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21 Jun

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INVESTIGACIÓN EN CAJA ESPAÑA

http://ileon.com/politica/052651/la-polemica-gestion-de-caja-espana-que-puede-empanar-carreras-en-el-pp

La polémica gestión de Caja España que puede empañar carreras en el PP

  1. Vega | 19/06/2015

El futuro del nuevo número 3 del PP nacional, el zamorano Francisco Martínez Maíllo, se dirime en un juzgado de León que investiga la concesión de créditos millonarios a Santos Llamas. El concejal de León Javier García Prieto, otro cuyo futuro puede depender de la evolución de su imputación.

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Javier García Prieto, concejal en el Ayto. de León, y Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del PP. Fotos de Ical

El PP lo niega pero los documentos judiciales evidencia otra cosa. Su nuevo número 3, el vicesecretario de Organización Francisco Martínez Maíllo está llamado a declarar como imputado en la causa que investiga al Consejo de Administración de Caja España en 2009 por la concesión de créditos millonarios a su entonces presidente Santos Llamas.

Maíllo, ascendido por Mariano Rajoy a los altares del PP nacional este jueves, se ha visto rodeado de polémica por esa imputación que su partido niega. Bien es cierto que el juzgado no ha formulado todavía una imputación formal con presuntos delitos cometidos pero le llama a declarar ante la evidencia de que en la denuncia formulada por IU y Ecologistas en Acción hay visos jurídicos de que se puedan haber producido ilícitos penales.

El hasta ahora presidente de la Diputación de Zamora estaba llamado a declarar el pasado mes de mayo para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad, por los créditos concedidos a directivos con empresas constructoras, entre ellos el expresidente Santos Llamas. Maíllo formaba parte del Consejo de Administración que en enero de 2009 aprobó esa concesión.

Ante la petición de los abogados de las defensas para examinar la documentación y solventar alguna cuestión técnica la juez del número 5 de León aplazó la declaración de los citados como imputados. En una nueva práctica el pasado 2 de junio la juez pedía a las partes si requerían nuevas diligencias antes de fijar la nueva fecha de toma de declaración como imputados. Momento que aprovecharon las defensas para solicitar la nulidad del procedimiento y que ahora deberá resolver la jueza del caso.

En el fondo de estas acusaciones están informes periciales del Banco de España, ratificados en el juzgado en el mes de enero que sostienen que varios informes advertían al consejo de administración de la entidad del riesgo de la concentración de créditos de  Santos Llamas.

Maíllo formó parte del Consejo de Caja España que aprobó créditos millonarios a Santos Llamas

En uno de esos informes, firmado por la jefa de División de la Asesoría Jurídica Interna del Banco España, Rosario Pérez, se analizan 29 operaciones de crédito o líneas de avales concedidos por Caja España a Santos Llamas por 67,9 millones de euros. Asimismo, el documento revela que el 80 por ciento de las operaciones firmadas por Llamas con la entidad que presidía eran de riesgo y no se computaban como tal en la Caja.

En concreto todos los llamados a declarar como imputados son los siguientes: Miguel Ángel Álvarez Sánchez (UGT); Francisco Fernández (ex alcalde de León, PSOE); Javier García Prieto (concejal en el Ayuntamiento de León); José Antonio Turrado Fernández (secretario autonómico del sindicato agrario Asaja y presidente provincial); Artemio Domínguez González (PP Salamanca); Bernardo Fernández Álvarez (empresario, designado por UPL); Alfredo Fernández Salvadores (sindicato Csica); Juan Elicio Fierro Vidal (exconcejal del PP en Ponferrada); Marcos García González (excargo del PSOE León); Zenón Jiménez-Ridruejo (exprocurador del PSOE); Fernando Martínez Maíllo (PP, presidente de la Diputación de Zamora); Alejandro Menéndez Moreno (catedrático de la Universidad de Valladolid); María Begoña Núñez Díez (exprocuradora del PSOE por Palencia); y Olga Palacio García (exconcejal del PSOE en León).

El PP se enroca en que Maíllo no está imputado

El secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, negó en declaraciones efectuadas este jueves en Madrid, en calidad de presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, que Fernando Martínez-Maíllo esté imputado en el caso Caja España. “No está imputado”, aseguró. “Se le llamó a declarar como imputado”, explicó como matiz.

En este sentido sostuvo que esa llamada a declarar en presencia de un abogado es una figura procesal “que nada tiene que ver con la imputación de delitos” porque “muchas personas de otros partidos han ido a declarar como imputados y no es más que un privilegio procesal”, espetó.

Además, añadió que la toma de declaración ” se suspendió” y no tiene constancia de que se haya señalado una nueva cita. No obstante reconoció que “es verdad que hay un proceso judicial abierto contra el consejo de administración de Caja España” que asumen con “total normalidad” porque, argumentó, a Maíllo le “afecta de manera colateral en tanto en cuanto es miembro de un consejo de administración en el que se toman las decisiones después de muchísimos informes positivos”.

El singular caso del concejal García Prieto en León

Ciudadanos creyó la versión del PP de que García Prieto fue desimputado y apoyó a Silván como alcalde

El reavivamiento de la polémica sobre la imputación de Maíllo vuelve el foco sobre el concejal del Ayuntamiento de León y expresidente de la Diputación, Javier García Prieto, otro que formaba parte del Consejo de Caja España en 2009. En su caso concreto el aplazamiento de su declaración y la elevación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la causa contra él por ser entonces Procurador en las Cortes y por tanto aforado, sirvió para que Ciudadanos en León aceptara la versión del PP de desimputación y apoyara a Antonio Silván como alcalde sin su dimisión.

Ciudadanos ha llevado a todos sus procesos de negociación de pactos políticos la necesaria exclusión de las personas imputadas en cualquier causa pero en León aceptó la versión del PP, y de algún medio de comunicación, de que García Prieto ya no estaba imputado. Pero desde las elecciones Prieto ya no tiene aforamiento alguno al dejar de ser procurador por lo que el procedimiento contra él se seguirá igualmente desde los juzgados de León. Y por tanto volverá a estar imputado. Momento para ver qué hace Ciudadanos sobre su situación.

Caja España era en 2009 la mayor entidad financiera de Castilla y León pero la crisis financiera y su alta exposición inmobiliaria la llevaron a fusionarse, bajo los auspicios de la Junta, con su histórica rival Caja Duero. La unión de ambas resultó un desastre saldado con una nacionalización con más de 1.000 millones de euros de inyección pública y el desgajamiento de sus operaciones bancarias (denominado Banco Ceiss) que han acabado como filial de la malagueña Unicaja.

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http://www.infolibre.es/noticias/economia/2015/06/15/tecnicos_hacienda_critican_las_puertas_giratorias_agencia_tributaria_34095_1011.html

Agencia Tributaria

Deloitte ficha al máximo responsable jurídico de la Agencia Tributaria

·         Denuncian que el dimitido director del Servicio Jurídico de la AEAT ha sido ​contratado por la firma Deloitte Abogados tras cesar de su cargo

·         “Un día abandonan su cargo y al siguiente están asesorando a grandes empresas y multinacionales, que pueden tener algún conflicto tributario con la AEAT”, afirman

infolibre Actualizada 15/06/2015 a las 19:35

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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el cese del director de Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria del Estado (AEAT), Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros, y su posterior contratación por Deloitte constituyen un nuevo caso de “puerta giratoria”.

En una nota, los técnicos lamentan estas “puertas giratorias de las que disfrutan los altos cargos de AEAT y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”. “Un día abandonan su cargo y al siguiente están asesorando a grandes empresas y multinacionales, que pueden tener algún conflicto tributario con la AEAT”, afirman.

Gestha advierte de que estos altos cargos podrían haber tenido “conocimientos relevantes de esos expedientes en su etapa al frente de la dirección, los cuales podrían poner en manos de estas compañías y en perjuicio de los intereses generales de Hacienda”.
Los técnicos de Hacienda también denuncian la “coincidencia poco decorosa” de altos cargos de la Agencia Tributaria o del Ministerio en cursos especializados organizados por socios de los grandes despachos de la asesoría tributaria o de la abogacía, que a su vez ya ocuparon puestos directivos en estas instituciones.

Estos asesores, señalan, “podrían valerse de sus conocimientos previos para preguntar dudas concretas y decidir la mejor estrategia tributaria de sus clientes” una vez conocido el posicionamiento actual de la AEAT.

http://www.lanuevacronica.com/iu-exige-detalles-sobre-la-compra-de-una-motoniveladora-usada-en-la-diputacion-por-120000-euros

 IU exige detalles sobre la compra de una motoniveladora usada en la Diputación por 120.000 euros

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Diputación pagó 120.000 euros por una motoniveladora de 2002 que costó 15 veces menos en el año 2012.

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CompartirSusana Martín | 18/06/2015AA

 El grupo socialista dice desconocer el proceso por no estar en la mesa de contratación, pero asegura que “pedirá explicaciones”

El equipo de Gobierno de la Diputación provincial sigue sin dar explicaciones sobre la compra de una motoniveladora usada para su Parque Móvil, un vehículo por el que pagó 120.000 euros en noviembre de 2014 pese a que en 2012 uno de los cinco propietarios que ha tenido el vehículo pesado la vendió por menos de 8.000 euros.

Este miércoles, tras la publicación en La Nueva Crónica de este nuevo escándalo del Parque Móvil de la institución provincial, Izquierda Unida urgió explicaciones inmediatas. Su coordinador provincial, Santiago Ordóñez, señaló que el diputado del área «debe salir inmediatamente detallando qué es lo que está pasando en el Parque Móvil».

El diputado dice que “Lupi o Velasco son quienes deben dar explicaciones” sobre una maquinaria que costó 15 veces menos en 2002. También quiso exigir explicaciones Miguel Flecha, concejal de Garrafe de Torío y diputado entrante en la nueva Corporación provincial por la formación En Común. Flecha, que ocupará uno de los 25 escaños en el Palacio de los Guzmanes, señaló este miércoles que «llama mucho la atención que se compre maquinaria de segunda mano, y más aún a ese precio». «Pediremos que nos expliquen qué necesidad había de esa maquinaria para que el proceso se hiciera con urgencia y sin publicidad, por una supuesta necesidad en el Bierzo, cuando la máquina sigue en León».

El portavoz del grupo socialista, Luis Rodríguez Aller, aseguró desconocer la compra del vehículo al no estar en la mesa de contratación, «pero pediremos explicaciones sobre lo que ha pasado».

Valcarce: “Preferíamos una motoniveladora nueva, claro, pero es la mesa de contratación la que debe hablar sobre este asunto”

Por su parte, el diputado de Fomento de la Diputación, Rául Valcarce, que repetirá escaño en la nueva Corporación, dijo que «son José Antonio Velasco o Lupicinio Rodrigo quienes debe dar explicaciones sobre la compra de la motoniveladora». Para Valcarce, responsable del Parque Móvil, «deben responder el presidente de la Diputación [Emilio Orejas], el de la mesa de contratación [Lupicinio Rodrigo] o José Antonio Velasco, «que es quien preside la mesa de contratación y es además el vicepresidente para el Bierzo».

Según Valcarce, el vehículo sigue aparcado «porque no tenemos oficiales de motoniveladora». Explica que pidió una motoniveladora nueva y dice que no sabe quién ni por qué decidió comprar este vehículo «que no tengo ni idea de cuanto costó». «Lo que quiero dejar claro es que esa máquina no está adscrita al Parque Móvil, donde hay todo tipo de maquinaria, sino al vicepresidente para el Bierzo, que no soy yo».

http://www.ileon.com/politica/provincia/052413/diluido-el-miedo-a-la-prevaricacion-masiva-la-diputacion-aprueba-15-millones-para-214-obras-en-los-pueblos

PLANES DE OBRAS

Diluído el miedo a la prevaricación masiva, la Diputación aprueba 15 millones para 214 obras en los pueblos

ileon.com | 11/06/2015

Con meses de retraso, y después de no poda polémica preelectoral, todos los grupos aprobaron el ansiado Plan de Cooperación que llegará con medio año de retraso. El compromiso unánime es “flexibilizar” las condiciones para que los proyectos no se demoren más.

