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LA BATALLA POR EL ESCAÑO DE DIPUTADO PROVINCIAL EN LOS PARTIDOS JUDICIALES

10 Jun

..reforma laboral para políticos

LA BATALLA DE LA DIPUTACIÓN

El PP dice dar carta blanca a las comarcas para elegir sus diputados provinciales y evitar tensiones

ileon.com | 09/06/2015

Sólo dos nombres son seguros: el actual presidente, Emilio Orejas, y el futuro, Juan Martínez Majo, quien aboga por que ningún diputado sea de León, Ponferrada o San Andrés. Sólo en el partido judicial de León, 19 alcaldes aspiran a uno de los 4 sillones libres, mientras el ‘carrasquismo’ no se resigna a desaparecer.

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Juan Martínez Majo y Emilio Orejas, los únicos dos seguros para el Palacio de los Guzmanes, en la presentación de las primeras candidaturas del PP en la provincia.

A escasos días de que se formalicen los nuevos gobiernos municipales en toda la provincia, el Partido Popular que gobernará con mayoría absoluta en la Diputación ya ha puesto en marcha el proceso para formar el equipo que dirigirá los destinos de los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes bajo la presidencia del futuro alcalde de Valencia de Don Juan: Juan Martínez Majo.

Para evitar excesivas confrontaciones entre los deseos de la dirección provincial y las comarcas, el PP ha optado por dejar la decisión de quiénes quieren que sean sus diputados a cada uno de los partidos judiciales, según han confirmado a iLeon.com fuentes de la dirección, remitiendo escritos en este sentido a los presidentes provinciales de cada zona. Por este motivo, los nombres que se dan por seguros de la lista de los 13 diputados que designará esta formación tan sólo son dos a día de hoy: el propio Martínez Majo, que ya concurría como candidato a presidente; y el actual mandatario, Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros. El resto serán “libremente designados” en votación por los concejales de cada partido judicial.

No será un proceso fácil ni exento de algunas tensiones. Porque por ejemplo, sólo en el partido judicial leonés hay al menos 19 alcaldes y concejales que ya han mostrado su disposición a ocupar los únicos 4 sillones que Majo y Orejas dejarían libres. Y conviene recordar que el futuro presidente ha mantenido públicamente su criterio de que ninguno de ellos debe provenir de León, Ponferrada o San Andrés del Rabanedo, dado que son los municipios que superan los 20.000 habitantes y, por lo tanto, no entran dentro de las competencias propias de la institución provincial. “Es un criterio que mantengo de toda la vida, estos tres grandes municipios suman más votos que nadie pero debemos entender que la Diputación defiende sólo los intereses provinciales”, argumenta.

Apoyos debilitados y ‘carrasquistas’ en el Bierzo

La elección de los 13 diputados con los que gobernará el PP está, pues, muy abierta aún. Y son varios los motivos. En el extenso partido judicial de León, algunos nombres próximos al ‘aparato’, como el alcalde de La Pola de Gordón, Paco Castañón, o el de Cimanes del Tejar, Genaro Martínez, no han conseguido revalidar la mayoría absoluta. Y además entra en juego el factor de que debe hacer una cierta presencia femenina en el salón de plenos provincial.

En el Bierzo, donde el PP consiguió 3 diputados frente a los 4 que tenía, la batalla será aún más cruenta. El sector denominado ‘carrasquista’, con el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, el alcalde de Congosto, José Antonio Velasco, sobre el que pesa unaimportante imputación judicial, o el actual portavoz del grupo popular en el Palacio, Jaime González, no se resignará fácilmente a dejar de estar en la Diputación. Pero la pérdida de miles de votos en el partido judicial de Ponferrada o el hecho de que al PP no le convenga tener en casa un futuro e hipotético sector de críticos, podría producir algunos cambios.

Otra distorsión: la macro denuncia contra todos los actuales diputados populares

Eso por no contar el hecho de que sobre todos, sin excepción, de los diputados provinciales del PP pesa una incomodísima denuncia penal de funcionarios

por SEIS PRESUNTOS DELITOS VINCULADOS A LAS POLÍTICAS DE PERSONAL EFECTUADAS DE MANERA REITERADA E INCUMPLIENDO NUMEROSAS SENTENCIAS EN EL SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS (SAM), QUE DE MANERA EXTRAORDINARIA AFECTA A LA AÚN ALCALDESA DE MANSILLA DE LAS MULAS, MARI PAZ DÍEZ

 quien además ha dilapidado su mayoría absoluta.

En los restantes cuatro partidos judiciales (Sahagún, Astorga, La Bañeza y Cistierna), el PP elige un diputado por cada circunscripción. El primero parece fácil de adivinar, en la figura de Francisco Lupicinio Rodrigo, alcalde de Villamol y responsable comarcal popular, que además ha ejercido de presidente en funciones de la Diputación en los más delicados momentos vividos por el PP en los últimos años, primero con el asesinato de la presidenta Isabel Carrasco y después con la detención por presunta corrupción de su sucesor, Marcos Martínez Barazón. Además, el judicializado alcalde de Sahagún, Emilio Redondo, ha sufrido un serio revés electoral.

Del Egido, en la cuerda floja desde el Páramo

En la circunscripción de Astorga las cosas no están claras aún y hay quien cree que esa ciudad, recuperada holgadamente la mayoría que ostentaba el PSOE, podría hacer que el premio fuera un sillón en el Palacio de los Guzmanes.

En el partido judicial de La Bañeza, el actual diputado, Miguel Ángel del Egido, de Santa María del Páramo, pugna con fuerza por repetir pero nadie afirma que sea un camino de rosas para quien también no sólo ha perdido la mayoría absoluta que tenía como alcalde, sino que se da por hecho que UPL le arrebatará el bastón de mando con el apoyo del PSOE y le dejará en la oposición.

