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ENCUESTAS 

26 Nov

encuestas

 

A medida que Trump sumaba victoria tras victoria en los Estados clave, se disparaba el desconcierto de los especialistas en sondeos. El enésimo fiasco de las mediciones electorales (clamoroso en el referéndum británico y ahora abrumador cuando las mismas seguían hablando durante la misma noche de las votaciones de una clara victoria de Clinton) marca uno de los puntos más bajos en su credibilidad para casi todo el mundo. Y las justificaciones (que si el voto oculto, que si la volatilidad, que si la varianza, etc.) a muy pocos convencen ya. ¿Simple coincidencia entonces que de un tiempo a esta parte fallen más que una escopeta de feria? No lo creo.

Los interesados alegan que, con el factor humano de por medio, es mucho más fácil predecir el tiempo que un resultado electoral. Lo cual sería exacto si no fuera porque los pronósticos del tiempo se hacen por científicos objetivos y la mayor parte de los sondeos, digámoslo claro, se hacen más con la intención de influir en el resultado de los comicios que con el propósito de predecirlo.

Examinadas con detenimiento, las encuestas caminan muy cerca de quienes las pagan y encargan. Esto es, empresas vinculadas a grupos mediáticos volcados en establecer líneas editoriales al servicio de sus todopoderosos dueños y a directores de campaña locos por decir a sus jefes lo que quieren oír meses antes incluso de celebrarse las jornadas electorales. En otras palabras, que están bastante lejos de poder considerarse objetivas al tratarse de meras estrategias de mercadotecnia para posicionarse, fortalecer a un determinado candidato o condicionar el voto entre la ciudadanía.

Lo de tratar de aparentar un resultado que provoque una inercia de voto a favor de quienes conviene (en USA “convenía” que ganara Hillary tanto como en Gran Bretaña lo era que ganara el remain) es algo más viejo que la cuchara. Lo de inflar las expectativas de voto de algún candidato para provocar en realidad el efecto contrario canta y mucho. Lo de buscar el voto útil (“¿para que voy a votar a éste si las encuestas dicen que no va a ganar? Para eso voto a los de siempre como mal menor”) lo ve hasta un ciego. Excepto al parecer quienes las elaboran, los cuales viven tan alejados del pueblo y próximos al poder que no parecen enterarse de que últimamente entre la gente están en unos niveles de respeto similares a los de muchos políticos, periodistas, economistas y agencias de rating. O sea, a la altura del subsuelo.

En última instancia, las razones de tanto resultado “sorprendente” sólo se pueden achacar a la insoportable presión que ejercen los propios medios de comunicación sobre los ciudadanos para que tomen la decisión que interesa a los poderes fácticos, lo que les lleva a “precocinar” encuestas lo mismo que a magnificar unas noticias sobre otras o a manipular informaciones con tal de crear el estado de opinión “correcto” en cada momento, obligando a muchos ciudadanos a “esconder” los votos que se consideran políticamente incorrectos o incluso vergonzantes (el caso de los electores del PP en España es arquetípico) para no ser afrontados por la opinión pública. Por eso éstos ocultan tantas veces sus intenciones cuando no directamente mienten al ser consultados por los encuestadores. Sin olvidar que, a diferencia de las nubes en las predicciones meteorológicas, los votantes sí pueden modificar su comportamiento después de leer unas encuestas que en el fondo son al mismo tiempo instrumentos de observación y de alteración.

Así las cosas, lo ocurrido en USA podría marcar el fin de las estimaciones de voto como factor determinante cara a futuras citas con las urnas, tanto para los candidatos como para los electores. Incluso puede que haya llegado el momento de intentar regular su ejercicio por medio de mecanismos públicos garantistas e imparciales, por qué no, ante tanto chanchullo, cachondeo y tomadura de pelo.

 

 

RICARDO HERRERAS

 

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El Gobierno modifica la normativa sobre contratación pública,que bajo el pretexto agilizar el procedimiento, va a perpetuar las malas prácticas de los partidos gobernantes y de los gestores de los contratos

26 Nov

El Gobierno modifica la normativa sobre contratación pública ,bajo el pretesto agilizar el procedimiento y favorecer la competencia. Pero en realidad es una enorme falacia que va a perpetuar  las malas prácticas de los partidos gobernantes y de los gestores de los contratos

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de http://NOTICIAS.JURIDICAS.COM/actualidad/noticias/11473-el-gobierno-modifica-la-normativa-sobre-contratacion-publica-para-agilizar-el-procedimiento-y-favorecer-la-competencia/
25/11/2016 17:31:26 | CARLOS FH – REDACCIÓN NJ | CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Gobierno modifica la normativa sobre contratación pública para agilizar el procedimiento y favorecer la competencia

 

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Proyectos de Ley a través de los que se van a transponer a la legislación española tres Directivas comunitarias sobre contratación pública.

