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INGENIERÍAS E INGENIERÍAS TÉCNICAS. Correspondencia a nuevas titulaciones.Visión de los representantes de colegios oficiales de ingenieros/masters frente a los de los colegios oficiales de peritos/ingenieros técnicos/grados

5 Oct

Opiníón en prensa  de representación de colegios oficiales de ingenieros

De  http://www.DIARIODELEON.ES/noticias/opinion/ingenieros-europeos-mundiales-ii_1013465.html

TRIBUNA

Ingenieros europeos y mundiales (II)

AGUSTÍN NOGAL VILLANUEVA. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LEÓN 05/10/2015

En la Tribuna del Diario de León del pasado 19 de septiembre, se publicaba bajo la firma de Francisco M. Andrés Río, decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de León —al cual aprecio profundamente por la defensa de su colectivo y por los buenos momentos que hemos convivido en actividades y eventos— bajo el título ‘Ingenieros europeos y mundiales’ una buena noticia. Es de suponer que el fin de la publicación es dar conocimiento general a la sociedad de un hecho, que los profesionales ya conocen desde su publicación en el BOE, que es el medio en el cual se recogen las disposiciones legales de aplicación.

Se trata de la aprobación por el Consejo de Ministros del pasado 10 de julio de la correspondencia de los títulos de Ingeniería Técnica Industrial con los niveles académico y profesional, Meces 2 y EQF 6. Pues, ¡que sea enhorabuena para los ingenieros técnicos industriales! Y lo digo, para que quede bien claro, con toda honradez y sentido del deber.

El comunicado mediante Tribuna va siguiendo razonamientos expuestos por José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Consejo General de Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, y por otros decanos de colegios pertenecientes a dicho Consejo, en diversos medios de comunicación. Se trata de una campaña a nivel nacional por medio de la cual se pretenden difundir sus logros, pretensiones y aspiraciones, cuestión muy loable.

Por ello sobraba realizar comentarios acerca de lo que debe tener presente Luis Tomás Balibrea, presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (F.A.I.I.E.), persona que también se ha distinguido siempre por una defensa de su profesión, la de ingeniero industrial, y a la cual tengo un profundo afecto.

El error en la comunicación viene derivado de pretender que la publicación citada en el BOE «además supone un paso importantísimo para terminar con el arcaico e insólito sistema de los dos niveles profesionales de ingeniería en España». En efecto, en España existían anteriormente, y desde hace muchos años, ingenieros y peritos. Posteriormente los peritos pasaron a ver transformado su denominación por la de ingenieros técnicos. Esa diferencia puede seguir viéndose en el Diccionario de la Lengua Española, obra de referencia de la Academia cuya última edición es de octubre de 2014.

Con la puesta en aplicación de un proceso que se ha identificado como ‘Bolonia’ las denominaciones de los títulos universitarios en España han variado de tal forma que ahora existen grados y máster, además de los doctores. Era lógico que el Gobierno planteara una equiparación de las denominaciones anteriores a las nuevas, similarmente a como ocurrió con el cambio de peritos a ingenieros técnicos. ¿Ha terminado ello con lo que se denomina un arcaico sistema de dos niveles de ingeniería? Pues ¡no! Ello es fácil de observar.

El error en el cual cae la referencia anterior de la Tribuna viene por omisión de otras difusiones en el BOE, que curiosamente tuvieron lugar el mismo día, es decir el 12 de agosto. En ese BOE se publicaban otras resoluciones sobre el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones de una serie de titulaciones universitarias como las de Licenciado en Medicina, en Humanidades, en Historia, en Geografía, en Ciencias, y en Matemáticas.

Y se publicaban los niveles correspondientes no sólo a ingeniero industrial, sino también a ingeniero químico, ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, ingeniero en Electrónica o ingeniero de Organización Industrial.

En concreto por resolución de 21 de julio de 2015, se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Industrial. Dicha resolución establece que el título oficial de ingeniero industrial se corresponde con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y que dicho nivel de Meces se corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones, según los reales decretos que se citan en la Resolución.