Cistierna: minería contra esquí

Y por último, en la comarca de Cistierna existe otra lucha titánica. Desea repetir -y lo repite hasta la saciedad- el alcalde de Sabero, Francisco García, quien se atribuye gran parte del número de votos que consiguió, aunque por poco, que el PP no perdiera el diputado provincial en esa demarcación en favor del PSOE y con ello dejar a los populares sin la mayoría absoluta del Palacio. Enfrente, el regidor de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, un clásico de la Diputación que lleva varios mandatos en la cumbre y no precisamente porque reine en las cumbres de la siempre polémica estación de esquí de San Isidro: primero siendo en su día diputado provincial de Turismo; y después como cargo de confianza de Presidencia con Carrasco y Martínez Barazón. El tercer eterno en disputa, Porfirio Díaz, de Burón, poco o nada tiene que hacer.

El disputado escaño provincial

Todos los partidos judiciales, a excepción de León, elegirán sus diputados la próxima semana en una pugna reñida, con listas oficiales y críticas, que obliga a las direcciones políticas a encajes casi imposibles.

ASUN G. PUENTE | REDACCIÓN 10/06/2015

Números y más números. Son los que desde la noche del 24M echan los aspirantes a ocupar uno de los 25 escaños en la Diputación por los seis partidos judiciales. Avales que precisan para conseguir presentar la candidatura en cada circunscripción, número de concejales que votan en cada una de ellas, apoyos, aspiraciones de los que lograron la alcaldía y los que la perderán por pactos… todo desemboca en la Diputación. Pese a que desde el PP y el PSOE, los partidos con mayor número de representación en la futura Corporación, se habla de «profunda renovación» la realidad con la que pueden encontrarse tras las urnas en los partidos judiciales puede ser bien diferente.

Las direcciones de los partidos apuestan por candidatos ganadores en sus municipios, por alcaldes con un gran contingente de votos, pero afinidades, compromisos adquiridos previos a los comicios para garantizar fidelidades o cuestiones de género pueden también dar al traste con estos objetivos.

Todos los partidos judiciales, a excepción de León, pendiente de la decisión de la junta electoral de zona sobre el escaño que reclama IU en detrimento del PSOE y los consiguientes recursos previsibles, celebrarán las elecciones para elegir sus diputados entre el 15 y el 19. La circunscripción de León, la más numerosa en representación, deberá esperar a la semana del 5 al 9 de julio, un hecho que retrasará la constitución de la Diputación hasta el 15.

El futuro presidente, Juan Martínez Majo, está abrumado con los alcaldes que le han llamado y lo seguirán haciendo para acompañarle en la lista de miembros de la corporación por la circunscripción de León, donde el PP cuenta con seis escaños. De momento, seguro sólo está su antecesor en el cargo y alcalde de

, Emilio Orejas. En este partido judicial, además, el regidor coyantino está obligado a contar con una o dos mujeres, ya que en el resto no aparecen entre las listas de oficiales ni críticos.

La batalla con más consecuencias está en el partido judicial de Ponferrada, con el enfrentamiento entre la propuesta oficial (alcaldes de Puente Domingo Florez, Molinaseca y Páramo del Sil) y reconocidos ‘carrasquistas’ (José Antonio Velasco, Raúl Valcarce y Jaime González).

Tampoco logrará consenso en la circunscripción de Sahagún, con su ya casi ex alcalde Emilio Redondo y el diputado y regidor de Villamol, Lupicinio Rodrigo, en liza, aunque el primero reconoce tenerlo complicado para contar con los avales precisos. En Cistierna, la pugna estará entre los alcaldes de Sabero (quiere repetir como diputado) y Puebla de Lillo (lo fue con García Prieto). Y en La Bañeza la pérdida de mayoría absoluta del alcalde de Santa María del Páramo puede inclinar la balanza hacia el regidor de Santa Elena de Jamuz. En Astorga las espadas siguen en alto.

El líder socialista provincial, Tino Rodríguez, dijo ayer que a la Diputación sólo llegarán alcaldes de menos de 20.000 habitantes y que habrá «una importante renovación». Todos los escaños deberán contar, reconoció, con el visto bueno de la ejecutiva. En el partido judicial de León parte de sus decisiones dependerán de si cuentan finalmente con cuatro o cinco representantes, aunque ya tiene nombres en firme. En el caso de Ponferrada, tienen en marcha una propuesta oficial avalada por la dirección comarcal (ver gráfico), aunque Laciana ya ha alzado su voz y reclama un escaño. Y en la circunscripción de Astorga tres candidatos: alcaldes de Villarejo, Hospital y Santa Marina.

UPL elegirá entre García Bayón y Matías Llorente. Coalición por el Bierzo traerá a Pedro Muñoz. Ciudadanos debe aún elegir su representante e IU espera.

TRÁFICO ILEGAL DE TRABAJADORES EN LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

10 Jun

adn político autonómico

http://www.pladepu.org/2015/06/trafico-ilegal-de-trabajadores-en-la.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PlataformaDeDefensaDeLosServiciosPblicosDeCastillaYLen+%28Plataforma+en+Defensa+de+los+Servicios+P%C3%BAblicos+de+Castilla+y+Le%C3%B3n%29

LUNES, 8 DE JUNIO DE 2015

TRÁFICO ILEGAL DE TRABAJADORES EN LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CIENTOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS VAN A SER INDEFINIDOS DE LA JUNTA ENTRANDO POR LA PUERTA DE ATRÁS GRACIAS A LA PREVARICACIÓN DE LOS POLÍTICOS

Hace unos días llegó a nuestras manos la Instrucción 4/FYM/2015, de 26 de mayo, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que se dictan diferentes medidas para la ejecución de los contratos de servicios, encargos y encomiendas de gestión. En ella, se trata de delimitar y separar los medios personales y materiales de las empresas públicas y de la Administración. Instrucción que no entendimos en un principio, ya que la Administración de Castilla y León ha hecho siempre caso omiso a las quejas que presentamos por la contratación de empresas externas para realizar los trabajos destinados a los empleados públicos. Situación esta injusta e irregular por mucho que se haya disfrazado de legalidad.

