LEOSANOASUNTOS NACIONALES DE ACTUALIDAD

13 Jul

VÍNCULO A PDF artic LEOSANOSASUNTOS NACIONALES
imputados pasan a investigados

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/08/regimen_oficinas_expresidentes_autonomicos_33687_1012.html

PRIVILEGIOS

Las prebendas de los expresidentes autonómicos chocan con el compromiso de regeneración política

·        Diez exmandatarios autonómicos están instalados en los Consejos Consultivos. La mayoría cobra unos 60.000 euros anuales, y en Madrid superan los 85.000

·        Camps y Fabra en Valencia, Bono en Castilla-La Mancha y los exlehendakaris mantienen secretaria, despacho, coche y chófer

·        El estatuto del expresident contempla en Cataluña asignaciones mensuales vitalicias

Juanma Romero

Actualizada 12/07/2015 a las 00:01

Independencia-judicial_3

http://www.elplural.com/2015/07/10/el-pp-intenta-domesticar-la-para-ellos-molesta-fiscalia-de-violencia-de-mujer-poniendo-a-una-fiscala-de-las-suyas/

El PP intenta ‘domesticar’ la para ellos molesta Fiscalía de violencia contra la mujer poniendo una fiscal ‘de las suyas’

Ocho ONG’s sociales y feministas han enviado una carta pidiendo, sin embargo, que se asegure el trabajo de la fallecida Soledad Cazorla, apostando por quien era su segunda

  1. MEDINA | 10/07/2015

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Para el Partido Popular el asunto de la violencia contra la mujer siempre ha sido un problema incómodo. Con Ana Mato volvió a hablarse en alguna ocasión, incluso, de conceptos como ‘violencia en el hogar’ y otros que tapaban lo que no es sino violencia machista contra la mujer. La relación con la Fiscalía de Sala del Supremo que llevaba este asunto no fue siempre, en ese sentido, fácil.

La fiscal general apuesta por una conservadora y religiosa compañera de promoción
El fallecimiento de la mujer que durante 10 años ocupó ese puesto, Soledad Cazorla, y que supo dar un giro a cómo se veía el asunto tanto en la sociedad civil como en la política, ha abierto un hueco que está sacando a la luz esa ‘incomodidad’ del PP para con este asunto. El Gobierno intenta ahora, a través del nombramiento de la sustituta de Cazorla ‘domesticar’ la Fiscalía de Sala de violencia contra la mujer poniendo a una fiscal conocida por sus posiciones conservadoras y religiosas.

Teresa Peramato, diez años de experiencia en la Fiscalía de violencia de género.., pero no con el perfil conservador que quiere el PP

Nos referimos a María Ángeles Montes, mujer que fue de absoluta confianza de Jesús Cardenal, el fiscal general de cabecera de José María Aznar, y que es de la misma promoción y amiga de la actual fiscal general, Consuelo Madrigal. A ambas, Montes y Madrigal, les une también, como decimos, que son muy conservadoras y muy religiosas. Montes, que había sido fiscal general en el País Vasco, ocupa actualmente una de las fiscalías superiores en esa misma comunidad.

Reacción de las organizaciones sociales y de mujeres en apoyo por la continuidad de políticas
Este posible nombramiento ha preocupado y mucho entre asociaciones de mujeres y otras sociales que trabajan en este asunto, y que temen que se produzca un peligroso retroceso en el avance que se había producido durante los 10 años en los que la plaza la ocupó Soledad Cazorla. Un temor que ha llevado a que ocho de estas ONGs hayan enviado un escrito a la actual fiscal general.

En su escrito estos grupos (en los que se incluye desde la presitigiosa asociación Themis, formada por mujeres juristas, hasta los sindicatos UGT y CC.OO. u otros como la Comisión para Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, o la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas), apoyan el nombramiento de quien fue durante todo este tiempo la número dos de Soledad Cazorla, Teresa Peramato.

Necesaria experiencia y conocimiento del asunto
Consideran estas asociaciones que entre todos los candidatos al puesto (hay cinco, aunque todo indica que la apuesta de PP y Gobierno se circunscribe a Montes) Peramato, por su experiencia junto a Cazorla, es la única que acumula la experiencia y solvencia necesarias para un asunto en el que formación y conocimiento resultan vitales y asegura la continuidad de una labor que había puesto el asunto en primer plano de la preocupación social y política.

