Personal directivo versus personal eventual: A VUELTAS CON LOS DEDAZOS EN LOS ALTOS CARGOS

7 Ago

de https://NOSOLOAYTOS.WORDPRESS.COM/2018/08/06/personal-directivo-versus-personal-eventual-a-vueltas-con-los-dedazos-en-los-altos-cargos/

180807 blog Victor Almonacid

“El mundo recompensa antes las apariencias de mérito que al mérito mismo”. (François de La Rochefoucauld, 1613-1680)

Este es un artículo políticamente incorrecto, que en lugar de titularse “Personal directivo versus personal eventual”, podría trasladar la dicotomía a: “Directivos públicos versus personal eventual”, o incluso “Directivos públicos preparados versus incompetentes”. Empezamos así de fuerte porque pretendemos poner el foco sobre un problema que también es fuerte: la politización de las instituciones públicas. No somos los únicos ni los primeros que denuncian esta perversión del sistema, pero queremos ayudar a agitar las conciencias y sobre todo sumar en pos de la mejora institucional de este país.

Y esa mejora pasa, obviamente, por la progresiva despolitización de dichas instituciones. El comentario podría ser amplísimo, pero por nuestro perfil nos centraremos en la problemática que rodea el sistema de nombramiento de los altos cargos de la Administración. Para la elaboración del presente trabajo hemos recabado además el parecer de personas expertas como Rafa Jiménez AsensioFermín CerezoVanesa Felip y Amalia López Acera, quienes han opinado de forma exclusiva para este artículo, y a quienes agradezco mucho su colaboración en pleno mes de agosto, pero aún más su claridad.

Planteamiento de la cuestión

Decíamos que este es un artículo políticamente incorrecto. Depende. Lo es, desde luego, en el sentido de que se enfrenta a esa política “ochentera” del cacique rodeado de palmeros. Nadie pone en duda la legitimidad democrática, faltaría más, y que cambien los gobiernos no solo es normal sino que incluso es bueno. Cierto es que ahora lo hacen con más frecuencia y con mayorías más exiguas, lo cual tampoco tiene por qué ser malo, pero sí lo es si cada nuevo inquilino que llega a los distintos niveles de gobierno (Estado, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos) lo hace con su caterva de acólitos debajo del brazo, quienes, por mucho que se les presuponga buena intención, no dejan de ser personas que por definición solo pueden ambicionar tener contentos a sus jefes, y por supuesto desde una óptica absolutamente cortoplacista (y electoralista).

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Cada día se publican uno (o varios) nombramientos.

Y ese es el problema. Cada cuatro años (últimamente cada dos), tenemos nuevos altos cargos políticos y nuevos altos cargos administrativos. Es ese protocolo de los nombramientos en cascada. Demasiada gente nueva. Demasiada gente novata. ¿Dónde está la estabilidad? La Administración necesita muchos cambios pero no algunos cambios. No, no confundamos innovación con cambiarlos a todos porque la Administración no mejora a base de ocurrencias, sino a través de procesos de cambio rigurosamente implantados por personas muy preparadas que manejan capacidades que otros, sinceramente, no atesoran. E incluso para ellos es complejísima la gestión de estos procesos.

La consecuencia de esta politización de los puestos directivos es la total desorganización de las organizaciones, un liderazgo casi imposible y una descoordinación asegurada. Y un fracaso también casi seguro en cualquier intento de modernización o transformación. Los motivos son básicamente dos: el primero, obvio, la falta de preparación de los responsables; y el segundo, la inestabilidad de los impulsores de los grandes proyectos, teniendo en cuenta además que nadie va a salvar ni un gramo de trabajo de “los anteriores”, sino que se va a calificar la gestión previa de desastre para poder afirmar que ese es el motivo por el que hay que cambiarlo todo. Pues bien: ese es justo el escenario en el que no cambia absolutamente nada.

Hablamos por tanto de un grave problema organizativo. y no ya solo por la aludida politización, sino porque en general trabajamos en estructuras obsoletas y poco o nada innovadoras que no están preparadas para soportar los necesarios cambios, empezando por los propios cambios organizativos. Unos cambios organizativos (no confundir con los “cambios de cromos”), que son los que necesita la Administración no solo para ser electrónica, sino para transformarse completamente y ser lo que tiene que ser (si es que quiere tener alguna posibilidad de sobrevivir).

Régimen jurídico

Como no puede ser de otra manera debemos hacer referencias legales. Según el art. 58 de la ley de Régimen Jurídico (heredera de la LOFAGE en este sentido), en los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas, y se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas. Bien, todo esto es lo que hay o puede haber en un Ministerio, teniendo en cuenta además que los órganos superiores son los Ministros y los Secretarios de Estado y los órganos directivos el resto de los mencionados. No es el momento de comparar o diferenciar estos órganos directivos de, por ejemplo, los de las CCAA o los de los grandes Ayuntamientos que se rigen por el Título X de la Ley de Bases del Régimen Local (o por una Ley propia, como Madrid y Barcelona). Sí podría ser más interesante contrastar este concepto con el de personal directivo profesional del art. 13 del Estatuto Básico del Empleado Público:

  • 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
  • 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
  • 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
  • 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
Toma de posesión Alzira
El día de mi toma de posesión en el Ayuntamiento de Alzira. Forma de provisión: concurso de méritos. Forma previa de selección: oposición libre. Remoción en caso de cambio de gobierno: NO

Volviendo a la Ley de Régimen Jurídico, puede resultar entretenido comparar las condiciones de mérito y capacidad exigidas para los órganos directivos con rango de Subsecretario e inferior (ya que por encima de ellos todos los nombramientos son absolutamente políticos y discrecionales):

  • Los nombramientos de Subsecretarioshabrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (hoy en día Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Los nombramientos de Secretarios generales habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Los nombramientos de Secretarios generales técnicos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Los nombramientos de Directores generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abrilsalvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Por último, los nombramientos de Subdirectores generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Vemos que se exige en muchos casos la condición de funcionario de carrera, así como los requisitos de idoneidad de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Pero no crean que esta idoneidad es nada del otro mundo. Según el art. 2 de dicha Ley, “El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo“. Bien. En nuestra opinión se trata de puestos de gran importancia en la gestión pública, para los que se debe exigir mérito y capacidad más que para ocupar ningún otro puesto de trabajo. E independencia, desde luego. Añadan publicidad y concurrencia en el sistema de provisión (o designación). Pero a la postre la regulación analizada no asegura ninguno de estos principios (los cuáles por cierto sí se recogen en el citado art. 13 del EBEP y evidentemente en la Constitución). Tampoco sabemos por qué, si los así nombrados son tan idóneos, hay que cambiarlos a todos cada vez. Y tampoco estamos seguros de que, pese a que muchos sean funcionarios, estos nombramientos de alto cargo no sean en realidad una especie de regalo envenenado. <Por mi parte jamás he consentido que un cargo político me insinúe que le debo un favor, pero para mantenerse tan firme en esta posición lo ideal es no deberlo ni por lo más remoto, claro está. Una vez sí me dijo una persona (digamos importante), cuya identidad por supuesto no voy a revelar, que había perdido la confianza política en mí. Casi me caigo al suelo de la risa>.

Todo esto en el Estado, porque en las Comunidades Autónomas, que tienen el dudoso honor de ser Instituciones tanto o más politizadas que el Estado, es peor, mientras que en las Entidades Locales puede llegar a ser incluso mucho peor (si bien la casuística es tan variada como el elevado número de entidades). Y todo ello sin entrar en la llamada Administración institucional, una cantera histórica de cuñados y sobrinos inútiles (ver “Los últimos coletazos de la “huida del derecho administrativo”) o quizá útiles (el concepto “tonto útil” suele ser utilizado con brillantez por Carles Ramió).

Téngase en cuenta además el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico, cuando regula las formalidades para crear estos órganos. Obsérvese sobre todo el último párrafo:

1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Ojo por tanto también con estas otras unidades, cuya creación (y provisión) puede obedecer a distintos criterios.

Opiniones autorizadas

Conclusión (provisional): a pesar de la tibia regulación que repica los principios constitucionales como el eco en una cueva, los altos cargos no políticos de las organizaciones públicas sí son políticos o, cuanto menos, politizados politizablespor lo que la verdadera conclusión es que gozamos de una baja calidad institucional.

Dicho de otra manera, porque no va en nuestro carácter el modernos la lengua: se propugna la idoneidad pero a la postre se impone la afinidad, y es que todo cantaortiene sus palmeros.

Y no lo digo solo yo. Nos pareció atinado el reciente artículo de Andrés Betancor (@abetancor) “Abuso de poder desde el Gobierno“, en el que no pone en duda la cualificación de los altos cargos nombrados por el último Gobierno estatal, pero sí considera que falta la condición realmente más relevante: la adecuación al puesto para el que han sido escogidos. “Todos o casi todos tienen en común el mérito político“, indica. El autor demanda legalidad y sentido común frente a un sistema que denota “ilegalidad, arbitrariedad y abuso de poder”. Así es como las instituciones se deslegitiman.

Conste que el presente artículo no debe entenderse en contra (ni a favor) de ninguna persona en concreto, tampoco de las así designadas, sino de lo que consideramos una disfunción del sistema. Recordemos que estos altos cargos son puestos de mando que ocupan los peldaños más elevados de la jerarquía organizativa o, en el peor de los casos, los duplican (como acertadamente señala también Carles Ramió en su completo artículo “Un organigrama equilibrado“).

Tenemos muchos más testimonios. De hecho el que nos ocupa no es un tema inédito en este blog. A continuación publicaremos de nuevo un par de preguntas pertenecientes a la entrevista que tuvimos el placer de realizar a Xavier Marcet:

Xavier Marcet
Xavier Marcet

V.A.- Vemos como cada cuatro años irrumpen en la administración numerosos nuevos altos cargos, algunos que derivan directamente de las urnas, y otros nombrados por los anteriores… ¿Cuántos asesores necesita un político? Cierto es que es legítimo (y democrático) cambiar la acción de gobierno cuando se producen cambios electorales, pero ¿cómo podemos evitar que se modifiquen sustancialmente o incluso que se aborten proyectos transversales, como la transformación electrónica, con tantos cambios en la dirección? ¿No faltan elementos estables?

