GAMONAL, LA ADMINISTRACIÓN B Y OTROS DERROCHES DE ACTUALIDAD

15 Ene

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De www.pladepu.org 14-1-14

MARTES, 14 DE ENERO DE 2014

Desde el 2009 al 30 de junio del 2013 la Junta se gastó 8 millones de euros para indemnizar despidos de trabajadores

 

El dinero de los contribuyentes malgastado es una constante en esta región. Los datos oficiales (directamente suministrados por la Junta) no dejan lugar a la duda. Desde el año 2009 a 30 de junio de 2013 las Consejerías de la Junta de Castilla y León se gastaron la escalofriante cifra de 8 millones de euros en concepto de indemnizaciones por despidos, salarios de tramitación y cuotas a la seguridad social. Es decir, la administración regional se ha gastado 8 millones de euros de dinero público en subsanar y arreglar su ineptitud y mala gestión de los recursos humanos que trabajan para los ciudadanos. Porque trabajador de la Administración y despido son dos palabras casi imposible de unir. Pero estos “gestores” regionales hacen posible lo imposible, pero desgraciadamente siempre para mal para el ciudadano, y lo que es peor, siempre a costa de su bolsillo. Lo que en tiempo de crisis, y en tiempos de recortes sociales y económicos es especialmente grave y lesivo para los derechos de los castellanos y leoneses.

INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 
(medio año)

 1.257.597,13 €

 1.441.704,50 €

 1.287.952,79 €

 2.438.090,19 €

 1.514.741,26 €

TOTAL: 7.940.085,85 €

Desde PLADEPU no nos cansamos de denunciar que esta Administración está muy mal dirigida. Que los recortes de toda índole que están sufriendo los ciudadanos serían mucho menores si los gestores de esta comunidad hicieran mejor su trabajo, pero otra vez, los hechos nos vienen a dar la razón. Gastar 8 millones de euros en indemnizaciones por despido en una Administración es un disparate, que demuestra a las claras que con una buena gestión de la Junta de Castilla y León, los ciudadanos de esta región no habríamos padecido con tanta dureza los recortes económicos y sociales.

La noticia de la semana pasada donde un Tribunal de Soria declaraba nulo el despido de tres trabajadores del laboratorio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en Soria, obligando a la Junta a readmitirles e indemnizarles con los salarios de tramitación devengados, es la prueba de lo que viene denunciando PLADEPU. Los dirigentes demuestran una falta de responsabilidad y se lavan las manos en despidos que en su mayoría se producen en organismos que se cierran sin justificacion y con el afan de privatizarlos, para que los afines al gobierno se lucren de lo publico. Mala gestión por parte de los políticos de la Administración, lo que provoca la escusa para recortar los derechos de los ciudadanos, y finalmente el desmantelamiento del Sector Público para su futura privatización.

Estos 8 millones de euros más los 8 millones que la Junta ha pagado en este periodo a los puestos a dedo por trabajar media hora mas al día, suman 16 millones de euros en 5 años que la Junta de Castilla y León se podría haber ahorrado. Lo que se hubiera traducido en menos recortes sociales, y de este modo, haber hecho menos sufrida la crisis para los ciudadanos de esta región. Pero para ello, hay que gestionar bien la Administración y no malgastar el dinero de los contribuyentes.

Publicado por Plataforma DEPU en 0:27 0 comentarios 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/noticia.asp?ref_iustel=1122642&utm_source=DDM&utm_medium=email&nl=1

El número de consorcios se ha multiplicado por 17 y el Tribunal de Cuentas reclama una legislación clara y más control

 14/01/2014

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El número de consorcios constituidos por los ayuntamientos y otras administraciones se ha multiplicado por 17 desde 1985, hasta superar los mil el año pasado, sin que han crecido sin embargo las competencias locales, según un informe del Tribunal de Cuentas en el que reclama una legislación clara sobre esta figura y más control.