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Han hecho falta seis meses, infinidad de informes y contrainformes y, sobre todo, que pasara la contienda electoral para que todos los grupos políticos de la Diputación de León (PP, PSOE, UPL y no adscritos) se pusieran por fin de acuerdo de manera unánime para que los pueblos de la provincia leonesa reciban la esperada lluvia de casi 15 millones de euros en 214 proyectos de infraestructuras básicas, todos ellos para los municipios de menos de 20.00 habitantes.

Y ha tenido que diluirse el temor a una prevaricación masiva que hizo que hace casi un mes este mismo Plan de Cooperación que hoy ha impulsado por fin el Pleno provincial quedara sobre la mesa, al plantear el PSOE una polémica duda sobre la legalidad de que los alcaldes representados en la sesión se aprobaran inversiones que beneficiarían a sus propios ayuntamientos; un argumento que jamás se había empleado en décadas de reparto de obras en la institución pero que hizo que, en víspera de las elecciones, paralizara un proceso ya de por sí muy retrasado.

Tan retrasado que todos los partidos abogaron hoy por flexibilizar al máximo los plazos y las condiciones que se imponen a los municipios para poner en marcha las obras subvencionadas al 80% por la Diputación, facilitando que aquellos que lo deseen puedan realizar ellos las adjudicaciones y apurando lo más posible el plazo legal de 2 meses desde la publicación de la aprobación de hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Fueron un clamor de todos los portavoces estas apreciaciones, porque todos estuvieron de acuerdo de que el retraso acumulado no sólo dilata en exceso los trabajos en los pueblos sino que puede destruir puestos de trabajo en las posibles empresas adjudicatarias.

El leonesista Lázaro García Bayón fue quien puso el nombre -“sainete”- a lo ocurrido en los últimos meses con este esperadísimo plan, mientras el no adscrito Matías Llorente deseó “que la nueva Corporación no tenga estos problemas”, insistiendo en un reparto objetivo por criterios de necesidades, población, número de localidades y situación socio-económica. El socialista Luis Rodríguez Aller esta vez dio “por buenos los nuevos informes” a los que antes se había aferrado para plantear las dudas iniciales de legalidad y el portavoz del Gobierno del PP, Jaime González, se limitó a agradecer un apoyo por fin unánime y a comprometerse a “intentar agilizar” los trabajos que, sin embargo, será difícil que se ejecuten dentro de este año.

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http://www.eldiario.es/escolar/mentira-votada-historias-resaca-electoral_6_391670884.html

.. Inicio /La mentira de la lista más votada y otras historias de la resaca electoral

Ignacio Escolar

80 comentarios

25/05/2015 – 22:43h

¿Recuerdan cuando el PP empezó a mandar en el Ayuntamiento de Madrid? Fue hace más de un cuarto de siglo, en 1989, gracias a lo que Esperanza Aguirre ahora llama “una alianza de perdedores”: una moción de censura del segundo y tercer partido contra la lista más votada. El PP (20 concejales) hizo alcalde al CDS de Rodríguez Sahagún (8 concejales) para quitarle la alcaldía al PSOE de Juan Barranco (24 concejales). 

El PP, siempre tan relativista, pide ahora que se deje gobernar a la lista más votada. Qué raro que sea precisamente Esperanza Aguirre la que ahora proteste por este tipo de acuerdos. Hace 26 años, la condesa ya era una de las concejales de aquel Partido Popular. 

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Algunos datos electorales sobre los que Podemos y sus líderes deberían reflexionar. Si se suman todos sus votos autonómicos, la media es del 14%. Es un resultado excepcional para un tercer partido en España, por encima del techo de IU con Julio Anguita en 1996 (10,5%), pero muy lejos de esa abrumadora ola de cambio que, durante un tiempo, sí reflejaron las encuestas. Incluso Teresa Rodríguez, con ese 15% en Andalucía que en su momento se vio como un resultado por debajo de lo esperado, supera la media autonómica de Podemos de este domingo.

¿Hay un gran cambio en las ciudades de Madrid y Barcelona, en las mareas atlánticas y en las demás candidaturas municipalistas? Sin ninguna duda; pueden gobernar en hasta siete capitales de provincia. Pero este resultado no es mérito exclusivo de Podemos: en esas alianzas hay otros movimientos y partidos. Y en Madrid ciudad, donde se pudo comparar el voto a Podemos con el de Ahora Madrid, Manuela Carmena consiguió un 44% más de votos –en gran medida, gracias a votantes del PSOE que sí respaldaron a Ángel Gabilondo–. Como bien analiza hoy Juan Luis Sánchez, Manuela Carmena y Ada Colau han tomado el cielo por consenso.

Solo ha habido una autonomía donde la lista de Podemos ha superado el 20% de los votos: Aragón, con Pablo Echenique (20,23%). Irónicamente, el derrotado por el ‘asalto’ de Pablo Iglesias en Vistalegre ha sido el candidato autonómico de Podemos al que le ha ido mejor.

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Pedro Sánchez, septiembre de 2014: “El PSOE no va a pactar con el populismo”. El populismo entonces era Podemos y ni siquiera se les llamaba por su nombre. Hoy el discurso es algo distinto.

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¿Alguna autocrítica de Mariano Rajoy por la debacle electoral del PP? El presidente del Gobierno no gasta de eso.  En la rueda de prensa que ofreció ayer –la primera en tres años en la sede del PP, sin plasma ni nada–, Rajoy presumió de ser la fuerza más votada, criticó lo mal que le va al PSOE y admitió que no son “los resultados que nos hubiera gustado obtener”.

Las cosas van tan bien que Mariano Rajoy no cambiará nada ni en el Gobierno ni en el partido. Por supuesto, sigue estando completamente dispuesto a repetir como candidato. “En cuanto a la autocrítica no tengo mucho más que añadir”, dijo Rajoy.

Como de costumbre, el problema es solo de comunicación; como decía Floriano a Cospedal en aquel famoso vídeo, les ha faltado “un poco de piel”.

Comunicación, solo ha fallado la comunicación.

Al parecer, Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal tuvieron problemas para comunicar su inexistente programa electoral.

http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/rajoy-aupa-zamorano-maillo-cupula-pp-cambios-minimos_987760.html

NUEVAS CARAS EN EL PP

Rajoy aúpa al zamorano Maillo a una cúpula del PP con cambios mínimos

Su jefe de gabinete dirigirá la campaña, resta poder a Cospedal y Casado será el portavoz.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, en el centro, escoltado por María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. – fernando alvarado

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nuria vega | madrid 19/06/2015

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La Moncloa desembarcó desde ayer en la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Tres desastres electorales después, Mariano Rajoy ha llegado a la conclusión de que debe hacerse con las riendas del PP si alberga esperanzas de mantener el Gobierno a finales de año. «Voy a implicarme mucho más en la vida del partido», avanzó ante el comité ejecutivo nacional. Así como los viernes preside el Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo rectifica y también dirigirá todos los lunes la reunión de la dirección de los populares. Hasta ahora, no asistía a los ‘maitines’, como los llamaba José María Aznar, desde su victoria en 2011. Junto a él, Jorge Moragas, nuevo director de la campaña electoral, se convierte en el hombre fuerte que va a mover los hilos de la formación. Mano derecha de Rajoy en el Gobierno, director de gabinete del presidente, tiene por delante el reto de recuperar el terreno perdido.

Fue el encargado de coordinar la campaña del candidato hace cuatro años. Es decir, uno de los responsables de la estrategia que aupó a Rajoy hasta el poder. Y entre ambos tratarán de reeditar la victoria en unas circunstancias adversas en las que el PP sufre, no sólo el retroceso en número de votos, sino la pérdida de poder en los territorios. En la tarea contarán con el respaldo de Javier Arenas, el superviviente que conserva la vicesecretaría de Política Autonómica y Local. Consejero en la sombra del jefe del Ejecutivo desde un discreto segundo plano, Arenas, perteneciente a esa generación de la que cada vez quedan menos representantes, continuará administrando su negociado y susurrando al oído del presidente, como aseguran las fuentes que le conocen bien.

Y si Rajoy preside, Moragas coordina y Arenas asesora, la voz la pondrá una de las más jóvenes incorporaciones, Pablo Casado, portavoz de campaña en la actualidad y ahora ascendido a una vicesecretaría que se recupera de épocas pasadas, la de Comunicación. Su función quedó ayer definida en el discurso que el presidente realizó ante el comité ejecutivo. Está en la ‘cúspide’, aseguran fuentes populares, de una estructura que se volcará en multiplicar su presencia en medios, tertulias, debates, entrevistas, ruedas de prensa y reuniones. «En los próximos meses todos debemos salir más, hablar más, explicarnos y relacionarnos mucho más con todos los españoles, con humildad, con sensibilidad, pero también con la firme defensa de nuestras convicciones», reclamó Rajoy.

Este será el nuevo núcleo duro del PP. Lo que implica que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que continúa en la misma posición, conserva la silla, pero con menos poder. El presidente ha optado por no tocar a quien ha sido su número dos, aunque en la práctica su papel queda disminuido. Cuestionada por su gestión de la vida interna del partido y por su reacción ante los casos de corrupción, y una vez perdido el Gobierno de Castilla-La Mancha, muchos esperan a ver qué cambios quiere introducir Rajoy en el Ejecutivo por si entonces pudiera contar con ella. Ayer, sin embargo, no hubo palabras de agradecimiento. Ni tan siquiera fue nombrada en la intervención del líder.

Floriano se va

El otro castigado fue Carlos Floriano, número tres hasta ahora y responsable de la campaña. Tras los resultados del pasado 24 de mayo, dejará de dirigir la estrategia electoral para «asumir una responsabilidad en el comité de dirección del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados», la de portavoz adjunto, según fuentes parlamentarias. Un cargo menor para figuras en declive.

Las Vicesecretarías, salvo la de Arenas, quedan así renovadas a la espera del congreso que se celebrará en 2016. Rajoy ha apostado por ajustar el papel de sus pesos pesados, relegar a Cospedal, apartar a Floriano, y cambiar las caras de los capitanes, dando paso a una generación joven en ese segundo escalafón del PP. El área de Organización, que ocupaba Floriano, la asumirá Fernando Martínez- Maíllo, de 45 años y presidente del partido en Zamora. Sobre él pesa, sin embargo, la polémica. El PP garantiza que el juez levantó su imputación junto a la de otros consejeros de Caja España en el caso que investiga la administración desleal de la entidad en la colocación de preferentes, aunque la causa continúa en el aire.

Por otro lado, la vicesecretaría de Sectorial, de nueva creación, es en la práctica un premio y recae en Javier Maroto, después de que perdiera la Alcaldía de Vitoria. Mientras, Andrea Levy, de 31 años, asume la vicesecretaría de Estudios y Programa
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http://www.lanuevacronica.com/la-diputacion-pospone-la-adjudicacion-del-contrato-de-mantenimiento-de-carreteras-por-4-millones-de-euros

Ampliar imagenEl contrato para el mantenimiento de carreteras de dos zonas leonesas es de 4 millones de euros en total.| ABC

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La Diputación pospone la adjudicación del contrato de mantenimiento de carreteras por 4 millones de euros

FOMENTO La polémica suscitada por las sospechas de algunas licitadoras ha llevado al PP a aplazar la decisión al menos hasta noviembre

La Diputación ha decidido posponer el proceso de adjudicación del contrato de mantenimiento de carreteras de las zonas oriental y occidental de León. Algunas de las quince empresas licitadorassospechaban que «se intuía» qué empresas resultarían adjudicatarias en el proceso de contratación del mantenimiento de carreteras de la provincia, un contrato de 4 millones de euros dividido en dos partes en el que las dos empresas ‘mejor posicionadas’ estaban vinculadas con el empresario burgalés imputado en la trama Gürtel, José Luis Ulibarri, y el portavoz del equipo de Gobierno en la institución provincial, Jaime González Arias.

Las aún adjudicatarias de ambas zonas han recibido esta semana notificación de una prórroga de cuatro meses Según denunció este periódico el pasado 10 de junio, algunos licitadores de este proceso temían que la adjudicación iba a ser inminente y que más que previsiblemente resultarían adjudicatarias la empresa vallisoletana Arcor SL, en la que figura como apoderada una hija de Ulibarri, y la berciana Asfaltos Paglobier SL, del mismo propietario que la también licitadora en el proceso Excarbi SL, vinculada con Jaime González, que en varias ocasiones ha ejercido como abogado para esta empresa.