Todo empezó a estar mucho más claro cuando conocimos la Sentencia 00242/2015 que dictó el Juzgado de lo Social número tres de León el pasado día 16 de abril. Esta sentencia es el claro ejemplo de cómo las privatizaciones y el trasvase sistemático de funciones hacia empresas públicas, ha vaciado de contenido la función pública en Castilla y León.

En primer lugar, debemos felicitar al Magistrado-Juez de lo Social, Juan Gabriel Álvarez, por los exhaustivos fundamentos de derecho en los que apoya el fallo y por el lenguaje claro y conciso que utiliza, alejado del tecnicismo y hermetismo que tanto gusta a la judicatura. Cualquiera entiende esta sentencia en la que no se ha dejado nada al azar.

En segundo lugar, y no nos congratulamos, la sentencia viene a ratificar lo que estamos denunciando en PLADEPU desde 2010: el lento y progresivo vaciamiento de la administración autonómica a favor de empresas públicas y privadas, lo que supone un deterioro sin precedentes del empleo público y, por tanto, de los principios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rige el acceso al mismo. 

La sentencia considera que ha habido cesión ilegal de trabajadores y condena a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a incorporar a su plantilla como trabajadora indefinida a la demandante, la cual pertenecía a la empresa TRAGSATEC, a parte de las acciones penales que puedan llevarse a cabo contra la Administración y la empresa por tráfico ilegal de trabajadores y a la sanción de la Inspección de Trabajo.

El Juez apoya su veredicto en el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 312, 314 y 404 del Código Penal, en el artículo 8.2 del RD 5/200, en los artículos 10.2, 14 y 96.1 de la Constitución Española, en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14 del Convenio de Roma, y, en fin en alguno más. En ellos, se habla de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derecho de igualdad y de tráfico ilegal de trabajadores.

Pero yendo un poco más allá, esta sentencia abre la vía a la persecución penal de los cargos públicos por posibles delitos de malversación y cohecho, pues queda demostrado que la Administración cedió a la empresa instalaciones y material, así como el trabajo de los funcionarios que hacían la función de superiores jerárquicos de la demandada. Situación esta, que se produce en todas las provincias y con varias, posiblemente bastantes, empresas.

Ya en 2012 los compañeros de PLADEPU y VIERNES NEGGRO DE BURGOS denunciaron una situación similar a la de TRAGSATEC, la de la UTE INDRA-GRUPO NORTE, y lo hicieron ante el Presidente de la Junta de Castilla y León y ante el Procurador del Común. El primero dio una respuesta evasiva a través de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y el segundo lo hizo el 20 de diciembre de 2013 de la siguiente forma: “Consideramos que no ha quedado acreditada la concurrencia de irregularidad alguna en la actuación administrativa objeto de su reclamación, debiendo destacarse que el uso temporal de los edificios administrativos por la adjudicataria del contrato tiene apoyo normativo y que los representantes electos del personal funcionario han tenido debido conocimiento de las incidencias de tal contrato”. ¡Ahí queda eso! . Implícitamente considera que es una forma de proceder “normal”, pues hasta los sindicatos la conocen y no han puesto ningún problema. Pero ilegalidad probada y respondida de nuevo por los compañeros en Burgos.

El Magistrado Juez de lo Social ha venido a poner de relieve lo que los demás no querían ver: la forma ilegal de proceder de la Junta de Castilla y León.

En resumen, en los últimos años se ha puesto en marcha un entramado de empresas públicas que ha conducido al punto en el que estamos y que estamos dispuestos a denunciar y llevar hasta las últimas consecuencias.

Publicado por Plataforma DEPU en 0:37 

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4 comentarios :

LABORAL FIJO8 de junio de 2015, 9:52

La trabajadora de TRAGSATEC tiene derecho y razón porque así se lo ha dado el juez. Pero queda demostrado a dónde han conducido los políticos la Administración: a una envenonosa privatización. A “tomar pol culo” los principios de igualdad, merito y capacidad pues no se convocan oposiciones ni para cubrir jubilaciones, y el nuevo proceder de selección es entrar por la puerta de atrás vía empresa privada de amigote del político de turno.

¡RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL para altos cargos y jefes de servicio cómplices y conocedores de esta práctica corrupta!

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Anónimo8 de junio de 2015, 14:27

Menudo braguetazo!. Plaza fija en la administración sin oposición! Viva el amiguismo.

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Anónimo8 de junio de 2015, 15:45

Esto es INDIGNANTE. En la D.G. del Medio Natural están frotándose las manos, gente que lleva contratos entre diez y veinte años tienen ahora los juicios y tienen bastantes posibilidades de quedarse fijos y riéndose de todos nosotros. Yo también pienso que debería haber alguna responsabilidad política ¿pero a quién se pide cuentas ahora que han pasado tantos años y nadie quiso saber nada en su día?

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Anónimo9 de junio de 2015, 9:29

tengo dos hijos estudiando oposiciones. ¿Que hago? les digo que mejor entren vía tragsa?. se ahorran perder varios años de se vida estudiando y pasan a ser fijos de la administración.
vergüenza de Junta de Castilla y León.

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TAN BUENO ES JUAN COMO PERILLÁN: EL DIARIO DE LEÓN PUBLICA EN PORTADA LA DENUNCIA A LESMES PERO NUNCA PUBLICÓ NADA DE LAS DENUNCIAS A LOS DIPUTADOS PROVINCIALES QUE SON SUS BENEFACTORES

10 Jun

prensa y constructores

TAN BUENO ES JUAN COMO PERILLÁN:

El Diario de León publica en portada la denuncia a lesmes pero nunca publicó nada de las denuncias a los diputados provinciales que son sus benefactores con el periódico y con la ayuda a domicilio que también presta la empresa hermana del diario de León; lo que está detrás de esta guerra es el botín del dinero público de ayuntamiento y diputación que se disputan dos grupos empresariales periodísticos-prestadores de ayuda a domicilio, que también se disputan ala influencia en los partidos pp (sus varias facciones) y ciudadanos.  