X.M.- Dado que el entorno exterior es de un cambio muy acelerado faltan elementos de cambio para poder acometerlos. Parece una paradoja pero necesitamos estabilidad directiva para operar cambios importantes. Lo que es insufrible es que entre curvas de aprendizaje y pruebas piloto las transformaciones importantes se eternicen. Faltan liderazgos solventes que desburocraticen las administraciones y las hagan más adaptativas al mundo actual.

V.A.- Parece que algunos responsables públicos simplemente basan su gestión en tener contentos a algunos ciudadanos, asociaciones o empleados… ¿Cómo podríamos acabar con el clientelismo en la administración?

X.M.- Con una cultura más madura tanto para los que dan las subvenciones como para los que las reciben. Poner al centro el concepto de valor público y girar alrededor de la creación tangible de valor público. Hay muchas cosas a revisar, entre ellas los mecanismos de participación ciudadana en el entorno 4.0. Sobra paternalismo y clientelismo y falta actualización y profesionalidad.

La entrevista con Xavier Marcet no tiene desperdicio (a ella nos remitimos), y como vemos no solo pone el foco sobre el continuo cambio de directivos como causa del problema, sino también sobre la necesaria profesionalización de los mismos y el exceso de burocracia organizativa y funcional. Y es que la condición de funcionario de carrera sí garantiza en alto grado la independencia, pero no las competencias directivas. Es por esto que estamos con autores como Mikel Gorriti, que defienden continuamente un cambio en los procesos selectivos a fin de que permitan seleccionar mejor los mejores perfiles, de acuerdo con las nuevas aptitudes que se precisan, como el liderazgo, el pensamiento crítico o la capacidad para resolver problemas complejos. Más abajo veremos como Fermín Cerezo atina un poco más en el que sería el procedimiento ideal para seleccionar (más bien acreditar) a los directivos públicos.

También realizamos otra entrevista a los chicos y chicas del fantástico proyecto #InnovaciónOnTour (ya saben, Borja Colón, Fermín CerezoSara Hernández Ibabe y Ana Báez). De esta otra entrevista entresacamos la siguiente pregunta:

miembros Innovación tour
El equipo de #InnovaciónOnTour

V.A.- ¿Los supuestos directivos públicos ejercen de directivos? Lo decimos porque se observa mucha distancia entre los perfiles políticos y los técnicos, y da la sensación de que nadie asume verdaderas tareas de gestión que tengan al mismo tiempo en cuenta la legalidad. Utilizando un símil futbolístico, parece que tenemos defensas y delanteros, pero no centrocampistas organizadores del juego…

I.O.T.- De nuevo, una visión personal de equipo desde el conocimiento interno de muchas Administraciones públicas.

No existe una dirección pública profesional en la Administración pública española. Es uno de nuestros grandes déficits organizativos. No hay rótula que enganche las políticas públicas de los equipos de gobierno (de nuevo los QUÉs) y la gestión de las mismas hasta sus resultados (de nuevo los CÓMOs) asumiendo las variables de juego de la gestión todas las organizaciones requieren y que no sólo se definen por el ámbito jurídico sino también por otros ámbitos de la gestión que deben tenerse en cuenta en los equipos directivos públicos: visión estratégica, capacidad de liderazgo, innovación, resiliencia, gestión de equipos de personas, orientación al compromiso y a los resultados, comunicación, gestión de los recursos económicos, competencias digitales sin olvidar, por supuesto, una conducta ética ejemplar. Para nosotrxs esas habilidades y competencias, ese dominio multidisciplinar y experiencia acumulada, son las que definen a un/a directivo público y a un equipo directivo profesional. Sin embargo, no hay sistemas de nombramiento, desarrollo, evaluación y certificación de las mismas.

Los supuestos directivos públicos no pueden ejercer como tales porque en la mayoría de los casos no tienen adquiridas y demostradas esas competencias y habilidades para ejercer una función tan importante en organizaciones tan complejas como las públicas.

No existen tampoco sistemas y seguridad jurídica que defienda, permita y potencie el desempeño de esos perfiles.

Sin embargo, otra vez en positivo, aquí tenemos un gran nicho de innovación organizativa en nuestro sector público.

Precisamente uno de los activos de #InnovaciónOnTourFermín Cerezo, ha sido tan amable de atenderme en plenas vacaciones respondiendo a estas dos preguntas:

1.- ¿Cuál sería la forma ideal de proveer los puestos de altos cargos en la Administración?
Desde luego una forma distinta a la actual caracterizada por su anacronismo y basada en la mayoría de los casos sólo en la confianza política procedente en muchos casos de la correspondiente afinidad política. Nuestra sociedad ha evolucionado y madurado intensivamente en las últimas décadas y sus gobiernos y su Administración necesitan “hacerse mayores” y avanzar hacia una transformación multi-vector para situarse a su altura. Sin duda, este es uno de los vectores de transformación. 
Mi apuesta sería por dar un giro radical al enfoque basado en dos pilares:
– La acreditación intensiva de habilidades y competencias para la alta dirección.
– La NO desconfianza política. 
Para ello, propondría hacer las reformas legislativas e institucionales necesarias para que los nombramientos de personas en esos puestos de alta responsabilidad pública se basen en modelos y procesos de selección intensivos y focalizados en acreditar capacidades y competencias esenciales para la alta dirección bajo un esquema público de certificación de dichas habilidades elaborado siguiendo normas y estándares internacionales. El sistema proporcionaría a la política una terna de personas con habilidades y competencias acreditadas sobre las que elegirían a la persona que definitivamente ostentaría esa responsabilidad pública y en la que por supuesto, la no desconfianza en su perfil y gestión sería clave en la decisión final.
Añadir, por último, que la selección sería solo una de las piedras angulares del modelo pero no la única. El desempeño de funciones, la rendición de cuentas, los sistemas de cese y la validación empírica y mejora continua del modelo serían otras claves para que el sistema funcionara correctamente y situar a la alta dirección de nuestro sector público en otro estadio de credibilidad.
2.- ¿Qué efecto nocivo para el servicio público tiene la renovación partidista de toda la cúpula de puestos directivos cada vez que hay un cambio de gobierno?
El peor efecto es el impacto en el medio-largo plazo sobre nuestras instituciones. El sistema actual debilita fundamentalmente la credibilidad de las mismas. Lo más preocupante es que el propio sistema ha logrado que no veamos el error social del mismo y mayoritariamente todas las fuerzas políticas ven como normal que cuando les toca gobernar les toca colonizar las instituciones. No hay política sobre transformación del sector público y sobre el correcto alineamiento entre la política y la gestión. Este debate es recurrente en la sociedad pero no interesa a la política. Aparece cuando hay cambios de gobierno pero pasados unos meses se olvida hasta nueva ocasión.
También tenemos un efecto en el corto plazo. En muchos casos se renuncia a la gestión y la dirección de las instituciones y sus necesidades de evolución y transformación. Estas funciones directivas necesarias en cualquier organización en la sociedad actual se ven fagocitadas por un lado, por la mera representación institucional de las mismas que aspira sobre todo a no crear sobresaltos (no hacer ruido para no molestar) y por otro lado, por un cada vez mayor adanismo que repudia todo lo anterior porque lo han hecho otros y muestra una absoluta incapacidad para aprovechar los progresos que se hayan alcanzado previamente (si no es nuestro, no es bueno). Los efectos son obvios: una parálisis y un envejecimiento institucional acelerado.

Sobre esta segunda cuestión, no menos claro se muestra Rafa Jiménez Asensio, a quien también hemos preguntado y quien se expresa con esta contundencia sobre los efectos nocivos de esta mala práctica del nombramiento cíclico de los altos cargos:

Hay muchos efectos nocivos de la remoción del personal directivo con cada cambio de gobierno (o cambio de personas, esto es, de ministros o consejeros, cuando no alcaldes). El más evidente es la quiebra de la continuidad de las políticas públicas. Cada Gobierno comienza a escribir la política en una hoja en blanco. El tejido de Penélope. La memoria institucional se nubla cuando no se destruye. El cese de los directivos anteriores y el nombramiento de los nuevos tiene, además, otro coste de transición: quien llega de nuevo, normalmente un “amateur” (pues se le nombra por criterios exclusivos de confianza política y no de competencias profesionales acreditadas) tiene que “aprender” y ello conlleva tiempo. Cuando ha conseguido desarrollar ciertas competencias profesionales en su ámbito directivo debe dejar la silla pues llega un nuevo cambio de gobierno. Hasta ahora el sistema ha aguantado porque hemos tenido “gobiernos largos”. Si la fragmentación política presente termina afectando a la inestabilidad gubernamental futura (como todo apunta), que no nos pase nada. Iremos a un modelo de “sillas calientes” de altos cargos en rotación continua (la “noria” la he denominado), como ya pasa en alguna Comunidad Autónoma. Y una dirección pública politizada e intermitente es el vivo ejemplo del Mal Gobierno.
Además, la gestión del conocimiento en la alta administración española no existe: el conocimiento se tira constantemente a la basura y se recicla o se pretende hacerlo. Un proceso -como dicen los franceses- “de reinvención continua del agua caliente”. No nos podemos hacer ni idea del coste económico (no solo político) que este sistema de provisión clientelar de puestos directivos tiene (ya sea de spolis system puro o de spolis system  de “circuito cerrado”entre funcionarios, como es el de la AGE). Por regla general (siempre hay excepciones) estamos dirigidos por incompetentes, al menos en sus primeros pasos. Cuando gobierna la derecha se impone el clientelismo con retoques corporativos, cuando gobierna la izquierda el clientelismo teñido de amiguismo. El nepotismo está presente en ambos casos. Y de ahí (de ese círculo diabólico) España no sabe salir. Llevamos en el fango casi dos siglos. Otras democracias lo han hecho, algunas recientemente (Portugal). Aquí, en todos los niveles de gobierno y en todo el territorio, seguimos fieles al Conde de Romanones que cuando dejaba el poder trenes de cesantes antes nombrados discrecionalmente se dirigían a Guadalajara, su distrito cunero. Parece que han cambiado muchos las cosas en España desde entonces (hace un siglo), pero es mentira. La fachada es distinta, pero las columnas de los edificios institucionales y de la Administración siguen corroidas por lo que antes era el caciquismo y hoy se le llama clientelismo. Los caciques de antes de visten ahora con la piel de los aparatos de los partidos.