«Esta misma semana, las actuales empresas adjudicatarias de ambas zonas han recibido la notificación de unaprórroga de su contrato de otros cuatro meses a partir de este momento, de manera que al menos hasta noviembre se continuarán encargando de cada incidencia, arreglo o emergencia que se produzca en la red provincial de carreteras», publicaba este miércoles el digital Ileon.com.

Los licitadores sospechaban que dos empresas vinculadas con Ulibarri y Jaime González eran las «mejor posicionadas» Este periódico trató de contactar con el equipo de Gobierno de la institución para conocer los detalles sobre la decisión de posponer la adjudicación, pero no lo consiguió. La semana pasada, fuentes del equipo de Gobierno en el Palacio de los Guzmanes aseguraron a este periódico que «la adjudicación no será inminente que «aún quedan más de ocho pasos para completar los trámites necesarios del proceso, por lo que probablemente la hará la próxima Corporación provincial».

Tras la publicación de estos hechos, todos los grupos de oposición en la Diputación reclamaron al equipo de Gobierno «total transparencia» en el proceso de adjudicación del contrato de mantenimiento de carreteras y tanto los diputados de PSOE como el de UPL y los tres no adscritos coincidieron al señalar que «no proceden las prisas».

http://www.lanuevacronica.com/la-diputacion-contrata-el-mantenimiento-de-dos-zonas-de-carreteras-provinciales-esta-semana-por-4-millones

CompartirSusana Martín | 10/06/2015AA

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La Diputación contrata el mantenimiento de dos zonas de carreteras provinciales esta semana por 4 millones

ADJUDICACIONES Una empresa de Valladolid y otra berciana, entre las 15 licitadoras que optan a realizar obras en dos zonas. La mesa de contratación adjudicará en unos días

La Diputación de León adjudica esta semana las obras de conservación y reparación de la red de carreteras en las zonas oriental y occidental de la provincia, un contrato que salió a licitación en el mes de febrero por procedimiento abierto y urgente y que asciende en total a cuatro millones de euros por dos años.

Todas las empresas licitadoras que se presentaron al concurso –quince en total– fueron admitidas, y este martes se abrió el tercer sobre del proceso, por lo que previsiblemente los adjudicatarios de las dos zonas se conocerán en los próximos días, una vez concluido el informe técnico. El presidente de la mesa de contratación es el vicepresidente primero de la Diputación, Lupicinio Rodrigo. Rodrigo y el diputado leonesista Lázaro García Bayón son los dos únicos políticos que forman parte del órgano que adjudicará este contrato, que previsiblemente se adjudicará en dos partes: zona occidental (Ponferrada) y zona oriental (León), con dos millones de euros para cada zona.

Las empresas ‘mejor posicionadas’

El burgalés Ulibarri, imputado en Gürtel, tiene vinculación empresarial con una de las firmas licitadoras Una de las empresas que optan a hacerse con el contrato de la zona oriental es Arcor SL, una compañía con sede en Valladolid en la que figura como apoderada una hija de José Luis Ulibarri, empresario burgalés imputado en la trama Gürtel. El objeto social de esta empresa es la contratación y construcción de todo tipo de obras, civiles y de edificación, públicas o privadas, y la promoción de edificaciones por cuenta propia o ajena, según consta en el Registro Mercantil. Sin embargo, al haber hecho esta empresa una proposición económica bianual –no anual, como indicaban los pliegos– los técnicos deberán ahora decidir si la oferta puede o no admitirse.

El portavoz del PP en la institución provincial, Jaime González, está vinculado con una de las 15 empresas licitadoras Entre las empresas licitadoras con mejores puntuaciones para la zona occidental figura  Asfaltos Paglobier SL, administrada por A.C.B., la misma persona que dirige Excarbi SL (licitadora también), la constructora berciana sobre la que la oposición ha denunciado sospechas sobre su vinculación con el portavoz del equipo de gobierno, el popular Jaime González. Ya en octubre de 2010, el entonces portavoz del grupo socialista, el diputado Matías Llorente, amenazó con llevar a la Fiscalía la supuesta vinculación de Jaime González Arias         –entonces diputado de Fomento, además de portavoz del PP en la institución provincial– con la sociedad limitada Excarbi, para la que González Arias ejerció de abogado y a la que habría otorgado «a dedo y por urgencia» obras por valor de unos 400.000 euros sólo en 2009, actuaciones que Llorente calificó entonces de «delictivas». Aunque la amenaza de Llorente nunca llegó a la Fiscalía, unos meses más tarde el hoy diputado no adscrito hacía pública otra denuncia: la creación ex profeso por parte de Excarbi de una empresa de gestión de recibos que logró en apenas cuatro meses desde su puesta en marcha un contrato de 3 millones de euros para el cobro de recibos de Gersul. 

Lupicinio Rodrigo, vicepresidente primero de la institución, preside la mesa de contratación que adjudicará en pocos días las obras Aquella empresa, Biergrim, fue creada por el administrador de Excarbi junto a otro socio, aunque las posteriores desavenencias con la Diputación (que a día de hoy continúan dirimiéndose en los tribunales  ) hicieron que el máximo responsable de Excarbi SL se desvinculara hace año y medio de Biergrim para seguir manteniendo ‘buenas relaciones’ con la institución provincial, donde los grupos de la oposición aseguran que la empresa constructora berciana ha seguido obteniendo numerosos contratos menores de obras.

También Izquierda Unida, que espera hacerse con un escaño en la institución provincial que considera «ganado» el 24M, denuncia la vinculación de Excarbi con el portavoz del PP. «Ha actuado como abogado de esa empresa contra ayuntamientos como Villafranca del Bierzo», critica Santiago Ordóñez,  que lamenta que se le permita lacompatibilidad para ejercer la abogacía y recuerda que «los diputados están al servicio de los ayuntamientos de la provincia, no para actuar contra ellos».

http://www.lanuevacronica.com/la-oposicion-exige-transparencia-en-la-adjudicacion-del-mantenimiento-de-carreteras-por-4-millones-de-euros

Susana Martín | 11/06/2015AA

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La oposición exige transparencia en la adjudicación del mantenimiento de carreteras por 4 millones de euros

FOMENTO Algunas empresas licitadoras sospechan que “se intuyen” las adjudicatarias del contrato de la Diputación. El PP dice que la adjudicación “no es inminente”

La Diputación de León tiene pendiente la adjudicación de los dos contratos para la conservación y reparación de firmes en la red de carreteras provincial, licitados por un total de 4 millones de euros por dos años. A la licitación para las obras en la zona oriental y la occidental, que se publicó en febrero en el BOP, han concurrido quince empresas, que estos días esperan que los últimos trámites del proceso den a conocer qué empresas serán las adjudicatarias.

Algunos licitadores señalan que las empresas mejor ‘posicionadas’ están vinculadas con el equipo de Gobierno y con Ulibarri Desde el equipo de Gobierno de la institución provincial aseguraron este miércoles que la adjudicación «no será inminente» y que «aún quedan más de ocho pasos para completar los trámites necesarios», por lo que «probablemente la hará la próxima Corporación provincial». Las mismas fuentes señalan que se trata de un procedimiento ordinario normal en el que «no hay nada extraño porque todo ha sido público», pese a las sospechas de algunos licitadores, que señalaban en la edición de ayer de este periódico su temor de que las adjudicaciones de estos dos contratos sean «un secreto a voces».

Algunas de las quince licitadoras aseguraban que la adjudicación será inminente y lamentaban tener sospechasde que, «según se intuye», hay empresas «mejor posicionadas» para hacerse con las obras de la zona occidental, entre las que citan a la compañía berciana Asfaltos Paglobier SL, del mismo propietario que la también licitadoraExcarbi SL, vinculada con el portavoz del equipo de Gobierno, Jaime González Arias, que en varias ocasiones ha ejercido como abogado de esta empresa. Otra de las empresas mejor «posicionadas» para hacerse con el contrato de la zona oriental es, sospechan algunos licitadores, Arcor SL, una compañía con sede en Valladolid en la que figura como apoderada una hija del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel.

“No proceden las prisas”

Bayón (UPL): «Hay que esperar a la nueva Corporación, no proceden las prisas aunque todo  esté hecho con legalidad» Desde los grupos de la oposición en el Palacio de los Guzmanes exigían este miércoles «total transparencia» al equipo de Gobierno, del PP. Sólo el leonesista Lázaro García Bayón forma parte de la mesa de contratación, aunque asegura que no ha podido asistir en las últimas convocatorias. «Hay que esperar a la nueva Corporación, no proceden las prisas aunque todo esté hecho con legalidad», señaló ayer Bayón, para quien «el mosqueo de varias empresas está justificado si se confirman los rumores de que ya se sabe quién será el adjudicatario».

Los otros grupos políticos –socialistas y no adscritos– rechazaron formar parte de las mesas de contratación, por lo que aseguran desconocer los detalles de un proceso que creen «precipitado». «Que cumplan con la ley de transparencia y nos faciliten todos los detalles», dijo ayer Luis Rodríguez Aller, portavoz del PSOE, para quien«sería inadmisible que haya sospechas o indicios de irregularidades».

El diputado no adscrito Marcos Martínez Barazón considera que «lo más lógico era esperar a que llegue la nueva Corporación».

Por su parte, el portavoz de los no adscritos, Matías Llorente, recordó ayer que la Corporación aún no está en funciones y que «todavía estamos en tiempo y forma para cualquier proceso». Para Llorente, «en este caso no es un nuevo proyecto sino de uno que se cierra». Ajuicio del no adscrito, «no creo que con todo lo que ha pasado en los últimos meses en esta casa nadie se ponga a hacer una adjudicación que esté fuera de la legalidad». «No creo que ninguno vaya a atreverse a ningún pelotazo porque el acojono es generalizado», concluye Matías Llorente.

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http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/cifuentes-c-s-acuerdan-eliminar-aforamientos-consejo-consultivo_986203.html

PACTOS POSELECTORALES

Cifuentes y C’s acuerdan eliminar los aforamientos y el Consejo Consultivo

El pacto allana la investidura de la candidata del PP para la Comunidad de

Madrid

Cristina Cifuentes y Ignacio Aguado, durante la reunión que han mantenido este viernes. – Foto: JOSÉ LUIS ROCA

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EFE / MADRID 12/06/2015

Partido Popular y Ciudadanos han cerrado este viernes un acuerdo contra la corrupción y por la regeneración democrática y la transparencia que recoge la eliminación del aforamiento de los políticos, la eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y las primarias en los partidos.

El acuerdo incorpora varios puntos propuestos por el PP al decálogo inicial planteado por Ciudadanos y allana de forma notable la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, puesto que era un requisito indispensable antes de que los partidos negocien la próxima semana los puntos sobre economía y servicios sociales.

Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado han comparecido para explicar los principios recogidos en el texto, que recoge la puesta en marcha de una auditoría “funcional y de procesos” externa a los últimos ocho años de Gobierno de la Comunidad de Madrid; y limitar a dos legislaturas los mandatos de los miembros del Gobierno autonómico -presidente y consejeros-.

También se establece el compromiso de realizar primarias y el apartamiento de cualquier cargo imputado por corrupción u otros asuntos de gravedad. Igualmente, el de pedir al Congreso una revisión de la ley para solicitar que exista responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en los casos de corrupción de sus integrantes.

El documento, que se firmará en un acto conjunto de ambos responsables políticos, marca que deberán dejar el cargo aquellos cargos que haya engañado en su currículum vitae.

“PROPUESTA ANTICORRUPCIÓN AL CONGRESO”

La Asamblea deberá además enviar al Congreso una propuesta de modificación legal para exigir a los partidos que creen órganos internos anticorrupción con función preventiva.

La propuesta de PP y Ciudadanos, que ambas formaciones han abierto a la incorporación al pacto de PSOE y Podemos, incluye además modificar la ley en la próxima legislatura para que concejales y alcaldes no puedan ejercer como diputados y una revisión del sistema de dedicación exclusiva.