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) –

La regulación actual, concluye, “favorece la opacidad de su gestión” y la “huida de los controles propios del derecho administrativo”, por lo que el Tribunal reclama una legislación más clara, que se unifique el registro o la base de datos en la que deban inscribirse y que se les obligue a rendir cuentas.

El órgano fiscalizador ha elaborado este informe con datos de 969 consorcios de todo el país. Según expone, su crecimiento con los años ha sido similar al que han registrado también las mancomunidades, cuyas funciones son parecidas pero están sujetas a un marco más regulado en distintos aspectos.

Los consorcios son organizaciones públicas pensadas para permitir la colaboración entre ayuntamientos y otras administraciones, pero no cuentan con una reglamentación específica. El Tribunal de Cuentas aclara que la norma esencial por la que se regulan son sus propios estatutos y que estos “adolecen en general de falta de concreción”.

Además, rinden cuentas en un bajo porcentaje. Hasta el pasado 20 de septiembre, habían presentado sus cuentas de 2011 un total de 260 consorcios; de estos, 148 gestionaron menos de un millón de euros.

POCA DEDICACIÓN LOCAL

Partiendo de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Tribunal señala que en septiembre del año pasado había registrados 1.029 consorcios, aunque llegaron a ser 1.167 en 2012. Con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, se produjo el mayor número de bajas, 125.

De los entes analizados, el Tribunal de Cuentas encuentra 969 de carácter local, aunque sólo 498 son de estricto ámbito local y de estos, 223 están constituidos por entidades locales para prestar servicios municipales obligatorios; el resto se dedica a actividades complementarias. Además, otros 320 consorcios tienen por objeto actividades no expresamente locales según la ley.

En general, el Tribunal señala que los consorcios no presentaban en 2011 endeudamiento. Todos ellos se financian con tasas y precios públicos y con la aportación de sus participantes.

 

 De http://www.eldiario.es/escolar/pasando-Burgos_6_217738233.html

 

Qué está pasando en el Barrio de Gamonal, Burgos

Para entender a qué viene la durísima oposición de los vecinos del barrio burgalés de Gamonal a las obras de un simple aparcamiento, hay que remontarse mucho. Al menos un par de décadas.

Ignacio Escolar 

207 comentarios

13/01/2014 – 11:35h

más INFO

 

Como siempre que un conflicto estalla, las causas rara vez se pueden explicar con lo que sucedió el día anterior. Para entender qué está ocurriendo en Burgos y a qué viene la durísima oposición de los vecinos a un simple aparcamiento hay que remontarse mucho. Al menos un par de décadas, si no más.

Durante años, antes incluso de la llegada de la burbuja inmobiliaria, Burgos fue una de las ciudades con la vivienda más cara de España, sólo superada entre las capitales de provincia por Madrid, Barcelona y San Sebastián. ¿La causa? A simple vista parecía inexplicable. Burgos no es ni mucho menos una gran urbe, unos 180.000 habitantes. Su población es estable desde hace años y, comparada con otras, apenas ha recibido inmigración. No tiene tampoco ninguna barrera natural para su expansión: está en mitad de un llano, sin esos límites que en otras ciudades pone la montaña o el mar. No tuvo tampoco un desarrollo económico excepcional: ni es un Silicon Valley, ni ha vivido ningún repunte industrial. Es una ciudad conservadora donde nunca parecía pasar nada, más allá de esa aparente maldición que obliga a la mayoría de los jóvenes a escapar. Conozco bien de lo que hablo. Nací en Burgos, estudié un año allí, en el Instituto Cardenal López de Mendoza, y gran parte de mis compañeros de estudios viven hoy en Madrid, forzados a emigrar por la falta de oportunidades en la ciudad.

