La fiscal jefe de León denuncia a diputados y técnicos por prevaricación y malversación

20 May

D.L. Mirantes | 19/05/2019

TRIBUNALES La investigación parte de la sentencia sobre renuncia al contrato de ayuda a domicilio, que asciende, incluyendo las prórrogas del actual equipo de gobierno, a 71 millones

de https://www.LANUEVACRONICA.COM/la-fiscal-jefe-de-leon-denuncia-a-diputados-y-tecnicos-por-prevaricacion-y-malversacion

La fiscal jefe de León ha decidido formular denuncia contra nueve miembros del anterior equipo de Gobierno de la Diputación y una técnico de la institución, tras advertir posibles indicios de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. El origen de la denuncia se encuentra en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en la que considera ilícita la renuncia al contrato de ayuda a domicilio aprobada en tiempos de Isabel Carrasco. En la resolución, el TSJ ya solicitaba las diligencias de la Fiscalía, tras detectar presuntas irregularidades. El 4 de marzo, el TSJ remitía al ministerio fiscal la sentencia por «si de los hechos que relata pudiera inferirse que se ha incurrido en responsabilidad penal», según el escrito de diligencias solicitado por la Fiscalía.

      En dicho escrito se incluyen los nombres de los denunciados: Marcos Martínez Barazón, José Antonio Velasco, Miguel Ángel del Ejido, Teodoro Martínez, Emilio Orejas, Raúl Valcarce, Yolanda Martínez, María Isabel Fresno, Miguel Ángel González Robla y María de la Paz Diez. La lista de denunciados será previsiblemente más larga conforme avance el caso, ya que la fiscal jefe incluye a «todas aquellas personas que se determinen a lo largo del procedimiento como cooperadoras de las acciones llevadas a cabo». El importante total del contrato, incluyendo las prórroga efectuadas ya por el actual equipo de gobierno, supera los 71 millones.

Los ahora denunciados «acordaron e intervinieron en la renuncia del contrato de servicios del servicio de ayuda a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes», cuya licitación se había publicado en el BOP, siguiéndose los trámites correspondientes «hasta la citada renuncia, que se produjo en fase de adjudicación provisional» en la junta de Gobierno del 26 de abril de 2012. De la junta de gobierno también formaban parte entonces Lupicinio Rodrigo y Jaime González, aunque ninguno acudió a la que se celebró aquel día. La fiscal jefe, conforme al escrito de denuncia, expone que «el acuerdo alcanzado que se cifró en ‘razones de interés público’ por falta de financiación carece de la más absoluta justificación, puesto que se realizó con conocimiento de que la adjudicataria, quien venía prestando ya tales servicios y cuando realmente, durante todo el periodo de vigencia de lo que sería el contrato al que se renunció, se abonaron, mediante prórroga, los servicios prestados en la zona este a la propia entidad y a otra entidad en la zona oeste, datos que acreditan la existencia de financiación suficiente, como conocían quienes renunciaron al mismo». La fiscal jefe cree que «de dichos hechos serían responsables los denunciados».

Para la comprobación de los hechos, entre otras diligencias practicadas, la fiscal jefe prevé tomar declaración a las personas denunciadas y la recopilación de sus hojas histórico penales, puesto que varios de ellos ya se encuentran implicados en otros casos de presunta corrupción.

De los nueve diputados denunciados por la fiscal jefe, Miguel Ángel del Ejido, Raúl Valcarce y Emilio Orejas forman parte del actual equipo de Gobierno de Juan Martínez Majo y encabezan las candidaturas del Partido Popular a las alcaldías de sus respectivos municipios, Santa María del Páramo, Carracedelo y Valdelugueros. Marcos Martínez Barazón, alcalde de Cuadros, se presenta a las elecciones con una candidatura independiente, tras salir del PP por su implicación en la trama Púnica. María de la Paz Martínez ha sido concejala por el PP en el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas los últimos cuatro años, tras haber sido alcaldesa del municipio en el anterior mandato. José Antonio Velasco, inhabilitado durante cuatro años por prevaricación urbanística, dimitió como alcalde de Congosto en enero del 2018. Teodoro Martínez ha abandonado recientemente la política tras ser alcalde de Villadangos del Páramo. Isabel Fresno también ha estado en la Alcaldía de Vegaquemada durante cinco mandatos y afronta las elecciones para el sexto. Por último, Miguel Ángel González Robla fue alcalde de Soto y Amío hasta 2015.