La despolitización de la Cámara de Cuentas es otra iniciativa del pacto por la regeneración, a través del cual los partidos se comprometen a establecer primarias para elegir a sus candidatos electorales, crear un portal de transparencia y publicar las subvenciones y la memoria de actividad de los partidos en la web de la Asamblea.

http://www.eldiario.es/cv/alcalde-Castellon-PP-implicacion-Punica_0_397561296.html

El alcalde de Castellón dimite por su implicación en el caso Púnica

La Guardia Civil interrogó a Bataller, del PP, que anuncia que abandona sus cargos en el partido y la política

Europa Press

11/06/2015 – 19:36h

Alfonso Bataller, a la izquierda.

MÁS INFO

El alcalde de Castellón en funciones y concejal electo por el PP, Alfonso Bataller, ha anunciado este jueves que el lunes renunciará a su acta como edil y dejará el Ayuntamiento y todos los cargos que le vinculan con la vida pública tras las últimas noticias publicadas en relación con la ‘Operación Púnica’, por la que este miércoles tuvo que declarar ante la Guardia Civil. Desde el consistorio se asegura que el primer edil no está imputado judicialmente.

Bataller, en una rueda de prensa sin preguntas en la que ha roto a llorar, perdió la mayoría absoluta tras las elecciones del 24 de mayo por lo que iba a pasar a la oposición en virtud de un pacto de las fuerzas de izquierda.

Así ha afirmado que se trata de una decisión “absolutamente personal” pues, ha dicho, las noticias publicadas “no solo dañan mi imagen sino que también causan dolor a mi familia, a mi entorno y a mi partido”. No obstante, Bataller, que sí que tomará su acta de concejal el sábado, ha asegurado que se va “con la cabeza alta, la conciencia tranquila y honradez intatca”.

El pasado martes agentes de la UCO de la Guardia Civil se presentaron en el Ayuntamiento de la capital de La Plana para requerir información de los contratos del consistorio con una empresa cuyo propietario fue detenido y puesto en libertad provisional el pasado diciembre en relación con esa trama.

Este miércoles, Bataller estuvo casi dos horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón para declarar respecto a la documentación requerida, aunque no atendió a los medios y en un comunicado defendió la legalidad de los contratos.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/13/actualidad/1434217606_955530.html

ELECCIONES MUNICIPALES »

Rajoy presionó a Rivera para no perder sus capitales andaluzas

La plana mayor del PP hizo gestiones para mantener Almería, Granada o Jaén, pero Ciudadanos tomó sus decisiones basándose en el criterio de su Comité de pactos

JAVIER CASQUEIRO / JUAN JOSÉ MATEO Madrid 13 JUN 2015 – 21:09 CEST

El nuevo alcalde de Murcia José Ballesta es felicitado por el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Mario Gómez. / MARCIAL GUILLÉN (EFE)

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La dirección del PP, con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedalal frente, presionó hasta el último minuto para convencer a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, de que no le diera al PSOE las alcaldías de Almería, Granada y Jaén. La formación emergente, que también recibió llamadas de Pedro Sánchez, el secretario general socialista, corrigió la propuesta de sus representantes locales en estas ciudades, que ahora mantienen alcaldes populares. La dirección de Ciudadanos niega cualquier cesión y asegura que su Comité de pactos ha aplicado en esos casos el mismo criterio que en toda España: dar preferencia a la lista más votada.

Los dirigentes nacionales del PP afrontaron la recta final de las negociaciones de los pactos municipales, el pasado viernes, convencidos de que se había producido “una traición” y un “pacto anti-PP” que incluía a Ciudadanos para desalojarle del poder en ciudades en las que había ganado los comicios. Andalucía, donde el partido de Rivera ha permitido esta semana la investidura como presidenta de la socialista Susana Díaz, se convirtió en algo más que una prueba de fuego para el PP ante el inmediato futuro.

MÁS INFORMACIÓN

El viernes por la mañana la dirección del partido de Génova se levantó con una situación inesperada y confusa en varias capitales claves andaluzas. Los populares, que habían ganado y sido primera fuerza en siete de las ocho capitales, se encontraron con mensajes que les anunciaban la posibilidad de perder las alcaldías de Granada, Jaén y Almería, donde el representante local del partido de Albert Rivera llegó a oficializar un pacto con el PSOE que encendió todas las alarmas. También estaba en el alero Murcia.

Las gestiones y llamadas de Rajoy, Cospedal y el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se extendieron desde días atrás y hasta las dos de la madrugada del sábado, cuando la dirección nacional de Ciudadanos le envió un mensaje a Miguel Cazorla, su coordinador en Almería, ordenándole que abandonara su plan de permitir que el PSOE se hiciera con el bastón de mando. Los dirigentes del PP contactaron con Rivera; José Manuel Villegas, su jefe de gabinete; Juan Marín, líder de su partido en Andalucía; y los responsables provinciales.

Rajoy y los socialistas se enfrentan en Twitter

Dos mensajes de Mariano Rajoy en Twitter provocaron ayer la respuesta del PSOE a través de su cuenta oficial en esa red social.

“Enhorabuena a los concejales del Partido Popular. Mi apoyo a los que aun ganando no han podido ser alcaldes por pactos excéntricos y sectarios”, escribió el presidente del Gobierno firmado con sus iniciales MR. “Convencidos de qué es lo que España necesita, el Partido Popular va a seguir trabajando desde la centralidad por la recuperación de todo”, añadió el líder de la formación conservadora.

“Mensaje sectario e indigno de un presidente del Gobierno”, contestó el PSOE. “Sr.Rajoy, la democracia es aceptar las reglas y lo votado”.

Según fuentes de la dirección de la formación emergente, que finalmente dejó Almería en manos del PP, lo único que hizo el partido fue aplicar sus propias normas. Primero, revisando la propuesta de sus representantes locales en elComité nacional de acuerdos poselectorales, creado el 26 de mayopara evitar la aparición de barones territoriales díscolos y garantizar la cohesión y armonía de su política de pactos. Y segundo, dar preferencia en todas esas situaciones a negociar con la lista más votada —en este caso la popular— siempre que haya firmado el pacto anticorrupción y para la regeneración que ofrece Rivera.

“Las llamadas que hemos recibido, también del PSOE, no han sido en clave de convencernos de cambiar [el voto], sino para pedir información”, explicó Fernando de Páramo, secretario de comunicación de Ciudadanos y miembro de la dirección y del Comité de pactos. “Nuestra estrategia no ha variado”, aseguró. “En Almería y Granada, a priori, había habido una maniobra que era contraria a lo que habíamos estipulado estratégicamente. Eso se ha corregido”, añadió, especificando que el Comité sólo cambió la propuesta de Almería. En el PP, además, tampoco entendían algunas de las peticiones de última hora de los representantes locales de Ciudadanos: desde la exigencia de cambio de alcaldables hasta un alto número de liberados y cargos de confianza, según la formación de Rajoy.

El PP quiere debilitar al PSOE al presentarlo como radical

El PP se llevó un gran revolcón electoral el 24-M, con la pérdida de dos millones y medio de votos, y otro aviso del disgusto de sus propias bases y simpatizantes, que se marcharon a Ciudadanos o se quedaron en la abstención. Ahora el gran objetivo es revertir esa situación para las generales, previstas en principio para finales de noviembre. La estrategia pasa por arrinconar y “debilitar aún más” a su principal y gran rival en esas elecciones, el PSOE, al presentarlo como un partido “incoherente” que ha perdido la centralidad y la posibilidad de “ser alternativa de Gobierno” por haberse convertido en la “bisagra” de la izquierda radical y extrema, como se cataloga a Podemos.

Esos fueron los mensajes que expresaron abiertamente ayer los vicesecretarios generales del PP, Javier Arenas y Carlos Floriano, y el eje del discurso que repetirán todos los dirigentes del partido en próximas semanas, incluido el presidente Mariano Rajoy. El PP pretende contraponerse así como el “único partido moderado, centrado, seguro y fiable”.

Las elecciones locales fueron un tremendo golpe por la histórica reducción del poder municipal del PP. En 2011 se alcanzó un techo inédito y ahora la caída ha sido brutal. En el partido, sin embargo, no están descontentos con la política de pactos. Entienden que sobre lo ya perdido el 24-M (casi 20 capitales y 550 mayorías absolutas) no se han añadido nuevas derrotas relevantes. Aún confían en preservar 20 capitales (casi la mitad de las que tenían).

Al final todos esos aspectos se corrigieron. Ciudadanos solo ha favorecido gobiernos del PP en las capitales en las que tenía la llave del Ejecutivo: Jaén, Granada, Almería, Burgos y Murcia, donde para seguir negociando el gobierno de la Comunidad sigue reclamando la dimisión de Miguel Ángel Cámara, secretario general del partido e imputado en un caso de corrupción. “Para nosotros este era un reto complicado organizativa y políticamente”, argumentó José Manuel Villegas, vicesecretario del partido y jefe de gabinete de Rivera, sobre los 760 grupos municipales y más de 1.500 concejales de su partido. “El poder tener coherencia a la hora de votar y que ser un partido joven no nos produjera distorsiones en el discurso era muy importante”, añadió.

“Además de la de Almería, ha habido otras propuestas de pactos que no han sido aceptadas”, explicó Villegas. “En todos los casos se ha asumido la decisión del Comité”, aseguró, aún pendiente de que acabara la jornada electoral para tener todos los resultados de las votaciones. “En los próximos días haremos una revisión de los 760 grupos municipales que tenemos. Si hay alguna contradicción, en todos los casos tomaremos medidas”, añadió sobre la posibilidad de que algún miembro de Ciudadanos hubiera entrado en Gobiernos que no presida el partido —lo que está prohibido— o hubiera apoyado la formación de Ejecutivos con imputados entre sus miembros. “En el primer caso se pedirá a nuestro representante que salga del Gobierno y en el segundo pediremos explicaciones y si procede tomaremos medidas disciplinarias”.

La culminación de los pactos nacidos de las elecciones municipales del 24 de mayo facilita ahora el camino para el siguiente proceso negociador, en el que PP y Ciudadanos siguen dialogando sobre los ejecutivos autonómicos de Madrid, La Rioja, Castilla y León y Murcia.

Diputación de León y sospechoso entramado empresarial berciano

 

González, vinculado con una de las licitadoras. Ulibarri, vinculado con otra. Rodrigo, presidente de la mesa de contratación.

 

La Diputación contrata el mantenimiento de dos zonas de carreteras provinciales esta semana por 4 millones.

Una empresa de Valladolid (ligada al Bierzo) y otra berciana, entre las 15 licitadoras que optan a realizar obras en dos zonas. La mesa de contratación adjudicará en unos días. Raro sería que algo no cayera a alguna de ellas.

La Diputación de León adjudica esta semana las obras de conservación y reparación de la red de carreteras en las zonas oriental y occidental de la provincia, un contrato que salió a licitación en el mes de febrero por procedimiento abierto y urgente y que asciende en total a cuatro millones de euros por dos años.

El burgalés Ulibarri, imputado en Gürtel, tiene vinculación empresarial con una de las firmas licitadoras. Una de las empresas que optan a hacerse con el contrato de la zona oriental es Arcor SL, una compañía con sede en Valladolid en la que figura como apoderada una hija de José Luis Ulibarri, empresario burgalés imputado en la trama Gürtel, quien también es contratista del servicio de ayuda a domicilio que contrata la Diputación y que pretende hacerse igualmente con el contrato del Ayuntamiento de León, en pugna con la empresa Carflor. Además Ulibarri es propietario del Diario de león que recibe cuantiosas sumas de dinero presuntamente ilegal de la Diputación de León a cambio de que promocione a los Presidente y Diputados provinciales con cualquier excusa (venta de pimientos, chorizos o lo que sea).
El portavoz del PP en la institución provincial, Jaime González, está vinculado con otra de las 15 empresas licitadoras. Entre las empresas licitadoras con mejores puntuaciones para la zona occidental figura  Asfaltos Paglobier SL, administrada por A.C.B., la misma persona que dirige Excarbi SL (licitadora también), la constructora berciana sobre la que la oposición ha denunciado vinculación con el portavoz del equipo de gobierno, el popular Jaime González. Ya en octubre de 2010, el entonces portavoz del grupo socialista, el diputado Matías Llorente, amenazó con llevar a la Fiscalía la supuesta vinculación de Jaime González con la sociedad limitada Excarbi, empresa para la que González Arias ejerció de abogado y a la que habría otorgado «a dedo y por urgencia» obras por valor de unos 400.000 euros sólo en 2009, actuaciones que Llorente calificó entonces de «delictivas». Aunque la amenaza de Llorente nunca llegó a la Fiscalía (siempre amenaza con denunciar, pero nunca denuncia el Sr. Llorente, y cuando denuncia retira la denuncia como hizo con Isabel Carrasco en el caso de las dietas), unos meses más tarde el hoy diputado no adscrito hacía pública otra denuncia: la creación ex profeso por parte de Excarbi de una empresa de gestión de recibos que logró en apenas cuatro meses desde su puesta en marcha un contrato de 3 millones de euros para el cobro de recibos de Gersul.

