LA AGONÍA DEL ESTADO DE DERECHO

27 Feb

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En los años 80´ del pasado siglo Alfonso Guerra dijo aquello de “Montesquieu ha muerto”. Lo que parecía otra boutade del entonces ubicuo y lenguaraz número dos del PSOE amenaza hoy con convertirse en una triste realidad.

Conviene recordar que el Estado de Derecho – concepto retomado de la antigua Grecia, definido como tal por los filósofos de la Ilustración (caso del propio Montesquieu) y llevado a la práctica tras la Revolución Francesa en determinados países de Occidente – significa que una sociedad ha de regirse por leyes justas y racionales en pos de un objetivo tan loable como la democracia, contrastando con esos sistemas políticos donde en puridad solo cuenta el capricho de un dictador o la arbitrariedad de un rey absoluto. El Estado de Derecho es, pues, aquél en que toda acción estatal encuentra sustento en los principios establecidos en una Carta Magna, viene avalada por su normativa y es aplicada a través de los órganos de gobierno electos por mandato popular que conforman los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), creándose así unas garantías con las que ahondar en los derechos sociales de la ciudadanía sin olvidar, claro está, el cumplimiento de sus correspondientes deberes.

Ni que decir tiene que, desde el siglo XVIII, su praxis siempre ha resultado accidentada e imperfecta. Sin embargo, en vez de ir perfeccionándose, en las últimas décadas estamos asistiendo a una lenta pero constante erosión de éste que habría de ser sagrado e inviolable concepto por hechos (la élite corporativa se va de rositas mientras sistemáticamente se beneficia de corruptelas y perpetra fraudes masivos contra una gente que, de forma inmisericorde, es castigada por delitos mucho menores; los bancos pueden estafar sin ningún rubor a sus clientes sabiendo que, si las cosas se ponen feas, al final serán rescatados con dinero público, etc., etc.) que creo casi todos tenemos en mente, desprendiéndose de su significado real hasta el punto de convertirse casi en un mero significante, un fruto hueco o una especie de mantra que a diario nos repiten de forma machacona quienes precisamente no parecen tener complejo alguno en vulnerarlo con total impunidad, dando como resultado la anomia y el autoritarismo solapado.

Al punto que la afirmación comúnmente extendida de que la llamada democracia liberal-parlamentaria atraviesa hoy una crisis cuasi sistémica empieza a resultar ya una obviedad, pues hace mucho que las clases populares se dieron cuenta de que los parlamentos dejaron de ser aquellos foros donde antaño se debatían aspectos como la razón pública o el interés común para convertirse en meras cámaras formales de intereses partidistas ligados a los lucrativos negocios de esos grandes consorcios económicos que nunca se presentan a las elecciones. O que, salvo honrosas excepciones, la justicia se aplica con una doble vara de medir escandalosa dependiendo de si el reo pertenece o no al establishment.

 

Así entendida, esta “democracia” aparece cada vez menos como la forma de gobierno donde el pueblo sea en última estancia el detentador del poder soberano. Antes bien, al contrario, aparece como un instrumento con el que dar cobertura legal a quienes, en la sombra, manejan los hilos y en última instancia rigen nuestros destinos. En otras palabras, la continuación de la tiranía por otros medios. Más sutiles sí, pero igual de perversos.

El jurista y politólogo Hermann Heller (1891-1933) escribió con gran lucidez que “Apoyar un estado de derecho vacío de contenido sólo puede conducir al totalitarismo”. No vivió para verlo, pero la Alemania de Weimar (cuya Constitución, en un gesto nada casual, Hitler ni se molestó en abolir) desembocó ella solita en el Tercer Reich. Desde luego, perspectivas de este calibre deberían hacer reflexionar a más de uno antes que sea demasiado tarde.

 

                                                                                          RICARDO HERRERAS

 

 

 

 

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