La misiva de estas ocho organizaciones, que como decimos se ha enviado ya a la fiscal general del Estado, Madrigal, va a ser también remitida a los otros agentes involucrados en el asunto, como son la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el ministerio de Justicia, así como a otros agentes políticos, sociales y judiciales para que se sumen a su presión en asegurar la continuidad en el trabajo que llevó a cabo durante los últimos diez años Cazorla.

http://www.elplural.com/2015/07/07/linea-roja-de-cs-a-cifuentes-la-salida-digna-de-los-expresidentes-no-podra-incluir-sueldo/

Línea roja de C’s a Cifuentes: la “salida digna” para expresidentes no podrá incluir sueldo

La legislatura empieza con otra piedra en el zapato para la presidenta regional: una comisión de investigación apoyada por PSOE y Podemos escrutará la gestión de González y Aguirre

S.COLADO | 07/07/2015

Ciudadanos se juega mucho en los próximas semanas de cara a su imagen después de haber apoyado la investidura de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Sobre la mesa están temas inmediatos y tan controvertidos como la situación de Telemadrid tras años de erosión y descrédito por parte de los Gobiernos populares. Otros son las sombras que se ciernen sobre la gestión de los últimos Gobiernos regionales y la ubicación de los expresidentes en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid con un sueldo mensual de 8.500 euros mensuales brutos. El Consejo está integrado, entre otros miembros, por los expresidentes regionales Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, no así por Esperanza Aguirre que declinó formar parte del mismo.

Ninguneo de Cifuentes al pacto de investidura
De momento ya se ha producido un primer enfrentamiento entre C’s Y PP como ha contado ELPLURAL.COM después del ninguneo de la presidenta regional, que a pesar del acuerdo de investidura que suscribieron formalmente ha metido a González en el Consejo Consultivo cuando es un organismo destinado a desaparecer. El punto nueve de ese acuerdo lo recoge expresamente: “Eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y despolitización de la Cámara de Cuentas”.

Ahora se habla de “salida digna”… 
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dio un golpe sobre la mesa tras el desplante y alertó de que iba a reunirse con Cifuentes para pedirle “explicaciones” sobre la inclusión de González en el Consejo y para fijar un calendario para poner en marcha las medidas acordadas, entre otras la eliminación de ese organismo. Cifuentes empezó a recular entonces pero apuntando a buscar una “salida digna” para sus predecesores: “No se les puede dejar tirados. Tienen que ser reconocidos por lo que fueron y poner en valor su experiencia y representatividad”.

… que según C’s no podrá ser remunerada
ELPLURAL.COM ha contactado con el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea para sondear hasta qué punto están dispuestos a negociar esa “salida digna” y apuntan que la retribución será una línea roja. Así, están dispuestos a hablar de un estatuto que reconozca el papel de los expresidentes y de momento no adelantan si aceptarían poner recursos públicos a su disposición como chófer o secretaria, ya que hablarán con todos los grupos, pero insisten en que la ausencia de sueldo debe ser uno de los requisitos. El “retiro dorado” del que habló el propio Aguado se aleja, pero si al final Cifuentes se sale con la suya y recoloca a los suyos de manera similar a la del Consejo los que quedarán en evidencia son los de Albert Rivera.

Comisión sobre la corrupción aprobada por C’s, PSOE y Podemos
De todas formas la puesta en el disparadero del Consejo –que por ejemplo Leguina no ha encajado demasiado bien– no es la única mala noticia que ha recibido Ignacio González en las últimas horas. La actitud de Cifuentes nada más empezar la legislatura ya ha provocado fricciones con sus socios, pero Ciudadanos también mueve pieza y ha acordado con la oposición en la Asamblea crear una comisión para escrutar la gestión de los Gobiernos regionales en los últimos ocho años, es decir, un período que abarca tanto a Aguirre como González y en el que han estallado escándalos de corrupción como la Gürtel y la Púnica. Este miércoles darán más detalles en rueda de prensa, pero C’s, PSOE y Podemos han acordado en la Asamblea poner en marcha tanto una comisión para abordar la corrupción institucional como estudiar el endeudamiento y la gestión pública en la Comunidad en los últimos años.

ley mordaza-Mongolia

(de revista MONGOLIA. Julio 2015

. http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10311-reacciones-a-la-entrada-en-vigor-del-codigo-penal/

02/07/2015 13:42:50 | REDACCIÓN NJ | REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Reacciones a la entrada en vigor del Código Penal

La entrada en vigor ayer, uno de julio, de la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015, ha provocado reacciones entre diversos colectivos profesionales y ciudadanos.

A continuación recogemos las más significativas.

Víctimas de accidentes de tráfico y automovilistas alertan de que la reforma les desprotege

Asociaciones de víctimas de tráfico y asociaciones automovilistas han mostrado su rechazo a la reforma del Código Penal pues, en lo referido a materia de seguridad vial, la mayoría de accidentes de tráfico ya no serán tramitados en los Juzgados Penales.

En este sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, ha asegurado que se trata de un Código Penal que “está hecho a la medida de las aseguradoras que van a ser las grandes beneficiadas” y ha afirmado que esta reforma “afecta muy negativamente a los ciudadanos que se van a ver implicados en un accidente con daños personales”.

Además, Canes ha señalado que la nueva norma “ha conseguido eliminar derechos a las víctimas de accidentes, porque a partir de ahora todo se va a tener que sustanciar directamente entre la víctima y las aseguradoras sin intervención del forense, ni el fiscal ni el atestado”.