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/denuncian-concejala-lesmes-conspiracion-falsedad-prevaricacion_985349.html

ACUSACIÓN ANTE LA FISCALÍA

Denuncian a la concejala Lesmes por conspiración, falsedad y prevaricación

La adscripción de su secretaria a Bienestar Social y la supuesta connivencia del coordinador del área acaban en otra acusación contra la edil de Personal

  • La concejala de Personal, Nuria Lesmes. - RAMIRO
    La concejala de Personal, Nuria Lesmes. – RAMIRO

Á. Caballero/L. Urdiales | león 09/06/2015

La adscripción como jefa de negociado en la Concejalía de Bienestar Social de la ex secretaria de Nuria Lesmes ha terminado en un escrito de acusación ante la Fiscalía contra la concejala de Personal del Ayuntamiento de León. La Agrupación Sindical Independiente del Ayuntamiento de León (Asial) pide al Ministerio Fiscal que considere la denuncia contra la concejala por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, falsificación de documento público y conspiración, y que hace extensible a «cuantos funcionarios hayan colaborado con la concejala». La cascada de incidencias laborales que Asial notificó ayer a la Fiscalía tiene un punto de enfásis el 21 de mayo, cuando la secretaria de Lesmes, que es funcionaria de carrera del Ayuntamiento y pertenece a la escala general, grupo C1, solicitó la adscripción provisional a la concejalía de Bienestar Social. El sindicato señala la coincidencia de que, dos días antes, el coordinador de ese departamento, había pedido la entrada de un funcionario administrativo «para realizar tareas de coordinación entre los ocho centros de acción social y la residencia de mayores Virgen del Camino». Sin añadir referencias a situaciones excepcionales, en la motivación del escrito se señala al conocimiento «de que la funcionaria estaría interesada en trabajar en esa concejalía». La concejala del área implicada, Montserrat Gutiérrez, se negó a prestar conformidad al escrito y recurrió a las condiciones y reglas de promoción interna al no existir ese puesto entre la RTP del personal municipal. La negativa de la edil del departamento provocó que de inmediato el coordinador de información y atención social emitiera un nuevo escrito «sin la conformidad de la concejala delegada de Familia y Bienestar Social» —subraya la denuncia— en el que detalla la petición excepcional de un jefe de negociado «debido a la acumulación de tareas y expedientes administrativos», que dirigió a la concejala de Personal.

A partir de este relato, el escrito de Asial al fiscal enfatiza el papel de la concejala de Personal en el proceso, por el decreto de 28 de mayo que se encabeza con un esclarecedor «vista la providencia de 25 de mayo del 2015 presentada por Nuria Lesmes Flórez a la vista del informe emitido por el coordinador de información …». Curiosamente, ese informe al que se refiere la providencia, fue recibido en la concejalía de Personal un día después, el 26 de mayo, según hace constar la agrupación sindical entre pruebas documentales. Asial concluye ante la Fiscalía que estos detalles demuestran la «connivencia en las actuaciones» de la concejala de Personal, el coordinador de Información de Bienestar Social y la funcionaria (que ejerció desde junio del 2011 como secretaria de la concejala y hasta entonces estuvo adscrita a la secretaría del Ayuntamiento) «tendentes a beneficiar en sus condiciones el trabajo de la funcionaria, como evidencia el hecho de que la providencia de Lesmes se dictó un día antes de la recepción del escrito del coordinador de Bienestar Social».

La agrupación sindical llega a calificar el asunto de «trama» y «círculo vicioso» al incluir un tercer informe emitido por la técnico superior de Bienestar Social en el que se exponen detalles sobre el déficit de personal que justifican la petición de un jefe de negociado. Todo, a espaldas de la concejala del área de Bienestar Social y ensamblado tras la negativa de esta edil a prestarse al cambio de destino de la secretaria de Lesmes. «Entramado», denuncia Asial ante el fiscal, que lleva a la relación sindical que comparten los tres funcionarios que cita en el escrito, y que eleva de tono por considerar que las resoluciones de la concejala de Personal se realizan una vez que está en funciones (después del 24 de mayo, cuando resultó elegida la nueva corporación que tomará posesión el sábado).

«Prevaricación, falsificación y conspiración» por un proceso que no encontró ni un solo cauce favorable en la administración. La Junta de personal pelea desde el 27 de mayo contra la ilegalidad del trámite.

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/el-pp-frena-concesion-contratos-polemica-adjudicacion-lesmes_985848.html

LAS DECISIONES MUNICIPALES

El PP frena la concesión de contratos tras la polémica adjudicación a Lesmes

Ordena ahora que se suspendan «hasta la constitución de la nueva corporación»

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ÁLVARO CABALLERO | LEÓN 11/06/2015

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A tres días de la entrega del poder, el Ayuntamiento de León paralizó ayer la concesión de contratos de obras y servicios. Con una notificación que da por suspendidos las dos mesas de contratación que había convocadas para esta misma mañana, la corporación dirigida por Emilio Gutiérrez puso fin al frenesí de la última semana, en la que se dejaron decididos los adjudicatarios de los dos contratos más importantes de la administración municipal: el mantenimiento y limpieza de los jardines, cerrado en 17,2 millones de euros para los próximos 6 años, y la ayuda a domicilio, cifrada en 3,8 millones de euros para dos anualidades y concedido a la empresa de la familia de la concejala de Personal, Nuria Lesmes.

La decisión de paralizar se consumó ayer con un aviso en el perfil del contrato de la web municipal en el que se informaba de «la suspensión de todas las mesas de contratación que estuvieran convocadas hasta la constitución de la nueva corporación el próximo día 13 de junio», lo que afectaba al suministro de gasóleo, cifrado en 645.000 euros, y la señalización viaria, con 183.400 euros de presupuesto. Un criterio que coincide con el expresado el pasado martes por el futuro alcalde, Antonio Silván, quien dejó constancia de que él «hubiera dejado el estudio y la decisión para la nueva corporación, teniendo en cuenta las fechas de finalización de legislatura en las que ya estamos». «Las prisas no son buenas consejeras», lanzó para mostrar su disgusto por el proceder de Gutiérrez durante el periodo de gobierno en funciones, cuando, ya celebradas las elecciones, se dejaron aprobadas las adjudicaciones por valor de 21 millones de euros a la espera de que el nuevo equipo municipal tan sólo tenga que proceder a su ratificación en junta de gobierno.