Impagable la alusión a Romanones, y totalmente descriptiva la teoría de las “sillas calientes” o “la noria”. Por lo demás, pueden seguir a Jiménez Asensio en su blog “La mirada institucional”, en el que habla con frecuencia sobre temas de RRHH, entre otros relacionados con la Administración.

También hemos preguntado a Vanesa Felip, Presidenta de COSITAL Valencia, quien realiza los siguientes aportes en relación a las dos cuestiones planteadas:

  • Sobre la forma de provisión de altos cargos: “Considero que la forma ideal de proveer los puestos de altos cargos en la administración pública debe partir de las diferencias existentes entre los diversos puestos de altos cargos existentes. Desde luego sería deseable que se analizasen las necesidades existentes en cada organización para a partir de las mismas establecer aquellas capacidades, formación, titulaciones y demás aptitudes que debe poseer el personal que ocupe los citados puestos. Esa definición debe ser objetiva“.
  • Sobre qué efecto nocivo para el servicio público tiene la renovación partidista de toda la cúpula de puestos directivos cada vez que hay un cambio de gobierno: “Existen muchos puestos de carácter directivo que por el tipo de funciones que tienen atribuidas no tiene sentido que sean renovados ante un cambio de gobierno. Me refiero a aquellos puestos de trabajo de carácter técnico que sin perjuicio de la responsabilidad de sus funciones o del liderazgo que éstas requieran, su adecuado desarrollo es ajeno a la ideología de quien lo desempeñe. La experiencia en el ejercicio de estos cargos, el conocimiento de la organización así como del personal que la integra son aspectos que favorecen el adecuado desempeño de los mismos. Creo que una adecuada gestión de los servicios públicos exige que los puestos que requieren aptitudes profesionales se cubran por sistemas que no dependan del cambio político y que los puestos que tengan un perfil político puedan ser objeto de renovación ante un cambio político“.

Por último, Amalia López Acera nos ha dado su visión sobre la necesidad de que los puestos relacionados con la comunicación institucional de la Administración sean provistos por funcionarios, y no por personal eventual con clara afinidad política (o afinidad en general).

“Lo primero de todo es diferenciar entre lo que es la comunicación política y la información de servicio público. La comunicación que se hace desde las administraciones públicas tendría que tener como centro de atención a los ciudadanos, por lo que partiendo de ahí las personas responsables de comunicación deberían formar parte de la propia administración. El perfil sería empleados públicos de carrera con formación en comunicación. El problema que encontramos es que la gran mayoría de departamentos de comunicación están dirigidos por personal de confianza vinculado a la persona que ocupa el cargo político por lo que los objetivos de comunicación están más enfocados a “vender” la gestión de gobierno que a satisfacer las necesidades de información de la ciudadanìa”.
Y sobre las situaciones de cambio de gobierno declara: “Los cambios de gobierno suponen en muchos casos cambios profundos en cuanto al tipo de comunicación que se realiza. Esto no sería negativo si esos cambios estuvieran basados en criterios de profesionalidad y transparencia pero no es lo que vemos. Aquellos que llevamos años trabajando en comunicación hemos visto como un mismo departamento, ayuntamiento o ministerio puede ser un ejemplo de comunicación transparente, eficaz e eficiente a ser todo lo contrario. La información y el servicio que se ofrece es el mismo, lo que ha cambiado son las personas que deben acercar esa información a loa ciudadanos”.

Totalmente de acuerdo. En la misma línea, y como apuntamos hace poco: “La comunicación institucional desde las AAPP debe mejorar en objetividad e interacción. Las RRSS no son un altavoz para la propaganda política. Hasta que no se entienda esto la respuesta a la pregunta debe ser “mal, se gestionan mal”, salvo contadas excepciones en las que los responsables de comunicación son funcionarios de carrera independientes, y no personal eventual. Muchos de estos profesionales son periodistas, y tiene sentido porque periodismo y función pública se caracterizan igualmente por la necesidad de independencia. Pero aún no hemos llegado ahí, porque en muchos casos seguimos en el modelo “foto del Alcalde inagurando el polideportivo”.

Y hasta aquí la presente reflexión, casi un artículo. Muchas gracias a las personas que han colaborado en el mismo. Ni que decir tiene que la transformación de la Administración -de las instituciones en general- es algo tan necesario como complejo, y que la cuestión analizada representa tan solo uno de los flecos del problema (como también ha comentado Fermín en una de sus respuestas). Para visiones más amplias y mucho más completas, existe bibliografía especializada. Recomendamos “La renovación de la función pública”, de Carles Ramió, y para “hacer más fuerza” dejamos su maravillosa conferencia pronunciada en el Congreso Novagob 2016. Para “rematar” incorporamos también la de Xavier Marcet de Novagob 2015. A ver si alguien de los que manda lee estas líneas (u otras reflexiones al respecto) o ve estos vídeos. Puede que sigan con sus norias de cargos, pero ojalá que al menos les genere un poco de cargo (de conciencia).

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de http://www.ELMUNDO.ES/economia/macroeconomia/2018/08/07/5b6896cc46163ff9208b46a7.html

 

Sánchez dispara el coste salarial de sus ministros un 30% y un 25% el de los asesores

EL NUEVO GOBIERNO

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Sánchez dispara el coste salarial de sus ministros un 30% EL MUNDO

Pedro Sánchez cumple hoy 66 días como presidente del Gobierno, un tiempo en el que, además de anotarse medidas pactadas por el anterior Ejecutivo como la subida de las pensiones y las prestaciones por viudedad, al dirigente socialista le ha dado tiempo a agradecer los servicios prestados y tomar decisiones que incrementan el gasto. Y no se trata de políticas sociales de o medidas que beneficiarán a los ciudadanos, sino de decisiones que, directamente, disparan el coste de su presidencia.

Más ministerios

Una de las primeras medidas que anunció tras llegar a La Moncloa fue incrementar el número de ministerios: de los 13 que tenía Mariano Rajoy, a los 17 actuales. Entre los nuevos departamentos están los de Cultura y Deporte, que antes formaban uno solo junto a Educación, el de Ciencia Innovación y Universidades, el de Transición Ecológica y el de Política Territorial y Función Pública. En total, cuatro carteras más con las que el Gobierno recupera un tamaño similar al que tenía antes de la crisis y, en concreto, durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero.

A ello, además, hay que añadir que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan un incremento salarial del 1,5% para los empleados públicos, que también se aplicará a los integrantes del Gobierno y que provocará que el coste salarial del gabinete crezca en torno a un 30%.

Gasto en asesores

De forma paralela al incremento en el número de ministerios, las decisiones del presidente Pedro Sánchez provocan un repunte en el gasto en asesores, coches oficiales y gabinetes. En concreto, y según han denunciado en más de una ocasión el Partido Popular y Ciudadanos, el desembolso por estos conceptos se disparará cerca de un 25%. Esta cantidad, al igual que el mayor desembolso derivado del aumento de carteras, saldrá directamente de los Presupuestos Generales, esto es, de los recursos que el Estado obtiene, entre otras cosas, de los impuestos que cobra a ciudadanos y empresas.

El mayor aparato de altos cargos

Estos aumentos de ministros, asesores y direcciones generales desemboca, tal y como publicó este periódico hace ya unas semanas, en el mayor aparato de altos cargos de la historia de Moncloa. La muestra de lo abultado de la estructura que gira en torno a Pedro Sánchez es que en algunos edificios públicos se están habilitando nuevas zonas para dar acogida a todo el personal. En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó a los pocos días de tomar posesión de su nuevo cargo que el incremento en el número de ministerios no incrementaría el gasto.

Montero habló de «vasos comunicantes» y «pequeños ajustes», pero no especificó de dónde saldrán los recursos necesarios, y ni mucho menos explicó cómo se afrontará el repunte en el gasto en asesores o de qué modo se gestionará el aumento del aparato de altos cargos.

Uso de recursos públicos

Más allá de las decisiones de Gobierno, una situación que ha generado una gran polémica y, por supuesto, ha significado el uso de fondos públicos es el desplazamiento que el presidente del Gobierno realizó en el avión presidencial para asistir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Sánchez trató de disfrazar su asistencia al concierto de The Killers como sendos encuentros con la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Pero lo cierto es que apenas necesitó una hora para llevar a cabo estas dos reuniones, y sobre las 22:30 de la noche del viernes 20 de julio se encontraba ya en el recinto del FIB.

Desde el Gobierno no se ha ofrecido ninguna cifra oficial de cuál fue el gasto que esta actividad privada tuvo para las arcas públicas, pero el coste estimado de cada hora de vuelo del Falcon 900B -el modelo en el que se desplazó el presidente- es de unos 5.600 euros incluyendo el combustible, el salario del personal y el mantenimiento.

Colocar a la Ejecutiva Federal

A pesar de sus reiteradas promesas de cambio y renovación, lo cierto es que la forma en la que Sánchez ha gestionado la presidencia de las empresas públicas es la misma que las de sus predecesores: colocar a dedo a sus colaboradores más estrechos, y renunciar a la despolitización de los puestos técnicos.

Buena muestra de ello es que el presidente del Gobierno ha buscado un puesto a casi el 50% de los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, tanto en las empresas públicas como en diferentes organismos. Los sueldos en estos puestos pueden llegar a sobrepasar el medio millón de euros, que es lo que percibirá Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica. Sin embargo, lo más habitual es que oscilen entre los 100.000 y 200.000 euros brutos al año. Sobre esta última cifra estará, por ejemplo, José Vicente Berlanga, un funcionario de carrera licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación que dirigirá Enusa, la empresa nacional de uranio.