“Con esta reforma va a ser más sancionable a nivel de puntos saltarse un semáforo en rojo que saltarse un semáforo en rojo y atropellar a alguien y matarle porque cuando se producen lesiones graves irá por la vía judicial pero como no va a ser considerado delito se va a quedar en un tema indemnizatorio entre víctima y aseguradora”, ha afirmado Canes.

Por su parte, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha afirmado que se trata de “una de las peores reformas del Código Penal” en la que se quita “de un plumazo” los juicios de faltas con los que “por lo menos se condenaban a la persona por haber cometido una infracción” dando importancia a la compensación económica y no a la Justicia.

Novella, ha señalado en declaraciones a Europa Press, que esperan “una reforma en profundidad en lo que a los artículos de tráfico se refiere” y ha indicado que se trata de “una manera de colapsar los juzgados de primera instancia”. “Vamos a continuar protestando al respecto y de cara a las elecciones generales pediremos que se incluyan en los programas electorales la derogación del Código Penal”, ha declarado.

En la misma línea, el presidente Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha asegurado que la reforma “no es favorable porque van a dejar desasistidos a las víctimas de accidentes de tráfico que hasta ahora podían utilizar un mecanismo simple y gratuito por una falta de trafico, ya que al poner una denuncia podían activar el mecanismo de protección y de valoración de lesiones”.

Además, ha indicado que con la norma entrante, “todo se resuelve mediante la cuestión indemnizatoria, quedando impune si algún conductor ha cometido una acción reprobable”. Sin embargo, ha destacado que uno de los aspectos positivos de esta reforma es que “los casos de desobediencia a la autoridad no se lleven por vía penal y sí por la administrativa”.

Sindicato de funcionarios: La Administración carece de medios para la aplicar la reforma

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado y Justicia, ha advertido que el sistema penitenciario español carece de medios humanos, materiales y de infraestructuras para aplicar la prisión permanente revisable aprobada en el nuevo Código Penal.

Así mismo CSIF señala que está comprobado que las penas de larga duración suscitan en el tiempo conductas violentas y por tanto la reeducación, rehabilitación y reinserción social quedan diluidas. Esta circunstancia, unida al déficit de funcionarios penitenciarios del que adolece la institución hará muy difícil un seguimiento específico sobre los internos.

Además, desde el punto de vista de la administración de Justicia, CSIF advierte de que la reforma del Código Penal tendrá problemas de gestión y atascos judiciales por la falta de adaptación del sistema informático.

De hecho, a fecha de hoy ni los funcionarios de Justicia ni de Instituciones Penitenciarias tienen conocimiento sobre la adaptación de los distintos modelos de tramitación de expedientes en las diferentes aplicaciones informáticas, conforme a la normativa. Para CSIF esta actitud de los respectivos Ministros es un grave error que se traducirá en problemas en la tramitación, más atasco y más caos en los órganos judiciales y penitenciarios. Sin la participación de los funcionarios de Justicia y de Instituciones penitenciarias ninguna reforma tendrá éxito.

Por último, CSIF critica la falta de formación de los profesionales, en la víspera de la entrada en vigor del nuevo código, en especial en relación con los funcionarios que funcionarios que tienen que tratar con el perfil de internos condenados a penas prolongadas, siendo en la mayoría delitos muy graves. En este sentido, reclama programas de formación para tratar a internos condenados por delitos cometidos contra menores de 16 años, personas especialmente vulnerables o terrorismo yihadista.

JpD: el Código Penal busca “actuar sobre los mecanismos emocionales” de la población

Cerrando por el momento esta secuencia de reacciones, Jueces para la Democracia (JpD) ha afirmado este miércoles que con el nuevo Código Penal que acaba de entrar en vigor, el Gobierno ha optado por “criterios de oportunidad vinculados al populismo punitivo, con la finalidad de actuar sobre los mecanismos emocionales de la población”.

“En este sentido, la reforma incorpora castigos más severos, a pesar de que nos encontramos en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo y de que ya estamos en los porcentajes más elevados de población reclusa por habitante”, afirma esta asociación de jueces en un comunicado.

Sobre la prisión permanente revisable, JpD insiste en que “tiene carácter inhumano y degradante”  y  vulnera el principio de reinserción social, por lo que a su juicio resulta contraria a la Constitución.

Advierten que  la reforma también endurece el tratamiento penal de los delitos contra el orden público e incorpora nuevos castigos con pena de prisión para determinadas formas de protesta social.

En este ámbito, la reforma acompaña las “muy criticables” medidas de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que según este colectivo  “lesiona las libertades y resulta contraria a los principios de una sociedad plural, democrática y respetuosa con las distintas formas de pensar”.

