(in)DEPENDENCIA JUDICIAL

30 May

El PP ocupa los puestos clave de la justicia asediado por la corrupción

Nuevos nombramientos

De http://www.ELDIARIO.ES/politica/Partido-Popular-coloniza-judicial-corrupcion_0_647436298.html

El Partido Popular se está sirviendo de un instrumento heredado de su mayoría absoluta, el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para ocupar con afines la cúpula judicial, a pesar de gobernar en minoría y mientras proliferan grandes investigaciones por corrupción en su contra.

En un plazo de ocho días, los vocales del CGPJ propuestos por el PP en 2013 han votado a favor de ubicar en dos de los puestos más importantes de la Audiencia Nacional a Concepción Espejel y Enrique López, magistrados que comparten haber sido apartados a la vez por sus propios compañeros de los tribunales que están juzgando y juzgarán casos de corrupción del PP, con el argumento de su proximidad a la formación política en el Gobierno.

En el método empleado para elegir a Concepción Espejel no ha habido rodeos por tratarse de un nombramiento discrecional. Aspiraban seis magistrados y el bloque mayoritario ha optado, entre los jueces conservadores, por aquella a la que la secretaria general del PP llamó “querida Concha”, durante discurso con motivo de una condecoración.

Solo Vicente Guilarte, propuesto como vocal por el PP, ha optado por Carmen Lamela, una candidata que desde el bloque progresista se apreciaba de consenso. Los otros 11 conservadores, incluido el juez que el Gobierno de Mariano Rajoy designó para presidir el Poder Judicial, Carlos Lesmes, han votado a Concepción Espejel. La magistrada Manuela Fernández de Prado, con 25 años de experiencia “ininterrumpida” en la Audiencia Nacional, como ha recordado Jueces para la Democracia (JpD), ha recibido el apoyo de 8 vocales progresistas. JpD ha calificado de “demoledor” el mensaje que se envía a los jueces con el nombramiento de Espejel.

La presidenta de la Sala de lo Penal está facultada para abocar a pleno las resoluciones que considere, arrebatando así la decisión a una sección determinada y poniéndola en manos del conjunto de magistrados de esa Sala, de mayoría conservadora. Espejel, hasta ahora presidenta de la Sección Segunda, integrará la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, influirá con sus decisiones sobre el reparto de los asuntos entre unas secciones y otras y presidirá ella misma la Primera. También influirá en los señalamientos de juicios, una cuestión aparentemente administrativa, pero que puede resultar determinante en qué magistrados integren un tribunal, según su disposición en ese momento.

Ingeniería administrativa para López

La elección de Enrique López ha necesitado de otra ingeniería más complicada que en el caso de Espejel. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional era una exigencia de los organismos internacionales desde casi su fundación. El Partido Popular hizo un amago de creación al final del mandato de Aznar, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando éste se ha concretado.

En medios jurídicos cunde la indignación por los elegidos para ocupar un tribunal con tanto poder y de tanta exigencia jurídica apenas tengan experiencia en poner sentencias. La Sala de Apelaciones revisará en sus fallos todos los que haya dictado previamente la Sala de lo Penal de los casos que comiencen a instruirse a partir del próximo 1 de junio.

El criterio impuesto desde el Gobierno para que López y Velasco hayan llegado a la Sala de Apelaciones es que los magistrados que integren el tribunal tengan la especialidad en penal. En la polémica abunda que esa especialidad solo se les reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo.

El número uno de esta convocatoria fue Ramón Sáez, magistrado progresista de gran experiencia, exvocal del CGPJ a propuesta de IU y ponente en los últimos tiempos del fallo que absolvió en la Audiencia Nacional a los manifestantes que rodearon el Parlament de Cataluña en mayo de 2011. El CGPJ debió convocar después una nueva oposición, pero nunca llegó a hacerlo.

Por tanto, entre los doce que ostentan la única especialidad en penal reconocida están Enrique López y Eloy Velasco. Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implica que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo, con el expresidente autonómico Ignacio González en el centro.

Segundo ascenso con una renuncia de por medio

La insistencia del PP con Enrique López se remonta a la pelea que durante años mantuvo por ubicarle en el Tribunal Constitucional, a pesar de la oposición frontal del PSOE, que alegaba no reunía los méritos exigidos. En 2013, con la mayoría absoluta del PP, llegó el momento de su desembarco en el Constitucional, pero un año después el magistrado se vio obligado a dimitir tras ser sorprendido conduciendo borracho su moto y sin casco por el centro de Madrid. La Ley permitía su reingreso inmediato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En dos años y medio, López ha vuelto a ascender, ahora a la nueva Sala de Apelaciones, de la que resta por elegir a su presidente. Será, como en el caso de Espejel, una elección discrecional. Hasta entonces, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, presidirá provisionalmente el tribunal. Navarro aparece en la fotografía que ilustra esta información detrás de Espejel, aplaudiendo como Cospedal. En aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En los próximos meses cabe un nuevo movimiento que afecta a otra ubicación clave en el sistema judicial español, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los cargos políticos y otros aforados. Dos puestos están vacantes ya, uno más lo estará en las próximas semanas y en noviembre se marcharán cuatro magistrados eméritos, tres de ellos progresistas. Si la mayoría conservadora del CGPJ impone a sus candidatos en las tres plazas a cubrir, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se escorará todavía más a la derecha.

jueces y fiscales nombraod spor gobierno

Marchena, el ‘cerebro’ en la sombra

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es considerado desde el sector progresista de la judicatura la cabeza pensante detrás de todos los movimientos de piezas que se están produciendo en el sector judicial. Según fuentes del caso, Marchena llamó al teléfono móvil del juez Eloy Velasco mientras tomaba las primeras declaraciones de detenidos en la Operación Lezo para advertirle de que iban a intentar apartarle del caso por el puesto que desempeñó su mujer en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio González. Como consecuencia de ello, Velasco preguntó a González y su defensa si querían que se apartara.