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JUSTOS POR PECADORES

15 Jul

 

hermana yo si te creo

      El pasado 7 de Julio de 2016, durante las fiestas bacanales dedicadas al sexo ocasional, y sobre todo al alcohol -principal protagonista de esta historia- en que se han convertido las ya irreconocibles fiestas de San Fermín, tuvo lugar un caso de abuso sexual contra una joven. Estuvieron implicados cinco jóvenes, tres de ellos con antecedentes penales: J.A.Prenda, A.Boza y A.J.Cabezuelo; y dos sin antecedentes: J.Escudero y Antonio Manuel Guerrero. Todos ellos asociados a peñas futbolísticas ultras. Resumiendo, gentuza. En palabras de su propio abogado: “Mis representados no son modelo de nada, pueden ser verdaderos imbéciles, patanes, primarios, simples, infantiloides, pero son buenos hijos, muy unidos a su familia”…

            La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, castigó a los autores por abuso sexual y no por violación, ya que los magistrados consideraron probado que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación. Ésto es lógico, pues la sentencia, que recoge los testimonios tanto de los acusados como de la víctima, detalla entre otras cosas que “Angel Boza y la denunciante, estaban besándose en la boca… ” mientras J.A.Prenda abría la puerta del portal donde se produjo el delito. ¿Se produjo un delito contra la libertad sexual? Sin duda. ¿Se produjo una violación, como llevan dos años proclamando los sensacionalistas medios televisivos y los adalides del feminismo radical actual? No, según la ley. ¿Tuvo la víctima el deseo de mantener relaciones con uno o varios de los implicados, tal como argumentan los defensores de los condenados? Podría ser. ¿Pretendía la víctima ser el objeto de una orgía repugnante, al estilo de una película pornográfica, celebrada en un cuartucho semi-público, en unas condiciones higiénicamente deplorables y emocionalmente humillantes, repulsivas y amorales? Vaya usted a saber, considerando que actualmente los niños de doce años ven pornografía hardcore en el móvil… ¿Hubo mala intención? Por supuesto: por éso uno de ellos le quitó el móvil a la joven…para dejarla incomunicada. ¿Deberían los legisladores aumentar las penas para este tipo de delitos? Quizá. Yo personalmente estoy a favor de la cadena perpetua para ciertos delitos, empezando por la pederastia, pues considero, como señala el psicólogo Javier Urra, que “los psiquiatras y…los psicólogos…no sabemos cómo hacer que un psicópata deje de serlo”1. Es decir, hay gente que debería estar siempre encerrada por simple  precaución.

            Otro asunto, que en mi opinión ha sido pasado por alto, es que uno de los implicados sea guardia civil -no casualmente creo, el que se deshizo del móvil de la joven-, y otro militar. ¿Es legal o moralmente admisible que dos miembros de las Fuerzas públicas actúen así? Al fin y al cabo, su deber según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluye “Actuar con integridad y dignidad […] Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen…”; y según las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas “Deberá actuar con arreglo a los principios de  …integridad…responsabilidad…ejemplaridad, austeridad…honradez…”. ¿O lo pasamos por alto porque no estaban de servicio? Yo soy profesor de secundaria. ¿Me pasarían por alto las autoridades educativas que me liase con una alumna durante o después de las horas lectivas? No señor: tener un estatuto jurídico especial -la condición de autoridad pública- implica prerrogativas y deberes. Sólo por mostrar ese tipo de comportamiento, trabajando en lo que trabajan, deberían tenerlos veinte o treinta años a la sombra. Se es guardia civil, con o sin uniforme. Por éso se juzgó por terrorismo a los agresores de los guardias civiles de Alsasua…aunque no estaban de servicio. Hacer esas distinciones sentaría un precedente jurídico muy perturbador para los Cuerpos de Seguridad del Estado.

            Ahora bien, ¿justifica lo ocurrido que el Gobierno proponga una reforma de sesgo totalitario, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal, que impida a los jueces hacer su trabajo? Desde luego que no. Parece que Doña Carmen Calvo, en el afán electoralista, alimentado por el sensacionalismo de las cadenas televisivas, olvida que los jueces no inventan las sentencias, sino que deben demostrar los hechos que concurren para establecer qué tipo de delito se ha cometido (abuso o violación, homicidio por imprudencia o asesinato a sangre fría…), ya que la condena se aplica en función del delito, y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario…excepto si tienes testículos…porque en esa caso la Ley contra la Violencia de Género, las “lideresas” feministas reaccionarias (a las que debemos distinguir de las auténticas feministas), y los omnisapientes reporteros televisivos darán por sentado, por ejemplo, que todo homicidio de una mujer es producto de la violencia machista, sin pararse a analizar si el asesino pretendía matarla premeditada y conscientemente, si el asesino y/o la asesinada pertenecían a un ambiente social marginal, eran drogadictos, alcohólicos o enfermos mentales, o decidieron quitarse de en medio porque acababan de desahuciarlos…¿Para qué buscar las causas verdaderas de cada delito, de cada hecho (como hacen los buenos periodistas), con lo fácil que es meter a todos en el mismo saco? ¿Acaso se paraban las gentes de la Edad Media durante las epidemias de peste a examinar quién estaba contagiado y quién no? Pues no. Le echaban la culpa a los judíos y los mataban a todos…Y por éso uso el término “totalitario”, porque vivimos en una sociedad en la que una neurosis colectiva provocada por los medios de comunicación, lleva a los gobiernos a aprobar leyes que juzgan un delito sin considerar las circunstancias concretas, agravantes o atenuantes, como si los delitos no fueran cometidos por individuos, sino por colectividades: el “Patriarcado” viola a las mujeres, igual que los judíos mataron a Jesucristo.

            Por ese camino, acabaremos metiendo en la cárcel a todos los jóvenes de España que salgan de copas un fin de semana, porque, Señora Ministro -perdón: “Señora Ministra”-, ¿conoce usted el porcentaje de jóvenes españoles que están borrachos un sábado cualquiera a las doce de la noche? Un millón y medio de jóvenes hicieron botellón el último año según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ¿Cree usted que una niña o niño de 16 años, o unos veinteañeros completamente borrachos tienen la cabeza suficientemente despejada para decir “Sí” premeditada y conscientemente? ¿Pretende imitar a los yanquis condenando por violación a un chico de diecisiete años porque su novia de catorce le hizo una felación? Por no hablar de los -y las- estafadores profesionales, y abogados sin ética-que también los hay- que podrían aprovechar una ley tan obtusa para cometer chantajes acusando a cualquiera de violación. Ésto se le va a escapar de las manos “Señora Ministra”, a usted y al movimiento feminista, pues como ha señalado la intelectual feminista -y lesbiana por otra seña que la desvincla del “Patriarcado”- Camille Paglia: “El feminismo ha conseguido envenenar la atmósfera cultural con su aversión a lo masculino…Hay una actitud muy elitista en el feminismo actual. Y las periodistas y las que se llaman intelectuales tienen mucha culpa.”2

            Pero el sensacionalismo mediático, y el afán electoralista puntual de la cúpula de un partido que ha perdido de vista a sus votantes tradicionales para intentar captar el voto de esa difuminada clase media urbana que vota a Podemos, Ciudadanos o PSOE según sople el viento, no es el único aspecto perturbador de este asunto. ¿Porqué no se dota al Poder judicial de los medios humanos y materiales para proteger a los ciudadanos? ¿Acaso es mas económico aprobar leyes draconianas que no distinguen inocentes de culpables, ni los grados del delito, atentando contra las bases de dos mil quinientos años de derecho romano? ¿Porqué no se toman medidas para evitar el turismo etílico-sexual? ¿Deben permitir las autoridades públicas que una ciudad entera se llene de borrachos para provecho económico de los vecinos de las calles pamplonesas por donde discurren los encierros, que llegan a cobrar doscientos euros por alquilar un balcón durante unos minutos? ¿Debe permitirse que niños apenas púberes tengan móviles en que pueden ver pornografía para beneficio de las compañías telefónicas? ¿Porqué no se obliga a las compañías a fabricar modelos de móviles adaptados a la edad del usuario, con cortafuegos incorporados que impidan el acceso a esos contenidos, que envenenan el correcto desarrollo emocional de las personas? ¿Porqué no se invierte en educación, que es la mejor medida preventiva? ¿Porqué se entregan subvenciones públicas a organizaciones feministas cuya única contribución a los derechos de la mujer parece ser la de insultar a los jueces en los medios de comunicación? ¿Porqué se permite a los medios televisivos emitir noticias que deberían ser tratadas con el máximo rigor, como si fueran espectáculos de telerrealidad? ¿No interesa? ¿O no queda en este país suficiente inteligencia para distinguir las causas profundas de los problemas entre tanto sensacionalismo, electoralismo y adoctrinamiento?

            Al final, como ocurre siempre que se intenta mejorar la sociedad a base de “decretazos”, medidas punitivas y discursos rimbombantes, acabará pagando algún

justo por un pecador.

AQUILINO SANTAMARTA

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1URRA, Javier; “El debate de hoy”, 11/7/2108.

2CAMILLE PAGLIA, El Mundo, 9 de Abril de 2018.

 

Operación Enredadera.Ulibarri, el Patatero y otros genios de la cultura del pelotazo

15 Jul

Ulibarri collage.jpg

La operación anticorrupción “Enredadera” que ha originado más de 50 detenidos por la corrupción municipal investiga los presuntos amaños en las contrataciones de 43 ayuntamientos  y ha supuesto en particular Prisión provisional para los empresarios leoneses Ángel Luis García ‘El Patatero’ y José Luis Ulibarri por ser el epicentro de la trama  ‘Enredadera’, de acuerdo a lo que indican los diferentes artículos de prensa sobre esta trama, de los cuales incluimos algunos posteriormente

En nuestro artículo “Manporreros sin fronteras”  https://leonsano.wordpress.com/2018/05/27/mamporreros-sin-fronteras/   del 27 de mayo pasado ya reflejaba el autor  Ricardo Herreras la precarización total del actual mundo del periodismo, en el que prima  exclusivamente la línea editorial que penaliza cualquier atisbo de carácter, personalidad,, espíritu crítico o criterio propio, frente a dicha línea editorial oficial.