Además, se debe especificar que no se publica en el BOE ninguna resolución correspondiente a la titulación de Ingeniero Técnico, en general, pues no ha existido nunca históricamente en España. Lo que se publican son las resoluciones correspondientes a los títulos universitarios oficiales de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica, I. T. I. Especialidad Textil, I. T. I, Especialidad en Electrónica Industrial, I. T. I, Especialidad en Química Industrial e I. T. I, Especialidad en Electricidad, y el de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.

En resumen que la publicación en el BOE de las resoluciones a las cuales se ha hecho referencia determinan claramente dos niveles para la Ingeniería en España: uno correspondiente a los anteriores ingenieros técnicos en sus diferentes especialidades, actualmente grados, que se corresponde con los niveles académico y profesional, Meces 2 (español) y EQF 6 (europeo). Otro para los ingenieros —sin subtítulo—, actualmente máster, entre los cuales están los Industriales, que se corresponde con los niveles académico y profesional, Meces 3 y EQF 7.

La conclusión es clara: sigue habiendo dos niveles académicos y profesionales «arcaicos e insólitos» de Ingeniería, no sólo en España, sino en Europa y en el Mundo.

A lo que se puede llegar con el desarrollo profesional a lo largo de la vida, es cuestión para debatir y exponer en otro momento, que la limitación de la presente exposición no da para más. Pero avanzaré que hay sistemas de certificación de profesionales, y que son positivos para el usuario de los servicios de ingeniería en sus diferentes niveles.

Opiníón en prensa  de representantes de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicós

De  http://www.DIARIODELEON.ES/noticias/opinion/ingenieros-europeos-mundiales_1009422.html

TRIBUNA

Ingenieros europeos y mundiales

Francisco M. Andrés Río. Decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de León

19/09/2015

El BOE de 12 de agosto publicó los acuerdos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de julio, a propuesta del Ministerio de Educación, referentes a la correspondencia de los títulos de Ingeniería Técnica Industrial con los niveles académico y profesional, Meces 2 y EQF 6. Este hecho viene a poner fin a una situación de indefinición que los titulados pre-Bolonia venían arrastrando desde el año 2007, y además supone un paso importantísimo para terminar con el arcaico e insólito sistema de los dos niveles profesionales de ingeniería en España.

De este modo se fija definitivamente la correspondencia de niveles de los titulados universitarios en el nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces) y su correlativo del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF).

Por lo que respecta a los títulos de Ingeniero Técnico Industrial se indica la correspondencia con el nivel 2 del Meces y correlativamente en el nivel 6 del EQF. Esto significa que de forma definitiva el título de Ingeniero Técnico y el de Grado se sitúan en el mismo nivel 2 del Meces y 6 del EQF, que se corresponde con el nivel del resto de ingenieros en el ámbito europeo.

Ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, ingeniero químico, ingeniero textil…, son los nombres de las profesiones de ingeniero en Europa y en el resto del mundo y como tal tendremos que denominarnos aquí, sin que ello signifique que tengamos que perder ni un ápice de nuestras señas de identidad, aunque sí una evolución social de la ingeniería en su conjunto.

El Sr. Presidente de la F.A.I.I.E., (Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España), don Luis Tomás Balibrea, deberá tomar buena nota para adecuar su postura, a la normativa nacional y europea y procurar el camino de unión de todas las ingenierías, como corresponde a la responsabilidad de los que estamos al frente de las instituciones colegiales. Sus criterios de apología y defensa de rancios y trasnochados privilegios no tienen cabida en una sociedad moderna donde el mérito y la excelencia se adquieren por «saber hacer».

Los ingenieros técnicos han acreditado su capacidad desde todos los puestos: creación de pymes, autónomos (emprendedores), funcionarios técnicos y docentes y desempeñando toda clase de puestos directivos en las empresas, y por ello gozan de un reconocimiento profesional y social que prestigia el campo de la Ingenieria.

La sociedad ya nos identifica como ingenieros, pero la legislación en materia profesional de nuestro país sigue sin modernizarse, manteniendo dos niveles profesionales y otorgando atribuciones con decretos del año 1935 y sin tener en cuenta ni la recertificación de conocimientos ni el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, algo que va en contra de la correcta evolución de los profesionales. ¿Cómo es posible que las atribuciones profesionales sean similares durante toda la vida profesional? y ¿cómo es posible que se pueda seguir ejerciendo la profesión tras un largo periodo sin ejercerla?