En el caso de la ayuda a domicilio, la polémica surge además por la vinculación de la concejala de Personal y Régimen Interior con la empresa adjudicataria, acentuada por su participación en el procedimiento. Lesmes, que es hija del propietario, fue quien en la junta de gobierno del día 5 de diciembre pidió que quedaran sobre la mesa los pliegos de condiciones del concurso de adjudicación, amparada en que los precios unitarios eran muy bajos y favorecían la posibilidad de que se presentasen ofertas en baja temeraria. A pesar de que los pliegos llegaban al órgano de decisión presentados por la concejala de Bienestar Social y visados ya por sus técnicos y lo de intervención, el alcalde, Emilio Gutiérrez, aprobó la propuesta de la edil, quien fue la encargada a partir de entonces de gestionar con técnicos de su concejalía los pliegos, que se aprobaron de manera definitiva en la junta de gobierno del 19 de diciembre. Después, la empresa de su padre presentó oferta al concurso con una baja temeraria en el precio unitario de la hora de prestación en días festivos —pese a que se supone que eso se intentaba evitar con el cambio hecho en los pliegos—, aunque los funcionarios encargados de hacer la valoración la entendieron justificada y elevaron la propuesta de adjudicación con una diferencia de décimas con la otra empresa presentada, Seralia.


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Por Riaño1954: 13:55. 11.06.2015

Lo que tenía que hacer el nuevo gobierno era echar para atrás las dos adjudicaciones o por lo menos una, la de Lesmes, vergonzoso a todas luces, donde se ha visto una cacicada tan grande? será legal… alomejor, pero no tiene pies ni cabeza, la Sra. Nuria Lesmes se despide de los leoneses descojonándose de nosotros y de paso el de Cistierna que la apoyo.

ASÍ NOS ROBAN: TÉCNICAS DE SAQUEO MUNICIPAL

10 Jun

concejal de limpieza

150610 VINCULO A PDF ARTÏCULO COMPLETO así nos roban

www.diagonalperiodico.net/panorama/26791-asi-nos-roban-tecnicas-saqueo-municipal.html

 

ASÍ NOS ROBAN: TÉCNICAS DE SAQUEO MUNICIPAL

Jorge Armesto

20/05/15 · 11:04

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Cartel contra el polémico Plan E. / URIBE KOSTA

Panorama

De vez en cuando en televisión un rojillo afirma: “La corrupción es sistémica”. Entonces alguien, generalmente del PP, se cubre con la máscara de la indignación y, desde el pedestal ético construido por su partido, contesta: “¿Estás llamando corruptos a los 26.000 concejales de mi partido? ¿A esas miles de personas abnegadas que están en pueblos pequeños trabajando y desviviéndose por sus vecinos?”. El rojillo se la envaina y dice: “No, no, a esos claro que no”. Aunque en su fuero interno piensa: “Sí, a todos. Del primero al último”.

Lo primero que llama la atención es que parece que nadie se ha parado a pensar que cuando únicamente se ponen como ejemplo de abnegación y honradez los concejales “de los pueblos pequeños”, parece deducirse que nada bueno se puede decir de los “de los pueblos grandes”. No seré yo quien niegue esto. Si los propios adalides del PP dan por hecho que los concejales y alcaldes de ciudades y capitales son indefendibles y están enfangados hasta el tuétano, no es cosa de llevarles la contraria. Hablaré solo de “los pequeños”.

¿A quién se venden las cosas?

Un ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Por poner un ejemplo, un ayuntamiento de un pueblo de 20.000 habitantes puede recibir al cabo del año entre 5.000 y 6.000 facturas de todo tipo: productos de limpieza, herramientas, mobiliario, material de obras y oficina, repuestos mecánicos, ropa de trabajo, productos de ofimática, papelería, imprenta. Materiales de carpintería, construcción, fontanería, electricidad, trofeos, camisetas, gomas de borrar, carteles y trajes de rey mago.

Tal vez nosotros no imaginemos la enormidad de esta lista. Pero el alcalde la conoce muy bien. Sabe que uno de los pilares fundamentales de su reelección es el cuidado con que realice cada uno de estos gastos. Y ni uno solo se deja al azar: todos los jefes de servicio saben en qué comercios se deben adquirir estos objetos.

Alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos

Hasta importes de 18.000 euros, estas facturas no necesitan de ningún procedimiento de fiscalización previa. Los ayuntamientos medianos, en sus bases de presupuesto, establecen una cantidad (suele ser una cercana a los 1.200 euros) a partir de la cual el gasto debería ser aprobado previamente. Pero este trámite se suele soslayar y, además, no implica control alguno. Es mero papeleo. En la práctica eso significa que el 100% del gasto corriente en suministros se hace de modo arbitrario. Todo desagua en los establecimientos de familiares, militantes o donantes del partido. Las facturas acostumbran a tener un sobrecoste. Algunos son razonables y otros disparatados. Nadie controla si lo que se adquiere está en los precios de mercado y ni siquiera que se suministren las cantidades u objetos que se facturan. ¿Quién va a mirar si había 20 sacos de cemento o 15? Eso sí, en la factura sí había 20. En algunos negocios, el peso del ayuntamiento como comprador es tan importante que no es extraño que un cambio de gobierno traiga aparejado un cambio de dueño en establecimientos tan estratégicos como imprentas, droguerías o ferreterías y éstas acaben en manos de familiares o amigos cercanos de los nuevos gestores. Alcaldes y concejales aleccionan a los funcionarios sobre dónde se puede adquirir cada cosa. Desde almacenes de materiales de construcción a tiendas de Todo a Cien. Todo suma. Todo vale.

