EL ALCALDE DE CISTIERNA NICANOR SEN ABRE UN EXPEDIENTE A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR «GRAVÍSIMAS IRREGULARIDADES» // La Audiencia Nacional anula la insólita separación del servicio de un fiscal

24 Oct

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 de DIARIODELEON.ES

CISTIERNA

Sen abre un expediente a la secretaria por «gravísimas irregularidades»

El PP reclama un pleno extraordinario para que la funcionaria sea restituida .

JOSÉ Mª CAMPOS | CISTIERNA 22/10/2013

El alcalde de Cistierna, el socialista Nicanor Sen, ha abierto un expediente disciplinario a la secretaria municipal por «gravísimas irregularidades» según recoge el decreto del cese de la funcionaria, una medida que no ha sentado bien al Grupo Municipal del PP cuyo portavoz, Fidentino Reyero, ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir a Sen que rectifique y restituya de forma inmediata» en sus funciones a la secretaria.

El alcalde reconoció ayer la apertura del procedimiento, «al apreciar a nuestro entender, que ha cometido gravísimas irregularidades», unos motivos que «se detallan minuciosamente en el Decreto de cese cautelar», aunque el regidor no quiso especificar de qué se trataba. De hecho, Sen declinó ayer entrar en más detalles a la espera de que se desarrollen los trámites y resoluciones de los organismos competentes, «para evitar así juicios paralelos que perjudicarían a cualquiera de las partes afectadas».

Para el PP, en cambio, el cese está argumentado en una serie de motivos «de poca o ninguna credibilidad», según señala Reyero en un comunicado en el que asegura que la medida adoptada por Sen «no es más que la constatación de que el secretario que no se somete a las pretensiones del alcalde de Cistierna, no puede ser secretario de este Ayuntamiento». «Ahora entenderán nuestros vecinos por qué duraban tan poco en el cargo y se fugaban de Cistierna al poco de incorporarse los secretarios del Ayuntamiento» añade Reyero, quien considera que dera que esta nueva postura del alcalde obedece a la denuncia que presentó la secretaria por presuntas irregularidades y falsedad documental en el caso de la justificación de las obras de ampliación del polígono de Vidanes. Considera que suspenderla provisionalmente de su empleo durante la tramitación del expediente disciplinario que ha incoado, «nace del momento en que en ejercicio de sus funciones, la secretaria constata una presunta falsificación en un expediente y pone tales hechos en conocimiento de la Fiscalía». A juicio del portavoz popular, a Sen «le pierden los nervios e inicia una caza de brujas que se salda con la apertura de un expediente sancionador que acabará costando dinero a todos los contribuyentes».

El jefe de la oposición recrimina también otras cuestiones al regidor, asegurando que «no defiende correctamente los intereses de nuestros vecinos, sino que por el contrario confunde el Ayuntamiento con su cortijo y los desmanes que comete con los trabajadores, los gastos incorrectamente documentados, las contrataciones presuntamente irregulares o la situación de quiebra técnica que sufre el Ayuntamiento»

1 Comentario

01

Por abarahonao: 11:54. 22.10.2013

No se lo que ha ocurrido, ni falta que hace. Pero si el alcalde abre expediente y el PP quiere cerrarle, que alguien explique la postura de cada cual. El PP no quiere oir nada de lo que ellos hacen. Niegan los hechos y buscan razones donde no las hay.

CISTIERNA

La UPL exige la dimisión de Sen por el conflicto con la secretaria

  •  j.m. campos | cistierna 23/10/2013

La apertura de un expediente disciplinario, y el cese cautelar en sus funciones de secretaría, «pone de manifiesto que el alcalde, Nicanor Sen, gobierna al límite de la legalidad o al margen de ella», según manifestó el portavoz de la UPL, Pedro Alvarado. «Lo ocurrido con la secretaria no es más que la constatación de que quien no se pliega a los deseos y caprichos de nuestro alcalde no tiene sitio en nuestro ayuntamiento», manifiesta el político leonesista. Alvarado precisó que «el alcalde piensa, y así lo manifiesta, que los funcionarios están para servirle». En este sentido, le recuerda que «a quien sirven es a los ciudadanos y, si no le gusta que dimita y se dedique a la política nacional». Por eso, exige a Sen que restituya a la secretaria, ya que «las decisiones despóticas las pagamos todos, tal y como está ocurriendo con el plan de ajuste financiero y las dificultades económicas que vivimos en el municipio que se traduce en una fuerte subida de impuestos y en el recorte de servicios»

 

Contencioso.es 18-10-13

LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA LA INSÓLITA SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE UN FISCAL

Posted: 18 Oct 2013 12:45 AM PDT

 

Se acaba de dictar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 de Octubre de 2013 (rec.1/2013) por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un funcionario miembro del Ministerio Fiscal que fue sancionado nada menos que con la separación del servicio por falta muy grave de desobediencia a la Fiscal Jefe.