En cuanto a la despenalización de las faltas de lesiones imprudentes, JpD considera que beneficia a las compañías aseguradoras y perjudica a las víctimas de accidentes de tráfico, que con esta reforma ven reducida su protección en el ámbito judicial.

Finalmente, los jueces progresistas advierten de grave error técnico por parte del Gobierno y de la mayoría parlamentaria, que ha convertido diversos delitos hasta ahora clasificados como menos graves en delitos leves.

“Esta situación afectará al menos a 16 delitos, a los que podrían añadirse muchos más a causa de una regulación confusa, errónea y deficiente, que va a generar serios problemas de interpretación al poder judicial”, según la asociación. (EUROPA PRESS)

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10307-justicia-estudiara-un-texto-alternativo-al-articulo-520-1-de-la-lecrim-para-equilibrar-el-derecho-a-la-informacion-y-los-derechos-constitucionales-del-investigado/

02/07/2015 11:08:18 | Reforma de la LECrim

Justicia estudiará un texto alternativo al artículo 520.1 de la LECrim, para equilibrar el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de mejorar la redacción del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurar el equilibrio entre el derecho a la información y el respeto al derecho al honor, intimidad e imagen de los detenidos o presos.

Así lo ha manifestado en una reunión celebrada con representantes de la Federación de Asociaciones  de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP).

Atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catalá ha convenido en buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado.

El ministro se ha reafirmado también en la necesidad de incorporar la protección de estos derechos en el nuevo estatuto del investigado y ha reiterado que son las autoridades competentes (órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias) los destinatarios de esta norma y no los medios de comunicación, que deberán regirse por los criterios arbitrados en sus códigos de ética profesional.

Reforma de la LECrim

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente en trámite en el Congreso, ha incorporado una enmienda que obligará a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de “asegurar el respeto a sus derechos constitucionales”.

Esta enmienda a la reforma del artículo 520 propuesto por los “populares” no concreta, sin embargo, qué medidas deben adoptarse en las detenciones y desplazamientos y deja en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado las prevenciones a adoptar para cumplir la ley y evitar lo que se ha dado en llamar “pena de Telediario”.

Preocupación de los medios

Las Asociaciones de editores y periodistas habían mostradon su “inquietud” porque la reforma de este artículo “pone en peligro” el derecho constitucional a la información.

En concreto, dichas asociaciones han asegurado que, tanto en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.  Además, entienden que las palabras “adoptar las medidas necesarias” crean “un gran desconcierto y total inseguridad jurídica” en profesionales y medios, “por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial”.

Por ello, han celebrado la “voluntad de diálogo” del ministro de Justicia, y su intención de “buscar fórmulas” para modificar la redacción de este artículo.

01/07/2015 16:26:15 | Redacción NJ | Fiscal General del Estado

Circular 3/2015 de la Fiscalía General del Estado, por la que se establecen criterios en relación con el régimen transitorio establecido por la reforma del Código Penal

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Casi coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, la Fiscalía General del Estado ha emitido su Circular 3/2015, por la que establece criterios sobre la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el régimen transitorio establecido por esa reforma.

Esta circular resume su contenido en las siguientes Conclusiones:

“1. La presente Circular no modifica las previsiones de las Circulares 1/1996 de 23 de febrero, 2/1996 de 22 de mayo, 1/2000 de 18 de diciembre, 1/2004 de 22 de diciembre y 3/2010 de 22 de junio, que contienen los principios fundamentales en materia de régimen transitorio.

2.1 El régimen transitorio está presidido por el principio de irretroactividad de las leyes penales en tanto no sean más favorables para el reo.

2.2. A los efectos de determinar la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas del Código en su redacción anterior y con las resultantes de la reforma operada por la LO 1/2015.

2.3. Como presupuesto de la revisión de la sentencia, será necesario que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena o en vía de su cumplimiento efectivo. Cuando la pena impuesta sea susceptible de imponerse con la nueva regulación, no procederá la revisión de la sentencia, salvo que en esta también se prevea la posibilidad de imponer una pena alternativa.

  1. El trámite de audiencia del reo es requisito necesario y deviene esencial en los supuestos en que pueda ser discutible la determinación de la ley más favorable.

3.1. En los hechos pendientes de enjuiciamiento, deberá tenerse en cuenta no solo el tipo básico impuesto al autor del hecho, sino también el grado de ejecución y participación, la concurrencia de circunstancias modificativas o excluyentes de la responsabilidad criminal, la existencia de tipos privilegiados, así como las normas referentes a la ejecución, suspensión o sustitución de la pena.

En estos procedimientos operará plenamente la discrecionalidad que permite una y otra legislación, debiendo tenerse en cuenta todas las circunstancias que pueden influir tanto en la determinación de la pena como en la ejecución de la misma.

Si resultare dudosa la determinación de la pena más favorable, los Sres. Fiscales emitirán el escrito de calificación provisional especificando alternativamente la petición de pena conforme a la norma derogada y a la vigente.