Sólo hay una razón que pueda explicar por qué en Burgos la vivienda se disparó: la corrupción urbanística. Durante años, un constructor y sus amigos manejaron las recalificaciones del Ayuntamiento, que controlaba la derecha. Ese constructor se llama Antonio Miguel Méndez Pozo, aunque todo el mundo le conoce como Michel Méndez Pozo. O como “el jefe”. No solo se dedica al ladrillo. Es también dueño del Diario de Burgos, el periódico más leído y con más influencia en la provincia.

Con una mano, Méndez Pozo controlaba las listas de la derecha al Ayuntamiento, donde llegó a amparar una candidatura de “independientes” contra la lista de Alianza Popular. Con la otra, manejaba la política urbanística de la ciudad. Sus componendas con el Ayuntamiento llegaron a juicio a principios de los noventa. El propio José María Aznar –entonces presidente de la Junta de Castilla y León y líder regional del partido, además de amigo íntimo de Méndez Pozo– tuvo que declarar por sus estrechas relaciones con el constructor; Aznar reconoció que le pedía su “opinión”, que era su asesor para temas urbanísticos. En 1992, el alcalde de Burgos, José María Peña, fue condenado por prevaricación a doce años de inhabilitación para cargo público. A Méndez Pozo le cayeron siete años y tres meses de prisión. Sin embargo, el constructor sólo cumplió nueve meses antes de salir de la cárcel en tercer grado. Más tarde, el Gobierno de José María Aznar indultó al alcalde Peña, que volvió a presentarse a las municipales y salió elegido concejal (Burgos es así).

La cárcel no fue un obstáculo en la carrera de Michel Méndez Pozo. Al contrario. Tras pasar por la trena, no sólo no se convirtió en un apestado sino que aumentó aún más su fortuna, sus relaciones y su poder. En Valladolid, se alió con el grupo PRISA para lanzar otro periódico, El Día de Valladolid. En Navarra, se asoció con la COPE. Puso en marcha la delegación autonómica castellanoleonesa para Antena 3, y también pactó con su antiguo rival, el constructor leonés José Luis Ulibarri, para montar juntos la televisión autonómica semipública –la paga la Junta– de Castilla y León.

Su grupo de comunicación, Promecal, también se expandió a Castilla-La Mancha. Allí lanzó varios periódicos que fueron muy leales al PSOE hasta que ganó el PP. De paso, aprovechó su presencia en los medios para sacar tajada con sus otros negocios: sus empresas constructoras están entre las principales deudoras de la quebrada Caja Castilla-La Mancha. Méndez Pozo también invirtió en dos de los agujeros negros más famosos de la comunidad: el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real y el proyecto de parque temático “El Reino de Don Quijote”.

Burgos fue y ha seguido siendo el bastión de Méndez Pozo. Con la ayuda del periódico, se ha impuesto antes y ahora al propio Partido Popular, en una extraña relación donde un hombre que nunca ha sido militante del partido es el auténtico poder. Los alcaldes cambian pero Méndez Pozo permanece. El Diario de Burgos un día calla y al otro se convierte en referente del periodismo de investigación, al destapar un escándalo con la factura telefónica de uno de los concejales del Ayuntamiento, casualmente uno con mala relación con el constructor. De fondo de estos navajazos, un proyecto: el del aparcamiento en el barrio obrero de Gamonal.

El Vallecas de Burgos

Para entendernos, Gamonal es el Vallecas (o el Hospitalet) de Burgos: un antiguo pueblo en las afueras de la ciudad que acabó anexionado por la capital provincial. El franquismo llevó a Gamonal el mayor polígono industrial de la ciudad y la inmigración rural convirtió el antiguo pueblo en un barrio obrero de aluvión, de inmensos bloques de pisos de ladrillo visto, donde hoy viven cerca de 70.000 personas en la zona más densamente poblada de la ciudad.

