ABOGADOS DEL ESTADO, otra perversion democrática

9 May

 

foto abogado estado

De TIC-TAC periódico por un tiempo mejor nº 11 Abril 2016

 

 

Rafael Silva, ATTAC

      Según mis anquilosados esquemas mentales, no acabo de entender ciertas aberraciones del mundo actual… A ver: ¿para qué estudia un odontólogo, un arquitecto? ¿Para qué lo hace un Abogado del Estado? Se supone que estudia y ejerce su profesión para defender los intereses del Estado, en sus diferentes empresas, organismos, departamentos y administraciones. Pues resulta que los datos nos dicen que tenemos un alto número de Abogados del Estado en excedencia, trabajando para las más grandes empresas privadas del país…¿para qué? La conclusión está clara: para que defiendan sus intereses ante  posibles demandas del Estado.

 

       Pero…¿ no habían sido preparados para actuar a la inversa? ¿Dónde nos hemos perdido? ¿Es eso normal en una sociedad madura y democrática?

 

     Los datos son claros e incontestables. Según el ultimo listado publicado por el Ministerio de Justicia (marzo del año 2012), de los 657 Abogados del Estado que tenían asignada plaza en dicho año, el 10,6% de estos trabajadores públicos de la élite funcionarial española, que conocen al dedillo todas las tripas, vericuetos y debilidades de nuestra Administración, han solicitado excedencia para ponerse al servicio de los intereses de las grandes compañías del índice bursátil que congrega a la élite empresarial de nuestro país.

 

   Y nadie se escandaliza. Todo se contempla  desde la más absoluta normalidad.

 

     Por supuesto, estos Abogados del Estado se incorporan a las respectivas empresas con unos honorarios muy superiores a los que tenían en el sector público, derivando en asesorar a estas grandes empresas y defenderlas ante los pleitos que pueda incoar contra ellas cualquier Administración Pública. Además, los Abogados del Estado no están sujetos al típico régimen de incompatibilidades de los altos cargos.

 

     Y por supuesto, durante la última legislatura del Gobierno del PP este fenómeno ha cobrado más vida: actualmente, 25 de las 35 empresas que figuran  en el principal índice bursátil español poseen al menos un Abogado del Estado en sus plantillas. Y tenemos también profesionales de este cuerpo trabajando para la Asociación Española de Banca (AEB), para la patronal eléctrica (UNESA), y para la del gas (SEDIGAS). Personajes de este tipo dirigen empresas que se lucran mediante la  explotación laboral, su implantación en terceros países que no respetan mínimamente los derechos humanos, y son además, los mismos señores o señoras que dirigen el país desde la sombra de sus despachos empresariales, tejiendo un oscuro entramado  de  poder  que  va creciendo y blindando posibles decisiones del Gobierno de turno.

 

         Es como si fuera perfectamente normal y aceptado socialmente, que un operador de los servicios secretos de un país, pudiera pedir excedencia a su Gobierno durante un determinado tiempo, para pasar a prestar esos mismos servicios a otro país. Les aplicaríamos los calificativos de “traidor”, “desertor”, o cualquier otra variante. ¿Por qué entonces se ve normal que las plantillas de las grandes empresas del IBEX-35 estén repletas de Abogados del Estado? Porque en estos casos, no aplicamos el conflicto de intereses relativo a los ámbitos público-privado, como sí lo aplicamos en otros ámbitos (fuerzas políticas, intereses de país, etc.) para las otras profesiones.

 

Es uno de los fenómenos de puerta  giratoria más patentes de nuestra sociedad, y de corrupción más generalizada e institucionalizada. Una auténtica perversión democrática. Desde la izquierda transformadora debemos insistir y ampliar el concepto de “puerta giratoria” para incluir también estos casos, y limitar muy estrictamente el fenómeno de la posible excedencia de los Abogados del Estado que pasan a engrosar los intereses privados.

 

Será otro granito de arena para el engrandecimiento y consolidación de nuestra democracia.

 

tictac1605  n 11 pg3

 

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