3.2 Frente a las sentencias que no han adquirido firmeza, la solicitud de revisión para aplicar retroactivamente la nueva regulación por estimar que resulta más favorable, deberá hacerse a través del recurso de apelación o de casación dependiendo del procedimiento y del Juez o Tribunal que las haya dictado.

3.3 A las resoluciones que resuelvan el incidente de revisión de las sentencias firmes, les es aplicable el mismo régimen de recursos que a la sentencia revisada, limitándose la impugnación a la corrección o no de los aspectos revisados.

3.4.1 El régimen de suspensión de la ejecución de la pena permite aplicarlo a penados no primarios cuyos antecedentes penales, por su naturaleza y circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros. La comisión de un nuevo delito durante el período de suspensión no implica automáticamente la revocación de este beneficio salvo que revele que la expectativa en que se fundó su concesión ya no puede ser mantenida. No se entiende que existe abandono del tratamiento de deshabituación si las recaídas no evidencian un abandono definitivo del mismo.

Para las causas aún no enjuiciadas, cabe aplicar la nueva legislación aunque desde el punto de vista de la pena a imponer no sea más beneficiosa, si con el anterior régimen no era posible la suspensión.

Si se revisa una sentencia, la nueva pena lo permite y la anterior no, nada impide que puedan ser aplicados los beneficios de la suspensión de la ejecución.

Las sentencias firmes, cuando hubiese sido impuesta pena que impedía la suspensión, podrán ser revisadas aun cuando por razón exclusiva de la pena impuesta no procediera, si esta revisión puede dar lugar a la aplicación de la suspensión.

3.4.2 La modificación de los supuestos de sustitución de la pena impuesta por la expulsión del territorio nacional exige la revisión de las sentencias en que se haya acordado la expulsión en penas privativas de libertad distintas de la prisión, en penas de prisión inferiores a un año, y en penas de prisión que excedan del límite de cinco años establecido en el art. 89.

  1. La derogación del Libro III del Código Penal, no implica que hayan perdido relevancia penal todas las conductas anteriormente tipificadas como faltas.

4.1. Las sentencias firmes condenatorias por faltas perseguibles de oficio no serán objeto de revisión aunque falte el requisito de perseguibilidad exigido en su nueva configuración como delito leve.

4.2.1 Las condenas a pena de localización permanente por conductas constitutivas de falta que tras la reforma pasan a ser delitos leves para los que solo está prevista la pena de multa, exigirán abrir el proceso de revisión de la sentencia.

4.2.2 Procede la revisión de las condenas por injurias del derogado art. 620.2 in fine.

4.3. No serán objeto de revisión las conductas penadas como falta que en su configuración como delitos leves tengan señalada una pena igual o superior.

4.4. Atendida la nueva regulación del art. 244, no serán objeto de revisión las condenas por falta de robo de uso de vehículos de motor ajenos, pero sí las condenas por falta de hurto de uso de vehículos de motor ajeno.

4.5. Las condenas por faltas contra la propiedad intelectual e industrial no serán objeto de revisión, a salvo el supuesto en el que habiéndose impuesto pena de localización permanente (privativa de libertad) el penado prefiera la imposición de una pena no privativa de libertad.

4.6. De todas las conductas recogidas en el derogado art. 621, solo serán revisables las condenas por las faltas de imprudencia leve con resultado de lesiones del art.147 previstas en el derogado art. 621.3 en tanto esta conducta ha quedado despenalizada.

4.7. Los delitos configurados sobre la base de la comisión de faltas han sido derogados.

4.7.1 No procederá revisar la sentencia condenatoria dictada al amparo del derogado delito de hurto del art. 234 párrafo segundo si en alguna de las conductas que lo integraban concurriera alguna de las circunstancias establecidas en el nuevo art. 235 o si los hechos declarados probados en la sentencia permiten la calificación por delito continuado de hurto. En caso contrario deberá abrirse el procedimiento de revisión de la sentencia siendo especialmente relevante la manifestación que a tal efecto realice el penado.

4.7.2 No procederá revisar la sentencia condenatoria conforme al derogado delito de robo o hurto de uso del art. 244.1 inciso segundo, si alguna de las conductas que lo integraban hubieran sido realizadas con fuerza. Si todas ellas tuvieran la consideración independiente de hurto de uso, deberá abrirse el proceso de revisión valorando no solo la naturaleza de la pena impuesta sino también, para el caso en que se tratara de pena de multa, la extensión de la misma.

4.7.3 Si la pena impuesta por el derogado art.147.1 párrafo 2º hubiera sido de multa, solo procederá la revisión de la sentencia si por su extensión excediera de la resultante de sumar las varias penas de multa correspondientes a cada uno de las conductas tipificadas como delitos leves. Procederá en todo caso la revisión de la sentencia si la pena impuesta hubiera sido la de prisión.

