Archivo | 5:03 pm

La exalcaldesa de Mansilla de las Mulas y exdiputada provincial Mari Paz Díez llegó tarde a prestar declaración judicial, declarando únicamente la funcionaria Jefa del Servicio SAM y Cooperación de la Diputación, por un presunto delito de falsificación de documento público

21 Sep

enchufismo

vídeo LOS DEDAZOS DEL SAM  (leonoticias.com  mayo 2013)

https://www.opendrive.com/files?Ml84MTIwNjA5M191c05qSA

video dedazos SAM

Paz Díez: “Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…”

de http://www.LANUEVACRONICA.COM/paz-diez-ya-veremos-donde-hay-falsedad-de-documento-publico-porque-yo-no-tengo-conocimiento-de-ello-ni-idea   

Paz Díez, exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial, ahora imputada. | DANIEL MARTÍNPaz Díez, exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial, ahora imputada. | DANIEL MARTÍN

Susana Martín | 22/09/2015AA

Paz Díez: “Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…”

TRIBUNALES La exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial llegó este lunes tarde a la cita en los juzgados y no pudo declarar. Asegura que desconoce por qué se le ha imputado en la causa

La exdiputada provincial Paz Díez, también exalcaldesa de Mansilla de las Mulas (PP), debía comparecer este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de León para declarar a las 10 de la mañana como imputada por un presunto delito de falsificación de documento público. Sin embargo, llegó tarde –«creí que era a las 10:30»– y no pudo declarar, con el consiguiente enfado de su abogado defensor. Sí declaró la funcionaria jefa del SAM, Ana B. Cosmen.

Díez, que debía declarar por haber sido la responsable política directa del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación (SAM), aseguraba este lunes a media mañana que creía que se había suspendido su declaración «por un error en la convocatoria», aunque no supo precisar si debía volver a los juzgados a prestar declaración sobre los hechos que se le imputan. «Aún no sé fecha», aseguró, «estuve en el juzgado pero al final no tuve que declarar, nos llamarán».

Al preguntarle sobre el motivo de su imputación (se le acusa de falsificación de documento público), contestó:«Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…».

Diputados y exdiputados ya han recibido comunicación de que se han iniciado las diligencias previas por la denuncia por vía penal La imputación de Díez se enmarca dentro de los numerosascontroversias del departamento de Personal de la Diputación que han llegado a los tribunales tras una tormentosa etapa del anterior equipo de gobierno en lo que se refiere a la política de Recursos Humanos que llevaba a cabo el equipo de gobierno que presidía Isabel Carrasco y, tras su asesinato, sus sucesores, Marcos Martínez Barazón y –tras la detención de éste– Emilio Orejas.

En este caso concreto, y según consta en la denuncia de los trabajadores, desde la institución provincial se hizo caso omiso a varias sentencias que anulaban el puesto de arquitecto jefe en el Servicio, presuntamente colocado en la plaza ‘a dedo’. Al parecer, se habrían falsificado documentos para impedir el cumplimiento de varias sentencias que anulaban la adjudicación del puesto y mantener a ese funcionario en una plaza que no le correspondía.

Denuncia al PP por vía penal

De los actuales diputados provinciales están denunciados en Fiscalía Orejas, Rodrigo, Francisco García, Del Egido y Valcarce Pero el caso del SAM no es el único que sentará en el banquillo de los acusados a Paz Díez y a varios de sus excompañeros en el anterior equipo de gobierno de la Diputación. También está pendiente otra denuncia por la vía penal que un grupo de funcionarios interpuso contra todo el anterior equipo de gobierno del Palacio de los Guzmanes, excepto Manuela García Robles, ajena a los hechos, ya que sólo formó parte del equipo de los populares tras la muerte de Carrasco. A los demás populares de la etapa ‘pre-Majo’ los llevarán los funcionarios a los juzgados, acusados de cometer los delitos de prevaricación, falsificación de documento oficial, acoso laboral, malversación de fondos públicos, fraude, coacciones y tráfico de influencias.

Además de Díez, en esa denuncia penal ante la Fiscalía figura también quien fuera presidente de la Diputación durante apenas medio año, Marcos Martínez Barazón, encarcelado hace once años durante 43 días e imputado por seis delitos en el marco de la trama de corrupción Púnica. Fuera ya del Partido Popular, sigue gobernando con mayoría absoluta en Cuadros, esta vez bajo las siglas de AIC (Agrupación Independiente de Cuadros).