Era la primera vez que se separaba del servicio a un Fiscal por desobediencia y la primera vez que una sentencia saca los colores al Consejo Fiscal y al Secretario de Estado de Justicia que avalaron tal sanción de expulsión.

Estamos ante una sentencia que pone en sus justos términos la potestad sancionadora en el ámbito de la fiscalía, las condiciones y trámites, así como demuestra la fuerza del Estado de Derecho para que el poder punitivo se ejerza con sensatez y mesura, y por supuesto, con observancia de las reglas de procedimiento tras las que se sitúan garantías. Veamos la sentencia.

1. Sustancialmente, el demandante fue sancionado por la comisión de una falta continuada muy grave del artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consistente en “el incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito en la forma establecida en este Estatuto, cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía”.

2. Para la Audiencia Nacional, el sancionado ante la orden recibida para que efectuase la calificación de las diligencias previas seguidas ante un Juzgado de Instrucción, expuso sus razones por escrito para considerar improcedentes la órdenes recibidas de la Fiscal Jefe.

O sea, no se trató de una desobediencia caprichosa ni falta de explicación.

3. Además no se siguió el trámite previsto en el Estatuto Orgánico que lógicamente contempla garantías procedimentales ante la posible discrepancia técnica o jurídica sobre la oportunidad o no de una actuación.

Afirma la Sentencia:

“En consecuencia, debe concluirse que en el presente caso ha sido vulnerada la prohibición de aplicar la ley sancionadora de manera extensiva en desventaja del acusado. El recurrente sabía, a partir de la redacción de la disposición pertinente, en este caso el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, qué actos u omisiones podrían comprometer su responsabilidad disciplinaria. Y precisamente por ello comunicó a su superior jerárquico las razones por las cuales consideraba improcedente la orden de que calificase de una determinada manera, confiando legítimamente en que la cuestión que planteaba debía ser resuelta oyendo previamente a la Junta de Fiscales. Por ello, al actuar de este modo, el recurrente no pudo incurrir en la falta de desobediencia”.

La Sentencia rechaza además el incumplimiento de otras órdenes por tildarlas de genéricas o de notas internas.

En particular, la Sentencia censura que :
“ Aquí estamos ante un procedimiento administrativo sancionador protagonizado, hasta su resolución, por autoridades administrativas miembros del Ministerio Fiscal como representantes de la Administración actuante claramente jerarquizada, y en el que no ha intervenido, tal y como le ley prevé, un miembro del Ministerio Fiscal funcionalmente no dependiente y respecto del cual sus superiores jerárquicos carezcan de facultades para ordenarle plantear sus alegaciones en el procedimiento disciplinario de una manera u otra.

Como hemos visto, en este caso se ha vulnerado el principio de legalidad, precisamente aquel que debe ser defendido por el Ministerio Fiscal. Así las cosas, queda en evidencia, por lo tanto, que la falta de intervención de un miembro del Ministerio Fiscal, funcionalmente independiente respecto de la administración que incoó, tramitó y resolvió el procedimiento administrativo sancionador contra el recurrente (también miembro de dicha Institución), no ha contribuido en absoluto a la defensa de la legalidad ni tampoco a la regularidad del procedimiento administrativo sancionador tramitado, y teniendo en cuenta que los principios inspiradores del derecho penal son de aplicación, con matices, al derecho administrativo sancionador, en definitiva, tampoco tal omisión ha contribuido a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera el derecho a un juicio justo. Véase al respecto caso Barberá, Messegué y Jabardó contra España, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de seis de diciembre de 1988.

En consecuencia, habiéndose vulnerado el principio de legalidad, sin necesidad de formular pronunciamiento sobre las demás alegaciones formuladas por el recurrente, debe concluirse la procedencia de la estimación del recurso -artículo 68.1 b) y 71. a) de la Ley Jurisdiccional- y la declaración de nulidad de la resolución administrativa recurrida -artículo 62.1. a) de la ley 30/1992- por no ajustarse a derecho, al vulnerar el principio de legalidad -artículo 25 de la Constitución Española.”

Y así, la Sentencia declara nula de pleno derecho la sanción por vulnerar el artículo 25 de la Constitución Española. Declaramos el derecho del recurrente a ser repuesto en su condición de funcionario miembro del Ministerio Fiscal, con todas las consecuencias administrativas y económicas derivadas de ello.

Ciertamente la sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo pues versa sobre separación del servicio, pero me temo que sus contundentes y razonados términos dejan poco espacio para la rectificación.

La Sentencia habla por sí misma. Aquí la tenéis.

 

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