4.7.4 Las condenas por el derogado art. 299 CP (receptación habitual de faltas) deberán ser siempre objeto de revisión sustituyéndose la pena de prisión impuesta por la de multa.

4.7.5 No serán revisables las condenas por delito de prevaricación consistente en dictar sentencia injusta contra el reo en proceso por falta (art.446.2º), aunque se refiera a faltas que hayan sido despenalizadas. En los supuestos de delito de denuncia falsa (art.456) si la imputación lo fue a una conducta constitutiva de falta que ha quedado despenalizada, falta un elemento del delito y debe entenderse que tal imputación es ahora impune al recaer sobre un hecho atípico.

4.8. Deberán ser objeto de revisión todas las condenas por faltas cuyas conductas, antes previstas en los arts. 618.1 y 2, 619, 622, 630, 631.1, 633, 634 –cuando el sujeto pasivo sea agente de la autoridad-, 636 y 637 inciso segundo, al haber sido despenalizadas.

5.1. En tanto la pena prevista en la nueva regulación es igual o superior a la contemplada en la anterior, no serán objeto de revisión la mayor parte de las sentencias condenatorias por delito.

5.2. No procederá la revisión de las sentencias dictadas al amparo de los artículos 253 y 254 pues estas conductas están integradas en el contenido del nuevo art. 254.1 CP.

6.1. Los daños en bienes militares en cuantía inferior 1.000 euros quedan excluidos del tipo del art. 265, sancionándose tras la reforma conforme al tipo básico de daños del arts. 263.1

6.2. Las condenas por el delito de administración desleal del derogado art.295, serán objeto o no de revisión de la sentencia en función de la cuantía del perjuicio y de la pena impuesta.

6.3. Las condenas por el delito contra los derechos de los trabajadores previsto en el art. 315 serán siempre objeto de revisión pues de la penalidad conjunta de prisión y multa se ha pasado a la pena alternativa de prisión o multa.

6.4. Las condenas por el delito de inmigración ilegal previsto en el art. 318 bis, deberán ser revisadas al pasarse de una pena única de prisión, a una pena alternativa de prisión o multa, y además reducirse la extensión de la pena de prisión.

6.5. Las condenas por el delito de daños sobre el patrimonio histórico previsto en el art. 318 bis, también deberán ser revisadas al pasarse de una pena única de prisión, a una pena alternativa de prisión o multa.

6.6. En relación a las condenas por delito de malversación de los arts. 432, 433 y 434, solo será objeto de revisión la condena por la conducta prevista en el art. 433.3. No obstante, en cualquiera de las sentencias condenatorias, deberá siempre tenerse en cuenta el nuevo tipo privilegiado del art. 434.

6.7. Deberá abrirse en todo caso el proceso de revisión de sentencias por las condenas impuestas por delitos de resistencia o desobediencia grave.

6.8. La conducta contenida en el anterior art. 559 deberá entenderse integrada tras la reforma en los tipos de desordenes públicos de los nuevos arts. 557 o 557 bis y en relación con la penalidad en ellos establecida habrá de ser realizada la labor de determinación de la ley más favorable.

6.9 Las condenas por delito de corrupción de menores cuando la víctima al tiempo de los hechos tuviera más de dieciséis años deberán ser revisadas.

Las condenas impuestas a clientes de menores de más de dieciséis años (art. 187.1 CP), cuando se hubieran impuesto más de cuatro años de prisión, serán revisables.

  1. Deberá ser objeto de revisión la condena por el subtipo atenuado del delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea en cuantía no superior a cincuenta mil euros (art. 306 párrafo segundo) al haber sido despenalizada la conducta.
  2. Los Sres. Fiscales en los casos en los que detecten causas en que procediendo la revisión de la sentencia no se haya iniciado el procedimiento, solicitarán su activación al Juzgado o Tribunal sentenciador.

En razón de todo lo expuesto, con el propósito de adoptar un criterio uniforme en la aplicación del régimen transitorio derivado de la reforma operada por LO 1/2015, los Sres. Fiscales se atendrán en lo sucesivo a las prescripciones de la presente Circular.

Madrid, 22 de junio de 2015.”.

 http://www.eldiario.es/politica/Maniobra-conservador-Sala-Supremo-Gobierno_0_403860594.html

Maniobra para que un conservador presida la Sala del Supremo que puede tumbar decisiones del Gobierno

Fuentes del CGPJ denuncian una campaña de su presidente para que no repita José Manuel Sieira, a pesar de haber desatascado la Sala Tercera.

-Presenta su candidatura Luis Díez-Picazo, muy próximo a Lesmes y elegido por Gallardón para presidir la comisión que analizó la reforma del Poder Judicial.