Es habitual que se le pregunte al encargado de la compra: “¿Es para ti o para el ayuntamiento?”. Si es para este último el precio se eleva. Puede parecer banal que una grapadora le cueste a una institución pública el doble que a un particular. Pero cuando multiplicamos esa diferencia por las miles de facturas que se pagan al año, la cuestión deja de ser tan baladí. Por supuesto, alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos. Y como eso, todo. Reformas en su casa, muebles, ordenadores gratis. Cualquier cosa, hasta la más ínfima, se les regala. Se acostumbran a no pagar por nada, a comer de gorra en los restaurantes. Los comerciantes beneficiarios también son generosos donantes de las campañas. Tanto en metálico como en especie. Las imprentas, las empresas de megafonía, de alquiler de carpas, de organización de eventos, les hacen gratis la campaña electoral. Previamente ya habrán pasado alguna factura desorbitada por cualquier otra cosa.

La red mafiosa se extiende por todo el comercio y la industria local. De haber varios proveedores del mismo ramo a los que premiar, se reparte en función de lo que aportan a la causa. Hay muchas decenas de miles de euros que fluyen incesantemente, muchas familias, muchos empleados viviendo del dinero público. En los días previos a las elecciones se pronuncian veladas amenazas: “Si pierden estos, nos bajan los ingresos y tendré que despedir gente”. Comerciantes y empresarios reparten las papeletas de votación a sus empleados en sobre cerrado. Estos siempre tienen la sospecha de que “tienen un tono de color diferente” para que los apoderados del partido que vigilan las mesas las reconozcan el día de la votación. Las empresas señaladas como de la facción política contraria subsisten como pueden castigadas por una competencia desleal. Muchas se rinden y tienden puentes: aceptan el chantaje. También están dispuestas a pagar, a donar, a subvencionar. O eso, o la ruina.

Alcaldes y concejales buscan que hasta el último euro que gestionan recaiga en “el pueblo”. O al menos en el reducido círculo de beneficiarios que ellos consideran “pueblo”. Jamás se compra nada a una empresa foránea a menos que haya un comisionista local. No importa si esto encarece el presupuesto. Pongamos que hay que comprar unos focos para el teatro que sólo pueden surtir empresas especializadas. En ese caso, si se puede, mejor es que los compre la tienda de bombillas local, propiedad de algún amigote, y luego los revenda al ayuntamiento.

¿Cuánto valen las cosas?

Como en los supermercados, todo acaba en 9. Existen números mágicos que se repiten en las adjudicaciones de toda España.

Las obras y servicios valen por norma general 49.000 euros. La razón es que hasta 50.000 se dan a dedo a quien se quiera. Si sobrepasan esa cantidad entonces pasan a costar 199.000. Entre 50.000 y 200.000 euros la adjudicación se hace por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. O lo que es lo mismo, es el ayuntamiento el que elige a tres empresas a las que le solicita presupuestos. En estos casos lo habitual es que sea la empresa a la que se va a favorecer la que aporta los otros dos presupuestos que obliga la ley. Pueden ser del mismo dueño, empresas pantalla u otras reales con las que se llegó a un acuerdo de reparto o de subcontratación. En otras ocasiones, la mesa de contratación municipal busca dos empresas que, ya sea por su pequeño tamaño, por su inexperiencia o por su falta de solvencia, sabe positivamente que presentarán la documentación incompleta o errónea.

En los ayuntamientos pequeños son raras las obras que sobrepasan los 200.000 euros. Cuando es así, deberían adjudicarse por el “procedimiento negociado con publicidad”. Es decir, que cualquiera podría optar a ellas. Para evitarlo, habitualmente se fraccionan las obras en fases de 199.000. Esto es ilegal y fraude de ley, pero nadie lo suele denunciar. Todo se puede hacer en fases: desde tejados hasta aceras. Las explicaciones rayan en lo cómico. Así, el concejal de obras de Málaga aportó esta nueva genialidad a la historia de la contratación pública: “No hay fraccionamiento porque lo que se ha dividido no es el contrato para construir un parque en el Benítez, si no el dinero del que se disponía”. Exacto, el papel del contrato seguía de una pieza. Ahí estaba el folio enterito para quien quisiera comprobarlo.

La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire

Existe otra modalidad: los contratos de servicio que cuestan 119.000. La razón es que a partir de 120.000 existe la “exigencia de clasificación” a las empresas. Por debajo de esa cifra, puede ser cualquiera.

Aprovecho para animar a quien esto lea a quebusque las cantidades de las adjudicaciones en sus villas y pueblos. Se sorprenderá de la frecuencia con que aparecen estas cantidades.

¿Cuándo se gasta?

Las elecciones municipales son siempre en mayo. Ese año, en los primeros días de enero, los concejales peregrinan al Departamento de Intervención para que les apunten con una flechita las cantidades que se pueden gastar de las partidas de sus presupuestos. Desde entonces, en una carrera contrarreloj, tienen cuatro meses para vaciarlas todas. Es lo habitual verlos preguntándose: “¿Qué podemos pintar?”, ¿hay que comprar algo para el polideportivo?”. El qué se compra es lo de menos. Las partidas deben agotarse. El mayor flujo de dinero posible debe revertir en “el pueblo”. Puede ser la última oportunidad para las comisiones. Es la mejor época para los gastos absurdos o las ideas disparatadas. Ningún concejal es tan estúpido como para dejar dinero en el presupuesto que podría gastarse otro si ganase las elecciones. Incluso aunque su propio partido pudiese ganar, no siempre es seguro que fuese a ocuparse de la misma responsabilidad. Mejor no dejar nada.

Esto ocurre cada cuatro años. En un año no electoral, el mismo proceso se da en los meses de otoño, cuando se está a punto de cerrar el presupuesto. Tras el verano se produce la misma peregrinación y todos solicitan informes del estado de las partidas para vaciarlas a conciencia. El objetivo es llegar a 31 de diciembre a cero. O mejor aún, en negativo. En la lógica municipal, cuando un concejal deja un año una partida presupuestaria sin gastar, esta desaparece del presupuesto del año siguiente. Puesto que no se usó, no debe ser importante. Así se anima al gasto irreflexivo y al cortoplacismo: cuánto más se gasta, más puede crecer la partida presupuestaria el año siguiente.