Pues bien, el desarrollo profesional continuo es una máxima para el ejercicio de las profesiones en el ámbito mundial, como también lo es la habilitación profesional por parte de los colegios o asociaciones profesionales, donde en función de la experiencia y la formación continua, cualquiera puede evolucionar y crecer profesionalmente, trasladando a su vez, mayores garantías y seguridad a la sociedad.

El título académico transmite al poseedor del mismo una serie de competencias (conocimientos), pero estas se irán incrementando a lo largo de la vida profesional y por tanto las atribuciones profesionales deben ir acompasadas con las mismas, lo que realmente generará una competitividad profesional y será a su vez un incentivo para la evolución de los profesionales.

Y dicho todo lo anterior, nadie niega la evidencia que entre dos recién titulados uno con titulación de grado, y otro con titulación de grado+máster, será este último quien a priori tenga más competencias, aunque ello no es óbice para que este hecho sea similar durante toda la vida profesional de ambos, y para ello se creó el marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente (European Qualification Framework), donde se definen niveles profesionales no solo por titulación académica sino por las competencias, destrezas y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida.

Ello indica que el título académico es importante, pero no lo es todo en la vida profesional, y como tal tendremos que evolucionar como país y dejar a un lado la titulitis como único elemento para la identificación profesional, porque ni todos los que tienen el mismo título son iguales profesionalmente, ni todos los que tienen mayor titulación tienen por qué tener necesariamente más cualificaciones profesionales.

artículo de revista técnica Industrial:

vínculo a PDF artículo:  151005 Artículo Jose Antonio Galdón – Ing Téc

151006 Artículo Jose Antonio Galdón - Ing Téc

“Nos obligaron a suspender a gente que ya tenía la oposición aprobada”

5 Oct

de  http://www.ultimocero.com/articulo/%E2%80%9Cnos-obligaron-suspender-gente-que-ya-ten%C3%ADa-la-oposici%C3%B3n-aprobada%E2%80%9D

La sala de vistas de la Audiencia tuvo que habilitar espacio extra para los abogados personados.
La sala de vistas de la Audiencia tuvo que habilitar espacio extra para los abogados personados.

Varios profesores que participaron como examinadores en las oposiciones a maestros 2009 confirman en el juicio la existencia de cupos de aprobados para cada tribunal

últimoCero
Valladolid

Nos obligaron a suspender a gente que tenía la oposición aprobada”. Esta frase, pronunciada por uno de los profesores que formó parte de uno de los tribunales de las oposiciones al cuerpo de maestros celebradas en el año 2009, ha sido una de las más contundentes que se ha podido escuchar esta mañana en la segunda sesión del juicio en el que se trata de determinar la validez de una prueba a la que se presentaron casi 8.700 aspirantes y acabaron consiguiendo plaza de docentes un total de 1.100.

La vista, que debido a la presencia de más de 25 abogados personados en la causa se ha tenido que celebrar en la sala principal de la Audiencia Provincial,  habilitando incluso mesas especiales para que los letrados pudieran desarrollar su trabajo, ha concluido hoy con la declaración de varios de los profesores que formaron parte de los tribunales que evaluaron a los aspirantes.

Han sido varios los que han declarado ante el tribunal que “recibieron sugerencias” o “indicaciones” para limitar el número de aprobados en cada tribunal, aunque “siempre de forma verbal”, nunca por escrito.

“Pasó el mismo rollo de siempre. Nos hicieron la misma faena. Estuve en otras oposiciones en 2005 y nos hicieron las mismas sugerencias”, señaló esta mañana uno de los secretarios de tribunal que declaró antes de indicar que llegaron a utilizar una hoja de cálculo excel facilitada por el presidente del tribunal para hacer ‘cuadrar’ las notas.“Íbamos poniendo las notas y al final, se dio al botón y se hizo el cálculo. Si el primero que teníamos que suspender tenía un 7,5, al final acababa apareciendo con un 4,9”, aseguró sin titubear reconociendo que “era consciente de que eso era ilegal”, aunque al final participó en el procedimiento al indicarles los presidentes de los tribunales “que podían dejar las actas en blanco y al final aprobar a quien ellos quisieran”.