-El Pleno del Poder Judicial, de mayoría conservadora, elegirá el próximo 22 de julio al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Pedro Águeda

29/06/2015 – 23:57h

MÁS INFO

Los recursos judiciales que la oposición o cualquier otro presente contra las actuaciones del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales serán resueltos, como marca la Ley, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Hasta hace unas semanas, todo parecía indicar que la continuidad se iba a imponer y al frente de la también llamada Sala de lo Contencioso-Administrativo seguiría su actual presidente, José Manuel Sieira, un magistrado de corte progresista, pero moderado, que presenta su gestión durante estos últimos cinco años como principal aval. Sin embargo, la irrupción en la carrera de Luis Díez-Picazo, muy próximo al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha hecho aflorar una maniobra para que la Sala que puede hacer temblar a un Gobierno sea presidida por un magistrado de claro corte conservador durante los próximos cinco años.

Una norma no escrita hace que los presidentes de Sala suelan ver renovado su primer mandato siempre que éste se haya visto a salvo de polémicas. Sieira tomó las riendas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en 2010 con 14.477 recursos pendientes de resolver. A 3 de junio de 2015, esos recursos habían disminuido hasta los 4.421, menos de una tercera parte. Por otra parte, José Manuel Sieira es un veterano magistrado que lleva 21 años en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

A pesar de ello, hay tres magistrados que le van a intentar disputar el cargo. Según fuentes del Alto Tribunal, a la intención de Díez-Picazo de presentarse reaccionaron otros dos magistrados de la Sala Tercera: Eduardo Calvo Rojas y Jorge Rodríguez-Zapata. Pero las mismas fuentes restan posibilidades a estos dos últimos, extendida como está en el CGPJ la idea de que el candidato de su presidente, Carlos Lesmes, es Díez-Picazo. La maniobra se completa con las presiones que, según fuentes del CGPJ, está ejerciendo Lesmes sobre varios vocales, a los que ha conminado a no apoyar la renovación de Sieira.

Las fuentes consultadas sitúan la animadversión de Lesmes hacia Sieira en el fallo de la Sala Tercera que tumbó el indulto del Gobierno al conocido como ‘kamikaze’ de Valencia. Lesmes fue el magistrado encargado de defender la ponencia en contra del recurso presentado por la familia del fallecido. La Sala se partió en dos. Lesmes reunió 17 apoyos por 19 que se posicionaron en contra, con lo que el actual presidente del CGPJ perdió la ponencia, que pasó a manos de Rafael Fernández Valverde.

Los cuatro candidatos serán entrevistados por la comisión permanente del CGPJ en audiencia pública en las próximas semanas. Los 20 vocales del pleno del Consejo General del Poder Judicial, más su presidente, votarán quién va a presidir la Sala III del Tribunal Supremo hasta 2020. El pleno cuenta con mayoría conservadora y un eventual empate puede ser resuelto con el voto de calidad del presidente Lesmes.

Díez-Picazo, con FAES y Gallardón

Luis Díez-Picazo es magistrado del Tribunal Supremo desde hace seis años. Es, por tanto, el más reciente en el Alto Tribunal de cuantos aspiran a presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesta en la actualidad por 37 magistrados más su presidente. Díez-Picazo accedió al Tribunal Supremo por el quinto turno, esto es, como jurista de reconocido prestigio. De 58 años, es catedrático de Derecho Constitucional con un amplísimo curriculum.

El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, eligió a Díez-Picazo para presidir la comisión que abordó la reforma del Consejo General del Poder Judicial. De las pocas intervenciones públicas que se le encuentran figura una de 2006 en un campus de la FAES, el think tank del Partido Popular, dedicado al Presente y Futuro de la Constitución. Apenas tres semanas después de que los catalanes refrendaran el nuevo Estatuto de Cataluña, Díez-Picazo afirmó: “Estamos ante un intento subrepticio de transformar nuestro país en un Estado asimétrico que pone en juego la igualdad política de los ciudadanos”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala Tercera entenderá de, entre otros, los recursos “contra actos y disposiciones” adoptados en el seno del Consejo de Ministros. El plazo para presentar la candidatura a presidirla finalizó el pasado domingo, pero todavía restan unos días para aquellos magistrados que decidieron enviar la suya por correo.

En cuanto a los otros dos candidatos, Jorge Rodríguez-Zapata se presenta con la experiencia de haber sido magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular. También magistrado del Supremo por el quinto turno, accedió al Alto Tribunal hace quince años, en los que siempre ha estado en la Sala III, a excepción de su periodo en el Constitucional, entre 2002 y 2011.

Por último, Eduardo Calvo Rojas lleva una década en el Tribunal Supremo. Es afiliado a la asociación progresista Jueces para la Democracia y le avala haber presidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo en otro tribunal, la Audiencia Nacional.

