GLACIACIÓN DEMOGRÁFICA

21 Abr

190421 LS

 

Numerosos son los problemas que hacen peligrar la continuidad de España como nación. Su agudo declive poblacional es uno de ellos. Al punto que, con los datos en la mano (determinadas estimaciones apuntan que para el 2100 habrá aquí la mitad de habitantes menos que actualmente), no estaríamos hablando ya de un “invierno demográfico” sino de una glaciación en toda regla.

      De hecho el crecimiento vegetativo (resultado final de nacimientos menos defunciones) hace tiempo que es inequívocamente negativo, cuando los nacidos bajo el Baby Boom entraron en la tercera edad, provocando que la teórica pirámide de población (a la que correspondería tener una base ancha formada por los jóvenes y una cúspide estrecha con los viejos) se haya transformado poco a poco en una figura romboidal, algo nada halagüeño de cara al futuro. 

      Porque, más allá de las cifras que certifican la indiscutible debacle demográfica del presente, conviene plantearse sus consecuencias (también de carácter afectivo, pues la soledad constituirá la tónica general de una senectud que se vislumbra especialmente amarga, sin apenas familiares cercanos a nuestro lado  en los últimos momentos) en un futuro no lejano, que a nadie con dos dedos de frente se le escapan serán graves (abriéndose incluso la puerta al establecimiento de una especie de “eutanasia involuntaria” para los más ancianos): desde el incremento de los gastos sanitarios hasta la nada improbable quiebra del sistema de pensiones por mor de la reducción de cotizantes, pasando por una mayor presión impositiva. En resumen, la desaparición del Estado del Bienestar tal como lo hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial.

      Dicho esto, se abre el debate. Es verdad que la caída de la natalidad en las sociedades desarrolladas es un indicativo lógico y hasta cierto punto positivo, en tanto en cuanto ahora no es necesario tener muchos hijos para (reducida al mínimo la mortalidad infantil) asegurar la supervivivencia de algunos de ellos. Por otro lado, la incorporación de la mujer al mercado laboral  ha tenido asimismo consecuencias en este sentido, qué duda cabe, alargando la edad en que las féminas deciden o pueden permitirse tener su primer retoño. Igualmente, se apela con frecuencia a cuestiones de tipo económico (precariedad laboral, sueldos bajos, carestía de la vivienda) y político (falta de ayudas públicas a las jóvenes parejas).

      Pero, aunque estas causas puedan ser relevantes, que lo son y mucho, no acaban de explicarlo todo, pues dicha tendencia a la baja es generalizada en la mayoría de los países que conforman este hoy caduco Occidente, incluso en aquellos donde la precariedad laboral es menor o las ayudas estatales son mayores. Hay de fondo algo más.

 

     Y ese “algo más” son ciertos aspectos socio-costumbrista-culturales nada baladíes relacionados con el paradigma relativista dominante, que no es otro que aquél que se impuso desde finales de los años 60´ del pasado siglo (en España casi una década después) y exalta el individualismo, el hedonismo y el materialismo frente a la comunidad, el espíritu de sacrificio y la espiritualidad; sublima el sexo como producto de consumo (anticonceptivos mediante) en contraposición al sexo responsable; favorece el aborto (convertido en un lucrativo negocio que mueve millones de euros al año en las clínicas al uso) frente a la defensa de la vida (entre 1985 y 2016 fueron registrados en nuestro país la friolera de 2.217.517 abortos); denigra la familia (la cual, con independencia de la opinión que se tenga de ella, sigue siendo la institución básica, incluido en lo que respecta a la apasionante e incierta aventura de traer hijos al mundo) o impone la dictadura ideológica de género (¡a ver qué varón va a afrontar con la calma necesaria la paternidad cuando en cualquier momento puede ser expulsado de su propia casa, apartado de sus vástagos o acabar entre rejas por una simple denuncia aún sin verificar judicialmente!).

       Así las cosas, nuestros gobernantes deberían adoptar, con la presteza requerida, medidas efectivas, ajenas a parches coyunturales amén de liberadas de tintes buenistas para luchar contra el envejecimiento social y evitar que, con cada nueva generación de españoles, nos convirtamos definitivamente en una decrépita nación-geriátrico.  

   

      Claro que, ¿se puede exigir semejante cosa a unos politiqueros (para nada estadistas) sectarios, fatuos, corruptos, pusilánimes, ajenos al sentido común e instalados en el cortoplacismo electoral que, además de carecer del mínimo atisbo de justicia social, repudian o  deforman los conceptos mismos de familia, matrimonio, maternidad, dignidad humana o primigenio derecho a la vida?

 

RICARDO HERRERAS

 

 

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