Diputación de León y sospechoso entramado empresarial berciano

11 Jun

excelencia empresarial Al Capone150610 foto Jaime-Uli-Lupi

La Diputación contrata el mantenimiento de dos zonas de carreteras provinciales esta semana por 4 millones.

Una empresa de Valladolid (ligada al Bierzo) y otra berciana, entre las 15 licitadoras que optan a realizar obras en dos zonas. La mesa de contratación adjudicará en unos días. Raro sería que algo no cayera a alguna de ellas.

La Diputación de León adjudica esta semana las obras de conservación y reparación de la red de carreteras en las zonas oriental y occidental de la provincia, un contrato que salió a licitación en el mes de febrero por procedimiento abierto y urgente y que asciende en total a cuatro millones de euros por dos años.

El burgalés Ulibarri, imputado en Gürtel, tiene vinculación empresarial con una de las firmas licitadoras. Una de las empresas que optan a hacerse con el contrato de la zona oriental es Arcor SL, una compañía con sede en Valladolid en la que figura como apoderada una hija de José Luis Ulibarri, empresario burgalés imputado en la trama Gürtel, quien también es contratista del servicio de ayuda a domicilio que contrata la Diputación y que pretende hacerse igualmente con el contrato del Ayuntamiento de León, en pugna con la empresa Carflor. Además Ulibarri es propietario del Diario de león que recibe cuantiosas sumas de dinero presuntamente ilegal de la Diputación de León a cambio de que promocione a los Presidente y Diputados provinciales con cualquier excusa (venta de pimientos, chorizos o lo que sea).
El portavoz del PP en la institución provincial, Jaime González, está vinculado con otra de las 15 empresas licitadoras. Entre las empresas licitadoras con mejores puntuaciones para la zona occidental figura  Asfaltos Paglobier SL, administrada por A.C.B., la misma persona que dirige Excarbi SL (licitadora también), la constructora berciana sobre la que la oposición ha denunciado vinculación con el portavoz del equipo de gobierno, el popular Jaime González. Ya en octubre de 2010, el entonces portavoz del grupo socialista, el diputado Matías Llorente, amenazó con llevar a la Fiscalía la supuesta vinculación de Jaime González con la sociedad limitada Excarbi, empresa para la que González Arias ejerció de abogado y a la que habría otorgado «a dedo y por urgencia» obras por valor de unos 400.000 euros sólo en 2009, actuaciones que Llorente calificó entonces de «delictivas». Aunque la amenaza de Llorente nunca llegó a la Fiscalía (siempre amenaza con denunciar, pero nunca denuncia el Sr. Llorente, y cuando denuncia retira la denuncia como hizo con Isabel Carrasco en el caso de las dietas), unos meses más tarde el hoy diputado no adscrito hacía pública otra denuncia: la creación ex profeso por parte de Excarbi de una empresa de gestión de recibos que logró en apenas cuatro meses desde su puesta en marcha un contrato de 3 millones de euros para el cobro de recibos de Gersul.

Aquella empresa, Biergrim, fue creada por el administrador de Excarbi junto a otro socio, aunque las posteriores desavenencias con la Diputación (que a día de hoy continúan dirimiéndose en los tribunales) hicieron que el máximo responsable de Excarbi SL se desvinculara hace año y medio de Biergrim para seguir manteniendo ‘buenas relaciones’ con la institución provincial, donde los grupos de la oposición aseguran que la empresa constructora berciana ha seguido obteniendo numerosos contratos menores de obras. Es por ello que ahora Gersul pretende que otra empresa (que habrá que investigar quien está detrás) se ocupe del cobro de recibos del CTR cuando ese cometido lo haría magníficamente el excelente Servicio de Recaudación de la Diputación de León.

También Izquierda Unida, que espera hacerse con un escaño en la institución provincial que considera «ganado» el 24M, denuncia la vinculación de Excarbi con el portavoz del PP. «Ha actuado como abogado de esa empresa contra ayuntamientos como Villafranca del Bierzo», critica Santiago Ordóñez,  que lamenta que se le permita la compatibilidad para ejercer la abogacía (sin limitarle, por cierto, el sueldo como se limita en la Administración a quien se le concede compatibilidad) y recuerda que «los diputados están al servicio de los ayuntamientos de la provincia, no para actuar contra ellos».

Esto sería muy grave si se confirma: cobrar dinero público de la Diputación para atacar a Ayuntamientos en defensa de empresas privadas cuando la obligación es defender a los Ayuntamientos.

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