 

TRIBUNALES

La Fiscalía pide investigar a nueve diputados provinciales de León por un sobrecoste millonario

de https://www.ILEON.COM/actualidad/097718/la-fiscalia-pide-investigar-a-nueve-diputados-provinciales-de-leon-por-un-sobrecoste-millonario

La denuncia por presunta prevaricación y malversación, que ahora debe admitir o no el juez, incluye a conocidos alcaldes y candidatos del PP, así como al expresidente Marcos Martínez, ahora regidor independiente de Cuadros e imputado aún en ‘Púnica’.

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El ‘Caso Carflor’ apunta ahora ahora judicialmente a varios mandatarios del PP en 2012 en la Diputación, muchos de los cuales siguen en activo con cargos públicos. / ICAL
ileon.com  | 20/05/2019 – 12:00h.

La campaña electoral se ‘calienta’ con una nueva decisión judicial que acaba de trascender ahora. Se trata de la decisión de la Fiscalía de León, que preside María Isabel Morán, y en la que formula denuncia por presuntas prevaricación y malversación contra nueve políticos que fueron en su día, y algunos aún son, diputados provinciales, y entre los que se encuentran varios responsables comarcales del Partido Popular, muchos de ellos aún alcaldes también e incluso candidatos en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.

El caso nace por un sobrecoste millonario presuntamente irregular por las decisiones que adoptó el equipo de Gobierno del PP de la Corporación provincial del anterior mandato (años 2011 a 2015) respecto a la rescisión del contrato del servicio de ayuda a domicilio en los pueblos de la provincia leonesa a la empresa leonesa Carflor, tal y como publica hoy La Nueva Crónica.

La “pésima imagen” de la Diputación preocupa a los alcaldes y pedáneos

de https://www.LANUEVACRONICA.COM/la-pesima-imagen-de-la-diputacion-preocupa-a-los-alcaldes-y-pedaneos

D.L. Mirantes | 21/05/2019AA

TRIBUNALES La oposición critica el nuevo frente judicial por la renuncia al contrato de ayuda a domicilio