Aquella empresa, Biergrim, fue creada por el administrador de Excarbi junto a otro socio, aunque las posteriores desavenencias con la Diputación (que a día de hoy continúan dirimiéndose en los tribunales) hicieron que el máximo responsable de Excarbi SL se desvinculara hace año y medio de Biergrim para seguir manteniendo ‘buenas relaciones’ con la institución provincial, donde los grupos de la oposición aseguran que la empresa constructora berciana ha seguido obteniendo numerosos contratos menores de obras. Es por ello que ahora Gersul pretende que otra empresa (que habrá que investigar quien está detrás) se ocupe del cobro de recibos del CTR cuando ese cometido lo haría magníficamente el excelente Servicio de Recaudación de la Diputación de León.

También Izquierda Unida, que espera hacerse con un escaño en la institución provincial que considera «ganado» el 24M, denuncia la vinculación de Excarbi con el portavoz del PP. «Ha actuado como abogado de esa empresa contra ayuntamientos como Villafranca del Bierzo», critica Santiago Ordóñez,  que lamenta que se le permita la compatibilidad para ejercer la abogacía (sin limitarle, por cierto, el sueldo como se limita en la Administración a quien se le concede compatibilidad) y recuerda que «los diputados están al servicio de los ayuntamientos de la provincia, no para actuar contra ellos».

Esto sería muy grave si se confirma: cobrar dinero público de la Diputación para atacar a Ayuntamientos en defensa de empresas privadas cuando la obligación es defender a los Ayuntamientos.

CompartirSusana Martín | 10/06/2015AA

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La Diputación contrata el mantenimiento de dos zonas de carreteras provinciales esta semana por 4 millones

ADJUDICACIONES Una empresa de Valladolid y otra berciana, entre las 15 licitadoras que optan a realizar obras en dos zonas. La mesa de contratación adjudicará en unos días

La Diputación de León adjudica esta semana las obras de conservación y reparación de la red de carreteras en las zonas oriental y occidental de la provincia, un contrato que salió a licitación en el mes de febrero por procedimiento abierto y urgente y que asciende en total a cuatro millones de euros por dos años.

Todas las empresas licitadoras que se presentaron al concurso –quince en total– fueron admitidas, y este martes se abrió el tercer sobre del proceso, por lo que previsiblemente los adjudicatarios de las dos zonas se conocerán en los próximos días, una vez concluido el informe técnico. El presidente de la mesa de contratación es el vicepresidente primero de la Diputación, Lupicinio Rodrigo. Rodrigo y el diputado leonesista Lázaro García Bayón son los dos únicos políticos que forman parte del órgano que adjudicará este contrato, que previsiblemente se adjudicará en dos partes: zona occidental (Ponferrada) y zona oriental (León), con dos millones de euros para cada zona.

Las empresas ‘mejor posicionadas’

El burgalés Ulibarri, imputado en Gürtel, tiene vinculación empresarial con una de las firmas licitadoras Una de las empresas que optan a hacerse con el contrato de la zona oriental es Arcor SL, una compañía con sede en Valladolid en la que figura como apoderada una hija de José Luis Ulibarri, empresario burgalés imputado en la trama Gürtel. El objeto social de esta empresa es la contratación y construcción de todo tipo de obras, civiles y de edificación, públicas o privadas, y la promoción de edificaciones por cuenta propia o ajena, según consta en el Registro Mercantil. Sin embargo, al haber hecho esta empresa una proposición económica bianual –no anual, como indicaban los pliegos– los técnicos deberán ahora decidir si la oferta puede o no admitirse.

El portavoz del PP en la institución provincial, Jaime González, está vinculado con una de las 15 empresas licitadoras Entre las empresas licitadoras con mejores puntuaciones para la zona occidental figura  Asfaltos Paglobier SL, administrada por A.C.B., la misma persona que dirige Excarbi SL (licitadora también), la constructora berciana sobre la que la oposición ha denunciado sospechas sobre su vinculación con el portavoz del equipo de gobierno, el popular Jaime González. Ya en octubre de 2010, el entonces portavoz del grupo socialista, el diputado Matías Llorente, amenazó con llevar a la Fiscalía la supuesta vinculación de Jaime González Arias         –entonces diputado de Fomento, además de portavoz del PP en la institución provincial– con la sociedad limitada Excarbi, para la que González Arias ejerció de abogado y a la que habría otorgado «a dedo y por urgencia» obras por valor de unos 400.000 euros sólo en 2009, actuaciones que Llorente calificó entonces de «delictivas». Aunque la amenaza de Llorente nunca llegó a la Fiscalía, unos meses más tarde el hoy diputado no adscrito hacía pública otra denuncia: la creación ex profeso por parte de Excarbi de una empresa de gestión de recibos que logró en apenas cuatro meses desde su puesta en marcha un contrato de 3 millones de euros para el cobro de recibos de Gersul.

Lupicinio Rodrigo, vicepresidente primero de la institución, preside la mesa de contratación que adjudicará en pocos días las obras Aquella empresa, Biergrim, fue creada por el administrador de Excarbi junto a otro socio, aunque las posteriores desavenencias con la Diputación (que a día de hoy continúan dirimiéndose en los tribunales  ) hicieron que el máximo responsable de Excarbi SL se desvinculara hace año y medio de Biergrim para seguir manteniendo ‘buenas relaciones’ con la institución provincial, donde los grupos de la oposición aseguran que la empresa constructora berciana ha seguido obteniendo numerosos contratos menores de obras.

También Izquierda Unida, que espera hacerse con un escaño en la institución provincial que considera «ganado» el 24M, denuncia la vinculación de Excarbi con el portavoz del PP. «Ha actuado como abogado de esa empresa contra ayuntamientos como Villafranca del Bierzo», critica Santiago Ordóñez,  que lamenta que se le permita la compatibilidad para ejercer la abogacía y recuerda que «los diputados están al servicio de los ayuntamientos de la provincia, no para actuar contra ellos».

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Carflor-Gana-A-Seralia-En-El-Contrato-De-La-Atencion-A-Domic-vn177055-vst216

 

Carflor gana a Seralia en el contrato de la atención a domicilio en la capital

La última adjudicación millonaria en León, que había desatado una batalla mediática entre Manolo Lesmes y José Luis Ulibarri, se salda a favor del primero

J.C.

08/06/2015 (14:17 horas)

Manolo Lesmes, 1 – José Luis Ulibarri, 0. Es el resultado de la batalla empresarial y mediática que desde hace semanas se había abierto en León por la adjudicación del último contrato millonario de la actual legislatura en el Ayuntamiento de León.

Ambos empresarios, propietarios de los dos periódicos de papel de la ciudad, se habían implicado en una guerra para presionar en la adjudicación del servicio de atención a domicilio, resuelto este lunes en la mesa de contratación con la abstención de todos los políticos (PSOE, PP y UPL) y el único voto de los técnicos (cinco, en total).

En juego se encontraban 3,5 millones de euros anuales (3.766.168,91 euros con IVA incluido) que el Ayuntamiento de León ha concedido a la empresa de Manuel Lesmes (Carflor) en detrimento de la de José Luis Ulibarri (Seralia).

Ahora y una vez aprobada la adjudicación en la mesa de contratación (a la que se pueden presentar alegaciones durante tres días) el acuerdo debe pasar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León.

El proceso de adjudicación de este suculento contrato, definido en el seno del Consistorio “como uno de los de mayor volumen económico” y de los que mayor “interés ha suscitado entre las empresas del sector” llegó a su tramo final con décimas de diferencia.

Carflor, propiedad del empresario Manuel Lesmes, había superado a su rival en el plan de prestación material del servicio (14,90 frente a 14,70) y en el plan de formación personal (5,00 frente a 4,90).

Votación

En la dación de cuenta del informe de valoración del sobre B y apertura del sobre C conteniendo la oferta económica y las mejoras sin coste adicional, de las proposiciones presentadas al procedimiento abierto con tramitación anticipada, Carflor también se impone en el precio / hora salvo en el horario diurno (donde Seralia presenta condiciones más ventajosas).

La estrechez en el margen entre empresas lleva a que los informes finales resulten determinantes. Y ahí la situación ha provocado una dura pugna empresarial y periodística a la que se ha sumado la vertiente sindical, donde también existen divisiones sobre quién debe llevarse el contrato final.

En la votación de este lunes y, atendiendo al criterio general, todos los políticos presentes en la mesa se han abstenido y la contratación se ha realizado por el informe técnico en el cual no se ha apreciado inicialmente baja temeraria. 

El contrato de la ayuda a domicilio en la capital enfrenta a dos empresarios

Las dos empresas, propiedad de Manuel Lesmes y José Luis Ulibarri, buscan ganar terreno en un pulso que finaliza este mismo lunes / En el aire 3,7 millones

J.C.

07/06/2015 (19:00 horas)

Es el último contrato millonario que queda sobre la mesa y su adjudicación ha creado una dura pugna entre los dos empresarios que intentan hacerse con el servicio de atención a domicilio en la capital.

En juego se encuentran 3,5 millones de euros anuales (3.766.168,91 euros con IVA incluido) que el Ayuntamiento de León concederá bien a las empresas de Manuel Lesmes o de José Luis Ulibarri, empresarios con notables intereses en los dos periódicos de papel de la ciudad.

El proceso de adjudicación de este suculento contrato, definido en el seno del Consistorio “como uno de los de mayor volumen económico” y de los que mayor “interés ha suscitado entre las empresas del sector”, llega a su tramo final con apenas “décimas” de diferencia entre los licitantes.

Ahora, en el proceso final, será clave el informe emitido por los técnicos. En la actualidad este servicio es prestado por Seralia, empresa del constructor José Luis Ulibarri, pero los pliegos abiertos hasta la fecha complican su continuidad.

Carflor, propiedad del empresario Manuel Lesmes, había superado a su rival en el plan de prestación material del servicio (14,90 frente a 14,70) y en el plan de formación personal (5,00 frente a 4,90).

Decisión

En la dación de cuenta del informe de valoración del sobre B y apertura del sobre C conteniendo la oferta económica y las mejoras sin coste adicional, de las proposiciones presentadas al procedimiento abierto con tramitación anticipada, Carflor también se impone en el precio / hora salvo en el horario diurno (donde Seralia presenta condiciones más ventajosas).

La estrechez en el margen entre empresas lleva a que los informes finales resulten determinantes. Y ahí la situación ha provocado una dura pugna empresarial y periodística a la que se ha sumado la vertiente sindical, donde también existen divisiones sobre quién debe llevarse el contrato final.

Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento del León, del que forma parte Nuria Lesmes, hija de uno de los licitantes, se ha asegurado “el escrupuloso cumplimiento de todo el procedimiento. Este servicio lo presta actualmente Seralia y el nuevo contrato dependerá en su adjudicación de lo que determinen los técnicos”, se ha remarcado.

http://www.lanuevacronica.com/el-ayuntamiento-de-leon-adjudica-a-carflor-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio

Alfonso Martínez | 08/06/2015AA

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El Ayuntamiento de León adjudica a Carflor el servicio de ayuda a domicilio

MUNICIPAL La compañía leonesa presentó la oferta más ventajosa para los intereses municipales

El Ayuntamiento de León ha adjudicado el servicio de ayuda a domicilio a la compañía leonesa Carflor. Así se desprende del acuerdo adoptado este lunes por la mesa de contratación de la institución municipal.