En la denuncia penal figuran además los exdiputados del PP José Antonio Velasco, Isabel Fresno, Jaime González Arias, Teodoro Martínez, Miguel Ángel Robla y José M. Moro. Y también algunos miembros del equipo de Carrasco que continúan a día de hoy en la Diputación, como Emilio Orejas, Lupicinio Rodrigo, Francisco Javier García, Miguel Ángel del Egido o Raúl Valcarce.

Han recibido hace varias semanas la comunicación oficial de que se han iniciado las diligencias previas, según confirmaron este lunes a este periódico varios de los diputados y exdiputados.

Paz Díez, exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial, ahora imputada. | DANIEL MARTÍNAmpliar imagenPaz Díez, exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial, ahora imputada. | DANIEL MARTÍN Cerrar Compartir Susana Martín | 22/09/2015 AA
Imprimir
Paz Díez: “Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…”
TRIBUNALES La exalcaldesa de Mansilla y exdiputada provincial llegó este lunes tarde a la cita en los juzgados y no pudo declarar. Asegura que desconoce por qué se le ha imputado en la causa Diputados al banquillo La ‘otra crónica’ del pleno de la Diputación: “Nos hemos enterado por la prensa”
La exdiputada provincial Paz Díez, también exalcaldesa de Mansilla de las Mulas (PP), debía comparecer este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de León para declarar a las 10 de la mañana como imputada por un presunto delito de falsificación de documento público. Sin embargo, llegó tarde –«creí que era a las 10:30»– y no pudo declarar, con el consiguiente enfado de su abogado defensor. Sí declaró la funcionaria jefa del SAM, Ana B. Cosmen.

Díez, que debía declarar por haber sido la responsable política directa del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación (SAM), aseguraba este lunes a media mañana que creía que se había suspendido su declaración «por un error en la convocatoria», aunque no supo precisar si debía volver a los juzgados a prestar declaración sobre los hechos que se le imputan. «Aún no sé fecha», aseguró, «estuve en el juzgado pero al final no tuve que declarar, nos llamarán».

Al preguntarle sobre el motivo de su imputación (se le acusa de falsificación de documento público), contestó: «Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea…».

Diputados y exdiputados ya han recibido comunicación de que se han iniciado las diligencias previas por la denuncia por vía penal La imputación de Díez se enmarca dentro de los numerosas controversias del departamento de Personal de la Diputación que han llegado a los tribunales tras una tormentosa etapa del anterior equipo de gobierno en lo que se refiere a la política de Recursos Humanos que llevaba a cabo el equipo de gobierno que presidía Isabel Carrasco y, tras su asesinato, sus sucesores, Marcos Martínez Barazón y –tras la detención de éste– Emilio Orejas.

En este caso concreto, y según consta en la denuncia de los trabajadores, desde la institución provincial se hizo caso omiso a varias sentencias que anulaban el puesto de arquitecto jefe en el Servicio, presuntamente colocado en la plaza ‘a dedo’. Al parecer, se habrían falsificado documentos para impedir el cumplimiento de varias sentencias que anulaban la adjudicación del puesto y mantener a ese funcionario en una plaza que no le correspondía.

Denuncia al PP por vía penal

De los actuales diputados provinciales están denunciados en Fiscalía Orejas, Rodrigo, Francisco García, Del Egido y Valcarce Pero el caso del SAM no es el único que sentará en el banquillo de los acusados a Paz Díez y a varios de sus excompañeros en el anterior equipo de gobierno de la Diputación. También está pendiente otra denuncia por la vía penal que un grupo de funcionarios interpuso contra todo el anterior equipo de gobierno del Palacio de los Guzmanes, excepto Manuela García Robles, ajena a los hechos, ya que sólo formó parte del equipo de los populares tras la muerte de Carrasco. A los demás populares de la etapa ‘pre-Majo’ los llevarán los funcionarios a los juzgados, acusados de cometer los delitos de prevaricación, falsificación de documento oficial, acoso laboral, malversación de fondos públicos, fraude, coacciones y tráfico de influencias.

Además de Díez, en esa denuncia penal ante la Fiscalía figura también quien fuera presidente de la Diputación durante apenas medio año, Marcos Martínez Barazón, encarcelado hace once años durante 43 días e imputado por seis delitos en el marco de la trama de corrupción Púnica. Fuera ya del Partido Popular, sigue gobernando con mayoría absoluta en Cuadros, esta vez bajo las siglas de AIC (Agrupación Independiente de Cuadros).

