Privatizaciones y otras trapalladas varias

13 Oct

de  http://www.pladepu.org/2015/10/la-gerencia-de-servicios-sociales-de.html

La Gerencia de Servicios Sociales continúa privatizando la dependencia en Castilla y León

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León lleva ocho años externalizando el trabajo que deberían realizar funcionarios de la Junta, en vez de eso, se está contratando con empresas como Grupo Norte o Fucoda, lo cual implica privatizar temas tan delicados como el reconocimiento del derecho a dependencia y sus prestaciones económicas, permitiendo que personas contratadas por una empresa tengan acceso a datos protegidos como DNI, patrimonio, conozcan lo que cobran los mayores en dependencia, tramiten sus ayudas individuales a la discapacidad o decidan los criterios de acceso a plazas de residencias públicas, en emergencias sociales. Esto es una vulneración muy grave de la ley de protección de datos, puesto que la información confidencial facilitada por un particular para poder acceder a una ayuda pública, solo puede ser tramitada por funcionarios y empleados públicos que han accedido a su puesto en un proceso selectivo que garantiza la igualdad, el mérito y la capacidad. Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansaremos de repetir que los empleados públicos solo nos debemos a la ley, ello garantiza la independencia y la máxima legalidad y rigor en la tramitación de dichos datos confidenciales que bajo ningún concepto deberían estar en manos de empresas privadas.

Por otro lado, ponemos en tela de juicio las declaraciones del Gerente de Servicios Sociales —Jesús Fuertes— explicando que (palabras textuales) «Fucoda no tramita la dependencia en nuestra comunidad porque eso sería ilegal y solo empleados públicos tramitan dependencia»:
Quien quiera conocer más puede tomarse la molestia de investigar y quizás llegue a la conclusión de que estas personas hacían mucho más que simplemente meter datos en el sistema SAUSS, e incluso podrá averiguar cómo estas personas contratadas por una empresa privada tenían acceso a unidades de red de la Gerencia a las que muchos de los funcionarios del servicio no accedían.

En la actualidad, nuestros jefes han decidido encubrir esta externalización de modo que la contratación de las mismas personas (que han trabajado desde el 2009 hasta ahora en las dependencias de la Gerencia de Servicios Sociales contratadas desde el Grupo Norte y Fucoda) se haga directamente desde la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León con contratos laborales temporales. Denunciamos esta situación. Porque es una forma encubierta de seguir externalizando función pública. Es indefendible que para la gestión de la dependencia en Castilla y León la Junta no disponga de plazas suficientes de funcionarios, y sus políticos prefieren dejarlo en manos privadas recurriendo a todo tipo que triquiñuelas. Esto es ilegal.

Noticia en BurgosDigital: EULEN utiliza las dependencias de la Junta con el consentimiento de la Consejera de Familia.
Cadena SER Hora 14 fin de semana del 14 de junio del 2015, escuchar desde minuto 14:50

de http://www.radioleon.com/web/main/view_notice/34998/le_oacute_n_en_com_uacute_n_exige_se_paralice_el_centro_comercial_de_la_granja_por_sospechas_de_corrupci_oacute_n

León en Común exige se paralice el Centro Comercial de la Granja por sospechas de corrupción

Desde León en Común recuerdan que el plan parcial para esa zona ha sido recurrido ante el TSJ y que la empresa promotora del centro está siendo investigada en Andalucía por un supuesto fraude de ayudas públicas

menos revise el proyecto para levantar un nuevo centro comercial en la zona comprendida entre La Granja y La Serna que albergará, entre otros negocios, la primera tienda de la multinacional Decathlon en la provincia. Recuerdan que el TSJ debe pronunciarse sobre la legalidad del plan parcial de ordenación de la zona por supuestas ilegalidades. Por si esto fuera poco, el concejal Santiago Ordóñez alerta de que uno de los promotores de este plan es el exinterventor de la Diputación, Manuel Jesús López, imputado en la Trama Púnica

