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Acosados por denunciar casos de corrupción: historias de ‘funcionarios coraje’

27 Sep

de  http://www.ELPLURAL.COM/2015/09/25/acosados-por-denunciar-casos-de-corrupcion-historias-de-funcionarios-coraje/   

Un interventor, una técnico, un gerente…. Gentes que sufren la venganza de quienes han denunciado, y que les arrinconan con demandas pagadas, paradójicamente, con el dinero público que ellos defienden

Ana Garrido Ramos, Fernando Urruticoechea e Itziar González.

¿Denunciarías un caso de corrupción? Antes de contestar, piensa en las consecuencias de una respuesta afirmativa. Porque en caso de hacer lo que moralmente se debe, te enfrentas a una más que probable pérdida de tu trabajo. Y aún más, es también posible que tardes años en encontrar uno nuevo. Revisa tu cuenta bancaria porque tienes que estar preparado para los gastos jurídicos que te esperan. Tu abogado, las tasas, el procurador y demás, saldrán de tu bolsillo, pero el ayuntamiento o la institución que toque se estará defendiendo con el dinero de los contribuyentes, lo que se traduce en: gasto ilimitado.

Esperemos que tus compañeros de trabajo sean tan honrados y valientes como tú, porque si no, es muy posible que te den de lado, incluso puede que testifiquen en tu contra por miedo, porque habrán recibido las mismas amenazas que tú. Esto te desmoralizará así que puede que tengas que recurrir a ayuda psicológica, que nuevamente, pagarás de tu bolsillo.

Tal vez pienses que este es el guión de una película de terror o que hablo de alguna república bananera de algún país muy muy lejano, donde no se protegen los derechos y garantías de los ciudadanos, pero esto ocurre en nuestro país, seguro que en tu ciudad y tal vez sea el caso de alguno de tus vecinos. Así viven personas como Ana Garrido, Itziar González, Albert Gadea, Maite Carol o Fernando Urruticoechea.

La figura del interventor, o como gastar el dinero del Estado sin sentido
Para quienes no lo sepan, las principales funciones de un interventor son el control y la fiscalización de la legalidad de los gastos, así como de los ingresos públicos en la administración. Cada ayuntamiento español (hay más de 8.000) cuenta con un interventor, funcionario del Estado.

Fernando Urruticoechea es interventor desde hace más de 20 años, pero no es como la mayoría. En este tiempo ha presentado más de 1.000 informes de ilegalidad. ¿A quién se los presenta? Al alcalde al que acusa de actuar de forma irregular. ¿Y si éste decide ignorar su informe? Entonces nada, ahí se queda todo, porque los interventores no tienen un órgano o instancia superior a la que denunciar la ilegalidad cometida. “Han llegado a tirar mis informes a la basura delante de mí; saben que no podemos hacer nada” dice a ELPLURAL.COM.

Su tenacidad a la hora de defender el dinero público le obliga a cambiar de Ayuntamiento como mucho cada cinco años, sometido a presiones, acoso y aislamiento insostenibles para cualquier ser humano. La amenaza habitual: solicitar al Ministerio (Hacienda y Administraciones públicas) que se le abra un expediente disciplinario que puede dejarle sin empleo a pesar de haber aprobado las oposiciones del Estado. El colmo del sinsentido. El interventor no puede hacer nada por defender el dinero público, pero puede ser expulsado si molesta demasiado al alcalde de turno.

Como Fernando cree que tiene que defender el dinero de los contribuyentes, que somos quienes además le pagamos su sueldo, molestó mucho al alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio (PP), conocido en la localidad alicantina como ‘el faraón de Crevillente’ por su gusto por la egiptología, que le llevó a construir un obelisco en su municipio en 2007, de 37 metros de altura, recubierto de vidrio y que costó cerca de 600.000 euroa Asencio lleva 20 años en el cargo, así que la llegada de Fernando a su Ayuntamiento y sus cerca de 100 informes de ilegalidad, llevaron al ‘alcalde-faraón’ a presentar 54 acusaciones de faltas graves o muy graves contra el interventor en febrero de 2013.

Obelisco instalado en Crevillente, tras el pago de 600.000 euros de dinero público.