Su testimonio no fue el único que ahondó en la misma idea. Otra profesora, que ejerció también de secretaria en uno de los tribunales, también reconoció abiertamente que se les indicó que “había un número determinado de plazas para cada tribunal”. “No solo yo, otras personas del tribunal les dijimos que no estábamos de acuerdo con eso. Al final los aprobados los decidieron los presidentes y decidieron quiénes eran los aprobados”, dijo.

Otra secretaria de otro tribunal distinto, no solo reconoció la existencia de las “indicaciones” sobre la limitación de número de aprobados por tribunal y la utilización de una hoja de cálculo para ponderar todas las notas: “No se hacían actas diarias porque sino no se podían haber revisado al final todas las notas”, dijo tras haber reconocido que “todo el tribunal participó en la reducción de notas” y que  al final firmó lo que  le “obligaron” a firmar.

Otro profesor que compareció como testigo, en este caso vocal en uno de los tribunales, también reconoció la existencia de las “indicaciones” sobre el número final de aprobados que él, sin embargo “se negó a aplicar”. “Yo ya sabía que estas prácticas se hacían porque dada mi condición de delgado sindical algunos interinos me lo habían contado. Otros compañeros también me habían comentado que se llegaba a suspender a gente con un 7 y más”. El testigo aseguró que su negativa a aplicar esos criterios influyó en el resto de tribunales de la especialidad que, curiosamente, es donde se localizan los resultados más dispares entre los opositores.

El resultado del concurso oposición cuya validez se cuestiona ahora  fue sorprendente por varios motivos que forman parte de la denuncia presentada en su día. La coincidencia en el número de aprobados por tribunal en cada especialidad: en todas las especialidades, hay una coincidencia en el número de aprobados por tribunal, lo cual es imposible estadísticamente si no se hubieran limitado, pues los opositores se distribuyen alfabéticamente. Por ejemplo, en Primaria hubo de 7 a 9 aprobados en todos los tribunales, en Pedagogía Terapéutica hubo 12 aprobados en once de los trece tribunales excepto en dos (con 10 y 14 respectivamente), etc.
 La ratio de número de aprobados por plaza es alrededor de 1,5, cuando tendría que ser mucho más alta, pues después hay una fase de concurso para terminar de cribar: el número de aprobados de la fase de oposición no llega a 3 aprobados por plaza en Audición y Lenguaje, y oscila entre 1,2 y 1,6 en el resto, lo cual explicaría fácilmente la limitación del número de aprobados.

Durante la vista de esta mañana, también ha quedado claro que las actas finales de cada tribunal no incluyen las notas que habían puesto a cada opositor cada uno de los miembros del tribunal.

Las declaraciones que se han podido escuchar hoy en la sala contrastan con los testimonios prestados ayer en la primera sesión, en la que comparecieron los presidentes de los tribunales (todos ellos nombrados por la administración), que negaron la existencia de cupos de aprobados.

Una vez que todas las partes personadas en este caso presenten sus conclusiones definitivas, el caso quedará listo para sentencia. Una sentencia que en caso de atender las pretensiones de los denunciantes, podría suponer la invalidación del concurso oposición en el que 1.100 aspirantes consiguieron su plaza de maestro.

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Comienza el juicio por el supuesto ‘tongo’ en las oposiciones a maestros 2009 seis años después

IU, Podemos, Ciudadanos y UPyD se comprometen con el apoyo a denunciantes de corrupción. EL PPSOE NO (al menos hasta el momento)

5 Oct

master de imputados

de http://gestores-publicos.blogspot.com.es/2015/09/acosados-por-denunciar-casos-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+GestoresPblicos+%28Gestores+P%C3%BAblicos%29

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Acosados por denunciar casos de corrupción: historias de ‘funcionarios coraje’

De cara a las elecciones generales de diciembre IU, Podemos, Ciudadanos y UPyD se comprometen con la causa pero aún no PP ni PSOE. Change.org (aquí pueden consultar y firmar la petición),