 

Las empresas investigadas en la operación Enredadera comenzaron su crecimiento en 2010

de http://www.LEONOTICIAS.COM/castillayleon/empresas-investigadas-operacion-20180708185849-nt.html

Una macrooperacion policial destapa una red de adjudicaciones amañadas. /Ical
Una macrooperacion policial destapa una red de adjudicaciones amañadas. / ICAL

La intervención de las conversaciones telefónicas resultó determinante para el desarrollo de una operación anticorrupción que atrapa de lleno a empresarios, políticos y funcionarios

ANDREA CUBILLAS / JAVIER CALVO

La red, clientelar e imparable, nunca descansaba. Lo hacía como una planta trepadora, como una enredadera. Quizá por ello el juez de instrucción número 2 de Badalona decidió dar este nombre a una operación que obligó a movilizar 560 policías para realizar registros, interrogatorios y detenciones en diferentes puntos de media docena de comunidades Uno de los núcleos del operativo, sin embargo, se focalizó en la comunidad de Castilla y León, esencialmente en la provincia de León y, en menor medida, en Palencia.

La enredadera, según ha trascendido desde la investigación, plantó sus raíces en 2010. Fue entonces cuando una docena de empresas comenzaron a crecer alimentadas por sospechosos contratos vinculados esencialmente al control y gestión del tráfico en las ciudades, pero también a contratos de obra para la construcción y mejora de parques infantiles o instalaciones deportivas.

Las sospechas de amaños, de compra de voluntades, alertó a los agentes de la conocida Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, un grupo especializado en el rastreo de delitos considerados hasta hace bien poco de ‘guante blanco’, esos en los que la violencia solo recorre los circuitos de los ordenadores, pero que corrompen voluntades de una forma alarmante.

Los argumentos para la investigación fueron lo suficientemente sólidos como para que la Fiscalía Anticorrupción diera traslado y se ordenara la intervención de los teléfonos de los principales implicados en la causa hoy abierta y bajo secreto. Fueron semanas de escuchas las que llevaron a una conclusión final: había que intervenir para segar la enredadera y secar sus raíces. De los audios se concluiría que el cabecilla de la trama era el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama Gürtel y conocido por el uso ‘pretoriano’ que realiza de su propio grupo de comunicación que abarca desde la televisión de Castilla y León hasta media docena de cabeceras en papel y emisoras de radio. El empresario burgalés, muy arraigado en León, siempre ha sabido armarse con el poder de la prensa, tanto que su álbum fotográfico le sitúa al lado de los principales políticos de una comunidad en la que siempre ha encontrado sustento para sus negocios. Para el juez su presencia es el eje de la trama, el punto sobre el que todo giraba.

De las escuchas se concluiría que él comprometía apoyo mediático y cobertura para que las doce empresas hoy bajo la lupa tuvieran más fácil acceso a los contratos, para que el camino fuera más liso en las administraciones locales. Las evidencias llevaron al juez a decretar su ingreso en prisión incondicional y sin fianza tras una extensa toma de declaración que destilaba antes de formalizar la acusación de posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude en la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental, y cohecho, entre otros.

Junto al empresario, la lista de imputados era extensa. En ella está su mano derecha, Miguel Hernán Manovel, en el que destaca su papel como intermediador en los negocios de su jefe, y uno de sus socios, Ángel Luis García Martín ‘El Patatero’, bien conocido en la localidad leonesa de Astorga por su estrecha vinculación a un histórico de la prensa local, El Faro Astorgano. Para el primero, el juez decretaría libertad con cargos y medidas cautelares. Para el segundo, prisión incondicional y sin fianza.

Entre las ramas de la enredadera de esta trama se han situado personajes un tanto ‘desconcertantes’. Sadat Maraña, por ejemplo. Él fue presidente provincial de Ciudadanos, pero dimitió de ese puesto tras comprobarse que su titulación de ADE por la Universidad de León en realidad era un ‘bluf’. Hubo un tiempo en el que Maraña, un personaje de verbo fácil, cotizaba al alza en la formación naranja hasta el punto de apuntarse su nombre en la cabeza de las listas nacionales.

Sin embargo, su error de anunciar un título universitario que realmente nunca tuvo le hizo refugiarse en la Diputación Provincial de León. Allí fue contratado por Juan Carlos Fernández, diputado provincial de Ciudadanos y concejal en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

De ese núcleo duro de la operación’, en el que también figura Juan Simón el exconcejal socialista y empleado de ‘El Patatero’ para cuya empresa –Agema– actuaba como delegado en la zona norte, colgaban otras ramificaciones que ahora se encuentran bajo investigación.

El pasado martes, día 3, de forma coordinada se desplegaron efectivos judiciales y policiales en los ayuntamientos de León y Palencia; así como en las localidades de Astorga, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo.

En sus registros se buscaba documentación que vinculara a la empresa Aplicaciones Gespol (SL) y once más con este caso porque el juez tiene la sospecha razonada de que se alteraban mediciones y registros de tráfico que facilitaban su entrada y acceso a los concursos abiertos para este tipo de gestiones y otras de carácter público.

Tal es así que, en León capital y en Astorga, se mantienen abiertas en los Juzgados dos piezas separadas cuyo alcance final aún se desconoce. Hoy, con certeza, se sabe que la enredadera de la corrupción no dejó de crecer aprovechándose de los buenos contactos mediáticos que desde la raíz alcanzaban a PP, PSOE y Ciudadanos. Los tres partidos ya han anunciado su firme determinación de expulsar a los cargos que ya figuran como ‘investigados’ .

Mientras los alcaldes de Astorga, San Andrés, Villarejo y Villaquilambre, sus compañeros de corporación interrogados y algunos técnicos municipales han regresado a su «día a día» con normalidad. En el Ayuntamiento de León queda el celo pegado a las puertas de los precintos de la Policía Nacional.

 QUIÉN ES QUIÉN

• En la cárcel:

– José Luis Ulibarri. Empresario. El empresario burgalés, muy vinculado a León, era presuntamente el conseguidor de las mordidas.

– Ángel Luis García Martín. Empresario de Astorga. El empresario maragato, vinculado al periódico El Faro Astorgano, es titular del Grupo Agema y socio de Ulibarri.

• En libertad con cargos:

Después de declarar el jueves en Badalona, el juez los dejó la libertad, con medidas cautelares como la obligación de entregar su pasaporte y personarse periódicamente ante un juzgado.

– Miguel Hernán Manovel. Mano derecha de Ulibarri. Secretario del Consejo de Administración de UFC S.A., del Grupo Begar de Ulibarri.

 

– Juan Carlos Fernández. Diputado de Ciudadanos. Diputado provincial y concejal de la formación naranja en San Andrés del Rabanedo.

– Sadat Maraña. Asesor de Ciudadanos. Consejero y secretario de UFC y asesor de Ciudadanos en la Diputación de León.

– Juan José Simón. Exconcejal del PSOE. Delegado en el Norte del Grupo Agema y exconcejal del PSOE en Astorga.

• En libertad con cargos (pieza separada de Astorga):

– Arsenio García (PP). Astorga. Alcalde. Investigado por supuestamente amañar los contratos de semáforos y parques.

– Pablo Peyuca (PAL). Astorga. Teniente de alcalde. Concejal portavoz del PAL, de Comercio e Industria y del Motor.

– Manuel Ortiz (PP) Astorga. Concejal. Catedrático de Física y Química en el IES Astorga. Portavoz popular hasta 2004.

– Javier Guzmán (PP). Astorga. Concejal. Presidente de NNGG Astorga y miembro de la Junta local del PP como Tesorero.

– Joaquín Llamas (PSOE). Villarejo de Órbigo. Alcalde. Diputado socialista y tiene estudios de técnico de Turismo.

• En libertad:

– María Eugenia Gancedo. Alcaldesa de San Andrés de Rabanedo. Del PSOE, alcaldesa desde 2008 a 2011 y desde mayo de 2015 a la actualidad.

– Francisco Gómez. Concejal de San Andrés de Rabanedo. Desde el 2007 es concejal en la oposición del Grupo Municipal PAL-UL.

– Manuel García. Alcalde de Villaquilambre. Del Partido Popular, es hijo del primer alcalde de la democracia de la localidad y procurador en las Cortes

– Mónica Varón Portavoz de Villaquilambre. Del Partido Popular, es también concejala de Personal,Interior yParticipación Ciudadana y Residuos Urbanos.

– Miguel Ángel Florez. Teniente de alcalde de San Andrés de Rabanedo.Secretario de Juntas vecinales y teniente de alcalde socialista de San Andrés.

– Santiago Blanco Sacristán. Concejal de San Andrés de Rabanedo.Secretario socialista de Política Municipal.

Lo que la Udef buscaba en sus registros

de https://www.LANUEVACRONICA.COM/lo-que-la-udef-buscaba-en-sus-registros

Agentes de la Policía Nacional durante uno de los registros efectuados en el marco de la Operación Enredadera. | ICALAgentes de la Policía Nacional durante uno de los registros efectuados en el marco de la Operación Enredadera. | ICAL

Alfonso Martínez | 15/07/2018

 

OPERACIÓN ENREDADERA Los agentes analizan documentos sobre pliegos ‘a medida’ y regalos a políticos y técnicos

 

«Pliegos de cláusulas administrativas elaborados por los sujetos investigados para ser utilizados por los distintos poderes adjudicadores para regir los procedimientos de contratación de los que las sociedades investigadas acababan siendo adjudicatarias». Es el primer punto de la lista de documentación que el juez de Badalona que ha destapado la Operación Enredadera pedía que buscasen los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional durante la veintena de registros autorizados en domicilios y despachos profesionales de los empresarios implicados en la trama corrupta. Dos de ellos son leoneses y están ahora mismo en prisión. Se trata de José Luis Ulibarri y de Ángel Luis García.

Serían en definitiva pliegos elaborados ‘a medida’ para que fueran estos empresarios los que fijasen las reglas del concurso y así garantizarse la adjudicación por parte de las administraciones impulsoras del contrato.

Pero hay más. El auto que sirvió para desencadenar hace hoy justo una semana la Operación Enredadera pedía a los agentes que buscasen en los domicilios y sedes empresariales «anotaciones contables o documentación bancaria relativa a transferencias, pagos o regalos hechos a responsables municipales o técnicos», según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Cabe destacar que la lista incluye además la búsqueda de documentos que acrediten «haber realizado trabajos sin cobertura contractual para introducirse en distintos ayuntamientos (a los que sigue después la formalización a través de un procedimiento fraudulento de licitación)», siempre según el auto del juez.