El instructor del caso las archivó rebatiendo en más de 100 páginas cada una de las acusaciones. Pero la resolución tardó más de un año en llegar y cuando Fernando creía que todo había acabado (junio 2014) el alcalde presentó nueve acusaciones nuevas. El nuevo instructor resolverá el expediente, previsiblemente, este próximo mes de octubre.

Fernando está sufriendo esta situación porque sus informes relataban las ilegalidades cometidas en torno a los servicios, especialmente de aguas y de basuras, como pasa en una buena parte de los ayuntamientos, una vez agotado el boom urbanístico. Hoy por hoy, son el mejor trozo del pastel que llevan comiéndose años y años las administraciones públicas, caracterizadas por “el descontrol total y la irresponsabilidad absoluta” según Fernando, que asegura a este periódico que “no he estado en ningún ayuntamiento en el que no hubiera corrupción”.

Tan grave fue la que encontró en el Ayuntamiento de Castro Uridiales que lo denunció ante los tribunales en 2004. El caso se archivó año y medio después hasta que un nuevo juez lo reabrió. De aquel proceso reabierto, que se ha alargado casi 10 años, hay 15 condenados y 158 imputados en diversas causas.

La defensa del que denuncia la corrupción es la clave para cortarla de raíz
Tan sencillo como eso. Si el funcionario que ve pasar la ilegalidad por delante de sus ojos se sabe protegido, lo más probable es que lo denuncie, porque es su trabajo, y por honradez. Fernando nos cuenta que no todos los interventores se la juegan como él, entre otras cosas, por miedo. “Muchos sobreviven mirando hacia otro lado”, algo que se podría evitar si tuvieran una instancia u órgano superior al que elevar sus informes de ilegalidad y si además supieran que serán protegidos de presiones y amenazas. Por ejemplo, si los costes del posible proceso judicial que de ello devenga, se sufragaran también con dinero público, como ocurre con los ayuntamientos.

Son las mismas demandas de Ana Garrido, que se negó a ceder a las presiones de sus jefes en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la localidad madrileña en la que trabajó como técnico de juventud durante más de 20 años. Con su ayuda se destapó uno de los casos de corrupción más sangrantes de nuestro país, la trama Gürtel.

Las consecuencias de comportarse con ética: perdió su trabajo, ha sufrido acoso por parte de sus jefes del Ayuntamiento de Boadilla (dos sentencias lo corroboran), ha perdido una casa y ahora vive con unos amigos porque ha tenido que alquilar la suya para hacer frente a los gastos que le ha supuesto que el ayuntamiento recurra en dos ocasiones (recuerda que lo hace con dinero público) la sentencia que le condena a indemnizarla.

Tuvo que dejar la terapia porque, literalmente, está arruinada. “Mi vida consiste en defenderme” asegura a ELPLURAL.COM, y sufre lo que ella misma denomina como “la tortura del siglo XXI”. Con todo y con eso, Ana sigue luchando porque entiende que hizo lo correcto y porque sabe que, si existiesen medidas que protegieran a quienes denuncian la corrupción, serían muchos más los funcionarios que se animarían a hacerlo, un paso de gigante para acabar con la corrupción.

La protección jurídica y laboral es también clave para Albert Gadea, ex director gerente de planificación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y que, junto a la interventora Maite Carol, testificaron y colaboraron con la justicia en el caso Pretoria. Entre los dos han pagado unos 15.000 euros en abogados cuando se querellaron contra la alcaldesa ante el despido de ella (era interina en aquel momento) y el mobbing al que fue sometido él (no le podían echar, pero sí hacerle la vida imposible). “Visitamos tres despachos de abogados antes de encontrar a uno que quisiera defendernos” cuenta a ELPLURAL.COM Albert, porque el caso Pretoria tenía la particularidad de salpicar a PSC, CiU y PP, así que varios despachos tenían relaciones comerciales con uno u otro partido.

IU, Podemos, Ciudadanos y UPyD se comprometen con la causa en ELPLURAL.COM
Ante tales atrocidades, un periodista, Pablo Herreros, ha decidido unir a todos ellos y a algunos más para exigir medidas que les protejan cuando, cumpliendo con su trabajo y su deber, denuncian casos de corrupción.  Lo ha hecho a través de la plataforma Change.org (aquí pueden consultar y firmar la petición), reclamando a los candidatos a la Presidencia que se comprometan a adoptar medidas en este sentido si son elegidos. Les puedo adelantar que, al menos los cuatro partidos citados, en boca de sus líderes en algunos casos, se han comprometido en este periódico a adoptar medidas que protejan a los denunciantes de corrupción. Pronto más detalles. ¿Se comprometerán PP y PSOE?

