La nueva ley de Contratos eleva del 10% al 50% los sobrecostes permitidos en contratos como los de las mordidas de Gürtel

3 Feb

La norma entrará en vigor el 9 de marzo y dispara el porcentaje sobre el precio de licitación que los contratistas pueden rebasar en su modificado de obra y que están en la base de las mordidas de Gürtel

de http://www.ELDIARIO.ES/cv/sobrecostes-justificar-facilitaron-Gurtel-Taula_0_734576750.html

La nueva  Ley de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo 9 de marzo pretende poner coto a prácticas que facilitan la corrupción con la eliminación de procedimientos negociados por precio, el incremento de la transparencia o la creación de un organismo para la vigilancia. Pero la reforma de la anterior norma para adaptarse a la Unión Europea tiene lagunas más que preocupantes que se disparan con las confesiones e investigaciones abiertas con los casos Gürtel y Taula.

La nueva ley de contratos permite en su artículo 205 3º (i) modificados de obra de hasta el 15% del total sin ninguna justificación. Hasta la fecha estos sobrecostes se debían aclarar a la administración contratante demostrando las circunstancias sobrevenidas, aunque en los casos bajo sospecha hubiera una falta de control absoluta. Según explicó Vicente Monsonís, expresidente de la Asociación de Empresarios de Construcción de Castellón, de estas modificaciones salían las mordidas -él las bautizó como pizzas- de entre el 3% y el 30% para el político de turno. Antes, el beneficiario les habría facilitado la adjudicación.

En la actualidad había una ley no escrita que permitía a las contratistas -sobre todo des obra pública- generar unos sobrecostes del 10% sin que saltaran las alarmas, aunque siempre debían ir acompañadas de justificación. Con la entrada en vigor de la ley, los modificados de obra se podrán ir directamente al 15% al no considerarse una “modificación sustancial”.

Otro punto importante de esta norma es el incremento del límite para los modificados de obra durante el periodo de ejecución acordados con la administración que se incrementan del 10% al 50% del precio inicial (Artículo 205 2º). En 2011 y antes los sucesivos escándalos el Gobierno decidió imponer el límite del 10 % (a través  la Ley de Economía Sostenible) en estos sobrecostes durante la ejecución para evitar nuevos casos de corrupción.

A partir del próximo 9 de marzo los modificados de obra podrán ser del 50% del total si se justifican. De esta manera, la contratista no tendrá que ir a otro concurso aunque incurran en sobrecostes escandalosos, como los que fomentaron escándalos de corrupción como los investigados en el caso Taula o en Gürtel. De hecho, la norma reza que no habrá generación de un nuevo contrato si los modificados de obra “por circunstancias sobrevenidas” no superan el 50% de la licitación inicial. Ahora el límite es del 10%.

Cabe recordar también, que fueron los grandes modificados de obra, en algunos casos del 100% y del 200% como en las obras del AVE entre Madrid y Barcelona o el Palau de las Arts de Valencia, que permitieron presuntos casos de corrupción.

El Gobierno oculta los sobrecostes

Pese a las confesiones, los indicios y las declaraciones más que evidentes, el Gobierno de Mariano Rajoy esconde a la luz pública los sobrecostes que han sufrido las grandes obras pagadas por el Gobierno de España. Tanta es la opacidad y el oscurantismo que en este momento el  Ejecutivo pleitea en la Audiencia Nacional contra el Consejo de Transparencia, ya que se niega a revelar los incrementos injustificados en los megacontratos públicos como las obras del AVE, las construcciones de puertos o la inversión en carreteras.

La denuncia del Consejo de Transparencia -nombrado por el propio Gobierno- nace de una petición de información de eldiario.es. Este medio de comunicación pidió la lista de modificaciones de contratos de obra del Ministerio de Fomento para conocer en qué proyectos se multiplicaron los costes sobre el precio de adjudicación. El Consejo de Transparencia dio la razón a este medio y asegura que la ley obliga a publicar los sobrecostes en adjudicaciones de obra pública. El Gobierno se negó a acatar la resolución, lo que ha acabado en un conflicto entre ambas instituciones en un contencioso-administrativo.

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