Cabe recordar que el importe de licitación era de 3.766.168,91 euros (IVA incluido) para un periodo de dos años (el contrato es de uno más otro de prórroga). Al concurso convocado por el Ayuntamiento de León se habían presentado dos empresas. Además de Carflor, estaba Seralia, que ha prestado el servicio durante los últimos años y que tiene su domicilio social en Valladolid.

La oferta presentada por Carflor era la más ventajosa para los intereses municipales. Se contempla en este sentido un precio de 13,51 euros por hora de servicio diurno (frente a los 13,39 de Seralia), 13,61 euros por hora deservicio nocturno (frente a 14,99 euros) y 13,61 euros por hora en días festivos (frente a 17,66 euros).

Carflor se impone en el plan de prestación material del servicio de ayuda a domicilio (14,90 puntos frente a 14,70 de Seralia) y en el plan de formación continua del personal (5 puntos frente a 4,90). Hay además una serie demejoras técnicas incluidas en la oferta de la empresa que ha resultado adjudicataria del contrato.

Una vez adoptado el acuerdo de adjudicación por parte de la mesa de contratación, sólo queda la ratificación por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León

http://www.pladepu.org/2015/06/trafico-ilegal-de-trabajadores-en-la.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PlataformaDeDefensaDeLosServiciosPblicosDeCastillaYLen+%28Plataforma+en+Defensa+de+los+Servicios+P%C3%BAblicos+de+Castilla+y+Le%C3%B3n%29

LUNES, 8 DE JUNIO DE 2015

TRÁFICO ILEGAL DE TRABAJADORES EN LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CIENTOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS VAN A SER INDEFINIDOS DE LA JUNTA ENTRANDO POR LA PUERTA DE ATRÁS GRACIAS A LA PREVARICACIÓN DE LOS POLÍTICOS

Hace unos días llegó a nuestras manos la Instrucción 4/FYM/2015, de 26 de mayo, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que se dictan diferentes medidas para la ejecución de los contratos de servicios, encargos y encomiendas de gestión. En ella, se trata de delimitar y separar los medios personales y materiales de las empresas públicas y de la Administración. Instrucción que no entendimos en un principio, ya que la Administración de Castilla y León ha hecho siempre caso omiso a las quejas que presentamos por la contratación de empresas externas para realizar los trabajos destinados a los empleados públicos. Situación esta injusta e irregular por mucho que se haya disfrazado de legalidad.

Todo empezó a estar mucho más claro cuando conocimos la Sentencia 00242/2015 que dictó el Juzgado de lo Social número tres de León el pasado día 16 de abril. Esta sentencia es el claro ejemplo de cómo las privatizaciones y el trasvase sistemático de funciones hacia empresas públicas, ha vaciado de contenido la función pública en Castilla y León.

En primer lugar, debemos felicitar al Magistrado-Juez de lo Social, Juan Gabriel Álvarez, por los exhaustivos fundamentos de derecho en los que apoya el fallo y por el lenguaje claro y conciso que utiliza, alejado del tecnicismo y hermetismo que tanto gusta a la judicatura. Cualquiera entiende esta sentencia en la que no se ha dejado nada al azar.

En segundo lugar, y no nos congratulamos, la sentencia viene a ratificar lo que estamos denunciando en PLADEPU desde 2010: el lento y progresivo vaciamiento de la administración autonómica a favor de empresas públicas y privadas, lo que supone un deterioro sin precedentes del empleo público y, por tanto, de los principios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rige el acceso al mismo.

La sentencia considera que ha habido cesión ilegal de trabajadores y condena a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a incorporar a su plantilla como trabajadora indefinida a la demandante, la cual pertenecía a la empresa TRAGSATEC, a parte de las acciones penales que puedan llevarse a cabo contra la Administración y la empresa por tráfico ilegal de trabajadores y a la sanción de la Inspección de Trabajo.

El Juez apoya su veredicto en el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 312, 314 y 404 del Código Penal, en el artículo 8.2 del RD 5/200, en los artículos 10.2, 14 y 96.1 de la Constitución Española, en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14 del Convenio de Roma, y, en fin en alguno más. En ellos, se habla de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derecho de igualdad y de tráfico ilegal de trabajadores.

Pero yendo un poco más allá, esta sentencia abre la vía a la persecución penal de los cargos públicos por posibles delitos de malversación y cohecho, pues queda demostrado que la Administración cedió a la empresa instalaciones y material, así como el trabajo de los funcionarios que hacían la función de superiores jerárquicos de la demandada. Situación esta, que se produce en todas las provincias y con varias, posiblemente bastantes, empresas.

Ya en 2012 los compañeros de PLADEPU y VIERNES NEGGRO DE BURGOS denunciaron una situación similar a la de TRAGSATEC, la de la UTE INDRA-GRUPO NORTE, y lo hicieron ante el Presidente de la Junta de Castilla y León y ante el Procurador del Común. El primero dio una respuesta evasiva a través de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y el segundo lo hizo el 20 de diciembre de 2013 de la siguiente forma: “Consideramos que no ha quedado acreditada la concurrencia de irregularidad alguna en la actuación administrativa objeto de su reclamación, debiendo destacarse que el uso temporal de los edificios administrativos por la adjudicataria del contrato tiene apoyo normativo y que los representantes electos del personal funcionario han tenido debido conocimiento de las incidencias de tal contrato”. ¡Ahí queda eso! . Implícitamente considera que es una forma de proceder “normal”, pues hasta los sindicatos la conocen y no han puesto ningún problema. Pero ilegalidad probada y respondida de nuevo por los compañeros en Burgos.

El Magistrado Juez de lo Social ha venido a poner de relieve lo que los demás no querían ver: la forma ilegal de proceder de la Junta de Castilla y León.

En resumen, en los últimos años se ha puesto en marcha un entramado de empresas públicas que ha conducido al punto en el que estamos y que estamos dispuestos a denunciar y llevar hasta las últimas consecuencias.

Publicado por Plataforma DEPU en 0:37 

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4 comentarios :

LABORAL FIJO8 de junio de 2015, 9:52

La trabajadora de TRAGSATEC tiene derecho y razón porque así se lo ha dado el juez. Pero queda demostrado a dónde han conducido los políticos la Administración: a una envenonosa privatización. A “tomar pol culo” los principios de igualdad, merito y capacidad pues no se convocan oposiciones ni para cubrir jubilaciones, y el nuevo proceder de selección es entrar por la puerta de atrás vía empresa privada de amigote del político de turno.

¡RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL para altos cargos y jefes de servicio cómplices y conocedores de esta práctica corrupta!

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Anónimo8 de junio de 2015, 14:27

Menudo braguetazo!. Plaza fija en la administración sin oposición! Viva el amiguismo.

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Anónimo8 de junio de 2015, 15:45

Esto es INDIGNANTE. En la D.G. del Medio Natural están frotándose las manos, gente que lleva contratos entre diez y veinte años tienen ahora los juicios y tienen bastantes posibilidades de quedarse fijos y riéndose de todos nosotros. Yo también pienso que debería haber alguna responsabilidad política ¿pero a quién se pide cuentas ahora que han pasado tantos años y nadie quiso saber nada en su día?

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Anónimo9 de junio de 2015, 9:29

tengo dos hijos estudiando oposiciones. ¿Que hago? les digo que mejor entren vía tragsa?. se ahorran perder varios años de se vida estudiando y pasan a ser fijos de la administración.
vergüenza de Junta de Castilla y León.

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ttp://www.yometiroalmonte.es/2015/06/04/discurso-demoledor-jordi-evole-recoger-premio-jose-couso/

Discurso demoledor de Jordi Évole al recoger el premio José Couso de Libertad de Prensa

Publicado el 04 jun 2015

por YTM

9 Comments

Etiquetas: jordi évole, medios, periodismo

El periodista Jordi Évole ha recibido este martes el Premio José Couso de Libertad de Prensa, que cada año organizan de manera conjunta el Club de Prensa de Ferrol y el Colexio de Xornalistas de Galicia.

El presentador de Salvados ha sido recibido por el alcalde en funciones, José Manuel Rey Varela (PP), y por representantes de los grupos políticos con representación, siendo también invitado a firmar en el libro de oro de esta ciudad.

Así, el presentador ha agradecido al jurado el haberle otorgado este premio, pero al mismo tiempo ha dicho tener un sentimiento “contradictorio”, ya que “es un honor recibir un premio con el nombre de José Couso” pero “una pena, porque si no fuera asesinado” no lo recibiría.

No destacamos nada porque no tiene desperdicio. Mejor ver.

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Elisa Serra Blasco • hace 5 horas

Jordi, eres grande….. no cambies, te necesitamos

carmen • hace 6 horas

ole tus huevos EBOLE,en este pais la libertad de pensa x desgracia no es tan libre…

Jason Paradisehace 12 horas

Ojo que este elemento solo da palos a una parte, a la diestra, a la siniestra le cuesta trabajo, debe ser que tiene reuma. Claro que si da tambien a la siniestra, ya se acabaron los premios, se acabo trabajar en la sexta, etc, etc… La verdad es que esta bien los programas que hace con la tematica que lleva, pero le falta mirar tambien hacia la izquierda, a ver si supera la torticulis y la reuma de su brazo castigador. El que estaba con los sofas, le dieron el boleto, ¿por que?, pues porque este si que daba ostias a diestro y siniestro, claro por eso ha durado lo que ha durado, y ahora ponen a la miembra que claro que solo mira hacia un lado como hace en la cadena de radio…

Antonio • hace un día

Pero cuantos duros de madera siguen circulando en el mundo
del periodismo…

Raquel Sarangellohace 2 días

Lamentablemente muchos periodistas (en Argentina se dicen:periodistas militantes) pierden objetividad cuando tienen lazos estrechos con el poder político.

Ferran Bosch Caliu Raquel Sarangellohace 2 días

¿A quien te refieres? ¿a Évole?, ya me dirás a que “poder” político está ligado Évole

jesus Ferran Bosch Caliuhace 13 horas

al PP, …. no te jode!!!!!

Elmusa Lezzagonhace 3 días

Dicho de otra manera dejemos de tener miedo.

jozofeyo Elmusa Lezzagonhace 2 días

El miedo en un periodista no solamente lo paraliza, además lo encanallece

http://www.elplural.com/2015/06/05/cospedal-intenta-recolocar-a-sus-150-altos-cargos-aunque-la-mayoria-iran-al-paro/

Cospedal intenta recolocar a sus 150 altos cargos, aunque la mayoría irán al paro

La lideresa quiere que su amiga y viceconsejera, Mar España, sea nombrada directora de la Agencia España de Protección de Datos

CARLOS ISERTE | 05/06/2015

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Mar España toma posesión como viceconsejera de Administraciones Públicas en presencia de Cospedal y Labrador. JCCM

María Dolores Cospedal, austera para los demás, no para ella ni para los suyos, tiene en nómina a día de hoy más de 150 altos cargos y asesores, cuyas nóminas superan con creces los siete millones de euros al año. Sólo en su departamento, en Presidencia, hay un séquito de medio centenar de personas pendientes de la también secretaria general del PP, que ahora intenta recolocar a algunos de estos enchufados en distintas áreas del Gobierno de España, ya que la importante pérdida de poder territorial impide a la neocon pedir “favores” a sus homólogos autonómicos. De ahí, según recoge Confilegal, sus prisas por dejar situados a sus más fieles, como es el caso de la viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas e íntima amiga, Mar España Martí, a quien pretende situar al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

¿Por qué quiere controlar la AEPD?
La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad estatal de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, decide lo que pertenece al ámbito personal y lo que se puede o no publicar de los datos correspondientes a una persona. Agencia relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, que Cospedal ha utilizado en varias ocasiones para proteger su “intimidad” dineraria y patrimonial. Tanto es así, que denunció a ELPLURAL.COM ante la AEPD porque publicamos la nota simple de su mansión-búnker valorada en 2,3 millones de euros. La agencia nos dio la razón a través de un amplio escrito donde recriminaba a María Dolores Cospedal su argumentario y exceso de celo, al mismo tiempo que le recordaba su condición de persona pública sujeta a una mayor transparencia que el resto de los ciudadanos.