OPERACIÓN PATOS.Imputadas 46 nuevas personas, entre ellos el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero y muchos cargos del PP

27 Sep

 ‘operación Patos’ .Imputadas 46 nuevas personas, entre  ellos el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero y tres de sus ediles y muchos cargos del PP como la delegada de la Xunta en Vigo y 2 expresidentes de la  Diputación de Pontevedra

El ‘delfín’ Feijóo, seriamente tocado: imputan a parte de su cúpula en la Xunta y en el PP gallego

El PSdG también ha sido golpeado con fuerza por la ‘operación Patos’ con la imputación del alcalde de Vigo y tres de sus ediles; la dirección socialista le apartará de sus cargos si se le abre juicio oral

Mariano Rajoy (c), junto al jefe del Ejecutivo gallego y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo (2 izda); la ministra de Fomento, Ana Pastor; el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda (2 dcha), y el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera. EFE

ELPLURAL.COM informaba este jueves de cómo el ‘caso Patos’ en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de obras y contrataciones en las administraciones locales, provinciales y autonómicas de Galicia había salpicado al propio presidente, al que su delegada en Vigo agradecía determinados nombramientos. Esa delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, acaba de ser imputada por el juez de la operación. El caso de Bravo Bosch es uno de los más comprometedores para el presidente porque él mismo aparece en un informe de la UDEF al respecto, pero en realidad todo el caso en sí desestabiliza a toda la estructura del PP gallego y complica seriamente las aspiraciones nacionales del ‘delfín’ Feijóo. Con razón se justifica ayer diciendo que no ponía “la mano en el fuego” por nadie…

La delegada en Vigo y dos altos cargos del PP gallego
Las ramificaciones del caso en diferentes lugares de Galicia ha llevado a la juez de instrucción 7 de Vigo a imputar en la causa de la ‘operación Patos’ a 46 nuevas personas, muchos de ellos cargos populares. Los principales, además de la citada delegada de la Xunta, son el expresidente de la Diputación de Pontevedra y jefe del PP provincial, Rafael Louzán o el exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra y líder del PP de Vigo, José Manuel Figueroa. Louzán, Figueroa y Bravo Bosch están imputados por supuestos amaños de contratos y obras públicas y, adicionalmente, la recepción de regalos, excepto la delegada de la Xunta.

Operación iniciada en 2014
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han informado de que uno de los dos autos dictados por la instructora de la Operación Patos acuerda la creación de una pieza separada, que ella asumirá, sobre los hechos investigados en el partido judicial de Nigrán, y en el mismo imputa a 16 personas. En un segundo auto, relativo a la pieza principal, imputa a otras 34 personas. Por el momento no hay fecha para la toma de declaraciones de los imputados.

La Operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña, cuyo dueño mantenía según la UDEF una fuerte influencia sobre la delegada de la Xunta en Vigo. La investigación ha incluido por el momento registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense. También hubo registros en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio del Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.

Imputado el alcalde socialista de Vigo y tres de sus ediles
El caso ha golpeado también con fuerza al PSdG, ya que ha sido imputado el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, así como tres de sus ediles: el de Fomento, David Regades, el de Parques y Jardines, Ángel Rivas, e Isaura Abelairas, Política Social. Caballero está imputado por recepción de regalos, que acaba de ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El PSOE confía en la inocencia de Caballero: habrá medidas si hay juicio oral
La dirección federal del PSOE ha mostrado hoy su “confianza absoluta” en la inocencia de Caballero y ha señalado que no le exigirá que renuncie a sus cargos si no se le abre juicio oral. El partido no tomará de momento medidas disciplinarias contra Caballero ni le pedirá que renuncie a sus cargos porque, según han recordado las fuentes, el código ético de este partido dice que esa exigencia llega a partir de la apertura de juicio oral. Este código ético establece que los cargos públicos u orgánicos socialistas deben dimitir en el momento de apertura de juicio oral.

