El caso Palau: la música de la corrupción

21 Ene

¿No es monstruoso que la gota de semen que nos engendra lleve en sí, no sólo las impresiones de nuestra forma corporal, sino también las inclinaciones de nuestra familia? Michel de Montaigne se formuló esta pregunta a finales del siglo XVI. La misma podemos hacernos hoy, cuando nos toca examinar si el franquismo inseminó a la democracia del 78, a la vista de su linaje compartido de impunidad y corrupción.

A partir del año 2012 la sociedad española ha venido sopesando si la degeneración de nuestra forma de gobierno es ineluctable, bajo un potencial vírico capaz de arruinar a toda España. Se ha ido tomando conciencia, especialmente en Catalunya, de que una dictadura que chocheaba parió nuestra inmadura democracia. La transición fue la partera que asistió a un Régimen ridiculizado por la pérdida del Sahara, amedrentado por el asesinato de Carrero y con aversión hereditaria a la voluntad popular. Es decir, la transición habilitó a las fuerzas dominantes del franquismo para que se mudasen a la Constitución de 1978, sin apenas despeinarse.

El caso Palau para la mayoría social catalana sintetiza la supervivencia de un franquismo maquillado

El caso Palau, ese alambique de comisiones y enriquecimientos criminales a resguardo de la música, para la mayoría social catalana sintetiza la supervivencia de un franquismo maquillado, confortablemente instalado en las nuevas instituciones democráticas. Barcelona no aplaudió a los corruptos como hemos evidenciado con estupor en otras ciudades españolas. El caso Palau dinamitó la inocencia de la clase media catalana. En su imaginario la música clásica ya no sólo suponía una aspiración estética, sino también el escondrijo de unos cuantos saqueadores a la sombra del arte. Mientras se interpretaban las partituras de Schubert, Beethoven o Mozart, los corruptos no cesaban de maquinar y ejecutar escrupulosamente su plan de expolio. La música más excelsa prestó así su ayuda -inconsciente- a la trama más corrupta y antiestética. Un fraude multimillonario destinado a sufragar bodas, viajes, influencias, redes de contactos, financiación política y el enriquecimiento criminal de sus autores. Esta fealdad instalada en los intestinos del Orfeó Català heló los corazones del catalanismo. Una de sus más preciadas instituciones culturales, el Palau de la Música de Catalunya, había servido como tapadera de corruptos desde el año 1998, dos años después del pacto del Majestic, que permitió a Aznar ser presidente del gobierno con el apoyo de CiU. El silencio del expolio en el subsuelo de conciertos de cámara sublimes y sinfonías maravillosas.

Las diligencias judiciales del Palau entroncan con la primera fase de la lucha contra la corrupción sistémica en España. Al principio (2009-2013), tras el 15M y la explosión del caso Blesa, el Partido Popular negó los hechos, sin más, arropado por campañas mediáticas grotescas. En una segunda fase (2014-2016), el Gobierno Central tuvo que ir asumiendo la realidad de cientos de causas penales emparentadas con la clase política y su propio partido. Durante este período, sobrevivió el caso Blesa fragmentado, se impulsó el caso Gürtel y otros procedimientos penales igualmente expresivos de la severa degradación reinante, tales como el caso ERE, Púnica, o Nóos. Actualmente, en una tercera etapa, la corrupción se ha ido apagando a nivel mediático por el conflicto suscitado, en torno al “Procés” independentista, entre los Gobiernos central y de Catalunya.

El caso contra la mafia en el Palau se inició en el año 2009, en virtud de la querella presentada por fiscalía siendo Cándido Conde-Pumpido Tourón Fiscal General del Estado. Esta causa, no sólo ha dado a luz un ejemplo enciclopédico de cómo saquear las arcas públicas, sino que además ha estigmatizado a la extinta CiU, formación que fue clave para el independentismo y la supervivencia del bipartidismo (Pacto del Majestic). Frente a las otras tres grandes causas sobre corrupción sistémica (casos Blesa, Gürtel o ERE), en el caso Palau no destaca tanto la forma perniciosa de gestionar intereses ajenos, como el estigma en el soberanismo catalán.

Para la Catalunya independentista no existe en España una democracia homologable con las que rigen en Gran Bretaña, Francia, Alemania o Italia

Muchas personas entendemos que un cambio político en España es posible, al menos en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad. Pero quizá sencillamente pensemos así porque, no siendo independentistas, optamos por el autoengaño. Para la Catalunya independentista no existe en España una democracia homologable con las que rigen en Gran Bretaña, Francia, Alemania o Italia. Sí, Italia. Imagínense a Silvio Berlusconi explicando a Aznar la forma en que procedió contra él la fiscalía italiana, incluso siendo primer ministro. Quien ha sido más duramente condenado en el caso Palau, Fèlix Millet, ha sido relacionado precisamente con Aznar. De hecho, en la instrucción de la causa, la acusación popular intentó ampliar la imputación a una posible trama de traspaso de fondos a favor de la FAES catalana (Instituto Catalunya Futur), anclada en sobrecostes de obras en el Palau asumidos por el Ministerio de Cultura. Como esta pretensión de la acusación popular (FAVB) fue rechazada, al día de hoy, seguimos ignorando quienes fueron los donantes anónimos de la FAES catalana durante los años 2003 y 2004, período en que Millet se convirtió en patrono de la misma.