Lo que no valía con el PSOE, ahora vale con el PP
Confilegal recuerda en su publicación que el  actual director de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez, fue nombrado en septiembre de 2011 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el del Partido Popular, que se opuso a que en ese momento el ministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño, colocara al frente de la agencia al que había sido su jefe de Gabinete. Tanto es así, que el diputado del PP, Miguel Barrachina, denunció  “un conflicto de intereses grave”, asegurando en julio de 2011 que, “después de la derrota de los socialistas en las elecciones autonómicas y municipales, el PSOE ha convertido al Estado en una agencia de colocación socialista”. Seguro que el discurso del PP ahora es distinto, y eso que de confirmarse la recolocación de España Martí, se ratificaría también, además del enchufismo, la falta de idoneidad profesional de esta mujer para dirigir la citada agencia.

Cartel electoral de María Dolores de Cospedal en 2011.

¿Si buscas trabajo, vota PP?
Declaraciones que Barrachina difícilmente podrá digerir en la actualidad. Sobre todo en lo que a Cospedal y su séquito se refiere. Ya lo decía el eslogan de la campaña electoral de 20011: “¿Buscas trabajo, vota PP?”,  pregunta rotulada sobre una foto de Cospedal retocada por el photoshop. Dicho y hecho, la presidenta de Castilla-La Mancha transformó la Junta de Comunidades en una enorme agencia de colocación, según denunció en este caso el PSOE. Hasta Toledo llegaron decenas de asesores y altos cargos procedentes casi en su totalidad de Madrid, ciudad en la que han vivido y pagado sus impuestos durante estos últimos cuatro años. Situación que llevó al  que será con la ayuda de los dos diputados de Podemos presidente del Gobierno castellano-manchego, Emiliano García-Page, a  advertir a todos los directivos de su nuevo Gabinete que tendrán que pagar sus impuestos en Castilla-La Mancha.

Desbanda y máxima preocupación
Pero Cospedal no podrá recolocar a tantos como quisiera. Y muchos de sus altos cargos, que no tienen ni oficio ni beneficio, o que han vivido de la política toda su vida, tendrán ahora que replantearse sus vidas y encontrar un hueco en el complicado mercado laboral, donde pasarán de cobrar 50.000 euros al año a poco más de 12.000, gracias, en parte, a la reforma laboral llevada a cabo por su jefe de filas.  Sin embargo, otros vieron venir la debacle electoral y abandonaron el barco antes de que zozobrara, como sucedió con un gran número de dirigentes del Sistema de Salud de Castilla-La Mancha.

www.diagonalperiodico.net/panorama/26791-asi-nos-roban-tecnicas-saqueo-municipal.html

 

Así nos roban: técnicas de saqueo municipal

Jorge Armesto

20/05/15 · 11:04

Comentarios 12

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Cartel contra el polémico Plan E. / URIBE KOSTA

Panorama

Elecciones municipales y autonómicas 2015

Elecciones 24M: Cambio o recambio

Privatizaciones de servicios públicos blindadas por décadas

El Gobierno acelera la alta velocidad ante las elecciones

Un modelo de ciudad atado de cara a las municipales

Así nos roban: técnicas de saqueo municipal

El TTIP: una amenaza a las alternativas municipalistas

“Un pacto sería por un cambio, no para una alternancia”

“Un gobierno debe reforzar los contrapoderes”

¿Por qué les llaman seguidores cuando quieren decir posibles votantes?

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De vez en cuando en televisión un rojillo afirma: “La corrupción es sistémica”. Entonces alguien, generalmente del PP, se cubre con la máscara de la indignación y, desde el pedestal ético construido por su partido, contesta: “¿Estás llamando corruptos a los 26.000 concejales de mi partido? ¿A esas miles de personas abnegadas que están en pueblos pequeños trabajando y desviviéndose por sus vecinos?”. El rojillo se la envaina y dice: “No, no, a esos claro que no”. Aunque en su fuero interno piensa: “Sí, a todos. Del primero al último”.

Lo primero que llama la atención es que parece que nadie se ha parado a pensar que cuando únicamente se ponen como ejemplo de abnegación y honradez los concejales “de los pueblos pequeños”, parece deducirse que nada bueno se puede decir de los “de los pueblos grandes”. No seré yo quien niegue esto. Si los propios adalides del PP dan por hecho que los concejales y alcaldes de ciudades y capitales son indefendibles y están enfangados hasta el tuétano, no es cosa de llevarles la contraria. Hablaré solo de “los pequeños”.

¿A quién se venden las cosas?

Un ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Por poner un ejemplo, un ayuntamiento de un pueblo de 20.000 habitantes puede recibir al cabo del año entre 5.000 y 6.000 facturas de todo tipo: productos de limpieza, herramientas, mobiliario, material de obras y oficina, repuestos mecánicos, ropa de trabajo, productos de ofimática, papelería, imprenta. Materiales de carpintería, construcción, fontanería, electricidad, trofeos, camisetas, gomas de borrar, carteles y trajes de rey mago.

Tal vez nosotros no imaginemos la enormidad de esta lista. Pero el alcalde la conoce muy bien. Sabe que uno de los pilares fundamentales de su reelección es el cuidado con que realice cada uno de estos gastos. Y ni uno solo se deja al azar: todos los jefes de servicio saben en qué comercios se deben adquirir estos objetos.

Alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos

Hasta importes de 18.000 euros, estas facturas no necesitan de ningún procedimiento de fiscalización previa. Los ayuntamientos medianos, en sus bases de presupuesto, establecen una cantidad (suele ser una cercana a los 1.200 euros) a partir de la cual el gasto debería ser aprobado previamente. Pero este trámite se suele soslayar y, además, no implica control alguno. Es mero papeleo. En la práctica eso significa que el 100% del gasto corriente en suministros se hace de modo arbitrario. Todo desagua en los establecimientos de familiares, militantes o donantes del partido. Las facturas acostumbran a tener un sobrecoste. Algunos son razonables y otros disparatados. Nadie controla si lo que se adquiere está en los precios de mercado y ni siquiera que se suministren las cantidades u objetos que se facturan. ¿Quién va a mirar si había 20 sacos de cemento o 15? Eso sí, en la factura sí había 20. En algunos negocios, el peso del ayuntamiento como comprador es tan importante que no es extraño que un cambio de gobierno traiga aparejado un cambio de dueño en establecimientos tan estratégicos como imprentas, droguerías o ferreterías y éstas acaben en manos de familiares o amigos cercanos de los nuevos gestores. Alcaldes y concejales aleccionan a los funcionarios sobre dónde se puede adquirir cada cosa. Desde almacenes de materiales de construcción a tiendas de Todo a Cien. Todo suma. Todo vale.

Es habitual que se le pregunte al encargado de la compra: “¿Es para ti o para el ayuntamiento?”. Si es para este último el precio se eleva. Puede parecer banal que una grapadora le cueste a una institución pública el doble que a un particular. Pero cuando multiplicamos esa diferencia por las miles de facturas que se pagan al año, la cuestión deja de ser tan baladí. Por supuesto, alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos. Y como eso, todo. Reformas en su casa, muebles, ordenadores gratis. Cualquier cosa, hasta la más ínfima, se les regala. Se acostumbran a no pagar por nada, a comer de gorra en los restaurantes. Los comerciantes beneficiarios también son generosos donantes de las campañas. Tanto en metálico como en especie. Las imprentas, las empresas de megafonía, de alquiler de carpas, de organización de eventos, les hacen gratis la campaña electoral. Previamente ya habrán pasado alguna factura desorbitada por cualquier otra cosa.

La red mafiosa se extiende por todo el comercio y la industria local. De haber varios proveedores del mismo ramo a los que premiar, se reparte en función de lo que aportan a la causa. Hay muchas decenas de miles de euros que fluyen incesantemente, muchas familias, muchos empleados viviendo del dinero público. En los días previos a las elecciones se pronuncian veladas amenazas: “Si pierden estos, nos bajan los ingresos y tendré que despedir gente”. Comerciantes y empresarios reparten las papeletas de votación a sus empleados en sobre cerrado. Estos siempre tienen la sospecha de que “tienen un tono de color diferente” para que los apoderados del partido que vigilan las mesas las reconozcan el día de la votación. Las empresas señaladas como de la facción política contraria subsisten como pueden castigadas por una competencia desleal. Muchas se rinden y tienden puentes: aceptan el chantaje. También están dispuestas a pagar, a donar, a subvencionar. O eso, o la ruina.

Alcaldes y concejales buscan que hasta el último euro que gestionan recaiga en “el pueblo”. O al menos en el reducido círculo de beneficiarios que ellos consideran “pueblo”. Jamás se compra nada a una empresa foránea a menos que haya un comisionista local. No importa si esto encarece el presupuesto. Pongamos que hay que comprar unos focos para el teatro que sólo pueden surtir empresas especializadas. En ese caso, si se puede, mejor es que los compre la tienda de bombillas local, propiedad de algún amigote, y luego los revenda al ayuntamiento.

¿Cuánto valen las cosas?

Como en los supermercados, todo acaba en 9. Existen números mágicos que se repiten en las adjudicaciones de toda España.

Las obras y servicios valen por norma general 49.000 euros. La razón es que hasta 50.000 se dan a dedo a quien se quiera. Si sobrepasan esa cantidad entonces pasan a costar 199.000. Entre 50.000 y 200.000 euros la adjudicación se hace por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. O lo que es lo mismo, es el ayuntamiento el que elige a tres empresas a las que le solicita presupuestos. En estos casos lo habitual es que sea la empresa a la que se va a favorecer la que aporta los otros dos presupuestos que obliga la ley. Pueden ser del mismo dueño, empresas pantalla u otras reales con las que se llegó a un acuerdo de reparto o de subcontratación. En otras ocasiones, la mesa de contratación municipal busca dos empresas que, ya sea por su pequeño tamaño, por su inexperiencia o por su falta de solvencia, sabe positivamente que presentarán la documentación incompleta o errónea.

En los ayuntamientos pequeños son raras las obras que sobrepasan los 200.000 euros. Cuando es así, deberían adjudicarse por el “procedimiento negociado con publicidad”. Es decir, que cualquiera podría optar a ellas. Para evitarlo, habitualmente se fraccionan las obras en fases de 199.000. Esto es ilegal y fraude de ley, pero nadie lo suele denunciar. Todo se puede hacer en fases: desde tejados hasta aceras. Las explicaciones rayan en lo cómico. Así, el concejal de obras de Málaga aportó esta nueva genialidad a la historia de la contratación pública: “No hay fraccionamiento porque lo que se ha dividido no es el contrato para construir un parque en el Benítez, si no el dinero del que se disponía”. Exacto, el papel del contrato seguía de una pieza. Ahí estaba el folio enterito para quien quisiera comprobarlo.

La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire

Existe otra modalidad: los contratos de servicio que cuestan 119.000. La razón es que a partir de 120.000 existe la “exigencia de clasificación” a las empresas. Por debajo de esa cifra, puede ser cualquiera.

Aprovecho para animar a quien esto lea a quebusque las cantidades de las adjudicaciones en sus villas y pueblos. Se sorprenderá de la frecuencia con que aparecen estas cantidades.

¿Cuándo se gasta?

Las elecciones municipales son siempre en mayo. Ese año, en los primeros días de enero, los concejales peregrinan al Departamento de Intervención para que les apunten con una flechita las cantidades que se pueden gastar de las partidas de sus presupuestos. Desde entonces, en una carrera contrarreloj, tienen cuatro meses para vaciarlas todas. Es lo habitual verlos preguntándose: “¿Qué podemos pintar?”, ¿hay que comprar algo para el polideportivo?”. El qué se compra es lo de menos. Las partidas deben agotarse. El mayor flujo de dinero posible debe revertir en “el pueblo”. Puede ser la última oportunidad para las comisiones. Es la mejor época para los gastos absurdos o las ideas disparatadas. Ningún concejal es tan estúpido como para dejar dinero en el presupuesto que podría gastarse otro si ganase las elecciones. Incluso aunque su propio partido pudiese ganar, no siempre es seguro que fuese a ocuparse de la misma responsabilidad. Mejor no dejar nada.