En la denuncia penal figuran además los exdiputados del PP José Antonio Velasco, Isabel Fresno, Jaime González Arias, Teodoro Martínez, Miguel Ángel Robla y José M. Moro. Y también algunos miembros del equipo de Carrasco que continúan a día de hoy en la Diputación, como Emilio Orejas, Lupicinio Rodrigo, Francisco Javier García, Miguel Ángel del Egido o Raúl Valcarce.

Han recibido hace varias semanas la comunicación oficial de que se han iniciado las diligencias previas, según confirmaron este lunes a este periódico varios de los diputados y exdiputados.

de http://www.ILEON.COM/politica/055148/la-exalcadesa-de-mansilla-responde-ante-el-juez-por-falsificacion-de-documento-publico-en-la-diputacion

TRIBUNALES

La exalcadesa de Mansilla responde ante el juez por falsificación de documento público en la Diputación

A. Vega | León | 20/09/2015

Este lunes la exregidora de Mansilla de las Mulas y exdiputada provincial presta declaración junto a otra funcionaria de la Diputación por un presunto delito de falsificación de documento público. De trasfondo la política de personal en la institución provincial las pasadas legislaturas.

La diputada Mari Paz Díez junto al diputado provincial Emilio Orejas en un pleno de la pasada legislatura. Peio García / ICAL

El Juzgado de Instrucción número 2 de León tomarán declaración este lunes a primera hora por un presunto delito de falsificación de documentos públicos a la exresponsable del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y a una funcionaria de la Diputación de León. Se trata de Mari Paz Díez, la otrora poderosa alcadesa de Mansillas de las Mulas y diputada provincial de total confianza de la fallecida Isabel Carrasco y de la funcionaria jefa del SAM, Ana Belén Cosmen, considerada del grupo de afines ‘carrasquistas’. Otro funcionario, el arquitecto coordinador-técnico José María Alvado ha conseguido posponer la declaración alegando que su abogado tenía otra causa este lunes.

Este caso es el primero que toma forma judicial de imputación de las decenas de casos polémicos sobre recursos humanos en la institución provincial que se han ido acumulando en los últimos años con multitud de recursos administrativos y judiciales. El caso aborda una denuncia de otro funcionario contra los responsables provinciales de no haber cumplido varias sentencias que revocaban el puesto de Alvado en la Diputación, falsificando documentos para evitar su cumplimiento según la orden judicial.

El equipo de Gobierno de Carrasco, y luego Marcos Martínez y Emilio Orejas, por mano de Mari Paz Díez aplicaba las sentencias de forma siempre objetiva a sus intereses según los denunciantes. Todas las pretendidas ejecuciones de las sentencias acaban manteniendo a Alvado en su puesto de arquitecto pese a que se anulaba la adjudicación de la plaza. En el fondo político estaba en juego el controlar un servicio tan importante en la Diputación como el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), clave del poder político ‘carrasquista’.

Macrodenuncia contra todo el anterior equipo de Gobierno del PP

Pero el equipo de Gobierno de la pasada legislatura en la Diputación también tiene al completo otra denuncia penal por los presuntos ‘chanchullos’ cometidos en el mandato. Una multidenuncia puesta por un grupo de funcionarios les atribuye posible prevaricación, falsificación, malversación, fraude, coacciones y tráfico de influencias.

La lista de denunciados empieza por los expresidentes de la Diputación Marcos Martínez y Emilio Orejas, hoy alcalde de Cuadros fuera del PP y diputado provincial y alcalde de Valdelugueros. Continúa por todos los que fueron vicepresidentes de la institución la pasada legislatura, Francisco Lupicinio Rodrigo, Miguel Ángel del Egido, José Antonio Velasco así como a los diputados Francisco Javier García Álvarez, Teodoro Martínez, Raúl Valcarce, Mª Isabel Fresno, y el portavoz del grupo, Jaime González, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno. Los denunciantes apuntan también a los exdiputados José Manuel Blanco, Miguel Ángel Robla y Jose Manuel Moro, por su participación en acuerdos del Pleno. Del PP tan sólo queda fuera Manuela García Robles, por entenderse que no participó en todas las decisiones denunciadas, dado que entró en la Corporación sólo tras el asesinato de Carrasco.