“A los exiliados españoles México les puso un barco, ahora solo se ponen concertinas y vallas”

27 Sep

de  http://www.ELDIARIO.ES/aragon/sociedad/exiliados-espanoles-Mexico-concertinas-vallas_0_433257056.html  

“La foto de Aylan impactó porque viste como nuestros niños y la gente piensa que podría ser el suyo”

“¿Qué porcentaje de muertos estamos dispuestos a asumir?”

“Para algunas cosas, como ir a la guerra, los gobiernos se arriesgan fácilmente; ahora dicen que hay que ser prudentes y cautos”.

María Jesús Sanz. Foto: Juan Manzanara

María Jesús Sanz. Foto: Juan Manzanara

María Jesús Sanz (Zaragoza, 1961). Es vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), una organización integrada por 50 entidades de la Comunidad. Forma parte de ella desde su fundación, en 1994, y llegó gracias a su trabajo en la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).

Precisamente en las oficinas de Ecodes hemos quedado con ella. Esperamos tres minutos y llega con prisas, son días de intenso trabajo si de solidaridad se trata. La crisis de los refugiados sirios ocupa bastantes horas de su vida en los últimas semanas. Los gobiernos, dice, son “mucho más mediocres que los ciudadanos y se tientan demasiado las carnes”. “Estamos dando una imagen de vergüenza total y absoluta”.

Lleva muchos años implicada en proyectos solidarios, ¿cómo está la calle en solidaridad?

Muy bien, aunque hemos pasado momentos malos, nunca hemos estado especialmente mal. La prueba es como se está volcando la gente con el tema de los refugiados. Es más, hay que pedirles un poco de paciencia. Al ofrecimiento que hace el ciudadano de a pie para contrarrestar lo que no hacen los gobiernos hay que darle una respuesta adecuada.

¿Por qué surge una organización como esta?

Por aunar fuerzas. Se han ido consiguiendo cosas, pero no con la rapidez deseada. Es mucho más fácil lograrlas todos unidos. Incluso a la Administración le hemos facilitado el trabajo, porque no tiene que ir hablando una con una. Llama a la FAS y eso ya sirve de altavoz.

¿Les ponen problemas en las instituciones cuando meten la nariz en ciertos temas?

Para meter la nariz, no. Siempre han sido receptivos y nos han escuchado. La relación ha sido cordial. Con el Ayuntamiento de Zaragoza ya nos hemos reunido y hay buena sintonía. También con el Gobierno autonómico. El problema del anterior Ejecutivo fue que los recortes fueron tremendos.

¿Les han escuchado y ya está, o ha servido para algo?

En esto se nota mucho la parte económica. Aunque no nos guste centrar nuestro discurso en esa parcela, una de nuestras principales reivindicaciones es el 0,7 %, que no se ha logrado, ni siquiera un compromiso con gobiernos socialistas. Por ejemplo en educación para el desarrollo o comercio justo hemos ido dando pasitos.

¿Cómo trabaja la FAS?

Está la asamblea, formada por las 50 organizaciones. Ahí se constituye un grupo de trabajo permanente en el que están el presidente, la vicepresidencia y vocales que establecen las líneas de trabajo.

Sanz está en la FAS desde 1994. Foto: Juan Manzanara

Sanz está en la FAS desde 1994. Foto: Juan Manzanara

¿Se hace complicado, al englobar tantas organizaciones, delimitar o priorizar qué es lo más importante?

En determinar lo importante, no, podemos tener divergencias en la manera de enfocarlo. La solidaridad y la generosidad son unos de los valores de la Federación. No hay egocentrismo. Yo soy de Ecodes, pero soy la vicepresidenta de la FAS. Todos ponemos recursos para el común.

¿De dónde saca dinero la FAS?

De las cuotas de las organizaciones que forman parte; esa cuota, además, es proporcional a los ingresos que cada una tiene por los proyectos de cooperación al desarrollo. También tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y, algunos años, hemos firmado convenio con el Gobierno de Aragón.

Han comenzado ahora una campaña con el Consistorio zaragozano que se llama ‘Estamos conectados’, ¿en qué consiste?