La oposición lamenta la “pésima” imagen de la Diputación de León por la denuncia de la fiscal jefe de León contra nueve miembros del anterior equipo de Gobierno de la Diputación y una técnico de la institución, tras advertir posibles indicios de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en el acuerdo de renuncia al contrato del servicio de ayuda a domicilio cuando ya la licitación ya se había llegado a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El equipo de Gobierno del presidente, Juan Martínez Majo, asegura que la institución “tiene conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon (TSJ)” y que “a petición de la Fiscalía se remitió la información solicitada”. No obstante, explican que desde entonces “no tiene más conocimiento” del asunto. La fiscal jefe requirió el 12 de marzo la identificación de las personas que intervinieron en la renuncia del contrato y el 5 de abril se firmó la respuesta desde Diputación.
La buena imagen que Diputación tiene en muchos aspectos con estos temas queda manchada y perjudicadaA la espera de ver cómo evoluciona la denuncia, para la oposición ya hay una consecuencia evidente, que es el daño a la reputación de la institución. “Nos parece que llevamos una temporada importante, por no decir todo el mandato, en la que la imagen que la Diputación está dando a la provincia es una imagen pésima”, explica el portavoz del Grupo Socialista, José Pellitero. El del PSOE asegura que estos asuntos son “una preocupación de tantos alcaldes, concejales y pedáneos que se están dejando la piel por los pueblos”. Para Pellitero “la buena imagen que Diputación tiene en muchos aspectos con estos temas queda manchada y perjudicada”.
En una línea similar, el diputado de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Matías Llorente, explica que “el tema viene de largo, ha dado mucho que hablar y ha tenido muchas consecuencias en la institución”. El leonesista considera “sorprendente” la denuncia de la fiscal jefe, “más en este momento en el que estamos abocados a unas elecciones municipales en las que están la mayoría de ellos”. De los nueve diputados y exdiputados incluidos por la fiscal jefe en la denuncia cinco optan a la alcaldía de sus municipios el próximo domingo. Son Raúl Valcarce (Carracedelo), Miguel Ángel del Ejido (Santa María del Páramo), Emilio Orejas (Valedelugueros), María Isabel Fresno (Vegaquemada) y Marcos Martínez Barazón (Cuadros). Los otros cuatro exdiputados afectados, que ya han dejado la política, son Teodo Martínez (Villadangos del Páramo), María de la Paz Martínez (Mansilla de las Mulas), Miguel Ángel González Robla (Soto y Amío) y José Antonio Velasco (Congosto), que dimitió en enero de 2018, inhabilitado por prevaricación urbanística.
Llorente afirma que hay que tener cautela, “esperar a ver el recorrido que tiene todo esto”. Pese a ello, señala la denuncia de la fiscal jefe como “ejemplo para el futuro”. “Esto significa que cuando tomemos acuerdos en la casa los tomemos mirando el bien de todos y plantearse seriamente ir siempre por la legalidad sin beneficiar ni a unos ni a otros”, concluye el leonesista.
Al futuro también apunta el grupo de En Común (Izquierda Unida-Podemos). Su portavoz, Miguel Flecha, asegura que su partido político (IU) va a estar “pendiente de cómo va esta proceso” porque “en función de la deriva que tome, decidiremos como partido político si personarnos”. Flecha también es prudente –”ya se verá lo que hace el juzgado”, asegura–, pero considera que si la fiscal jefe plantea la denuncia “será porque algo habrá visto o puede haber un indicio”. Pese a la cautela, el de IU recuerda que “llevamos años y años diciendo que el tipo de contratación, como se está haciendo, con la nueva Ley de Contratos, tenemos muchas de dudas de que se esté llevando cómo se debería de llevar”.
TRIBUNALES

La Justicia busca responsables penales en la Diputación por un contrato de la era Carrasco

de https://www.ILEON.COM/actualidad/093975/la-justicia-busca-responsables-penales-en-la-diputacion-por-un-contrato-de-la-era-carrasco

El Tribunal Superior admite irregularidades en la anulación del servicio de ayuda a domicilio en 2012, aunque falla que la empresa que lo prestaba, Carflor, reciba 414.000 euros de indemnización en vez de los 3,7 millones que había decidido una sentencia.

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Isabel Fresno, exdiputada del área; Isabel Carrasco, expresidenta de la Diputación en 2012; y Manuel Lesmes, dueño de Carflor. / ICAL
ileon.com  | 29/01/2019 – 18:13h.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente un recurso de la Diputación de León, que rebaja de casi 3.700.000 euros iniciales a ‘sólo’ 414.000 euros la indemnización que tendrá que pagar a la empresa a Carflor SL, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio. La cantidad es fruto de la renuncia por la sociedad a continuar con el concurso público en el que ésta mercantil optaba a la renovación del contrato, en tiempos de la entonces presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco.

Pero casi tan relevante como esta decisión económica es el hecho de que el alto tribunal autonómico haya observado indicios de un posible delito penal, que encarga investigar a la Fiscalía, por parte de los responsables de aquel contrato en 2012, en que la presidenta de la Diputación era la ya fallecida Isabel Carrasco, y siendo la diputada provincial de Derechos Sociales la hoy alcaldesa del PP en Vegaquemada, Isabel Fresno.

Y es que el TSJ entiende que de la Diputación de León pudo haber incurrido en alguna responsabilidad penal en la forma en la que tramitó el expediente administrativo objeto del pleito por “los notorios perjuicios económicos que esa actuación ilegal ocasiona al erario público”.

Todo empezó en 2012

La Corporación Provincial decidió paralizar en 2012 el proceso de licitación iniciado cinco meses antes argumentando para ello el hecho de desconocer qué aportación economica iba a realizar la Junta de Castilla y León para cofinanciar tal servicio.