Esto ocurre cada cuatro años. En un año no electoral, el mismo proceso se da en los meses de otoño, cuando se está a punto de cerrar el presupuesto. Tras el verano se produce la misma peregrinación y todos solicitan informes del estado de las partidas para vaciarlas a conciencia. El objetivo es llegar a 31 de diciembre a cero. O mejor aún, en negativo. En la lógica municipal, cuando un concejal deja un año una partida presupuestaria sin gastar, esta desaparece del presupuesto del año siguiente. Puesto que no se usó, no debe ser importante. Así se anima al gasto irreflexivo y al cortoplacismo: cuánto más se gasta, más puede crecer la partida presupuestaria el año siguiente.

¿Por qué todo esto es impune?

En primer lugar existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos del régimen. Si tú no hurgas en mis cosas yo no hurgo en las tuyas. Pero es que, además, no es tan sencillo. Si la mayoría de las ilegalidades tiene como beneficiarios a vecinos de la localidad, ir contra la ilegalidad es ir, de facto, contra los vecinos. La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire. Para la oposición, en este terreno pantanoso hay mucho que perder y poco que ganar.

Interventores y secretarios carecen ya de capacidad para controlar todo este flujo enorme de malgasto y cohecho. Dirigen departamentos con escasez de medios y personal. En los ayuntamientos más pequeños ni siquiera se contrata a interventores, pues la ley no lo obliga, y es el secretario quien, en teoría, debería realizar ambas funciones. Puesto que carece de tiempo material para controlar todas y cada una de las decenas de facturas que entran cada día, sólo pide explicaciones cuando existen sobrecostes escandalosos. Aún así, siempre hay modo de justificarlos.

Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritasBendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.

Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.

De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.

Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena.Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.

Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra

Se puede afirmar que no hay ni un solo puesto de trabajo que dependa de las administraciones locales pequeñas y medianas que no se dé de modo arbitrario. Ni uno. La inexistencia de control es total. Los exámenes o las preguntas se le proporcionan al premiado. Por si acaso aún así falla (no se trata precisamente de lumbreras) se deja para el final una entrevista en la que se le valora subjetivamente. Previamente se han adecuado los méritos a su perfil. Los puestos de trabajo se cuidan de igual modo que la compra de grapadoras. Todo debe recaer en alguien “del pueblo”. Desde un humilde contrato de dos meses para abrir la caseta de turismo, hasta un arquitecto contratado. Cada puesto tiene un precio y un coste. Por la caseta de turismo quizá solo se exija subordinación y fidelidad. Por ser arquitecto, bastante más. Cada ayuntamiento tiene a una cuadrilla de funcionarios, siempre los mismos, que se encargan de valorar todas las oposiciones del año. Este negociete apenas conocido puede reportar de 250 a 300 euros por cada examen. Al cabo del año la cifra no es desdeñable y supone un buen sobresueldo por colaborar con tus jefes corruptos.

En los últimos tiempos, con la caída de la oferta de plazas de funcionario, se ha generalizado otro modo de hacer fijos a los contratados laborales. Los ayuntamientos encadenan más de tres contrataciones parciales consecutivas para la misma función con lo que, si el trabajador denuncia, la ley obliga a hacerle un contrato fijo. Así, este empieza a ser el modo habitual de “contratación” y los ayuntamientos están en pleitos permanentes que pierden una y otra vez, pagando indemnizaciones a los enchufados que les han “denunciado” y sosteniendo, de paso, a los bufetes de abogados amigos que hacen su agosto por perder juicio tras juicio. En el colmo de la desfachatez el ayuntamiento encarga trabajos (por ejemplo, informes de arquitectura) a los mismos trabajadores que “ha despedido” y le “han denunciado” y con los que todavía está pleiteando. El trabajador temporal cobra sus informes mientras “está despedido”; recibirá más adelante la indemnización; será readmitido como fijo; y los abogados amigos pasarán sus minutas. Todo el mundo gana.

Con el tiempo, si una fuerza política es hegemónica, la diversidad ideológica de los funcionarios desaparece y el ayuntamiento se divide entre los directamente cómplices de la arbitrariedad y los que prefieren tomar un perfil plano, lo más invisible que se pueda para no meterse en líos. Los escasos héroes que se enfrentan al sistema padecen un acoso salvaje. Así se entiende por qué no hay controles sobre lo que surten los proveedores amigos. Los trabajadores que hacen de lacayos cada día informan favorablemente facturas falsas, otras desorbitadas u otras con conceptos falsos que ocultan el verdadero gasto. Si los suministros tienen calidades pésimas y se rompen, no importa, ya se comprarán más. Los funcionarios honrados se asombran de que los cartuchos de tinta de la fotocopiadora se agoten en dos días. Los que se encargan de su compra saben que la obsolescencia forma parte del negocio. Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra. El enchufismo no es una solidaridad mal entendida. No: se trata de una organización en la que el nepotismo y la arbitrariedad en la contratación de personal son imprescindibles para el saqueo generalizado del dinero público.

¿Por qué pierden todos?

La población sabe esto. Los votantes, mal que bien, lo saben. Pero han aceptado la justificación del poder según la cual, al fin y al cabo, las irregularidades sirven para que hasta el último euro recale “en el pueblo”. De hacer las cosas legalmente, quién sabe, entrarían trabajadores de otros lugares o las obras las acometerían empresas foráneas. Piensan, al fin, que tal estado de cosas es necesario. Que sin él las cosas irían peor. Y si bien es cierto que algunos se benefician mucho más que otros, así es como el dinero fluye.

Sin embargo, las cosas no son así y ésta es únicamente la justificación que los corruptos han hecho crecer en una población resignada. Voy a poner un ejemplo muy gráfico: dos pueblos celebran los carnavales. En el primero, el concurso de disfraces es justo y gana el mejor. Grupos de todas partes, algunos multitudinarios, participan. Compiten charangas enormes y espectaculares. Las calles se atestan de visitantes y el comercio y la hostelería lo agradecen. En el segundo pueblo, el jurado cuida de que los premios recaigan en los grupos locales. Los foráneos dejan de acudir. El nivel cae y con los años el desfile se convierte en un paseo de algunos tipos con disfraces comprados en los chinos por calles semidesiertas.

Esto mismo puede aplicarse a todo: a la industria y al comercio. Los adalides de la libre competencia sostienen un sistema en el que algunos privilegiados no necesitan competir y juegan con cartas marcadas. Los nuevos proyectos no pueden enfrentarse exitosamente a empresas que reciben el flujo constante de las inversiones públicas por hacer un trabajo más caro y peor. El nivel general baja. La usurpación de todos los puestos de trabajo por parte de incapaces penetra en la subcultura dominante del lugar (el meme) acentuando la idea de que son sólo los mediocres los que prosperan. El talento huye. Las buenas ideas son incapaces de crecer. El hecho de que el mérito no sea un factor para contratar a las personas con responsabilidades hace que las personas de mérito emigren. Todo se contamina: si los profesores de las escuelas municipales son unos lerdos, ¿qué aprenderán los alumnos? ¿Qué cultura puede crearse en la base cuando la gestionan desde arriba los incultos? Las constantes vitales bajan. Se crean menos cosas y son peores. Hay menos músicos, menos actores, menos emprendedores de cualquier cosa. La sociedad civil se degrada, pierde vitalidad, el talento solo emerge fuera. Se crean distinciones para honrar a los exitosos exiliados y poder vivir durante un día en la ensoñación de que forman parte del cuerpo social que los exilió.

El lugar se anquilosa, se revela incapaz de ser polo de atracción por nada. Gobernado por una mafia que se rige únicamente por una lógica de comisiones cortoplacista mira como si fueran marcianos a otros lugares que innovan, ya en el urbanismo, en la energía o en los servicios. Si el concejal de medio rural escribe “violojía”, ¿promoverá la agricultura biológica? El comercio y la industria agonizan, la población decrece, los ingresos por impuestos menguan, el flujo de dinero disminuye, con lo que cada vez es menos lo que llega fuera del círculo de poder. La espiral de degradación se acentúa entonces, cada vez más y más.

Lector, ¿conoce algún lugar así?

Tags relacionados: Corrupción régimen del 78

Comentarios 12

12

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belisario

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Sáb, 05/23/2015 – 19:50

Me identifico plenamente con lo escrito. Yo llevo denunciando durante 2 años los tejemanejes que he descubierto en Castro Urdiales, la marbella del norte.en relación a la contracción, el aparcamiento regulado, el procedimiento sancionador y el incumplimiento de las propias ordenanzas con el único fin del lucro de dos empresa privadas con nulo apoyo (cuando no absoluto entorpecimiento) institucional y politico. mis experiencias las relato en un blog http://castrourdialesdespierta.blogspot.com.es/..

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Erik

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Sáb, 05/23/2015 – 14:07

Artículo contundente y apropiado, ahora por la proximidad de las elecciones y a partir del lunes para no bajar la guardia.
La semana pasada vi un docu muy potente que denunciaba con testimonios de esa corrupción de proximidad de la que habla Jorge, con especial participación de los Interventores se llama Corrupción el Organismo nocivo y está en cines en varias ciudades, si no me equivoco el próximo jueves es el último pase en Barcelona. Pero hay más cines
Nada mejor para corroborar lo leído que escucharlo de la boca de los que lo han  denunciado desde dentro del sistema. Esos son nuestros referentes!

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fran

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Jue, 05/21/2015 – 15:04

@xiao

en pueblo vives tu? si es verdad todo lo que dices me gustaria conocerlo, quien sabe igual me veo a vivir ahi y todo.

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pepitogrillo

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Jue, 05/21/2015 – 12:16

Yo conozco el caso de un pueblo de menos de 5000 habitantes, en el que la alcaldesa prefirió comprar un camión de mantenimiento de segunda mano (de 8 años) por 15000 euros antes que la evolución de ese modelo en el concesionario, nuevo, por 12000. Supongo que irían 10000 al dueño y 5000 a la alcaldesa, aunque bueno, en estos casos, nunca se sabe cuál es el caché de cada uno.

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meco

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Jue, 05/21/2015 – 11:13

Muy detallado, así funciona este país. ¿Cómo se soluciona esto?

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xiao

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Jue, 05/21/2015 – 09:51

Pues no, yo vivo en un pueblo pequeño, rodeado de pueblos pequeños, y todo esto no sucede. Y si se da, son casos muy puntuales que se denuncian.

He sido empleado publico del ayuntamiento temporalmente, y mas gente lo ha sido, y los procesos de selección se realizan a través del INEM para evitar irregularidades, donde los funcionarios hacen su trabajo independientemente del nombre de los candidatos.
Arquitectos, interventores y secretarios son eficientes y no pagan ningún servicio al partido que gobierna.
Las contratas, cuando una empresa de fuera lo hace a mejor precio, se le contrata aunque perjudique a una local.

En todo el artículo no se aporta ninguna prueba de todo eso, salvo el caso de Málaga. Así que, o el autor ha escrito un buen relato de ficción, o desconoce totalmente la realidad de los pueblos.
Puede que haya casos, pero para nada es algo generalizado, aunque puede que yo viva en otro país y no me haya enterado.

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jaime

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Jue, 05/21/2015 – 09:20

Totalmente de acuerdo. Pero yo pregunto. Esta practica ¿ la hacen solo los ayuntamientos del Pp o tambien los de psoe, iu etc?

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pepito

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Jue, 05/21/2015 – 03:23

España en general.

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paco

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Mié, 05/20/2015 – 23:57

Muy ilustrativo. Voy a darle toda la difusión que pueda. Me ha encantado la sencillez a la hora del explicarlo del autor. Bravo!

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Inad

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Mié, 05/20/2015 – 20:14

Tristemente cierto, pero falta otra vertiente: cuando el secretario o el interventor están en el ajo. O el arquitecto municipal, o el jefe de personal, o el de contratación. Todos funcionarios.
Se quedan en la retaguardia cuando milagrosamente en unas elecciones entra gente con ínfulas de limpiar la gestión. Entonces empiezan los retrasos en los expedientes, las filtraciones a la oposición -en donde están los amigos- y se alimenta la idea de que los nuevos son unos inútiles, que entran por el aro y dejan a hacer o se van a hacer puñetas a los cuatro años.

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Jorge Armesto

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Mié, 05/20/2015 – 20:00

Animo a todos los interventores, secretarios y funcionarios honrados a que cuenten en estos comentarios sus experiencias.

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pepe

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Mié, 05/20/2015 – 18:26

Jarafuel

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