El primero de dichos Proyectos regula la contratación del sector público en general, mientras que el segundo lo hace con las especialidades en materia de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. De este modo, la nueva Directiva de concesiones se incorpora a estas dos normativas sin que se apruebe una específica en esta materia.

Vencimiento del plazo para la transposición de las nuevas Directivas

En febrero de 2014 la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de tres Directivas de contratación:

– Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
– Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
– Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

Las dos primeras revisan las dos Directivas actualmente en vigor (Directiva General sobre contratación pública y Directiva de la contratación en los sectores agua, la energía, los transportes y los servicios postales), mientras que la tercera Directiva es nueva y se refiere a los contratos de concesión.

Aunque la tramitación de los Proyectos de Ley finalizó en marzo de este año, no pudieron ser remitidos a las Cortes con anterioridad por estar el Gobierno en funciones. En este momento su tramitación y aprobación es urgente ya que se ha sobrepasado el plazo de transposición máximo previsto, que concluía el pasado 18 de abril, por ello para la tramitación parlamentaria de ambos Proyectos de Ley se ha solicitado el procedimiento de urgencia.

Objetivos y novedades de la reforma

Los objetivos esenciales y principales novedades de ambos proyectos de Ley son los siguientes:

1. Reducción de las cargas administrativas y agilización de los procedimientos de contratación pública

Se pretende una reducción general de los plazos de tramitación, junto con una utilización preferente de medios electrónicos, informáticos y tecnológicos.

En particular, cabe destacar la generalización del uso de las llamadas “declaraciones responsables” en las que el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.

2. Aumentar la competencia y permitir un mayor acceso de las PYMEs a la contratación pública

Para ello se incentiva que los contratos se dividan en lotes.Frente a la actual normativa, que exigía que se motivara la existencia de diversos lotes en un contrato, a partir de la nueva Ley, el principio será el contrario y se deberá justificar como excepcional el hecho de que no exista división de los contratos en lotes.

Se restringe la utilización de los llamados “medios propios” (entidades creadas por una Administración o poder adjudicador para la realización de determinadas actividades sin someterse a un procedimiento de contratación). En la nueva Ley aumentan las exigencias para garantizar que la utilización de estos medios propios está justificada y no atenta al principio de libre competencia.

Se posibilita que el órgano de contratación exija, como criterio de solvencia de los licitadores, el que el periodo medio de pago a sus proveedores no supere los límites que se establezcan.

3. Mejora de la publicidad y transparencia y lucha contra la corrupción en los contratos públicos.

Se aprueba una nueva regulación más rigurosa de las prohibiciones de contratar (por ejemplo, no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares) y se incluye en el ámbito subjetivo de la Ley a los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales cuando se financien mayoritariamente con fondos públicos, lo que les obligará, en determinados supuestos, a adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público.

Para fomentar la publicidad en la contratación pública se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía (que no tiene publicidad) creándose un nuevo procedimiento, el Abierto Simplificado, con una duración del proceso de contratación muy breve (alrededor de un mes) pero que será totalmente transparente, con publicación obligatoria.

Además, con carácter general, se establece una previsión de que los órganos de contratación están obligados a tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción, y a prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en un contrato público.

4. Utilizar la contratación pública como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo

Por ejemplo, en materia medioambiental se exigencertificados de calidad a los licitadores para acreditar su experiencia o su “buen hacer” en el ámbito de la protección del medio ambiente y, en materia social, se establece la posibilidad de reservar contratos públicos para Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Social.

En cuanto a la I+D, el Gobierno considera muy relevante la regulación de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado “de asociación para la innovación”, encaminado a dar cobertura a necesidades públicas que no se puedan satisfacer con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, exigen la realización de actividades de investigación y desarrollo en obras o servicios.

Previa selección de los candidatos, en la primera fase se contrata el desarrollo de los proyectos de I+D, que dispondrán de la correspondiente financiación y, finalmente, se analizan los resultados alcanzados y se adjudica el contrato de adquisición del bien o servicio a una o varias de las empresas de acuerdo con los criterios objetivos previstos en el pliego.

5. Mejora de la supervisión y la cooperación con otras Administraciones territoriales

Se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, un Comité de Cooperación con participación de Comunidades Autónomas y de la FEMP.