En los ayuntamientos

De forma paralela, los agentes de la Udef recibieron orden de acometer registros en diferentes ayuntamientos de toda España. En este caso, el objetivo se era recabar la documentación sobre todos los contratos que hubieran firmado con la docena de empresas implicadas. En el centro de la trama, que se basaría en la comisión de presuntas irregularidades en la adjudicación de dispositivos de gestión de tráfico, se situarían la empresa Gespol –filial de Sacyr–, y los ya citados José Luis Ulibarri y Ángel Luis García, dos de las cuatro personas que están ahora mismo en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Cabe recordar que la operación tenía como objetivo ratificar las conductas ilícitas que habrían llevado a cabo los responsables de la trama y que se habrían detectado a través del análisis de las conversaciones registradas en decenas de teléfonos pinchados.

Piezas separadas

De forma paralela, la investigación de la trama de los contratos de gestión de tráfico derivó en la apertura de una pieza separada por parte del Juzgado de Astorga, que se centraría fundamentalmente en obras vinculadas a la mejora de parques infantiles. También los empresarios Ulibarri y García estarían en el centro de esta trama. Están en libertad con cargos los alcaldes de Astorga y Villarejo de Órbigo, Arsenio García y Joaquín Llamas, y tres concejales de la capital maragata Pablo Peyuca, Manuel Ortiz y Javier Guzmán.

Además, el Juzgado de Instrucción 1 de León investiga otra pieza separada, pero por ahora no se ha informado de los detalles de la misma. En todo caso, al menos el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de León, José María López Benito, está llamado a declarar en septiembre como investigado.

OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN ENREDADERA

Prisión para los empresarios leoneses Ángel Luis García ‘El Patatero’ y José Luis Ulibarri por ser el epicentro de la trama

de https://www.ILEON.COM/actualidad/087586/prision-para-los-empresarios-leoneses-angel-luis-garcia-el-patatero-y-jose-luis-ulibarri-por-ser-el-epicentro-de-la-trama-enredadera

‘Enredadera’

La operación que investiga presuntas irregularidades en contratación de ayuntamientos de toda España, cinco de ellos leoneses, concluye su primera fase con cuatro detenidos en prisión, dos de ellos los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García Martín. Otros nueve detenidos han quedado en libertad con cargos en Badalona, y cinco políticos en la misma situación en Astorga.

Operación Enredadera

Los empresarios leoneses en prisión por la operación ‘Enredadera’: Angel Luis García ‘El Patatero’ y José Luis Ulibarri

ILEÓN/Eva Parey | 06/07/2018 – 11:39h.

El empresario astorgano Ángel Luis García Martín, conocido como ‘El Patatero’ por poseer una empresa de distribución de tubérculos, es el cuarto detenido en el marco de la operación ‘Enredadera’ que ha ingresado en prisión, comunicada y sin fianza, según ha podido conocer ILEÓN.

El juez ha decretado su ingreso en la cárcel tras tomarle declaración en Badalona, a donde fue conducido tras su detención en León el pasado martes 3 de julio y ser registrada su vivienda y oficinas en busca de pruebas por parte de la UDEF. Se une así a su socio el empresario constructor y de medios de comunicación José Luis Ulibarri, cuyo ingreso en la prisión de Brians 1 fue decretado el jueves 5 de julio tras prestar también declaración en Badalona. El tercero de los cuatro ingresos en prisión ha afectado a Roberto Legazpi, ejecutivo de la empresa Valoriza propiedad del Grupo Sacyr.

El juez ha enviado a la cárcel a los considerados ‘conseguidores’ y beneficiarios de los contratos presuntamente irregulares y ha puesto la lupa en los contratos que mantienen o han conseguido las empresas de los leoneses en diferentes municipios de toda España, tal y como adelantó ILEÓN.

Los otros 11 detenidos que fueron conducidos a Cataluña para prestar declaración ante el juez han quedado en libertad con corgos y sin fianza, pero con medidas cautelares al ser imputados, como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecencia periódica en un juzgado.

Entre ellos se encuentra el diputado provincial y concejal de San Andrés por Ciudadanos, Juan Carlos Fernández; el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, Sadat Maraña; el empleado de ‘El Patatero’ y exconcejal del PSOE en Astorga, Juanjo Simón; o la ‘mano derecha’ de Ulibarri en algunas de sus empresas, el ejecutivo berciano Miguel Manovel. Todos prestaron declaración este jueves en el Número 2 de Instrucción de Badalona, que investiga la pieza principal de ‘Enredadera’ sobre contratación irregular en materia de seguridad vial, tráfico, parques e instalaciones deportivas.

En la jornada del miércoles declararon en Cataluña 9 detenidos, 3 de los cuáles ingresaron en prisión tras su interrogatorio, entre ellos el empresario José Luis Ulibarri. A los otros 6 se le impusieron medidas cautelares como retirada del pasaporte y presencia semanal en el juzgado, pero quedaron en libertad.

Los detenidos han pasado en dos jornadas por el Juzgado de Instrucción Número 2 que investiga presuntos amaños en materia de contratos municipales, en una pieza declarada secreta. La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Además de la causa de Badalona, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Astorga investiga una pieza separada que tiene de momento cinco políticos imputados. Son los alcaldes de Astorga, Arsenio García (PP), y de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas (PSOE), junto a tres concejales del primer consistorio, Manuel Ortiz (PP), Javier Guzmán (PP) y Pablo Peyuca González (PAL).

También el Juzgado de Instrucción Número 1 de León está investigando otra pieza separada, también declarada secreta.

  • library_booksLa corrupción ‘estalla’ en León con registros, detenidos e imputados en cinco a

La Fiscalía anticorrupción investiga el entramado de empresas de Ángel Luis García, socio de Ulibarri: obras, mantenimiento, consultoría, comunicación… Quien comenzó en Valderrey con un negocio familiar pasó en la última década a ser el administrador o presidente de al menos cinco sociedades, algunas con peculiaridades como la falta de empleados

 

Ángel Luis García Martín siempre tuvo claro desde pequeño que quería ser empresario. Heredó el almacén de tubérculos que con sencillez y éxito levantó su padre y por el que en Valderrey se le puso el apodo de “el patatero”. En la vecina localidad creó el germen de su supuesto imperio con unas instalaciones modernas, donde se almacenaban y preparaban patatas y otros productos del campo leonés para venderlos al por mayor a grandes superficies.

Todo iba bien. Pero, según fuentes bancarias de la propia localidad de Astorga, “era un hombre arriesgado, vivía a un alto nivel y los créditos y negociaciones de pagos eran jugadas de riesgo en muchas ocasiones”. Finalmente, un fondo multinacional le compró la empresa, en aquel momento con supuestos problemas de pago a proveedores y que, según personas cercanas, “estaba poco a poco descuidando para probar suerte con las obras públicas y la ingeniería civil desde una empresa coparticipada en Mansillas de las Mulas”. En esa época presumía de ser socio de empresarios de calado en León con fuerte influencia en Astorga. Ángel Luis García pronto se codeó con lo más ‘poderoso’ de la provincia desde el punto de vista empresarial.

Ahora, la empresa propiedad de García sobre  la que la pieza separada de la “operación enredadera” investiga en Astorga es AGEMA Ingeniería y Servicios SL. Una empresa de construcción y desarrollo pero que está creada para trabajar en casi todos los servicios que un municipio puede licitar. Ángel Luis García Martín es su administrador único, con CIF B24634198. La empresa fue creada hace seis años, el 7 de febrero de 2012, con domicilio en la calle Orense, número 70, de Madrid, aunque fue registrada en el Registro Mercantil de León. Cuenta con seis empleados, entre ellos Juan José Simón Callejo, exteniente de alcalde del PSOE durante el gobierno de Victorina Alonso y exconcejal de Deportes. Al parecer, Simón era el interlocutor de AGEMA con los ayuntamientos socialistas, mientras el propio Ángel Luis García hacía ese papel con los ayuntamientos populares

Los últimos ingresos conocidos del ‘patatero’ fueron de 2.518.605 euros. Esto es, la empresa iba bien. Y el propio García presumía ante todo el que le quisiera escuchar que “detrás” de él estaba José Luis Ulibarri. “Somos socios”, proclamaba a los cuatro vientos. Esto le llevó a distanciarse de otros empresarios y echarse en los brazos e incluso emulando al dueño del Diario de León -y de otros muchos medios de comunicación más-.

Entramado societario

Así, investigando a José Luis Ulibarri, la Policía se topa con Ángel Luis García, concretamente en el entramado de sociedades donde terceras personas y supuestos testaferros ‘casan’ a estos dos hombres de negocios poco claros. Según ha podido saber este medio, además de AGEMA, el astorgano figura en cargos de responsabilidad al menos en otras cuatro empresas: consejero, presidente y apoderado único de ‘Ediciones y Publicaciones Astorganas SA’ (El Faro Astorgano) desde el 2 de noviembre del 2011; administrador único de ‘Fabricación y Equipamiento Técno 2 SL’ desde el 25 de febrero del 2005 (empresa con sede en Getafe y sin empleados -en este sentido muchas empresas logran las adjudicaciones y subcontratan siendo su papel el de simples comisionistas-); administrador único de Integración de ‘Servicios Administrativos SL’, desde el 19 de septiembre de 2017, consultora empresarial con sede en Oviedo; y apoderado de ‘Reformas y Mantemientos Solmar SL’ desde el 15 de junio de 2010.

En el Ayuntamiento de Astorga, Ángel Luis García, a través de AGEMA, realizó en el 2016 la reforma de la cubierta del Polideportivo por un importe de 100.100,02 euros, así como la remodelación del entorno de las piscinas climatizadas y un parque infantil (obras con un importe cada una también entorno a los 100.000 euros). Fuentes municipales aseguran que “son pequeñas obras”, licitadas “atendiendo todos los requisitos de la ley”, y aprobadas “en una  mesa de contratación donde el secretario, la interventora y el técnico municipal dieron el visto bueno”. “Nada hay que ocultar”, apostillan.