La principal avenida de Gamonal, esa calle Vitoria donde el alcalde quiere construir el aparcamiento con bulevar, es la antigua carretera N-1, que unía al antiguo pueblo con la ciudad. Por las noches, funciona un pactado sistema de aparcamiento en doble fila. Los vecinos se organizan entre ellos, según sus horarios, para dejar sus coches sin el freno de mano puesto. El barrio, tan poblado, apenas tiene aparcamientos. Cuando se construyó, los obreros no tenían coches. Hoy Gamonal, donde el paro se ha disparado, es el barrio de Burgos donde más se nota la crisis, donde viven las personas más castigadas por la situación económica.

Los vecinos se oponen al aparcamiento porque dejará la mayor vía que une el barrio con el centro de la ciudad con sólo un carril en cada dirección –ahora hay cuatro–, y porque se quedarían sin sitio donde aparcar. Los nuevos aparcamientos serán muy caros: 19.800 euros por cada plaza, que además no es en propiedad sino en alquiler por 40 años, por lo que después no se podrán vender con facilidad. Además, los vecinos no entienden que esa obra de 8 millones de euros sea la prioridad en un barrio sin apenas equipamientos –hay una guardería a punto de cerrar porque faltan unos míseros 13.000 euros– y en un Ayuntamiento cuyas cuentas están al borde de la bancarrota.

Por supuesto, detrás del aparcamiento en Gamonal hay una sombra, omnipresente en la ciudad: la de Méndez Pozo. Ha sido una de sus empresas la que ha diseñado el proyecto y es la constructora de uno de sus socios habituales con los que trabaja la que se ocupará de llevarla a cabo, si es que los vecinos no la logran parar.

El Ayuntamiento confiaba en acabar con las protestas por la vía habitual: con el apoyo de los medios amigos. En Burgos hay dos diarios, ambos conservadores. Uno es de un imputado en la Gürtel; el otro, de un condenado por corrupción. El Diario de Burgos es de Méndez Pozo y el otro periódico de la ciudad, El Correo, es de su socio en la televisión autonómica, José Luis Ulibarri, otro constructor leones, imputado por la Audiencia Nacional en la trama de Francisco Correa y el BigotesEl Correo, para más señas, se distribuye de forma conjunta con El Mundo. Además de con Unidad Editorial, el imputado Ulibarri también ha cerrado acuerdos con el grupo Vocento –editor de ABC– y ahora está aliado con EsRadio, la emisora de Jiménez Losantos. Todos estos negocios entre los editores de Madrid y los prohombres del ladrillo castellano explican también por qué el nombre de Méndez Pozo apenas se conoce fuera de Burgos.

Sin embargo, el apoyo de los periódicos de Burgos –como ejemplo sirve este tendencioso artículo en el Diario de Burgos o esta portada de El Correo– no ha servido en esta ocasión para acallar las protestas. El Ayuntamiento ha olvidado algo fundamental: que ahora existe internet y las redes sociales, donde la información es mucho más difícil de controlar.

Gamonal no es muy distinto a otros barrios obreros españoles. Pero nadie podría imaginarse que fuese una ciudad aparentemente tan conservadora y católica como Burgos donde se viviese un estallido así. Los turistas que visitan la catedral olvidan que un tercio de sus habitantes viven muy lejos del elegante paseo del Espolón, en el olvidado Gamonal.

El PP está alarmado y ha llamado a capítulo al alcalde de la ciudad, Javier Lacalle. Su miedo es razonable. Lo que hemos visto en Burgos no es muy distinto a lo que ha pasado antes en otros disturbios como los de Londres o París. O a lo que podría pasar en otras ciudades españolas ante chispas tan aparentemente inocentes como la remodelación de una calle. Por mucho que el PP quiere mezclar esta protesta con la kale borroka, asegurando que los jóvenes violentos venían de otra ciudad –han inventado el “turismo manifestante”–, la realidad es que los detenidos son tan de allí como la morcilla o la catedral. Es lo que pasa cuando el paro juvenil se dispara y hay una última gota que desborda el vaso.

Dice Noam Chomsky que la violencia nunca surge de la nada. Tampoco en Gamonal.

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