¿Por qué todo esto es impune?

En primer lugar existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos del régimen. Si tú no hurgas en mis cosas yo no hurgo en las tuyas. Pero es que, además, no es tan sencillo. Si la mayoría de las ilegalidades tiene como beneficiarios a vecinos de la localidad, ir contra la ilegalidad es ir, de facto, contra los vecinos. La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire. Para la oposición, en este terreno pantanoso hay mucho que perder y poco que ganar.

Interventores y secretarios carecen ya de capacidad para controlar todo este flujo enorme de malgasto y cohecho. Dirigen departamentos con escasez de medios y personal. En los ayuntamientos más pequeños ni siquiera se contrata a interventores, pues la ley no lo obliga, y es el secretario quien, en teoría, debería realizar ambas funciones. Puesto que carece de tiempo material para controlar todas y cada una de las decenas de facturas que entran cada día, sólo pide explicaciones cuando existen sobrecostes escandalosos. Aún así, siempre hay modo de justificarlos.

Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritasBendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.

Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.

De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.

Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena.Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.

Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra

Se puede afirmar que no hay ni un solo puesto de trabajo que dependa de las administraciones locales pequeñas y medianas que no se dé de modo arbitrario. Ni uno. La inexistencia de control es total. Los exámenes o las preguntas se le proporcionan al premiado. Por si acaso aún así falla (no se trata precisamente de lumbreras) se deja para el final una entrevista en la que se le valora subjetivamente. Previamente se han adecuado los méritos a su perfil. Los puestos de trabajo se cuidan de igual modo que la compra de grapadoras. Todo debe recaer en alguien “del pueblo”. Desde un humilde contrato de dos meses para abrir la caseta de turismo, hasta un arquitecto contratado. Cada puesto tiene un precio y un coste. Por la caseta de turismo quizá solo se exija subordinación y fidelidad. Por ser arquitecto, bastante más. Cada ayuntamiento tiene a una cuadrilla de funcionarios, siempre los mismos, que se encargan de valorar todas las oposiciones del año. Este negociete apenas conocido puede reportar de 250 a 300 euros por cada examen. Al cabo del año la cifra no es desdeñable y supone un buen sobresueldo por colaborar con tus jefes corruptos.

En los últimos tiempos, con la caída de la oferta de plazas de funcionario, se ha generalizado otro modo de hacer fijos a los contratados laborales. Los ayuntamientos encadenan más de tres contrataciones parciales consecutivas para la misma función con lo que, si el trabajador denuncia, la ley obliga a hacerle un contrato fijo. Así, este empieza a ser el modo habitual de “contratación” y los ayuntamientos están en pleitos permanentes que pierden una y otra vez, pagando indemnizaciones a los enchufados que les han “denunciado” y sosteniendo, de paso, a los bufetes de abogados amigos que hacen su agosto por perder juicio tras juicio. En el colmo de la desfachatez el ayuntamiento encarga trabajos (por ejemplo, informes de arquitectura) a los mismos trabajadores que “ha despedido” y le “han denunciado” y con los que todavía está pleiteando. El trabajador temporal cobra sus informes mientras “está despedido”; recibirá más adelante la indemnización; será readmitido como fijo; y los abogados amigos pasarán sus minutas. Todo el mundo gana.

Con el tiempo, si una fuerza política es hegemónica, la diversidad ideológica de los funcionarios desaparece y el ayuntamiento se divide entre los directamente cómplices de la arbitrariedad y los que prefieren tomar un perfil plano, lo más invisible que se pueda para no meterse en líos. Los escasos héroes que se enfrentan al sistema padecen un acoso salvaje. Así se entiende por qué no hay controles sobre lo que surten los proveedores amigos. Los trabajadores que hacen de lacayos cada día informan favorablemente facturas falsas, otras desorbitadas u otras con conceptos falsos que ocultan el verdadero gasto. Si los suministros tienen calidades pésimas y se rompen, no importa, ya se comprarán más. Los funcionarios honrados se asombran de que los cartuchos de tinta de la fotocopiadora se agoten en dos días. Los que se encargan de su compra saben que la obsolescencia forma parte del negocio. Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra. El enchufismo no es una solidaridad mal entendida. No: se trata de una organización en la que el nepotismo y la arbitrariedad en la contratación de personal son imprescindibles para el saqueo generalizado del dinero público.

¿Por qué pierden todos?

La población sabe esto. Los votantes, mal que bien, lo saben. Pero han aceptado la justificación del poder según la cual, al fin y al cabo, las irregularidades sirven para que hasta el último euro recale “en el pueblo”. De hacer las cosas legalmente, quién sabe, entrarían trabajadores de otros lugares o las obras las acometerían empresas foráneas. Piensan, al fin, que tal estado de cosas es necesario. Que sin él las cosas irían peor. Y si bien es cierto que algunos se benefician mucho más que otros, así es como el dinero fluye.

Sin embargo, las cosas no son así y ésta es únicamente la justificación que los corruptos han hecho crecer en una población resignada. Voy a poner un ejemplo muy gráfico: dos pueblos celebran los carnavales. En el primero, el concurso de disfraces es justo y gana el mejor. Grupos de todas partes, algunos multitudinarios, participan. Compiten charangas enormes y espectaculares. Las calles se atestan de visitantes y el comercio y la hostelería lo agradecen. En el segundo pueblo, el jurado cuida de que los premios recaigan en los grupos locales. Los foráneos dejan de acudir. El nivel cae y con los años el desfile se convierte en un paseo de algunos tipos con disfraces comprados en los chinos por calles semidesiertas.

