerpo y por las mismas funciones cobra un complemento mayor sin justificación. Para ello se esgrime el principio de igualdad, y en efecto, es claro que debe anularse el acto si no hay justificación de la diferencia. Ahora bien, yo entiendo que la igualdad no es necesariamente al alza, por lo que despues de la anulación del acto la administración puede bajar el complemento (Recordemos, no hay derechos adquiridos a retribución futura en la función pública) a todos. Con lo que ya no habría discriminación. No veo que la sentencia pueda reconocer el derecho a que el puesto del demandante sea equiparado al alza, sino meramente a que no sea discriminado con una retribución inferior por el mismo trabajo, pero esto se cumple bajando los otros ocmplementos.
Todos los trabajadores públicos tenemos las mismas obligaciones. Todos nos debemos al TREBEP en general y además al Estatuto Marco en sanidad, por ejemplo. Sin embargo no tenemos los mismos derechos, ni por asomo. Ni los mismos días libres ,( en sanidad 6 y en justicia 9 moscosos) ni permisos, ni los mismos complementos, ni prestaciones sociales ( bono transporte, médico…), ni salario base.
Hay una diferencia abismal entre las mismas categorías de las distintas Administraciones. Estatal, Autonómica, Local…
Hay más. Dentro de la sanidad de Madrid, hay una gran diferencia de lo mencionado anteriormente, entre el personal laboral de Convenio de la CAM y los del antiguo INSALUD. Aunque todos sean gestionados por el SERMAS y las categorías y las funciones sean las mismas…la diferencia de trato laboral y económico es grande.
Esto debería eliminarse. De esta forma no llegarían a los tribunales casos como los que llegan. La Administración tiene que ser mucho más operativa y tratar con equidad a todo su personal.
Por otra parte, me encantaría que estas entradas fueran leídas por todos los hombres de leyes. Contienen una gran enseñanza, que puesta en práctica, ganaríamos todos.
Gracias siempre por compartirlas
¡Qué razón tienes José Ramón! El suplico es tal vez lo más importante, y como se redacta al final, cuando ya estás cansado de argumentar, a veces no ponemos el necesario cuidado! La sentencia es para guardar, pero he decidido que mi archivo es tu blog. Cuando tengo un problema procesal contencioso, lo primero a lo que acudo es al buscador de esta página. Y luego, si acaso, estudio el resto de la jurisprudencia..;)