Un nuevo nombramiento ‘exprés’ a 5 días de las elecciones

Según la denuncia primero en Fiscalía y ahora en el Juzgado, la actuación de los diputados conservadores consistió en nombrar a tres determinados funcionarios afines para que ocuparan los tres puestos de máxima responsabilidad del SAM: Jefa del SAM, jefe de Sección-Coordinación de la Unidad de Asesoramiento y arquitecto-coordinador técnico.

En este último caso, además, el equipo de gobierno puso en marcha “un procedimiento exprés para nombrar definitivamente como arquitecto” a José María Alvado antes de las elecciones, nombrándolo a falta de menos de 5 días para la jornada electoral, pese a mediar denuncia de falsedad documental para entregarle el puesto, además de denuncias del mobbing practicado contra el denunciante, así como denuncias por el pago de sueldo al arquitecto mencionado pese a estar anulada por el Juzgado de lo Contencioso una entrega previa del puesto”, explican los trabajadores impulsores de esta ofensiva judicial. Y es que en los últimos años, sus constantes denuncias en vía de contencioso han tenido pleno éxito, consiguiendo reiteradas sentencias desfavorables a las pretensiones del PP que sin embargo han hecho oídos sordos.

¿Conexión San Isidro y Operación Púnica?

El mencionado arquitecto, según los denunciantes, ha participado activamente con actuaciones técnicas en la estación invernal de San Isidro “mientras estuvo en su etapa anterior como arquitecto coordinador técnico en comisión de servicios, antes de ser anulado este nombramiento por el Juzgado de lo Contencioso”. Entre otros expedientes, estaría el desmantelamiento urgente del edificio generador de electricidad de los apartamentos de San Isidro “para que fuera inevitable surtirse de electricidad de Iberdrola y pagar la exorbitante cuantía que la ex presidenta Isabel Carrasco pretendía que pagaran los propietarios”. También le achacan “otras actuaciones en edificios y cafeterías que luego serían puestos a disposición de contratos investigados por la trama Púnica” que ha conllevado la cárcel e imputación para Martínez Barazón y la imputación del exinterventor de la Diputación, Jesús López.

Comisiones de investigación en Diputación de Toledo en las que el expresidente García-Tizón tendrá que responder sobre la rehabilitación con dinero público de pisos para uso personal y otros asuntos

21 Sep

de http://www.ELPLURAL.COM/2015/09/20/exclusivas-de-elplural-com-derivan-en-tres-comisiones-de-investigacion-en-la-diputacion-de-toledo/   

Exclusivas de ELPLURAL.COM derivan en tres comisiones de investigación en la Diputación de Toledo

García-Tizón tendrá que responder sobre la rehabilitación con dinero público de pisos para uso personal, creación de una ganadería de reses bravas y la compra de 11 carruajes de época

El expresidente de la Diputación de Toledo (2011-2015), el popular Arturo García-Tizón, conocido por su acumulación de cargos (concejal en el Ayuntamiento de Toledo, presidente del PP en la misma provincia, diputado nacional y presidente de la Comisión Constitucional) y por ser uno de los políticos mejor pagados de España (120.000 euros al año),  tendrá que sentarse en el banquillo de los investigados en las tres comisiones de investigación que el nuevo equipo de Gobierno del organismo provincial, presidido por el socialista Álvaro Gutiérrez, con el apoyo decidido de dos grupos más de la institución, Ciudadanos e Izquierda Unida, han decidido crear para conocer los entresijos de la restauración de pisos con dinero público para uso personal de García-Tizón y los suyos; sobre el despilfarro de la creación de una ganadería de reses bravas y sus correspondientes instalaciones, además de la compra y restauración de once carruajes, entre los que se encuentra uno de su propiedad: todo ello por valor de cientos de miles de euros mientras que el hoy expresidente se negaba a conceder becas de comedor, pretendía cerrar el centro de Alzheimer y despedía de forma ilegal a decenas de trabajadores, además de despreciar a padres de niños oncológicos. Informaciones todas adelantadas en exclusiva por ELPLURAL. COM y que ahora han derivado en las citadas comisiones de investigación.