La Diputación leonesa alegó entonces “razones de índole económica y técnica”, suspendió el concurso y posteriormente convocó otro con condiciones diferentes, por lo que la compañía que lo venía prestando, entonces ya de manera prorrogada, no pudo concurrir a pesar de haber estado realizado esta labor desde 2006. La decisión fue recurrida por la empresa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de León por Carflor, entendiéndose perjudicada.

El Juzgado leonés entendió que no concurrían las razones de interés público esgrimidas por la Diputación para renunciar al contrato, que la tramitación del procedimiento se había ralentizado “sin causa legal ni justificativa alguna en perjuicio de los licitadores” y obligó a la administración a continuar con el concurso anulado en el que la mercantil Carflor tenía entonces la mejor valoración, según corroboraron diversos técnicos consultados.

Los años intermedios

El contrato fue finalmente adjudicado a Carflor en 2018, pero durante los años que duró el contencioso judicial el servicio de ayuda a domicilio por el que pleiteaba la empresa había sido prestado por otra empresa, en concreto la Unión Temporal de Empresas (UTE) Clece y Limpiezas, Ajardinamiento y Servicios, Seralia, SA, motivo por el que se declaró judicialmente la imposibilidad de ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Por lo tanto, el juez había dado la razón a Carflor pero debía tramitarse un incidente de ejecución para determinar el importe de la indemnización que ha de percibir Carflor, importe que el juzgado fijó en casi 3.700.000 euros.

La Diputación, disconforme con esa cifra, recurrió ante el TSJCyL. Y ahora la Sala de lo Contencioso rebaja esa cuantía, pero decide deducir testimonio y da traslado a la Fiscalía para que investigue si alguien en el equipo de Gobierno del PP de entonces cometió algún delitopor la forma en la que tramitó el expediente administrativo objeto del pleito por “los notorios perjuicios económicos que esa actuación ilegal ocasiona al erario público”.

“Absoluta falta de justificación”

Así, la sentencia señala “la absoluta falta de justificación de las razones dadas por la Diputación Provincial para renunciar a celebrar el contrato de servicios del servicio de ayuda a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León efectuada en 2012, puesto que durante todo el periodo que había de durar ese contrato (2012-2015) abonó a Carflor los servicios prestados en la zona este hasta febrero de 2014 y a otra empresa por los llevados a cabo en la zona oeste, por lo que ningún problema de financiación tenía”.

La resolución destaca además “las circunstancias concurrentes tenidas en cuenta por la juzgadora a quo para declarar ilegal aquella resolución, de las que resulta que ya se sabía que podía ser adjudicataria Carflor cuando se renuncia, no obstante, lo cual, no se le adjudica el contrato, pero de facto sí, al menos parcialmente, mediante la prórroga del contrato anterior y ahora hay que abonarle el beneficio industrial dejado de percibir”.

Una petición económica “desmesurada”

El auto destacar por último “la desmesura de la reclamación efectuada” por Carflor, valorada en 3,7 millones, “teniendo en cuenta que continuó la prestación de servicios en la zona donde más horas efectivas de servicios se prestan”.

La Sala concluye señalando que la Diputación siguió adelante con la tramitación del segundo concurso, que terminó con la adjudicación del contrato a una UTE, cuando ya sabía “que no era sostenible el argumento utilizado para efectuar la renuncia del anterior”, “por lo que podía haberse desistido en ese momento sin grave perjuicio”.

“Es claro que el órgano de contratación no quería prorrogar el contrato a Carflor, puesto que ya en el año 2010 inicia el expediente 465/10 para efectuar una nueva licitación del contrato; solo le prorroga un año y 4 meses y cuando sabe, como resulta de lo que se dice en la sentencia que se está ejecutando, que la adjudicataria puede ser Carflor renuncia a continuar el procedimiento de licitación por causas inexistentes e inicia otro por el que adjudica el contrato a otra mercantil”, señala.

Cabe rematar recordando que contra este nuevo pronunciamiento del TSJ cabe recurso aún a la única instancia superior, el Tribunal Supremo.

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