Sí se reconoce desde la Casona a DIARIO DE ASTORGA- ASTORGA DIGITAL que el ahora preso Ángel Luis García era “muy agresivo” en sus conversaciones y reuniones, y trataba de usar al Faro Astorgano y hasta al Diario de León -propiedad de Ulibarri-  como “bazas de presión” y “crédito social”. Y son precisamente las escuchas telefónicas la base, según algunas fuentes, de la operación enredadera…

Poder, prensa, dinero… una mezcla peligrosa y arriesgada, como siempre le gustó a Ángel Luis, que viene a unirse al grupo de astorganos de nacimiento o adopción ( Rosalía Iglesias, Ángel Lucio Vallejo Balda, Miguel Ángel Muñoz, Triana y Monserrat…) que han atraído el foco mediático a la ciudad, y no precisamente por cosas buenas.

 

información es poder

 

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Juega una partida al futbolín con el #EquipoValiente y pídele a Vladimir Putin que ponga FIN AL ACOSO SOBRE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN RUSIA

7 Jul

Día: sábado 7 de julio

Hora: 12,00 horas

Lugar: León. Frente al Palacio de Botines

180706 Amnesty

 

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21 colegios profesionales se asocian para evitar la “desertización” de León

18 Jun
D.L.M. | 13/06/2018

21 colegios profesionales se asocian para evitar la “desertización” de León

Colproleon nace de la reivindicación del Polígono de Torneros y aglutina a cerca de 20.000 profesionales

La Asociación de Colegios Profesionales (Colproleon) se ha presentado este miércoles ante la sociedad leonesa con 21 entidades colegiales asociadas y unos 20.000 profesionales representados. Las reuniones de trabajo para tratar de impulsar el proyecto del polígono logístico de Torneros es el germen de la asociación, que no solo intentará luchar por las infraestructuras. Buscan crear riqueza y puestos de trabajo, como  ha apuntado su presidente, Agustín Nogal.
Entre las iniciativas en las que ya trabajan se encuentra la organización de diversas mesas de debate y jornadas sobre logística previstas para el mes de septiembre en las que esperan reunir a contrastados expertos sobre la cuestión. Por el momento, la asociación está a la espera de cerrar las ponencias y encontrar financiación. No obstante, aseguran que se encuentran al margen de cualquier connotación política desde una opinión “neutral y técnica”.
Colproleon tratará de evitar que la provincia “pierda el tren del progreso” y reducir las desigualdades territoriales. Evitar la “desertización poblacional” y la “desindustrialización” son los objetivos marcados por una organización, que según afirma, es única en España.

Nace un grupo de profesionales en defensa de León

Colpro quiere aunar iniciativas «para poner en valor a la provincia, que se juega su futuro».

 

de http://www.DIARIODELEON.ES/noticias/leon/nace-grupo-profesionales-defensa-leon_1256379.html

Nuria González, Nogal, Andrés e Izquierdo. FERNANDO OTERO -

Nuria González, Nogal, Andrés e Izquierdo. FERNANDO OTERO –

Miguel Ángel Zamora
14/06/2018

Alrededor de 20.000 profesionales de 21 colegios técnicos de León formarán parte de la Asociación de Colegios Profesionales de León (Colpro), que nace con la voluntad de aunar esfuerzos «para poner en valor la provincia de León».

Agustín Nogal, presidente de la asociación, reconoció que en un principio los contactos se iniciaron en defensa del Centro Logístico de Torneros. pero que posteriormente «se buscan los intereses de la sociedad leonesa», que debe de buscar «un proyecto de interés común» para no perder el tren del progreso: «Estamos jugándonos buena parte de nuestro futuro».

El descenso de población hace que el 37% de los nacidos en la provincia residan fuera. «Las zonas industrializadas van a seguir creciendo y las otras estarán lejos del nivel de competitividad. Las infraestructuras no pueden provocar diferencias», dijo Nogal. «Hay que hacer frente a la desertización programada. Se incrementa la edad media de la ciudadanía y se pierde población joven. Parece que los leoneses están más preocupados por la subida de la luz que por Torneros».

     La asociación tiene carácter profesional: «La misión no va a enturbiarse por planteamientos políticos». Sólo existe una asociación similar en todo el país.

«No pretendemos ser un lobby ni tener protagonismo», advirtió. «Pretendemos avanzar a través del apoyo social. Hay un gran desconocimiento de las infraestructuras y queremos explicar nuestras iniciativas y despertar la conciencia ciudadana».

     En estudio está la organización de mesas de debate sobre los problemas de los profesionales de la provincia, unas jornadas de logística.

  Aparte de Torneros, Colpro pretende impulsar «el sector agrícola, el agroalimentario, la farmacia afectada por el problema demográfico», explicó la vicepresidenta, Nuria González.

  «No vamos a encabezar protestas, pero como profesionales pensamos que debemos tener voz», señaló Nogal. «Los políticos juegan con ventaja porque la opinión pública está muy desinformada. Del eje de Torneros parece que somos una zona de paso y es un cruce de caminos que generaría empleo».

 

 LA VICTORIA DE LOS NIÑATOS

10 Jun

 180610 victoria de los niñatos    

A medio siglo vista, la efeméride del pasado mayo se antoja algo así como una kermesse más o menos violenta de unos revoltosos hijos de papá que despreciaban los valores de la generación anterior, la cual había vivido los grandes dramas de la primera mitad del siglo XX y que, desde la postguerra, había propiciado con su esfuerzo y sacrificio el crecimiento económico, la paz social y el estado del bienestar en el Occidente europeo.

            El caso es que dichos mozalbetes, alojados a cuerpo de rey en Nanterre/París X – la novísima ciudad universitaria creada por la Quinta República en la que éstos tenían a su disposición unas espectaculares instalaciones deportivas, aulas modernas y grandes bibliotecas – se sentían “oprimidos” (¡?) porque sus responsables no les permitían el acceso a las residencias femeninas para practicar la coyunda libre… ¡y entonces se armó el Belén en la rue!

      Pero tras las algaradas callejeras y las citas del Libro Rojo (sí, a fines de los 60´ la izquierda amarilleaba) la imaginación no llegó precisamente al poder, como reclamó Sartre, ni tampoco las guerras dejaron paso al amor, como se leía en las pancartas más populares de los estudiantes, ni mucho menos se colectivizaron las fábricas, como exigían los nuevos soviets barbilampiños. A decir verdad, ninguna relación de poder fue subvertida en la tormenta en el vaso de agua (hablar de revolución me parece harto exagerado) que se desató en aquella agitada primavera.

      Si bien ni la economía ni la política interesaban realmente a unos bullangueros soixanthuitards que lo único que querían era “cambiar la vida”. Y ésta sin duda cambió, pues sus “valores” liberacionistas se convirtieron de facto en el nuevo código moral de nuestra líquida y caótica sociedad del presente, bien a través de la legislación (en la que se ha ido introduciendo desde el divorcio, el aborto y el acceso a los anticonceptivos hasta el cambio de sexo o el matrimonio homosexual) bien a través de la progresiva secularización de las costumbres (sexo prematrimonial).

      En ese sentido, el auténtico legado y verdadero éxito de los niñatos de la Sorbona ha sido la progresiva “deconstrucción” de una serie de instituciones (familia, autoridad, pueblo, nación) en aras de un nihilismo ácrata preñado de relativismo (culto a los deseos del yo frente a cualesquiera normas morales) e individualismo feroz (exaltación de la autonomía personal absoluta y el placer) que, bajo un engañoso lenguaje revolucionario, ha actuado como inequívoco tonto útil del capitalismo (recordemos que fue poco después de los disturbios parisinos cuando éste empezó a mutar de un sistema basado en la producción, la industria y el ahorro al que ahora padecemos fundado en el consumo desaforado, el auge del sector servicios y la especulación financiera) más salvaje dando lugar al desquiciado ultraliberalismo anarcoide-hedonista que se vive hoy día.

      O sea, que los que eran ruidosos antisistema en 1968 se convirtieron paulatinamente en los grandes popes (culturales sobre todo, pero también políticos) del establishment realizando una impagable labor de zapa (ligándose al postmodernismo, al multiculturalismo o a las teorías de género a la vez que ejercían de ulemas de la corrección política) allanando el camino para que los postulados de aquél se impusiesen sin apenas dificultad.

      Y si no, que se lo digan al famoso Cohn-Bendit, ése que se rio en la cara de la policía de De Gaulle (que no en la de su por esa época admirado Mao) y luego no ha dejado de pisar moqueta oficial en los últimos cuarenta años, “casualmente” los mismos en los que en los países de nuestro entorno las condiciones de la clase trabajadora se han deteriorado hasta límites intolerables y las desigualdades sociales han alcanzado índices ignominiosos mientras se repartían por doquier “derechos de bragueta” (de Prada dixit).

 

RICARDO HERRERAS

 

 

El Tribunal europeo rectifica y desampara a los interinos

8 Jun

Sentencia Montero Mateos: El Tribunal europeo rectifica y desampara a los interinos

Cumberland_School_of_Law_Justice_and_Mercy_2La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (Asunto 677/16, Montero Mateos) cierra el paso a las indemnizaciones por extinción o amortización de puestos de trabajo laborales para atender vacantes si se advirtió al contratar que su duración finalizaba con la cobertura definitiva del puesto (promoción, acceso o reingreso).

Sustancialmente el Tribunal de Justicia razona en  esta sentencia del siguiente modo, que resumimos y comentamos.

1. No existe discriminación si existen razones objetivas y la razón objetiva radica en que la indemnización prevista para el despido por causas objetivas (art. 53, apartado 1, letra b, Estatuto de los Trabajadores) persigue compensar la frustración de las expectativas legítimas del trabajador, quien no sabía cuándo ni bajo que circunstancias concretas se pondría fin a su relación. En cambio, cuando existe un contrato de interinidad no se contempla indemnización (art. 49, apartado 1, letra c, Estatuto de los Trabajadores) ya que desde el mismo momento de celebrar el contrato sabe cuál es la condición que le pondrá fin y por tanto no hay sorpresa ni frustración que merezca indemnización.