Revista de prensa. El Plural.- ¿Denunciarías un caso de corrupción? Antes de contestar, piensa en las consecuencias de una respuesta afirmativa. Porque en caso de hacer lo que moralmente se debe, te enfrentas a una más que probable pérdida de tu trabajo. Y aún más, es también posible que tardes años en encontrar uno nuevo. Revisa tu cuenta bancaria porque tienes que estar preparado para los gastos jurídicos que te esperan. Tu abogado, las tasas, el procurador y demás, saldrán de tu bolsillo, pero el ayuntamiento o la institución que toque se estará defendiendo con el dinero de los contribuyentes, lo que se traduce en: gasto ilimitado.
Esperemos que tus compañeros de trabajo sean tan honrados y valientes como tú, porque si no, es muy posible que te den de lado, incluso puede que testifiquen en tu contra por miedo, porque habrán recibido las mismas amenazas que tú. Esto te desmoralizará así que puede que tengas que recurrir a ayuda psicológica, que nuevamente, pagarás de tu bolsillo.
Tal vez pienses que este es el guión de una película de terror o que hablo de alguna república bananera de algún país muy muy lejano, donde no se protegen los derechos y garantías de los ciudadanos, pero esto ocurre en nuestro país, seguro que en tu ciudad y tal vez sea el caso de alguno de tus vecinos. Así viven personas como Ana Garrido, Itziar González, Albert Gadea, Maite Carol o Fernando Urruticoechea.
La figura del interventor
Para quienes no lo sepan, las principales funciones de un interventor son el control y la fiscalización de la legalidad de los gastos, así como de los ingresos públicos en la administración. Cada ayuntamiento español (hay más de 8.000) cuenta con un interventor, funcionario del Estado.
Fernando Urruticoechea es interventor desde hace más de 20 años, pero no es como la mayoría. En este tiempo ha presentado más de 1.000 informes de ilegalidad. ¿A quién se los presenta? Al alcalde al que acusa de actuar de forma irregular. ¿Y si éste decide ignorar su informe? Entonces nada, ahí se queda todo, porque los interventores no tienen un órgano o instancia superior a la que denunciar la ilegalidad cometida. “Han llegado a tirar mis informes a la basura delante de mí; saben que no podemos hacer nada” dice a ELPLURAL.COM.
Su tenacidad a la hora de defender el dinero público le obliga a cambiar de Ayuntamiento como mucho cada cinco años, sometido a presiones, acoso y aislamiento insostenibles para cualquier ser humano. La amenaza habitual: solicitar al Ministerio (Hacienda y Administraciones públicas) que se le abra un expediente disciplinario que puede dejarle sin empleo a pesar de haber aprobado las oposiciones del Estado. El colmo del sinsentido. El interventor no puede hacer nada por defender el dinero público, pero puede ser expulsado si molesta demasiado al alcalde de turno.
Como Fernando cree que tiene que defender el dinero de los contribuyentes, que somos quienes además le pagamos su sueldo, molestó mucho al alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio (PP), conocido en la localidad alicantina como‘el faraón de Crevillente’ por su gusto por la egiptología, que le llevó a construir un obelisco en su municipio en 2007, de 37 metros de altura, recubierto de vidrio y que costó cerca de 600.000 euros a Asencio lleva 20 años en el cargo, así que la llegada de Fernando a su Ayuntamiento y sus cerca de 100 informes de ilegalidad, llevaron al ‘alcalde-faraón’ a presentar 54 acusaciones de faltas graves o muy graves contra el interventor en febrero de 2013.
El instructor del caso las archivó rebatiendo en más de 100 páginas cada una de las acusaciones. Pero la resolución tardó más de un año en llegar y cuando Fernando creía que todo había acabado (junio 2014) el alcalde presentó nueve acusaciones nuevas. El nuevo instructor resolverá el expediente, previsiblemente, este próximo mes de octubre.