Esto mismo puede aplicarse a todo: a la industria y al comercio. Los adalides de la libre competencia sostienen un sistema en el que algunos privilegiados no necesitan competir y juegan con cartas marcadas. Los nuevos proyectos no pueden enfrentarse exitosamente a empresas que reciben el flujo constante de las inversiones públicas por hacer un trabajo más caro y peor. El nivel general baja. La usurpación de todos los puestos de trabajo por parte de incapaces penetra en la subcultura dominante del lugar (el meme) acentuando la idea de que son sólo los mediocres los que prosperan. El talento huye. Las buenas ideas son incapaces de crecer. El hecho de que el mérito no sea un factor para contratar a las personas con responsabilidades hace que las personas de mérito emigren. Todo se contamina: si los profesores de las escuelas municipales son unos lerdos, ¿qué aprenderán los alumnos? ¿Qué cultura puede crearse en la base cuando la gestionan desde arriba los incultos? Las constantes vitales bajan. Se crean menos cosas y son peores. Hay menos músicos, menos actores, menos emprendedores de cualquier cosa. La sociedad civil se degrada, pierde vitalidad, el talento solo emerge fuera. Se crean distinciones para honrar a los exitosos exiliados y poder vivir durante un día en la ensoñación de que forman parte del cuerpo social que los exilió.

El lugar se anquilosa, se revela incapaz de ser polo de atracción por nada. Gobernado por una mafia que se rige únicamente por una lógica de comisiones cortoplacista mira como si fueran marcianos a otros lugares que innovan, ya en el urbanismo, en la energía o en los servicios. Si el concejal de medio rural escribe “violojía”, ¿promoverá la agricultura biológica? El comercio y la industria agonizan, la población decrece, los ingresos por impuestos menguan, el flujo de dinero disminuye, con lo que cada vez es menos lo que llega fuera del círculo de poder. La espiral de degradación se acentúa entonces, cada vez más y más.

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Comentarios 12

12

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belisario

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Sáb, 05/23/2015 – 19:50

Me identifico plenamente con lo escrito. Yo llevo denunciando durante 2 años los tejemanejes que he descubierto en Castro Urdiales, la marbella del norte.en relación a la contracción, el aparcamiento regulado, el procedimiento sancionador y el incumplimiento de las propias ordenanzas con el único fin del lucro de dos empresa privadas con nulo apoyo (cuando no absoluto entorpecimiento) institucional y politico. mis experiencias las relato en un blog http://castrourdialesdespierta.blogspot.com.es/..

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Erik

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Sáb, 05/23/2015 – 14:07

Artículo contundente y apropiado, ahora por la proximidad de las elecciones y a partir del lunes para no bajar la guardia.
La semana pasada vi un docu muy potente que denunciaba con testimonios de esa corrupción de proximidad de la que habla Jorge, con especial participación de los Interventores se llama Corrupción el Organismo nocivo y está en cines en varias ciudades, si no me equivoco el próximo jueves es el último pase en Barcelona. Pero hay más cines
Nada mejor para corroborar lo leído que escucharlo de la boca de los que lo han  denunciado desde dentro del sistema. Esos son nuestros referentes!

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fran

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Jue, 05/21/2015 – 15:04

@xiao

en pueblo vives tu? si es verdad todo lo que dices me gustaria conocerlo, quien sabe igual me veo a vivir ahi y todo.

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pepitogrillo

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Jue, 05/21/2015 – 12:16

Yo conozco el caso de un pueblo de menos de 5000 habitantes, en el que la alcaldesa prefirió comprar un camión de mantenimiento de segunda mano (de 8 años) por 15000 euros antes que la evolución de ese modelo en el concesionario, nuevo, por 12000. Supongo que irían 10000 al dueño y 5000 a la alcaldesa, aunque bueno, en estos casos, nunca se sabe cuál es el caché de cada uno.

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meco

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Jue, 05/21/2015 – 11:13

Muy detallado, así funciona este país. ¿Cómo se soluciona esto?

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xiao

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Jue, 05/21/2015 – 09:51

Pues no, yo vivo en un pueblo pequeño, rodeado de pueblos pequeños, y todo esto no sucede. Y si se da, son casos muy puntuales que se denuncian.

He sido empleado publico del ayuntamiento temporalmente, y mas gente lo ha sido, y los procesos de selección se realizan a través del INEM para evitar irregularidades, donde los funcionarios hacen su trabajo independientemente del nombre de los candidatos.
Arquitectos, interventores y secretarios son eficientes y no pagan ningún servicio al partido que gobierna.
Las contratas, cuando una empresa de fuera lo hace a mejor precio, se le contrata aunque perjudique a una local.

En todo el artículo no se aporta ninguna prueba de todo eso, salvo el caso de Málaga. Así que, o el autor ha escrito un buen relato de ficción, o desconoce totalmente la realidad de los pueblos.
Puede que haya casos, pero para nada es algo generalizado, aunque puede que yo viva en otro país y no me haya enterado.

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jaime

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Jue, 05/21/2015 – 09:20

Totalmente de acuerdo. Pero yo pregunto. Esta practica ¿ la hacen solo los ayuntamientos del Pp o tambien los de psoe, iu etc?

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pepito

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Jue, 05/21/2015 – 03:23

España en general.

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paco

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Mié, 05/20/2015 – 23:57

Muy ilustrativo. Voy a darle toda la difusión que pueda. Me ha encantado la sencillez a la hora del explicarlo del autor. Bravo!

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Inad

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Mié, 05/20/2015 – 20:14

Tristemente cierto, pero falta otra vertiente: cuando el secretario o el interventor están en el ajo. O el arquitecto municipal, o el jefe de personal, o el de contratación. Todos funcionarios.
Se quedan en la retaguardia cuando milagrosamente en unas elecciones entra gente con ínfulas de limpiar la gestión. Entonces empiezan los retrasos en los expedientes, las filtraciones a la oposición -en donde están los amigos- y se alimenta la idea de que los nuevos son unos inútiles, que entran por el aro y dejan a hacer o se van a hacer puñetas a los cuatro años.

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Jorge Armesto

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Mié, 05/20/2015 – 20:00

Animo a todos los interventores, secretarios y funcionarios honrados a que cuenten en estos comentarios sus experiencias.

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pepe

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Mié, 05/20/2015 – 18:26

Jarafuel

Su nombre *