Salón de uno de los pisos rehabilitados por Tizón con dinero público para uso personal. Foto: ELPLURAL.COM

1ª Comisión: “Los cuatro pisitos”
El PP toledano “pone” cuatro “pisitos” a sus diputados provinciales”. Este fue el titular que ELPLURAL.COM destacó el 24 de enero de 2013 para dar a conocer las intenciones de la Diputación de Toledo, presidida por aquel entonces por Arturo García-Tizón, de rehabilitar con todo lujo de detalles cuatro pisos propiedad del organismo para que el presidente y sus diputados pudieran disponer de ellos cuando gustaran, como así denunció también el exconcejal de IU, Aurelio San Emeterio. Nuestro periódico ofreció toda la información, incluido el proyecto de reforma (ver documento 1) al que tuvimos acceso. Dos años y medio después, las viviendas ofrecen una visión decimonónica y con un gusto un tanto friki y casposo en su decoración, a pesar de haber gastado la friolera de 400.000 euros. De ahí que Ciudadanos pidiera una comisión de investigación para depurar responsabilidades y conocer cuál era el fin de la remodelación, además del uso personal reconocido por el propio Tizón. El pleno provincial de este viernes, 25 de septiembre, encargará al diputado de C’s, Antonio López, la presidencia de la comisión de investigación, según ha podido saber este periódico de fuentes de la formación naranja.

Tizón presencia el desencajonamiento de reses bravas antes de la construcción de los chuiqueros. Foto: ELPLURAL.COM

2ª Comisión: La ganadería brava
Tizón se gastó medio millón de euros en una ganadería brava, mientras rechazaba becas de comedor”. Titular que esta redacción “colgó” el 9 de agosto de 2015 informando de la creación de una ganadería de reses bravas y sus consiguientes instalaciones por un valor cercano al medio millón de euros. El lugar elegido, la finca de interpretación de la naturaleza de El Borril. Y la pregunta que nos hicimos y la que a buen seguro le harán a García-Tizón los diputados, es: ¿Para qué quiere una diputación una ganadería de reses bravas? Y más sabiendo que las necesidades de la provincia pasaban por otros asuntos de más urgencia que por la construcción de una decena de chiqueros, corrales, vallados y otras instalaciones que la “Maestranza de Sevilla quisiera para sí”, denunció el vigente presidente en rueda de prensa recientemente. Más todavía, Tizón y su lugarteniente en estos menesteres cornúpetas, el exalcalde de Gerindote (1995-2015) y actual asesor del Grupo Popular, Julián Morales, deberán dar explicaciones sobre la construcción de un cerramiento, valorado en 250.000 euros, antes de que la obra se le concediera a la empresa encargada del vallado y se firmara el ineludible y legal contrato. Y es que Morales será, con toda seguridad, uno de los grandes protagonistas de esta nueva comisión de investigación que, presumiblemente, aprobará el pleno provincial del 16 de octubre y que todo indica estará presidida por el diputado de IU, Jorge Vega.

La calesa de Tizón en pleno proceso de restauración. Foto: ELPLURAL.COM

3ª Comisión: Compra de 11 carruajes de época
Tizón destina cero euros a becas de comedor y 42.000 a la compra de siete carruajes de caballos”. ELPLURAL.COM volvía a poner de relieve en este titular del 10 de agosto de 2014 la falta de sensibilidad de Arturo García-Tizón que prefería comprar siete calesas (ver contrato 2) antes de atender necesidades imperantes e ineludibles. No conforme con esta adquisición, nueve meses después (“Tizón amplía su flota de carruajes, a la vez que se empeña en cerrar el único centro de Alzheimer de Toledo”, titular del 8 de mayo de 2015), volvía a adquirir cuatro nuevas calesas, incluida una de su propiedad (ver documento 3), que reforzaban la “necesaria” flota de carruajes de época que toda diputación que se precie nunca debe eludir. Fuera de ironías, si a todo esto le añadimos que el vendedor de la mayoría de esos carruajes fue luego el monitor contratado por la Diputación en la puesta en marcha de una exclusiva escuela taller para la restauración de las mismas, a razón de 2.500 euros al mes, entonces, el presidente de esta comisión, que tal vez se fusione con la correspondiente a la ganadería de reses bravas, según fuentes próximas a la Presidencia, deberá indagar en esta escuela taller y aflorar algo que a todas luces huele como las excreciones de los caballos que tiran de esas caprichosas carrozas de Tizón. Ésta, todavía no confirmada comisión de investigación, estaría presidida en esta ocasión por un diputado del PSOE.

Algunos de los carruajes. foto: ELPLURAL.COM