Lo que pretendemos es que la ciudadanía sepa más de primera mano qué es lo que se hace en cooperación. Muchas veces no se valora lo que no se conoce y para tratar de formar a esa sociedad en valores hay que mostrarle lo que se está haciendo. Queremos que la gente sepa qué es la cooperación al desarrollo y que sirva de puerta y enlace a las organizaciones que lo estamos haciendo.

La crisis de los refugiados sirios

Dependiendo del lugar donde nazca cada persona, en muchas ocasiones, ya tiene su destino escrito, ¿por qué sucede esto todavía?

Eso lo vemos a diario y, de hecho, es uno de los objetivos de la FAS: pelear, luchar y trabajar por un mundo más justo y solidario. Todos los ciudadanos del mundo deberían tener las mismas oportunidades de calidad de vida e iguales derechos. En esa línea va nuestro trabajo.

Decía que la gente es solidaria, ¿y los gobiernos?

No tanto. Son más mediocres, se tientan demasiado las carnes. Si hiciéramos un repaso de todos los conflictos bélicos y, por ende, de dónde salen todos los refugiados, la lista sería demasiado larga. Y esos conflictos se dan por unas causas; nos hemos puesto todos las pilas por unas consecuencias, pero deberíamos atacar a las causas, a la raíz. En la FAS queremos apoyar en la coordinación de lo que se vaya haciendo, queremos hacer y seguir comunicando y denunciando. Las políticas agrarias y explotadoras de recursos naturales de la Unión Europea no ayudan, para nada, a solucionar el problema que tenemos.

Cuando ve que los ministros del Interior se reúnen el pasado 14 de septiembre, no llegan a acuerdos y se emplazan ‘de manera urgente’ para el 8 de octubre, ¿qué piensa?

Lo mismo que puedes sentir tú: rabia, coraje. Es muy triste que el visualizar la muerte de un niño haga despertar. Es más, te diría que esa foto hace tomar conciencia porque es un niño vestido como los niños nuestros y la gente piensa que podía haber sido el suyo. Se le puso cara y ojos. Todos se los hemos puesto. Cuando nos hablan de lo que está pasando en África, por ejemplo, es como si los padres y las madres de allí no tuvieran la misma relación con sus hijos que cualquiera de nosotros.

¿Qué deberían haber hecho Europa y España?

Primero no dar lugar a esto. Ahora que ya han llegado las consecuencias hay que poner todos los recursos posibles y coordinar. Fíjate cómo ha respondido la gente, creo que uno de los problemas que se va a tener es que las administraciones y nosotros mismos sepamos dar respuesta al ciudadano de a pie con el ofrecimiento que ha puesto encima de la mesa. Para algunas cosas, como ir a la guerra, los gobiernos se arriesgan muy fácilmente, y ahora dicen que hay que ser prudentes y cautos.

¿Estamos dando mala imagen?

De vergüenza total y absoluta. Solo abordamos el problema en la recepción, vamos al origen, evitemos que hagan esa travesía en la que muchos pierden la vida. Cuando los exiliados eran españoles México puso un barco y los españoles se fueron en barco desde aquí. Y ahora solo se les ocurre poner concertinas y vallas. La mejor manera de atacar a las mafias es poner tú los medios de transporte. Sácalos, no esperes a ver cuántos llegan. Qué porcentaje de muertos estamos dispuestos a asumir.

¿Qué otros asuntos hay encima de la mesa?

El histórico del 0,7 %, seguir denunciando y demandando que nuestras políticas sean más acordes para lograr un mundo más justo y solidario. Que la propia Administración dé ejemplo, que apoye a los temas de comercio justo. Le pedimos a las instituciones que nos ayuden porque creemos de verdad que trabajar en valores de solidaridad y generosidad es bueno para la sociedad.

Cuando veo a alguien pidiendo con un cartel que dice ‘soy español’ me duele mucho que esté en esas circunstancias, pero lo de español me sobra: ‘soy una persona’, ya está

Son luchas, algunas, que llevan muchos años. Incluso desde la fundación de FAS

Es cierto. Con este último Gobierno sí vemos un gesto: nos ha parecido muy interesante que, tanto en el Ejecutivo autonómico como en el Ayuntamiento de Zaragoza, la consejería se llame Derechos Sociales. Cuando planteamos los temas de cooperación los planteamos como un derecho.