29/06/2015 – 23:57h

 

  • 1 AliciamaravillasBueno, todavía no es 1 de julio, así que supongo que se puede decir que la judicatura parece una …
  • 2 MarkipAtado y bien atado
  • 3 mequiseEsta manipulación de la justicia es asquerosa, nauseabunda y anti demócrata, y quienes se …
  • 5 MASEGOSOSe están blindando en todos los sentidos. justicia, Turismo, etc. Con salarios de verdadero …
  • 6 Juana2Pero esto no se puede parar ??? Es una vergüenza la manipulación y control que tiene el partido …
  • 7 DuxcrucisCACA CULO PIS serán mañana: heces ano orina.
  • 9 panchosilioEl creer en la imparcialidad de los magistrados del quinto turno tiene mucho mérito, pues todos …
  • 10 SABEVEl PODER judicial,algo a CAMBIAR!!
  • 15 holdenManipulación asquerosa, repugnante, corrupta de una JUSTICIA ASQUEROSA Y CORRUPTA PODRIDA …
  • 16 holdenDinamitar el poder judicial objetivo fundamental para que seamos un país democrático¡¡¡
  • 17 holdenCARLOS LESMES vaya elemento, puesto y comprado por el PPPPODRIDO¡¡¡
  • 18 mozoteEs terrorífico ver esta fotografía que “alumbra” a la Justicia Ciega. Da miedo ver a estos …
  • 19 mozoteSiempre te leo, cerdo peligroso. Me encantan tus opiniones. saludos
  • 20 mozotePero a estos dos de la foto, que son “la Justicia Ciega”, les queda el mismo tiempo que le …
  • 21 pitxurriVaya 2 mafiosos, solo de Pensar el poder q tienen ,miedo me dan. El tribunal Supremo huele a …
  • 22 Tovar¡Esto si que es morir matando!
  • 23 CaparraEspaña, hace tiempo, cuatro años, que ha dejado de ser un Estado de Derecho y se ha convertido …
  • 25 MiguelBoschLas noticias que provoca una justicia subyugada a la corrupción provocan repulsión. Y lo cierto …
  • 28 RaNiFuMiQue los elija el pueblo hombre! Así no acabaremos nunca con este cuento de la justicia politizada!
  • 29 RaNiFuMiMuñequito de tarta nupcial [C’s], qué opina usted de todo esto?
  • 30 OhdeThesto se parece más a la mafia siciliana, que a una parte del CGPJ,… que triste esta panda de …
  • 33 hartodjetasLa Justicia en España, un corruPPto chiringuito de iniquidad y lenocinio.

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#1 Aliciamaravillas | 30/06/2015 – 01:17h

Bueno, todavía no es 1 de julio, así que supongo que se puede decir que la judicatura parece una auténtica casa de putas. Perdón por la expresión pero es que no hay otra forma de definir esto.
Así que se quieren asegurar que si el gobierno cambia de manos los tribunales les den caña de la buena… En fin, que honroso honor pasarse la vida lamiendo culos, lástima de carrera profesional, tanto estudio, tanta oposición para terminar así.

#3 mequise | 30/06/2015 – 07:16h

Esta manipulación de la justicia es asquerosa, nauseabunda y anti demócrata, y quienes se prestan a ello son unos miserables lacayos mal nacidos.

#8 cerdo_peligroso | 30/06/2015 – 10:44h

Me siento asqueado de esta España de manipuladores que usan la democracia como el que tiene una amiga con derecho a roce que la trata como a una cualquiera. Me asquea una Europa que subyuga a sus ciudadanos al servicio del capital de las corporaciones restando con ello soberanía a los países integrantes. Me asquea el secuestro de la democracia a la que aplican leyes que restringen la libertad por intereses polít5icos y partidistas. Me asquea que las instituciones estén ocupadas por cuotas de poder. Me asquea el bajo interés que algunos partidos tienen en que la ciudadanía no participe en nada que no sea votarles cada 4 años. Hoy me siento mas griego que ciudadano de mi querida patria.

#11 MyNo Kio | 30/06/2015 – 11:42h

El ministro este que nos lo vendieron como un moderado, es sencillamente un sinverguenza que a la chita callando está deteriorando gravemente la justicia española. Hay que echar a toda esta gentuza, ya!!!!!

#6 Juana2 | 30/06/2015 – 08:48h

Pero esto no se puede parar ??? Es una vergüenza la manipulación y control que tiene el partido podrido de la Justicia.
Aquí no pueden venir observadores internacionales para intentar evitar estos desmanes y proteger la democracia???
La ley mordaza que entra en vigor, es algo inadmisible en estos tiempos; es lo más parecido a las leyes que estaban en vigor hace 50 años.
Dónde ha estado la oposición durante esta Legislatura que no ha puesto mociones de censura al desgobierno un día sí y otro también, aunque no tuvieran posibilidad de prosperar hubiera dejado en evidencia el desacuerdo, algo que yo creo que en realidad no ha habido.
A ver si llega pronto el mes de noviembre y los españoles votamos pensando cómo está nuestro país.

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