2. Así, razona la Gran Sala en la sentencia:CJEU-logo

Primero, pone la lupa sobre los contratos temporales o de interinidad para objeto determinado y afirma:

… un contrato de este tipo –duración determinada– deja de producir efectos para el futuro cuando vence el término que se le ha asignado, pudiendo constituir dicho término la finalización de una tarea determinada, una fecha precisa o, como en el caso de autos, el advenimiento de un acontecimiento concreto. De este modo, las partes de un contrato de trabajo temporal conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato.

Después, se fija en los contratos laborales que se extinguen por causas objetivas sobrevenidas e indica la singularidad:

En cambio, la extinción de un contrato fijo por una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, a iniciativa del empresario, tiene lugar al producirse circunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración y que suponen un cambio radical en el desarrollo normal de la relación laboral. ( …) el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores requiere que se abone a dicho trabajador despedido una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio, precisamente a fin de compensar el carácter imprevisto de la ruptura de la relación de trabajo por una causa de esta índole, y, por lo tanto, la frustración de las expectativas legítimas que el trabajador podría albergar, en la fecha en que se produce la ruptura, en lo que respecta a la estabilidad de dicha relación.

Y concluye que esas circunstancias diferenciales “constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida”.

En consecuencia, declara en el fallo:

La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.

urgenciasLa mala noticia es que se han hecho trizas los sueños de personal contratado temporal que por muy largo que sea el interinaje o sustitución por vacante (enorme dada la paralización de plazas de los  últimos siete años) verán como sus plazas son cubiertas (acceso, reingreso, promoción, consolidación, etc) y se irán como suele decirse “con una mano delante y otra detrás”.

Además esta doctrina entierra la doctrina Diego Porras, y con ello se lleva de un plumazo la aplicación extensiva de la misma acometida tanto por la Jurisdicción Social como por la Jurisdicción Contencioso-administrativa. O sea, efecto-cascada de esta sentencia que afectará, en el ámbito de administraciones y entes públicos, cuando extingan por cubrirse la vacante, la relación de personal laboral temporal, de personal temporal estatutario o de personal funcionario interino. Todos a casa sin indemnización porque... ¡se les avisó! Y colorín colorado.

Atrás quedan para estudio de los arqueólogos jurídicos, cientos de demandas y numerosas indemnizaciones concedidas en el período mágico comprendido entre la sentencia Diego Porras (Septiembre 2016) y la Sentencia Montero Mateos (Junio 2018). Y también pueden reciclarse los libros, artículos y demandas que han analizado la doctrina muerta.

La buena noticia es doble.

Chess-in-Court-of-Law-Cartoon-Legal-Justice-ConceptsPor un lado, que al margen de lo que diga  la sentencia europea, no nos olvidemos que el legislador puede perfectamente modificar el Estatuto de los Trabajadores y equilibrar indemnizaciones para los trabajadores de igual modo que puede modificar el EBEPpara los funcionarios interinos (p. ej. disponer la indemnización a partir de tres o cinco años de interinaje por vacante). Creo que es de justicia y creo que tan sensata medida no encontrará oposición de ningún grupo político serio.

Por otro lado, que la sentencia deja abierto un portillo de consuelo  cuando afirma que:

No es menos cierto que dicho contrato finalizó debido a la desaparición de la causa que había justificado su celebración. Dicho esto, incumbe al juzgado remitente examinar si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo.

O sea la sentencia comunitaria abre el portillo ante los abusos a adoptar medidas propias del encadenamiento abusivo y a recalificarlo como “contrato fijo”quedando en manos del Juez apreciar cuándo hay prolongación abusiva (y… ¡ojo! No ha dicho “indefinido no fijo”… sino fijo, y eso que estamos ante un contrato de un ente público).

O sea, como dicen los seriales… “Continuará…”

real-estate-mistakes-300x188En fin, los juristas tenemos que tener la paciencia de Job: “El Señor me lo dio, el señor me lo quitó”… ¡Alabado sea el Señor!  

6 COMMENTS ON “SENTENCIA MONTERO MATEOS: EL TRIBUNAL EUROPEO RECTIFICA Y DESAMPARA A LOS INTERINOS”

  1. pilara112

    ¡Santo Dios, en el siglo XXI!, que interinos, que no,que con indemnización, que sin ella, que si se convoca la plaza, que si no se convoca, que es libre, que es restringida, que si fue que si vino el señor Marcelino
    ¿No nos merecemos una Administración moderna, profesional, con sistemas de reclutamiento modernos, eficaces, justos, donde en vez de echarte de la plaza te permiten reciclarte en otro puesto y otra comunidad autónoma, con funcionarios polivalentes, con relaciones de puestos de trabajo adecuadas a las necesidades de la funciòn, no del sistema tribal funcionarial, etc.etc.etc?
    ¿No deberíamos de estar hablando de esto en vez de si te vas con tu pezquillito o sin él?
    Y al que le toque que le den lo que corresponda, no seré la que defienda otra cosa, pero por el amor de Dios, avanzando un poco

  2. Una sentencia muy injusta, en mi opinión, si bien la interpretación es suficientemente imparcial y objetiva de la directiva del propio consejo de la UE, en concreto la directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, y más específicamente sus cláusulas 4, 5.1 y 8.3, del convenio 158 de la OIT y de nuestra legislación laboral.
    Lamentablemente la legislación española es poco generosa con los trabajadores con contratos temporales y/o de interinidad cuando como sucede en la mayoría de los casos hay un uso fraudulento o abusivo de aquellos, si bien la sentencia del TJUE deja en manos del juez nacional determinar que, si se ha producido dicho fraude de ley o abuso, pueda incluso calificar la relación laboral como indefinida fija (lo cual puede llevar a rectificar la doctrina del TS que siempre ante estos casos ha establecido la relación laboral como indefinida no fija) lo que, para los interinos “repetidores” (por todas las veces que se han tenido que presentar y aprobar los exámenes y pruebas para poder seguir ocupando la plaza), puede ser una luz de esperanza para consolidar sus derechos.
    Los jueces deberán poner especial empeño en discernir estas relaciones laborales de esas otras situaciones en las que los “interinos” lo fueron por la voluntad de amigos y políticos poco escrupulosos con el cumplimiento de la ley y de los principios constitucionales de igualdad, capacidad, mérito y publicidad para el acceso al empleo público.

  3. Tomás

    De qué abuso o fraude hablan. El interino conoce perfectamente las condiciones de su trabajo. Sabe que su trabajo es temporal y una vez finalizado si no le requieren de otro órgano, tiene derecho a la prestación de desempleo. En caso de no estar conforme con esa interinidad o desear estabilidad en un puesto en la Administración tiene la posiblidad como cualquier otro ciudadano de presentarse a unas oposiciones. No hay más. Fácil. Si no están conformes entonces pueden trabajar en la empresa privada o con otras condiciones. Está por ahí la figura del “interino de carrera”, que llevando años ocupando una plaza por negligencia del Ministerio de turno que no la oferta, acaba por creer que esa plaza es suya cuando no hice ningún mérito por adquirirla. Incomprensible. Al fin saldrá más rentable económicamente ser interino que ser funcionario de carrera especializado. ¿Es eso lo que quieren?

    • Yo calificaría de abuso y fraude, a la vez. Lo cierto es que una plaza de personal interino se cubre para suplir una necesidad “temporal” y no sine die; con lo cual, la persona que ha optado a esa situación no es culpable de la desidia de la administración y pensará que en un tiempo máximo de 3 años se cubrirá en oposición.
      Pasado ese tiempo si tu no ofreces la oportunidad no sería culpable quien la ocupa y por tanto debería tener derecho a una indemnización.
      Porque la propia sentencia habla de una situación sobrevenida, esto es que en un plazo fijado se cubre. Y si no se cubre en el tiempo “legal” estaríamos en una situación de injusticia en comparación de un contrato temporal que si tiene indemnización desde el primer día.
      Como dice nuestro amigo Chaves, cuestión de voluntad de modificar la EBEP o el ET; igual ahí si que la administración se pone las pilas porque sabe la repercusión económica que tendría tener el empleado público en esta situación.

  4. PLAVI

    En el término medio se encuentra la virtud. Es cierto que la doctrina Diego Porras abría la posiblidad a situaciones absurdas como la de que un interino que cubría una baja, excedencia de uno o dos años etc… se le equiparase a un indefinido o a una extinción por causas objetivas. Absurdo. Pero no es menos cierto que un interino que entra en la Administración en 2001, para cubrir una vacante por causas de “urgencia y necesidad y que tiene una “previsibildad” de que en uno, dos, tres años cese…..y resulta que por racanarería de las Administraciones (que no sacan la plaza a OPE, aunque tienen plazas de sobra, que no se cubre por concurso porque los funcionarios siempre acceden a niveles superiores o mil causas mas…) llega a 2018 y sigue temporal. De verdad es eso un “interino”?. De verdad que no es abuso?. De verdad que no hay imprevisiblidad cuando lo cesen 20 años después con 50 tacos y lo conviertan en un excluido social, prescindiendo ademas de la (muy cara) formación que la Administración ha realizado en el?.

    En estos tiempos de la aplicación de las politicas de managament al sector púbico… Alguien piensa que cualquier empresa privada priorizaría a un tipo que supera un psicotecnico o un test a alguien con 20 años de experiencia profesional?

    Por otro lado. No se opone al principio de no discriminación que un individuo que empieza con un contrato administratio fraudulento y es convertido en indefinido permanezca en la Administración con posiblidad de ser indemnizado y prevalezca su situación sobre “matados” que han superado una y otra vez pruebas selectivas, han entrado por una lista reglada y sometida a principios de mérito y capacidad, (conozco interinos de la Xunta que han aprobado mas de 20 examenes del a1 desde el 96 y siguen sin plaza…)?

    Que clase de Justicia es la que ampara al tramposo y permite consolidar estas situaciones mientras niega pan y sal a quien se somete a las reglas del juego?

    Si. Somos interinos. Pero tras 20 años creo que lo de la “urgencia” y “necesidad” se convierte en abuso de la contratación temporal.

  5. Generoso Tato Becerra

    Buenos dias,

    La gente que lleva años y años prestando su servicios se merece una solución.

    Salud y suerte para todos.

GRACIAS POR COMENTAR CON EL FIN DE MEJORAR