A esto hay que sumar, dicen desde León en Comñun, que la empresa promotora del centro comercial está siendo investiga por el supuesto fraude de 10 millones de euros de ayudas públicas recibidos de la Junta de Andalucía. Además Bogardis está vinculada a Manuel Pimentel, que para el que la Fiscalía ha pedido la imputación en el caso de los EREs de Andalucía

de http://www.eldiario.es/economia/Competencia-oculta-reuniones-cupula-empresas_0_439556775.html

Competencia oculta las reuniones de su cúpula con las empresas a las que regula

La CNMC no actualiza desde julio la relación de reuniones mantenidas por sus consejeros y directores con las compañías a las que regula, pese al compromiso expreso de hacerlo “cada mes” 

En este periodo, la CNMC ha examinado las comisiones de la banca a los cajeros o la regulación del autoconsumo que acaba de aprobar Industria, entre otros asuntos controvertidos

El presidente, la vicepresidenta y uno de los consejeros son proactivos en la remisión de esta información, pero otros vocales son mucho más reticentes

Apagón informativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la hora de informar de las reuniones mantenidas por su cúpula (directores de área y miembros del consejo de administración) con los directivos de las empresas y asociaciones profesionales a las que regula. Elsúperregulador de los mercados (competencia, energía y telecomunicaciones, sector audiovisual y postal, entre otros) lleva sin actualizar esta información desde el mes de julio.

Aunque hay que tener en cuenta que el mes de agosto fue inhábil a todos los efectos, la información disponible es desde hace meses, incompleta. La obligación de dar publicidad a estas actuaciones está contenida en el artículo 37 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, que establece que el organismo difundirá “las reuniones de los miembros de la Comisión con empresas del sector, siempre que su publicidad no afecte al cumplimiento de los fines que tiene encomendada”.

La norma no establece ningún plazo para hacerlo, pero la entidad asegura en su web que “para dar cumplimiento a dicho mandato la CNMC publicará cada mes las reuniones que sus consejeros y directores hayan mantenido con empresas durante el mes anterior”. Competencia proclama su compromiso de “máxima transparencia informativa, que responde no sólo al mandato legal contenido en la Ley 3/2013, sino al convencimiento de que la difusión de los temas relacionados con el ámbito de actuación del organismo es, en sí misma, un instrumento para el buen funcionamiento de todos los sectores económicos”. Pero está incumpliendo su promesa.

El pasado viernes, a preguntas sobre este asunto, fuentes del organismo aseguraron que los datos se publicarán el próximo martes, 13 de octubre. El retraso se explica porque la entidad está a cosas más urgentes. La razón, apuntan fuentes no oficiales, está en un atasco en la secretaría general, que visa toda la información antes de remitirla al departamento de Comunicación.

Consejeros poco transparentes

Las últimas reuniones que constan en la web del organismo son cuatro encuentros del pasado julio con responsables de Antena 3, Orange, el operador de oleoductos CLH y la empresa naval Navantia. Desde entonces, no hay más datos. Se da la circunstancia de que varios de los consejeros del organismo son muy reacios a facilitar esta información. Los más proactivos son el presidente, José María Marín Quemada, la vicepresidenta,  María Fernández Pérez, y uno de los consejeros, Diego Rodríguez. Así que es muy posible que haya reuniones que no se han dado a conocer.

Este verano, la CNMC ha examinado cuestiones de gran interés para la ciudadanía: entre otras,  una millonaria multa (171 millones de euros) a 21 marcas de automóviles por vulnerar la competencia tras un chivatazo de Volkswagen, hoy en la picota por su escándalo de fraude de emisiones; las comisiones de la banca por el uso de cajeros automáticos, o la fase final de la tramitación del polémico Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. En julio, Voz Pópuli reveló que uno de los consejeros del organismo, Eduardo García Matilla, ocultó al Parlamento y a la CNMC que había recibido cobros millonarios de Telefónica, una de las empresas a las que supervisa, antes de incorporarse al regulador.

Marín Quemada, que antes de su anterior ocupación (consejero del Banco de España) trabajó durante tres décadas en la petrolera Cepsa, se ha mostrado partidario de regular la actividad de los lobbies. “Si de verdad queremos fortalecer el entramado institucional de nuestro país tenemos que plantearnos la regulación de la actividad de los lobbies, garantizando que ésta se desarrolla con plena transparencia”, dijo en septiembre.

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