Fernando está sufriendo esta situación porque sus informes relataban las ilegalidades cometidas en torno a los servicios, especialmente de aguas y de basuras, como pasa en una buena parte de los ayuntamientos, una vez agotado el boom urbanístico. Hoy por hoy, son el mejor trozo del pastel que llevan comiéndose años y años las administraciones públicas, caracterizadas por “el descontrol total y la irresponsabilidad absoluta” según Fernando, que asegura a este periódico que “no he estado en ningún ayuntamiento en el que no hubiera corrupción”.
Tan grave fue la que encontró en el Ayuntamiento de Castro Urdiales que lo denunció ante los tribunales en 2004. El caso se archivó año y medio después hasta que un nuevo juez lo reabrió. De aquel proceso reabierto, que se ha alargado casi 10 años, hay 15 condenados y 158 imputados en diversas causas.
La defensa del que denuncia la corrupción es la clave
Tan sencillo como eso. Si el funcionario que ve pasar la ilegalidad por delante de sus ojos se sabe protegido, lo más probable es que lo denuncie, porque es su trabajo, y por honradez. Fernando nos cuenta que no todos los interventores se la juegan como él, entre otras cosas, por miedo. “Muchos sobreviven mirando hacia otro lado”, algo que se podría evitar si tuvieran una instancia u órgano superior al que elevar sus informes de ilegalidad y si además supieran que serán protegidos de presiones y amenazas. Por ejemplo, si los costes del posible proceso judicial que de ello devenga, se sufragaran también con dinero público, como ocurre con los ayuntamientos.
Son las mismas demandas de Ana Garrido, que se negó a ceder a las presiones de sus jefes en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la localidad madrileña en la que trabajó como técnico de juventud durante más de 20 años. Con su ayuda se destapó uno de los casos de corrupción más sangrantes de nuestro país, la trama Gürtel.
Las consecuencias de comportarse con ética: perdió su trabajo, ha sufrido acoso por parte de sus jefes del Ayuntamiento de Boadilla (dos sentencias lo corroboran), ha perdido una casa y ahora vive con unos amigos porque ha tenido que alquilar la suya para hacer frente a los gastos que le ha supuesto que el ayuntamiento recurra en dos ocasiones (recuerda que lo hace con dinero público) la sentencia que le condena a indemnizarla.
Vivir para defenderse
Tuvo que dejar la terapia porque, literalmente, está arruinada. “Mi vida consiste en defenderme” asegura a ELPLURAL.COM, y sufre lo que ella misma denomina como “la tortura del siglo XXI”. Con todo y con eso, Ana sigue luchando porque entiende que hizo lo correcto y porque sabe que, si existiesen medidas que protegieran a quienes denuncian la corrupción, serían muchos más los funcionarios que se animarían a hacerlo, un paso de gigante para acabar con la corrupción.
La protección jurídica y laboral es también clave para Albert Gadea, ex director gerente de planificación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y que, junto a la interventora Maite Carol, testificaron y colaboraron con la justicia en el caso Pretoria. Entre los dos han pagado unos 15.000 euros en abogados cuando se querellaron contra la alcaldesa ante el despido de ella (era interina en aquel momento) y el mobbing al que fue sometido él (no le podían echar, pero sí hacerle la vida imposible). “Visitamos tres despachos de abogados antes de encontrar a uno que quisiera defendernos” cuenta a ELPLURAL.COM Albert, porque el caso Pretoria tenía la particularidad de salpicar a PSC, CiU y PP, así que varios despachos tenían relaciones comerciales con uno u otro partido.
 
IU, Podemos, Ciudadanos y UPyD se comprometen con la causa
Ante tales atrocidades, un periodista, Pablo Herreros, ha decidido unir a todos ellos y a algunos más para exigir medidas que les protejan cuando, cumpliendo con su trabajo y su deber, denuncian casos de corrupción.  Lo ha hecho a través de la plataforma Change.org (aquí pueden consultar y firmar la petición), reclamando a los candidatos a la Presidencia que se comprometan a adoptar medidas en este sentido si son elegidos. Les puedo adelantar que, al menos los cuatro partidos citados, en boca de sus líderes en algunos casos, se han comprometido en este periódico a adoptar medidas que protejan a los denunciantes de corrupción. Pronto más detalles. ¿Se comprometerán PP y PSOE?