Los hechos iniciales del Caso Palau se remontan al año 1998. En cierto modo, la noticia más destacada en relación con la sentencia recaída en esta causa es su fecha: “29 de diciembre de 2017”; es decir, unos 20 años después del inicio de la trama criminal. Si la investigación policial y judicial hubiese desplegado -a tiempo- mayores medios, a nivel de intervención de comunicaciones, quién sabe hasta donde se hubiera llegado. Resulta difícil comprenderlo. Cómo es posible que la densa trama descrita en los hechos probados de la sentencia no fuese detectada antes, ni por la Agencia Tributaria, ni por el supervisor estatal (Ministerio de Cultura o Banco de España), ni por ninguna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tan siquiera por el “Tribunal de Cuentas”. Consta en la sentencia del Caso Palau que, en enero de 2002, ya se había presentado “denuncia anónima” ante la Inspección Regional de Hacienda en la que se mencionaba que “en la Fundació del Palau existía un alto grado de corrupción, operando con una doble contabilidad y manejando grandes cantidades de dinero en negro para beneficio propio de Millet y sus colaboradores (cruceros, viajes, mercedes 500, etc.), aparte de obras y servicios en sus viviendas y residencias particulares que camuflaban en facturas a cuenta de la Fundació. También se señalaba que eran numerosas y cuantiosas las comisiones que cobraban por la contratación de obras y servicios”.

Tras la denuncia anónima ante la Inspección Regional de Hacienda, tardó siete años en activarse el poder judicial

Enero de 2002. Hace 16 años era ministro de hacienda el mismo que hoy, Cristóbal Montoro, en un gobierno presidido por José María Aznar. Pero las diligencias judiciales del caso Palau no se incoaron por el Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona hasta el día 20 de julio de 2009, durante el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero. Es decir, tras la denuncia anónima ante la Inspección Regional de Hacienda, tardó siete años en activarse el poder judicial ¿Cómo se explica que las supremas instituciones represivas del Estado tardasen “siete años” en reaccionar judicialmente, frente a hechos de tan exorbitante carácter criminal? ¿Qué pensará sobre lo sucedido el citado denunciante anónimo? ¿Cayeron más denuncias en saco roto?

La máxima responsabilidad en la lucha contra las tramas de corrupción sistémica que pululan por España corresponde, sin la menor duda, a las cúpulas de las instituciones represivas del Estado, con sede en Madrid. Si pensásemos lo contrario, que la trama del Palau es asunto exclusivo de Catalunya, es como si la reconociéramos independiente, no a nivel territorial, pero sí para delinquir. Me refiero a una trama corrupta que en sus comienzos fue chusquera, movió mucha pasta en “cash”, y prácticamente procedió al aire libre. Hasta que Gemma Montull no se incorporó a la mafia del Palau, éste no comenzó a ser fagocitado de forma sofisticada. Cuesta trabajo asumir que el aparato supervisor y represivo del Estado no se enterase de lo que estaba sucediendo ¿Ningún indicio durante tantos años, ninguna sospecha policial fundada, ninguna filtración o denuncia anónima?

¿Por qué la eminente responsabilidad en la lucha contra la corrupción corresponde al Gobierno Central? Porque es el único que dispone de un ejército de medios personales dotados legalmente para la prevención y represión del delito. Ante el más mínimo hecho lesivo cualquier hospital remite de inmediato comunicación o parte médico a la autoridad judicial. Esto sucede mecánicamente para los delitos de sangre ¿Por qué no se procede de igual modo con los delitos económicos? ¿No interesa proteger a los denunciantes de estas tramas criminales? El pasado 3 de enero el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) determinó, en relación con la lucha contra la corrupción, que España aún no ha implementado ninguna de las 11 recomendaciones que el propio Grupo emitió en 2013.

¿Y la responsabilidad de los corruptores privados? El caso Palau apenas ha profundizado en la responsabilidad penal de los supervisores corporativos, desde la perspectiva de la administración desleal que consiente, con la mayor pasividad, alertas delictivas en el seno de la empresa. La corrupción y los corruptores suelen bailar muy coordinadamente el negro vals del expolio. Sin embargo, la cortina de humo de la indignación pública contra los gestores políticos, suele dejar al margen de estas tramas delictivas a los corruptores, quienes al fin y al cabo son el motor principal que alimenta esta lacra.

La corrupción en el sector público ha sido el vínculo genético entre la dictadura franquista y la democracia del 78

La sentencia del Caso Palau, que no es firme, con toda seguridad será recurrida. Para cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia, quizá la opinión pública ya no retenga el relato de este caso. Por primera vez se condena a una formación política que se comprometió con el bipartidismo del Régimen. Resta saber qué pasará con los principales protagonistas, el PP (caso Gürtel) y el PSOE (caso ERE). La corrupción en el sector público ha sido el vínculo genético entre la dictadura franquista y la democracia del 78. Ninguna Comunidad Autónoma se ha librado de los rasgos congénitos que lastran a nuestra democracia, especialmente por lo que se refiere a la ausencia de división de poderes y la consagración del reino de la impunidad. Así se explica el hundimiento de las Cajas de Ahorros, el rescate bancario y una corrupción galopante mantenida durante decenas de años. Nadie se ha librado. Catalunya tampoco.

 
Elpidio José Silva | Elpidio José Silva
Ex magistrado
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