Una de las plazas pendientes de convocar el Tribunal Supremo es la de José Manuel Maza, el primer fiscal general del Estado reprobado en la historia de la democracia española, tan solo seis meses después de ser nombrado por el Gobierno. Maza no era la primera opción para el Ejecutivo, que pretendía renovar en el puesto a Consuelo Madrigal. Sin embargo, la negativa de ésta a designar puestos claves en el Ministerio Público hizo cambiar de postura al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Uno de esos puestos era el de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, para el que fue elegido Manuel Moix. Antes de nombrarlo, Maza fue advertido por la teniente fiscal de Anticorrupción y por la Unión Progresista de Fiscales de que iba a nombrar alguien a quien el principal acusado de la Operación Lezo, Ignacio González, alababa en las intervenciones telefónicas y del que sabía que iba a ocupar el puesto tres meses antes. Maza ignoró el aviso. La pasada semana Moix fue reprobado en el mismo pleno que Maza y el ministro Catalá, el pasado 16 de mayo.

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El PP toma las tres colinas judiciales

El nombramiento de Concepción Espejel al frente de la sala penal de la Audiencia culmina la conquista conservadora de la Justicia

de http://politica.ELPAIS.COM/politica/2017/05/27/actualidad/1495882623_027820.html

María Dolores Cospedal impone la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Concepción Espejel en febrero de 2014.

Cospedal impone la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Concepción Espejel en febrero de 2014. EFE

 

El nombramiento, el pasado jueves, de la magistrada Concepción Espejel, considerada afín al PP, como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha culminado la conquista conservadora de los puestos políticamente más sensibles del Poder Judicial. A las “dos colinas” de las jefaturas de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tomadas el pasado marzo por Manuel Moix y Jesús Alonso, supuestamente más cómodos para el Gobierno que sus antecesores, Antonio Salinas y Javier Zaragoza, se une el control de la sala encargada de enjuiciar casos de corrupción como Gürtel, Púnica o Lezo y de resolver los recursos contra las resoluciones dictadas por los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional.

“Su designación es una muestra más de las intenciones por parte de responsables políticos de controlar el poder judicial”, sostiene Ignacio González Vega, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “No creo que la intención política de controlar la Justicia haya sido desde 1978 más groseramente evidente”, se lamentaba el viernes en Twitter el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada.

Concepción Espejel —“Querida Concha” para la número dos del PP, Dolores de Cospedal, encargada de entregarle en 2014 la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción del mundo del Derecho— es una magistrada muy valorada por los conservadores. En 2008, tras forzar, como presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, que se investigara a varios políticos socialistas por negligencia en el incendio de Riba de Saelices, en el que murieron 11 bomberos, Cospedal entró como vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP en el Senado.

Esta condición de vocal judicial integrada en el bloque conservador, que mantuvo hasta enero de 2014, fue clave para que sus compañeros de la Sala de lo Penal aceptaran su recusación y la apartaran del juicio del caso Gürtel, que se celebra desde octubre pasado. Los magistrados entendieron, por diez votos contra ocho, que su aparente cercanía al PP comprometía la imagen de imparcialidad que tiene que dar la justicia. Ahora los presidirá a todos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a los presidentes de Sala, de un modo genérico, “la dirección e inspección de todos los asuntos”. También les encomienda adoptar, “en su ámbito competencial”, las resoluciones “que la buena marcha de la Administración de Justicia aconseje”. Como presidenta de la Sala, Espejel podrá, si lo desea, presidir cualquier juicio de la Sala de lo Penal y reordenar la composición de las secciones del tribunal.

“Queda más o menos claro que en lo único que no se puede meter en la capacidad de decisión de cada Sección”, afirma un magistrado de la Audiencia Nacional. Espejel también dispone de los superpoderes del artículo 197 de la misma Ley, que le permiten llevar los asuntos que considere oportuno al Pleno, formado por una veintena de magistrados, para que este órgano adopte la decisión final. Fuentes judiciales temen que Espejel tenga un perfil intervencionista durante su mandato, en el que sucede a Fernando Grande-Marlaska. “Siendo simplemente presidenta de la Sección Segunda Espejel ha usado generosamente cuando le ha convenido de estos superpoderes del artículo 197”, señala el mismo juez bajo promesa de anonimato.

El nombramiento de Espejel por 11 votos contra 10, ha obligado a llamar a la disciplina a los vocales conservadores del CGPJ y ha coincidido con una época de fuerte crispación en la justicia. El supuesto intento del Gobierno de atar corto a jueces y fiscales en medio del recrudecimiento de los casos de corrupción –latentes, pero no cerrados, durante los meses electorales de 2016- ha desembocado en la reprobación del ministro Rafael Catalá, del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. Este último, valorado por el encarcelado presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como un “tío serio y bueno”, ha mantenido en las últimas semanas enfrentamientos con algunos de sus subordinados, en especial con los fiscales del caso Lezo, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá.

El cuadro de ocupación conservadora de los puestos claves –una versión extrema de la que llevaron en el pasado los gobiernos del PSOE– se completa con una cuarta colina, desconocida hasta ahora: la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. A este nuevo órgano, encargado de revisar en segunda instancia las decisiones de la Sala de lo Penal, ha accedido Enrique López, otro juez notoriamente próximo al PP, que lo situó como vocal del CGPJ y luego lo aupó al Tribunal Constitucional. López, autor de medio centenar de ponencias para la Fundación FAES, antiguo vivero ideológico del PP, también fue apartado del caso Gürtel.

 

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